Vs. Perú Sentencia de 10 de julio de 2007



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76Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 102; Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 8, párr. 137; y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 335.


77Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 8, párr. 137; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 335; y Caso Vargas Areco, supra nota 6, párr. 96.


78Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 429).


79Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 434); y declaración jurada escrita rendida por Vanessa Cantoral Contreras el 14 de diciembre de 2006 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 383).


80Cfr. declaración testimonial rendida por Ulises Cantoral Huamaní en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 23 y 24 de enero de 2007; peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 434); y declaración jurada escrita rendida por Vanessa Cantoral Contreras el 14 de diciembre de 2006 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 384).


81Cfr. declaración testimonial rendida por Ulises Cantoral Huamaní en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 23 y 24 de enero de 2007; entrevista a Pelagia Mélida Contreras Montoya de Cantoral incluida en el peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folios 426 y 429).


82Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 436).



83Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 425).


84En lo pertinente este artículo establece que:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.




85En lo pertinente este artículo señala que:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.




86Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 8, párr. 145; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 381; y Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 106.


87Cfr. Informe No. 05-2005-2º FPSP-MP-FN emitido por la Fiscalía Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial el 2 de diciembre de 2005 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 6, folios 921 a 929).


88Cfr. Informe No. 05-2005-2º FPSP-MP-FN emitido por la Fiscalía Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial el 2 de diciembre de 2005 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 6, folio 928); y Parte Nro. 11–D4-DINCOTE emitido por la Dirección Nacional contra el Terrorismo el 2 de enero de 1995 (expediente de anexos al escrito de contestación a la demanda, anexo 1, folio 748).

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 Cfr. Parte Nro. 11–D4-DINCOTE emitido por la Dirección Nacional contra el Terrorismo el 2 de enero de 1995 (expediente de anexos al escrito de contestación a la demanda, anexo 1, folio 740).

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 En efecto, la 45ª Fiscalía remitió la investigación a la 43ª Fiscalía, que primero había conocido del caso, la cual, a su vez, envió la investigación al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, “a fin de que dicho despacho estableciera la competencia del caso”. El 19 de agosto de 2002 el Fiscal Superior Decano remitió los actuados a la 28ª Fiscalía, especializada en el delito de terrorismo, cuya única diligencia fue solicitar a la 43ª Fiscalía que remitiera “todos los actuados correspondientes a la investigación”. Cuando el expediente fue remitido, la 43ª Fiscalía lo remitió a la 2ª Fiscalía, porque ésta última investigaba una denuncia sobre las acciones presuntamente cometidas por el Comando Rodrigo Franco. Posteriormente, la Fiscalía Provincial Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas se avocó al conocimiento de las acciones presuntamente cometidas por el Comando Rodrigo Franco, pero en el 2005 el caso regresó a la 2ª Fiscalía donde actualmente se encuentra. Cfr. Informe No. 05-2005-2º FPSP-MP-FN emitido por la Fiscalía Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial el 2 de diciembre de 2005 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 6, folios 924 y 925).


91Cfr. Informe No. 05-2005-2º FPSP-MP-FN emitido por la Fiscalía Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial el 2 de diciembre de 2005 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 6, folios 926 al 928); e Informe No. 03–2007–2º FPS–MP–FN emitido por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de fecha 20 de febrero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 857).


92Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 6, párr. 146. Cfr. también Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 54 párr. 143; Caso Montero Aranguren y otros, supra nota 72, párr. 79; y Caso Ximenes Lopes, supra nota 13, párr. 148.


93Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 54 párr. 143; Caso Ximenes Lopes, supra nota 13, párr. 148; y Caso Baldeón García, supra nota 6 párr.94.


94Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 54 párr. 120; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 54, párr. 232; y Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66.


95 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 54, párr. 177; y Caso Baldeón García, supra nota 6, párr 93.


96Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 54, párr. 177. Cfr. también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 255; Caso Ximenes Lopes, supra nota 13, párr. 148 y Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 71, párr. 296.



97 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 8, párr 146; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 382; Caso Vargas Areco, supra nota 6, párr. 101.


98Cfr. Anexo Relativo al Comando Rodrigo Franco del Informe de la Comisión de Verdad y Reconcialiación (expediente de excepción preliminar y fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 815), e Informe No. 05-2005-2º FPSP-MP-FN emitido por la Fiscalía Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial el 2 de diciembre de 2005 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 6, folio 928). En la lista de personas llamadas a declarar por el Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía, no consta ninguna de las cuatro personas mencionadas en el Informe Final de la CVR.


99 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 88; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 344; y Caso Vargas Areco, supra nota 6, párr. 78.


100El artículo 16 de la Convención establece:

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.




101 Cfr. declaración testimonial rendida por Rosa Amelia García Santa Cruz viuda de Valverde en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 23 y 24 de enero de 2007; artículo periodístico titulado “Fuerza y ternura” publicado en la revista “Sí” de la semana del 20 al 27 de febrero de 1989 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 922); artículo periodístico titulado “Testigo puede identificar a los asesinos” publicado en el diario “Diario La República” el 15 de febrero de 1989 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.1, folio 138).


102 Cfr. declaración testimonial rendida por Rosa Amelia García Santa Cruz viuda de Valverde en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 23 y 24 de enero de 2007; artículo periodístico titulado “2,000 policías a la caza de los asesinos” publicado en el diario “Diario La República” el 15 de febrero de 1989 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.1, folio 140); artículo periodístico titulado “Consuelo García fue asesinada” publicado en “Doble Jornada” el 6 de marzo de 1989 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1.1, folio 201).


103Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C. No. 72, párr. 156. Cfr. también Caso Huilca Tecse, supra nota 94, párr. 69.


104Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 94, párr. 76.


105 Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 94, párr. 77.


106 Cfr. Informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, número 337 respecto de Colombia, supra párr. 48, párrs. 535 y 539.


107 Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 94, párr. 77.


108 Cfr. Informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, número 278 respecto del Perú, supra párr. 48, párr. 237.


109 Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 94, párr. 75.



110 Cfr. declaración testimonial rendida por Ulises Cantoral Huamaní en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 23 y 24 de enero de 2007, en la que refirió que “[l]a muerte de [su] hermano impactó terriblemente sobre los obreros mineros. Nunca había visto tanta solidaridad con la familia llegar de todos los centros mineros a Lima y también a la movilización en su entierro donde los mineros parecía que habían perdido un ser querido y luego fue desmembrándose esta federación hasta que finalmente quedó totalmente debilitad[a]”.


111El artículo 63.1 de la Convención establece:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.




112El Estado cita al respecto la ley No. 27741 por la que “se establece la política educativa en materia de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y se establece la obligatoriedad de su difusión y enseñanza sistematizada y permanente”; la ley general de educación No. 28044, por la que “se ha incorporado la propuesta de reformas en educación planteadas por la CVR”; la aprobación por resolución ministerial del “Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial”; la ley No. 27775, la cual “regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales”; el artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual “obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores remitir a la Corte Suprema de Justicia la sentencia emitida” por la Corte Interamericana, la cual a su vez la “dirige al juzgado en que se originó la litis para su ejecución”; y el conjunto de sentencias del Tribunal Constitucional en las que éste “ha resuelto que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son parte del Derecho interno”.


113Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25. Cfr. también, Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 226; Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 128; Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 199.


114 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 226; Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 128; y Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 199.


115 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 129; Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 228; y Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 203.


116 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 237; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 421; y Caso Goiburu y otros, supra nota 72, párr. 148.


117 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 114, párr. 30; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 44. Cfr. también Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 226; Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 200; y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 415.


118 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 212.


119 Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43. Cfr. también Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 213; Caso Goiburú y otros, supra nota 72, párr. 150; y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 72, párr. 126.


120 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 251; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 428; y Caso Servellón García y otros, supra nota 13, párr. 177.


121Cfr. declaración jurada escrita rendida por Vanessa Cantoral Contreras (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 389).


122 Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 295. Cfr. también Caso La Cantuta, supra nota 8, , párr. 216; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 430; y Caso Vargas Areco, supra nota 13, párr. 149.


123 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 256; Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 217; y Caso Goiburú y otros supra nota 72, párr. 157.


124Cfr. Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72. Cfr. también Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 203; Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 264; y Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 219.


125Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párrs. 204 y 205; Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 219; Caso Goiburú y otros, supra nota 72 párr. 160.


126 Cfr. declaración jurada escrita rendida por Vanessa Cantoral Contreras (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folios 384 y 385).


127Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 434.


128Cfr. declaración testimonial de Ulises Cantoral Huamaní rendido en la audiencia pública de 23 de enero de 2007 ante la Corte Interamericana.


129 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 228; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 72, párr. 139; y Caso Baldeón García, supra nota 6, párr. 199.


130 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 228; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 441; y Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 13, párr. 157.


131 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 215; Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 237; y Caso Goiburú y otros, supra nota 72, párr. 175.


132 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 8 párr. 235; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 445; y Caso Vargas Areco, supra nota 6, párr. 158.


133 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 445; Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 235; y Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 226.


134 Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 65, párr. 148; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 6, párr. 237.


135 Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas folios 426 a 442).


136Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas folio 425).


137Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas folio 428).


138 Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas folio 428 a 432).


139Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas folio 435).


140Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas folios 436 y 437).


141Cfr. declaración jurada escrita rendida por Amelia Beatriz Santa Cruz Portocarrero (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 395).


142Cfr. declaración jurada escrita rendida por Amelia Beatriz Santa Cruz Portocarrero (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 396 y 397).


143 Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 441).


144 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 8, párr. 302; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 6, párr. 449; y Caso Vargas Areco, supra nota 6, párr. 160.


145Cfr. constancia de asistencia de Vanessa Cantoral Contreras al Centro de Atención Psicosocial emitida el 17 de abril de 2006 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 713); y constancia de asistencia de Brenda Cantoral Contreras al Centro de Atención Psicosocial emitida el 17 de abril de 2006 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 714).


146Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 429).


147Cfr. peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (expediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folios 429 y 430).


148Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 79; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 212. Cfr. también Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 216; Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 8, párr. 304; y Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 243.


149 Cfr., Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97; Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; Corte I.D.H., Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158.


150 Cfr., Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.


151 Cfr., Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72; y Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90.


152 Cfr., Corte I.D.H., Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152; Corte I.D.H., Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155.





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