Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


Deber de iniciar una investigación ex officio



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Deber de iniciar una investigación ex officio


Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión notó que la Fiscalía inició una investigación sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales con base en la denuncia penal interpuesta tres años después de los hechos por familiares de dos de los emerretistas muertos. Asimismo, la Comisión observó que no se inició ningún tipo de investigación de carácter administrativo al respecto. Sobre el particular, la Comisión consideró que, en casos como el presente, donde se dio un operativo militar en el marco de un conflicto armado interno, una vez que el Estado toma conocimiento de la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales se encuentra obligado a iniciar sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva. En esta línea, la Comisión indicó que “las investigaciones en la justicia ordinaria se activaron a raíz de una denuncia interpuesta por los familiares en el año 2001 y no de oficio por parte del Estado”, y que hasta el 31 de marzo de 2011 no había habido una decisión judicial en el fuero común respecto de las mismas.




  1. Los representantes señalaron que los hechos ocurrieron bajo conocimiento del Estado, “en el contexto de un operativo militar contrasubversivo, planificado y ejecutado por agentes del Estado, con el conocimiento de sus más altas autoridades”. Al respecto, los representantes alegaron que, a pesar de que un día después del operativo se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres y se realizaron las necropsias parciales preferenciales, no se inició una investigación con el fin de determinar si el uso de armas de fuego y, más aún, de la fuerza letal había sido legal. En esta línea, sostuvieron que “el Estado tenía la obligación de iniciar una investigación para aclarar las circunstancias de [las] muertes” ocurridas a raíz del operativo. Los representantes subrayaron que las investigaciones tampoco iniciaron de oficio luego de que el señor Hidetaka Ogura hiciera públicas sus declaraciones. Según los representantes, en ese momento surgió para el Estado una obligación reforzada de investigar, pues existían alegaciones de ejecuciones extrajudiciales. Los representantes señalaron que las investigaciones solo dieron inicio luego de que el 2 de enero de 2001 APRODEH presentara una denuncia al respecto con base en las declaraciones de Ogura, es decir, casi 3 años después de ocurridos los hechos. Por ende, alegaron que el Estado es responsable por no haber iniciado ex officio una investigación seria y efectiva de las alegadas ejecuciones de las presuntas víctimas una vez que tuvo conocimiento de que éstas habían fallecido producto del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.




  1. El Estado sostuvo que había cumplido con su obligación de investigar la forma en que fue empleada la fuerza letal por parte de sus funcionarios y apuntó que, si como consecuencia de estas investigaciones, el Estado hubiera identificado que la muerte de los emerretistas se hubiera producido al margen del uso razonable y proporcional de la fuerza, se habrían iniciado las investigaciones orientadas al esclarecimiento de lo que hubiera podido ser considerado como una ejecución extrajudicial, pero esto no ocurrió. El Estado sostuvo que la realización de esta primera investigación debía distinguirse de las discrepancias o las dudas sobre los resultados de la misma, que habrían surgido desde finales de 2000 y comienzos de 2001, a partir de las declaraciones del señor Hidetaka Ogura y respecto de lo cual el Estado también inició de forma inmediata una investigación a cargo del Ministerio Público, esta vez relacionada con las presuntas ejecuciones extrajudiciales. El Estado sostuvo que “las discrepancias, cuestionamientos o deficiencias identificadas sobre cómo se realizaron las investigaciones una vez culminado el [operativo militar] por sí mismas no pueden dar lugar a una responsabilidad del Estado”.




  1. Adicionalmente, el Estado argumentó que “[e]l análisis sobre el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de investigación de hechos considerados como violatorios de la [Convención Americana] corresponde realizarse a partir del momento en que el Estado toma conocimiento de tales hechos, mas no desde que – años después – se presume que podrían haberse cometido”. El Estado invitó a la Corte a “evalu[ar] adecuadamente todas las acciones realizadas a partir de 2001 por el Estado peruano, como reacción inmediata ante las denuncias formuladas ante el Ministerio Público sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de [las tres presuntas víctimas]”.


Consideraciones de la Corte


  1. Cuando se alega la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales22.




  1. El Tribunal también ha señalado que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas, y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas para participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos23.




  1. La Corte resalta que tras el operativo de rescate no se consideró la hipótesis de las ejecuciones extrajudiciales, por lo cual no era exigible en aquel momento que el Estado iniciara una investigación sobre las mismas. Lo que sí era exigible al Estado era que realizara una investigación sobre el uso de la fuerza letal con mínimas garantías de diligencia (supra párrs. 350 y 369).




  1. Ahora bien, la Corte entiende que el Estado tuvo noticia de la posible ejecución extrajudicial de estas personas a partir de la nota de prensa aparecida en el periódico “El Comercio” el 18 de diciembre de 2000 y titulada “Emerretistas fueron capturados vivos” (supra párr. 174). A su vez, en diciembre de 2000 y enero de 2001 algunos familiares interpusieron denuncias, a partir de las cuales el Estado inició la investigación de los hechos y el Ministerio Público formalizó denuncia con los resultados de dicha investigación policial (supra párrs. 174 a 182).




  1. Por lo tanto, al menos a partir del 18 de diciembre de 2000, el Estado debió iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva de las alegadas ejecuciones extrajudiciales. La Corte encuentra que el período transcurrido entre que salió publicada la referida noticia, que el Estado recibió las denuncias de los familiares y que se inició la averiguación policial previa es razonable, por lo que concluye que no existió violación del deber de iniciar ex officio la investigación en este aspecto.




  1. Incompetencia de la jurisdicción militar para conocer de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Herma Luz Meléndez Cueva Víctor Salomón y Peceros Pedraza


Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión recordó que: (i) la Fiscalía abrió instrucción en mayo de 2002 en contra de algunos comandos que participaron del operativo, presuntos autores materiales, y respecto de los presuntos autores intelectuales de los hechos; (ii) días después el fuero militar abrió una investigación respecto de la totalidad de los comandos que participaron del operativo, y (iii) a solicitud del fuero militar, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la contienda de competencia, considerando que los militares que formaban parte del comando debían ser juzgados por la justicia militar y los demás por el fuero común. La Comisión observó que “la Corte Suprema de Justicia basó su razonamiento en que los hechos se dieron en un ‘claro enfrentamiento militar’, y que los comandos actuaron en una operación militar en un estado de emergencia, en cumplimiento de una orden con fundamento constitucional, y que los emerretistas ‘actuaron como un grupo armado integrante de una organización terrorista’, por lo [cual] no podía considerárseles como civiles”, y que por ende, los delitos que se hubieran cometido debían ser conocidos por el fuero militar. La Comisión sostuvo que, “si bien algunas conductas desarrolladas por los comandos durante el [o]perativo […] podrían eventualmente haber sido conocidas por la jurisdicción militar, las ejecuciones extrajudiciales[,] al ser violaciones graves de derechos humanos, tal como lo puntualizó la Corte Suprema[,] debieron haberse investigado por completo en el fuero común”.




  1. La Comisión sostuvo que, en casos como el presente, donde el Estado ha tenido conocimiento de alegadas ejecuciones extrajudiciales en el marco de una operación militar, las autoridades que investiguen los hechos deben gozar de independencia, de jure y de facto, de los funcionarios involucrados en los hechos. La Comisión señaló que la competencia del fuero militar debería aplicarse únicamente cuando se atente contra bienes jurídicos penales castrenses, en ocasión de las particulares funciones de defensa y seguridad del Estado, y nunca para investigar violaciones de derechos humanos. En esta línea, la Comisión concluyó que las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales no pueden ser consideradas delito de función, sino violaciones graves a los derechos humanos y, por lo tanto, la investigación de los hechos del presente caso debió adelantarse en el fuero común.




  1. Por otro lado, la Comisión agregó que los tribunales militares no pueden ser un órgano independiente e imparcial para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos debido a que en las fuerzas armadas existe un arraigado espíritu de cuerpo. De igual forma, la Comisión consideró que, “cuando autoridades militares juzgan acciones cuyo sujeto activo es otro miembro del Ejército, se dificulta la imparcialidad, porque las investigaciones sobre conductas de miembros de fuerzas de seguridad manejadas por otros miembros de dichas fuerzas suelen servir para encubrir los hechos en lugar de esclarecerlos[, y] que la imparcialidad de un tribunal radica en que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”. Además, la Comisión notó que en la jurisdicción militar no se habría dado acceso a los familiares de las presuntas víctimas ejecutadas, aunado al hecho que se absolvió a los militares involucrados sin una investigación independiente, por lo que los hechos habrían quedado impunes.




  1. Con base en lo expuesto, la Comisión consideró que en el presente caso el Estado peruano “extralimitó la esfera de la justicia militar, en contravención de los parámetros de excepcionalidad y restricción que caracterizan a la jurisdicción penal castrense, y extendió la competencia del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con la disciplina militar[,] como lo son las ejecuciones extrajudiciales[,] o con bienes jurídicos de dicho fuero, sobreseyó a los militares que formaron parte del operativo[,] impidi[endo] que los familiares de [las presuntas víctimas] tuvieran acceso a la justicia”.




  1. Los representantes sostuvieron que habrían probado que “las muertes de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza no se dieron en un enfrentamiento armado [y que, p]or el contrario, estos ya habían sido capturados y neutralizados cuando fueron ejecutados”. En consecuencia, consideraron que estos hechos no guardan relación con la disciplina o misión castrense y que los mismos atentaron contra bienes protegidos por el derecho penal interno y por la Convención Americana, es decir, contra la vida de las presuntas víctimas. Por lo tanto, los representantes consideraron que “la intervención del fuero militar en la investigación y procesamiento de estos hechos es contraria a los principios de excepcionalidad y restricción que deben caracterizar su aplicación”. En consecuencia, estimaron que el sometimiento de estos hechos al conocimiento de la jurisdicción militar violó el principio de juez natural, así como el derecho de las víctimas y sus familiares a ser oídos por un juez independiente e imparcial, ya que “[l]a falta de imparcialidad e independencia de la jurisdicción militar en este caso se ve reflejada […] en el hecho de que la misma decidió sobreseer todos los militares que habían sido procesados, dando como ciertas sus versiones y descartando todas aquellas pruebas que lleva[rían] a establecer que se trató de una ejecución extrajudicial”.




  1. En sus alegatos finales, los representantes se refirieron al dictamen rendido por el perito Andreu para sostener que “la existencia de conflicto armado o de una situación de estado de emergencia no tiene ningún efecto en la determinación de la competencia de la jurisdicción militar, pues las circunstancias de modo o tiempo no afectan al bien jurídico protegido”. Los representantes subrayaron que el presente caso versa sobre “una ejecución de una persona fuera de combate, lo que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y que[,] por lo tanto[, es] un crimen de guerra”. Según los representantes, “los crímenes de guerra nunca pueden ser considerados delitos militares, y en consecuencia, no pueden ser sometidos al conocimiento de la jurisdicción militar”. En este orden de consideraciones, los representantes señalaron que las investigaciones del fuero militar no se centraron en determinar si el operativo se había realizado conforme a la planificación, sino que “es claro que este proceso estaba dirigido a investigar la ejecución” de, entre otros, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva.




  1. El Estado contradijo lo alegado por la Comisión, así como por los representantes, en cuanto a que los familiares no habrían tenido acceso al proceso llevado a cabo en el fuero militar. Al respecto, el Estado señaló que estaba plenamente acreditado que los familiares de las presuntas víctimas tuvieron acceso al proceso en el fuero militar pudiendo ejercer los recursos que el citado ordenamiento los faculta. Sobre este último aspecto, el Estado sostuvo que la legislación vigente en aquel momento permitía a los familiares de las víctimas apersonarse en el proceso penal militar y que en el expediente de dicho proceso “obra abundante documentación que acredita que quienes quisieron constituirse en parte civil lo solicitaron, siendo su pedido aceptado” en aplicación de la legislación entonces vigente. El Estado negó que el proceso seguido en el fuero militar fuera secreto.




  1. Por otro lado, el Estado resaltó que el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez nunca pasó al fuero militar, “habiendo sido investigado el presunto hecho delictivo por la justicia común en todo momento”. En ese sentido, el Estado consideró que “cualquier argumentación en torno a la utilización del fuero militar para ‘tapar’ presuntos hechos criminales, no t[enía] ningún tipo de asidero jurídico, […] político ni antropológico”, pues en el presente caso, “jamás se bloque[ó] o impidi[ó] que la justicia ordinaria sea la competente para el caso, y [que] tampoco se trat[ó] de un juzgamiento de civiles por la justicia militar”.




  1. El Estado aclaró que “el juzgamiento en el fuero militar a los comandos por presuntas conductas directamente relacionadas con la operación, se ajusta[ba] a todos los estándares internacionales y no [vulneraba] las garantías judiciales por las siguientes razones: (i) la complejidad del caso desde la perspectiva del contexto político en donde ocurrieron los hechos; (ii) este caso se presentó en un contexto jurídico de un tránsito hacia un postconflicto que no ha pasado a su etapa de consolidación en plena como lo demostraron las continuas acciones terroristas del Sendero Luminoso en el Huallaga; (iii) los familiares de las presuntas víctimas tuvieron acceso al proceso en el fuero militar, contrariamente a lo señalado tanto por la Comisión, como por los representantes de las presuntas víctimas, y (iv) la actuación procesal interna en el caso se dividió en dos, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Estado [p]eruano, sin embargo, el caso Cruz Sánchez, como está totalmente acreditado nunca pasó al fuero militar”.




  1. Aclaró también el Estado que “esta[ba] plenamente acreditado que la investigación y juzgamiento se realizó con las normas del debido proceso, se dirimió el conflicto de competencias en forma imparcial por la Corte Suprema de Justicia y terminó en un fallo debidamente motivado por parte del CSJM el 5 de abril de 2004”. Asimismo, el Estado señaló que, “teniendo en cuenta que se trató de una operación militar que incidía en la seguridad del Estado, el orden constitucional garantiz[a] el cumplimiento de las funciones de las fuerzas del orden, [por lo cual] el Tribunal que podía garantizar un juicio imparcial era precisamente el militar, […] evita[ndo así] que jueces ideologizados o presionados por diferentes organizaciones juzgaran políticamente este tipo de acontecimientos”.




  1. Además, el Estado indicó que no existió ningún tipo de evidencia que demostrara que las presuntas víctimas y sus derechos hubieran sido vulnerados en el procedimiento penal militar, de lo cual pudiera colegirse el incumplimiento de este estándar. Con respecto a la actuación de los jueces y fiscales militares, el Estado sostuvo que la actuación de la justicia militar se realizó dentro del marco legal vigente en el momento de los hechos y que cuando aparecieron pruebas o indicios de ejecuciones extrajudiciales fue la justicia ordinaria la que asumió de forma inmediata las investigaciones. El Estado afirmó que, a pesar de las objeciones que puedan realizarse a su labor, la justicia militar preservó la documentación que luego formaría parte del acervo probatorio en la investigación iniciada en el 2001 y el correspondiente proceso penal.




  1. El Estado también sostuvo que “al concluir la Corte Suprema en el año 2013 que Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cruz murieron en combate, ha ratificado la conclusión a la cual se arribó en la justicia militar”. Adicionalmente, el Estado señaló que “aunque se alegara que el conocimiento de este caso por el fuero militar implicaba una afectación de las garantías procesales reconocidas en la [Convención Americana], éstas han sido respetadas en el proceso seguido ante la Corte Suprema y que ha llegado a la misma conclusión”. El Estado reconoció que en la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora existe una discrepancia ente los magistrados sobre la muerte de Eduardo Cruz Sánchez. El Estado sostuvo en relación con este particular aspecto que “la duda con relación a los alcances de la resolución del fuero militar podrá ser discutida en el ámbito interno”, dependiendo de la postura que adopte el Ministerio Público sobre el inicio de las investigaciones por la muerte de Cruz Sánchez.


Consideraciones de la Corte


  1. La Corte considera necesario precisar en primer lugar que, en relación con las presuntas víctimas en el presente caso, la jurisdicción militar sólo conoció de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, y no de la de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (supra párr. 185).




  1. La Corte recuerda que su jurisprudencia relativa a los límites de la competencia de la jurisdicción militar para conocer hechos que constituyen violaciones a derechos humanos ha sido constante, en el sentido de afirmar que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares24. Por ello, la Corte ha señalado que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar25.




  1. Asimismo, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria o común26. En tal sentido, la Corte ha indicado que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”27, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial28. En tal sentido, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia29.




  1. En la sentencia emitida en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, relativo a tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en contra de civiles por parte de personal militar, la Corte reiteró su constante jurisprudencia según la cual la jurisdicción militar no era el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria y afirmó que esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos30. Por otra parte, en la sentencia en el caso Radilla Pacheco Vs. México, que se refiere a la desaparición forzada de un civil, la Corte sostuvo que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar31.




  1. La Corte tiene presente que, a diferencia de los casos previos de los que ha tenido oportunidad de conocer en los que se debatía sobre la competencia de la jurisdicción militar para la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, en el presente caso las presuntas víctimas no son civiles, sino integrantes de un grupo armado, quienes participaron en las hostilidades en el marco de una operación de rescate de rehenes. La Corte no considera, sin embargo, que este elemento sea determinante para apartarse de su jurisprudencia ya que lo relevante es que las alegaciones se presentan respecto de personas presuntamente hors de combat que serían acreedoras de las garantías estipuladas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. En efecto, los hechos relativos a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciadas a fines del año 2000 y principio del año 2001 se habrían producido tal como se alega tras que los miembros del MRTA, presuntas víctimas de este caso, hubieran sido capturados o puestos hors de combat, lo que hubiera convertido a estas alegadas ejecuciones, de haberse comprobado, en serias violaciones de derechos humanos de cuya investigación, juzgamiento y sanción debiera haber conocido en exclusiva la jurisdicción ordinaria.




  1. En este sentido, la Corte considera oportuno señalar que las primeras investigaciones sobre las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva iniciaron en la jurisdicción ordinaria en enero de 2001, a raíz de que familiares de algunos emerretistas muertos presentaran denuncias penales ante el Ministerio Público alegando ejecuciones extrajudiciales (supra párrs. 174 y 175), y que fue tras un conflicto de competencia entablado por la Vocalía de Instrucción del CSJM y resuelto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 16 de agosto de 2002 (supra párr. 189), que la investigación y enjuiciamiento de los hechos pasaron a la jurisdicción militar en relación con los comandos militares.




  1. Pues bien, la Corte recuerda que desde la sentencia del caso Durand y Ugarte Vs. Perú ha sido el criterio jurisprudencial constante que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria32. La situación fáctica del caso Durand y Ugarte se refiere a la debelación de un motín en un penal en 1986, en la cual militares “hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos”33. Por lo tanto, dicha consideración también es aplicable en el presente caso en que los hechos ocurrieron en el año 1997. Además, la Corte reitera que, independientemente del año en que sucedieron los hechos violatorios, la garantía del juez natural debe analizarse de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana34.




  1. Las alegaciones de ejecución extrajudicial son actos que guardan relación con hechos y tipos penales que en ningún caso tienen conexión con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, los actos alegados contra Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza se relacionaban con bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana, como la vida e integridad personal de la víctima. Por lo tanto, la Corte reitera que los criterios para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos ante la jurisdicción ordinaria residen no en la gravedad de las violaciones sino en su naturaleza misma y en la del bien jurídico protegido35. Es claro que la conducta denunciada es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. Por consiguiente, la intervención del fuero militar para la investigación y juzgamiento de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Víctor Salomón Peceros Pedraza y Herma Luz Meléndez Cueva contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados36.




  1. Por ende, al dirimir la Corte Suprema de Justicia de la República la contienda de competencia a favor de la jurisdicción militar, se violó la garantía de juez natural, prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana, configurando la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de los familiares de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. Dado que los tribunales militares no eran competentes, la Corte considera que no es necesario pronunciarse respecto a los argumentos de la Comisión y de los representantes en torno a la alegada falta de independencia e imparcialidad y otras garantías judiciales.




  1. Alegado incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de carácter interno de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 8 y 25 del mismo instrumento


Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión consideró que los hechos que rodearon la alegada ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza constituirían un incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana en perjuicio de sus familiares. La Comisión señaló que, si bien no se había pronunciado sobre la presunta violación de dicho artículo en su Informe de Admisibilidad No. 13/04, “los hechos que l[a] sustentan surg[ieron] de la información y los documentos aportados por las partes en el transcurso del trámite del […] caso y respecto de los cuales el Estado [tuvo] la posibilidad de defenderse y presentar alegatos al respecto[,] lo [que] hizo durante la audiencia pública”. La Comisión consideró que podía realizar consideraciones sobre el particular en virtud del principio iura novit curia.




  1. La Comisión observó que, al amparo de varios artículos del Código de Justicia Militar vigente al momento de los hechos y de la Ley N° 24.150, así como a la luz del artículo 173 de la Constitución Política del Perú37, el razonamiento utilizado por la Corte Suprema de Justicia para dirimir la contienda de competencia entre la jurisdicción militar y la ordinaria se basó en que los comandos participantes en el operativo Chavín de Huántar actuaron “‘en cumplimiento de sus funciones’, en cumplimiento de órdenes, en el marco de un estado de emergencia”.




  1. La Comisión recordó la jurisprudencia de la Corte en el caso Radilla Pacheco Vs. México según la cual “aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense”. La Comisión argumentó que, aún cuando la Corte Suprema de Justicia consideró que los hechos del caso podrían constituir crímenes de lesa humanidad, ésta determinó que los mismos fueran conocidos por el tribunal militar en relación con los militares intervinientes en el operativo. Invocando la jurisprudencia de la Corte en los casos Radilla Pacheco Vs. México, Usón Ramírez Vs. Venezuela y Palamara Iribarne Vs. Chile, la Comisión subrayó que la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia omitió establecer claramente y sin ambigüedad cuáles eran los delitos que debían considerarse dentro de la función militar, estableciendo la relación directa y próxima con dicha función o con la afectación de bienes jurídicos propios del orden castrense. La Comisión indicó que, si bien el Estado informó que en 2004 tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia emitieron sentencias en las que se estableció que las violaciones de derechos humanos no eran delitos de función, no habría explicado de qué forma dicha jurisprudencia habría afectado los hechos del presente caso.




  1. En atención a las consideraciones previas, la Comisión concluyó que el Estado habría incumplido la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8 y 25 de la misma, al extender la competencia del fuero militar a delitos que no tenían relación directa con la disciplina militar o con bienes jurídicos del fuero castrense.




  1. Los representantes no realizaron alegatos sobre la posible vulneración del artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 8 y 25 del mismo instrumento.




  1. El Estado solicitó a la Corte que declarara “la no responsabilidad del Estado por el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8 y 25 de dicho instrumento”. El Estado sostuvo que “no puede afirmarse […] que la intervención del fuero militar tuvo el propósito de encubrir las graves violaciones de derechos humanos” y que, en la hipótesis de que algún tribunal militar hubiera intervenido con esa perspectiva, “fue corregida la situación mediante las posteriores resoluciones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia”. En relación con la aplicación de la Ley N° 24.150, el Estado subrayó que “ha sufrido una modificación legal y una modificación por declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos o frases antes que la Comisión emitiera el Informe de Fondo No. 66/11”. El Estado, asimismo, precisó que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Militar aplicaron las normas penales sustantivas entonces vigentes, las cuales ya fueron derogadas.


Consideraciones de la Corte


  1. De la jurisprudencia de la Corte se deduce que la responsabilidad internacional del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención Americana, se genera no sólo por una norma interna violatoria de la Convención38, sino también cuando funcionarios estatales, al aplicar una norma interna, la interpretan de una forma violatoria de los derechos protegidos en la Convención39.




  1. La Corte nota que en el presente caso la Comisión no cuestionó las normas de derecho interno que regulan la posibilidad de que los delitos de función sean conocidos por la jurisdicción militar, sino que se limitó a poner en entredicho la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la República al dirimir la contienda de competencia entre la jurisdicción penal ordinaria y la militar, y ello en virtud de la jurisprudencia de la Corte en relación con el alcance de la competencia del fuero militar.




  1. La Corte estima que este alegato, que no cuestiona la legislación peruana sino la práctica de las autoridades internas a través de la decisión que dirimió la contienda de competencia, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de la República extendió la competencia del fuero castrense a delitos que no tenían estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, ignorando de este modo la interpretación que de tales garantías ha realizado la Corte Interamericana en relación con el alcance de la jurisdicción penal militar, está íntimamente relacionado con el alegato ya abordado sobre la incompetencia de la jurisdicción penal militar para conocer de los hechos del presente caso a la luz de la jurisprudencia desarrollada bajo los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.




  1. La Corte entiende que esta fue una decisión para el caso concreto y que posteriormente, tanto el Tribunal Constitucional40 como la Corte Suprema de Justicia de la República41 modificaron dicha práctica, estableciendo criterios de carácter general y vinculante en el sentido de que el fuero militar debe restringirse a delitos de función determinables por el bien jurídico protegido y no a delitos comunes que impliquen violaciones a los derechos humanos.




  1. En consecuencia, la Corte no encuentra violación del artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8 y 25 de la misma.




  1. Falta de debida diligencia


Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión no presentó argumentos al respecto.




  1. Los representantes señalaron que hasta la fecha no se habría iniciado ningún proceso, ni se habría llevado a cabo diligencia alguna que tenga como fin determinar la posible participación de militares en la ejecución de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, “aún cuando exist[irían] evidencias de que la [presunta] víctima fue entregada viva a un militar y de que éste la introdujo a la residencia del [E]mbajador de Japón, la cual en ese momento se encontraba ocupada por militares”. Los representantes consideraron que el Estado no habría actuado con la debida diligencia para determinar la identidad y sancionar a todos los partícipes en la ejecución de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.




  1. Los representantes señalaron que, desde el inicio del proceso penal el 11 de junio de 2002, “el procesado Jesús Zamudio Aliaga se encuentra prófugo de la justicia peruana, a pesar de la existencia de un mandato de detención para su inmediata ubicación, captura e internamiento en la cárcel judicial por parte de la Policía Nacional”. Señalaron que no existe mayor información sobre las acciones realizadas por las autoridades judiciales y policiales para la ubicación y captura de dicho procesado, respecto de quien se ha reservado el juzgamiento hasta que sea puesto a disposición del tribunal a cargo del proceso penal. Indicaron, asimismo, que las acciones correspondientes por parte del personal que brinda auxilio a los jueces a cargo de la investigación y juzgamiento de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, constituyen un hecho contrario a la obligación general de garantía.




  1. Finalmente, los representantes señalaron que en el caso del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, la Fiscalía de la Nación presentó denuncia ante el Congreso siete años después de ocurridos los hechos y más de 8 años después de presentada la denuncia inicial. Sin embargo, esta nunca fue tramitada. Transcurrieron entonces 4 años más hasta que la Fiscalía Provincial Penal Especializada presentó acusación. Concluyeron sosteniendo que, “[a] más de 4 años de solicitada la extradición de Alberto Fujimori [Fujimori] por las autoridades judiciales, ésta aún no se ha[bía] resuelto por parte del Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú”.




  1. El Estado no presentó argumentos específicos sobre estos alegatos.


Consideraciones de la Corte


  1. Si bien la Corte ha indicado que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios42. Es responsabilidad de las autoridades estatales realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles que debe estar orientada a la determinación de la verdad y al eventual enjuiciamiento y en su caso castigo de los autores de los hechos, especialmente en un caso como el presente en el cual estaban involucrados agentes estatales43.




  1. En lo que se refiere a la obligación de investigar con debida diligencia, esta Corte ha señalado que el órgano que investiga una alegada violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue44. Sin embargo, la Corte recuerda que la obligación del Estado de investigar consiste principalmente en la determinación de las responsabilidades y, en su caso, en su procesamiento y eventual condena. Asimismo, este Tribunal reitera que la referida obligación es de medio o comportamiento, razón por la cual no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio45.




  1. En lo que se refiere a la obligación de desplegar las diligencias necesarias para que el acusado contumaz Jesús Salvador Zamudio Aliaga pudiera ser ubicado para ser sometido a proceso, la Corte estima que el Estado no ha demostrado haber actuado con la diligencia debida a fin de localizarlo.




  1. En lo que se refiere a la investigación relativa al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y a la dilucidación de la posible participación de militares en la ejecución de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, corresponde a las autoridades internas competentes investigar o continuar investigando si esas hipótesis tienen cabida en los hechos del caso y, en su caso, determinar lo correspondiente46.




  1. Derecho a conocer la verdad


Argumentos de las partes y de la Comisión


  1. La Comisión no presentó argumentos al respecto.




  1. Los representantes sostuvieron que el Estado habría violado el derecho a la verdad de las presuntas víctimas y sus familiares, “en la medida en que las ejecuciones extrajudiciales a las que se refiere este caso fueron cometidas en un operativo militar que fue planificado y ejecutado por agentes del Estado, con el conocimiento de las más altas autoridades estatales”. En consecuencia, consideraron que “el Estado es el único que tiene en sus manos información relevante para establecer la verdad de lo ocurrido”, pero que sin embargo se habría abstenido de proporcionar esta información. Además, indicaron que el Estado habría incurrido en diversas acciones tendientes a impedir que se supiera la verdad y hasta la fecha no había identificado y sancionado a los responsables de estos graves hechos. En razón de lo anterior, solicitaron a la Corte que declarara responsable al Estado por la alegada violación de los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la Convención Americana.




  1. El Estado consideró que, de la jurisprudencia constante de la Corte, se colegía claramente que el derecho a la verdad “se [encontraba] subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”, y que, por ende, no era necesario para la Corte pronunciarse respecto a una violación autónoma e independiente del llamado derecho a la verdad. El Estado invocó, más concretamente, la sentencia del caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, en la que la Corte “no [estimó] que el derecho a la verdad [fuera] un derecho autónomo consagrado en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención, como fuera alegado por los representantes” y rechazó consideraciones análogas a las realizadas por los representantes en el presente caso. El Estado añadió que tal jurisprudencia fue reiterada en la sentencia del caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.


Consideraciones de la Corte


  1. En distintos casos la Corte ha considerado que el derecho a conocer la verdad “se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25.1 de la Convención”47. Por otra parte, en algunos casos tales como Anzualdo Castro y otros vs. Perú y Gelman vs. Uruguay la Corte ha realizado consideraciones adicionales y específicas aplicables al caso concreto sobre la violación del derecho a la verdad48. Asimismo, en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala la Corte analizó la violación del derecho a conocer la verdad en su análisis del derecho a la integridad personal de los familiares, pues consideró que, al ocultar información que impidió a los familiares el esclarecimiento de la verdad, el Estado respectivo había violado los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana49. Adicionalmente, en el caso Gomes Lund y otros (Guerilla de Araguaia) vs. Brasil, la Corte declaró una violación autónoma del derecho a la verdad que, por las circunstancias específicas de dicho caso, constituyó, además de una violación al derecho de acceso a la justicia y recurso efectivo, una violación del derecho a buscar y recibir información, consagrado en el artículo 13 de la Convención50.




  1. Por consiguiente, la Corte reitera que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1 y 25, así como en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención51, el derecho a conocer la verdad. Respecto a los hechos relativos a Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, la Corte nota que fueron posteriormente objeto de análisis por parte de la jurisdicción ordinaria por lo que se dio respuesta a lo sucedido a través de dicho proceso. En forma diferente, transcurridos 18 años de los hechos, aún no se conoce toda la verdad sobre lo ocurrido respecto a la ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez. Aún cuando estos hechos han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (supra párrs. 308 a 310) y de investigación judicial, la propia Corte Suprema de Justicia de la República ha indicado que “existen todavía algunos pasajes de los hechos, vinculados al agraviado Cruz Sánchez, que deben y pueden esclarecerse en una línea investigativa más intensa”52.




  1. No obstante, la Corte considera que no encuentra necesario un pronunciamiento específico sobre la violación del derecho a conocer la verdad dadas las violaciones previamente declaradas y las particularidades del presente caso.




  1. Conclusión




  1. En suma, el Tribunal considera que existieron irregularidades en el manejo de la escena de los hechos y el levantamiento de cadáveres, así como una falta de rigurosidad en la realización de las necropsias en el año 1997, por lo que las primeras diligencias y el aseguramiento inicial del material probatorio carecieron de mínima diligencia. Además, los procesos ante los tribunales peruanos no han sido desarrollados en un plazo razonable y el Estado no ha demostrado haber llevado a cabo las diligencias necesarias para localizar a uno de los sindicados que se encuentra en contumacia. Con base en las consideraciones anteriores y en el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, a saber, Edgar Odón Cruz Acuña, Herma Luz Cueva Torres, Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe, en los términos de los párrafos precedentes.


XI
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON la OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS



  1. En el presente capítulo, la Corte expondrá los argumentos de las partes y de la Comisión Interamericana, para luego pasar a pronunciarse sobre el fondo del asunto respecto de las alegadas violaciones al artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza.




  1. Argumentos de las partes y de la Comisión




  1. La Comisión sostuvo que el Estado habría incurrido en un déficit de garantías judiciales en lo que respecta a las presuntas víctimas ya que no había llevado a cabo una investigación diligente y efectiva, ni había determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de sus parientes. La Comisión alegó que la ausencia de impartición de verdadera justicia por parte de las autoridades había violado la integridad personal de los familiares, pues había prolongado el ya doloroso episodio que éstos habían vivido al perder a sus seres queridos a raíz de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Según la Comisión, otros episodios que habrían padecido los familiares consistirían en que el Estado no les habría informado sobre el traslado de los cadáveres, ni sobre su entierro, ni les habría notificado el resultado de las necropsias realizadas a las presuntas víctimas, tampoco sobre las causas y circunstancias de su muerte y, por último, les habría negado un verdadero acceso a la justicia, ya que los familiares debieron enfrentar “la lentitud del proceso, […] los intentos de encubrimiento de las muertes y la falta de diligencia de las autoridades tanto del fuero común como del fuero militar”. La Comisión destacó la desinformación a la que habrían estado sometidas las presuntas víctimas por parte del Estado, al no haberles permitido saber el paradero de sus familiares.




  1. La Comisión especificó que los hechos que rodearon la alegada ejecución extrajudicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza habrían constituido contravenciones al artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio de sus familiares. En este sentido, la Comisión recalcó que la Corte había establecido en reiterada jurisprudencia que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas. En lo que se refiere a los derechos de los familiares de las personas víctimas de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, la Comisión invocó la jurisprudencia según la cual no se necesita prueba para demostrar las graves afectaciones a la integridad psíquica y moral de dichos familiares, pues ese resultado colateral se presume.




  1. La Comisión hizo énfasis en las acciones del Estado con posterioridad a las alegadas ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales que habrían constituido violaciones adicionales a la dignidad de los familiares de las presuntas víctimas, a saber: (i) enterrar los restos mortales como personas sin identificar, lo que según la Comisión desató un sufrimiento adicional para los familiares pues les negó la posibilidad de enterrar a sus muertos en el lugar de su elección y de acuerdo a sus creencias y (ii) no haber investigado seriamente la alegada ejecución arbitraria y extrajudicial de las presuntas víctimas, a tal punto que los hechos permanecerían hoy en la impunidad. La Comisión citó jurisprudencia de la Corte en la que se establece que la ausencia de recursos judiciales efectivos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicionales para los familiares de las presuntas víctimas, y recalcó que aún no se ha materializado justicia en el presente caso. En lo que se refiere a la alegada denegación de justicia, la Comisión consideró que “se acredita: (i) desde el momento […] posterior a las [alegadas] ejecuciones, por las deficiencias e irregularidades en la investigación; (ii) mediante [la falta durante] años de una investigación eficaz [llevada a cabo] de oficio; (iii) por el otorgamiento de competencia a la justicia penal militar, y (iv) por las demoras y limitaciones […] del proceso ante la justicia ordinaria seguido contra un muy reducido número de personas”. La Comisión sostuvo que todas las acciones desplegadas por el Estado, aunadas a la alegada ejecución extrajudicial en sí, constituirían una vulneración a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas.




  1. La Comisión concluyó que el Estado debía ser declarado responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los siguientes familiares: Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, Herma Luz Cueva Torres, Edgar Odón Cruz Acuña y Lucinda Rojas Landa.




  1. Los representantes indicaron que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, los familiares de las presuntas víctimas pueden ser consideradas víctimas de violaciones a su integridad personal y detallaron los hechos que habrían conducido a dichas vulneraciones. Insistieron en que “Perú violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares […] por el sufrimiento causado a raíz de las [alegadas] ejecuciones extrajudiciales de las [presuntas] víctimas, la falta de justicia y la forma en que se dispuso de los restos de sus seres queridos”. Los representantes alegaron que en el presente caso los “familiares directos” de las presuntas víctimas “han estado expuestos a un profundo dolor a través de los años”, y que los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez se enteraron de la muerte de su familiar a través de los medios de comunicación, mientras que los familiares de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza tomaron conocimiento de las muertes de sus familiares durante las investigaciones de 2001. Los representantes consideraron que el hecho de que los cadáveres de las presuntas víctimas fueran trasladados al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, y que los cuerpos hubieran sido dispuestos de manera clandestina y sin dar aviso a sus familiares, aunado a la falta de explicaciones por parte del Estado “acerca de las circunstancias en que [las presuntas víctimas] habían fallecido o las circunstancias de su muerte”, constituyeron vulneraciones a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas. Los representantes hicieron hincapié en las vulneraciones que se generaron contra la integridad personal de las presuntas víctimas tanto por la forma en la que fueron dispuestos los restos de sus familiares, como por la lentitud y falta de diligencia de ambos fueros común y militar a la hora de impartir justicia respecto a las ejecuciones extrajudiciales denunciadas. Por último, los representantes alegaron que la Corte ha establecido la presunción iuris tantum de la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, en perjuicio de los familiares directos de las víctimas de ciertas violaciones de los derechos humanos, tales como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, por lo que corresponde al Estado desvirtuarla.




  1. El Estado argumentó que algunos de los familiares que la Comisión había incluido como afectados en su integridad personal debían ser excluidos de dicha calificación pues, en su opinión, dichas personas no vieron afectados sus derechos por parte del Estado ya que no existiría un vínculo familiar estrecho entre ellas y las presuntas víctimas. El Estado solicitó a la Corte que ésta se pronunciara sobre el grado de relación de los familiares que reclaman con la presunta víctima y el impacto de su muerte en su integridad.




  1. En relación con Herma Luz Cueva Torres, madre de Herma Luz Meléndez Cueva, el Estado argumentó que las afectaciones a su salud habrían sido causadas primordialmente por el “secuestro” de su hija por parte del MRTA cuando todavía era menor de edad y no por la supuesta ejecución extrajudicial. En el caso de los familiares de Víctor Salomón Peceros Pedraza, el Estado, al referirse a la presunta víctima Jhenifer Solanch Peceros Quispe, indicó que no era posible concluir de manera fehaciente que estuviera reconocida legalmente como su hija y subrayó que Peceros Pedraza habría abandonado a su pareja antes del nacimiento, lo que desvirtuaría la cercanía entre padre e hija y, por ende, la afección que ésta pudiera sufrir. Adicionalmente, el Estado alegó que, salvo la aceptación por parte de los familiares de la filiación entre Jhenifer Solanch Peceros Quispe y Víctor Salomón Peceros Pedraza, no habría más elementos probatorios que permitieran concluir que existía una relación de consanguinidad entre ellos.




  1. En el caso de la afectación de los derechos de los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el Estado negó la presunta vulneración de los derechos de su hermano Edgar Odón Cruz Acuña, alegando que “su vinculación no era tan cercana”, puesto que como se desprendería de los testimonios brindados por éste, los hermanos no habrían cohabitado durante un tiempo significativo, ya sea porque habrían sido criados en entornos diferentes o por las actividades que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez empezó a desarrollar en el MRTA.




  1. El Estado negó que el desmembramiento familiar hubiera sido causa directa de la actuación del Estado y alegó que el rompimiento de los vínculos familiares ocurrió desde que las presuntas víctimas escogieron enlistarse como miembros del MRTA. Según el Estado, “los familiares de los ‘delincuentes terroristas’ negaban su relación con ellos, o simplemente evadían ser ubicados, […] por consiguiente la decisión de quienes optaron integrar una agrupación terrorista generó un fuerte impacto en sus familiares, no atribuible al Estado”. El Estado consideró este rompimiento como probado también por el hecho de que los familiares de las presuntas víctimas ni siquiera sabían que sus familiares estaban muertos, ya que llevaban años sin tener noticias de ellos.




  1. El Estado negó haber enterrado clandestinamente los cuerpos de las presuntas víctimas y no haber permitido a los familiares darles una adecuada sepultura. Al respecto, el Estado manifestó que en el momento no se encontraba en capacidad de encontrar a los familiares de las presuntas víctimas. Según indicó, esto puede concluirse a partir de diversos elementos: (i) que en sus testimonios, los familiares de las presuntas víctimas se mostraran sorprendidos de haber sido ubicados por la Cruz Roja; (ii) que ninguno de los familiares hubiera reclamado los cuerpos de las presuntas víctimas pues éstos, a excepción del señor Edgar Odón Cruz Acuña, no sabían que sus familiares habían perecido en la residencia del Embajador de Japón, y (iii) que en otros casos donde el Estado sí estuvo en capacidad técnica de hallar a los familiares, así lo hizo y entregó los cuerpos a la mayor brevedad. El Estado se refirió especialmente al caso del señor Edgar Odón Cruz Acuña, pues éste, a diferencia de los otros familiares, sí reconoció haber sabido que su hermano estaba muerto y el cuerpo en poder de las autoridades, y pese a ello no reclamó su cuerpo. Finalmente, el Estado alegó haber brindado todas las garantías judiciales necesarias argumentando que hay en curso procesos en el Perú de los cuales los familiares han sido parte y han contado con asesoría legal gratuita.




  1. Consideraciones de la Corte




  1. La Corte recuerda su jurisprudencia según la cual los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas1. La Corte ha considerado que se puede declarar violado el derecho a la integridad psíquica y moral de “familiares directos” de víctimas y de otras personas con vínculos estrechos con tales víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a estos hechos2.




  1. La Corte ha sostenido que en casos que involucran una alegada ejecución arbitraria o extrajudicial, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los “familiares directos” de la o las víctima(s) es una consecuencia directa de ese fenómeno. Así pues, la Corte ha considerado como “familiares directos” a las madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes, de personas consideradas víctimas de una violación grave de los derechos humanos, como masacres3, desapariciones forzadas de personas4, y ejecuciones extrajudiciales5. En tales casos, la Comisión o los representantes no necesitan probar la vulneración a la integridad personal ya que opera una presunción iuris tantum y, en consecuencia, una inversión de la carga argumentativa, en la que ya no corresponde probar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de tales “familiares directos”, sino que corresponde al Estado desvirtuar la misma6.




  1. La existencia de esta presunción iuris tantum a favor de los “familiares directos” de las víctimas no excluye que otras personas no incluidas en esta categoría puedan demostrar la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre ellas y las víctimas del caso que permita a la Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal7 y, por ende, su condición de víctimas de una conducta u omisión estatal materia de reproche. En estos supuestos, la Corte deberá analizar si de la prueba que consta en el expediente se acredita una violación del derecho a la integridad personal de la presunta víctima, sea o no familiar de alguna otra víctima del caso. Respecto de aquellas personas sobre las cuales el Tribunal no presumirá una afectación del derecho a la integridad personal por no ser familiares directos, la Corte evaluará, por ejemplo si existe un vínculo particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que permita a la Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal. La Corte también podrá evaluar si las presuntas víctimas se han involucrado en la búsqueda de justicia en el caso concreto8, o si han padecido un sufrimiento propio como producto de los hechos del caso o a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos9. En definitiva, entre los extremos a considerar la Corte ha tenido en cuenta los siguientes: (i) la existencia de un estrecho vínculo familiar; (ii) las circunstancias particulares de la relación con la víctima; (iii) la forma en que el familiar se involucró en la búsqueda de justicia; (iv) la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas; (v) el contexto de un régimen que impedía el libre acceso a la justicia, y (vi) la permanente incertidumbre en la que se vieron envueltos los familiares de la víctima como consecuencia del desconocimiento de su paradero.




  1. En el presente caso fueron alegadas como presuntas víctimas de violación del artículo 5 de la Convención, las siguientes personas: Herma Luz Cueva Torres en calidad de madre de Herma Luz Meléndez Cueva; Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe, en calidad de padre, madre e hija, respectivamente, de Víctor Salomón Peceros Pedraza, y Edgar Odón Cruz Acuña en calidad de hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez10.




  1. Si bien respecto de Herma Luz Cueva Torres, Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros y Jhenifer Solanch Peceros Quispe operaría la presunción iuris tantum ya que califican como “familiares directos” según la jurisprudencia de este Tribunal (supra párr. 444), lo cierto es que de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX supra, la Corte no ha considerado a sus familiares como víctimas directas de alegadas violaciones al derecho a la vida. Por ende, tampoco corresponde pronunciarse sobre una posible violación al artículo 5 de la Convención Americana en su perjuicio en relación con supuestas afectaciones derivadas de alegadas ejecuciones extrajudiciales que la Corte no dio por establecidas ni de otros motivos del sufrimiento y angustia, pues estos son siempre adicionales a la violación del derecho a la vida.




  1. La Corte analizará a continuación los alegatos presentados por las partes y por la Comisión relativos al carácter de víctima del hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez11, siendo que éste último ha sido declarado víctima directa de una violación al derecho a la vida. Con respecto a Edgar Odón Cruz Acuña no opera, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte (supra párr. 444), la presunción iuris tantum y, por tanto, corresponderá a la Corte valorar, en atención al acervo probatorio en su poder, si éste puede considerarse víctima en virtud del artículo 5 de la Convención. Le corresponde, por tanto, a esta Corte evaluar, a la luz de los alegatos y pruebas presentados por las partes, si existía un vínculo particularmente estrecho entre Edgar Odón Cruz Acuña y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez que le permita establecer una afectación a su integridad personal y, por ende, una violación del artículo 5 de la Convención.




  1. La Corte nota, en este sentido, que: a) entre Edgar Odón Cruz Acuña y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, pese a que no habían convivido en su infancia, existía una relación familiar cercana, sobre todo desde que ambos residían en Lima12; b) Edgar Odón Cruz Acuña no reclamó el cuerpo de su hermano por miedo a represalias por parte de las autoridades estatales, lo cual resulta comprensible dado el contexto, las circunstancias del operativo y el modo en que el éxito del mismo fue posteriormente gestionado13; c) una vez que tuvo conocimiento, terminado el período fujimorista, de que APRODEH estaba analizando los casos de muertes en el operativo “Chavín de Huántar”, se comunicó con ellos y participó en la identificación del cadáver de su hermano y en el análisis de ADN14; y d) Edgar Odón Cruz Acuña se constituyó como parte civil en el proceso penal ante el fuero común contra Vladimiro Montesinos y otros por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (supra párr. 193) e interpuso un recurso de nulidad ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (supra párr. 228), de modo tal que se involucró en el proceso penal. El reclamante también declaró que se ha visto afectado por la muerte de su hermano en manos del Estado y por el sentimiento de injusticia, entre otros15.




  1. De la declaración rendida mediante affidávit, así como del peritaje recibido, se desprende que la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez ha causado secuelas a nivel personal en Edgar Odón Cruz Acuña, lo cual le ha suscitado sentimientos de temor e indefensión. La Corte concluye, con base en las consideraciones anteriores, que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de Edgar Odón Cruz Acuña, hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, por los sufrimientos padecidos en relación con la ejecución extrajudicial de su familiar y la ausencia de investigaciones efectivas.




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