Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


La ejecución del “Plan de Operaciones Nipón 96” o “Chavín de Huántar”



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La ejecución del “Plan de Operaciones Nipón 96” o “Chavín de Huántar”




  1. El 16 de abril de 1997 se prorrogó mediante Decreto Supremo N° 020-DE-CCFFAA el estado de emergencia en el distrito limeño de San Isidro, lugar en el que se encontraba la residencia del Embajador de Japón en el Perú (supra párr. 147)60.




  1. El 22 de abril de 1997 el Presidente de la República ordenó dar inicio a la operación de rescate “Chavín de Huántar”61, la cual se inició a las 15:23 horas de dicho día62. Los rehenes Teniente Coronel EP Roberto Rosendo Fernández Frantzen y Vice-Almirante AP Luis Giampietri Rojas habían enviado poco antes mensajes al equipo de inteligencia, mediante dispositivos de alta tecnología introducidos en el inmueble durante la toma de forma secreta, comunicando que era el momento oportuno para la incursión en la residencia. Según su comunicación, en el segundo piso de la residencia sólo se encontraba un emerretista al cuidado de los rehenes, mientras la mayoría de éstos se encontraba jugando fulbito en el primer piso, y sólo un emerretista vigilaba la puerta principal63.




  1. La operación se inició con varias explosiones subterráneas, tras las cuales alrededor de 80 comandos integrados en los diferentes grupos de asalto (supra párrs. 155 y 156) ingresaron a la residencia del Embajador por los accesos previstos en las puertas y paredes64. La detonación fue la señal para que los ocho equipos que conformaban los grupos de asalto “Alfa” y “Delta” ingresaran en la residencia a efectos de dominar su respectiva zona de responsabilidad.




  1. La técnica utilizada por los comandos fue la de dominación de inmuebles y rescate de rehenes consistente en el ingreso por parejas en un recinto cerrado y registro progresivo de los ambientes hasta obtener el control del mismo, utilizando el “tiro instintivo selectivo” (TIS)65.




  1. La operación de rescate logró la liberación de los rehenes66. Perdió la vida el rehén y entonces magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña67. También perdieron la vida los comandos Teniente EP Raúl Gustavo Jiménez Chávez y Teniente Coronel EP Juan Alfonso Valer Sandoval68, y los catorce miembros del MRTA69. Además, resultaron varios heridos entre rehenes y funcionarios estatales70.




  1. Según el informe que confeccionó el Comandante General de la Primera División de las Fuerzas Especiales luego de finalizado el operativo, los catorce emerretistas habrían muerto durante el enfrentamiento con los efectivos militares71. Sin embargo, a partir de unas declaraciones a la prensa en diciembre de 200072 y una carta remitida posteriormente al Poder Judicial en el año 200173 por el ex rehén Hidetaka Ogura, quien al momento de la toma de la residencia del Embajador de Japón por el MRTA fungía como Primer Secretario de la Embajada de Japón en el Perú74, se presentaron dudas sobre las circunstancias en que murieron los emerretistas Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, y si éstos fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales, lo que se examina en el fondo de esta sentencia (infra Capítulo IX).




  1. La operación tuvo una duración de 16 minutos. No obstante, si se tiene en cuenta la evacuación de heridos, concentración y desplazamiento de rehenes, registro de residencia y sofocación del incendio que tuvo lugar durante dicha operación, la misma se extendió aproximadamente por 33 minutos75.




  1. Actuaciones posteriores al operativo




  1. Concluida la operación de rescate, se hizo presente en el lugar el Presidente Fujimori Fujimori76. Asimismo, las autoridades militares, los miembros del SIN y los funcionarios nombrados por el Consejo Supremo de Justicia Militar (supra párr. 158) se encargaron de efectuar las acciones subsiguientes al operativo77. Por un lado, los rehenes y comandos heridos fueron trasladados al Hospital Militar Central78. A los cuerpos de los comandos Juan Alfonso Valer Sandoval y Raúl Gustavo Jiménez Chávez, muertos durante el operativo, así como al del magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña, quien falleció luego de ser evacuado, se les realizó la necropsia la misma noche del 22 de abril de 199779.




  1. Ese mismo 22 de abril de 1997, el Juez Militar Especial asignado con clave C-501 y el Fiscal Militar Especial cuya clave era C-222-C se presentaron en la residencia del Embajador, pero no pudieron recorrer la totalidad de las instalaciones “por razones de seguridad ya que se tenía conocimiento que lugares estratégicos de la [r]esidencia se encontraban minados [lo] que poní[a] en peligro la seguridad del personal interviniente, motivo por el cual se decidió que la diligencia de identificación y levantamiento de cadáveres [de los emerretistas] se reali[zara] el día siguiente”80.




  1. Al día siguiente, el Juez Militar Especial y el Fiscal Militar Especial se constituyeron en el lugar de los hechos, instruyeron a un grupo de la Unidad de Desactivación Explosiva (“UDEX”) de la Policía Nacional del Perú para que procediera a la detección y desactivación de explosivos81, dispusieron el levantamiento de los cadáveres de los emerretistas82 y ordenaron el traslado de los mismos al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú83, donde se llevaron a cabo las necropsias parciales bajo las órdenes del Comandante Médico PNP Herbert D. Ángeles Villanueva84. En dicho hospital procedieron a identificar a los catorce emerretistas como NN1, NN2, NN3, NN4, NN5, NN6, NN7, NN8, NN9, NN10, NN11, NN12, NN13 y NN1485.




  1. En el Acta de identificación y levantamiento de cadáveres realizada el 23 de abril de 1997 y suscrita por el Juez Militar Especial y el Fiscal Militar Especial se deja constancia que86: el cadáver NN9, luego identificado como perteneciente a Víctor Salomón Peceros Pedraza, presentaba “tres perforaciones en lado derecho de abdomen, otras dos heridas de bala en la cara, lado derecho y tres perforaciones en la cabeza”; el cadáver NN10, luego identificado como perteneciente a Herma Luz Meléndez Cueva, fue encontrado a medio metro del cadáver de Víctor Salomón Peceros Pedraza y presentaba “seis perforaciones de bala [y una] herida de bala debajo del ojo izquierdo”, y que el cadáver de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez había sido encontrado en el primer piso al fondo de la residencia y presentaba “un orificio grande en la cabeza lado derecho parte superior de la oreja, […] y tenía en la mano derecha una granada que no llegó a lanzar”.




  1. Las necropsias parciales preferenciales realizadas determinaron, por su parte, que los catorce emerretistas fallecieron por “shock hipovolémico” como consecuencia de heridas causadas por proyectil de arma de fuego87. Específicamente, la necropsia correspondiente a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez indica que presentaba en la cabeza una “herida severa por proyectil de arma de fuego en [el] lado derecho con fracturas expuestas y pérdida de masa encefálica” y “paquipleuritis bilateral” en el tórax88. Víctor Salomón Peceros Pedraza presentaba “heridas [por proyectil de arma de fuego] a nivel de cabeza, tórax y extremidades”89, y Herma Luz Meléndez Cueva presentaba “heridas por [proyectil de arma de fuego] en cabeza, tórax y miembro superior izquierdo”90. Además, se dispuso que especialistas en dactiloscopía realizaran la identificación de los cadáveres y se ordenó la inscripción de las partidas de defunción de los fallecidos91.




  1. Los cuerpos de los emerretistas fueron inhumados el 24 de abril de 1997 por oficiales de la Policía Nacional del Perú en diferentes cementerios de la ciudad de Lima92, sin dar aviso a los familiares de los mismos93. La mayoría fueron inhumados como NN, a excepción de tres, que sí lograron ser identificados, entre los cuales figura Eduardo Nicolás Cruz Sánchez94. Se realizó también la inscripción de las respectivas partidas de defunción95.




  1. El 30 de abril de 1997 el Comandante General de la Primera División de las Fuerzas Especiales elaboró un informe sobre la ejecución del Plan de Operaciones “Chavín de Huántar”96.




  1. Investigación de los hechos e inicio del proceso penal ante el fuero común




  1. El 18 de diciembre de 2000 se publicaron en la prensa peruana y, en concreto, en el periódico “El Comercio”, unas declaraciones del ex rehén Hidetaka Ogura en las que afirmaba haber visto que tres miembros del MRTA fueron capturados vivos, pero que posteriormente el gobierno había difundido que todos los emerretistas habían muerto en combate97. A raíz de dichas declaraciones, en diciembre de 2000 y enero de 2001, se presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público alegando la ejecución extrajudicial de algunos emerretistas98.




  1. Recibida la denuncia, el 4 de enero de 2001 el Ministerio Público dispuso abrir una investigación policial y remitió lo actuado al Equipo de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, a fin de que se procediera a realizar las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos denunciados99. La Fiscalía Provincial Especializada ordenó la exhumación de los cuerpos de los miembros del MRTA100 y la práctica de exámenes médicos tendientes a determinar la causa y la forma o mecanismo de muerte, así como la identificación de cada uno de los cuerpos101. Por otro lado, la Fiscalía remitió a la División Central de Exámenes Tanatológicos y Auxiliares (“DICETA”) del Instituto de Medicina Legal del Perú (en adelante también “IML”) los protocolos de necropsias parciales de los catorce emerretistas fallecidos durante la operación “Chavín de Huántar” a fin de que determinara “si se efectuaron las autopsias de acuerdo de las normas médicas y legales vigentes para muertes violentas”102. El 28 de febrero de 2001 se remitieron los pronunciamientos médico legales, estableciéndose que no se habían cumplido las previsiones legales sobre la apertura obligatoria de la cavidad craneal, pectoral y abdominal103. Además, se estableció que no se habían consignado los datos antropomórficos y que los diagnósticos de causa de muerte eran “muy generales” y “sin sustento científico”104.




  1. Las exhumaciones iniciaron el 12 de marzo de 2001 y finalizaron el 16 de marzo del mismo año105. Para este fin, se procedió a la exhumación de cada uno de los fallecidos, levantamiento del cadáver y traslado a la Morgue Central de Lima; se realizaron las necropsias oportunas (examen externo e interno de cada cadáver); estudios radiográficos y exámenes odontológicos, antropológicos, biológicos, anatomo-patológicos y balísticos106. A partir del 19 de marzo se llevaron a cabo los estudios tanatológicos y exámenes especiales, en presencia de un equipo de fiscales adjuntos a la Fiscalía Provincial Especializada, peritos oficiales designados por la Fiscalía (los señores Clyde C. Snow y José Pablo Baraybar, expertos del Equipo Peruano de Antropología Forense107), representantes de la Asociación Pro-Derechos Humanos, de la Procuraduría Ad-hoc, peritos médicos de la parte denunciante y peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú108. Al mismo tiempo, la Fiscalía ordenó exámenes de ADN a cargo del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, España109.




  1. En julio110 y agosto111 de 2001 se emitieron los informes periciales solicitados por la Fiscalía Provincial Especializada (supra párr. 175). El IML determinó que “la [d]iligencia del levantamiento de cadáver en la escena del suceso y la [p]rimera [n]ecropsia, no aporta[ban] suficientes elementos de juicio para la determinación de la manera de muerte”112. La Fiscalía ordenó que estos informes se mantuvieran en reserva puesto que “la difusión de los mismos, podría […] perjudicar el debido esclarecimiento de los hechos”113.




  1. El informe de los antropólogos forenses Clyde C. Snow y José Pablo Baraybar, de julio de 2001, concluyó que los catorce emerretistas recibieron lesiones de proyectiles en cabeza y/o cuello. En particular, encontró que en el 57% de los casos, esto es, en ocho casos de los catorce, se registró un tipo de lesión que “perforó la región posterior” del cuello por “la primera y tercera vértebra cervical”, saliendo a través de la “primera vértebra cervical, en la región de la cara”114. Ello llevó a la inferencia de que “la posición de la víctima con respecto al tirador fue siempre la misma y que la movilidad de la víctima, por lo tanto, fue mínima si no igual a `0´”115. El informe concluyó que existían evidencias de que, en al menos ocho casos, “las víctimas se habrían hallado incapacitadas al ser disparadas”116. Estos ocho casos incluían al NN14, correspondiente a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, pero no al NN9, correspondiente a Víctor Salomón Peceros Pedraza, ni al NN10, correspondiente a Herma Luz Meléndez Cueva. El informe se refirió específicamente al NN14, quien según los autores “requ[ería] un comentario aparte”, pues “este individuo recibió sólo un disparo en la región posterior del cuello a través de la primera vértebra cervical. A diferencia de los demás casos citados [NN2, NN3, NN4, NN6, NN7, NN11, NN13], este individuo no había sido incapacitado por lesiones infligidas en alguna otra parte del cuerpo”117. Esto les llevó a la conclusión de que “dado que la región en que recibió el impacto (región posterior del cuello) es una región poco accesible a un tirador y más aún si es que el blanco es móvil, este individuo tuvo que haber sido inmovilizado para que luego se le disparase”118.




  1. El informe del Instituto de Medicina Legal, de agosto de 2001, señaló específicamente en relación con las presuntas víctimas del presente caso, que Víctor Salomón Peceros Pedraza presentaba nueve lesiones por proyectil de arma de fuego: tres en la cabeza, tres en el tórax, dos en el abdomen-pelvis y una en los miembros; y que Herma Luz Meléndez Cueva presentaba catorce: siete en la cabeza, una en el cuello y seis en el tórax119. Respecto de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el informe realizado por el IML indicaba la existencia de tres lesiones por proyectil de arma de fuego: una en el cuello, una en el abdomen-pelvis y una en los miembros120. En su sección relativa a los hallazgos tanatológicos de lesiones, el informe determinó que el cadáver de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez presentaba una “lesión perforante por proyectil del arma de fuego, con entrada en la región posterior izquierda del cuello y salida en la región lateral derecha de la cabeza”121. El informe añadió que, por las características de las lesiones en el cráneo, se podía inferir que la víctima se hallaba en un plano inferior al victimario, quien se habría encontrado atrás y a su izquierda122. En esta sección no se describieron otras lesiones en el cuerpo de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Por su parte, las conclusiones del protocolo de necropsia incluidas en el informe únicamente describen las lesiones en el encéfalo producidas por un proyectil de arma de fuego123.




  1. Según el contenido del informe del IML, Florentino Peceros Farfán, padre de Víctor Salomón Peceros Pedraza; Herma Luz Cueva Torres, madre de Herma Luz Meléndez Cueva, y Lucinda Rojas Landa participaron en dichos exámenes124. Además, los familiares se involucraron en el proceso de identificación de los cuerpos125.




  1. El 20 de agosto de 2001 el señor Hidetaka Ogura remitió una carta al Poder Judicial del Perú, a través de la cual puso en conocimiento de las autoridades su versión de los hechos en relación con tres emerretistas, a saber los conocidos como “Tito” y “Cynthia”, así como otro emerretista posteriormente identificado como Víctor Salomón Peceros Pedraza126 (infra párrs. 297 y 326).




  1. El 24 de mayo de 2002 la Fiscalía Provincial Penal Especializada formalizó denuncia penal contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huamán Ascurra, Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles, Hugo Víctor Robles del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Jesús Zamudio Aliaga, Raúl Huaracaya Lovón, Walter Martín Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas y Tomás César Rojas Villanueva, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza127. La Fiscalía decidió no ejercer acción penal “por ahora” en torno al fallecimiento de otros emerretistas128 “debiendo en todo caso, recabarse mayores elementos de juicio respecto a la forma y circunstancias en que se produjo su fallecimiento”129. Asimismo, formalizó denuncia contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari de la Fuente y Herbert Danilo Ángeles Villanueva por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia –delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de encubrimiento real en agravio- del Estado130 y acordó remitir copias certificadas de lo actuado a la Fiscalía de la Nación para los fines de la investigación contra el entonces ya ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori131.




  1. El 11 de junio de 2002 el Tercer Juzgado Penal Especial abrió la instrucción en vía ordinaria en contra de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huamán Ascurra, Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Hugo Víctor Robles del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Raúl Huaracaya Lovón, Walter Martín Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas y Tomás César Rojas Villanueva por el presunto delito de homicidio calificado en perjuicio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza; y en contra de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huamán Ascurra, Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles y Jesús Zamudio Aliaga, por el presunto delito de homicidio calificado en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez132. A su vez, el juez dictó mandato de comparecencia restringida respecto de todos los procesados, con excepción de Zamudio Aliaga contra quién se dictó mandato de detención133. Se declaró no haber lugar a la apertura de instrucción contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari de la Fuente y Herbert Danilo Ángeles Villanueva por el delito contra la Administración de Justicia, en concreto por un delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de encubrimiento real, en perjuicio del Estado134.




  1. La contienda de competencia y el fuero militar




  1. El 24 de mayo de 2002, esto es, el mismo día en que el Fiscal Provincial Especializado formalizó su denuncia ante el Tercer Juzgado Penal Especial (supra párr. 182), el Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos judiciales del Ejército del Perú presentó una denuncia ante la Sala de Guerra del CSJM contra los comandos que habían participado en la operación Chavín de Huántar por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y penado en los artículos 179 y 180 del Código de Justicia Militar, así como la comisión del delito de violación de gentes previsto y penado por el artículo 94 del citado Código, y el delito de homicidio calificado previsto y penado en el Libro Segundo, Título Primero, Capítulo 1, del Código Penal, aplicable por remisión del artículo 744 del Código de Justicia Militar en agravio de algunos integrantes del MRTA135.




  1. El 28 de mayo de 2002 el Fiscal Titular de la Vocalía de Instrucción se pronunció favorablemente sobre la denuncia136 y, al día siguiente, la Sala de Guerra resolvió abrir instrucción contra el personal militar que participó en el operativo por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación del derecho de gentes y de homicidio calificado en perjuicio de Roli Rojas Fernández, Luz Dina Villoslada Rodríguez, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva137. En dicha investigación no estaba expresamente incluido como agraviado Eduardo Nicolás Cruz Sánchez138 (infra párr. 225).




  1. El 20 de junio de 2002 el Fiscal Titular de la Vocalía de Instrucción solicitó al Presidente de la Sala de Guerra que cursara oficio al Tercer Juzgado a fin de que se inhibiera del conocimiento de la causa y remitiera todo lo actuado ante al fuero militar, “por ser el competente para el conocimiento de los presentes hechos”139.




  1. El 26 de junio de 2002 la Sala de Guerra resolvió solicitar al Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima que se inhibiera del conocimiento de la instrucción número 19-2002140.




  1. El 1 de agosto de 2002 la señora María Genara Fernández, madre del agraviado Roli Rojas Fernández, presentó un escrito solicitando su apersonamiento en el procedimiento ante el fuero militar como parte civil141. Al día siguiente, se resolvió tenerla por apersonada142. El 13 de agosto de 2002 realizó una declaración preventiva en el marco de dicha causa y se le otorgó acceso al expediente143.




  1. La Vocalía de Instrucción del CSJM presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la República una solicitud de contienda de competencia, la cual fue resuelta por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 16 de agosto de 2002144. La Corte Suprema de Justicia dirimió la contienda de competencia a favor del fuero militar en relación con los comandos implicados en el operativo y ordenó continuar con la instrucción en el fuero común únicamente en relación con los “elementos ajenos a dichos comandos”, a saber, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga. El razonamiento fue el siguiente:

[…] Que, el operativo militar […] se planificó y ejecutó por orden del entonces Presidente de la República, Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, para preservar el orden interno y la seguridad nacional, gravemente afectados por el ataque armado de un grupo terrorista […], lo cual amerita calificar la intervención de los Comandos Militares como un hecho producido en zona declarada en estado de emergencia al que por lo tanto debe aplicarse el artículo décimo de la Ley veinticuatro mil ciento cincuenta, que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicio en zonas declaradas en estado de excepción están sujetos a la aplicación del Código de Justicia Militar y que las infracciones que cometan aquellos en ejercicio de sus funciones tipificadas en dicho Código son de competencia del Fuero Privativo Militar, salvo las que no tengan vinculación con el servicio, como en efecto lo son las personas no comprendidas en el auto [de apertura] de instrucción expedido por la Jurisdicción Militar;

[…] Que, habiendo actuado el grupo militar constituido y entrenado para ello, en la operación de rescate de los rehenes en acatamiento a una orden superior, en un escenario de claro enfrentamiento militar, [en] caso de haberse producido infracciones o excesos punibles previstos en el Código de Justicia Militar, durante su intervención, tal eventualidad debe considerarse como producida en ejercicio de la función, correspondiendo por lo tanto que sus autores sean sometidos a la jurisdicción del fuero militar con arreglo al ordenamiento contenido en el Código de Justicia Militar; que, por otra parte, constituye argumento esencial y resulta de estricta aplicación lo dispuesto en el artículo ciento setentitrés de la Constitución Política del Estado, en cuanto dispone que en el caso de delito de función los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar y que esta disposición es aplicable a los civiles en el caso de delitos de Traición a la Patria y de Terrorismo; siendo el caso además, que los hechos punibles materia de la competencia se encuentran comprendidos en el Código de Justicia Militar como delito de violación del derecho de gentes […];

[…] Que, lo dispuesto por el artículo trescientos veinticuatro del Código de Justicia Militar, debe adecuarse a lo que manda [e]l artículo ciento setentitrés de la Constitución Política del Estado, toda vez que los pretendidos agraviados actuaron como un grupo armado integrante de la organización terrorista “Túpac Amaru” […], de allí que resulta impropio considerarlos como elementos civiles;

[…] Que, la determinación de la competencia respecto a la investigación y juzgamiento de los excesos que se hubieren producido, concluido que fue el rescate de los rehenes, en los cuales estarían involucrados personal militar, integrantes del grupo de comandos y personal ajeno a dicho cuerpo, debe efectuarse con estricta sujeción a lo normado por los artículos trescientos cuarentidós y trescientos cuarentitrés del Código de Justicia Militar, esto es, que cada jurisdicción, la militar y la civil conozcan en forma independiente el delito que corresponda con arreglo a la legislación penal pertinente;

[…] Que, [… los] integrantes del cuerpo de Comandos, han actuado en una operación militar en cumplimiento de una orden impartida con arreglo a la Constitución, por autoridad con capacidad de hacerlo y que las infracciones de naturaleza delictiva en que hubieren incurrido corresponde sean conocidos por el Fuero Militar, cosa que no ocurre con los elementos ajenos a dichos comandos, quienes habrían actuado de ser el caso, como infractores y autores de delitos comprendidos en la legislación común y que por lo tanto deben permanecer sujetos a la Jurisdicción del Fuero Común;

[…] Que, respecto a los encausados en el Fuero común Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermo[z]a Ríos, Roberto Huamán A[s]curra y Jesús Zamudio Aliaga, personas ajenas al operativo militar involucrados, en la investigación sobre posibles ajusticiamientos extrajudiciales contra terroristas rendidos, configurarían un caso de [v]iolación a los Derechos Humanos tipificado como delito de Lesa Humanidad, similar a otros casos reabiertos en el Fuero Común, por lo que sería pertinente la acumulación de procesos […] tanto más que todos ellos derivan de la misma voluntad criminal […]145.




  1. Luego de efectuar varias medidas de pruebas, el Vocal Instructor emitió su informe final dirigido al Presidente de la Sala de Guerra del CSJM en el cual realizó un análisis de los hechos y su relación con las pruebas. Entre sus conclusiones sostuvo que: (i) no se ha acreditado que en la fase previa a la ejecución del “Plan Nipón 96” se haya dado la orden escrita o verbal, o por algún otro medio, de eliminar o dar muerte indiscriminadamente a todos los miembros del MRTA; (ii) los integrantes del equipo Delta 8 tuvieron la responsabilidad de dominar el cuarto “I”, verificar y evacuar a los rehenes que lo ocupaban, quienes en su mayoría eran funcionarios de la Embajada japonesa en el Perú y empresarios japoneses; (iii) que en dicho cuarto fueron hallados los cuerpos de los emerretistas Peceros Pedraza y Meléndez Cueva con signos de haber recibido múltiples disparos de arma de fuego, los cuales les causaron la muerte; (iv) que los autores de los disparos que causaron dichas muertes son probablemente Alvarado Díaz y Paz Ramos, y (v) que de las pruebas no se había acreditado fehacientemente que los disparos que causaron esas muertes hayan sido efectuados en circunstancias que fueran previamente puestos en estado de indefensión por haberse rendido o estar heridos. Por ende, el Vocal Instructor consideró que no se había acreditado la autoría o participación de los inculpados en la muerte de los emerretistas Peceros Pedraza, Meléndez Cueva, Villoslada Rodríguez y Rojas Fernández146.




  1. El 15 de octubre de 2003 la Sala de Guerra del CSJM resolvió sobreseer la causa por los delitos de violación del derecho de gentes, abuso de autoridad y homicidio calificado, “por no existir prueba alguna que acredite la comisión del delito instruido”147. Al respecto, consideró que:

[…] asumiendo las Fuerzas Armadas […] el control del orden interno, […] amerita calificar la intervención de los comandos militares como un hecho producido en zona declarada en Estado de Emergencia, por lo que los hechos fueron consecuencia de actos del servicio o de los deberes de función y la ilicitud que se hubiera derivado del ejercicio de ésta se tipifica como delito de función, existiendo una relación de causa a efecto entre la función y los hechos ilícitos atribuidos, encontrándose expedita la jurisdicción penal militar a tenor de lo preceptuado en […] la Constitución Política del Perú, por reunir los requisitos siguientes: a) los imputados son personal militar en situación de actividad, b) actuaron en cumplimiento de las funciones asignadas en la operación militar, c) el bien jurídico tutelado constituye la disciplina y protección de los valores que sustentan la vida militar y d) los hechos denunciados están tipificados en los artículos noventa y cuatro, ciento setenta y nueve y ciento ochenta del Código de Justicia Militar; que los hechos […] acontecieron como producto de un enfrentamiento entre los comandos […] y la agrupación subversiva […] organizada y pertrechada como fuerza militar […] en una contienda con características de un enfrentamiento militar, en la que existieron fallecidos y heridos por ambos bandos donde es necesario evaluar las condiciones necesarias de la legítima defensa y las circunstancias que rodearon el enfrentamiento, la peligrosidad de los agentes subversivos que se encontraban provistos de armamento y pertrechos de guerra […] y que en todo momento demostraron su actitud beligerante propia de agrupaciones terroristas y donde se encontraba en grave riesgo la vida de los rehenes […], habiendo fallecido […] Carlos Giusti Acuña y dos comandos partícipes, resultando además, heridos de gravedad varios rehenes y comandos, lo que demuestra la dureza del enfrentamiento […], por lo que realizando una apreciación objetiva era necesario evaluar las condiciones necesarias para preservar la integridad física y la vida de los rehenes […];

[…] que la versión de las ejecuciones extrajudiciales […] sólo se sustenta en la declaración jurada formulada por […] Hidetaka Ogura […], que estas aseveraciones no han sido constatadas ni ratificadas a nivel jurisdiccional por el manifestante […];

[…] los comandos […] actuaron en legítima defensa de la vida humana y en estricto cumplimiento a sus deberes de función amparados en la Constitución […];

[…] por la propia naturaleza de lo acontecido, no es posible saber certeramente cu[á]l de todos los disparos causó la muerte de cada uno de los emerretistas y menos qui[é]n lo hizo; que siendo esto así no está acreditada la comisión de los delitos de violación del derecho de gentes, abuso de autoridad y homicidio calificado en agravio de los mencionados emerretistas, pues las muertes de los sediciosos han sido producto de los enfrentamientos, no habiéndose demostrado que haya existido las ejecuciones imputadas al no existir prueba incontrovertible y fehaciente en autos que permita demostrar lo contrario, máxime si los hechos acontecieron en un escenario de lucha con fuego cruzado […];

[…] que las pericias más acuciosas y completas respecto de los estudios tanatológicos de los cadáveres […] han tenido lugar trascurridos más de cuatro años de producidos los hechos, lo que generó por ejemplo que los signos de Benassi, que permiten determinar la cercanía del arma cuando fue disparada […] no se encuentran presentes […]148.




  1. La decisión de la Sala de Guerra fue confirmada el 5 de abril de 2004, mediante resolución de la Sala Revisora del CSJM que dispuso aprobar el auto que había sobreseído la causa “por no existir prueba alguna que acredit[ara] la comisión del delito instruido”149. El 23 de septiembre de 2004 se resolvió archivar definitivamente la causa150.




  1. Continuación del proceso penal ante el fuero común




  1. Por auto de 11 de julio de 2002 el Tercer Juzgado Penal Especial de Lima tuvo por constituido en parte civil a Edgar Odón Cruz Acuña, hermano del agraviado Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, en el proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez151. También se le concedió la apelación que había interpuesto contra la decisión de 11 de junio de 2002 (supra párr. 183), en cuanto al extremo que ordenó medida cautelar de mandato de comparecencia restringida así como en contra de la decisión de no abrir instrucción contra Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari de la Fuente y Herbert Danilo Ángeles Villanueva152. La Fiscalía Superior Penal Especializada propuso que se confirmara este extremo impugnado153.




  1. Por escrito de 15 de julio de 2002 la señora Herma Luz Cueva Torres, madre de la agraviada Herma Luz Meléndez Cueva, se constituyó en parte civil en el proceso penal. El Tercer Juzgado Penal Especial le requirió acreditar su parentesco, lo que la interesada hizo con la partida de nacimiento, que se dio por recibida por auto de 26 de diciembre de 2002. Dicha resolución no la constituyó, sin embargo, en parte civil. En vista de la secuencia procesal y en aras de garantizar la tutela jurisdiccional, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República se pronunció a favor de considerarla como parte civil en la causa en su decisión sobre el recurso de nulidad resuelto el 24 de julio de 2013154.




  1. Por auto de 4 de septiembre de 2002 el Tercer Juzgado Penal Especial tuvo a la señora Nemecia Pedraza Chávez, madre del agraviado Víctor Salomón Peceros Pedraza, por constituida en parte civil en el referido proceso penal155.




  1. El 9 de septiembre de 2002, una vez resuelta la contienda de competencia entre el fuero común y el militar, el Tercer Juzgado Penal Especial continuó con el conocimiento de los hechos atribuidos a los sindicados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga156.




  1. El 2 de abril de 2003 la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó parcialmente el auto de 11 de junio de 2002 (supra párr. 183), y acordó la apertura de la instrucción contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari de la Fuente y Herbert Danilo Ángeles Villanueva por el delito de encubrimiento real157.




  1. El 30 de junio de 2003 el Tercer Juzgado Penal Especial ordenó abrir instrucción en vía sumaria y se ordenó mandato de comparecencia contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari de la Fuente y Herbert Danilo Ángeles Villanueva158.




  1. El 12 de agosto de 2003 se acumuló el proceso seguido por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado al proceso penal seguido contra Vladimiro Montesinos Torres y otros, seguido por el delito de homicidio calificado159.




  1. El 14 de abril de 2003, con base en los informes periciales y los testimonios, la Fiscalía Provincial Especializada consideró que se encontraba acreditada la responsabilidad penal de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Roberto Huamán Ascurra por la comisión del delito de homicidio calificado en perjuicio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Asimismo, consideró acreditada la responsabilidad penal de los mismos y de Jesús Zamudio Aliaga por la comisión del mismo delito en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez160.




  1. El 3 de octubre de 2003 se tuvo al Estado como tercero civilmente responsable en el proceso seguido en el fuero común, con base en la petición de la parte civil161.




  1. El 15 de octubre de 2004, en respuesta a los recursos interpuestos por los procesados, el Tercer Juzgado Penal Especial ordenó la inmediata libertad de Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Roberto Edmundo Huamán Ascurra, al considerar que “el plazo ordinario de detención […] se ha[bía] vencido inexorablemente, no por desidia en el accionar de este Juzgado, sino que los autos fueron elevados con los informes finales a la Superior Sala Penal Especial con fecha [3] de [n]oviembre [de] 2003, permaneciendo ocho meses en ese estadio siendo devuelto el [7] de [j]ulio [de] 2004”162.




  1. El 21 de marzo de 2005 la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de la República que determinara qué juzgado debía conocer del caso, en razón de la variación de la situación jurídica de un detenido en un proceso iniciado en otro juzgado163. El 22 de septiembre de 2005 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República determinó que debía conocer la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima164.




  1. El 31 de agosto de 2006 la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la excepción planteada por la defensa de Juan Fernando Dianderas Ottone y Martín Fortunato Luis Solari de la Fuente y determinó que la acción penal instaurada en su contra por complicidad en el delito de encubrimiento real en agravio del Estado había prescrito. Dispuso, en consecuencia, el archivo definitivo del proceso165.




  1. El 22 de septiembre de 2006 la Tercera Fiscalía Superior acusó a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Roberto Edmundo Huamán Ascurra como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Asimismo, acusó a las mismas personas y a Jesús Zamudio Aliaga como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez166. Además, formalizó acusación contra Herbert Danilo Ángeles Villanueva como autor inmediato y contra Martín Fortunato Luis Solari de la Fuente y Juan Fernando Dianderas Ottone como autores mediatos del delito de encubrimiento real en agravio del Estado167.




  1. El 20 de octubre de 2006 la Tercera Sala Penal Especial declaró de oficio prescrita la acción penal contra Herbert Danilo Ángeles Villanueva por el delito de encubrimiento real168.




  1. El 21 de noviembre de 2006 la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima dictó auto de enjuiciamiento y declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos Torres y Roberto Edmundo Huamán Ascurra como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza; y contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huamán Ascurra y Jesús Salvador Zamudio Aliaga como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez169. Asimismo, declaró reo contumaz al acusado Jesús Salvador Zamudio Aliaga, ya que a pesar de “tener pleno conocimiento del proceso que se le sigue [por] haber apersonado a su abogado […], muestra una conducta procesal elusiva”170.




  1. El 3 de abril de 2007 se señaló el 18 de mayo de ese año como fecha para el inicio del proceso oral, tras una solicitud de la defensa de posponer el inicio del juicio oral171.




  1. El 18 de mayo de 2007 se inició el juicio oral ante la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima con el colegiado integrado por los jueces superiores José Antonio Neyra Flores, Manuel Alejandro Carranza Paniagua y Carlos Augusto Manrique Suárez, quien actuó como Director del Debate172.




  1. El 7 de enero de 2009 se produjo un cambio en la composición de la Tercera Sala Penal Especial como consecuencia de la promoción del juez José Antonio Neyra Flores a la Corte Suprema de Justicia de la República173. Se designó como presidente de la Sala al juez Iván Sequeiros Vargas. Así pues, la Tercera Sala Penal Especial pasó a estar integrada por los jueces superiores Iván Sequeiro Vargas, Manuel Alejandro Carranza Paniagua y Carlos Augusto Manrique Suárez, quien continuó como Director del Debate.




  1. El 23 de julio de 2009 el Consejo Nacional de la Magistratura resolvió no ratificar en el cargo de juez penal al señor Carlos Augusto Manrique Suárez. El 31 de agosto de 2009 éste interpuso recurso extraordinario contra la mencionada decisión, el cual fue declarado infundado el 30 de septiembre de 2009174. Siendo así y habiéndose producido ya un cambio de magistrado, el 15 de octubre de 2009 la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima resolvió declarar “quebrada la audiencia pública, subsistiendo los medios probatorios actuados en el [j]uicio [o]ral” y se reservó la fecha para el inicio del nuevo juicio oral en el “más breve plazo”175.




  1. El 7 de enero de 2010 la Tercera Sala Penal Especial, conformada por los jueces superiores Iván Sequeiros Vargas, Manuel Alejandro Carranza Paniagua – quien asumió la Dirección del Debate – y Sonia Liliana Téllez Portugal176, emitió una resolución señalando el inicio del nuevo juicio oral para el 19 de marzo de 2010177.




  1. Por auto de 5 de julio de 2010, el proceso fue declarado complejo “en atención a su entidad y dificultad”178.




  1. Mediante Resolución N° 001-2011-P-CSJL/PJ se dieron los cambios de magistrados del año judicial 2011. Se dispuso que asumiera la presidencia de la Tercera Sala Penal Especial el juez Ramiro Salinas Siccha, quien remplazó al juez Iván Sequerios Vargas. La Sala quedó integrada por los jueces superiores Ramiro Salinas Siccha, Manuel Alejandro Carranza Paniagua y Sonia Liliana Téllez Portugal179.




  1. El 20 de mayo de 2011 se produjo un nuevo quiebre de la audiencia durante la tramitación del proceso penal. En efecto, la magistrada Téllez Portugal solicitó licencia por motivos de salud y habiéndose producido ya un cambio de magistrado, de acuerdo con la legislación vigente, se declaró quebrada la audiencia, “subsistiendo los medios probatorios documentales, periciales y los de difícil reproducción actuados en el [j]uicio [o]ral”180.




  1. El 25 de mayo de 2011 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima asumiera a exclusividad el trámite del proceso penal por el caso “Chavín de Huántar” y otros dos procedimientos adicionales181.




  1. La composición de la Tercera Sala Penal Liquidadora quedó redefinida íntegramente el 16 de mayo de 2011182. La Sala, compuesta esta vez por los jueces superiores Carmen Liliana Rojjasi Pella, Carolina Lizárraga Houghton y Adolfo Fernando Farfán Calderón, dispuso, mediante auto de 20 de mayo de 2011, que el juicio oral definitivo iniciara el 1 de junio de 2011183.




  1. El 5 de octubre de 2012 se dio por clausurado el debate tras ciento nueve sesiones184.




  1. El 15 de octubre de 2012 la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió absolver a Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos Torres y Roberto Edmundo Huamán Ascurra de las acusaciones fiscales formuladas en su contra por autoría mediata del delito de homicidio calificado en agravio de Herma Luz Meléndez Cueva, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. En relación con el procesado contumaz Jesús Salvador Zamudio Aliaga resolvió reservar su juzgamiento hasta que fuera habido, oficiándose para su inmediata ubicación y captura a nivel nacional, así como para el impedimento de salida del país. En consecuencia, esta causa se archivó provisoriamente185.




  1. La Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima se pronunció sobre si había existido una orden de dar muerte indiscriminada a los emerretistas. En concreto, el tribunal señaló lo siguiente:

[… q]ueda demostrado que la disposición dada por el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de División Nicolás de Bari Hermoza Ríos bajo cuyo supuestos se confeccionaría el Plan de Operaciones ordenado llamar “Nipón 96” era de respeto absoluto a los Derechos Humanos y que se preveía la evacuación de los subversivos, por ende ello significaba la consideración que en estos últimos hubiera heridos o detenidos, en otras palabras no hubo orden alguna de dar muerte indiscriminada a los captores […]186.




  1. Para la Sala, el caso no constituía un delito de lesa humanidad. En este sentido, el tribunal estableció:

[…] no nos encontramos ante un delito de lesa humanidad, que es un concepto criminológico, fundamentalmente porque no se cometió en el marco de una política estatal de eliminación selectiva ni sistemática de un grupo subversivo, no habiéndose probado diseño, planificación ni control de los más altos niveles de poder del Estado, y ejecutada por agentes públicos – efectivos de inteligencia militar bajo el marco de una política estatal – dirigidos por el SIN187.




  1. La sentencia de la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora estableció por mayoría, con respecto a los emerretistas, que las muertes de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza se habían producido en combate188. La Sala llegó a esta conclusión a partir de los siguientes elementos: (i) la declaración de dos comandos que habían admitido haber dado muerte en combate a Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza cuando ingresaron armados al cuarto “I” en el momento en que se realizaba la evacuación de los rehenes japoneses; (ii) que todos los emerretistas muertos presentaban un gran número de disparos, al igual que Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, lo que se debía a que los comandos se desplazaban en pareja por los ambientes de la residencia y efectuaban disparos al observar a un emerretista; (iii) que los dictámenes periciales no determinaron la consecución de los disparos, por lo que no se podía establecer cuál de ellos había sido de necesidad mortal; (iv) que la única versión incriminatoria era la de Hidetaka Ogura, quien no pudo tener la visión suficiente para ver que los dos agraviados se rendían, dado que la escalera metálica colocada en el balcón, por donde descendían los rehenes liberados, no permitía observar estos supuestos hechos189.




  1. Con respecto a la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el tribunal estableció lo siguiente:

[L]as pericias glosadas a lo largo del proceso […] demuestran que el emerretista apodado “Tito” muere a causa de un sólo disparo en la cabeza que se produce a una distancia, por mayoría, entre sesenta centímetros a seis o siete metros, que cabe la posibilidad que el cuerpo al momento del impacto haya tenido movilidad casi nula o la cabeza un tanto gacha, y por último el proyectil que le impacta en la cabeza es de calibre nueve milímetros. Lo que […] lleva a concluir en principio, por mayoría, que este subversivo fue muerto luego de ser detenido y que como último hecho comprobado es que estuvo en poder de los efectivos policiales del servicio de inteligencia nacional bajo el mando de Zamudio Aliaga (circunstancia que deberá ser esclarecida en proceso penal) sea al momento de su detención como posteriormente […]190.




  1. Asimismo, bajo el apartado F de la sentencia titulado “Ejecución extrajudicial”, el tribunal, tras señalar que ésta no se encontraba considerada como delito autónomo en el Código Penal peruano191, estableció lo siguiente:

De lo actuado en este proceso penal queda probado la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez quien fue detenido o aprehendido por dos efectivos policiales pertenecientes al Servicio de Inteligencia Nacional pues los ambientes de la residencia ya habían sido dominados y los rehenes habían sido evacuados hacia las casas aledañas de la residencia del embajador japonés, luego aparece yaciente en una zona comprendida entre la Casa 01 y la residencia propiamente dicha con sólo un impacto de proyectil de bala con ingreso en el lado izquierdo del cuello de necesidad mortal y es visto en esta zona custodiado por personal del Servicio de Inteligencia Nacional, a lo que además debemos tener en cuenta las opiniones sobre la distancia desde la que se produce el disparo, la posición del cuerpo de Cruz Sánchez al momento de ser impactado con la bala y el calibre del proyectil que puede ocasionar este tipo de herida; empero no se ha podido establecer que esto haya ocurrido por mandato o disposición de alguno de los procesados presentes dentro de lo que se ha venido llamando “cadena de mando paralela” es decir la producción de la comisión del delito como devenir de una política de Estado192.




  1. La Tercera Sala se pronunció también sobre el alcance de las decisiones judiciales emitidas por el fuero militar y determinó que la decisión de sobreseimiento dictada en dicho fuero incluía el caso de la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, a pesar de que el auto de apertura dictado por dicho fuero no lo incluyera como agraviado. En concreto, el tribunal sostuvo lo siguiente:

Estas resoluciones judiciales emitidas en el fuero militar se basan en la presunta ejecución extrajudicial de cuatro integrantes del grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru identificados como Roli Rojas Fernández, Víctor Salomón Peceros Pedraza, Herma Luz Meléndez Cueva y Luz Dina Villoslada Rodríguez, cuando éstos se encontraban rendidos al término de la operación citada; es decir, el auto apertorio del fuero privativo militar no consideraba como agraviado a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez; empero según el criterio del Colegiado por mayoría, teniendo en cuenta que el fuero civil dirime competencia a favor del fuero militar para que también pase a conocimiento de ellos el caso de los señores Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles contra los que se aperturara instrucción en el fuero común por la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez se colige que la resolución de Sobreseimiento del fuero militar comprende a este agraviado tal es así que la resolución suprema militar sentencia de fecha [5 de abril de 2004] asume competencia en base a la dirimencia de fueros por el precitado Cruz Sánchez […], lo que no exime a esta Sala Penal profundizar sobre el tema dentro del contexto de la autoría mediata a esclarecer respecto de los procesados en juzgamiento193.




  1. La Tercera Sala también realizó consideraciones sobre la competencia del fuero militar para conocer de este tipo de delitos. En concreto, señaló lo siguiente:

Si bien podemos discrepar sobre la competencia del órgano jurisdiccional militar en el conocimiento de este tipo de delito, debemos admitir la existencia de una sentencia emitida por dicho fuero que conserva su presencia al no haber sido invalidada por autoridad alguna; es más, la competencia sobre el personal militar interviniente fue convalidada por la más alta instancia jerárquica que es la Corte Suprema de Justicia de la República194.




  1. En el punto resolutivo quinto de su fallo, el tribunal concluyó que las circunstancias de la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez eran distintas a las de los emerretistas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, pues se había establecido “meridianamente” para el caso del primero que en su muerte había participado personal perteneciente al Servicio de Inteligencia Nacional ajeno a la “Patrulla Tenaz”, y decidió elevar, de acuerdo con la legislación interna, copia certificada de lo actuado a la Fiscalía Suprema en lo Penal para que se dispusieran las investigaciones pertinentes195.




  1. La sentencia de la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora fue recurrida el 29 de octubre de 2012 por el Fiscal Adjunto Superior de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios196, por la parte civil que representaba a los agraviados Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva, y por la parte civil que representaba al agraviado Eduardo Nicolás Cruz Sánchez197.




  1. La Fiscalía alegó en su recurso de nulidad que existían pruebas suficientes que evidenciaban la responsabilidad penal de los acusados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Roberto Edmundo Huamán Ascurra. La Fiscalía basó su recurso de nulidad en los siguientes motivos198: (i) que “la Sala no admit[iera] irregularidades en la etapa de la investigación tendiente al ocultamiento de huellas, pruebas y/o vestigios”; (ii) que “las necropsias parciales preferenciales realizadas a los cuerpos de los emerretistas en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, se efectuaron en contra del ordenamiento legal vigente a la fecha de los hechos”; (iii) que “la Sala Penal consider[ara] que se mant[enía] intacta las consideraciones [sic] médico legal plasmada en las necropsias llevadas a cabo en los restos óseos de los miembros del MRTA que fueran realizadas por el Instituto de Medicina Legal en el año 2001”; (iv) la existencia de un “vicio flagrante en la elaboración del acta de identificación y levantamiento de cadáveres […]”; (v) que “la técnica de tiro utilizado en la operación militar fue la denominada ‘Tiro Instintivo Selectivo – TIS’”; (vi) que “el jefe de la Patrulla Tenaz sos[tuviera] que sólo le reportaron la muerte de 13 terroristas, pero nadie le reportó la forma y circunstancias cómo se produjo la muerte [de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez]”; (vii) que la “unidad contraterrorista que llevó a cabo la operación militar […] no tuvo entre sus integrantes a miembros del Servicio de Inteligencia Nacional”; (viii) que “la Sala Penal no reconc[iera] que el Teniente Coronel del Ejército Peruano Jesús Salvador Zamudio Aliaga se encontraba subordinado al Teniente Coronel [del] Ejército Peruano Roberto Edmundo Huamán Ascurra”; (ix) que “la Sala Penal [consideró que se habían respetado] los Derechos Humanos [y], sin embargo, se h[abría] probado que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez […] fue capturado y luego ejecutado”; (x) que “se en[contraba] acreditada la comunicación existente entre Jesús Zamudio Aliaga y el Coronel José Williams Zapata”; (xi) que la “Sala Penal sos[tuviera] que el perímetro de la residencia también era[…] zona de presencia militar; (xii) sobre “la presencia de Roberto Huamán Ascurra en el interior de la residencia del Embajador de Japón portando arma de fuego”; (xiii) sobre “la calidad de delito de lesa humanidad de los hechos materia de juzgamiento”; (xiv) que “el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori acorde a sus facultades constitucionales, en la década de los 90’ dirigió la guerra interna y externa del país”; (xv) sobre “la orden de Huamán a Manuel Himerón Ramírez Ortiz de que iba a integrar la Patrulla Tenaz, como tal, al momento de la ejecución del operativo militar [e] iba a combatir y filmar”;(xvi) sobre “la participación de Vladimiro Montesinos Torres, antes, durante y después de la operación militar […] y su responsabilidad en los hechos […]”; (xvii) que “Vladimiro Montesinos Torres ordenó a Fernando Gamero Febres la inhumación de los cuerpos de los MRTA”; (xviii) que “Vladimiro Montesinos Torres era jefe de facto del SIN y no asesor […]”;(xix) que “se reconoc[iera] la posición de Roberto Huamán Ascurra como hombre de confianza de Vladimiro Montesinos Torres”; (xx) que “dada la naturaleza y características de los hechos, no e[ra] posible exigirse la existencia de prueba directa, por lo que, debe recurrirse a la prueba indirecta”; (xxi) que el “abogado de Nicolás Bari Hermoza Ríos […] recono[ció] que [en] el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez […] sí se produjo un homicidio”; (xxii) sobre la “disposición de Roberto Huamán Ascurra para que miembros del […] ‘SIN’ ingres[aran] y particip[aran] en la ejecución del operativo militar”.




  1. Las partes civiles que representaban a los agraviados Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, así como a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, basaron sus respectivos recursos de nulidad en que existían suficientes elementos probatorios para sustentar una condena199.




  1. Por decreto de 13 de noviembre de 2012 se dio traslado del expediente al Fiscal Supremo en lo Penal para que emitiera dictamen, lo que hizo en fecha 26 de abril de 2013 en el sentido de que se declarara no haber nulidad en la sentencia recurrida200.




  1. El 25 de mayo de 2013, a solicitud de diversas partes en el proceso penal, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República fijó fecha para una vista oral, la cual se celebró el 10 de julio de 2013. En dicha vista oral participaron letrados en representación de los agraviados Herma Luz Meléndez Cueva, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, y del encausado Nicolás de Bari Hermoza Ríos; el Procurador Público del Ministerio de Defensa, y el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros201.




  1. El 24 de julio de 2013 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió la decisión resolviendo los recursos de nulidad interpuestos. Con respecto a la muerte de los emerretistas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, la sentencia estableció lo siguiente:

[… E]n el presente caso, la versión de Hidetaka Ogura, respecto de los agraviados Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, no es creíble y no tiene puntos de corroboración; es decir, no constituye indicio, probado y concluyente y, menos, grave. Las pruebas de descargo enervan la atendibilidad de su versión. Por otro lado, las pruebas forenses hacen mención, finalmente, a un fuego cruzado, en combate, no a una ejecución sumaria de unos emerretistas vencidos y desarmados202.




  1. Asimismo, en relación con la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, la decisión determinó lo siguiente:

[… R]especto de la muerte de Cruz Sánchez, sólo queda definir si la ejecución extrajudicial del aludido agraviado –en función al hecho declarado probado en la sentencia de instancia– fue ordenada por los encausados Hermoza Ríos, Montesinos Torres y Huamán Ascurra.

Ya se ha descartado la existencia de una supuesta línea de mando paralela. Los policías Torres Arteaga y Robles Reynoso sólo mencionan a Zamudio Aliaga, aunque este último lo niegue.

Es cierto que el teniente coronel EP Zamudio Aliaga era miembro del SIN y en su línea de mando se encontraba el teniente coronel EP Huamán Ascurra y el asesor presidencial Montesinos Torres, y el COT lo integraba este último, así como el general EP Hermoza Ríos, Jefe del CCFFAA, entre otros. Tal hecho, empero, tiene el carácter de un indicio lejano –su grado de probabilidad en relación al hecho indicado no posee un alto grado de probabilidad– y, por cierto, de carácter contingente –no necesario–. La operación militar duró muy poco tiempo, fue precisa y efectiva, y se contó, conforme se ha dejado sentado, con unas directivas en caso de heridos y capturados del MRTA. […]



[… E] n consecuencia, sólo puede afirmarse que esa ejecución extrajudicial –así considerada por la Sala Sentenciadora, lo que no ha sido materia de impugnación– fue un crimen aislado, que no formó parte de la operación y de los planes elaborados en las instancias superiores203.


  1. Finalmente, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró no haber nulidad en la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de Lima204.




  1. El 10 de enero de 2014 el Fiscal Supremo Titular de la Segunda Fiscalía Suprema Penal acordó que se “remit[ieran] copias suficientes al Fiscal Provincial que corresponda a fin [de] que se investigue[n] los hechos”205 concernientes a la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, de conformidad con lo indicado en el punto resolutivo quinto de la sentencia de 15 de octubre de 2012 (supra párr. 227).




  1. Proceso penal contra Alberto Fujimori Fujimori y Manuel Tullume Gonzáles




  1. El 4 de agosto de 2003 la Fiscalía de la Nación, en atención a la prerrogativa del antejuicio que poseía el ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, presentó denuncia ante el Congreso de la República contra éste por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, a fin de que se aprobara su acusación constitucional y se permitiera su procesamiento. En dicha denuncia, se sostuvieron dos hipótesis respecto a la supuesta ejecución de los emerretistas: por un lado, que habría sido un hecho previamente dispuesto desde el diseño mismo del operativo y, por el otro, que habría sido el resultado de una decisión inmediatamente posterior a la captura, tomada por el Presidente Alberto Fujimori Fujimori206.




  1. El 12 de junio de 2007 la Fiscalía Provincial Penal Especializada en delitos contra los Derechos Humanos formalizó denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori como presunto coautor de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, y contra Manuel Tullume Gonzáles como presunto cómplice secundario de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez207.




  1. El 16 de julio de 2007 el Tercer Juzgado Penal Especial abrió la instrucción contra Fujimori Fujimori y declaró no ha lugar a la apertura de la instrucción en contra de Tullume Gonzáles208. El 1 de agosto de 2007 la Fiscalía apeló la decisión de no apertura de la instrucción contra Manuel Tullume Gonzáles y la orden de mandato de comparecencia restringida respecto de Alberto Fujimori Fujimori 209.




  1. El 29 de octubre de 2007 se solicitó a la República de Chile la ampliación de la extradición del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República la declaró procedente el 18 de febrero de 2008, ordenando remitir el cuaderno de extradición210.




  1. El 31 de enero de 2008 la Fiscalía solicitó al Tercer Juzgado Penal Especial una ampliación del plazo de instrucción, lo que fue concedido el 5 de febrero de 2008211.




  1. Mediante dictamen de 30 de abril de 2008, la Fiscalía, a solicitud de la parte civil, solicitó que se ampliara el auto de apertura de instrucción para tenerse al Estado peruano como tercero civilmente responsable212.




  1. El 28 de agosto de 2008 la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió revocar la decisión del Tercer Juzgado Penal Especial y ordenó abrir proceso penal contra Manuel Tullume Gonzáles, como presunto cómplice secundario por el delito de homicidio calificado en agravio de Herma Luz Meléndez Cueva, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y dispuso mandato de detención contra Alberto Fujimori Fujimori213. En cumplimiento de lo resuelto por la Sexta Sala Penal Especial, mediante resolución de fecha 30 de marzo de 2009, el Tercer Juzgado Penal Especial amplió el auto de apertura de instrucción para incluir a Manuel Tullume Gonzáles, y dictó mandato de comparecencia restringida en su contra214.




  1. El 5 de octubre de 2011 la Tercera Fiscalía Superior Liquidadora Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictaminó que había mérito para pasar a juicio oral contra Alberto Fujimori Fujimori y Manuel Tullume Gonzáles215. La Cuarta Sala Penal Liquidadora declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra los acusados mediante auto de enjuiciamiento de fecha 15 de noviembre de 2011, señalando fecha de inicio de juicio para el 12 de diciembre de 2011 y reservaron provisionalmente el juzgamiento del encausado Fujimori Fujimori hasta que se resolviera la solicitud de extradición216.




  1. No ha sido aportada información o documentación que evidencie la situación actual de este proceso.




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