Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


B.1 El derecho a la vida y la evaluación sobre el uso de la fuerza en las circunstancias y el contexto de los hechos del caso



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B.1 El derecho a la vida y la evaluación sobre el uso de la fuerza en las circunstancias y el contexto de los hechos del caso





  1. La Corte recuerda que el artículo 4.1 de la Convención Americana1 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La Corte ha indicado en reiteradas ocasiones que el derecho a la vida ocupa un lugar fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos2. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención, este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra reconocido como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes3.




  1. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)4, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción5.




  1. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el mismo. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas6.




  1. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares7; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna8. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción9.




  1. El artículo 4.1 de la Convención Americana dispone también que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, no cualquier privación de la vida será reputada como contraria a la Convención, sino solo aquella que se hubiera producido de manera arbitraria, por ejemplo por ser producto de la utilización de la fuerza de forma ilegítima, excesiva o desproporcionada10.




  1. La Corte ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario11. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores12.




  1. Al respecto, la Corte ha sostenido que el uso excepcional de la fuerza letal deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler13.




  1. La Convención Americana no establece un catálogo de casos y/o circunstancias en que una muerte producto del uso de la fuerza pueda considerarse justificada por ser absolutamente necesaria en las circunstancias del caso concreto, por lo que la Corte ha recurrido a los diversos instrumentos internacionales en la materia y, en particular, a los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley14 y al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley15, para dotar de contenido a las obligaciones que dimanan del artículo 4 de la Convención16. Los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”17. En definitiva, las normas internacionales y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido que “los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras”18.




  1. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, en los términos siguientes19:


Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación20.

Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso21.

Proporcionalidad: los medios y el método empleados deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente22. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda23.


  1. Aún cuando en casos anteriores la Corte ha establecido estos criterios para el análisis del uso de la fuerza, lo cierto es que también ha afirmado que la evaluación sobre el uso de la fuerza debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos24. En el caso bajo examen, la Corte nota que existen tres particularidades que es necesario tener en debida cuenta para definir los criterios aplicables para realizar el análisis de las obligaciones del Estado respecto al uso de la fuerza letal en la operación Chavín de Huántar a la luz del artículo 4 de la Convención Americana: primero, la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional; en segundo término, el contexto en el cual se dio el uso de la fuerza contra los miembros del MRTA, esto es, en el marco de una operación de rescate de rehenes, y tercero que, a diferencia de otros casos, las presuntas víctimas en este caso no eran civiles sino integrantes del MRTA, quienes participaron en forma activa en las hostilidades.


(i) Aplicabilidad del derecho internacional humanitario


  1. Las partes y la Comisión Interamericana han coincidido en considerar que la Corte debe interpretar el alcance de las normas de la Convención Americana en el presente caso a la luz de las disposiciones del derecho internacional humanitario pertinentes toda vez que los hechos ocurrieron en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional. En efecto, con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (supra párr. 139), la Corte ha sostenido en varios casos relativos a dicho país que, desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en dicho país un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar25.




  1. Uno de los actores armados del conflicto peruano fue el MRTA, el cual ingresó a la lucha armada en el año 1984 (supra párrs. 140 y 141). Al respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú detalló que:

El MRTA buscó diferenciarse del PCP SL, organizando un «ejército guerrillero» -el autodenominado Ejército Popular Tupacamarista-, bajo el modelo convencional de la guerrilla latinoamericana. En ese sentido organizó columnas de combatientes provistos de armas de guerra, uniformados y concentrados en campamentos fuera de las áreas pobladas. Esta estructura militar fue complementada por destacamentos especializados, llamados «Fuerzas Especiales» que actuaron en medios urbanos y rurales desde fines de los ochenta. Asimismo, en sus acciones armadas y trato de los prisioneros reclamaron guiarse por las Convenciones de Ginebra.



[…]

A fines de los ochenta y comienzos de los noventa, el MRTA enfrentaba un contexto desfavorable para sus pretensiones. […] Internamente, en tanto, el MRTA sufría su propia crisis. Así, en 1992, el MIR VR se separó de sus filas. Los principales líderes emerretistas habían sido capturados por la policía, mientras que los militantes que desertaron de sus filas, acogidos a la Ley del Arrepentimiento, facilitaron la captura de otros emerretistas. Ello condujo a la desarticulación del Frente Nororiental del MRTA, quedando aislados únicamente en el Frente Central (provincia de Chanchamayo, departamento de Junín). Desde aquí, la Dirección Nacional del MRTA, diseñó su última acción: la toma de la residencia del embajador japonés, [con] la intención de canjear a sus presos por los que serían secuestrados. El 17 de diciembre, un comando integrado por 14 emerretistas logra tomar la residencia, manteniendo secuestrados a 72 rehenes durante 126 días, al cabo de[ los cuales] estos últimos son rescatados mediante el operativo conocido como «Chavín de Huantar». Todo los emerretistas murieron. Este desenlace marc[ó] el inicio del fin del MRTA26. [subrayado agregado]




  1. En esta línea, la Corte nota que las acciones del MRTA correspondían a una toma de rehenes, al hacer un uso indebido de una ambulancia para esquivar el control policial (supra párr. 145), lograr el ingreso a la residencia del Embajador de Japón y retener a los invitados, algunos de los cuales permanecieron secuestrados durante un período de cuatro meses, a cambio de la exigencia de unas contrapartidas por parte del Estado (supra párr. 148). Al respecto, es pertinente recordar que tales actos se encuentran prohibidos “en cualquier tiempo y lugar”27. Igualmente, es pertinente resaltar que la residencia del Embajador, en donde se desarrolló la toma de rehenes, gozaba de protección internacional28, al igual que los funcionarios diplomáticos29 y consulares30.




  1. En suma, la Corte coincide con las partes y la Comisión y considera que, dado que la toma de rehenes se produjo con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado interno31, tal como lo ha hecho en otras oportunidades32 resulta útil y apropiado, habida consideración de su especificidad en la materia, tener en cuenta el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra33 y el derecho internacional humanitario consuetudinario34.




  1. Sin perjuicio de lo anterior, resulta incuestionable que las disposiciones de la Convención Americana relativas al derecho a la vida mantienen su vigencia y aplicabilidad en situaciones de conflicto armado. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, este derecho pertenece al núcleo de derechos convencionales no susceptibles de suspensión en ninguna circunstancia, ni aún en aquellas consideradas como las más apremiantes para la independencia o seguridad de un Estado parte (supra párr. 257). La Corte ya ha afirmado que este hecho -la existencia de un conflicto armado interno al momento que sucedieron los hechos del presente caso-, en vez de exonerar al Estado de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las personas, lo obligaba a actuar en manera concordante con dichas obligaciones35.




  1. En consecuencia y a los efectos del presente caso, la Corte nota que el derecho internacional humanitario no desplaza la aplicabilidad del artículo 4 de la Convención, sino que nutre la interpretación de la cláusula convencional que prohíbe la privación arbitraria de la vida en razón de que los hechos sucedieron en el marco de un conflicto armado y con ocasión del mismo. En igual sentido, la Corte Internacional de Justicia ha considerado que, “[e]n principio, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente se aplica también en tiempo de hostilidades. Ahora bien, para determinar si la privación de la vida es arbitraria hay que referirse a la lex specialis aplicable, a saber, el derecho aplicable en caso de conflicto armado, que tiene por objeto regir las situaciones de hostilidades […]”36. De la misma manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que “el artículo 2 debe interpretarse, en la medida de lo posible a la luz de los principios generales del derecho internacional, incluidas las normas del derecho internacional humanitario que desempeñan un papel indispensable y universalmente aceptado para mitigar el salvajismo e inhumanidad del conflicto armado”37.




  1. Por lo tanto, dado que la Convención Americana no define en forma expresa el alcance que debe otorgarle la Corte al concepto de arbitrariedad que cualifica una privación de la vida como contraria a dicho tratado en situaciones de conflicto armado, es pertinente recurrir al corpus iuris de derecho internacional humanitario aplicable (supra párr. 270) a fin de determinar el alcance de las obligaciones estatales en lo que concierne al respeto y garantía del derecho a la vida en esas situaciones. El análisis de la posible violación del artículo 4 de la Convención Americana deberá, por ende, considerar entre otros el principio de distinción (infra párr. 276), el principio de proporcionalidad38 y el principio de precaución39.


(ii) Necesidad del uso de la fuerza en el marco de una operación de rescate de rehenes


  1. En esta línea, la Corte reconoce que el recurso a la fuerza por parte del Estado se produjo en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad con un objetivo preciso: lograr la liberación de los rehenes que habían permanecido retenidos por los miembros del MRTA en la residencia del Embajador de Japón en el Perú desde el 17 de diciembre de 1996. Por ende, resultaba legítimo para el Estado recurrir al uso de la fuerza en las circunstancias del caso concreto y, en efecto, ni la Comisión Interamericana ni los representantes disputan en el presente caso la legitimidad del operativo40, en tanto respondía a la necesidad de liberar a los rehenes con vida (supra párrs. 147 a 150 e infra párr. 284).




  1. Por consiguiente, es dable considerar que correspondía al Estado adoptar todas las medidas adecuadas para aliviar la situación de los rehenes y, en particular, para asegurar su liberación, siempre que se respetasen las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.


(iii) Salvaguardas del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra


  1. El principio de distinción se refiere a una norma consuetudinaria aplicable a los conflictos armados internacionales y no internacionales, en la cual se establece que “[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes”, de modo tal que “[l]os ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes” y “[l]os civiles no deben ser atacados”41. Asimismo, el derecho internacional humanitario contiene reglas específicas que determinan quiénes califican como personas acreedoras de las salvaguardas fundamentales del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. En cuanto al ámbito personal de aplicación de las salvaguardas es necesario notar que el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra abarca a “[l]as personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa”.




  1. Las presuntas víctimas del presente caso no eran civiles, sino que eran integrantes del MRTA, quienes participaron en forma activa en las hostilidades42. No obstante, podían potencialmente ser beneficiarios de las salvaguardas contenidas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, siempre y cuando hubieran dejado de participar en las hostilidades y pudieran identificarse como hors de combat. La Corte nota que, según el derecho internacional humanitario consuetudinario, esta situación puede producirse en tres circunstancias: “(a) que está en poder de una parte adversa; (b) que no puede defenderse porque está inconsciente, ha naufragado o está herida o enferma; o (c) que exprese claramente su intención de rendirse; siempre que se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse”43. La Corte considera que estos criterios para determinar si una persona se encontraba hors de combat y era, por lo tanto, acreedora de la protección dispuesta en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, resultaban aplicables al momento de los hechos.




  1. Así, y según lo establece el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, el Estado debía brindar a las personas que no participaren directamente en las hostilidades o que hubieren quedado fuera de combate por cualquier razón, un trato humano y sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, el derecho internacional humanitario prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados a la vida y a la integridad personal de las personas mencionadas anteriormente44. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha señalado que la regla referente a que cualquier persona fuera de combate no puede ser objeto de ataque constituye una norma consuetudinaria tanto en los conflictos armados internacionales como no internacionales45. La práctica del Perú demuestra la aplicación de esta regla a nivel nacional46.




  1. En suma, al evaluar la eventual violación del derecho a la vida en el presente caso, la Corte deberá analizar los hechos tomando en cuenta las circunstancias enumeradas y los principios más específicos que resultan aplicables, a fin de establecer la conformidad o no de los actos de los agentes estatales con la Convención Americana, en los términos que se especifican a continuación.






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