Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


B. Segunda excepción preliminar: “Excepción de falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna”



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B. Segunda excepción preliminar: “Excepción de falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna”
Argumentos del Estado, de la Comisión y de los representantes


  1. El Estado manifestó que adujo la presente excepción preliminar oportunamente en la etapa de admisibilidad en el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Señaló que la Comisión “hizo caso omiso a las consideraciones del Estado [sobre la complejidad del caso en lo que respecta a la actuación de un elevado número de medios de prueba], emitiendo un Informe de Fondo, el cual ha conllevado que el caso pase a la Corte, resultando una incoherencia el hecho de tener un proceso en el sistema interamericano con un pronunciamiento sobre el fondo de la […] Comisión cuando el proceso penal en sede interna, el cual es el ámbito natural donde se tiene que dilucidar si se cometieron las alegadas ejecuciones extrajudiciales, no ha[bía] concluido aún”. Agregó que, al analizar la presente excepción, la Corte debe tomar en cuenta la situación vigente al momento en que la Comisión se pronunció sobre la admisibilidad de la petición, esto es, el 27 de febrero de 2004, pues según el Estado cualquier falta de legalidad en las actuaciones de la Comisión en su Informe de Admisibilidad debe ser analizada bajo las circunstancias de ese momento, en el cual no se cuestionaba por injustificado o, por lo menos, no había sido debidamente fundamentada la supuesta vulneración al plazo razonable. Añadió también que existiría otro proceso penal en sede interna seguido contra Alberto Fujimori Fujimori por el delito de homicidio calificado en agravio de Cruz Sánchez, Meléndez Cueva y Peceros Pedraza; y en contra de Manuel Tullume Gonzáles como presunto cómplice secundario del mismo tipo penal en agravio de Cruz Sánchez, proceso que aún no habría concluido.




  1. La Comisión, por su parte, señaló que si bien el Estado informó en la debida oportunidad sobre la contienda de competencia entre la jurisdicción militar y la ordinaria, y presentó información sobre ambos procesos, nada argumentó en relación con la idoneidad o falta de idoneidad del proceso penal militar para investigar los hechos del caso y que de su escrito solo se desprendería la existencia de “un proceso penal pendiente”, el cual al no haber sido calificado como militar debía entenderse como ordinario. Asimismo, subrayó la Comisión que, en la etapa de admisibilidad, el Estado no habría presentado ningún argumento específico con relación al proceso penal militar, el cual a esa fecha se encontraba abierto. Fue en la etapa de fondo ante la misma y, posteriormente en el proceso ante la Corte, que el Estado se habría referido a la supuesta complejidad del caso, siendo que dicho alegato no constituye uno de naturaleza preliminar sino de fondo. En este sentido, aclaró que el análisis del retardo injustificado en la etapa de admisibilidad se realiza bajo un criterio prima facie mientras que el estándar de plazo razonable constituye un análisis de fondo. La Comisión argumentó además que la valoración para aplicar las excepciones del 46.2 de la Convención Americana debe hacerse de manera previa y separada del análisis de fondo, utilizando un estándar distinto al que se emplea para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Señaló al respecto que el Estado no aportó información suficiente en la etapa de admisibilidad, por lo que el informe consideró “el paso del tiempo desde la ocurrencia de los hechos y la falta de avances en la investigación en el fuero ordinario”. Finalmente, la Comisión hizo notar que el proceso en contra de Fujimori Fujimori se formalizó con la denuncia penal en el año 2007, es decir, 10 años después de los hechos y se encontraba pendiente de decisión. Sobre el alegato del Estado en torno a la eventual incoherencia que se produce al mantener un proceso en el sistema interamericano cuando el proceso penal en sede interna no ha concluido, la Comisión destacó que se debe tener presente que precisamente para casos como el presente, en el cual los hechos datan de más de tres lustros y las investigaciones llevaban abiertas más de 10 años sin sentencia firme, la Convención prevé excepciones a la falta de agotamiento de recursos internos y agregó que, a “más de la mitad de los casos conocidos por la Corte […] se les ha aplicado dichas excepciones en la etapa de admisibilidad ante la [Comisión]” y la Corte ha analizado la razonabilidad del plazo en el fondo. En consecuencia, solicitó a la Corte que rechazara la excepción preliminar por improcedente.




  1. Los representantes precisaron que a su entender los alegatos del Estado se restringirían a la aplicación de la excepción de retardo injustificado al proceso penal ordinario, de modo tal que la excepción no debe ser considerada en virtud del principio de estoppel, pues el Estado peruano “reconoció su responsabilidad por exceso en el plazo de tramitación del proceso penal”. Sobre este punto, los representantes alegaron que la excepción interpuesta ahora por el Estado contradice la posición anteriormente citada y que se encuentra impedido de presentarla, por lo que debe ser rechazada. Sobre el proceso seguido ante la jurisdicción militar, alegaron que si bien el proceso había concluido al momento de la emisión del Informe de Admisibilidad por lo que podía señalarse su agotamiento, no lo consideraron un recurso adecuado y, “por lo tanto[,] no debía ser agotado”. En lo que respecta al proceso adelantado ante la jurisdicción ordinaria, sostuvieron que aún cuando el mismo no había concluido eran aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos previstas en el artículo 46.2 a) y c) de la Convención. En este sentido, argumentaron que “al momento de los hechos y por varios años, no existían en el Perú las garantías mínimas del debido proceso” y que el proceso penal que se adelantó para investigar los hechos de este caso en la justicia ordinaria se insertó en ese mismo contexto y se vio marcado por las mismas falencias. Agregaron que la excepción del artículo 46.2.a) de la Convención es perfectamente aplicable atendida la “situación de impunidad generalizada de los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha antiterrorista”. Señalaron, finalmente, que el propio Estado es responsable por el retardo injustificado, toda vez que antes de la apertura del proceso ante la justicia ordinaria, el mismo Estado incurrió en acciones y omisiones tendientes a “obstaculizar las investigaciones y que por lo tanto influyeron en el retraso de las mismas”. En definitiva, solicitaron a la Corte que rechazara la excepción preliminar interpuesta por el Estado.


Consideraciones de la Corte


  1. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana, de conformidad con los artículos 44 o 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos14. La Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios15. Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención16.




  1. Asimismo, esta Corte ha sostenido de manera consistente que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión17. Al alegar la falta de agotamiento de los recursos internos corresponde al Estado especificar los recursos internos que aún no se han agotado, y demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos18. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, de modo tal que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado19.




  1. La Corte recuerda que lo primero que procede determinar, en relación con una excepción preliminar de esta naturaleza, es si la objeción fue presentada en el momento procesal oportuno. En tal sentido, la Corte nota que el Estado presentó en su escrito de observaciones a la petición inicial de 1 de diciembre de 2003 una solicitud a la Comisión de “declar[ar] la inadmisibilidad de la petición Nº 136/2003 conforme a lo establecido en los artículos 46.1.a) [sic] de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la [Comisión]” basada en el hecho de “encontrarse un proceso penal pendiente ante la jurisdicción nacional” y por “no haberse agotado la vía pertinente”20. De esta manera, el Tribunal constata que la objeción fue oportunamente presentada por el Estado.




  1. En respuesta a lo planteado por el Estado, la Comisión consideró en su Informe de Admisibilidad que, aún cuando se encontraba un proceso penal abierto ante el fuero común por la supuesta comisión de delitos relacionados con el presente caso, eran aplicables las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 a)21 y c)22 de la Convención Americana23. Al respecto, es pertinente notar que a la fecha de emisión de dicho informe se había resuelto en la causa principal una contienda de competencia a favor de la jurisdicción militar, la cual había resuelto sobreseer la causa a favor de todos los procesados ante dicha instancia (infra párrs. 189 y 191). Por otro lado, se encontraba abierta ante la jurisdicción ordinaria una investigación penal contra los supuestos autores mediatos, a la cual se había acumulado la instrucción por el delito de encubrimiento real (infra párrs. 197 y 199).




  1. Ahora bien, en lo que se refiere al alegato del Estado ante esta Corte de que resultaría “una incoherencia mantener un proceso ante el Sistema Interamericano cuando aún no ha concluido el proceso penal que se seguía por los mismos hechos en sede interna” (supra párr. 45), la Corte debe recordar que la propia Convención Americana prevé expresamente la posibilidad de declarar admisible una petición en determinados supuestos, aún cuando no se haya configurado el previo agotamiento de los recursos internos al momento de emitir el informe de admisibilidad. Asumir la postura alegada por el Estado implica vaciar de todo contenido y efecto útil la norma del artículo 46.2 de la Convención Americana.




  1. En cuanto a la aplicación de la excepción contenida en el literal “c” por parte de la Comisión al momento de la emisión del Informe de Admisibilidad, la Corte advierte que posteriormente en el año 2011 el propio Estado reconoció responsabilidad por la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal (supra párr. 22) y que la sentencia que confirmó las absoluciones de todas las personas procesadas fue emitida en julio de 2013, ordenándose en el año 2014 una nueva investigación (infra párrs. 233 a 236). Esta Corte recuerda que, según la práctica internacional y conforme con su jurisprudencia, cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en deterioro propio o en beneficio de la contraria, no puede luego, en virtud del principio de estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera24. Por tanto, la excepción interpuesta por el Estado ante esta Corte, cuestionando que la Comisión encontrara un retardo injustificado en la tramitación del proceso ante la jurisdicción ordinaria, y los alegatos presentados por éste en torno a las posibles justificaciones para la demora en la tramitación del proceso interno configuran un cambio en la posición previamente asumida que no es admisible en virtud del principio de estoppel. Por consiguiente, debe desestimarse la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos opuesta por el Estado.


C. Tercera excepción preliminar: “Excepción de control de legalidad del Informe de Fondo No. 66/11 respecto a la determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04”
Argumentos del Estado, de la Comisión y de los representantes


  1. El Estado cuestionó la competencia ratione personae y ratione materiae de la Corte en el presente caso, en razón de que la Comisión habría delimitado expresamente en el Informe de Admisibilidad No. 13/04 cuáles serían las presuntas víctimas y los derechos en discusión, de modo tal que no habría admitido a los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza como presuntas víctimas de la alegada violación del derecho a la integridad personal. Al respecto, el Estado resaltó que todo informe de admisibilidad tiene, entre otras funciones, delimitar la controversia de la fase de fondo en el procedimiento contencioso ante la Comisión, por tanto, “los informes de admisibilidad se convierten en la conditio sine qua non de la discusión sobre los méritos de una petición o denuncia, salvo cuando en circunstancias excepcionales la Comisión decida diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo, en aplicación del artículo 36 de su Reglamento”. En el presente caso, el Estado sostuvo que la Comisión había realizado el tratamiento de la admisibilidad y el fondo por separado, por lo que, si la Comisión había establecido su competencia personal y material, no podía “ampliar arbitrariamente las referidas competencias en la etapa de fondo”, puesto que dicha actividad habría precluido en la fase de admisibilidad. No obstante, según el Estado, la Comisión pretendería “convalidar este vicio procedimental indicando que ‘los peticionarios lo han alegado con posterioridad al Informe de Admisibilidad’”. Sobre este punto, el Estado sostuvo que todo alegato sobre admisibilidad presentado por los peticionarios con posterioridad a la adopción del informe de admisibilidad es improcedente y no faculta a la Comisión a valorarlo en la fase de fondo, según el espíritu de las reglas del sistema de peticiones individuales y lo que establece el artículo 30.5 del Reglamento de la Comisión, pues “[a]ceptarlo viola[ría] el principio de seguridad jurídica debido a que dicha posibilidad no está admitida por ninguna disposición normativa del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”. Asimismo, alegó que el carácter preclusivo de la fase de admisibilidad se evidenciaba en el artículo 30.6 del Reglamento de la Comisión, el cual “[s]i bien se trata de una regla dirigida exclusivamente al Estado, la misma puede ser exigida también a los peticionarios en aplicación del principio de equidad procesal”.




  1. Finalmente, el Estado explicó que en el Informe de Fondo la Comisión concluyó que, “en aplicación del principio iura novit curia”, formularía consideraciones sobre la presunta violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas. Al respecto, el Estado expresó su oposición al no haber sido discutido durante la etapa de admisibilidad y argumentó que la aplicación del referido principio no puede ser arbitraria o sin restricciones. Explicó que, en el presente caso, el límite a la aplicación del mencionado principio se encontraría en la determinación que la Comisión hizo en el Informe de Admisibilidad de su competencia ratione personae. Es decir, a juicio del Estado, en la etapa de fondo la Comisión sólo tenía facultad para declarar violaciones de otros derechos distintos a los admitidos, en función de los hechos probados, pero exclusivamente de las personas que se alega habrían sido ejecutadas. En consecuencia, sostuvo que se habría afectado la seguridad jurídica y la igualdad procesal en el presente caso y la Corte debería ejercer un control de legalidad sobre el Informe de Fondo respecto a la determinación de las presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04.




  1. La Comisión resaltó que, desde la etapa inicial, el Estado tuvo conocimiento de la existencia, e incluso de los nombres, de algunos de los familiares de las presuntas víctimas en virtud de que fueron éstos quienes presentaron la petición. Asimismo, con posterioridad al Informe de Admisibilidad, las partes actualizaron los expedientes judiciales y, a partir de los mismos y con base en los alegados hechos conocidos por el Estado desde la petición inicial y durante el trámite de fondo, la Comisión consideró que daban contenido y presentaban mayores elementos de juicio en relación con la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas. Al respecto, destacó que la supuesta violación se basó en los daños causados por las alegadas ejecuciones y su alegada impunidad, siendo estos dos últimos aspectos materia central desde la petición inicial. En este sentido, la Comisión aclaró que, de acuerdo con su práctica, en el informe de admisibilidad se circunscribe o delimita prima facie y con los elementos de prueba que se tiene en ese momento el objeto del caso que será analizado en la etapa de fondo, por lo que la determinación detallada de los hechos, con base en la prueba recibida, se hace en esta última etapa. Desde la petición inicial y durante todo el trámite ante la Comisión el Estado había tenido conocimiento de la existencia de los familiares de las presuntas víctimas, así como de su participación en los procesos internos, siendo en la etapa de fondo que se dio contenido y se presentaron mayores elementos de juicio al respecto. En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte que rechazara la excepción preliminar por improcedente.




  1. Los representantes coincidieron en que las etapas de admisibilidad y fondo del trámite ante la Comisión tienen fines distintos que no deben ser confundidos entre sí. Al respecto, argumentaron que la etapa de admisibilidad está dirigida al examen de aspectos formales, sin los cuales la Comisión estaría impedida de pronunciarse sobre el asunto sometido a su conocimiento y, dado que se trata de un análisis preliminar, las decisiones adoptadas por la Comisión acerca de la posible existencia de una violación, no establecen límites para el pronunciamiento que ésta pueda adoptar sobre el fondo o la posibilidad de la Corte de pronunciarse al respecto. También coincidieron en que, una vez emitido el informe de admisibilidad, esta etapa procesal precluye y, por tanto, la Comisión no debe valorar los argumentos de admisibilidad presentados por las partes con posterioridad. No obstante, los argumentos relativos a los hechos ocurridos y los derechos violados corresponderían a aspectos relativos al fondo del asunto.




  1. Asimismo, los representantes sostuvieron que el derecho de defensa de ambas partes fue ampliamente respetado, dado que los alegatos acerca de la violación del derecho a la integridad personal de los familiares fueron presentados por primera vez el 22 de abril de 2008 y el Estado habría tenido al menos cinco oportunidades en el período de tres años para presentar alegatos al respecto, durante los cuales no presentó observaciones sobre el particular. Así pues, los representantes sostuvieron que el Estado no podría “pretender excusar su negligencia en el litigio […] en supuestos vicios procesales que nunca existieron”. En relación con la aplicación del principio iura novit curia por parte de la Comisión, los representantes recordaron que el mismo se encuentra sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional y que, tanto la Comisión como la Corte, tenían la posibilidad de aplicarlo, siempre y cuando se respetasen los derechos de las partes, como habría ocurrido en este caso. Más aún, argumentaron que la propia Comisión podría haber incluido motu proprio personas adicionales que considerara, a la luz del ejercicio de sus funciones, que debían ser objeto de protección. Advirtieron además que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, las presuntas víctimas deben ser identificadas en el informe de fondo de la Comisión, como en efecto ocurrió en este caso. Por lo anterior, sostuvieron que el Estado no habría demostrado que la declaración del derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas de este caso constituyó un error grave en el actuar de la Comisión que afectara su derecho a la defensa. Por el contrario, los representantes indicaron que los argumentos versarían sobre desacuerdos con las conclusiones a las que llegó la Comisión, de modo tal que solicitaron a la Corte que desestimara la excepción preliminar interpuesta por el Estado.


Consideraciones de la Corte


  1. En primer lugar, es pertinente recordar que cuando se alega como excepción preliminar un cuestionamiento a la actuación de la Comisión Interamericana en relación con el procedimiento seguido ante ésta, la Corte tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión, siempre que alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error grave que vulnere su derecho de defensa (supra párr. 37). Por consiguiente, tal como ha sido la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, la parte que realiza dicha afirmación debe demostrar efectivamente tal perjuicio. A este respecto, no resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación a lo actuado por la Comisión Interamericana (supra párr. 38).




  1. En lo que se refiere al argumento del Estado respecto al alegado carácter preclusivo de la etapa de admisibilidad ante la Comisión, tomando en cuenta que este mismo Tribunal ha afirmado que las condiciones de admisibilidad de las peticiones (artículos 44 a 46 de la Convención Americana) constituyen una garantía que asegura a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento25, la Corte considera pertinente resaltar que, en los casos en que la Comisión realiza el tratamiento de la admisibilidad y el fondo por separado, la etapa de admisibilidad tiene un carácter preclusivo respecto a los requisitos de los artículos 44 a 46 de la Convención. Existen no obstante determinadas excepciones, como por ejemplo la establecida en el artículo 48.1.c) de la Convención, en que la Comisión puede, después de admitida la petición, “declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes”.




  1. En el presente caso, la Corte nota que la excepción preliminar no se refiere a los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana, sino que el cuestionamiento del Estado a lo actuado por la Comisión se relaciona con el alcance de las personas que pueden considerarse presuntas víctimas en el caso ante esta Corte, así como a determinadas violaciones de derechos humanos establecidas en el Informe de Fondo No. 66/11 por la Comisión. Sobre dicha base es que el Estado solicitó a la Corte que realizara un control de legalidad del Informe No. 66/11. Por lo tanto, corresponde a la Corte determinar si, con base en lo manifestado por el Estado, podría considerarse que la actuación de la Comisión podría constituir un error grave que hubiera afectado el derecho de defensa del Estado, de modo tal que esta Corte se viera impedida de considerar como presuntas víctimas a determinadas personas y, consecuentemente, las violaciones alegadas en perjuicio de las mismas.




  1. En primer lugar, y en relación con la determinación de las presuntas víctimas en el Informe de Fondo que no habrían sido indicadas previamente en el Informe de Admisibilidad de la Comisión, la Corte recuerda que el artículo 35.1 del Reglamento de la Corte dispone que el caso le será sometido mediante la presentación del informe de fondo, que deberá contener “la identificación de las presuntas víctimas”. Corresponde pues a la Comisión identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte26, de modo que después del informe de fondo no es posible añadir nuevas presuntas víctimas, salvo en las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte27, que se refiere a las situaciones en las que no sea posible “identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas”. Por lo tanto, en aplicación del artículo 35, cuyo contenido es inequívoco, es jurisprudencia constante de esta Corte que las presuntas víctimas deben estar señaladas en el informe de fondo previsto en el artículo 50 de la Convención28. En el presente caso, la Comisión identificó a los familiares como presuntas víctimas en el Informe de Fondo No. 66/11 y con ello cumplió con la referida norma reglamentaria.




  1. En segundo lugar, y respecto a la conclusión en el Informe de Fondo No. 66/11 por parte de la Comisión de violación de derechos que no habían sido indicados previamente en el Informe de Admisibilidad, es pertinente recordar la jurisprudencia de la Corte en cuanto a que los derechos indicados en el informe de admisibilidad de la Comisión son el resultado de un examen preliminar de la petición que se encuentra en curso, por lo que no limitan la posibilidad de que en etapas posteriores del proceso puedan incluirse otros derechos o artículos que presuntamente hayan sido vulnerados, siempre y cuando se respete el derecho de defensa del Estado y se mantengan dentro del marco fáctico del caso bajo análisis29.




  1. Al respecto, la Corte nota que desde la denuncia inicial los peticionarios sostuvieron que, una vez culminado el operativo de rescate de los rehenes, al menos tres de los emerretistas habrían sido detenidos y ejecutados sumariamente; sus restos habrían sido ocultados a sus familiares a fin de evitar acciones judiciales; no se habría permitido que los familiares participaran en el reconocimiento y autopsia de los cuerpos; dichos restos habrían sido sepultados clandestinamente en diferentes cementerios de la ciudad de Lima; el fuero militar no habría constituido un recurso efectivo para proteger los derechos de las presuntas víctimas y sus familiares; y al ser dividida la investigación penal y remitida en parte al fuero militar se habría propiciado la impunidad30.




  1. En el Informe de Admisibilidad No. 13/04, la Comisión concluyó que tenía competencia para conocer el fondo del caso y que la petición era admisible en relación con las alegadas violaciones al derecho a la vida, al derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza31. Por otro lado, la Comisión incluyó en la sección denominada “III. Posiciones de las partes” de su Informe de Admisibilidad, los argumentos presentados por los peticionarios, en los siguientes términos:

[…]


11. Concluido el operativo militar de rescate, el levantamiento de los cuerpos de los subversivos fue realizado por fiscales militares, impidiéndose el ingreso de los representantes del Ministerio Público. Los cadáveres no fueron llevados al Instituto de Medicina Legal para la necropsia de ley, sino que de manera irregular, fueron llevados a la morgue del Hospital de la Policía para realizar las autopsias, cuyo contenido se desconoció hasta el año 2001. Tampoco se permitió que sus familiares participaran en el reconocimiento y autopsia de los cuerpos, siendo sepultados clandestinamente en diferentes cementerios de la ciudad de Lima. […]

30. Apuntaron que el trámite ante el fuero privativo militar, no puede constituir un recurso efectivo para proteger los derechos de las víctimas y de sus familiares, y remediar los daños causados. Al haber avocado los hechos la justicia penal militar, lo hizo para proteger a los implicados, por lo que dicho procedimiento, no ofrece las garantías mínimas de independencia e imparcialidad requeridas de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención.



[…]


  1. Durante el trámite de fondo, los peticionarios se refirieron en repetidas oportunidades a los hechos alegados, así como a las presuntas afectaciones que se habrían producido en perjuicio de los familiares32. A partir del 23 de abril de 2008 los peticionarios alegaron de manera clara y específica la violación del derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1, 25.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana), en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza33. Posteriormente, el 8 de febrero de 2011 proporcionaron los nombres de cada uno de los familiares, a saber, Edgar Odón Cruz Acuña, Herma Luz Cueva Torres, Florentino Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe34. Dichos escritos fueron trasladados al Estado oportunamente para que presentase sus observaciones. Finalmente, en el Informe de Fondo aprobado el 31 de marzo de 2011 la Comisión incluyó motu proprio a Lucinda Rojas Landa como familiar (infra párrs. 92 y 97).




  1. En consecuencia, es incuestionable que el Estado tuvo conocimiento de los hechos que sustentan la presunta violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza desde el inicio del trámite del proceso ante la Comisión, por lo que habría podido expresar su posición, de haberlo considerado pertinente. Más aún, se desprende del expediente que en un período de más de siete años, el Estado contó durante el trámite de fondo con al menos seis oportunidades procesales para controvertir los hechos alegados por los peticionarios35 y, al menos en cuatro de ellas, responder específicamente a los alegatos incorporados por los peticionarios sobre la supuesta violación del artículo 5 de la Convención36 y, luego, respecto a la plena identificación de los familiares como presuntas víctimas37. Así pues, es claro que contó con oportunidades procesales para ejercitar su derecho de defensa durante el trámite ante la Comisión. En este sentido, la Corte considera que la decisión de la Comisión de incluir en sus consideraciones del Informe No. 66/11 la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, fundamentándose en el principio iura novit curia y tomando en cuenta que “los hechos que lo sustentan surgen de la información y los documentos aportados por las partes en el transcurso del trámite del presente caso y respecto de los cuales el Estado ha tenido la posibilidad de defenderse y presentar alegatos al respecto”38, no implicó una vulneración al derecho de defensa del Perú.




  1. Tomando en cuenta que la Comisión ha actuado en ejercicio de sus facultades reglamentarias y que no existen razones fundadas para considerar que la actuación de la Comisión habría generado un perjuicio al Estado en su derecho de defensa, la Corte estima que no se configura en el presente caso el presupuesto que permite a este Tribunal revisar el procedimiento ante la Comisión.




  1. En razón de las consideraciones anteriores, la Corte desestima la excepción preliminar presentada por el Estado de control de legalidad del Informe de Fondo No. 66/11 respecto a la determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04.





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