Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


XII REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)



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XII
REPARACIONES
(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)



  1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana1, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado2.




  1. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron3. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados4.




  1. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho5.




  1. En consideración de las violaciones a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas6.


A. Parte Lesionada


  1. Se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, Herma Luz Cueva Torres y Edgar Odón Cruz Acuña, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en esta Sentencia, serán considerados beneficiarias y beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordene.


B. Obligación de investigar los hechos en el fuero común e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión solicitó que se llevara a cabo una investigación en la jurisdicción ordinaria de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas en su Informe de Fondo en relación con los autores materiales, así como que el Estado condujera las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan. Adicionalmente, la Comisión solicitó que se dispusieran las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encontrarían los hechos del caso.




  1. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Perú llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, una investigación completa, imparcial y efectiva, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos contra Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. En sus alegatos finales escritos, los representantes indicaron que dicha investigación debería abarcar también a las personas involucradas en las distintas acciones y omisiones que habrían afectado los procesos en sede interna y solicitaron que los resultados sean publicados para que la sociedad en su conjunto conozca la verdad acerca de lo ocurrido y se asegure la no repetición de este tipo de hechos.




  1. El Estado solicitó en su contestación “el empleo de los criterios trazados en sentencias anteriores en lo que respecta a las eventuales reparaciones, dado el reconocimiento de responsabilidad internacional por la vulneración al plazo razonable” y expresó su compromiso de continuar con la debida celeridad en el juzgamiento que se venía realizando contra los presuntos responsables. En sus alegatos finales escritos, el Estado indicó que rechazaba todas y cada una de las pretensiones sobre reparaciones solicitadas por los representantes, en la medida que, de acuerdo a los argumentos desarrollados en el presente proceso, no se habría evidenciado la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales y que, en consecuencia, se hubiera afectado el derecho a la vida reconocido en la Convención Americana.


Consideraciones de la Corte


  1. Esta Corte declaró en la presente sentencia, inter alia, que las primeras diligencias y el aseguramiento del material probatorio careció de mínima diligencia y los procesos ante los tribunales peruanos no han sido desarrollados en un plazo razonable, siendo que actualmente se encuentra abierta una nueva investigación por los hechos relacionados con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y que el Estado no ha demostrado haber actuado con diligencia en la búsqueda, localización y captura de un acusado contumaz (supra párr. 431). Asimismo, en lo que se refiere a la violación del derecho a la vida, la Corte declaró responsable al Estado únicamente por la privación arbitraria de la vida de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (supra Capítulo IX).




  1. En virtud de lo anterior, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente la investigación y/o el proceso penal en curso sobre los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez con la debida diligencia y en un plazo razonable para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables. La debida diligencia en la investigación implica que todas las autoridades estatales correspondientes están obligadas a colaborar en la recolección de la prueba, por lo que deberán brindar al juez, fiscal u otra autoridad judicial toda la información que requiera y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo7. En particular, el Estado debe:




  1. asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares en todas las etapas de estas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana8;




  1. por tratarse de una violación grave de derechos humanos y en consideración de las particularidades y el contexto en que ocurrieron los hechos, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación9;




  1. garantizar que las investigaciones y procesos por los hechos constitutivos de la ejecución extrajudicial del presente caso se mantengan, en todo momento, bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria, y




  1. divulgar públicamente los resultados de los procesos para que la sociedad peruana conozca la determinación judicial de los hechos objeto del presente caso.


C. Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
C.1. Rehabilitación
Argumentos de las partes


  1. Los representantes solicitaron que este Tribunal ordenara al Estado garantizar un tratamiento médico y psicológico, gratuito y permanente, a favor de los familiares de las víctimas. En particular, los representantes solicitaron que las prestaciones sean suministradas por profesionales competentes, tras la determinación de las necesidades médicas de cada víctima, debiendo incluir la provisión de los medicamentos que sean requeridos, siempre asegurando la debida participación de las víctimas en el proceso. Además, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado hacerse cargo de otros gastos que sean generados conjuntamente a la provisión del tratamiento, tales como el costo de transporte, entre otras necesidades que pudieran presentarse.




  1. El Estado solicitó a la Corte que, como paso previo, se sirva resolver las excepciones preliminares planteadas por el Estado y señaló que el Sistema Integral de Salud (SIS) tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, y que cuenta con atención médica y psicológica. En sus alegatos finales escritos, el Estado indicó que rechazaba todas y cada una de las pretensiones sobre reparaciones solicitadas por los representantes.


Consideraciones de la Corte


  1. Habiendo constatado la afectación a la integridad personal sufrida por Edgar Odón Cruz Acuña (supra párrs. 449 y 450), la Corte estima, como lo ha hecho en otros casos10, que es preciso disponer una medida de reparación en su favor que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos derivados de las violaciones establecidas en la presente sentencia. Por consiguiente, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico si así lo solicita, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos relacionados con los hechos del presente caso. Asimismo, el tratamiento respectivo deberá prestarse, en la medida de lo posible, en el centro más cercano a su lugar de residencia en el Perú por el tiempo que sea necesario. El señor Cruz Acuña o sus representantes legales disponen de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica y/o psiquiátrica.


C.2. Satisfacción: publicación de la sentencia
Argumentos de las partes


  1. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la publicación en un plazo de seis meses de, por lo menos, las secciones de contexto y hechos probados, así como la parte resolutiva de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, así como en la página web del Ministerio Público, en no más de tres enlaces desde la página principal, que sea mantenido hasta el cumplimiento integral de la sentencia.




  1. Si bien el Estado no presentó inicialmente objeción alguna en lo que respecta a esta medida, en sus alegatos finales escritos rechazó todas y cada una de las pretensiones sobre reparaciones solicitadas por los representantes.


Consideraciones de la Corte


  1. La Corte estima, como lo ha dispuesto en otros casos11, que el Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia: a) el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y c) la presente sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial de carácter nacional, de manera accesible al público.


C.3. Garantías de no repetición solicitadas
Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión subrayó la necesidad de que el Estado adoptara las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares a los del presente caso. En particular, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Perú la implementación de programas permanentes de derechos humanos en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como llevar a cabo campañas de sensibilización de los militares en servicio activo.




  1. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción o revisión de protocolos adecuados para la investigación de violaciones relacionadas con los derechos a la vida y a la integridad personal, así como la adopción de protocolos adecuados que limiten el uso de la fuerza por sus agentes de seguridad, que sean compatibles con los estándares establecidos por el derecho internacional. Sobre esto último, indicaron que en el año 2010 se habría aprobado el Decreto Legislativo 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, el cual no reuniría los criterios que esta Corte ha establecido sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego y se encontraría sometido a un proceso de inconstitucionalidad.




  1. El Estado señaló que los protocolos con los que viene trabajando el Instituto de Medicina Legal se ajustan al Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. Asimismo, en lo que respecta a los cuestionamientos al Decreto Legislativo 1095, el Estado indicó que la citada norma implicaba un avance significativo por parte del Estado por establecer un marco legal acorde con los estándares establecidos por la Corte en el empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional. No obstante, el Estado señaló que era “plenamente consciente de los cuestionamientos planteados a la citada norma, los cuales est[arían] siendo revisados por el Tribunal Constitucional en la [a]cción de [i]nconstitucionalidad presentada por 6430 ciudadanos”. En sus alegatos finales escritos, el Estado indicó que rechazaba todas y cada una de las pretensiones sobre reparaciones solicitadas por los representantes.


Consideraciones de la Corte


  1. Esta Corte ha establecido con anterioridad que existe un deber del Estado de adecuar su legislación nacional y de “vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción”12. El Estado debe ser claro al momento de demarcar las políticas internas tratándose del uso de la fuerza y buscar estrategias para implementar los Principios sobre empleo de la fuerza y el Código de conducta13. A su vez, el Estado debe realizar capacitaciones a sus agentes con la finalidad de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo14.




  1. En cuanto a la solicitud de adopción de protocolos adecuados que limiten el uso de la fuerza por sus agentes de seguridad, la Corte advierte que no ha declarado ninguna violación de la Convención Americana con base en la falta de adecuación de la legislación sobre el uso de la fuerza. En esta línea, la Corte entiende que no existe nexo de causalidad con los hechos del presente caso, toda vez que el planeamiento de la operación “Nipón 96” respondió a circunstancias excepcionales, que no se relacionan con el actuar diario de las fuerzas de seguridad. Por tal motivo, la Corte estima que no procede ordenar tal medida.




  1. La Corte nota que, en cuanto a la solicitud de ordenar una capacitación en derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la Corte ya ha ordenado al Estado peruano realizar cursos de capacitación permanentes en derechos humanos a miembros de fuerzas armadas y policiales en el marco de los casos La Cantuta15, Anzualdo Castro16, Osorio Rivera17 y Espinoza Gonzales18, por lo que no resulta procedente ordenar la medida solicitada en el presente caso.




  1. En cuanto a la solicitud relativa a la adopción o revisión de protocolos adecuados para la investigación de violaciones relacionadas con los derechos a la vida y a la integridad personal, el Estado aportó copia de diversos protocolos19 desarrollados en torno a la investigación de muertes violentas, torturas y de la escena del crimen, entre otros, los cuales ya se estarían aplicando en la actualidad por el Instituto de Medicina Legal y la Dirección Nacional de Criminalística. La Comisión Interamericana y los representantes no se pronunciaron sobre ninguno de los instrumentos aportados por el Estado. La Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el presente caso y, por tal razón, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.




  1. La Corte ha ordenado en otros casos adecuar, teniendo en cuenta los estándares internacionales, los parámetros para investigar las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, así como realizar el análisis forense20. En el presente caso, el Tribunal considera necesario que el Estado continúe con el proceso de implementación de protocolos eficaces para la investigación de violaciones relacionadas con el derecho a la vida que contemplen las normas internacionales pertinentes en la materia, tales como las previstas en el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de las Naciones Unidas. Asimismo, habrá de dotar a las entidades encargadas de la prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales de suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos para que puedan realizar el procesamiento adecuado de toda prueba, científica y de otra índole, con la finalidad de esclarecer los hechos delictivos. Lo anterior no será supervisado por el Tribunal.


D. Indemnizaciones Compensatorias
D.1. Daño material
Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión solicitó, en términos generales, reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en su Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como moral.




  1. Los representantes indicaron que los familiares decidieron no solicitar a la Corte una indemnización como reparación por los daños emergentes, daños al patrimonio familiar y daños por lucro cesante.




  1. El Estado indicó que, al manifestar los peticionarios su voluntad de no solicitar una indemnización por daño material, la Corte Interamericana no debería ordenar una reparación con relación a este rubro.


Consideraciones de la Corte


  1. A la vista de la petición de los representantes, la Corte no considera necesario realizar un pronunciamiento sobre el daño material.


D.2. Daño inmaterial
Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión solicitó, en términos generales, reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en su Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como moral.




  1. Los representantes manifestaron que los familiares en este caso “prefi[rieron] no solicitar una cantidad específica a la Corte por los daños que ha[brían] sufrido a lo largo de estos […] años”, de modo tal que solicitaron a este Tribunal que, en ejercicio de sus facultades y a la luz de los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, asignara una cantidad en equidad.




  1. El Estado se opuso a esta solicitud con base en las excepciones preliminares planteadas. En sus alegatos finales escritos, el Estado indicó que, pese a que los representantes no solicitaron una cantidad específica sino que se asignara una cantidad en equidad, al no existir a su criterio vulneración alguna a los derechos reconocidos en la Convención Americana, no existiría, por lo tanto, obligación de reparar. Añadió que “el Sistema Interamericano tiene como objeto la protección de los derechos humanos y no lucrar con el mismo, por lo cual, no corresponde que con pretensiones económicas se convierta a la […] Corte en una instancia mercantil, lo cual no se condice con el objeto y fin del funcionamiento de la misma”.


Consideraciones de la Corte


  1. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede constituir per se una forma de reparación21. No obstante, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”22.




  1. La Corte estima que en el presente caso no es pertinente ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial en razón de la violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, tomando en cuenta que esta sentencia constituye, per se, una suficiente indemnización del daño inmaterial23, y considerando que las reparaciones relativas a la investigación y a la difusión de esta sentencia que se ordenaron anteriormente significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana.




  1. Igualmente, este Tribunal considera que, en lo que respecta a Edgar Odón Cruz Acuña, la reparación relativa a la medida de rehabilitación constituye una reparación suficiente y adecuada para compensar la afectación sufrida en su integridad personal.




  1. Adicionalmente, en atención a las afectaciones derivadas de las violaciones establecidas a los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, Herma Luz Cueva Torres y Edgar Odón Cruz Acuña en diferentes grados a consecuencia de los hechos del presente caso y que así han sido constatadas por este Tribunal, la Corte estima que la presente sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral para los familiares24. Asimismo, las reparaciones relativas a la investigación y a la difusión de esta sentencia que se ordenaron anteriormente significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana.


E. Costas y Gastos
Argumentos de las partes


  1. Los representantes indicaron que, para la mayor parte de los procesos legales internos relativos al presente caso, la familia había contado con el apoyo de APRODEH, que siendo una organización sin ánimo de lucro, “no ha cobrado honorarios de tipo alguno a la familia”. Con base en ello, los representantes solicitaron a la Corte que fijara en equidad una cantidad, por concepto de los gastos incurridos por APRODEH, en calidad de representantes legales de las víctimas en los procesos internos e internacionales. Asimismo, los representantes indicaron que CEJIL había acompañado la documentación del caso desde el año 2001, y luego se incorporó al litigio del caso en el proceso internacional. Todo lo anterior supuso, según los representantes, que CEJIL incurriera en gastos que incluyen viajes, pago de hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papelería y envíos, a los que habría que añadir los gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurídico dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. A partir de un cuadro detallado sobre los gastos incurridos por CEJIL, solicitaron a la Corte que fijara en equidad la cantidad de US$ 31.778,10 en concepto de gastos. En sus alegatos finales escritos, los representantes detallaron los gastos incurridos con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y con motivo de la preparación de la diligencia de reconstrucción de hechos realizada en Lima, Perú, así como la participación en la audiencia pública celebrada en San José, Costa Rica. A este respecto, indicaron que el estimado de gastos incurridos por APRODEH fue de US$ 3.719, mientras que los gastos incurridos por CEJIL ascendieron a US$ 8.404.




  1. El Estado señaló que para la determinación de las costas y gastos es necesario verificar si los gastos realizados por los representantes son adecuados al ejercicio de la defensa de las presuntas víctimas. Indicó, en términos generales, que existirían comprobantes de pago, documentos internos de los representantes, proformas, entre otros, que registrarían gastos inadecuados a la defensa de las presuntas víctimas y no acreditarían relación alguna con el presente proceso internacional. En sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que sólo procede el pago de costas y gastos si existen recibos, pasajes o demás documentos que prueben que el desembolso se realizó con ocasión del presente proceso, resaltando que APRODEH no presentó recibos u otros documentos, y recordó que las pretensiones respecto a las costas y gastos deben estar directamente relacionados con el presente caso y el desarrollo del proceso en sí mismo, entendiéndose que quedan excluidos todos aquellos montos que se pretendan incluir y que no correspondan y/o se vinculen estrictamente al caso en concreto.


Consideraciones de la Corte


  1. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia25, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable26.




  1. El Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”27. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos28.




  1. Por un lado, en lo que se refiere a la labor de APRODEH, que ha acompañado a los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza en la investigación y tramitación del litigio a nivel nacional e internacional del presente caso desde el año 2001 hasta la actualidad, los representantes presentaron únicamente comprobantes relativos a los gastos de traslado, hospedaje, alimentación y viáticos para asistir a la audiencia celebrada ante la Corte en el presente caso en San José de Costa Rica. En lo que se refiere a CEJIL, los comprobantes enviados corresponden a gastos en la tramitación del caso a nivel internacional, incluyendo entre otros el traslado, hospedaje, alimentación y viáticos, así como el envío de affidávits.




  1. Respecto de los comprobantes enviados por los representantes, la Corte en efecto observa que: a) algunos comprobantes de pago presentan un concepto de gasto que no se vincula de manera clara y precisa con el presente caso, y b) algunos recibos de pago se encuentran ilegibles sin que de ellos se desprenda la cantidad económica que se pretende probar o el concepto del gastos. Los conceptos a los que se refieren han sido equitativamente deducidos del cálculo establecido por la Corte. Asimismo, los representantes presentaron comprobantes de gastos relacionados con la diligencia de reconstrucción de los hechos, los cuales fueron tomados en cuenta para ser incluidos en el cálculo ya que implicaron erogaciones relacionadas con el litigio del presente caso, más allá de aquellas cubiertas por el Estado. Por otro lado, la Corte considera razonable presumir que existieron otras erogaciones durante los 14 años, aproximadamente, en que actuó APRODEH.




  1. En consecuencia, la Corte estima procedente conceder una suma razonable de US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) por concepto de reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional. Asimismo, la Corte decide fijar una suma razonable de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) por concepto de reintegro de costas y gastos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel internacional. La cantidad fijada deberá ser entregada directamente a cada organización representante. La Corte considera que, en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas o sus representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal.


F. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas


  1. En el año 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema”29. En el presente caso se otorgó con cargo a dicho Fondo la asistencia económica necesaria para cubrir los gastos de viaje y estadía necesarios para que los peritos Federico Andreu Guzmán y Luis Bernardo Fondebrider comparecieran ante el Tribunal y pudieran rendir sus peritajes en la audiencia pública realizada en la sede del Tribunal, en la ciudad de San José, Costa Rica, y los costos de formalización y envío de dos affidávits de declarantes propuestos por los representantes (supra párr. 7). No obstante, el 3 de enero de 2014 los representantes informaron a este Tribunal que el perito Luis Bernardo Fondebrider no podría trasladarse a la sede de la Corte para rendir el peritaje ordenado por cuestiones médicas y la Corte ordenó que dicho peritaje fuera recibido por medios electrónicos audiovisuales durante la audiencia a celebrarse en el presente caso (supra nota al pie 10).




  1. El Estado tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones sobre las erogaciones realizadas en el presente caso, las cuales ascendieron a la suma de US$ 1.685,36 (un mil seiscientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con treinta y seis centavos). Perú sostuvo que el detalle de los gastos señalados han sido certificados por la Secretaría de la Corte, por lo cual gozan de suficiente credibilidad. Asimismo, tales erogaciones se encontrarían conforme a lo dispuesto por las Resoluciones del Presidente de la Corte de 28 de agosto de 2012 y 19 de diciembre de 2013. Sin embargo, el Estado recordó que, antes de ordenar a un Estado el reintegro al Fondo de los gastos en que se hubiese incurrido, la Corte deberá determinar que en el caso particular se configuraron violaciones a la Convención Americana, lo cual a su consideración no habría ocurrido en el presente caso.




  1. En razón de las violaciones declaradas en la presente sentencia y que se cumplió con los requisitos para acogerse al Fondo, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la cantidad de US$ 1.685,36 (un mil seiscientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con treinta y seis centavos) por concepto de los gastos realizados para la comparecencia de un perito en la audiencia pública del presente caso y la formalización y envío de dos affidávits. Dicha cantidad deberá ser reintegrada en el plazo de noventa días, contados a partir de la notificación del presente Fallo.


G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados


  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las organizaciones indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.




  1. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en su equivalente en moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que esté vigente en el Banco Central de la República del Perú, el día anterior al pago.




  1. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las organizaciones indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.




  1. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República del Perú.

XIII
PUNTOS RESOLUTIVOS



  1. Por tanto,




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