Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015



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IX
DERECHO A LA VIDA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN
DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS


  1. En el presente capítulo, la Corte procederá a analizar la alegada violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, teniendo en cuenta las siguientes características en las cuales se enmarcaron los hechos del presente caso: la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional; el contexto en el cual se dio el uso de la fuerza contra los miembros del MRTA, esto es, en el marco de una operación de rescate de rehenes, y el hecho de que las presuntas víctimas en este caso no eran civiles sino integrantes del MRTA, quienes participaron en forma activa en las hostilidades. A tal fin, la Corte resumirá los alegatos de las partes y de la Comisión y aclarará el objeto de la controversia que debe ser resuelta por el Tribunal. La Corte también expondrá los principios generales relativos a los deberes de respeto y garantía del derecho a la vida y los principios aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes estatales en el marco del contexto descripto, para posteriormente abordar las circunstancias específicas en que ocurrieron cada una de las muertes a fin de establecer si en el presente caso se ha configurado la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación del derecho a la vida en perjuicio de las personas señaladas.




  1. Argumentos de las partes y de la Comisión




  1. La Comisión “reconoc[ió] que el operativo tuvo como objetivo legítimo proteger la vida de los rehenes quienes estaban expuestos a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal”. Por lo tanto, no objetó la legitimidad del operativo como mecanismo de rescate de rehenes ni su resultado exitoso en cuanto a dicho objetivo. Sin embargo, con base en su revisión de la prueba disponible, la Comisión calificó jurídicamente la muerte de los miembros del MRTA, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, como ejecuciones extrajudiciales y, por ende, privaciones arbitrarias del derecho a la vida, en tanto se habrían producido “en circunstancias en las cuales es posible afirmar que habían quedado fuera de combate y, por [lo] tanto, su vida estaba protegida por el artículo 4 de la Convención Americana, interpretado a la luz de las normas del derecho internacional humanitario que establecen las garantías mínimas para las personas hors de combat”.




  1. La Comisión sostuvo que los emerretistas que habían tomado la residencia del Embajador de Japón “eran objetivos militares legítimos durante el tiempo que duró su participación activa en el enfrentamiento” y que, aquellos que “se hubieran rendido, hubieran sido capturados o heridos y hubieran cesado actos hostiles, [habrían quedado] efectivamente en poder de los agentes del Estado peruano, quienes desde un punto de vista legal, ya no podían atacarlos o someterlos a otros actos de violencia”, por cuanto una vez que se encontraban hors de combat eran “acreedores de las garantías irrevocables de trato humano estipuladas en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y en el artículo 4 de la Convención Americana”. Añadió que, “si bien los agentes de la Fuerza Pública pueden utilizar legítimamente fuerza letal en el ejercicio de sus funciones, este uso debe ser excepcional[,] […] planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades, de forma que sólo procederán al ‘uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control’”.




  1. Con respecto a la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, alias “Tito”, la Comisión observó que “los testimonios del ex rehén Hidetaka Ogura, así como de los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Teodorico Torres Arteaga, encargados de la seguridad de la casa contigua a la residencia del Embajador, [eran] consistentes en relatar que […] salió camuflado dentro de un grupo de rehenes, pero fue delatado. Como consecuencia, los policías a cargo […] le amarraron las manos, lo pusieron en el suelo, y luego de avisar a su superior jerárquico, el coronel Zamudio Aliaga, sobre su presencia, apareció un comando quien se lo llevó de regreso a la residencia del Embajador. [A]l momento de ser entregado al militar y ser conducido de regreso a la residencia del Embajador, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez estaba vivo”. La Comisión indicó además que su cadáver apareció esa misma noche en la residencia del Embajador “con un tiro en la parte posterior del cuello y, de conformidad con el acta de levantamiento de cadáver, con ‘una granada [en la mano] que no llegó a lanzar’”. Indicó, asimismo, que la necropsia parcial preferencial realizada al día siguiente de los hechos determinó que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez “había recibido una ‘herida severa’ por proyectil de arma de fuego en el lado derecho de la cabeza” y que, con base en el análisis de la trayectoria de la herida, las autopsias de 2001 indicaron que se podía inferir que Cruz Sánchez “tuvo que haber sido inmovilizado para que luego se le disparase” y, además, estaba “en un plano inferior al victimario, quien se encontraba atrás y a [su] izquierda”. Según la Comisión, “[l]a prueba forense sobre las heridas de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez es consistente con una ejecución extrajudicial”.




  1. A lo anterior cabe añadir el hecho de que, según la Comisión, “exist[irían] elementos para sostener que la escena de su muerte fue tergiversada” y que las Fuerzas Armadas habrían “obstaculiza[do] la realización oportuna de las primeras diligencias luego de sucedidas las muertes de los emerretistas[, lo cual] impactó [en] las investigaciones posteriores, puesto que a pesar de que cuatro años después de los hechos se realizaron nuevos informes periciales más completos, el paso del tiempo y las falencias de las primeras autopsias, impidieron la realización de un análisis completo”.




  1. En lo que se refiere a la muerte de Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, la Comisión señaló que existirían diversos elementos de prueba que apuntarían a que ambos habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial, tales como (i) el testimonio del señor Hidetaka Ogura, quien afirmó haber visto a los referidos emerretistas con vida y rodeados por militares; (ii) el acta de levantamiento de cadáveres, la cual no haría mención alguna a que los emerretistas estuvieran armados o que se hubieran encontrado armas cerca de los cuerpos; (iii) el hecho de que un integrante del grupo de la Unidad de Desactivación Explosiva que entró con posterioridad al cuarto donde se encontraban los cuerpos de dichos emerretistas manifestara que éstos fueron muertos sin ofrecer resistencia alguna, toda vez que no vio “arma alguna a su alrededor, además que la postura como fueron hallados denotan aquello”; (iv) las múltiples heridas de bala recibidas por dichos emerretistas en partes vitales del cuerpo que serían consistentes con la técnica da tiro selectivo, cuyo objeto sería “eliminar al enemigo y no neutralizarlo aún cuando éste estuviera rendido”; (v) el hecho de que los testimonios rendidos por los militares involucrados eran inconsistentes en cuanto a la persona o personas que habrían disparado a los emerretistas y, además, no explicarían cómo dichos emerretistas habrían entrado por el corredor siendo que éste ya se habría encontrado dominado por los comandos; (vi) el Estado no llevó a cabo las necropsias oportunas y completas inmediatamente después de los hechos, ni habría realizado una investigación seria, imparcial y efectiva sobra lo sucedido. Añadió que las pruebas forenses “apunta[ban] a la ejecución extrajudicial [de estos dos emerretistas]” y que, al igual que en el caso de Cruz Sánchez, “las circunstancias de la muerte [habrían sido] encubiertas a través de acciones y omisiones respecto de la escena del crimen”. La Comisión añadió que el Estado no habría brindado una explicación consistente de la forma en que fueron muertos estos emerretistas, ni tampoco sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.




  1. Los representantes coincidieron con la Comisión e indicaron que “considera[ban] […] sobradamente probado que al momento de [su alegada ejecución], Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, se encontraba desarmado y no representaba una amenaza, por lo que bajo ningún punto de vista se justificaba el uso de la fuerza letal en su contra”. Añadieron que hasta la fecha, “el Estado no ha[bía] presentado ninguna explicación convincente en sentido contrario”. Asimismo, señalaron que “[n]o cab[ría] duda entonces que el señor Cruz Sánchez había quedado hors de combat”, por lo que “el uso de la fuerza letal en su contra se encontraba totalmente prohibido, llegando a la misma conclusión aún si se recurr[iera] de modo analógico a lo estatuido en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”. Asimismo, indicaron que “el Estado no ha[bría] brindado ninguna explicación convincente de cómo, luego de haber sido capturado sin armas, este pudo haber tenido acceso a una granada o ha[bría] presentado evidencia alguna de que haya pretendido usarla [y que t]ampoco ha[bría] presentado explicación alguna de por qué, si supuestamente se encontraba en combate, recibió un único tiro, que solo hubiera sido posible, estando la víctima inmovilizada”.




  1. Respecto a la muerte de Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, los representantes también coincidieron sustancialmente con lo alegado por la Comisión, indicando que “exist[irían] abundantes pruebas […] que dem[ostrarían] que [habrían sido] ejecutados de manera arbitraria por agentes del Estado”. En este sentido, aclararon que “el testimonio del ex rehén Hidetaka Ogura señala que observó que dos miembros del MRTA, una de ellas la señora Meléndez Cueva y el otro un hombre al que no pudo reconocer, estaban rodeados por militares. Seguidamente escuchó que ella decía ‘no lo maten’ o ‘no me maten’ o ‘no nos maten’. Es decir, ambos se encontraban hors de combat, por lo que no era necesario el uso de la fuerza y mucho menos se requería el uso de la fuerza letal”. Añadieron que, si bien existirían declaraciones de los militares del Grupo de Asalto Delta 8, responsables de dominar el cuarto “I”, que indicarían que “estas [personas] se encontraban armadas y que murieron en un enfrentamiento, las mismas presenta[rían] serias contradicciones”. Señalaron que “las evidencias forenses no [serían] coincidentes con la existencia de un supuesto enfrentamiento”. Los representantes concluyeron que “la versión de que los señores Peceros Pedraza y Meléndez Cueva murieron en un enfrentamiento armado [sería] falsa”, estableciendo que “éstos [habrían sido] ejecutados luego de haber sido capturados en las circunstancias descritas por el ex rehén Hidetaka Ogura, luego de que habían dejado de ser una amenaza, y en momentos en que pedían por su vida, lo cual debió ser considerado como una forma de rendición”.




  1. El Estado señaló que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez fue uno de los emerretistas “que más resistencia [habría] opu[esto] al momento del rescate de los rehenes” y que “él [habría sido] quien arrojaba las granadas en el pasillo contra los comandos”. Por lo tanto, según el Estado, Cruz Sánchez “[n]o tenía la mínima intención de rendirse”. Asimismo, el Estado peruano desmintió que Cruz Sánchez hubiera recibido un solo disparo durante el rescate de los rehenes y recalcó que “[n]o se entiende por qué razón tan importante información fue[ra] omitida en la pericia de Antropología Forense del doctor Clyde Snow y José Pablo Baraybar”. A este respecto, indicó que en el informe del Instituto de Medicina Legal “aparec[ía] que el NN14 ‘Tito’ t[enía] también un proyectil en la zona del abdomen-pelvis”. Por lo anterior, para el Estado el informe de Antropología Forense presentaba “lamentables errores”. Sobre la versión de Hidetaka Ogura, el Estado indicó que “ningún otro rehén, ni siquiera los que Ogura menciona confirman la versión dada al respecto”. Con respecto a las declaraciones de los miembros de la Policía Nacional del Perú, Robles Reynoso y Torres Arteaga, el Estado sostuvo que “exist[ían] una serie de contradicciones entre las declaraciones brindadas por los referidos oficiales”. El Estado concluyó que los argumentos expuestos por la Comisión y los representantes “no alcanza[ban] el umbral necesario para que pu[diera] afirmarse que con relación a [Cruz Sánchez] hubo una ejecución extrajudicial, resultado de un solo disparo y precedido de una situación de inmovilización”. Así, según el Estado, “[l]as pruebas y pericias aportadas por el Estado peruano en el marco del proceso ante la Corte Interamericana permiten identificar otras alternativas o hipótesis para explicar la muerte de [Eduardo Nicolás Cruz Sánchez]”.




  1. El Estado señaló que “el contexto de conflicto armado e[ra] esencial para entender la no arbitrariedad de las privaciones de la vida de los combatientes terroristas […] [y que] además de ello, la violencia ilegítima ejercida por los terroristas de manera ‘[...] inminente, instantánea, que no deja alternativa ni tiempo para la reflexión o deliberación’ hizo necesaria y por ello, no es arbitraria la intervención y muerte en combate de los mismos, incluso en respeto de un estándar mayor al requerido por los [propios] instrumentos de Derecho Internacional”. Indicó que, “[co]n relación a lo señalado por Ogura, exist[ían] una serie de afirmaciones brindadas no sólo por los Comandos que rescataron a los rehenes, sino por los propios secuestrados en el sentido que durante el momento del rescate la visibilidad era nula y prácticamente una persona no podía ni verse la palma de la mano”. A ello debe añadirse, según el Estado, que “el lugar en que se encontraba la escalera de evacuación de los rehenes japoneses, no permitía, por el ángulo de visión, observar dentro del cuarto, ni mucho menos en el pasillo”. Además, señaló que las declaraciones del señor Hidetaka Ogura “no ha[bían] sido consistentes a lo largo del desarrollo del proceso penal en sede interna y en sede internacional”.




  1. Con respecto a las contradicciones existentes entre las declaraciones de los comandos y lo acontecido en el cuarto denominado “I”, el Estado señaló que esto pudo deberse “a la poca visibilidad” que existía en dicho cuarto en el momento de los hechos. En consecuencia, según el Estado, “[l]as pruebas y circunstancias descritas permiti[rían] afirmar que Hidekata Ogura faltó a la verdad y [que Meléndez Cueva y Peceros Pedraza] murieron en combate cuando ingresaron al cuarto con armas en mano, a fin de evitar [que] se termin[ara] de evacuar al grupo de rehenes que ocupaban dicha habitación”.




  1. Consideraciones de la Corte






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