Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015



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80 Cfr. Declaración rendida por José Gerardo Garrido Garrido ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 23 de 9 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 17 a la contestación del Estado, folios 8448 a 8478); Declaración rendida ante fedatario público por José Gerardo Garrido Garrido el 30 de enero de 2014 (expediente de prueba, tomo XXX, affidávits, folio 20711); Declaración rendida por Hugo Sivina Hurtado ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 48 de 15 de febrero de 2012 (expediente de prueba, tomo XII, anexo 17 a la contestación del Estado, folios 9535 a 9536); Declaración rendida por Hugo Sivina Hurtado ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 3 y 4 de febrero de 2014; Declaración rendida por Luis Alejandro Giampietri Rojas ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 43 de 30 de enero de 2012 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo 17 a la contestación del Estado, folios 9274 a 9276); Declaración rendida por Mario Antonio Urrelo Álvarez ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 42 de 27 de enero de 2012 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo 17 a la contestación del Estado, folios 9241 a 9242); Declaración rendida por Emilio Alipio Montes de Oca Begazo ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 42 de 27 de enero de 2012 (expediente de prueba, tomo XIV, anexo 17 a la contestación del Estado, folio 9220 y 9222); Declaración rendida por Carlos Tsuboyama Matsuda ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 36 de 28 de diciembre de 2011 (expediente de prueba, tomo XIII, anexo 17 a la contestación del Estado, folios 8796 y 8800); Declaración testimonial rendida por Luis Edmundo Serpa Segura ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 31 de julio de 2002 (expediente de prueba, tomo XXVII, pruebas de la CVR, folio 19357 a 19360), y Declaración testimonial rendida por Moisés Pantoja Rodulfo ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 9 de agosto de 2002 (expediente de prueba, tomo XXVII, pruebas de la CVR, folios 19699 a 19701). Véase también, Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13597).

81 Cfr. Manifestación de Manuel Tullume Gonzáles ante la Fiscalía Provincial Especializada de 25 de octubre de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18608 a 18612).

82 Cfr. Oficio Nro. 019-02-3JPE-JBH-hjb del Tercer Juzgado Penal Especial de 24 de enero de 2003 y Nota N° 0-1A/54/03 de la Embajada del Japón de 13 de mayo de 2003 (expediente de prueba, tomo XXXI, anexo 6 a los alegatos finales escritos del Estado, folios 21072 a 21074).

83 Cfr. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), pág. 734 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 20). Véase también, Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13552).

84 Cfr. Declaraciones recogidas en el expediente ante el fuero militar (expediente de prueba, prueba para mejor resolver, tomos XXII a XXV).

85 Cfr., entre otros, Declaración instructiva de Jhonnny Ronald Cabrera Rodríguez ante la Vocalía de Instrucción del CSJM el 4 de julio de 2002 (expediente de prueba, prueba para mejor resolver, tomo XXII, folios 15013 a 15017); Declaración instructiva de Néstor José Castañeda Sánchez ante la Vocalía de Instrucción del CSJM el 13 de agosto de 2002 (expediente de prueba, prueba para mejor resolver, tomo XXII, folios 15557 a 15561); Declaración instructiva de Gustavo Alexander Segura Figueroa ante la Vocalía de Instrucción del CSJM el 4 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, prueba para mejor resolver, tomo XXIII, folios 15845 a 15850); Declaración instructiva de Carlos Alfredo Vásquez Panduro ante la Vocalía de Instrucción del CSJM el 9 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, prueba para mejor resolver, tomo XXIII, folios 15913 a 15918), y Declaración instructiva de Ciro Alegría Barrientos ante la Vocalía de Instrucción del CSJM el 10 de septiembre de 2002 (expediente de prueba, prueba para mejor resolver, tomo XXIII, folios 15921 a 15926).

86 Cfr. Protocolo de Necropsia N° 0878-2001 realizado por el Instituto de Medicina Legal de 20 de marzo de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al sometimiento del caso, folio 587), e Informe sobre los restos humanos NN1-NN4 atribuidos al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, realizado por Clyde C. Snow y José Pablo Baraybar, Equipo Peruano de Antropología Forense, julio de 2001 (expediente de prueba, tomo II, anexo 12 al sometimiento del caso, folio 701). Véase también, Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folios 13631 a 13632), y Peritaje rendido por Derrick John Pounder y legalizado ante fedatario público el 23 de enero de 2014 (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folio 20855).

87 No son uniformes las conclusiones en cuanto a si el victimario se encontraba en un plano superior o inferior respecto a Cruz Sánchez. Cfr. Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13631); Necropsias parciales preferenciales de los catorce emerretistas de 23 de abril de 1997 (expediente de prueba, tomo II, anexo 16 al sometimiento del caso, folio 764); Informe de Balística Forense de la Policía Nacional del Perú Nro. 1118/01 de 10 de mayo de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVII, pruebas de la CVR, folios 19270 a 19272); Informe sobre los restos humanos NN1-NN4 atribuidos al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, realizado por Clyde C. Snow y José Pablo Baraybar, Equipo Peruano de Antropología Forense, julio de 2001 (expediente de prueba, tomo II, anexo 12 al sometimiento del caso, folio 698), e Informe de las pericias médico legales realizadas por el Instituto de Medicina Legal a los integrantes del grupo “MRTA” fallecidos en la residencia del embajador de Japón en Perú de 16 de agosto de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al sometimiento del caso, folio 143).

88 Es pertinente notar que se encuentra controvertida la existencia de un proyectil de arma de fuego a nivel del tórax. Cfr. Protocolo de Necropsia N° 0878-2001 realizado por el Instituto de Medicina Legal de 20 de marzo de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al sometimiento del caso, folios 582 a 587). Véase, por un lado, el Informe sobre radiografía de tórax elaborado por John H.M. Austin de 16 de julio de 2012 (expediente de prueba, tomo XI, anexo 14 a la contestación del Estado, folio 7435), y Peritaje rendido por Juan Manuel Cartagena Pastor ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 3 y 4 de febrero de 2014. En forma distinta se expidió el perito Luis Bernardo Fondebrider y la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora. Cfr. Peritaje rendido por Luis Bernardo Fondebrider ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 3 y 4 de febrero de 2014, y Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folios 13614 a 13626).

89 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), pág. 719 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 5).

90 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), págs. 731 y 732 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folios 17 a 18).

91 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), pág. 734 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 20).

92 Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folios 13177 a 13692).

93 Decisión emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en Recurso de Nulidad No. 3521-2012 el 24 de julio de 2013 (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folio 14721).

94 Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13614).

95 Cfr. Acta de identificación y levantamiento de cadáveres de los emerretistas encontrados en la residencia del Embajador de Japón de 23 de abril de 1997 (expediente de prueba, tomo I, anexo 6 al sometimiento del caso, folios 120 y 121). Véase también, Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13581 a 13582).

96 Cfr. Necropsias parciales preferenciales de los catorce emerretistas de 23 de abril de 1997 (expediente de prueba, tomo II, anexo 16 al sometimiento del caso, folios 759 y 760); Informe de las pericias médico legales realizadas por el Instituto de Medicina Legal a los integrantes del grupo “MRTA” fallecidos en la residencia del embajador de Japón en Perú de 16 de agosto de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al sometimiento del caso, folios 141 y 142), e Informe sobre los restos humanos NN1-NN4 atribuidos al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, realizado por Clyde C. Snow y José Pablo Baraybar, Equipo Peruano de Antropología Forense, julio de 2001 (expediente de prueba, tomo II, anexo 12 al sometimiento del caso, folio 691 a 692). Véase también, Peritaje rendido por Derrick John Pounder y legalizado ante fedatario público el 23 de enero de 2014 (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folios 20821 a 20826).

97 Cfr. Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13527).

98 Carta remitida por Hidetaka Ogura al Poder Judicial del Perú el 20 de agosto de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 5 al sometimiento del caso, folios 112 a 113).

99 Cfr. Declaración rendida por Hidetaka Ogura ante la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora, Acta de Sesión N° 68 de 23 de abril de 2012 (expediente de prueba, tomo XV, anexo 17 a la contestación del Estado, folios 10300 a 10330). En la sentencia emitida a nivel interno en el año 2012 se sostuvo que: “[…] tratándose de dos momentos distintos, se considera la declaración de Hidetaka Ogura creíble en cuanto a la detención de Cruz Sánchez pues sobre la producción de sólo este punto existen otras dos declaraciones, lo que la hacen verosímil; a diferencia, por mayoría del Colegiado, de su versión respecto a la muerte de Peceros y Meléndez donde se convierte en una sola declaración que sopesada con los múltiples elementos ya descritos se concluye en su no realización más aún si esto redunda no sobre un hecho en sí sino sobre una posible responsabilidad criminal”. Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folio 13649).

100 Cfr. Testimonio rendido por Hidetaka Ogura ante la Comisión Interamericana en la audiencia pública celebrada el 28 de febrero de 2005 (expediente de prueba, tomo II, anexo 46 al sometimiento del caso, folio 1326).

101 Cfr. Declaración jurada rendida por Hidetaka Ogura el 28 de enero de 2014 y legalizada ante fedatario público (expediente de prueba, tomo XXX, affidávits, folios 20620 a 20624).

102 Cfr. Declaración instructiva rendida por Walter Martín Becerra Noblecilla ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 1 de agosto de 2002 (expediente de prueba, tomo XXIV, prueba para mejor resolver, folios 16913 a 16927).

103 Cfr. Continuación de la declaración instructiva rendida por José Luis Alvarado Díaz ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 2 de agosto de 2002 (expediente de prueba, tomo XXIV, prueba para mejor resolver, folios 16930 a 16939). Véase también, Declaración instructiva rendida por Manuel Antonio Paz Ramos ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 5 de agosto de 2002 (expediente de prueba, tomo XXIV, prueba para mejor resolver, folios 16941 a 16953).

104 Cfr. Ampliación de manifestación rendida por Raúl Huarcaya Lovón ante la Fiscalía Provincial Especializada de 28 de noviembre de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18870 a 18873), y Declaración instructiva rendida por Raúl Huarcaya Lovón ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 21 de agosto de 2002 (expediente de prueba, tomo XXIV, prueba para mejor resolver, folios 16997 a 17008).

105 Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra, párr. 87, y Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina, supra, párr. 78.

106 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra, párr. 201, y Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, supra, párr. 77.

107 Manifestación de Luis Ernesto Gálvez Melgar ante la Fiscalía Provincial Especializada de 11 de mayo de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18338 a 18344).

108 Cfr. Cuadros n° 1 y n° 2 del Informe de las pericias médico legales realizadas por el Instituto de Medicina Legal a los integrantes del grupo “MRTA” fallecidos en la residencia del embajador de Japón en Perú de 16 de agosto de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al sometimiento del caso, folios 180 a 181). Véase también, Informe médico forense Caso No. 12.444, Estado del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 2, de 22 de junio de 2012, elaborado por Juan Manuel Cartagena Pastor, en el que se destaca que “[e]l [n]úmero de disparos, como mínimo, hacia el objetivo NN9, es de 12”, mientras que con respecto al cadáver NN10 se indica que dicho número, como mínimo “es de 15” (expediente de prueba, tomo XXIX, prueba recibida durante la audiencia pública, folios 20558 y 20561).

109 Informe sobre los restos humanos NN1-NN4 atribuidos al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, realizado por Clyde C. Snow y José Pablo Baraybar, Equipo Peruano de Antropología Forense, julio de 2001 (expediente de prueba, tomo II, anexo 12 al sometimiento del caso, folio 698).

110 Diligencia de Reconstrucción en la Réplica de la Residencia del Embajador de Japón, de 3 de junio de 2003 (expediente de prueba, tomo XVIII, anexo 21 a la contestación del Estado, folios 12074 a 12078).

111 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), pág. 733 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 19).

112 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), pág. 735 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 21).

113 En su voto singular, la jueza Carolina Lizárraga Houghton, sostuvo una versión diferente de los hechos:[L]a versión del testigo Ogura según la cual, […], cuando este testigo fue rescatado en el cuarto ‘I’ de la residencia del Embajador del Japón por los comandos, al voltearse para tomar la escalera dando su mirada hacia la entrada principal de la habitación, vio que dos miembros del MRTA estaban rodeados por los militares, una mujer llamada ‘Cynthia’ y un hombre al que no pudo reconocer y que antes de bajar por la escalera portátil escucho que ‘Cynthia’ estaba gritando algo así como: ‘No lo maten’ o ‘No me maten’, versión que genera convicción en la suscrita y que, en opinión de la misma, permite afirmar que no está probado que la escalera portátil por la cual bajo el testigo Ogura del cuarto ‘I’ haya estado colocada junto a la baranda lateral izquierda de la reja del balcón del cuarto ‘I’ por cuanto las muestras fotográficas a las que hace alusión el pronunciamiento en mayoría […] corresponden a un momento posterior a la operación de rescate y existen también otras muestras fotográficas de momentos posteriores a la operación de rescate […] donde se observa que la escalera está colocada en la parte frontal del balcón del cuarto ‘I’ y, de otro lado, los croquis a los que también se hace alusión […], donde se aprecia la colocación de las mencionadas escaleras portátiles en la parte lateral izquierda del balcón no son documentos oficiales sino que, han sido elaborados por los propios comandos y presentados a juicio como complemento a sus declaraciones instructivas como argumento de defensa cuando tenían la calidad de procesados ante el Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. De otro lado, aún en el caso que la escalera hubiera estado colocada en la parte lateral izquierda del balcón, la declaración del testigo Ogura, a criterio de la suscrita, resulta coherente con la apreciación de la fotografía obrante […] y de la fotografía […] en las que se constata que la separación entre el marco de la puerta y la baranda al costado de la cual se indica habría estado colocada la escalera es tan estrecha que si permite un ángulo de visión al interior de la habitación, más aún si el testigo Ogura sostiene que su visualización se produjo antes de subir a la escalera.

Voto Singular de la señora Juez superior Carolina Lizárraga Houghton (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folios 13694 a 13695).



114 Sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 (expediente de prueba, tomo XX, anexo a las observaciones de los representantes a las excepciones preliminares del Estado, folios 13177 a 13692).

115 Decisión emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en Recurso de Nulidad No. 3521-2012 el 24 de julio de 2013 (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folios 14666 a 14723).

116 Decisión emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en Recurso de Nulidad No. 3521-2012 el 24 de julio de 2013 (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folio 14696).

1 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra, párr. 91, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 237.

2 Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra, párr.101.

3Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra, párr. 145, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, supra, párr. 101.

4 Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 88, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, supra, párr. 101.

5 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra, párr. 145, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, supra, párr. 102.

6 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra, párr. 143, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra, párr. 157.

7 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 156, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 243.

8Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, y Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267, párr. 121.

9 Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 109.

10 Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 173, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra, párr. 109.

11 Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra, párr. 109.

12 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 301, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 489.

13 Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 496.

14 Las declaraciones de los miembros de la Unidad de Desactivación Explosiva que constan en el expediente son contestes en que: (a) no se les dejó tomar registro de sus gestiones; (b) siempre estuvieron vigilados por miembros del ejército; (c) durante toda su diligencia había personal del ejército camuflado con pasamontañas, tomando nota de la escena. Cfr., inter alia, Manifestación de Luis Ernesto Gálvez Melgar ante la Fiscalía Provincial Especializada de 11 de mayo de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18338 a 18344); Manifestación de José Alberto Marthans Gómez ante la Fiscalía Provincial Especializada de 14 de mayo de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18345 a 18352), y Manifestación de Oscar Fidel Pérez Torres ante la Fiscalía Provincial Especializada de 11 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18353 a 18358).

15 Cfr. Manifestación de Pedro Rigoberto Ruiz Chunga ante la Fiscalía Provincial Especializada de 13 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18359 a 18362).

16 Cfr. Manifestación de Pedro Rigoberto Ruiz Chunga ante la Fiscalía Provincial Especializada de 13 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18359 a 18362); Manifestación de Vicente Pedro Maco Cárdenas ante la Fiscalía Provincial Especializada de 15 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18363 a 18368); Manifestación de María del Rosario Peña Vargas ante la Fiscalía Provincial Especializada de 18 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18369 a 18374), y Manifestación de Norvinda Muñoz Ortiz ante la Fiscalía Provincial Especializada de 19 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18375 a 18380).

17 Cfr. Manifestación de Pedro Rigoberto Ruiz Chunga ante la Fiscalía Provincial Especializada de 13 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18359 a 18362); Manifestación de Vicente Pedro Maco Cárdenas ante la Fiscalía Provincial Especializada de 15 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18363 a 18368); Manifestación de María del Rosario Peña Vargas ante la Fiscalía Provincial Especializada de 18 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18369 a 18374), y Manifestación de Norvinda Muñoz Ortiz ante la Fiscalía Provincial Especializada de 19 de junio de 2001 (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folios 18375 a 18380).

18 Cfr. Memorándum No. 12-97-DGPNP del Director General PNP de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú de 23 de abril de 1997, dirigido al Director de Sanidad PNP (expediente de prueba, tomo XXVI, pruebas de la CVR, folio 18933).

19 El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación resaltó que: “[s]egún las manifestaciones de los médicos de la Policía Nacional que intervinieron en las necropsias respectivas, el procedimiento fue irregular pero tuvieron que cumplirlo por cuanto sus jefes inmediatos y el mismo Presidente de la República, Alberto Fujimori, lo habían ordenado. Esta irregularidad fue posteriormente confirmada por los informes médico legales del Instituto de Medicina Legal, cuyos especialistas concluyeron que en las necropsias practicadas en el Hospital Central de la Policía Nacional no se cumplió con las disposiciones legales y científicas vigentes”. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 2003, Tomo VII, capítulo 2.66, Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997), pág. 726 (expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al sometimiento del caso, folio 12).

20 Informe de las pericias médico legales realizadas por el Instituto de Medicina Legal a los integrantes del grupo “MRTA” fallecidos en la residencia del embajador de Japón en Perú de 16 de agosto de 2001 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al sometimiento del caso, folio 185). Véase en este mismo sentido, Informe final No. 008-2º Sec- V.I. CSJM de 6 de junio de 2003, párr. 63 (expediente de prueba, tomo XVIII, anexo 21 a la contestación del Estado, folio 12097). Véase también, Peritaje rendido por Luis Bernardo Fondebrider ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 3 y 4 de febrero de 2014.

21 Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 492.

22 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, supra, párr. 156, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 243.

23 Cfr. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 104, y Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 118.

24 Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 117, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 148.

25 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 128, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 148.

26 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 200, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 148.

27 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 128, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 197.

28 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 130, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 149.

29 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra, párr. 275, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 443.

30 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra, párr. 198.

31 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra, párr. 274.

32 Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra, párrs. 117, 118, 125 y 126, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 148.

33 Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 118.

34 Cfr. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 244, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 442.

35 Cfr. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, supra, párr. 244, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú, supra, párr. 190.

36 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 177, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, supra, párr. 197.

37 Dispone que: “[e]n caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina […]”.

38 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 123.

39 Cfr. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párrs. 172 y 174.

40 Cfr. Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0017-2003-AI/TC, Sentencia de 16 de marzo de 2004, párrs. 129 a 133 (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 8 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 5249 a 5278). Véase también, Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Nº 97, A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, setiembre 2005, págs. 130 a 135 (expediente de prueba, tomo VII, anexo 6 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 4842 a 4847).

41 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, Contienda de competencia Nº 18-2004, Resolución de 17 de noviembre de 2004; Primera Sala Penal Transitoria, Contienda de competencia N° 29-04, Resolución de 14 de diciembre de 2004, y Sala Penal Permanente, Contienda de competencia N° 8-2005, Resolución de 1 de julio de 2005. Véase también, Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial Nº 97, A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, setiembre 2005, págs. 130 a 135 (expediente de prueba, tomo VII, anexo 6 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folios 4842 a 4847).

42 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, y Caso García Lucero y otras Vs. Chile, supra, párr. 121.

43 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra, párr. 143, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra, párr. 157.

44 Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú, supra, párr. 80, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 200.

45 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177; Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 58, y Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, párr. 153.

46 Cfr. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, supra, párr. 378.

47 En la mayoría de los casos la Corte ha realizado dicha consideración dentro del análisis de la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú, supra, párr. 166; Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra, párr. 180; Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 151; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 206; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párrs. 243 y 244; Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párr. 240; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú, supra, párr. 220; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra, párr. 147; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párrs. 119 y 120, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 298. En un caso dicha consideración se realizó en dentro de la obligación de investigar ordenada como una medida de reparación. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 148. Además, en otros casos se ha establecido que está subsumido en los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la Convención, pero no se ha incluido dicha consideración dentro de la motivación del punto resolutivo respectivo. Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, supra, párr. 291; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, supra, párr. 263, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 173.

48 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párrs. 168 y 169, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párrs. 192, 226 y 243 a 246.

49 Cfr. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 302.

50 Al respecto, en el caso Gomes Lund y otros, la Corte observó que, de conformidad con los hechos del mismo, el derecho a conocer la verdad se relacionaba con una acción interpuesta por los familiares para acceder a determinada información, vinculada con el acceso a la justicia y con el derecho a buscar y recibir información consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, por lo cual analizó aquel derecho bajo esta norma. Cfr. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil, supra, párr. 201.

51 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 243, y Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, supra, párr. 220.

52 Decisión emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en Recurso de Nulidad No. 3521-2012 el 24 de julio de 2013 (expediente de prueba, tomo XXI, prueba para mejor resolver, folio 14721).

1Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 119, y Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 201.

2 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 113 y 114, y Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina, supra, párr. 138.

3 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 146 y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra, párrs. 243 y 244.

4 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 114, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 533.

5 Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 218, y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119.

6 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 119, y Caso García y Familiares Vs. Guatemala, supra, párr. 161.

7 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, parr. 119, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 281.

8 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 163, y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, supra, párr. 302.

9Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 114, y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, supra, párr. 302.

10 Véase lo decidido en la consideración previa respecto a que no se considerará como presunta víctima en el presente caso a Lucinda Rojas Landa (supra párrs. 95 a 98).

11 Ambos son hijos de Nicolás Cruz Santos. Cfr. Escrito de apersonamiento como familiar en el proceso penal y sus respectivos anexos (expediente de prueba, tomo XVII, pruebas de la CVR, folios 19507 19511).

12 Edgar Odón Cruz Acuña declaró que es hermano de la víctima Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Como eran hijos de madres distintas, no convivieron juntos cuando eran niños. En 1981 los dos hermanos se volvieron a reunir, ya que Eduardo había terminado la secundaria y viajó a Lima para hacer sus estudios superiores. Tenían “encuentros esporádicos, a veces de una semana, de un mes” y pasaban vacaciones juntos. Entre 1985-1986 se encontraban cada 15 días en la casa de una tía cuando el declarante estaba en Lima viviendo en un internado. Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Edgar Odón Cruz Acuña el 28 de enero de 2014 (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folios 20625 a 20626), y Declaración testimonial rendida por Edgar Odón Cruz Acuña ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 24 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XXVII, pruebas de la CVR, folios 19658 a 19660).

13 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Edgar Odón Cruz Acuña el 28 de enero de 2014 (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folios 20625 a 20632), y Declaración testimonial rendida por Edgar Odón Cruz Acuña ante el Tercer Juzgado Penal Especial el 24 de junio de 2002 (expediente de prueba, tomo XXVII, pruebas de la CVR, folios 19658 a 19660).

14 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Edgar Odón Cruz Acuña el 28 de enero de 2014 (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folios 20625 a 20632).

15 Cfr. Declaración rendida ante fedatario público por Edgar Odón Cruz Acuña el 28 de enero de 2014 (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folios 20625 a 20632), y Peritaje psicológico realizado por Viviana Valz Gen Rivera el 19 de enero de 2014 y legalizado ante fedatario público (expediente de prueba, affidávits, tomo XXX, folios 20683 a 20689 y 20696).

1 El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

2 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 300.

3 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 26, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 543.

4 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrs. 79 a 81, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 543.

5 Cfr. Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 233.

6 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 a 27, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 302.

7 Cfr. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 112, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 308.

8 Cfr. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 118, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 559.

9 Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra, párr. 190.

10Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 567.

11 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 79, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 318.

12 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, supra, párr. 66, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 126.

13 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, supra, párr. 75, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 126.

14 Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, supra, párr. 143.1.a, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 126.

15 Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra, párr. 240.

16 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra, párr. 193.

17 Cfr. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú, supra, párr. 274.

18 Cfr. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párrs. 236 y 327.

19 Cfr. Protocolos y manuales médicos forenses (expediente de prueba, tomos IX, X y XI, anexo 3 a la contestación del Estado, folios 6140 a 7208).

20 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 135, y Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párrs. 109 y 110.

21Cfr. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 35, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 600.

22 Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, supra, párr. 600.

23 Cfr. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 130, y Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 131.

24 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 225.

25 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 42, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 337.

26 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 337.

27Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, supra, párr. 79, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 297.

28 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 277, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, supra, párr. 337.

29AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), Resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA durante la celebración del XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008, “Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Punto Resolutivo 2.a), y CP/RES. 963 (1728/09), Resolución adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo Permanente de la OEA, “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, artículo 1.1.

1 Art. 66.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención: “Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.” Art. 24.3 del Estatuto de la Corte: “Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán en sesiones públicas y se notificarán por escrito a las partes. Además, se publicarán conjuntamente con los votos y opiniones separados de los jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la Corte considere conveniente.”

Art. 65.2 del Reglamento de la Corte: “Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por la Presidencia, de modo que puedan ser conocidos por los Jueces antes de la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo tratado en las sentencias.”



2 En adelante la Sentencia.

3 En adelante el Estado.

4 En adelante la Comisión.

5 En adelante la petición.

6 Párr. 52 de la Sentencia.

7 Voto individual disidente del juez Eduardo Vio Grossi, Caso Díaz Peña Vs. Venezuela, Sentencia de 26 de junio de 2012 (Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas).

8 Tampoco está contemplado en el Estatuto ni en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. En tal ámbito, sería, por ende, únicamente de carácter jurisprudencial.

9 “Condiciones de admisibilidad 1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva. 2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34 cuando: a) sea anónima; o b) sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos nuevos. 3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 si considera que: a) la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva; o b) el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un Tribunal nacional. 4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento.”

10 Art. 41, primera frase, de la Convención.

11 Art. 41.f) de la Convención.

12 Art. 51 y 61.1 de la Convención.

13 Párr. 48 de la Sentencia.

14 Art. 1.1 de la Convención: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

15 Art. 33 de la Convención: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.”

16 Art. 63.1 de la Convención:”Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

17 En adelante la víctima.

18 2º párrafo del Preámbulo de la Convención: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.”Tal vez el artículo 8.1 de la Convención es el que mejor expresa el carácter subsidiario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al señalar que:“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

19 “Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional”.

20 “Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: …b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”.

21 Carta Democrática Interamericana adoptada en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, por Resolución de fecha 11 de septiembre de 2001.

22 Art. 44 de la Convención: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.”Art. 61.1 de la Convención: “Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.”

23 Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013.

24 Aprobado por la Comisión en su 109º período extraordinario de sesiones celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado en su 116º período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002.

25 Párr. 49 de la Sentencia.

26 Idem.

27 Párr. 49 de la Sentencia.

28 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 23° edición, octubre 2014.

29 Art. 31.1 del Reglamento de la Comisión.

30 Art. 29 del Reglamento de la Comisión.

31 Idem.

32 Art. 30.2 del Reglamento de la Comisión.

33 Art. 31.1 del Reglamento de la Comisión.

34 Párr. 37 de la Sentencia.

35 Párr. 75 de la Sentencia.

36 Párr. 50 de la Sentencia.

37 Párr. 49 de la Sentencia.

38 Párr. 50 de la Sentencia.

39 Idem.

40 Párr. 52 de la Sentencia.

41 Párr. 53 de la Sentencia.

42 Párrs. 24 y 53 de la Sentencia.

43 Párr. 19 de la Sentencia.

44 Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.”

45 Los diez "Principios rectores” en la materia, adoptada en 2006 por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas.

46 Art. 38.1.c del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, infra nota Nº 50.

47 Párr. 27 de la Sentencia.

48 Párr. 37 de la Sentencia.

49 Caso Díaz Peña Vs. Venezuela, Sentencia de 26 de junio de 2012 (Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas), párr. 43.

50 Art. 68 de la Convención: “1.Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.”

51 Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: 1.La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo conviniere.”

Art. 59 del mismo Estatuto: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.”


Art. 68 de la Convención: “1.Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.”

52 Constancia de Queja presentada a la Corte el 17 de agosto de 2011 por el juez Eduardo Vio Grossi y Voto Disidente del mismo juez, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay, de 13 de octubre de 2011.

53 Primera frase de Art. 41 de la Convención: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos …”.

54 Art. 62.3 de la Convención: “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”

55 Art. 76 de la Convención: 1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.  2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.”Art. 39 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa.”

0 Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 89; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 91, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008. Serie C No. 181, párr. 42.

0 Párr. 262 de la Sentencia.

0 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra, párr. 89; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, supra, párr. 91, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 42.

0Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra, párr. 89, y Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, supra, párr. 91.

0 Párr. 281 de la Sentencia.

0 Párr. 280 de la Sentencia.

0 Párr. 281 de la Sentencia.

0 Párrs. 483, 484 y 485 de la Sentencia.

0 El artículo 63.1 establece que “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

0 Párr. 451 de la Sentencia.

0 Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido en sus reparaciones el concepto de restitutio in integrum como aquellas medidas que tengan el objeto de restablecer la situación al estado que guardaba antes de la violación y han conducido espontáneamente a la modificación de la legislación interior o medidas adoptadas singularmente respecto al recurrente. Sin embargo, la práctica anteriormente descrita es excepcional pues en la mayoría de los casos, a criterio del Tribunal Europeo, no es posible realizar la restitutio in integrum, ante lo cual el Convenio Europeo de Derechos Humanos atribuye a la Corte Europea el poder de conceder una satisfacción equitativa a la parte perjudicada. Al respecto, el artículo 41 del Convenio Europeo dispone que: “[s]i el Tribunal declara que ha habido una violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”, que generalmente asume la forma de indemnización pecuniaria. Pese a lo anterior, se ha constatado que de una interpretación literal del artículo 41 del Convenio, pareciera que cualquier evaluación del Tribunal Europeo acerca de la violación de ese instrumento, tendría que limitarse de manera estrecha con el individuo perjudicado por aquella, por lo que medidas individuales –y especialmente las de satisfacción equitativa–, no permiten alcanzar el objetivo de la tutela de los derechos humanos. Cfr. García Ramírez, Sergio y Zanghi, Claudio, "Las jurisdicciones regionales de derechos humanos y las reparaciones y efectos de las Sentencias" en García Roca, Javier, Fernández, Pablo Antonio, Santolaya, Pablo y Canosa, Raúl (Editores), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Thomson Reuters-Civitas, Pamplona, 2012, pp. 447 y 448.

0 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 26.

0 Cfr. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140.

0 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 248; Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 292, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 305.

0 Cfr., inter alia, Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 294; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 305; Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 226, y Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285, párr. 177.

0 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 41, y Caso Blake Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 31.

0 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párr. 25.

0 Cfr., inter alia, Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 32 a 35; Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 61 y punto resolutivo cuarto, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 309 y punto resolutivo décimo.

0 Cfr., inter alia, Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, punto resolutivo quinto; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, puntos resolutivos primero a tercero, y Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párrs. 452 a 457.

0 Cfr., inter alia, Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 277 y 278 y punto resolutivo noveno, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párrs. 352 y 353 y punto resolutivo noveno.

0 Además de la construcción de monumentos, en su más reciente jurisprudencia ordenó la realización de un video documental, al considerar la Corte que estas iniciativas son significativas tanto para la preservación de la memoria y satisfacción de las víctimas, como para la recuperación y restablecimiento de la memoria histórica. Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 579 y punto resolutivo vigésimo quinto.

0 Cfr., inter alia, Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, supra, párr. 41, y Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana, supra, párrs. 465 y 470, así como los puntos resolutivos décimo séptimo y vigésimo.
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