Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015



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Estado manifestó que la aceptación de la realización de la diligencia por la Corte ha sido “una medida que amplía la gama de medios probatorios con las que se encuentra en mejor posibilidad de conocer y evaluar los hechos y el derecho”. El Estado consideró que la diligencia permitió que los jueces de la Corte conocieran en el terreno de los hechos y en el lugar en el que entrenó la Fuerza Especial del Estado peruano (“Patrulla Tenaz”), los pormenores de la operación de rescate de rehenes según el Plan de Operaciones “Nipón 96”, tomándose en cuenta que se buscó superar algunas limitaciones materiales, por lo que solicitó a la Corte que valorara “cuidadosamente este medio probatorio”.




  1. Para los representantes, debe otorgarse a la diligencia de reconstrucción de hechos “un valor meramente contextual y no es relevante en lo que respecta a los hechos del caso”. En particular, indicaron que: (i) este caso no se refiere al operativo en su conjunto, sino a los hechos específicos en los que habrían ocurrido las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza; (ii) durante la diligencia, el Estado omitió cualquier referencia a lo ocurrido a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y no brindó explicación alguna sobre el lugar donde fue encontrado su cuerpo, y (iii) el Estado no relacionó la escenificación de lo ocurrido con Meléndez Cueva y Peceros Pedraza con ninguna de la prueba incluida en el expediente. En suma, para los representantes las distintas escenas que se representaron durante la diligencia “tenían como fin escenificar el combate de manera general y no la forma en que ocurrieron los hechos específicos del caso”. Por tal motivo, solicitaron a la Corte que estableciera que la diligencia de reconstrucción de los hechos llevada a cabo el 24 de enero de 2014 tiene solamente un valor contextual y carece de valor probatorio en lo que se refiere a los hechos en controversia en este caso.




  1. La Comisión consideró que la controversia objeto del presente caso no coincide con el objeto de la diligencia de reconstrucción de hechos y resaltó tres aspectos que a su criterio resultan centrales para la valoración de esta diligencia por parte de la Corte: (i) la réplica de la residencia del Embajador de Japón no es exacta en comparación con la residencia original, como por ejemplo la ausencia de una escalera adicional entre el primer y segundo piso de la residencia, la cual no fue incorporada en la réplica; (ii) la réplica no es completa, dado que la parte trasera de la residencia, donde fue encontrado el cuerpo de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y presumiblemente tuvo lugar su ejecución extrajudicial, no estaba incluida en la réplica de la residencia ni, consecuentemente, fue parte de la diligencia de reconstrucción de hechos, y (iii) durante la diligencia se representó el actuar de diversos miembros de MRTA, incluidas las presuntas víctimas del caso la cual no correspondería necesariamente a la sucedido en la realidad sino que era, en palabras del Estado “a título ilustrativo” y aproximada. Agregó que, independientemente de la ausencia de valor probatorio de la diligencia de reconstrucción derivada de cada uno de estos aspectos, para la Comisión la diligencia de reconstrucción de los hechos tendría un “alcance probatorio limitado” respecto de la manera en que efectivamente ocurrió el Operativo Nipón 96 o Chavín de Huántar y un “alcance probatorio nulo” respecto de la manera en que tuvo lugar la muerte de Eduardo Nicolas Cruz Sanchez, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva. Además, la Comisión resaltó la dificultad de otorgar valor probatorio a la diligencia de reconstrucción de los hechos, cuando la misma no habría sido claramente relacionada por parte del Estado con la totalidad de la prueba que obra en el expediente. La Comisión concluyó que la diligencia efectuada “no constituyó una reconstrucción de hechos propiamente tal, sino más bien, una representación de la posición de una de las partes en el marco de un litigio”.




  1. Con respecto a la diligencia, cuyo objetivo era constatar el ámbito físico-espacial en el cual sucedieron los hechos jurídicamente relevantes que se encuentran esencialmente controvertidos (supra párr. 133), la Corte estima que la misma ha brindado una visión general de importante carácter ilustrativo que permitió a la Corte situarse en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la operación de rescate de rehenes a fin de dimensionar, comprender y enmarcar los hechos específicos que constituyen la base de las alegadas violaciones sometidas a su conocimiento. En esta línea, la Corte otorga validez a dicha diligencia y la valorará dentro del conjunto de las pruebas del proceso y bajo las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta especialmente los aspectos señalados por los representantes y por la Comisión. En este sentido, los argumentos de las partes serán objeto de valoración en lo pertinente a lo largo de los próximos capítulos.


VIII
HECHOS



  1. Contexto




  1. Para establecer el contexto relativo al conflicto armado en el Perú, la Corte ha acudido reiteradamente1 a las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante “CVR”), con posterioridad a la publicación de su Informe Final el 28 de agosto de 2003, la cual había sido creada por el Estado en el año 2001 para “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”2. El informe fue presentado a los distintos poderes del Estado, los cuales reconocieron sus conclusiones y recomendaciones y actuaron en consecuencia, adoptando políticas que reflejan el alto valor que se le ha dado a este documento institucional3. Dicho informe es un referente importante, pues brinda una visión integral del conflicto armado en el Perú. En el presente caso la Comisión, el Estado y los representantes sustentaron sus consideraciones sobre el contexto haciendo referencia al Informe de la CVR que forma parte del acervo probatorio del caso. Consiguientemente, la Corte lo utilizará como parte fundamental de la prueba del contexto político e histórico contemporáneo a los hechos.




  1. En casos anteriores la Corte ha reconocido que, desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares4. Según el Informe Final de la CVR, entre los grupos armados del conflicto se encontraba el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (en adelante “Sendero Luminoso”) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (“MRTA”). Sendero Luminoso tomó la decisión de iniciar una denominada “guerra popular” contra el Estado para imponer su propio ideal de organización política y social en el Perú5, lo cual “fue la causa fundamental para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú”6.




  1. En el año 1982 se fundó la organización Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (“MRTA”), inspirada en las guerrillas de izquierda de otros países de la región, la cual tenía como objetivo el desarrollo de la lucha armada para la consecución de sus fines7. Al comenzar su “guerra revolucionaria del pueblo” en 1984, el MRTA contribuyó a la inseguridad vivida durante varios años en el Perú y la violación de derechos fundamentales de los peruanos y las peruanas8. La CVR puso de relieve que, entre los hechos imputables al MRTA, la toma de rehenes y los secuestros con fines políticos y/o económicos tuvieron un impacto particular en la sociedad peruana, dada la forma y las condiciones en que se llevaron a cabo9.




  1. Los hechos de violencia promovidos por Sendero Luminoso y el MRTA provocaron la pérdida de numerosas vidas y bienes, además del sufrimiento causado a la sociedad peruana en general. Según la CVR, el número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno peruano se puede estimar en 69.280 personas, cuyas proporciones serían como sigue: “46% provocadas por el PCP-Sendero Luminoso[,] 30% provocadas por Agentes del Estado […] y 24% provocadas por otros agentes o circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado)”10.




  1. En el marco de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, las fuerzas policiales y militares también incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. Agentes de seguridad estatales perpetraron detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en muchos casos contra personas sin vínculo alguno con los grupos armados irregulares11. En casos anteriores, esta Corte ha reconocido que dicho conflicto se agudizó en medio de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso y el MRTA, prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales12.




  1. La “toma” de la residencia del Embajador de Japón en el Perú por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)




  1. En la noche del 17 de diciembre de 1996 se conmemoraba el aniversario del natalicio del Emperador japonés Akihito con una recepción en la residencia del entonces Embajador de Japón en el Perú, señor Morihisa Aoki, situada en el distrito limeño de San Isidro13. Asistían aproximadamente seiscientas personas. Entre las personas presentes se encontraban magistrados de la Corte Suprema, congresistas, ministros de Estado, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, diplomáticos, políticos y hombres de negocios14.




  1. Mientras transcurría la reunión, catorce miembros del MRTA descendieron de una ambulancia con los distintivos de “Alerta Médica”, estacionada frente a un inmueble colindante con la residencia del Embajador de Japón15. Los integrantes del MRTA (en adelante también llamados “emerretistas”) eran: Néstor Fortunato Cerpa Cartolini, alias “Evaristo”, quien comandaba la operación; Roli Rojas Fernández, alias “Árabe”; Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, alias “Tito”; Luz Dina Villoslada Rodríguez, alias “Gringa”; Alejandro Huamaní Contreras; Adolfo Trigoso Torres; Víctor Luber Luis Cáceres Taboada; Iván Meza Espíritu, alias “Pitin” o “Bebé”; Artemio Shingari Rosque, alias “Alex” o “Coné”; Herma Luz Meléndez Cueva, alias “Cynthia” o “Melissa”; Bosco Honorato Salas Huamán; Víctor Salomón Peceros Pedraza; Edgar Huamaní Cabrera, y otra persona aún no identificada16.




  1. El grupo de emerretistas, quienes cargaban fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, pistolas, revólveres, granadas de mano, explosivos y máscaras antigás, entre otros equipos militares17, ingresaron al inmueble contiguo a la residencia del Embajador de Japón y, a través de un hueco que abrieron en la pared mediante cargas explosivas, entraron en la residencia, redujeron al personal de seguridad y tomaron como rehenes a todos los invitados18.




  1. El proceso de negociación entre el gobierno y los emerretistas




  1. Ante esta situación, el mismo 17 de diciembre de 1996 se declaró mediante Decreto Supremo N° 063-96-DE-CCFFAA el estado de emergencia en el distrito limeño de San Isidro19. El entonces Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori Fujimori convocó para la medianoche una reunión de emergencia con su gabinete ministerial. Se designó al Ministro de Educación, Domingo Palermo, como negociador con los emerretistas20. Una hora después, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logró comunicarse con los emerretistas para ofrecer su intermediación humanitaria21. Finalmente, se conformó una Comisión de Garantes, presidida por Domingo Palermo y compuesta también por representantes extranjeros, con el fin de buscar una solución pacífica a través del diálogo22.




  1. Dentro de las demandas de los emerretistas destacaba la liberación de los miembros del MRTA encarcelados y que éstos fueran traslados a la selva central junto a los integrantes del grupo que ocupaba la residencia23, así como diversos cambios en la política económica y el pago de un “impuesto de guerra”24. Asimismo, los emerretistas planteaban la excarcelación de sus líderes recluidos en el penal de Yanamayo y en la Base Naval del Callao25.




  1. Entre el 17 de diciembre de 1996 y enero de 1997 los emerretistas liberaron a la mayoría de los rehenes, quedando en la residencia 72 personas26. Durante el período comprendido entre dicha última fecha hasta la ejecución de la operación de rescate el 22 de abril de 1997 (infra párr. 161) hubo diversas negociaciones entre el gobierno y los emerretistas27.




  1. A inicios de marzo, el Presidente Fujimori Fujimori visitó Cuba y otros países a fin de encontrar lugares que podrían recibir a los emerretistas28. El 6 de marzo de 1997 Néstor Fortunato Cerpa Cartolini, líder del grupo emerretista (supra párr. 145), anunció la suspensión de las conversaciones al descubrir que las fuerzas de seguridad estaban cavando un túnel por debajo de la residencia29. El 12 de marzo de 1997 se reanudó el diálogo mediante una reunión entre el interlocutor del Gobierno peruano y los representantes del MRTA30. Asimismo, el 21 de marzo de 1997 la Comisión de Garantes formuló un llamado al Gobierno y al MRTA y manifestó que su límite estaba “llegando a un posible punto final”31. Néstor Fortunato Cerpa Cartolini no aceptó la propuesta de obtener asilo en Cuba e insistió en sus demandas32. Además, anunció nuevamente la suspensión del diálogo acusando al gobierno de preparar una incursión en la residencia mediante un túnel33. Como último esfuerzo, en el mes de abril de 1997, el Presidente Fujimori Fujimori, con el fin de impulsar las negociaciones, aceptó liberar a tres subversivos y posteriormente a otros tres más, pero su propuesta no fue aceptada por la cúpula emerretista34.




  1. La planificación del “Plan de Operaciones Nipón 96” o “Chavín de Huántar”




  1. Paralelamente al proceso de negociaciones, el Presidente Fujimori Fujimori ordenó la elaboración de un plan de rescate de los rehenes que integrara a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional (en adelante también “SIN”)35. Para ello, ordenó al entonces Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, y al entonces asesor del SIN, Vladimiro Montesinos Torres, así como a los altos mandos militares, que elaboraran un plan operativo militar de contingencia dirigido a la liberación de los rehenes y la toma de la residencia del Embajador para el caso de que las negociaciones fracasaran36.




  1. Se instituyó a este fin un Centro de Operaciones Tácticas (en adelante “COT”), donde se preparó el plan. La preparación del plan se asignó, por orden superior, al Comandante General de la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército, General de Brigada EP Augusto Jaime Patiño, también jefe del COT37. Éste encomendó su planeamiento y ejecución al Coronel de Infantería EP José Daniel Williams Zapata, de la Primera División de las Fuerzas Especiales38. El Plan de Operaciones, redactado en enero de 1997, recibió el nombre de “Nipón 96”. Esta operación de rescate sería conocida más tarde como “Chavín de Huántar”39.




  1. El objetivo del “Plan de Operaciones Nipón 96” (en adelante también “Plan Nipón 96” u “operación de rescate `Chavín de Huántar´”) era dominar el inmueble para “capturar o eliminar a los terroristas del MRTA y rescatar a los rehenes, a fin de establecer el estado de derecho y contribuir a la consolidación de la pacificación nacional”40. Para ello, según el Plan, se debían disponer “medidas y acciones destinadas a prevenir o neutralizar acciones terroristas […] y no deber[ía] cometerse ningún tipo de excesos, manteniendo un irrestricto respeto a los [derechos humanos], sin que esto signifi[cara] dejar de actuar con energía”41.




  1. La configuración del Plan de Operaciones comprendía una cadena de mando militar estructurada en tres niveles. El primer nivel se atribuía al General de Brigada EP Augusto Jaime Patiño, y el segundo nivel se distribuía entre el Coronel de Infantería EP Alfredo Reyes Tavera, el Mayor de Infantería EP Jaime Muñoz Oviedo, el Coronel de Infantería EP Paul da Silva Gamarra, el Coronel de Infantería EP Edmundo Díaz Calderón y el Capitán de comunicaciones Mayor EP José Fernández Fernández. Bajo el mando del Coronel de Infantería EP José Daniel Williams Zapata se formó la Unidad Contra Terrorista o Patrulla de Intervención Contraterrorista, denominada “Patrulla Tenaz”, que se erigió en un tercer nivel, quien tenía como adjuntos al Coronel de Infantería EP Luis Alatrista Rodríguez y al Capitán de Fragata AP Carlos Alberto Tello Aliaga42, y estaba integrada por aproximadamente ciento cuarenta y dos comandos, oficiales y sub-oficiales de las Fuerzas Armadas43. El 20 de diciembre de 1996 los comandos comenzaron sus entrenamientos y ensayos, primeramente, en una maqueta de madera y, posteriormente, en la réplica de la residencia que se hizo construir especialmente en la Base Militar ubicada en la Avenida Las Palmas, del distrito de Chorrillos44.




  1. La “Patrulla Tenaz” se dividió en dos grupos, subdivididos a su vez en cuatro equipos. Al primer grupo se le denominó “Grupo de Asalto Alfa” y en el “Plan Nipón 96 “se le asignaba la misión de dominar el primer piso de la residencia y de rescatar a los rehenes que permanecieran en ese lugar45. Este grupo tenía como jefe al Coronel de Infantería EP Benigno Leonel Cabrera Pino y como adjunto al Teniente Coronel de Infantería EP Jorge Orlando Fernández Robles46. Al segundo grupo se le bautizó como “Grupo de Asalto Delta” y se le asignó la dominación del segundo piso de la residencia y el rescate de los rehenes que permanecieran en ese lugar47. Este grupo tenía como jefe al Coronel de Infantería EP Hugo Víctor Robles del Castillo y como adjuntos a los Mayores de Infantería EP Víctor Hugo Sánchez Morales y Renán Miranda Vera48.




  1. El “Grupo de Asalto Alfa” se subdividió en cuatro equipos49: (1) el equipo Alfa uno al mando del Mayor de Infantería EP César Augusto Astudillo Salcedo; (2) el equipo Alfa dos al mando del Capitán de Ingeniería EP Héctor García Chávez; (3) el equipo Alfa tres al mando del Mayor de Infantería EP Carlos Vásquez Ames, y (4) el equipo Alfa cuatro al mando del Mayor de Ingeniería EP Raúl Pajares del Carpio. El “Grupo de Asalto Delta” se subdividió igualmente en otros cuatro equipos50: (5) el equipo Delta cinco al mando del Mayor de Infantería EP Luis Alberto Donoso Volpe; (6) el equipo Delta seis al mando del Capitán de Infantería EP Ciro Alegría Barrientos; (7) el equipo Delta siete al mando del Capitán de Infantería EP Armando Takac Cordero, y (8) el equipo Delta ocho al mando del Capitán de Infantería EP Raúl Huarcaya Lovón.




  1. Para la ejecución del “Plan Nipón 96” se contó, además, con el apoyo de otros siete grupos51: (1) el Grupo de Francotiradores, a cargo del Mayor de Ingeniería EP José Bustamante Albújar, que brindaba seguridad al equipo de asalto y estaba dispuesto a disparar si algún emerretista ponía en peligro la vida de rehenes o comandos durante el operativo; (2) el Grupo de Seguridad al mando del Teniente Coronel de Infantería EP Juan Alfonso Valer Sandoval, subdividido en dos equipos, “cuya misión era brindar seguridad a los grupos de asalto que ingresaban en la residencia por el túnel principal y rescataban a los rehenes”52; (3) el Grupo de Apoyo y Evacuación al mando del Teniente Coronel de Infantería EP Juan Chávez Núñez, subdividido en tres equipos: (a) un primer equipo al mando del Teniente Coronel de Infantería EP César Díaz Peche; (b) un segundo equipo al mando del Teniente Coronel de Infantería EP Roger Zevallos Rodríguez, y (c) un tercer equipo al mando del Mayor de Artillería EP José Flor Marca, cuyas acciones consistían, en lo principal, en proporcionar tratamiento médico de emergencia y evacuación a los rehenes, comandos y emerretistas heridos, realizar la evacuación de los rehenes ilesos y de forma coordinada con los grupos de asalto entregar el inmueble a las autoridades correspondientes53; (4) el Grupo de Personal de las casas aledañas al mando del Teniente Coronel EP Jesús Salvador Zamudio Aliaga, cuya misión era brindar seguridad a los diferentes inmuebles aledaños a la residencia, los cuales habían sido alquilados para la operación de rescate por orden del Teniente Coronel EP, integrante del SIN, Roberto Edmundo Huamán Ascurra54; (5) el Grupo Personal de Seguridad de las calles aledañas, a cargo del Coronel PNP Jesús Artemio Konja Chacón, encargado de brindar seguridad a las calles Marconi, Burgos y Barcelona55; (6) el Grupo Personal del SIN, a cargo del asesor de inteligencia del Presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, y (7) el Grupo de Personal SIN-DIE (“Dirección de Inteligencia Estratégica”), encargado del traslado de los rehenes y comandos heridos a los hospitales de la Policía Nacional del Perú y del Ejército Peruano.




  1. Asimismo, el “Plan Nipón 96” preveía desarrollar una maniobra de tres tiempos56. El primer tiempo, denominado fase de “aproximación”, tenía como objetivo ejecutar un desplazamiento motorizado en secreto desde las instalaciones de la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército hasta los inmuebles ubicados en las calles Marconi y Tomas Edison, los cuales fungirían de punto de reunión. El segundo tiempo, denominado como “acción en el objetivo”, se distribuía en tres fases: durante la primera fase los grupos de asalto se desplazarían desde los puntos de reunión hasta los puntos estratégicos del inmueble; durante la segunda, se colocaría dinamita en los lugares estratégicos del inmueble que proveerían el acceso a la residencia; en la tercera fase se daría inicio a la cuenta regresiva de “5” a “0” y los comandos iniciarían “la incursión violenta y simultánea” para dominar el inmueble. Finalmente, durante el tercer tiempo, una vez dominado el inmueble, se evacuaría a los heridos, primero a los rehenes y miembros de las fuerzas de seguridad intervinientes y, posteriormente, a los emerretistas; para luego evacuar a aquellos que hubieran resultado ilesos. Se contaría con el respaldo del Grupo de Apoyo y Evacuación, que intervendría para el tratamiento, clasificación y evacuación de los rehenes y los emerretistas. Asimismo, se contemplaba la incorporación durante este tiempo de fiscales nombrados por el Consejo Supremo de Justicia Militar (“CSJM”), quienes ingresarían con orden a la residencia del Embajador de Japón57.




  1. La labor de inteligencia del operativo estuvo a cargo de Vladimiro Montesinos Torres (supra párr. 157) por orden del Presidente de la República. Vladimiro Montesinos Torres encomendó al Teniente Coronel EP Roberto Edmundo Huamán Ascurra las labores de explotación de la información que se obtenía secretamente del interior de la residencia, interceptación de comunicaciones telefónicas, introducción de micrófonos y grabación de las actividades de los emerretistas y rehenes, formulación de la réplica de la residencia del Embajador del Japón, realización de tomas fotográficas y filmaciones, y apoyo logístico a los participantes en la operación militar58, mientras que al Teniente Coronel EP Jesús Salvador Zamudio Aliaga le encargó la construcción de los túneles y la seguridad en las casas aledañas a la residencia del Embajador59.







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