Y vistos: Los autos caratulados: lopez cristian ezequiel eduardo c/ escuela rosario vera peñalosa y otro s/ pretension indemnizaroria, expte n°411-04. Resulta



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"LOPEZ CRISTIAN EZEQUIEL EDUARDO C/ ESCUELA ROSARIO VERA PEÑALOSA Y OTRO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA”.

Quilmes, 13 de Julio de 2015

Y VISTOS: Los autos caratulados:"LOPEZ CRISTIAN EZEQUIEL EDUARDO C/ ESCUELA ROSARIO VERA PEÑALOSA Y OTRO S/ PRETENSION INDEMNIZARORIA , expte n°411-04 .

RESULTA: Que se inician las presentes actuaciones con la demanda por daños y perjuicios de los Sres. Horacio Eduardo Lopez y Olga Raquel Sanchez en representación de su hijo menor Cristian Ezequiel Lopez, contra la escuela Rosario Vera Peñaloza N°37 del distrito de Florencio Varela y contra la Provincia de Buenos Aires.

En el relato de los hechos, manifiestan que en el año 2003 el menor cursaba 4° grado en la escuela demandada. El día 10 de octubre de ese año, en oportunidad del recreo, el menor fue al baño, no estando la maestra de turno que debía estar cuidando el mismo, alumnos de 6° grado no permitieron que C. saliera del baño, tomándolo por la fuerza, lo desnudaron, golpearon y amenazaron abusando del mismo.

Dicho suceso, provocó que los padres llevaran al menor al Hospital Materno Infantil de Florencio Varela, confirmando el hecho abusivo y poniendo en conocimiento de la policía del Kilómetro 26 de Florencio Varela. De allí fue derivado al médico forense en Avellaneda, siendo el menor nuevamente revisado y ratificado el abuso. Denuncian haberse instruido causa penal que tramitara por ante el Juzgado de Menores N°3 de Florencio Varela.

Agregan que al día siguiente del hecho narrado, el colegio fue intervenido por el Consejo Escolar, cambiando a la directora y a la maestra de C.

Como consecuencia de lo padecido, el hijo de los actores se encuentra muy angustiado y tensionado –explican- costándole estar con otros chicos, pues se muestra constantemente a la defensiva. Su relación con los hermanos también ha cambiado, notándolo más distante y sensible. No realiza actividades físicas y su rendimiento escolar se ha visto sensiblemente disminuido.

En cuanto al fondo del asunto, fundan la responsabilidad de la demandada en el art. 1117 del

Código Civil, en el entendimiento de una responsabilidad objetiva, pues el hecho ocurrió –continúan- estando el menor bajo el control de la autoridad educativa, que no cumplió con el deber de garantía de retornar al mismo en las mismas condiciones en las que ingresó al establecimiento.

Asimismo, agregan que la responsabilidad también es debida en los términos del art. 1113 del Código Civil, en cuanto prevé la responsabilidad por el accionar de sus dependientes. En efecto, entienden que los dependientes de la demandada no tomaron las mínimas medidas de vigilancia necesarias para evitar el lamentable hecho que tuvo que padecer su hijo. En consecuencia, afirman la existencia de un obrar culpable por omisión.

Reclaman en concepto de daño moral la suma de $300.000 y $30.000 por daño psicológico. Ofrecen prueba y fundan en derecho.

A fs.17/18 se declara la incompetencia del fuero civil y comercial por su titular, siendo recibido el presente por ante éstos estrados a fs.23. A fs. 26 los actores se notifican de la nueva radicación y plantean la inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101).

A fs.27 se ordena correr traslado de la demanda.

A fs.28/34 la misma es contestada por el Sr. Delegado del Fiscal de Estado de la Pcia. de Bs. As., en su representación.

Luego de la negativa de rigor, en los términos del art. 37 del C.P.C.A, desconoce los rubros reclamados, rechazando los conceptos indemnizatorios objeto de la pretensión, como asimismo los excesivos montos peticionados por los actores.

Entiende que el reclamo indemnizatorio en concepto de daño psíquico se efectúa sobre un inadmisible desdoblamiento indemnizatorio, que obedece a la falsa concepción de tomar al mismo como un “tertium genus”.

Así –relata- luego de reclamar la suma de $300.000 en carácter de daño moral, reclama por “disminución de la salud psíquica”, soslayando de este modo la doctrina legal sobre la materia que la Cámara Civil y Comercial ha sentado en la causa 862 del 20/3/97, Sala I, voto del Dr. Señaris. Entiende que la alegada disminución de la salud psíquica no puede adquirir una autonomía como concepto indemnizatorio más allá del daño moral o material. En tanto la parte actora no especifica las repercusiones patrimoniales que cabría asignarle a la mentada noción, concluye que peticiona dos resarcimientos de un mismo daño, esto es, del daño moral.

Consecuentemente rechaza el concepto en cuestión y el monto que por éste se reclama, asimismo –agrega- en lo referente a la necesidad de las sesiones terapéuticas, considera que la parte actora deberá probar su vinculación causal con el suceso que alega. Impugna, por último, el monto del mismo.

Respecto del daño moral, la parte demandada también alega ser excesivo, considerando su estricto carácter resarcitorio, el monto debe adecuarse a dicha finalidad.

Realiza ciertas oposiciones a la prueba ofrecida por la actora, y cita en garantía a la compañía Provincia Seguros S.A, en los términos del art. 118 de la ley de Seguros.

A fs.66/84 contesta la citada en garantía. Formula rechazo de la pretensión instaurada y opone falta de legitimación para obrar, por cuanto -explica- el motivo de la presente demanda no se encuentra amparado por el contrato de seguro emitido, encontrándose expresamente excluido.

Manifiesta que a la fecha del acaecimiento del hecho denunciado, 10/10/2003, la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As se encontraba cubierta mediante la póliza 19349 de cobertura por responsabilidad civil en establecimientos educativos, contemplando entre sus exclusiones: “Acceso sexual y/o hostigamiento y/o molestia sexual, abuso deshonesto y todo tipo de discriminación religiosa, de raza, xenofobia o discapacidad física". Por lo tanto, la citada niega la calidad de aseguradora que se le pretende atribuir en estas actuaciones.

Acompaña copia de la póliza 19349, ofrece prueba y funda en derecho.

A fs.101/102 se celebra la audiencia prevista en el art. 41 del C.P.C.A, proveyéndose las pruebas ofrecidas por las partes.

A fs.331/332 obra certificación Actuarial de las pruebas producidas.

Puestos los autos para alegar a fs.337, obran los presentados por la parte demandada a fs.361/362 y actora a fs.363/366, el cual fuera presentado extemporáneamente cfr. surge de fs.367 vta..-

Advertida que la causa penal N°267 -cuya copia certificada se encuentra reservada a fs.164 vta. ofrecida como prueba- no se encontraba finalizada, se ordena una medida para mejor proveer, a fin que el Tribunal de Menores N°3 remita la citada causa.

A fs.375/377 se encuentra agregada contestación de oficio junto con la copia de la resolución dictada por el Juzgado de Garantías del Joven de fecha 14/03/2011.

Estando en condiciones, a fs.379 se llama autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO: Relatadas como fueron las posturas de las partes, la trama fáctica de esta litis versa en la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el menor C.E.L (de 10 años en la fecha del hecho denunciado)en las instalaciones de la escuela Rosario Vera Peñaloza (escuela n°37) de Florencio Varela, a la cual concurría, en ocasión del recreo, cuando fue objeto de abuso sexual por parte de otros alumnos menores de 6° grado del establecimiento.

I. Se trata así de un caso de responsabilidad directa y objetiva de un establecimiento educacional provincial, por un daño causado o sufrido por un alumno menor de edad, cuando se hallaba bajo el control de la autoridad administrativa, conforme lo normado por el art. 1117 Código Civil. La prestación asumida por parte de la escuela de enseñanza, comprende –sin duda- la de resguardar la seguridad de los alumnos que implica un severo y riguroso cumplimiento del deber de vigilancia. Tal obligación de seguridad consiste en el deber de asegurar la integridad física del menor a través del cuidado y su reintegro a los padres sin daño alguno (C.Civil y Com, Sala 2° de San isidro, causa n 89438 sent. del 28/10/2003; “La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997”, por Aída Kemelmajer de Carlucci; La Ley on line AR/DOC/1738/2001).

De ello, se sigue que acreditado la existencia del hecho dentro de las instalaciones del establecimiento demandado, como así también el daño causado, sin importar en este aspecto quién fue el o los autor/es del abuso, nace la responsabilidad del Estado de responder.

II. De la causa n°267 “Baigorria, Leandro Ezequiel, López Miguel Omar, Ocampo Héctor Antonio, Torres Emanuel Raúl, Rueda Hugo Orlando s/ Abuso sexual", tramitada por ante el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Depto Judicial Quilmes, con asiento en Florencio Varela, reservada en autos a fs.164, y copia certificada de la resolución de dicha dependencia de fecha 14/3/2011, agregada en autos a fs.376/377, se desprende que se han llevado a cabo entrevistas periciales con los por entonces menores involucrados, comparencia de los mismos por ante la jueza interviniente, culminando la causa con la resolución aludida, por la cual se declarara la prescripción de la acción penal seguida a los jóvenes, por el delito de abuso sexual simple, por el hecho presuntamente cometido el día 10 de octubre de 2003.

En dicha causa, se había solicitado al Hospital General de Agudos “Mi Pueblo” de Florencio Varela remitiera informe de atención brindada al menor Cristian Ezequiel López ingresada con fecha 10/10/2003 (v. fs 37 vta), copia del oficio luce a fs.39, sin embargo no obra, en las constancias remitidas la respuesta a dicha solicitud.

Obra también al inicio de la citada causa, a fs.9 exámen médico realizado en el Cuerpo Médico Quilmes, de fecha 10/10/2003, en el cual el médico interviniente, Dr. Marcelo Rossetti, detalla en el examen físico que: ”A la inspección de la superficie corporal no presenta lesiones externas traumáticas clínicamente evidenciales de reciente producción”.

A fs.224/259, obra la pericia psicológica al menor. La minuciosa y explicativa pericia efectuada por la perito aborda, en el punto II las consideraciones psicológico-legales diciendo:”...El/los eventos/s no previsibles para el menor fue el abuso sexual, (todo ello sin perjuicio de lo que vaya a ser consignado acerca de la licitud de los hechos denunciados que entienden el juzgador y la ley, pues desde el punto de vista psicológico interesa el impacto en la psiquis de la vivencia traumática experimentada que le provocó para su psíquico del actor un verdadero trauma, que actuó como desencadenante de la enfermedad psíquica: Depresión reactiva, Stress Post Traumático”.

III.- De ello -sin adelantarme aún en el mérito de la prueba- debo valerme a los fines de considerar producido un daño en la psiquis del, por entonces menor C.E.L. Ello a los fines de recordar que tratándose de una responsabilidad objetiva establecida por el legislador, no está en discusión la imputabilidad del hecho a su autor. Considerando a ésta como un elemento subjetivo que contempla la situación espiritual del agente, que permite considerarlo a él como causa inteligente y libre de la actividad que ha practicado. En cambio la relación de causalidad computa, dentro del orden natural de las cosas, dos hechos objetivos, como son la conducta obrada por el responsable y el resultado dañoso que está a la vista; (LLambías, Raffo Benegas, Sassot “Manual de Derecho Civil Obligaciones”, Décima Edición, Editorial Perrot).

IV.- De lo expuesto y dejando el punto referido a la imputabilidad -atento lo expuesto- debemos comenzar por el hecho dañoso configurado por el abuso sexual sufrido por el menor E en las instalaciones del establecimiento público de propiedad de la provincia de Bs. As, aquí demandada.

Solicitada que fuera la causa penal instruida por el Tribunal de menores en ciernes a llamar autos para sentencia, en virtud de lo prescripto por el art. 1101 del Código Civil, el mismo remite copia certificada de la sentencia de fecha 14/3/2011 por la cual se declara prescripta la acción penal (v.fs.375/377). Sin embargo, ello no resulta óbice para no tener por acontecido el desgraciado suceso ocurrido el día 10 de octubre de 2003 en las instalaciones de la Escuela n°37 dependiente de la Pcia de Bs. As. Para ello, tengo en cuenta que al contestar demanda, la Pcia de Bs, As, más allá de la negativa genérica realizada, pasa seguidamente a la impugnación de los daños reclamados. Resulta de vital importancia el testimonio vertido en sede penal por las señoras Elvira Montenegro, Gladys Bejarano y María Esther Salazar a fs.23-24 de la causa penal, siendo trascendente el relato de la señora Bejarano, toda vez que cumpliendo funciones en la entrega de la copa de leche en la Escuela n°37, aproximadamente a las 16:15 horas del día viernes 10 de octubre, pudo observar la situación que describe de un grupo de alumnos de sexto grado y su maestra, y un chico de cuarto grado que lloraba desconsoladamente, señalando a los chicos de sexto grado. Que con postrioridad, al serle descriptas las características físicas del chico que había visto llorando en el patio de la escuela a la señora Montenegro, la cual le había referido a Bejarano saber lo sucedido en la escuela a un alumno, concluyó que se trataba del mismo menor. Dicho relato es coincidente en lo sustancial con el vertido en éstos estrados a fs.148 vta.149.

Asimismo, los relatos de los menores G. Y. E. (v. fs.26); C.R.M (v.fs.28) compañeros de curso de 4° grado del actor C. E.; C.G.V (v.fs.29) y testigos presenciales del hecho ocurrido en las instalaciones de la escuela n°37, más precisamente en el baño, refieren que “vieron” lo que a continuación relatan, lo que doy aquí por reproducido en dicha oportunidad. Llegado éste punto, puede decirse que si los dichos provenientes de las personas cercanas al hecho resultan convincentes, si no son desvirtuados por otros medios de prueba, ni son discordantes con las demás prestadas respecto de la circunstancia de tiempo y lugar, y si además no se contradicen con el resto de circunstancias que ofrece la causa, debe tenerse por acreditado el hecho sobre el que deponen(conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, sent. Del 13/02/2006; C., L. S c/ Pertus Carlos A y otro).

Se ha sostenido que “El hecho de haberse declarado prescripta la acción en sede penal, no influye en el valor probatorio de las constancias propuestas por los litigantes a consideración del juez civil”. CCO202 LP 96387 RSD-196-1 S 09/10/201. Y así también que, en el caso particular del delito investigado: “La falta de signos patognómonicos de abuso sexual infantil no puede interpretarse como indicativa de inexistencia, desde que generalmente los expertos deben recurrir a indicadores psicológicos inespecíficos para establecerlo” TCO002 LP38690 RSD-1288-10 S 14/09/2010 “G, J.C s/ Recurso de casación”.

De ello y acorde el dictamen pericial psicológico realizado en éste pleito, el cual lo fuera de acuerdo a los puntos de pericia propuestos por las partes, del que se corriera traslado a las mismas, brindando la experta las explicaciones que le fueran solicitadas, tiene el valor de probar que, comprobado el daño psicológico en el menor y de acuerdo a las especificaciones que la experta realiza, y que el mismo encuentra la causa en el hecho del abuso sexual

sufrido, no hay duda respecto de la lesión que presenta el menor C.E L.

V. Entrando ahora en el tema de la responsabilidad, como primera medida, analizaré la defensa de falta de legitimación para obrar, opuesta por la citada en garantía Provincia Seguros S.A.. Fundamenta su argumento en que el hecho motivo de la presente demanda no se encuentra amparado por el contrato de seguro emitido por la citada, encontrándose expresamente excluido.

Señala que a la fecha del acaecimiento del hecho denunciado, 10/10/03, la dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires se encontraba cubierta mediante la póliza n°19349 por la responsabilidad civil en establecimientos educativos, contemplando entre sus exclusiones “Acceso sexual y/o hostigamiento y/o molestia sexual, abuso deshonesto y todo tipo de discriminación religiosa, de raza, xenofobia o discapacidad física". Por ello, concluye, no existe entre las partes en autos relación jurídica alguna que pudiera dar origen a su intervención en la presente demanda.

Que la de falta de legitimación es la defensa a través de la cual se discute la habilitación procesal de los litigantes, en nexo con la titularidad del derecho sustancial discutido en el juicio; sea para reclamarlo (legitimación activa), o bien para responder a su reclamación (legitimación pasiva)( Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As", Tomo I, comentario al art. 345).-

Así entonces, la defensa apunta a que el litigio se lleve adelante entre las partes legalmente habilitadas, es decir, que sean titulares de la relación jurídica sustancial. Ello, podrá resolverse como cuestión previa siempre que sea manifiesta y tal carácter surge si su exteriorización se muestra de forma palmaria y notoria, emergiendo de la exposición e instrumentos de la demanda y su contestación.-

Sentado lo anterior, se desprende de la póliza 19349 acompañada a autos, reservada a fs.85 vta, en la página 3 del Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, dentro de las exclusiones, en el tercer ítem :”Acoso sexual y/o hostigamiento y/o molestia sexual, abuso deshonesto y todo tipo de discriminación religiosa, de raza, xenofobia o discapacidad física”, me permiten concluir que la excepción de falta de legitimación pasiva debe ser acogida.-

Se ha sostenido que: “La exclusión de cobertura, en tanto defensa anterior al siniestro, es oponible al asegurado, y en el seguro contra la responsabilidad civil también al damnificado cuando éste ejerce el derecho de citar en garantía al asegurador (art.118-2.L.S)” CCO003SM 61165 RSD-33-9 S 14/05/2009 “Barreto, Héctor M c/ Master Ases y Prod. S. Gene y otros s/ Daños y perjuicios”. Así entonces, resultando atendible la defensa opuesta por la citada en garantía, al tiempo del hecho dañoso, lo cual incide a los efectos de sustanciar el presente pleito entre las partes legalmente impuestas, a los fines de afrontar una demanda por responsabilidad entre las personas debidas, debe apartarse a Provincia Seguros S.A de responsabilidad, aún como citada.-

VI. Luego de la reforma introducida al art. 1117 del Código Civil (texto según ley 24.830 –B.O 7-VII-1997) hace caer la presunción por el daño causado por sus alumnos o aprendices mayores de diez años sobre los propietarios de los establecimientos educativos. El factor de atribución de la responsabilidad es objetivo, dado que se debe garantizar la incolumnidad de los escolares, o sea el alumno debe retirarse del instituto de enseñanza “sano y salvo” (cfr. Sagarna Fernando “Responsabilidad civil del establecimiento escolar- Lecciones fuera del colegio",La ley on line AR/DOC/18948/2001).

En el caso, lo que hace devenir responsable al Estado por el abuso cometido en el establecimiento es su incumplimiento frente al deber capital de seguridad y vigilancia, debido al cual fue posible la realización del acto abusivo, pues, éste último no hubiera sido posible si aquello otro no hubiera faltado. En un caso de similares características al presente la Corte Provincial ha dicho:”...Esta Corte ha sostenido en numerosas oportunidades que no hay duda que la obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad, que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aún considerada como la obligación accesoria de tomar las medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles” (...) “concurrieron en la especie una serie de circunstancias que tornaron posible el deleznable hecho que motivara estos actuados. Ello toda vez que el mismo resultaba totalmente evitable, dado que en las oportunidades en que el menor refiere ser agredido y ultrajado por sus compañeros no hubo un adulto o un docente que estuviera atento a las circunstancias de los niños mientras que transcurría el recreo, y que obrando con la diligencia debida hubiera podido impedir el acaecimiento del deplorable suceso (arts.3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 512,513,514,1117, Cód. Civil; 375, 384, 456, 474 y concs. C.P.C.C)”.( C.99.308, “O., E.A c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios”, del 27/03/2008,Fuente, JUBA).

La responsabilidad atribuida al establecimiento educativo de propiedad del estado provincial, se funda en el factor de atribución objetivo de garantía, del incumplimiento de esta obligación se origina la responsabilidad establecida en el art. 1117 del C.C. Asimismo, de todo lo que fuera expuesto a lo largo del presente, entiendo reunidos los dos requisitos establecidos en la norma del código de fondo citada: 1)se trata del daño sufrido por un alumno de menor edad y 2) el daño se produjo encontrándose el menor bajo el control de la autoridad educativa. De ello nace la responsabilidad objetiva del Estado provincial, en tanto incumple un deber directamente atribuido al mismo, tal es el caso de la debida seguridad que le compete brindar en miras a la conservación del orden.

VII. Corresponde ahora analizar los rubros reclamados por los actores y sus montos.

Los daños reclamados por los actores son el daño moral y el daño psicológico. La parte demandada, en oportunidad de su contestación, observa el desdoblamiento indemnizatorio en éstos dos items alegando que la disminución de la salud psíquica que se dice padecer, no puede adquirir una autonomía como concepto indemnizatorio más allá del daño moral o material. Y, en tanto la parte actora no especifica las repercusiones patrimoniales que cabría asignarle a la mentada noción, entonces peticiona dos resarcimientos de un mismo daño, esto es, del daño moral.

Cabe recordar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la constitucionalización del derecho de daño y la reparación integral a la víctima: “Esta Corte ha establecido que "cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida" (Fallos: 315:2834; 321:1124322:1792).

En los últimos años se comprueba la existencia de una línea de pensamientos que defiende la independencia conceptual resarcitoria del perjuicio psíquico frente al daño moral. Ello, se ha sustentado en la mayor información científica que indica una evolución científica trascendental producida en la medicina en general y en la psiquiatría en particular, que permiten conocer al ser humano en sus partes esenciales.

A partir de ese conocimiento, la Corte de Justicia de Buenos Aires ajustó sus conceptos y juzgó que el daño psíquico no debe confundirse o incluirse con el daño moral in re:SCBA LP AC 79853 S 03/10/2001 “Junco, Julio c/Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/Daños y perjuicios”, entre otros.

En doctrina, los autores que sostienen esta tesitura, estiman que el daño psíquico no es una entidad psiquiatra, es un concepto jurídico y jurisprudencial y se lo define diciendo que: “es el menoscabo de las funciones cognitivas, afectivas y volitivas propiciado por vivencias psicotraumatizantes, de evolución variada que puede ser reversible o no y que ocasiona disminución de las aptitudes mentales que disponía, evaluables en incapacidad para la disposición humana”, en otras palabras, el daño psíquico no es otra cosa que una enfermedad mental, debe ser una situación novedosa en la víctima, por no presentarla con anterioridad o porque se agravó el cuadro anterior (Covelli, José Luis - Rofrano Gustavo Jorge, “ Daño psíquico-Aspectos médicos y legales” citado en “El daño psíquico. Autonomía conceptual resarcitoria”, Alferillo Pascual E. La Ley on line AR/DOC/3611/2013.). Estos autores, para marcar la diferencia de los rubros apuntados sostienen que:”para la configuración del daño moral, el dolor que se siente por el hecho traumático, que no afecte al individuo para continuar transitando el resto de los aspectos vitales de su ser, teniendo relación con el mundo exterior, sin que obste a que hubiere alterado sus emociones como consecuencia de ese dolor no es constitutivo de delito alguno, al menos en la normativa legal, aunque puede serlo desde el punto de vista del resarcimiento de los daños y perjuicios causados (ob. Cit.)

Por último, agrego a los fines de establecer la admisibilidad de los rubros solicitados que :”(...)esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físico como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834; 321:1124; 322:1792; S.36.XXXI. "Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 27 de mayo de 2003); C. 742. XXXIII. ORIGINARIO Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia, de y otros s/ daños y perjuicios, del 29/6/2004.



De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso."

A los fines del reconocimiento del rubro daño psíquico, en forma autónoma, conforme los parámetros establecidos por el Máximo Tribunal Nacional, a saber: afección patológica, incapacidad permanente, alteración del equilibrio emocional, merma funcional del compuesto humano, los encuentro reunidos. En cuanto a la existencia de secuelas psíquicas motivadas por el hecho descripto en la demanda, resalto lo vertido en su dictamen por la perito psicóloga a fs.251 y ss:”Por todo lo expuesto anteriormente, se puede arribar al siguiente diagnóstico: Stress post traumático que aún se mantiene bajo la forma de F43.22 Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo [309.29], por pérdida del bienestar psicofísico 40.1 Fobia social (300.23).



Todo esto confirma que el menor ha experimentado, a causa del Trauma [experimentado] el abuso sexual cuando cursaba 4° grado, que le provocó para su aparato psíquico y a su estructura de personalidad el llamado Daño Psíquico. (Todo ello sin perjuicio de lo que vaya a ser consignado acerca de la licitud de los Fs.393

hechos denunciados, que entienden el juzgador y la Ley, pues desde el punto de vista psicológico interesa el impacto en la psiquis de la vivencia traumática experimentada),

Entiendo al daño Psíquico”(...)es un perjuicio producido por un evento no previsible e inesperado para el sujeto al que le provoca determinadas perturbaciones, modifica su interacción con el medio y le origina alteraciones en el área afectiva, volitiva, ideativa o en todas ellas, que desencadenan patologías en mayor o menor grado. Se dan en el nivel inconsciente, pero producen modificaciones conductales, repercusiones en la esfera afectiva y en la interrelación con el medio...Por su calidad de acontecimiento inesperado, que desborda la tolerancia del Sujeto, produce una ruptura en su equilibrio homeostático, donde el más mínimo desajuste de su sistema defensivo adaptativo será suficiente para inferir un perjuicio en su salud.

(...)El/los eventos no previsibles para el menor fue el abuso sexual (...) que le provocó para su aparato psíquico la muerte de su proyecto futuro y de vida, y que constituyó para el aparato psíquico del actor un verdadero Trauma, que actuó como desencadenante de la enfermedad psíquica: Depresión reactiva, Stress. Post Traumático.”(v. fs.251 vta).

A su vez el dictamen pericial mencionado es suficientemente explícito sobre la necesidad de llevar a cabo tratamiento psicológico adecuado: “Se ha detectado trastornos ya enunciados ut supra y según mi experiencia clínica y bibliografía específica sobre el tema los mismos ameritan la necesidad de tratamiento para tratar de no reagravar el estado actual y para que logre elaborar un proyecto nuevo, a partir de su condición actual.



Se hace necesario para el menor tratamiento psicológico, porque se verificó que se ha dañado la estructura de la personalidad y de su aparato psíquico. Tiempo estimado como mínimo:2 años a 2 sesiones por semana". (v. fs.258). El costo así estimado del tratamiento recomendado por la experta lo cuantifica en $ 14.560 (v. fs.258), el cual cabe de ésta forma reconocer.

Continúa la perito diciendo que: “El tratamiento tendrá efectos paliativos ya que la cura en salud no existe y quedará con secuelas psíquicas incapacitantes residuales conocido como resto no asimilable, asiento de futuras patologías. Con respecto a mensurar dicho resto se hace imposible a la suscripta determinar a futuro porque dependerá exclusivamente de la evolución que efectuara el entrevistado en su terapia de hacerla”.

Respecto de la incapacidad la estima en parcial y permanente, y en un 30% de la t.o..

Corresponde así admitir ese rubro indemnizatorio en PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($50.400), en concepto de daño psicológico, fijado por la experta a fs.258 prosperando asimismo el costo de tratamiento aconsejado por la perito psicóloga de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA ($14.560), en la forma y por el tiempo por ella prescripto.

Despejada la controversia respecto de la admisión del rubro del daño psicológico de forma autónoma reclamado, estiman los actores como daño moral la suma de $ 300.000.

Podemos definir el daño moral como “la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimiento físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria” (Bustamante Alsina Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”,Novena edición ampliada y actualizada, Ed. Abeledo Perrot). Se caracteriza como aquel que no menoscaba el patrimonio pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley. Este particular daño no supone la existencia de un propósito determinado o malicia en el autor del hecho ilícito. Ahora bien, constituyendo el mismo una lesión que en los sentimientos pudieran generar trastornos y angustias, para establecer su existencia habrá de determinarse la naturaleza que los sufrimientos o magnitud del dolor pudiera producir en el común de las personas, pues escapa a la posibilidad humana la apreciación del singular e íntimo sufrimiento padecido por la víctima. Además corresponde destacar que tiene el mismo carácter resarcitorio que la indemnización del daño material y no requiere prueba específica alguna, ya que debe tenérselo por demostrado por la sola circunstancia de la acción antijurídica –daño in re ipsa- siendo a los responsables del hecho a quienes incumbe probar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño de este tipo (art. 1078 del Cód. Civil; SCJBA 138-2215;

Cám. Civil y Com. Quilmes Sala I, 2401, RSD88/99, 4/11/99 “Corbalán Angélica J c/ EDESUR SA s/ Daños y Perjuicios”).

“El daño moral implica un concepto más amplio que el daño psíquico, pues en él tiene cabida el impacto que en la persona pueden producir ciertas conductas o actividades, también si comportan una agresión directa o inmediata a bienes materiales como si el ataque afecta el acervo extrapatrimonial o de la personalidad, al haber espiritual de la persona, o los bienes materiales de la salud, al honor, la libertada, la intimidad u otros análogos bienes éstos o aspectos de la personalidad que deben ser indemnizados como compensación de los sufrimientos, preocupaciones, disgustos, contrariedades, intranquilidad e incluso molestias e incomodidades que padezca el sujeto pasivo de las mismas. Y así el ámbito psíquico debe ser diferenciado del daño moral, dado que si ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquél reviste connotaciones de índole patológica. CC0001 SM 57099 RSD-284-5 S 20/09/2005”Ailan, Juan Angel c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas s/ Daños y perjuicios”.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el gravoso hecho por el cual se iniciaran las presentes, no queda duda acerca del sufrimiento que el mismo ha provocado al actor en tan temprana edad. Llegado este punto y afirmando que sí, es indemnizable el daño moral, para establecer su monto debe tenerse en cuenta –como ya expresara- su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la víctima, por lo que se lo fija prudencialmente en la suma de la suma de pesos CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) en concepto de daño moral.

VIII. Por último, a fs.26 los actores plantean la inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 12.008(texto según ley 13.101), argumento que ha devenido en abstracto, atento la reforma introducida por la ley 14.437, que establece el criterio objetivo de la derrota, como principio general.

Por todas las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, FALLO:

1)Haciendo lugar a la demanda entablada por Cristian Ezequiel Lopez condenando en consecuencia a la demandada, Provincia de Buenos Aires a abonar, en concepto de indemnización integral por los perjuicios

sufridos, la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS($ 184.800.-), conforme los depslegado en los captulos anteriores y teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil (Dto 388/2003) a la fecha del hecho, en relación con el porcentaje de incapacidad determinado por la experta, en el cual se incluye el costo de tratamiento según recomendación de la pericia efectuada (arts. 1117; 1078 y ccs. Código Civil; 50 inc. 6 CPCA). 2) A la suma antes consignada deberán añadirse intereses conforme a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días en pesos, desde la fecha de la interposición de la demanda, hasta el pago efectivo. Asimismo, el importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la misma.

3)Haciendo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía Provincia Seguros S.A., declarando inadmisible la pretensión a su respecto (arts 35, inc.1 g);36 inc.2 d)C.P.C.A).



4)Declarando en abstracto el pedido de inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 12008, modificado por ley 14.437.

5)Costas a la parte demandada, vencida (cfr. art. 51 C.P.C.A t.o. ley 14.437). Postergando la regulación de honorarios para la oportunidad procesal pertinente (art. 51 D. ley 8904/77. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría a las partes (art. 483 CPCC).-HUGO JORGE GUARNIERI. JUEZ
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Infojuba -> L. M. R. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria
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Infojuba -> Causa nº 11095 ccalp “ahuad adela beatriz y otros c/ poder judicial s/ pretension anulatoria”
Infojuba -> En la ciudad de General San Martín, a los días del mes de abril de 2007, establecido que deberá observarse el siguiente
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ContenciosoEsp30 -> Resumen: Responsabilidad por mala praxis médica


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