Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015



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LA CORTE
DECIDE,

por cinco votos a favor y uno en contra,



  1. Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, en los términos de los párrafos 37 a 44, 48 a 53, 59 a 69, 75 a 78 y 82 a 83 de la presente sentencia.



Disiente el Juez Vio Grossi.
DECLARA,
por cinco votos a favor y uno en contra, que:


  1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 18 a 28 de la presente sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, en los términos de los párrafos 292 a 319 de la presente sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, en los términos de los párrafos 344 a 354, 366 a 374, 379 a 383, 396 a 404, 421 a 424, 428 a 430 y 431 de la presente sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Edgar Odón Cruz Acuña, de conformidad con los párrafos 443 a 450 de la presente sentencia.




  1. El Estado no es responsable por la violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 8 y 25 de la misma, de conformidad con los párrafos 411 a 415 de la presente sentencia.




  1. No existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, en los términos de los párrafos 320 a 343 de la presente sentencia.

Disiente el Juez Vio Grossi.


Y DISPONE
por cuatro votos a favor y dos en contra, que:


  1. Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.

Disienten los Jueces Pérez Pérez y Vio Grossi.


por cinco votos a favor y uno en contra, que:


  1. El Estado debe conducir eficazmente la investigación y/o el proceso penal en curso para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, de conformidad con lo establecido en los párrafos 459 a 460 de la presente sentencia.




  1. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a favor de la víctima indicada si así lo solicita, en los términos del párrafo 463 de la presente sentencia.




  1. El Estado debe realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 466 de la presente sentencia.




  1. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 492 de la presente sentencia, por concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 496 a 499 de la misma.




  1. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de lo establecido en los párrafos 495 y 499 de la presente sentencia.




  1. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.




  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Disiente el Juez Vio Grossi.


El Juez Alberto Pérez Pérez hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, el cual acompaña esta sentencia.


El Juez Eduardo Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Disidente, el cual acompaña esta sentencia.
El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual acompaña esta sentencia.
Redactada en español en San José, Costa Rica, el 17 de abril de 2015.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú.

Humberto Sierra Porto

Presidente

Roberto F. Caldas Manuel E. Ventura Robles

Alberto Pérez Pérez Eduardo Vio Grossi


Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot


Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


Comuníquese y ejecútese,

Humberto Sierra Porto

Presidente


Pablo Saavedra Alessandri



Secretario

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL
JUEZ ALBERTO PÉREZ PÉREZ


CASO CRUZ SÁNCHEZ Y OTROS VS. PERÚ

  1. La Corte determinó que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez fue privado arbitrariamente de su vida, en violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (párr. 319 de la sentencia). Asimismo determinó que habían existido diversas violaciones en perjuicio de los familiares considerados como presuntas víctimas en este caso (párrs. 431 y 450).

  2. En los párrafos 451 y siguientes, la Corte recordó y reafirmó su jurisprudencia según la cual, “(s)obre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana (…) ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”.

  3. Sin embargo, en los párrafos 483 a 485, la Corte decidió no otorgar ninguna indemnización compensatoria por daños inmateriales, por estimar que “que en el presente caso no es pertinente ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial en razón de la violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, tomando en cuenta que esta sentencia constituye, per se, una suficiente indemnización del daño inmaterial, y considerando que las reparaciones relativas a la investigación y a la difusión de esta Sentencia que se ordenaron anteriormente significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana” (párr. 483); “que, en lo que respecta a Edgar Odón Cruz Acuña, la reparación relativa a la medida de rehabilitación constituye una reparación suficiente y adecuada para compensar la afectación sufrida en su integridad personal” (párr. 484), y “(a)dicionalmente, en atención a las afectaciones derivadas de las violaciones establecidas a los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, Herma Luz Cueva Torres y Edgar Odón Cruz Acuña en diferentes grados a consecuencia de los hechos del presente caso y que así han sido constatadas por este Tribunal, (…) que la presente sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral para los familiares. Asimismo, las reparaciones relativas a la investigación y a la difusión de esta sentencia que se ordenaron anteriormente significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana” (párr. 485).

  4. A mi juicio, la Corte debió haber otorgado una indemnización compensatoria por daño inmaterial en razón de la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana por la privación arbitraria de la vida de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y por las violaciones de derechos de los familiares, determinadas en las partes pertinentes de la sentencia. No existen razones que justifiquen el apartamiento de la práctica de otorgar una indemnización compensatoria por daño que “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia” (párr. 482). La privación arbitraria de la vida afecta, sin duda alguna, “valores muy significativos para las personas” tanto de “la víctima directa” como de “sus allegados”.

Alberto Pérez Pérez

Juez


Pablo Saavedra Alessandri

Secretario



VOTO INDIVIDUAL DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI,

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CASO CRUZ SÁNCHEZ y OTROS Vs PERÚ

SENTENCIA DE 17 DE ABRIL DE 2015.

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
INTRODUCCIÓN.

Se emite el presente voto individual disidente1 de la Sentencia indicada en el título2, en razón de que ésta desestimó la excepción preliminar relativa al incumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos interpuesta por la República del Perú3. Los fundamentos de esta disidencia dicen relación con la oportunidad en que debe cumplirse dicha regla. Mientras la Sentencia es del parecer que ello debe acontecer, a más tardar, al instante en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4 se pronuncia sobre la admisibilidad de la petición o comunicación5 que ha dado origen al caso correspondiente6, en el presente documento se sostiene, en cambio, que dicha regla debe estar cumplida al momento de presentarse aquella, lo que debe ser verificado por la Comisión tanto cuando ello acontezca como al momento de pronunciarse sobre su admisibilidad. En otras palabras, mientras la Sentencia estima que el cumplimiento de la mencionada regla es un requisito para la admisibilidad de la petición, en este voto se considera que lo es para su presentación y, consecuentemente, para que se le pueda proceder a aquella.

En atención a la señalada posición que en este escrito se adopta, que implica, consecuentemente, el parecer de que no era procedente el pronunciamiento sobre el fondo de la presente causa, el suscrito, tal como lo hizo en otro caso7, ha votado negativamente todos los demás puntos declarativos y resolutivos de la Sentencia.

Las razones por las que no se coincide con lo resuelto en autos en lo concerniente a la interposición, por parte del Estado, de la excepción por el no agotamiento previo de los recursos internos, se explican seguidamente en lo que atañe a la norma convencional aplicable, a los hechos del caso relativos a la citada regla y, finalmente, a la Sentencia en lo que se refiere a dicha excepción.



  1. NORMA CONVENCIONAL CONCERNIENTE A LA REGLA DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS.

En esta primera parte del presente escrito, se harán observaciones generales sobre la regla en comento y luego comentarios respecto al procedimiento que se debe seguir al respecto, esto es, en cuanto a la petición, su estudio y trámite inicial por parte de la Comisión, la respuesta del Estado a ella, su admisibilidad y el pronunciamiento que le corresponde a la Corte.

  1. Observaciones generales.

El artículo 46 de la Convención consagra la regla del previo agotamiento de los recursos internos al disponer que:

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:



a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando:

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.”

Como observación preliminar, procede llamar la atención respecto de que esta norma es sui generis, propia o exclusiva de la Convención. Efectivamente, ella no figura, por ejemplo, en los mismos términos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convenio Europeo de Derechos Humanos8, cuyo artículo 35 aborda el requisito del previo agotamiento de los recursos internos en forma más general y, además, no contempla las taxativas excepciones previstas en el artículo 46.2 de la Convención9.

Por otra parte, procede igualmente recalcar que el citado requisito está previsto en el mencionado Convenio para ser cumplido antes de accionar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, un ente judicial, mientras que en el caso de la Convención está concebido para serlo antes de presentar la petición ante la Comisión, vale decir, una entidad no judicial. Y ello es relevante en la medida en que esta última tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”10 y, en ejercicio de esa función, actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención11, incluyendo la presentación del respectivo caso ante la Corte12.

Es decir, la Comisión debe promover y defender los derechos humanos, pudiendo llegar a constituirse ante la Corte en parte acusadora y en esa medida no comparte necesariamente la calidad de imparcialidad que debe caracterizar a una instancia judicial. De allí, pues, que lo previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención está también concebido como un límite a la actuación del señalado ente no judicial y que puede llegar a ser parte en el consecuente litigio que el mismo origine. Esto es, lo que se pretende con dicha norma es evitar que la Comisión actúe antes de que se haya dado debido y oportuno cumplimiento al requisito o regla que establece, esto es, que proceda no obstante que no se hayan agotado previamente los recursos internos.

Y es en el mismo espíritu que el citado artículo 46.2 de la Convención prevé en forma taxativa los casos en que no se aplica la regla del previo agotamiento de los recursos internos, es decir, las excepciones a la misma, a saber, la inexistencia del debido proceso legal para hacer valer los recursos internos, la imposibilidad de ejercerlos y el retardo en resolverlos. La referida norma no contempla, pues, otras excepciones que las señaladas, por lo que no es procedente invocar o aún acoger una excepción no prevista en el mencionado artículo, pues si así lo fuese, ello podría conducir a despojar a la regla general prevista en el artículo 46.1.a) de la Convención de todo sentido o efecto útil y más aún, dejaría su aplicación a la discreción y tal vez a la arbitrariedad de la Comisión.

Ahora bien, como segundo comentario general, se debe llamar la atención acerca de que en la Sentencia se señala, con relación a la disposición recién transcrita, que “(l)a Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios”13.

La aludida regla pretende, entonces, que se le proporcione al Estado la posibilidad de restablecer cuanto antes la efectiva vigencia y respeto de los derechos humanos violados, que es el objeto y fin de la Convención14 y, por ende, lo que en definitiva interesa que ocurra lo más pronto posible, haciendo innecesaria la intervención de la jurisdicción interamericana15.

Esto es, ella importa que, en aquellas situaciones en que el Estado no ha cumplido con los compromisos que contrajo en cuanto a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, es posible reclamar la intervención de la instancia jurisdiccional internacional para que, si procede, le ordene cumplir con las obligaciones internacionales que ha violado, dé garantía de que no volverá a violarlas y repare todas las consecuencias de tales violaciones16.

La señalada regla es asimismo, por lo tanto, un mecanismo para incentivar al Estado para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos sin esperar que el sistema interamericano le ordene, luego de un proceso, lo mismo. Su efecto útil es, entonces, que el Estado restablezca lo antes posible el respeto de los derechos humanos y, por tal motivo, se podría sostener que dicha regla está establecida también en beneficio de la víctima de la violación de derechos humanos17.

De lo expuesto se puede concluir, entonces, que la citada regla ha sido prevista en la Convención como pieza esencial de todo el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, al dar debida cuenta de que, como lo indica en el segundo párrafo del Preámbulo de aquella, la “protección internacional …(es) de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”18.

Y ello tiene que ver con la estructura jurídica internacional, que aún se sustenta, en lo fundamental, en el principio de la soberanía, el que, en el caso del Sistema Interamericano, se encuentra consagrado en los artículos 1.119 y 3.b)20 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por ende y conforme al principio de derecho público de que solo se puede hacer lo que la norma expresamente autorice, las disposiciones convencionales que contemplen restricciones a la soberanía estatal deben ser interpretadas y aplicadas teniendo en cuenta dicha realidad.

En tal sentido, la regla del previo agotamiento de los recursos internos es igualmente expresión de la vigencia de la soberanía del Estado y de la necesidad de darle a éste la oportunidad preferente de operar en lo atingente a las presuntas violaciones de los derechos humanos. Y ello adquiere mayor relevancia en la época actual, en que todos los Estados partes de la Convención se rigen por el régimen de Estado Democrático de Derecho, es decir, adhieren a la democracia21.

De lo afirmado se deduce desde ya, en consecuencia, que el cumplimiento del requisito previsto en el antes transcrito artículo 46.1.a) de la Convención debe tener lugar antes de que se eleve la petición ante la Comisión.


  1. La petición.

La primera observación que se debe hacer respecto de la petición por la que da comienzo al procedimiento ante la Comisión y que puede concluir en la Corte, es que el cumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos constituye igual y fundamentalmente una obligación de la víctima o del peticionario. Es ella o él quién debe cumplir con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, esto es, para que pueda alegar tal infracción ante la instancia jurisdiccional interamericana22, debe hacerlo previamente ante las instancias jurisdiccionales nacionales correspondientes Ciertamente, que de no procederse así, impediría que se alcance oportuna o prontamente el antes señalado efecto útil.

Es por tal motivo que en el artículo 28.8 del Reglamento de la Comisión, tanto en su versión actualmente vigente23 como en la que regía en el momento en que se presentó la petición24, dispone que la petición debe contener la información sobre “(l)as gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo”. Cabe señalar que, al hacer alusión al mencionado Reglamento, se está llamando la atención acerca de cómo la propia Comisión, al haber aprobado dicho instrumento jurídico, ha interpretado lo previsto en la Convención y, particularmente en lo que aquí interesa, en el artículo 46.1.a) de la misma.

Obviamente, es por la misma razón que el artículo 31.3 Reglamento de la Comisión se refiere a la situación en que “el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito señalado ….”. Es decir, lo que se está indicando con esa disposición es que las taxativas excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos internos están establecidas en favor de la víctima o del peticionario. Es, por ende, ella o él quién puede alegar o hacer valer algunas de las excepciones a la citada regla, nadie más, tampoco la Comisión y evidentemente, por lo tanto, eso solo lo puede hacer cuando se formula la petición.

La segunda observación concerniente a la petición dice relación con la circunstancia de que el aludido artículo 46.1 de la Convención se refiere a ella en tanto “presentada”, lo que implica, por cierto, que debe ser considerada tal cual fue elevada, y que, si en esa condición cumple con los requisitos que indica dicha disposición, debe ser “admitida”. Es, por ende, en ese momento, el de su presentación, en el que debe haberse cumplido el requisito concerniente al previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención y solo si eso acontece, la petición puede ser “admitida” por la Comisión.

Igualmente, lo estipulado en el artículo 46.1.b) del texto convencional se fundamenta en el mismo predicamento en tanto dispone que, para que la petición pueda ser admitida, debe haber sido “presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva”, la que, sin duda, se entiende que debe ser la recaída en el último recurso interpuesto, sin que hayan otros susceptibles de ser accionados. Es decir, el plazo indicado para presentar la solicitud se cuenta desde el momento de la notificación de la resolución definitiva de las autoridades o los tribunales nacionales sobre los recursos que se hayan interpuestos ante ellos y que son, por ende, los que pueden haber generado la responsabilidad internacional del Estado, lo que obviamente implica que, al momento de ser aquella “presentada”, éstos deben haber estado agotados.

Por su parte, el artículo 26.1 del Reglamento de la Comisión dispone que se da trámite inicial a las peticiones que llenen todos los requisitos establecidos”, las que deben indicar, conforme lo prevé el ya mencionado artículo 28.8, las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo” y si no reúnen tales requisitos, “la Comisión, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 26.2 y 29.3 del referido Reglamento, podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete”, debiendo considerar, según el también ya citado artículo 46.1.b de la Convención, únicamente las peticiones “presentada(s) dentro de plazo de seis meses”, contado éste desde la notificación de la resolución que agota los recursos internos.

De todo lo indicado se infiere, entonces, que el cumplimiento de la referida regla del previo agotamiento de los recursos internos constituye, en definitiva, un requisito que debe cumplir la petición para que pueda ser “presentada”.





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