Wipo/grtkf/IC/20/10 Prov


PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES EN LA LABOR DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIO



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PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECTO DE ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES EN LA LABOR DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE




  1. El Presidente recordó que, en septiembre de 2011, la Asamblea General de la OMPI invitó al CIG a examinar su procedimiento con miras a potenciar la contribución positiva de los observadores en el proceso del CIG. Para facilitar dicha tarea, la Asamblea General pidió a la Secretaría que preparara un estudio sobre la participación de observadores en la labor del CIG. Conforme a la decisión de la Asamblea General, el estudio contiene una reseña de la práctica actual y las alternativas posibles al respecto. A fin de ayudar a la Secretaría a elaborar el estudio, en octubre de 2011, se invitó a los participantes en el CIG a presentar sus observaciones a la Secretaría. A este respecto, la Secretaría ha publicado una “Nota sobre los mecanismos existentes para la participación de observadores en la labor del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)”. Se instó a los participantes en el CIG a que presentaran sus comentarios antes del 30 de noviembre de 2011. Algunos Estados y observadores respondieron a esa invitación y presentaron comentarios. Todos los comentarios se publicaron en el sitio Web de la OMPI. El proyecto de estudio que preparó la Secretaría figura en el documento WIPO/GRTKF/IC/20/7. Se trata del resumen de un documento un poco más largo que también se encuentra en el sitio Web. En muchos de sus comentarios, los Estados y los observadores subrayan la importancia capital de garantizar la participación de observadores en las negociaciones del CIG, especialmente la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales como titulares de CC.TT. y ECT.

  2. El Representante de la FAIRA reiteró la importancia de que los pueblos indígenas participen de forma más eficaz en las sesiones. Señaló que se ha establecido el derecho a la autodeterminación, que comprende los derechos soberanos sobre los recursos naturales, incluidos los RR.GG. Dijo que abriga la esperanza de que durante el debate se examine seriamente la necesidad de que los pueblos indígenas, que representan a comunidades y naciones con derecho a la autodeterminación, presenten propuestas, tanto si en este proceso tienen o no el apoyo de los Estados, y que confía en que esta cuestión siga examinándose

  3. El Representante de Tupaj Amaru indicó que, con arreglo al artículo 24 del Reglamento General de la OMPI, los observadores podrán participar en los debates a invitación del Presidente, pero no tendrán derecho a presentar propuestas, mociones o enmiendas en relación con los proyectos que se estén examinando. Señaló que, en su opinión, es necesario aclarar que la diferencia fundamental entre pueblos indígenas y observadores consiste en que los primeros son propietarios de CC.TT. y ECT y los segundos, en general, representan a multinacionales de los sectores farmacéutico, agrícola y biotecnológico o a antropólogos, abogados de patentes y grupos poderosos que tienen intereses distintos a los de los pueblos indígenas. Aunque los pueblos indígenas son los guardianes de esos conocimientos y RR.GG. se les ha marginado y silenciado. Por otra parte, los Estados del Norte y sus grandes ONG, o los observadores, continúan su impecable campaña a fin de poner los CC.TT., RR.GG. y ECT de los pueblos indígenas al servicio de multinacionales voraces. Indicó que los pueblos indígenas no han venido a la OMPI a dar las gracias al Fondo de Contribuciones Voluntarias por su ayuda y tampoco a no hacer nada sino a negociar con los Estados la protección de su patrimonio cultural y espiritual, impedir la piratería y pedir un acceso justo a los beneficios derivados de los CC.TT. y RR.GG. Se refirió de nuevo al artículo 24 del Reglamento General de la OMPI, en virtud del cual el CIG, compuesto por los Estados miembros de la OMPI, decidió dar a los pueblos indígenas y las comunidades locales un tratamiento selectivo y discriminatorio que se basa en un doble rasero. Al aplicar esta disposición, los Estados niegan a los pueblos indígenas el reconocimiento como titulares de derechos, actores históricos y depositarios de la soberanía permanente sobre sus CC.TT., expresiones culturales y RR.GG., y la posibilidad de participar en el proceso de negociación de instrumentos internacionales. Dijo que, en su opinión, los Estados occidentales consideran a los indígenas como simples sujetos de estudios antropológicos, y los que están a favor de una cultura de la alienación intentan reducir la sabiduría indígena a simple folclore y consideran que los idiomas indígenas son simples dialectos. Habida cuenta de esta alienación cultural, los Estados no reconocen a los pueblos indígenas como interlocutores en pie de igualdad, titulares de derechos en materia de CC.TT. y usuarios de estos conocimientos y no aceptan que sus contribuciones, comentarios y enmiendas se consideren contribuciones constructivas al proceso de negociación de instrumentos internacionales. Señaló que, tras años de debates estériles sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, lamentablemente se pone de relieve que los países ricos mantienen sus políticas incoherentes para no permitir la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales. No obstante, muchos representantes indígenas cumplen las normas de participación, a saber los principios de representatividad, independencia, integridad moral y conocimientos reconocidos en el ámbito de la P.I. En lo que respecta a la participación de observadores, el CIG debería adoptar las mismas normas y los mismos procedimientos que han establecido tanto el sistema de las Naciones Unidas como sus organismos especializados, y aplicar los principios de equidad adoptados en las conferencias internacionales y reconocidos en los instrumentos en materia de derechos humanos. Se refirió a la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en los que se insta a los Estados a “garantizar la total y libre participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en las cuestiones que les conciernan”. En sentido dialéctico, se podría entender el derecho a participar en cuestiones en materia social como la participación libre, efectiva y plena de los pueblos indígenas, tanto de forma individual como colectiva, al ser actores históricos, titulares de derechos y depositarios de la soberanía permanente sobre los recursos genéticos y naturales. El artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas prevé que el Consejo Económico y Social podrá establecer arreglos adecuados para celebrar consultas con ONG que se ocupen de asuntos de la competencia del Consejo. Con ese espíritu, la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social establece las modalidades de participación de las ONG y la sociedad civil tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en sus órganos subsidiarios, así como en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas y los foros regionales. Además, la OMPI debería haberse inspirado en la labor del Grupo de Trabajo abierto establecido en virtud de la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos con el único objetivo de elaborar un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La participación libre y activa de representantes indígenas en pie de igualdad con los Estados en el proceso de negociación del proyecto de declaración durante un periodo de 11 años ha sentado un precedente positivo. Sus propuestas, comentarios y enmiendas se distribuyeron y debatieron ampliamente y se han convertido en parte integrante de la declaración. Las actividades de las organizaciones de pueblos indígenas que fueron autorizadas a participar en el Grupo de Trabajo con arreglo a los procedimientos establecidos estaban regidas por lo que disponen los artículos 75 y 76 del Reglamento de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico y Social. Concluyó diciendo que dado que los Estados no reconocen la participación de los pueblos indígenas ni aceptan sus contribuciones y propuestas, los pueblos indígenas desearían no participar en esta sesión que es de gran importancia para su supervivencia.

  4. La Delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, agradeció a la Secretaría su proyecto de estudio sobre la participación de observadores en la labor del CIG. Señaló que las nueve propuestas presentadas por la Secretaría conciernen a diferentes aspectos de la participación de los observadores. Por consiguiente, dijo que, en su opinión, esas propuestas no deberían verse necesariamente como un paquete y podrían debatirse por separado. La Delegación indicó que apoya especialmente las propuestas con las que se pretende fortalecer y racionalizar la selección de observadores y el mecanismo para financiar su participación. Expresó interés en la idea de establecer un mecanismo permanente de examen y nombrar por dos años la Junta Asesora del Fondo de la OMPI de Contribuciones Voluntarias en el entendimiento de que ambas entidades llevarán a cabo una labor entre sesiones y a través de medios electrónicos. Asimismo, dijo que considera particularmente interesante seguir desarrollando los instrumentos de comunicación y las actividades de divulgación. La Delegación indicó que está dispuesta a continuar debatiendo las propuestas.

  5. La Representante del Indigenous Peoples’ Council on Biocolonialism (IPCB), haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Representantes Indígenas, señaló que los pueblos indígenas consideran que este proceso atañe básicamente al hecho de que los Estados y la industria quieren acceder a los recursos y conocimientos de los pueblos indígenas. En este contexto, afirmó el derecho de los pueblos indígenas a que se les trate de manera equitativa en este foro, y no se les siga considerando participantes marginales. El Grupo de Representantes se remitió a la postura que ya expuso en las sesiones 18 y 19 del CIG. En muchas sesiones, los pueblos indígenas han señalado claramente su postura en relación con sus territorios y recursos, a saber, que son los propietarios colectivos de territorios y recursos. Sus derechos no son los de las partes interesadas, ONG, observadores, grupos de intereses especiales, o poblaciones, comunidades o grupos determinados. Los pueblos indígenas protegen sus recursos a través de su propia soberanía y sus propios sistemas jurídicos. El Grupo de Representantes hizo hincapié en que los pueblos indígenas son naciones y afirmó su derecho a la autodeterminación. Sus derechos son inherentes y no se basan en la buena voluntad de un determinado Estado. Como titulares de derechos, los pueblos indígenas no aceptan que se les pueda clasificar. En opinión del Grupo de Representantes, en el proyecto de estudio no hay ninguna recomendación sobre cambios en relación con el reglamento de la Asamblea General de la OMPI o la conferencia diplomática, en caso de que se celebrara una conferencia de este tipo. Toda la labor se basa en la noción de conseguir acceder a sus CC.TT., RR.GG. y P.I. Asimismo, el Grupo se refirió al consentimiento fundamentado previo y libre que, con arreglo al derecho internacional, es un derecho que tienen como pueblos. Los pueblos indígenas piden que los Estados acepten que tienen derecho a participar en pie de igualdad en el CIG y otros procesos de la OMPI, y a realizar intervenciones que tengan valor propio, así como a que se introduzcan los cambios que sugieren en los textos de los documentos del CIG, sin necesitar para ello el acuerdo de un Estado.

  6. El Representante de la Assembly of First Nations señaló que los pueblos indígenas son diferentes de otros grupos o tipos de partes de interesadas. Entre los tipos de partes interesadas se encuentran las ONG, la industria, los artistas y los representantes de los pueblos indígenas y otros. Los pueblos indígenas son diferentes de otros grupos, y, como naciones, tienen sus propios territorios, idiomas, historia, y el derecho a la autodeterminación. Muchas comunidades indígenas se autogobiernan o gobiernan a sus poblaciones, y tienen derechos que no poseen otros grupos que participan en el CIG. En base a estos hechos, en el foro del CIG los pueblos indígenas deberían tener el mismo estatus o un estatus superior al de otras partes interesadas. Las contribuciones de los pueblos indígenas deberían tener valor propio. Asimismo, pidió a los Estados miembros que al consultar las clasificaciones de observadores tengan en cuenta esos factores.

  7. La Delegación de Egipto, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano, agradeció a la Secretaría que haya preparado el proyecto de estudio sobre la participación de observadores en la labor del CIG. El Grupo tomó nota de las nueve propuestas que se han presentado e indicó que algunas de esas propuestas han de examinarse, entenderse y asimilarse de forma detallada y cautelosa. Asimismo, el Grupo considera necesario que se aclaren más algunas propuestas, en particular la propuesta 2, y entender cómo incidiría esta propuesta en la naturaleza del CIG como proceso impulsado por los Estados miembros. Además, el Grupo pidió aclaraciones sobre si y en qué medida esas propuestas pueden considerarse excluyentes o se presentan como un conjunto de propuestas. Entretanto, el Grupo dijo que apoya la práctica normal, que figura en el párrafo 2 y consiste en que el Presidente ha permitido generalmente a los observadores que realicen intervenciones durante las sesiones del CIG en relación con cualquier punto del orden del día y que formulen propuestas de redacción cuando se negocia un texto u otros documentos de trabajo para que sean examinados por los Estados miembros. Indicó que durante cierto tiempo la práctica habitual ha sido que esas propuestas de redacción se incorporen en el texto objeto de examen si reciben el apoyo de, por lo menos, un Estado miembro. En cualquier caso, dichas propuestas se reflejan en los informes de las sesiones siempre que esos informes reflejen las propuestas de redacción. Señaló que en esta fase el Grupo quiere seguir reflexionando sobre las propuestas.

  8. La Delegación del Perú agradeció a la Secretaría que haya preparado el proyecto de estudio sobre la participación de observadores en la labor del CIG y las interesantes alternativas y opciones al respecto. Asimismo, dio las gracias a todos los participantes que han presentado comentarios por su gran compromiso en lo que respecta a la promoción de la participación fructífera de observadores. La Delegación señaló que, en su opinión, con este enfoque los beneficios de la labor del CIG pueden continuar extendiéndose a todos. Dijo que está a favor de todas las propuestas que potencien la participación de observadores y en particular de representantes de los pueblos indígenas. Acogió con agrado las ideas que figuran en el proyecto de estudio, que desea continuar examinando de manera colectiva. Asimismo, quiso compartir otras ideas que podrían integrarse en la propuesta para promover una participación lo más amplia posible de observadores en las cuestiones substantivas de negociación. Para ello, la Delegación propuso que, antes de las sesiones del CIG y tras la distribución de los textos de negociación, los observadores, y especialmente los que no pueden asistir a las sesiones por falta de financiación o por otros motivos, puedan enviar sus comentarios a la Secretaría. De esta forma, la Secretaría podrá compilar sistemáticamente esos comentarios en un documento que se distribuirá a los Estados miembros antes de la sesión. Todos los comentarios de los observadores podrán entonces estructurarse en base a un formato establecido que incluya las declaraciones generales, las posturas en relación con el texto propuesto, documentación sobre casos relacionados, etcétera. Asimismo, se aceptaría la presentación conjunta de comentarios. Por consiguiente, además de ofrecerse a los observadores la oportunidad de expresar sus puntos de vista y presentar su comentarios, se proporcionaría a los Estados miembros la posibilidad de disponer del tiempo necesario para asimilar esas contribuciones e incorporarlas a los debates del CIG. Como propuesta adicional, la Delegación sugirió que la Secretaría unifique las diversas opiniones expresadas por los observadores durante la semana de la sesión y las incluya en un documento que se distribuiría antes de la próxima sesión. Esto también permitiría que los Estados miembros dispusieran con antelación de esas aportaciones con miras a que las autoridades nacionales las tuvieran en cuenta al elaborar el texto de negociación.

  9. La Delegación de Namibia señaló que los pueblos indígenas han de desempeñar una importante función en el proceso debido a que, en gran medida, el objeto de examen son sus bienes culturales. Sin embargo, también indicó que existe un auténtico problema de representación y legitimidad que ha de abordarse. Para obtener la acreditación como observador ante el CIG hay que demostrar que se representa a un grupo importante de personas y ese grupo de personas debe tener un interés legítimo en la cuestión objeto de examen. Indicó que considera que no es justo ni equitativo que se permita que ONG que representan o dicen que representan a pueblos indígenas participen en los procedimientos en pie de igualdad con pueblos indígenas reconocidos y organizaciones nacionales de pueblos indígenas. Dijo que hay que distinguir entre esos tipos de observadores y permitir que los pueblos indígenas legítimos contribuyan plenamente a los procedimientos al tiempo que se descarta a los que sólo se representan a si mismos y sólo asisten a las sesiones para tener el placer de oír su propia voz.

  10. La Representante de Tin Hinan señaló que representa a una organización de mujeres indígenas de África Occidental. Hizo hincapié en que si se tuviera verdaderamente en cuenta la situación financiera de los pueblos indígenas la participación efectiva de éstos en la labor del CIG tendría un impacto financiero. Indicó que era la única africana indígena que participaba en la sesión. Dijo que este hecho pone de manifiesto la escasez de recursos así como la necesidad de que los pueblos indígenas realicen consultas entre ellos a nivel regional. Añadió que en las zonas de África en las que viven las comunidades indígenas, los medios de comunicación son casi inexistentes, y que sólo un limitado número de personas pueden participar en las sesiones.

  11. El Representante del CISA se refirió a los documentos que los pueblos indígenas presentaron en las dos sesiones anteriores. Señaló que el hecho de que en el proyecto de estudio no se reconozca la capacidad de los pueblos indígenas de representarse a si mismos como naciones y pueblos con derecho a la autodeterminación es un acto burdo de omisión deliberada. Dijo que, en su opinión, si no se trata de un problema de comunicación es un acto burdo de omisión deliberada. Propuso añadir una propuesta adicional – derechos de los pueblos y naciones indígenas como sujetos plenos de derecho internacional – a la lista de opciones propuestas porque considera que se trata de algo diferente a lo que los Estados y la Secretaría perciben, dado que la autodeterminación no se ha incluido en el proyecto de estudio. Habida cuenta de que presentaron esos documentos a las sesiones anteriores, los pueblos indígenas siguen sin comprender por qué esa cuestión no se ha planteado. Indicó que la Constitución y el Reglamento se elaboraron tras la colonización y apropiación de los territorios y recursos de los pueblos indígenas y la denegación de su derecho a la autodeterminación.

  12. El Presidente sugirió que las propuestas que figuran en el proyecto de estudio se presenten una por una y se llegue a un acuerdo sobre cada propuesta a medida que avanza el debate. Presentó y abrió el debate sobre la propuesta 1.

  13. El Representante de la FAIRA señaló que entre las categorías de observadores reconocidas por el CIG debería existir una categoría para las comunidades con derecho a la autodeterminación.

  14. La Representante del INBRAPI respaldó las opiniones expresadas por el Representante de la FAIRA y subrayó que los pueblos indígenas no son partes interesadas. Los pueblos indígenas son titulares de derechos reconocidos a escala internacional. No se los puede incluir en la misma categoría que, por ejemplo, las ONG, porque tienen un estatus diferente. Recordó a las delegaciones del CIG que los pueblos indígenas tienen que participar en los trabajos de manera más efectiva debido a que los debates que se llevan a cabo en el CIG conciernen a su futuro, a sus derechos en relación con los territorios y a los RR.GG. que han preservado, así como a los CC.TT. que les identifican como pueblos. Para ellos, se trata de su supervivencia y no sólo de una cuestión jurídica. Puso de relieve que las delegaciones deberían examinar la posibilidad de que se produzca una participación más eficaz de los pueblos indígenas como una categoría diferente.

  15. El Representante de Tupaj Amaru dio las gracias a las delegaciones por haber puesto esta cuestión en el orden del día. Sin embargo, dijo estar sorprendido por el hecho de que el proyecto de estudio no refleje su mandato sino que sólo incluya elementos de debate, algunos de los cuales son contradictorios. En el proyecto de estudio se establece una distinción entre pueblos indígenas y ONG. Señaló que, en su opinión, el mandato otorgado por la Asamblea General consiste más bien en reconocer que los pueblos indígenas tienen derecho a negociar como si fueran Estados. La definición de los diferentes observadores es un problema creado por la Secretaría. Cada año la OMPI proporciona acreditaciones a ONG o representantes de pueblos indígenas, y ni la Secretaría ni el Presidente nunca saben de qué organizaciones se trata, cuáles son sus objetivos, o qué posibilidades tienen de contribuir al debate en lo que respecta a la P.I. En otras palabras, la Secretaría debe explicar qué categorías de observadores se desplazan a la OMPI. Opinó que para los pueblos indígenas da igual si un observador es una ONG o un representante indígena. La diversidad de observadores, con inclusión de ONG, representantes indígenas, grupos de presión de empresas multinacionales, empresas farmacéuticas y antropólogos que estudian la psicología y el comportamiento de los pueblos indígenas, debería ser una preocupación de la OMPI y no de los pueblos indígenas. Hizo hincapié en que los pueblos indígenas quieren que se les reconozca no sólo como una especie de representantes del folclore sino más bien como titulares de derechos porque son propietarios, guardianes y titulares de derechos en materia de CC.TT. y RR.GG.

  16. El Representante del Hokotehi Moriori Trust señaló que los pueblos indígenas no han participado en la redacción del estudio. Dijo que si bien en el proyecto estudio figuran algunas observaciones útiles, éste no refleja lo que los pueblos indígenas han pedido al CIG. Reiteró que en el proceso del CIG están en juego los pueblos indígenas, sus recursos y sus CC.TT. A fin de que los resultados del proceso sean sólidos y duraderos debería acordarse a los pueblos indígenas un tratamiento de calidad. Concluyó suscribiendo plenamente, en nombre del Hokotehi Moriori Trust y de las tres tribus que representó en la reivindicación de la flora y fauna indígenas (Wai 262), a saber Ngati Kuri, Ngati Wai y Ngati Kahungunu, la declaración realizada por el Presidente del Grupo de Representantes Indígenas, y reiteró que los pueblos indígenas piden a los Estados que acepten su derecho a participar en pie de igualdad en el CIG y otros procesos de la OMPI. Los pueblos indígenas tienen derecho a realizar intervenciones a título propio y a introducir cambios en los proyectos de textos sin necesitar para ello el acuerdo de al menos un Estado. Esta sería una forma adecuada de aclarar la relación entre los Estados y los pueblos indígenas en el proceso.

  17. El Representante de la Asamblea de Armenios de Armenia Occidental señaló que los pueblos indígenas gozan de un estatus especial reconocido por las Naciones Unidas. Instó a los Estados a que lo tengan en cuenta y a diferenciar entre pueblos indígenas y comunidades locales u otros grupos que no representan su verdadera condición.

  18. La Representante de Culture of Afro‑Indigenous Solidarity señaló que representa a los pueblos indígenas de Honduras que no pueden participar en la sesión de Ginebra debido a la falta de recursos y otras circunstancias. Dijo que su organización es una ONG que también representa y trabaja con una organización africana, la Comisión Africana de Promotores de la Salud y de los Derechos Humanos, y había representado a la Coordinación de ONG Africanas. La oradora dijo que tiene experiencia de más de 30 años, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, y ha participado en el establecimiento de la Secretaría de los pueblos indígenas y afrodescendientes que son titulares de CC.TT. Señaló que le resulta difícil entender la distinción propuesta entre sociedad civil y pueblos indígenas, ya que se puede trabajar de forma ética o ayudar a otras personas sin estar incluido en ninguna categoría determinada. Asimismo, respaldó la declaración realizada por el Grupo de Representantes Indígenas.

  19. La Delegación de los Estados Unidos de América agradeció a la Secretaría el proyecto de estudio sobre la participación de observadores en la labor del CIG. Dijo que la participación de observadores es importante para la toma de decisiones en el CIG y una aportación importante a toda la labor de la OMPI. Los observadores, especialmente los que representan a los pueblos indígenas y las comunidades locales, han realizado importantes contribuciones a la labor del CIG y pueden contribuir aún más. La Delegación está interesada en las propuestas que potencien el diálogo en pro de la toma de decisiones en el CIG, tales como las propuestas 7 y 8. Señaló preocupación respecto a que ampliar el foro para el diálogo y cambiar la dinámica del diálogo pueda dispersar el enfoque del CIG. Por último, la Delegación dio las gracias a los que han realizado comentarios sobre el estudio y dijo que quiere continuar apoyando y facilitando la participación de observadores.

  20. El Representante de la CAPAJ reconoció que el proyecto de estudio ha generado una atmósfera de franqueza en lo que respecta a la relación entre diferentes actores que contribuyen al debate en el proceso que se lleva a cabo en el CIG. Recordó que los representantes de pueblos indígenas que son activos el ámbito internacional participaron en el grupo de trabajo de composición abierta entre periodos de sesiones sobre el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que cuando la OMPI estableció el mandato del CIG, la Secretaría los invitó a que solicitasen participar como observadores. Han estado participando en un proceso en materia de derechos humanos en pie de igualdad con los Estados, mientras que durante su participación en el CIG han sido tratados como observadores regulares. Sin embargo, su experiencia en el CIG ha puesto de relieve que los pueblos y naciones indígenas no entran dentro de los límites de la categoría de observadores regulares debido a que las circunstancias y los plazos requieren que se les considere participantes de pleno derecho. Aunque esa categoría no exista, sugirió a la Secretaría que lo tenga en cuenta a fin de enriquecer las negociaciones. Esto permitiría que los participantes en el CIG se dieran cuenta de que la continuación del diálogo requiere tratar a los pueblos indígenas como creadores de CC.TT. y ECT. Señaló que los gobiernos de los Estados reconocidos constitucionalmente no tienen la capacidad que tienen los pueblos indígenas para crear ECT, canciones, danzas y folclore.

  21. La Delegación del Pakistán señaló que en el proyecto de estudio se ha reconocido la valiosa participación de diversas categorías de observadores. Dijo que es necesario establecer una distinción entre los observadores que participan en el proceso. Instó al CIG a examinar la posibilidad de establecer un mecanismo permanente de examen. La Delegación apoyó el establecimiento de un grupo de trabajo en el que los Estados se ofrezcan como voluntarios para trabajar en la elaboración del mecanismo de examen.

  22. La Delegación de la Federación de Rusia, al igual que otras delegaciones, señaló que valora mucho la útil contribución de los observadores, especialmente la de los pueblos indígenas, y agradeció a la Secretaría que haya preparado un proyecto de estudio en el que se han incorporado las propuestas que anteriormente presentó la Delegación. De conformidad con el párrafo 3 del documento, la Delegación solicitó a la Secretaría que traduzca el proyecto de estudio al ruso, lo cual permitiría que los representantes de los pueblos indígenas de la Federación de Rusia se familiaricen con él. En relación con la propuesta 1, la Delegación señaló que se han propuesto dos mecanismos. Dio su apoyo al primer mecanismo propuesto, a saber, que se realicen modificaciones en las solicitudes de acreditación a fin de obtener más información de los solicitantes, siempre que las preguntas adicionales sean apropiadas y eficaces. En lo que respecta al segundo mecanismo propuesto, a saber, el establecimiento de una junta asesora permanente, la Delegación señaló que se ha hecho referencia al funcionamiento de la junta asesora para el Fondo de Contribuciones Voluntarias, de la que en la práctica han formado parte los participantes presentes en una determinada sesión del CIG, y que lleva a cabo su labor en diferentes idiomas, ya que no todos los miembros de la junta asesora pueden trabajar utilizando el mismo idioma. Aunque tomó nota de la propuesta de composición de la junta asesora, la Delegación preguntó cómo se elegiría a sus miembros y cuál sería el idioma de trabajo si la junta asesora fuera permanente. Además, dijo que no todos los miembros electos de la junta asesora podrían participar en todas las reuniones del CIG.

  23. El Representante del CISA señaló que en el proceso de descolonización de las Naciones Unidas se discriminó a los pueblos indígenas y éstos tuvieron que luchar como pueblos a los que se niega su propia capacidad de representación. Se les negó su derecho a presentarse a si mismos como verdaderos agentes y autoridades de pueblos que tienen derecho a la autodeterminación. Indicó que hay un mecanismo a través del que la Asamblea General tiene en cuenta a las instituciones políticas libres de los pueblos colonizados para determinar si se trata de gobiernos títeres de los Estados o si se trata de instancias reales que representan a sus pueblos y no sólo a sus comunidades, porque los pueblos indígenas son pueblos y no sólo comunidades como muchas veces se les denomina. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar cuáles son algunos de los Estados que sólo reconocen a los pueblos que conforman organizaciones sin ánimo de lucro o naciones y pueblos, y cuál es su nivel o capacidad de representación en relación con su derecho a la autodeterminación, o a cuestionarlos. Dijo que, en su opinión, esto es importante porque el estatus de una categoría de observadores proporcionará la autoridad necesaria para que se considere que tiene el mismo derecho que los Estados en lo que respecta al derecho de autodeterminación de los pueblos, tal como se reconoció y se aplicó en el proceso de descolonización. Si en el CIG se hiciera una distinción entre esas categorías independientes, habría que remontarse al pasado y examinar las diversas categorías de observadores para determinar si eran pueblos bajo colonización extranjera, reconocidos en virtud del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, o tenían derecho a preservar y proteger sus propiedades como lo tendrían los pueblos indígenas con el derecho absoluto a ser titulares de esas propiedades. Concluyó diciendo que se ha dicho que los pueblos indígenas colonizados son agitadores, terroristas, o incluso que se representan a si mismos porque les gusta oír sus propias voces. Recordó a la Delegación de Namibia que su país ha pasado por el mismo proceso.

  24. El Representante de Tupaj Amaru señaló que los 10 años de debates en las Naciones Unidas se han utilizado para definir lo que son las comunidades indígenas antes de otorgarles derechos. Dijo que, en su opinión, el CIG está regresando a la estrategia de poner en entredicho la credibilidad de cada representante indígena. Indicó que los representantes de las comunidades indígenas han estado trabajando durante 30 años y sólo tienen que rendir cuentas a las comunidades a las que representan.

  25. El Presidente presentó la propuesta 2 y abrió el debate al respecto.

  26. El Representante del Hokotehi Moriori Trust se refirió al Tratado de Waitangi y al considerable desarrollo de la legislación que establece los deberes en lo que respecta a la asociación entre el Gobierno estatal y las tribus indígenas de Nueva Zelandia. Muchos de esos principios se han extraído del derecho internacional y de la jurisprudencia de los países del Commonwealth, y se ha tenido en cuenta que toda asociación debería basarse en la buena fe, la confianza mutua y el beneficio de ambas partes. Acogió con agrado que en el marco del proceso del CIG exista la posibilidad de que los pueblos indígenas colaboren con los Estados parte.

  27. El Representante de la FAIRA señaló que, con arreglo a su estatus reforzado, los pueblos indígenas deberían poder designar representantes en el grupo de “Amigos de la Presidencia”.

  28. El Representante de la CAPAJ manifestó su aprecio por la buena voluntad demostrada al abrir esta posibilidad de participar en el grupo de “Amigos de la Presidencia” y también en lo que respecta a facilitar conjuntamente el trabajo. Esto sugeriría la participación activa en pie de igualdad en esos grupos sin que las declaraciones de los pueblos indígenas tengan que ser aprobadas por ningún Estado.

  29. La Delegación de Sri Lanka respaldó los derechos de las comunidades indígenas. Al ser un país de Asia y el Pacífico, Sri Lanka no tiene conflictos con los pueblos indígenas. Dijo que, en su opinión, deben valorarse los conocimientos de los pueblos indígenas en diversos ámbitos, especialmente en el de la medicina tradicional. La Delegación apoyó plenamente la propuesta 2, reforzar la colaboración mediante la participación activa.

  30. La Delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, suscribió la declaración anterior del Grupo Africano en la que este Grupo pidió más aclaraciones en lo que respecta a lo que entrañaría concretamente la propuesta 2. Dijo que el Presidente tiene la prerrogativa de incluir en cualquier momento observadores o representantes de observadores en un proceso concreto. Señaló que no tiene completamente claro qué implica la propuesta.

  31. El Presidente presentó la propuesta 3 y abrió el debate al respecto.

  32. La Delegación de la Unión Europea, haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, pidió más aclaraciones en lo que respecta a la inclusión de la mesa redonda de las comunidades indígenas en la sesión oficial del CIG. Planteó la siguiente pregunta ¿se consideraría que se trata de una mesa redonda informativa o de una mesa redonda en materia de asesoramiento?

  33. El Representante de la FAIRA dio su apoyo a la propuesta 3 en la medida en que se mantengan diálogos interactivos en lugar de mesas redondas en su formato actual. Estos diálogos interactivos deberían incluirse como partes oficiales de las sesiones en lugar de como elementos oficiosos, y centrarse en temas importantes del orden del día del CIG. Debido a que los oradores estarán debatiendo cuestiones importantes para ellos y para los Estados, el Representante sugirió que los integrantes de las mesas redondas participen en los diálogos interactivos y estén presentes todo el tiempo que duren las sesiones.

  34. El Representante del Hokotehi Moriori Trust señaló que los pueblos indígenas deberían aumentar su participación en el proceso con arreglo a las políticas expuestas en la declaración del Grupo de Representantes Indígenas. Recomendó la creación de un grupo de trabajo conjunto del Grupo de Representantes Indígenas y la Secretaría a fin de lograr una colaboración mayor y más eficaz entre los pueblos indígenas y el CIG.

  35. El Representante del CISA dijo que, en su opinión, el aumento de la participación de los pueblos indígenas debe abordarse directamente con los Estados y no con la Secretaría. Esto podría incluir el establecimiento de un comité o alguna otra forma de participación a fin de que cuando los pueblos indígenas consulten con los Estados sus propuestas puedan enviarse directamente a las capitales de los países. Dijo que los pueblos indígenas desean que exista un contacto directo entre ellos y los Estados en todo el proceso que conduce hacia la Asamblea General y en el proceso de finalizar y ratificar el documento.

  36. La Delegación de Sudáfrica suscribió la declaración que había realizado anteriormente la Delegación de Egipto en nombre del Grupo Africano. En nombre propio respaldó la participación de los pueblos indígenas en los trabajos del CIG, como puso de manifiesto a través de su aportación al Fondo de Contribuciones Voluntarias. Si bien indicó que los párrafos 37 a 39 del documento oficioso ofrecen información adicional, la Delegación pidió más aclaraciones en lo que respecta a la aplicación de la propuesta 3. Indicó que tiene entendido que la participación de los pueblos indígenas en las sesiones oficiales se propuso en 2004, aunque la decisión final al respecto fue que éstos no participaran en las sesiones oficiales del CIG. Dijo que le gustaría saber cuál fue el motivo principal que condujo a tomar esa decisión. Asimismo, la Delegación preguntó de qué forma se llevaría a la práctica esta propuesta, habida cuenta de la práctica actual que se refleja en el párrafo 24 en relación con la flexibilidad del artículo 24 del Reglamento General de la OMPI.

  37. El Representante de Tupaj Amaru, señaló que la mayor parte del contenido de las propuestas 2 y 3 ya figura en tratados, convenciones y diálogos porque siempre han existido grupos de “amigos de la Presidencia”. En relación con seguir reforzando el diálogo mutuo, dijo que, en su opinión, no existe diálogo entre los Estados y los pueblos indígenas. Indicó que las propuestas de los pueblos indígenas no se aceptan y se mantiene a esos pueblos apartados del diálogo, y que, por lo tanto, lo que se necesita no es que la Secretaría establezca un mecanismo sino más bien que los Estados decidan considerar a los pueblos indígenas como verdaderos interlocutores para el diálogo. Preguntó en qué resolución, disposición internacional, procedimiento, instrumento, o sección sobre jurisprudencia se prevé que una propuesta de un grupo indígena requiere el apoyo de un gobierno. Dijo que no está de acuerdo con la Delegación del Pakistán en lo que respecta al establecimiento de un grupo de trabajo para estudiar la cuestión ya que esto implicaría un retraso de otros 10 años en la solución de dicha cuestión. Propuso que se tome una decisión sobre esta cuestión de procedimiento y que ésta se presente a la Asamblea General que podría adoptar una resolución al respecto.

  38. El Presidente presentó la propuesta 4 y abrió el debate al respecto.

  39. El Representante de la FAIRA respaldó la propuesta y señaló que si se quiere que en una reunión de dos días se produzca un diálogo verdadero es importante llegar de alguna forma a las reuniones nacionales, y que más adelante abordaría más detalladamente esta cuestión.

  40. El Representante del Hokotehi Moriori Trust estuvo de acuerdo con la idea de realizar reuniones de dos días de expertos indígenas que convocaría la Secretaría antes de cada sesión del CIG. Dijo que este mecanismo tienen que acordarlo el Grupo de Representantes Indígenas y la Secretaría. Sin embargo, no apoyó la sugerencia de que los Estados asistan a esas reuniones como observadores ya que es importante que antes de la sesión del CIG los pueblos indígenas dispongan de tiempo y espacio para debatir y examinar libremente la naturaleza y el contenido de sus intervenciones, de manera similar a como los Estados organizan reuniones de grupos en las que no se permite la participación como observadores de los pueblos u organizaciones indígenas.

  41. La Representante del IPCB respaldó al Representante del Hokotehi Moriori Trust y señaló que se tienen que abordar dos necesidades diferentes, a saber, la oportunidad de que los pueblos indígenas realicen consultas, elaboren estrategias y examinen el texto de forma interna, y la oportunidad de interactuar con los Estados. Calificó de buena la idea de celebrar una reunión de expertos antes de la sesión del CIG. Sin embargo, también recomendó que la reunión se considere una reunión abierta, porque si sólo pueden asistir los representantes de las regiones del mundo que han sido invitados, el resultado de ello será reducir en lugar de aumentar la participación de los pueblos indígenas.

  42. El Presidente presentó la propuesta 5 y abrió el debate al respecto.

  43. La Delegación de México indicó que su país había organizado una consulta con sus grupos indígenas para examinar los puntos a debatir. Los representantes designados por 16 grupos indígenas, que representan sus propios conocimientos especiales en materia de CC.TT., RR.GG. y ECT, y un total de más de 600 representantes, a quienes se ha informado de las consecuencias y resultados potenciales del proceso del CIG para sus comunidades, han ayudado a definir las posturas que México ha planteado. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ayudó a seleccionar a los representantes. Estos representan a 68 comunidades indígenas y forman parte de la Delegación. A través de estas acciones, México cumple con las disposiciones de Convenio núm. 169 de la OIT en relación con el derecho que tienen los pueblos indígenas a que se les consulte. De esta forma, México garantiza las consultas directas y que se refleje la voz de los indígenas en el CIG a través de la incorporación de los puntos de vista de los pueblos indígenas en sus propuestas. La Delegación respaldó la propuesta 5.

  44. La Delegación de Colombia dijo que considera que la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales es esencial para la labor del CIG. Indicó que es importante garantizar que están representados y beneficiarse de sus CC.TT. Por consiguiente, los mecanismos internos de los que disponen los Estados para que los pueblos indígenas puedan expresar sus puntos de vista son fundamentales. Señaló que en Colombia existe un foro permanente sobre consulta indígena, que es un grupo de alto nivel que tiene por objetivo aunar las opiniones sobre cuestiones que afectan a las comunidades indígenas a fin de garantizar su participación efectiva en la elaboración y presentación de propuestas. En este sentido, la Delegación considera que las declaraciones de los observadores en sesión plenaria no tienen que requerir la aprobación de un Estado que carece de esos mecanismos internos. La Delegación reconoció la importancia que tienen las posturas de las comunidades indígenas y su integración en las deliberaciones del CIG. Por consiguiente, es importante que antes de la reunión se realicen consultas independientes a las que asistan ministros de relaciones exteriores para que las conclusiones de esa reunión puedan publicarse con antelación y luego pasar a formar parte de las consideraciones de los Estados y los debates con los pueblos indígenas. Esto permitiría la participación efectiva de los pueblos indígenas en las negociaciones.

  45. La Representante de Tin Hinan hizo hincapié en la necesidad de desarrollar y fortalecer el diálogo y la sensibilización a escala nacional y local. Dijo que si bien en algunas regiones se ha realizado una labor en este ámbito con las comunidades indígenas y locales, en África, con la excepción de uno o dos países, no se ha hecho nada al respecto. Recordó que el número de participantes indígenas de África es muy limitado y señaló que esto ha de compararse con los progresos que se han realizado en este ámbito en otras regiones. Habida cuenta de que hay países que tienen la voluntad de participar pero carecen de los medios para hacerlo, sugirió que se inste a los asociados en materia de desarrollo, como la Unión Europea y otros, a ayudar a África a solventar este problema. Reiteró que los países africanos deberían establecer alianzas con las comunidades indígenas de su región porque algunas veces, aunque se realicen reuniones y consultas a escala nacional y regional, se excluye a los pueblos indígenas de esas actividades. Señaló que le gustaría que la OAPI llevara a cabo más consultas o se comprometiera más con la cuestión y se refirió a su reciente participación en un taller en Nueva Guinea sobre las indicaciones geográficas en el que, tal como ocurre a menudo en procesos que generalmente se celebran a nivel gubernamental o institucional, los pueblos indígenas no estaban bien representados.

  46. El Representante de la CAPAJ señaló que no cabe duda que se necesitan consultas nacionales y regionales a fin de enriquecer las propuestas que los observadores acreditados presentarán al CIG. Sugirió que, tal como ocurre en otros organismos, además de la ayuda del Fondo de Contribuciones Voluntarias a los observadores en lo que respecta a los viajes, debería establecerse otro fondo para financiar las consultas y reuniones regionales y nacionales con la participación directa de un país anfitrión. Estas iniciativas pueden provenir de los mismos pueblos indígenas de cada una de las regiones y no necesariamente tienen que plantearse en un país determinado, ya que muchos pueblos indígenas están separados por fronteras.

  47. El Representante de la FAIRA respaldó la propuesta 5 y sugirió que en lugar de las palabras “El CIG podría invitar a los Estados miembros a organizar consultas nacionales o regionales” esa propuesta debería decir “El CIG debería pedir a los Estados miembros que organicen consultas nacionales o regionales”.

  48. El Representante de Tupaj Amaru señaló que no se opone al diálogo a escala nacional o regional entre los gobiernos y los pueblos indígenas. Dijo que esto depende de los países en los que viven los pueblos indígenas. Se refirió al caso de Venezuela (República Bolivariana de) en el que el Gobierno ha tomado muchas medidas positivas para proteger los RR.GG. y los CC.TT. de los pueblos indígenas y se han logrado muchos progresos. Sin embargo, en otros países, como Colombia, los pueblos indígenas son víctimas de opresión o, en casos como el de Chile, se les mete en la cárcel. Indicó que considera que es una contradicción pedir a esos gobiernos que celebren consultas. Concluyó diciendo que el problema es promover el diálogo en las negociaciones, y que los pueblos indígenas piden reconocimiento a través de un diálogo constructivo.

  49. El Presidente presentó la propuesta 6 y abrió el debate al respecto.

  50. El Representante del Hokotehi Moriori Trust respaldó el llamamiento para que más Estados miembros realicen aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias y se refirió a las recomendaciones del informe del Tribunal de Waitangi sobre la reivindicación Wai 262 respecto a que el Gobierno de Nueva Zelandia proporcionase apoyo por medio de contribuciones financieras y de otros tipos a fin facilitar una participación directa y más amplia de los maoríes en los procesos nacionales. Dio las gracias a Sudáfrica, Australia, Suiza y otros Estados miembros por las generosas aportaciones que han hecho hasta ahora al Fondo de Contribuciones Voluntarias y concluyó diciendo que esto ha permitido la participación de muchos pueblos indígenas, que de otra forma no podrían haber asistido a esas importantes reuniones.

  51. La Representante del IPCB indicó que los pueblos indígenas sólo pueden nombrar a tres miembros de la Junta Asesora del Fondo de Contribuciones Voluntarias. La práctica habitual ha sido que los pueblos indígenas compartan la oportunidad de desempeñar este cargo y de realizar nombramientos sobre una base regional. Dijo que, en su opinión, para ellos es importante seguir teniendo esa flexibilidad ya que diferentes pueblos indígenas asisten a distintas reuniones, y sería duro para ellos que la participación de los indígenas en las sesiones se estableciera de manera fija. Señaló que prefiere tener la flexibilidad de nombrar en base a quién esté presente en cada reunión.

  52. La Representante del INBRAPI dijo que, en su opinión, la propuesta en relación con la modificación del Reglamento del Fondo de Contribuciones Voluntarias es excelente. Dio las gracias a todos los países que han realizado aportaciones a dicho Fondo. Pidió a los gobiernos que aún no han contribuido que lo hagan, ya que se trata de algo fundamental en el contexto de las negociaciones en el CIG. En relación con el párrafo 14, puso de relieve la importancia que tiene el hecho de que en otros foros, como, por ejemplo, el CDB, los gobiernos pueden incluir a representantes de las comunidades indígenas en sus delegaciones nacionales. En lo que respecta al CIG, dijo que, por ejemplo, el Brasil, que es una de las mayores economías del mundo, ha incluido a pocos representantes de pueblos indígenas en sus delegaciones. Pidió a los gobiernos que presten más atención a esta cuestión y que incluyan a representantes de pueblos indígenas en sus delegaciones.

  53. El Representante de la CAPAJ señaló que aunque con frecuencia los gobiernos no tienen fondos para financiar los viajes y el alojamiento si los tienen para celebrar reuniones en las que podría divulgarse en el terreno información del CIG. Al mismo tiempo, podría recabarse información en el terreno a fin de enriquecer los debates que se mantienen en el CIG. Propuso que se examine la posibilidad de establecer un fondo específico para promover las consultas y divulgar información. En relación con el párrafo 14 sobre la inclusión de representantes indígenas en las delegaciones oficiales, opinó que los gobiernos deberían ser más generosos e incluir a representantes indígenas en sus delegaciones en reconocimiento de sus conocimientos especializados sobre las cuestiones que se abordan.

  54. El Representante de Tupaj Amaru señaló que la financiación no resolverá la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Dijo que se puede invitar a los pueblos indígenas del mundo a ir a la OMPI y pagarles sus viajes pero el problema de sus derechos no se resolverá. Señaló que se trata de que los Estados y gobiernos tengan la voluntad política de tratar a los pueblos indígenas como pueblos que tienen derechos y reconocer su derecho a la autodeterminación. Indicó que, en su opinión, el Fondo de Contribuciones Voluntarias es un mecanismo a través del que se ha tratado a los pueblos indígenas de forma selectiva y discriminatoria. Dijo que cree que los pueblos indígenas han de ser libres e independientes y poder hacer uso de la palabra con dignidad en las instancias internacionales.

  55. La Delegación de Sudáfrica pidió aclaraciones en relación con el párrafo 13 en el que se propone un mecanismo permanente para acreditar a los observadores y también la fusión de la Junta Asesora y el mecanismo permanente de examen. La Delegación preguntó cómo se llevaría a cabo esto habida cuenta de que la Junta Asesora tiene su propio reglamento y su propia composición, y cuáles serían las consecuencias de dicha fusión.

  56. El Representante de la FAIRA dijo que apoyaría la propuesta 6 si en lo que respecta a la eficacia en materia de sensibilización y financiación fuera beneficioso tener una junta por un periodo de dos años. Señaló que también querría ver una mayoría de pueblos indígenas en la junta, para representar a los pueblos a los que se tiene que ayudar. Apoyó la invitación que se ha hecho a los Estados miembros de que incrementen la participación de representantes indígenas en las delegaciones oficiales e indicó que éstos tienen que ser realmente representantes indígenas y no funcionarios públicos de organismos gubernamentales.

  57. El Representante del CISA se refirió a la recomendación sobre la inclusión de representantes de los pueblos indígenas en las delegaciones de los Estados miembros y señaló que con arreglo al estudio de Martínez Cobo son los Estados los que tienen que probar que han recibido el consentimiento de los pueblos indígenas a través de tratados internacionales y otros niveles de reconocimiento para limitar o impedir dicho reconocimiento. Los Estados deberían tener en cuenta el estatus internacional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho internacional que nunca han renunciado a ese estatus.

  58. El Presidente presentó la propuesta 7 y abrió el debate al respecto.

  59. La Delegación de Australia señaló que su país apoya firmemente la participación de las comunidades indígenas y locales en el CIG tal como puso de relieve a través de su reciente aportación al Fondo de Contribuciones Voluntarias. Agradeció a la Secretaría las propuestas para aumentar la participación de observadores en el CIG y señaló que respalda ampliamente las propuestas pero quiere examinarlas más detalladamente en el contexto del debate. Dijo que, en su opinión, los Estados miembros podrían adoptar la propuesta 7 en esta sesión y expresó su apoyo a esta propuesta.

  60. El Representante de Tupaj Amaru indicó que desde el inicio de las labores del CIG el Grupo de Representantes Indígenas ha recibido asesoramiento de la Secretaría y siempre ha valorado mucho toda la información que ha recibido antes de las reuniones. Dijo que, en su opinión, el Grupo de Representantes Indígenas debería reforzarse, ya que se trata de un órgano consultivo para el intercambio de ideas y experiencias, y para fomentar el diálogo con la Presidencia y la Secretaría.

  61. El Representante de la FAIRA respaldó la propuesta 7, porque es muy importante tener acceso a la Secretaría y plantearle las preocupaciones antes de la sesión del CIG, siempre que esto no reste eficacia a la Secretaría en lo que respecta a publicar los documentos de las reuniones en el sitio Web antes de dichas reuniones, tal como está haciendo.

  62. El Presidente presentó la propuesta 8 y abrió el debate al respecto.

  63. El Representante de la FAIRA sugirió que la Secretaría revise el sitio Web y facilite su utilización por parte de los pueblos indígenas.

  64. La Representante de Tin Hinan propuso que se examine la posibilidad de incrementar la colaboración entre los medios de comunicación indígenas y la OMPI en este contexto. Esto ayudaría a divulgar información entre los pueblos indígenas así como entre ciertos actores gubernamentales y de la sociedad civil y a sensibilizarlos. Señaló que existe una coordinación de los medios de comunicación mundiales de los pueblos indígenas que cubre las cinco regiones, a la que pueden acceder todos los países. Además, en el mundo hay otras redes gestionadas por pueblos indígenas y sus organizaciones.

  65. La Delegación de Australia respaldó la intervención del Representante de la FAIRA en relación con el sitio Web. Asimismo, sugirió que la propuesta 8 se adopte en esta sesión.

  66. El Representante de Tupaj Amaru señaló que ya se proporciona apoyo logístico pero con toda seguridad éste puede reforzarse. Explicó que en su comunidad no hay Internet ni teléfono ni electricidad. Lamentó que la cuestión que le preocupa no sólo no se haya solucionado sino que ni siquiera se haya abordado.

  67. El Representante del CISA señaló que en algunos Estados los temas relacionados con los pueblos indígenas son considerados una cuestión de seguridad nacional y que muchas empresas multinacionales controlan los medios de comunicación. En su opinión, cuando los pueblos indígenas quieren difundir información algunas veces hablan con periodistas que temen que su reputación se vea perjudicada. Consideró que es importante garantizar que las cuestiones planteadas por los pueblos indígenas también puedan reflejarse en los principales medios de comunicación para que no las controlen los Estados, incluyéndolas en el ámbito de la seguridad, o las empresas multinacionales.

  68. La Representante de Tin Hinan añadió que otros medios de comunicación podrían incluir los CD y los DVD que se distribuirían a nivel nacional. Esto ayudaría a promover la sensibilización sobre la cuestión.

  69. El Presidente presentó la propuesta 9 y abrió el debate al respecto.

  70. El Representante de la FAIRA respaldó la propuesta 9. Asimismo, propuso que la información que se obtenga a través de todas las actividades de la Secretaría se incluya en el marco descrito en las propuestas 4 y 7.

  71. El Representante del Hokotehi Moriori Trust señaló que, en la medida en que esté relacionada con los recursos naturales y la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas, es importante armonizar la labor de varios órganos de las Naciones Unidas. Dijo que acoge con agrado los mecanismos acordados y la mejora de la coordinación y la armonización de los esfuerzos al respecto de los órganos de las Naciones Unidas. Indicó que también desea que haya una mayor interacción entre el Grupo de Representantes Indígenas y la Secretaría en la aplicación de la propuesta.

  72. La Representante del INBRAPI acogió con agrado la labor que realiza la Secretaría. En relación con las prácticas óptimas de los organismos de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus CC.TT., RR.GG. y la biodiversidad, hizo hincapié en la necesidad de colaborar más con la OIT en lo que respecta a su Convenio núm. 169. La OIT fue uno de los primeros organismos de las Naciones Unidas que investigó de manera detallada e identificó los derechos de los pueblos indígenas y los desafíos a los que estos pueblos tienen que hacer frente. Además, señaló que el UNPFII es un buen ejemplo para los Estados y otros órganos de las Naciones Unidas porque la participación de los pueblos indígenas en este foro se lleva a cabo en pie de igualdad con los Estados. Se trata de una práctica óptima que podría ser adoptada por otros organismos de las Naciones Unidas. Asimismo se refirió a la cooperación entre el CDB y la FAO para establecer fondos para los pueblos indígenas. Concluyó subrayando la necesidad de crear una mayor sinergia entre los trabajos del CDB y del CIG, especialmente en lo que respecta al programa plurianual del CDB sobre el artículo 8j y sus disposiciones conexas, así como en relación con los programas de generación de capacidades, como, por ejemplo, la creación de una red de mujeres indígenas en América Latina.

  73. El Representante de la Asamblea de Armenios de Armenia Occidental respaldó la propuesta y señaló que algunos Estados proponen a la UNESCO que registre el patrimonio inmaterial junto con los activos tangibles, y que los pueblos indígenas no siempre tienen la oportunidad de utilizar medios técnicos para preservar su patrimonio.

  74. La Representante del IPCB se refirió al título del proyecto de estudio, la participación los pueblos indígenas en los procesos del CIG. Si bien entiende que es necesario que los organismos de las Naciones Unidas armonicen sus labores respectivas, no cree que esta propuesta concreta aborde de forma adecuada la participación de los pueblos indígenas en el CIG. Dijo que en los otros foros se aborda la participación de los pueblos indígenas en distintos grados, algunos de los cuales son más restrictivos, otros más abiertos, y algunos más equitativos. Señaló que, en su opinión, esto no responde a la cuestión que los pueblos indígenas están intentando abordar – su derecho a participar en pie de igualdad porque los temas que aborda el CIG afectan directamente a sus derechos.

  75. La Delegación de los Estados Unidos de América respaldó la intervención de la Representante del IPCB. En su opinión, de alguna forma, la propuesta es diferente a las otras propuestas. Reconoció que la Secretaría tiene capacidad para trabajar con otros órganos y programas de las Naciones Unidas en la medida en que su misión es similar e indicó que espera que la Secretaría continúe llevando a cabo estos tipos de actividades. Sin embargo, en esta etapa la Delegación prefiere no aprobar la ampliación de la participación de la Secretaría en esas actividades cuya extensión y alcance se desconocen, especialmente en el contexto de un documento a fin de incrementar la participación de las comunidades indígenas y locales.

  76. El Representante del CISA sugirió que el Grupo de Representantes Indígenas debata la propuesta y haga más recomendaciones. Señaló que en la propuesta 9 se deberían haber tenido en cuenta las demandas de los pueblos indígenas en relación con el Protocolo de Nagoya y su efecto discriminatorio sobre los pueblos indígenas. Indicó que sería positivo examinar lo que están haciendo otros órganos o los aspectos discriminatorios del sistema de establecimiento de normas que están creando, ya que los pueblos indígenas no pueden plantear sus casos ante algunos de estos órganos y crear jurisprudencia debido a que ciertos Estados no los reconocen. Indicó que los pueblos indígenas están intentando dilucidar cómo pueden eliminar esos aspectos discriminatorios y garantizar su participación con el derecho de autodeterminación.

  77. La Delegación de Venezuela (República Bolivariana de) dijo que, a su juicio, es un gran avance permitir que las comunidades indígenas realicen aportaciones a las reuniones y participen en ellas, como está ocurriendo en el CIG. En relación con la propuesta 9, indicó que es importante que el CIG reconozca que con arreglo al sistema de las Naciones Unidas los pueblos indígenas están sujetos al derecho internacional. El hecho de que muchos pueblos indígenas no sientan que forman parte de los Estados representados no significa que estén perdiendo sus derechos humanos. Con frecuencia los pueblos indígenas se sienten víctimas de las políticas de los Estados, y, por lo tanto, a fin de establecer buenas relaciones con las organizaciones internacionales dichos Estados deben reconocer que los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos en el ámbito internacional.

  78. El Representante de Tupaj Amaru señaló que los pueblos indígenas y sus representantes pueden participar en los foros internacionales y en los mecanismos de las Naciones Unidas. Para ello es necesario que estén acreditados y muchos pueblos indígenas ignoran cuáles son los procedimientos para conseguir dicha acreditación. Dijo que, en su opinión, es importante que en lo que respecta a los foros internacionales la Secretaría tenga en cuenta el Convenio núm. 169 de la OIT que ha sido ratificado por muchos Estados de América Latina y es el único instrumento que actualmente es vinculante, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no es vinculante para los Estados. Señaló que, sin embargo, todos los Estados tienen la obligación moral de respectar los derechos de los pueblos indígenas.

  79. La Delegación de Chile realizó algunas aclaraciones en relación con las declaraciones en las que se había hecho referencia a su Gobierno. Señaló que el Gobierno de Chile valora positivamente la participación de comunidades indígenas en la labor del CIG y el diálogo en curso con distintas etnias del país. Las opiniones de las comunidades indígenas se tienen en cuenta para establecer las políticas estatales en relación con los recursos energéticos y los CC.TT. Indicó que existe un enfoque integrado de las comunidades indígenas que se ha reflejado en las políticas estatales. Dijo que Chile es un Estado unitario y que la Delegación que participa en el CIG representa las opiniones e intereses de diferentes sectores de la sociedad. Concluyó instando a diversas ONG, y especialmente a Tupaj Amaru, que hizo referencia al Gobierno de Chile, a que utilicen un lenguaje respetuoso ya que sólo de esta forma el debate del CIG puede progresar. Indicó que el Gobierno de Chile siempre ha estado abierto al diálogo con todas las ONG que pueden tener propuestas u opiniones que plantear durante la sesión.

  80. La Representante de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCDB) dijo que espera con interés que se produzcan avances en la importante cuestión de la P.I. y los RR.GG. Señaló que desde la adopción del Protocolo de Nagoya, el 29 de octubre de 2010, en la COP10 celebrada en Nagoya (Japón), se han realizado importantes progresos para la entrada en vigor de ese Protocolo. Desde que, en febrero de 2011, se abrió a la firma, 92 países se han adherido al Protocolo de Nagoya y dos países, Jordania y Gabón, han depositado sus instrumentos de ratificación. En relación con la cuestión particular de la que se ocupa el CIG, tal como se prevé claramente en el Protocolo éste se aplicará de manera que exista un apoyo mutuo con otros instrumentos internacionales pertinentes y se deberá prestar la debida atención a la labor que se lleva a cabo con arreglo a dichos instrumentos y en las organizaciones internacionales pertinentes, a condición de que éstos apoyen los objetivos del Convenio y del Protocolo. Hizo hincapié en que para garantizar el apoyo mutuo es más necesario que nunca que haya una estrecha colaboración entre la labor del CIG y la labor que se lleva a cabo en el CDB. Dijo que espera que se mantenga la excelente relación de trabajo con la Secretaría de la OMPI y señaló que la Secretaría del CDB está dispuesta a prestar asistencia al proceso en curso.

  81. El Representante de la ARIPO, en lo que respecta a la propuesta 9 sugirió que se tengan en cuenta órganos que aunque no forman parte del sistema de las Naciones Unidas también desempeñan una importante función en la labor del CIG, como la ARIPO y la OAPI. Asimismo, sugirió que se modifique la propuesta a fin de incluir organizaciones internacionales que no sean organismos de las Naciones Unidas.

  82. A invitación del Presidente y en respuesta a las cuestiones que se han planteado, la Secretaría señaló que la palabra "paquete", que figura en el párrafo 4, ha generado claramente cierta confusión. Con la redacción se pretendía indicar que las alternativas no son excluyentes, sino una serie de medidas complementarias separadas. Respecto de la cuestión sobre el reglamento en relación con la propuesta 2, dijo que esta cuestión debe ser examinada por el Consejero Jurídico de la OMPI. Sin embargo, la Secretaría tiene entendido que el reglamento no excluye, y no pretende que así sea, que los observadores formen parte de grupos de Amigos de la Presidencia o que copresidan subgrupos de trabajo o grupos de redacción. En relación con la propuesta 3 en la que se sugiere que las mesas redondas actuales organicen diálogos interactivos, la Secretaría señaló que las mesas redondas se crearon en 2004 cuando la Delegación de Nueva Zelandia hizo una serie de sugerencias para mejorar la participación de los observadores en el CIG, y dijo que en ese momento se realizó un debate similar. Lo que se sugiere en el párrafo 9 es fundamentalmente que se mantengan las mesas redondas tal como están con dos pequeños cambios en el formato, a saber, el tema de la mesa redonda lo seleccionará el mismo CIG en su sesión anterior, y la mesa redonda será parte oficial de la sesión, por lo cual los debates que tengan lugar en la mesa redonda se incluirán en el informe de la sesión. En lo que respecta a la palabra "asesoramiento" que aparece en el párrafo, la Secretaría cree que estos tipos de diálogos interactivos pueden ser fuente de asesoramiento pero no de instrucciones para los Estados miembros. La Secretaría tomó nota de la solicitud de la Federación de Rusia de que se traduzca el proyecto de estudio al ruso, e indicó que esta traducción se realizará. En relación con el párrafo 13 y la pregunta de la Delegación de Sudáfrica sobre la posibilidad de fusionar el mecanismo permanente de acreditación entre sesiones y la Junta Asesora del Fondo de Contribuciones Voluntarias, la Secretaría señaló que esto requeriría más reflexión. Dijo que si se aceptan ambas ideas existirán dos mecanismos paralelos similares, cada uno con sus propias reglas, directrices y apoyo administrativo. Señaló que a fin de ahorrar costos y mejorar la eficacia tiene sentido fusionar los dos mecanismos. Si la idea es ampliamente aceptada por el CIG, la Secretaría podría presentar a la próxima sesión de este Comité una propuesta más detallada sobre su aplicación en la práctica. Indicó que, sin embargo, todas las propuestas que figuran en el proyecto de estudio sólo son ideas presentadas al CIG para que se realicen comentarios al respecto y que su aplicación requiere un análisis detallado.

  83. La Delegación de Sudáfrica respaldó la propuesta de que la Secretaría estudie más detalladamente la fusión de los mecanismos de examen o asesoramiento y dijo que le gustaría disponer de más información sobre la propuesta.

  84. La Delegación de Namibia pidió garantías de que se tendrán en cuenta los comentarios realizados al inicio del debate en relación con el hecho de distinguir mejor entre los que dicen representar a los pueblos indígenas y los pueblos y naciones indígenas reconocidos.

  85. El Representante de Akuaipa Waimakat, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Representantes Indígenas, señaló que tras un diálogo constructivo con el Presidente y la Secretaría, ha decidido reconsiderar los últimos párrafos de la declaración presentada por el Grupo de Representantes Indígenas el 21 de febrero de 2012. Expresó su deseo de participar de nuevo en debates basados en algunas propuestas estructuradas, a fin de allanar el camino a la participación plena y activa de los pueblos indígenas en la OMPI, el CIG y sus grupos de trabajo. En relación con el documento WIPO/GRTKF/IC/20/7, dijo que apoya el párrafo 8 con la añadidura de que debe haber al menos dos participantes del Grupo de Representantes Indígenas en cada grupo de redacción y grupo de facilitadores en los diversos niveles de trabajo sobre la redacción de instrumentos para el CIG. Esto sería un ejemplo de buena voluntad y prácticas óptimas de la OMPI y el CIG con los pueblos indígenas, tal como se hizo en los IWG 2 y 3. Dijo que, en su opinión, la acreditación para que los pueblos indígenas puedan participar en el CIG debería concederse de forma directa y automática tal como ocurre con las delegaciones u organizaciones de pueblos indígenas en otros foros de las Naciones Unidas. En lo que respecta a las categorías de observadores en el CIG, el Grupo de Representantes recomendó que se incluya a los pueblos indígenas en una categoría diferente a las ONG o las industrias. Propuso que se cree una categoría específica llamada “pueblos indígenas” que pueda participar en pie de igualdad con los Estados, lo cual estaría en consonancia con la elaboración del texto jurídico internacional sobre la protección de los derechos de las poblaciones indígenas. El Grupo de Representantes pidió la mediación y facilitación por parte del Presidente para que el CIG respete los marcos jurídicos internacionales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en virtud del Convenio núm. 169 de la OIT, el artículo 8j del CDB, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Protocolo de Nagoya, y recomendó que la Asamblea General de la OMPI ponga en práctica otros mecanismos que refuercen la plena participación de los pueblos indígenas, como pueblos indígenas y Grupo de Representantes Indígenas, a fin de que en las futuras reuniones oficiales y oficiosas para la redacción de los instrumentos del CIG estos pueblos puedan tomar decisiones y expresar plenamente sus opiniones.

  86. El Presidente recomendó que se tome nota de la declaración específica sobre los cambios en la declaración del 21 de febrero de 2012 del Grupo de Representantes Indígenas y que la intervención se tenga en cuenta en la próxima sesión del CIG.

Decisión sobre el punto 8 del orden del día:

  1. El Comité examinó las distintas propuestas, de las que tomó nota, contenidas en el Proyecto de estudio sobre la participación de observadores en la labor del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (documento WIPO/GRTKF/IC/20/7) (el “Proyecto de estudio”) y, respecto de dicho documento, tomó las decisiones específicas siguientes:

a. Con respecto a la propuesta 1 (revisión de los formularios de solicitud de acreditación ante el Comité y establecimiento de un mecanismo permanente de examen de las solicitudes de acreditación) y la propuesta 6 (establecimiento de una junta asesora permanente para el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Comunidades Indígenas y Locales Acreditadas), el Comité suscribió, en principio, esas opciones y solicitó a la Secretaría que prepare un documento, para su examen por el Comité en la próxima sesión, sobre las medidas necesarias para la puesta en práctica de esas propuestas, que incluya los proyectos de las enmiendas que cabría introducir en el Reglamento del Fondo de Contribuciones Voluntarias y añadió que, si en ello se conviene, el Comité transmitirá esas enmiendas a la Asamblea General de la OMPI de 2012;

b. Con respecto a la propuesta 2 (representantes de observadores en calidad de miembros de los “Amigos de la Presidencia” y de copresidentes de los grupos de trabajo y de redacción), el Comité observó que queda siempre al arbitrio de la Presidencia del Comité, con la aprobación del Comité y de conformidad con su Reglamento Interno, la decisión de invitar a representantes de observadores a unirse a cualquiera de los grupos de “Amigos de la Presidencia” que pudieran crearse o a copresidir los grupos de trabajo y de redacción;

c. Con respecto a la propuesta 3 (revisión del formato de la mesa redonda de las comunidades indígenas), el Comité solicitó que en el documento mencionado en el apartado a) del presente documento se proporcione más información sobre la puesta en práctica y las consecuencias procedimentales de esa propuesta, para que el Comité pueda tomar una decisión respecto de ella en su próxima sesión;

d. Con respecto a la propuesta 4 (realización de un taller de expertos indígenas antes de la celebración de una reunión del CIG), el Comité suscribió la organización de ese taller, según lo expuesto en los párrafos 10 y 11 del Proyecto de estudio;

e. Con respecto a la propuesta 5 (mejorar el diálogo y la sensibilización en los planos nacional y regional), el Comité alentó enérgicamente a los Estados miembros a mantener consultas a escala regional y nacional, según se menciona en el párrafo 12 del Proyecto de estudio;

f. Con respecto a la propuesta 7 (ampliar la interacción mediante el intercambio de información) y la propuesta 8 (instrumentos de sensibilización y comunicación), el Comité estuvo de acuerdo con las opciones enunciadas en los párrafos 15, 16 y 17 del Proyecto de estudio. Asimismo, solicitó a la Secretaría que mejore la accesibilidad de las páginas del sitio Web de la OMPI dedicadas a los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales. A ese respecto, el Comité tomó nota del hecho de que el sitio Web incluye una página destinada a los comentarios de los observadores acreditados y solicitó a la Secretaría que aliente a los observadores a formular comentarios sobre los documentos del Comité que se pongan a disposición en la página Web en cuestión y que señale esos comentarios a la atención de los Estados miembros antes de cada sesión del Comité;

g. Con respecto a la propuesta 9 (fortalecimiento de la cooperación con otros órganos, programas y organismos de las Naciones Unidas), el Comité ve con buenos ojos la cooperación continua de la Secretaría de la OMPI con otros órganos, programas, organizaciones y organismos pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas y a escala regional.

PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE





  1. El Presidente abrió el debate sobre el punto 9, y presentó el documento WIPO/GRTKFIC/20/8.

Decisión sobre el punto 9 del orden del día:

  1. El Comité aprobó la modificación del Reglamento Interno del Comité expuesta en el párrafo 5 del documento WIPO/GRTKF/IC/20/8.



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