Vs. Perú Sentencia de 10 de julio de 2007



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Competencia





  1. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que el Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.




  1. El Perú es Estado Parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención contra la Tortura”) desde el 28 de marzo de 1991. De acuerdo a lo establecido en su artículo 22, dicho tratado entró en vigor para el Estado el 28 de abril de 1991.



III

Procedimiento ante la Corte
8. La demanda de la Comisión fue notificada a los representantes y al Estado el 20 y 22 de marzo de 2006, respectivamente. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Comisión y los representantes presentaron el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2006, respectivamente, sus alegatos sobre la excepción preliminar formulada por el Estado. El Presidente de la Corte4 (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), los testimonios de dos familiares de las presuntas víctimas ofrecidos por la Comisión, y de un ex diputado ofrecido por los representantes, así como un peritaje propuesto por los representantes, respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado, a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de tres familiares de las presuntas víctimas y de un ex diputado, propuestos por la Comisión, así como los alegatos finales de las partes sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue celebrada los días 23 y 24 de enero de 2007 durante el LXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte5. Durante la realización de dicha audiencia, la Corte solicitó a las partes la presentación de prueba para mejor resolver y algunas aclaraciones. Además, siguiendo instrucciones del Presidente y con base en el artículo 45.2 del Reglamento, con posterioridad se requirió a las partes que presentaran determinada información y documentación a efectos de ser considerada como prueba para mejor resolver. En febrero de 2007 la Comisión, los representantes y el Estado presentaron sus escritos de alegatos finales en relación con la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente, fueron presentados a la Corte dos escritos en calidad de amici curiae, uno por la profesora Jo-Marie Burt, el 22 de enero de 2007, y otro por el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, la Asociación Aurora Vivar y el Instituto de Investigación y Capacitación de la Familia y la Mujer (INCAFAM), el 19 de febrero de 2007.

IV

Excepción Preliminar

9. En el escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Estado interpuso la excepción preliminar de “incompetencia de la Corte para aplicar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. El Estado cuestiona tanto la competencia ratione materiae como la competencia ratione temporis de la Corte para aplicar la mencionada Convención en el presente caso.


10. En cuanto a la alegada falta de competencia ratione materiae, el Estado manifestó que, “[c]onsiderando la importancia que tiene en el Derecho Internacional, el principio del consentimiento, la Corte no podría aplicar la Convención [contra la Tortura], toda vez que ni el artículo 25 ni el artículo 27.1 de la Convención Americana pueden ser interpretados como normas que autorizan a la Corte a aplicar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
11. En sus alegatos la Comisión Interamericana citó la jurisprudencia de la Corte y afirmó que el Tribunal “ha aplicado la Convención contra la Tortura en diversas ocasiones y ha declarado la responsabilidad de varios Estados como consecuencia de su violación”. En el mismo sentido, los representantes manifestaron que las “instancias [del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos] tienen competencia para conocer casos sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura […], en estricta observancia del artículo 8° de dicho tratado”.
12. La Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que es competente para “interpretar y aplicar la Convención contra la Tortura y declarar la responsabilidad de un Estado que haya dado su consentimiento para obligarse por esta Convención y haya aceptado, además, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”6. En razón de que el Perú es Parte en la Convención contra la Tortura y ha reconocido la competencia contenciosa de este Tribunal (supra capítulo II), la Corte tiene competencia ratione materiae para pronunciarse en este caso sobre la alegada responsabilidad del Estado por violación a dicho instrumento.
13. En cuanto a la alegada falta de competencia ratione temporis, el Estado argumentó que “la Convención [contra la Tortura] entró en vigor para el Perú desde el 28 de abril de 1991, es decir, después del crimen perpetrado contra las [presuntas] víctimas”, por lo que “no es de aplicación la citada Convención, tampoco en el extremo referido a no investigar efectivamente los actos de tortura”.
14. Al respecto, la Comisión Interamericana manifestó que “no alega la violación de la Convención contra la Tortura respecto de los hechos […] ocurridos con anterioridad al 28 de marzo de 1991”. La Comisión señaló que “[de] conformidad con las obligaciones consagradas en la Convención Americana, el Estado […] tenía obligaciones anteriores a esa fecha en relación con la prohibición, prevención, investigación y sanción de la tortura; [sin embargo,] a partir del 28 de marzo de 1991, las obligaciones estatales han sido calificadas y especificadas por la Convención contra la Tortura” y es a partir de esa fecha que “el Estado [habría] incumplido la obligación contenida en los artículos 1, 6 y 8 de [dicha] Convención contra la Tortura […] debido al incumplimiento de la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de los actos de tortura de que fueron víctimas Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz”.
15. Los representantes manifestaron que “el 28 de abril de 1991 [es la] fecha a partir de la cual deberá considerarse el incumplimiento de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención [contra la Tortura]”.
16. En el presente caso, ni la Comisión ni los representantes han alegado la violación de la Convención contra la Tortura por hechos anteriores a su entrada en vigor en el Perú.
17. El Estado ratificó la Convención Interamericana contra la Tortura el 28 de marzo de 1991, y ésta entró en vigor para el propio Estado, conforme al artículo 22 de la misma Convención, el 28 de abril de 1991.
18. Los hechos del presente caso ocurridos con anterioridad al 28 de abril de 1991 no caen bajo la competencia de la Corte en los términos de ese instrumento. Sin embargo, la Corte retendría su competencia para conocer de hechos o actos violatorios de dicha Convención contra la Tortura acaecidos con posterioridad a la mencionada fecha7.
19. En razón de lo expuesto, el Tribunal desestima la excepción preliminar de incompetencia interpuesta por el Estado.

V

Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional
20. En el presente caso, el Estado efectuó, durante el procedimiento ante la Corte, un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, por lo que se procede a precisar los alcances del mismo.
21. En el ejercicio de sus poderes inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos el Tribunal analizará la procedencia del reconocimiento parcial y decidirá sus efectos jurídicos.
A) Los términos del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado
22. Respecto de los hechos relacionados con Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, el Estado manifestó que “es innegable el asesinato de las [presuntas] víctimas”; sin embargo, “existen contradicciones básicas” “[r]especto del lugar donde se habría producido el secuestro de las [presuntas] víctimas” y que son discutibles “los detalles relativos al lugar y hora de [su] interceptación”. Asimismo, el Estado señaló que “no es responsable por los hechos denunciados por el asesinato de Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, toda vez que de los hechos investigados no se puede atribuir tal acción a agentes estatales”.
23. En lo relativo a las investigaciones realizadas en el caso, el Estado confesó que “[…] es innegable el limitado avance en la investigación de dichos asesinatos durante 17 años, tiempo en el cual tanto a nivel policial como del Ministerio Público, los resultados han sido infructuosos”.
24. En lo que se refiere a la alegada tortura sufrida por las presuntas víctimas antes de su muerte, el Estado señaló que “de las investigaciones realizadas preliminarmente no existe certeza respecto de la presunta tortura física y/o psicológica de las [presuntas] víctimas”.
25. Respecto de las pretensiones de derecho el Estado manifestó que, de conformidad con los hechos que ha reconocido (supra párrs. 22 y 23), “no le alcanza responsabilidad internacional por la presunta violación de los artículos 4, 5, 7 y 16 de la Convención Americana”, en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.
26. En lo relativo a la alegada violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado señaló que “[…] es parcialmente responsable por no respetar las garantías judiciales y la protección judicial de [los] familiares [de las presuntas víctimas, según lo dispuesto en los] artículos 8 y 25 de la [Convención Americana]. Sin embargo, dada la actual existencia[,…a partir del año 2001,] de un proceso de investigación ante el Ministerio Público independiente e imparcial en trámite, la violación ha cesado no lográndose su consumación y se han restituido derechos que están siendo plenamente ejercidos por las [presuntas] víctimas y familiares”.
27. Respecto de la alegada violación del artículo 5 de la Convención respecto de los familiares de las presuntas víctimas, el Estado señaló, tanto en el capítulo titulado “artículo 5 de la [Convención]” de su contestación de la demanda, como en el capítulo con el mismo título de sus alegatos finales, que “[en] cuanto a los familiares de las [presuntas] víctimas de violaciones de los derechos humanos, la Corte […] ha señalado que éstos pueden ser, a su vez, víctimas”. Asimismo, agregó que “[en] el presente caso, dadas las aflicciones sufridas por las [presuntas] víctimas podemos afirmar que dichas aflicciones se extiendan a los miembros más cercanos de la familia, particularmente aquéllos que tenían un contacto afectivo estrecho con la[s] [presuntas] víctima[s]. Esto porque las [presuntas] víctimas han fallecido en circunstancias no muy claras y porque tampoco se han descubierto, investigado y sancionado a los autores de dicho crimen”.
28. No obstante lo anterior, en el capítulo de sus alegatos finales titulado “no reconocimiento de responsabilidad internacional por presunta violación de[l] artículo[…] 5 […] de la Convención […]”, el Estado manifestó que la alegada violación de dicho artículo “[t]ampoco es aplicable a los familiares de las [presuntas] víctimas en el presente caso[,] toda vez que no se ha dado trato cruel, inhumano ni degradante a los familiares de las [presuntas] víctimas durante el proceso de investigación ni por la autoridad policial ni fiscal”. Asimismo, el Estado afirmó que “tampoco ha quedado probado que se ha producido en la captura y muerte de Saúl Cantoral y Consuelo García Santa Cruz alguna clase de tortura, conforme a la información forense alcanzada”.
29. En lo que se refiere a la alegada violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, el Estado manifestó que “al no existir prueba suficiente sobre la presunta tortura a la que habrían sido sometidas las presuntas víctimas y asimismo al no serle atribuible a [a]gentes del Estado las actividades ilícitas contenidas en la demanda, [las mencionadas alegaciones] no son de responsabilidad internacional del Estado”.
30. Respecto de la determinación de víctimas, el Estado solicitó que la Corte “tenga en cuenta la acreditación documentaria que sustenta la relación de parentesco y de preexistencia de los familiares de las [presuntas] víctimas señaladas por la Comisión, al 13 de febrero de 1989”, y respecto de “los hermanos de la [presunta] víctima Consuelo García Santa Cruz, […] solicita se demuestre el contacto afectivo estrecho con la [presunta] víctima”.
31. Respecto de las solicitudes sobre reparaciones y costas, el Estado manifestó que “acepta [realizar] la publicación de la sentencia que se emita en un diario de circulación nacional” y que el pedido de la Comisión “de realizar una investigación completa, imparcial efectiva y pronta de los hechos […] no encuentra oposición del Estado, al contrario coincide con [su] esfuerzo […] por investigar los hechos y no permitir que queden impunes”.
B) Alegatos de la Comisión Interamericana y de los representantes respecto al reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado
32. La Comisión manifestó que el Estado “no controvierte las circunstancias básicas de tiempo, modo y lugar en que fueron secuestradas las [presuntas] víctimas y el modo en que fueron encontrados sus cuerpos. El Estado sí controvierte que dichas ejecuciones puedan ser atribuidas a agentes estatales. Asimismo, el Estado no controvierte las falencias y en ocasiones ausencia total de investigación que caracteriza al presente caso desde la fecha de las ejecuciones hasta la reapertura de las investigaciones en el año 2001. El Estado peruano también ha aceptado que dicha falta de investigación ha causado un profundo sufrimiento a los familiares de [las presuntas víctimas]”.
33. A su vez, los representantes manifestaron que “[el] Estado admite en su contestación de la demanda que, a 18 años de producido[s] los hechos, sólo existe una investigación fiscal de carácter preliminar reabierta en el 2001 a iniciativa de los familiares de las [presuntas] víctimas”. Los representantes señalaron que “aprecia[n] el reconocimiento del Estado de que los familiares cercanos de [las presuntas víctimas] son víctimas con derecho a ser reparados”. Con relación a lo alegado por el Estado (supra párrs. 27 y 28), sostienen que no es necesario demostrar “[…] los sufrimientos que la muerte de una persona ocasionan a sus hijos[,…] cónyuge o compañera[,…] padres y hermanos […]”.
C) Extensión de la controversia subsistente respecto de los hechos del presente caso.
34. La Corte valora el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, y después de haber examinado dicho reconocimiento, y tomado en cuenta lo manifestado por la Comisión y los representantes, considera que subsiste la controversia en los términos que se exponen en los siguientes párrafos.
35. En cuanto a los hechos, subsiste la controversia con relación a los tratos recibidos por las presuntas víctimas antes de sus asesinatos, las circunstancias de los mismos y su autoría, así como a las actuaciones estatales posteriores al año 2001 relacionadas con la investigación de lo ocurrido. También hay discrepancias sobre los hechos que podrían configurar una violación del artículo 5 respecto de algunos familiares de los ejecutados, ya que el Estado admitió primero la aflicción que habrían sufrido estas personas, pero posteriormente afirmó que no habían recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes (supra párrs. 27 y 28).
36. Asimismo, la Corte observa que existen divergencias en cuanto a si deben ser otorgadas reparaciones, y en su caso, respecto de su modalidad y eventuales beneficiarios.
37. En razón de lo anterior, el Tribunal determinará los hechos que del acervo probatorio considera probados y, sobre la base de éstos y de los hechos reconocidos por el Estado, decidirá las consecuencias jurídicas correspondientes.
VI

Prueba
38. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por el Presidente y la Corte, así como las declaraciones testimoniales y dictamen rendidos mediante declaración jurada escrita, declaración escrita o en la audiencia pública ante la Corte. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente8.


A) Prueba Documental, Testimonial y Pericial

39. En cuanto a la prueba documental, fueron presentadas tres declaraciones testimoniales y un dictamen rendidos mediante declaración jurada escrita y declaración escrita de las siguientes personas:


a) Vanessa Cantoral Contreras, testigo propuesta por la Comisión Interamericana. Es hija de Saúl Cantoral Huamaní. Declaró sobre los alegados secuestro y amenazas que habría sufrido su padre con anterioridad a su muerte e informó sobre cómo se enteró de la muerte de su padre y del sufrimiento al descubrir por los medios de comunicación el cuerpo de Saúl Cantoral Huamaní tirado en un arenal con una bala en la frente. Declaró sobre la repercusión de la muerte de su padre, quien fue señalado en algunos medios como terrorista. Asimismo, declaró sobre la búsqueda de justicia realizada por la familia y el temor de su madre de que algo podía pasar a su familia.
b) Amelia Beatriz Santa Cruz Portocarrero viuda de García, testigo propuesta por la Comisión Interamericana. Es madre de Consuelo García Santa Cruz. Declaró cómo afectó a ella y a su familia la muerte de su hija, en particular la afectación a su salud psicológica y física. Asimismo, se refirió a la falta de determinación de lo sucedido a su hija.
c) Gustavo Espinoza Montesinos, testigo propuesto por los representantes. Es un ex diputado del Congreso de la República. Declaró que participó en una comisión parlamentaria que investigó las actividades del “Comando Rodrigo Franco”. Declaró sobre la alegada relación que habría existido entre el Estado, el comando paramilitar Rodrigo Franco y la ejecución extrajudicial de las presuntas víctimas. Asimismo, se refirió a los alegados ataques perpetrados por el “Comando Rodrigo Franco” en contra de activistas de la oposición política y de representantes de organizaciones sindicales y sociales.
d) Roberto Alfonso Gushiken Miyagui, perito propuesto por los representantes, presentó su dictamen sobre el alegado daño psicológico padecido por los familiares de las presuntas víctimas a consecuencia de los hechos del caso y se refirió a la necesidad de que dichos familiares reciban atención psicológica.
40. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones testimoniales de9:
a) Ulises Cantoral Huamaní, testigo propuesto por la Comisión Interamericana. Es hermano de la presunta víctima Saúl Cantoral Huamaní. Declaró sobre las funciones de su hermano en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Asimismo, declaró sobre las alegadas amenazas, secuestros y ejecución extrajudicial de su hermano y las gestiones de su familia para obtener justicia. Además, se refirió al impacto que tuvo la muerte de su hermano en su familia, así como en los obreros mineros y en la referida Federación.
b) Pelagia Mélida Contreras Montoya de Cantoral, testigo propuesta por la Comisión Interamericana. Es viuda de la presunta víctima Saúl Cantoral Huamaní. Declaró sobre las alegadas amenazas, secuestros y ejecución extrajudicial de su esposo. Asimismo, se refirió a la situación familiar con posterioridad a la muerte de Saúl Cantoral Huamaní, en particular, a la responsabilidad que tuvo que enfrentar de criar a sus hijos. Además, declaró sobre las gestiones de su familia para obtener justicia, la pérdida del protocolo de necropsia de Saúl Cantoral Huamaní y los alegados daños a su familia a raíz de la exhumación y los resultados de la nueva necropsia, que supuestamente indican que su esposo habría sido golpeado antes de su ejecución.
c) Rosa Amelia García Santa Cruz viuda de Valverde, testigo propuesta por la Comisión Interamericana. Es hermana de la presunta víctima Consuelo García Santa Cruz. Declaró sobre los alegados secuestro y ejecución extrajudicial de su hermana, y la situación familiar posterior, en particular sobre la afectación a su madre y padre. Asimismo, se refirió a las gestiones de su familia para obtener justicia y al impacto que causó a su familia descubrir, años después, en razón de la nueva necropsia, que la causa de la muerte de su hermana sería distinta a la versión que oficialmente había sostenido el Estado.


B) Valoración de la Prueba

41. En este caso, como en otros, en aplicación del artículo 45.1 y 45.2 del Reglamento, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos y declaraciones remitidos por las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda10. Asimismo, la Corte admite la prueba para mejor resolver aportada por los representantes el 8 y el 15 de junio de 2007, tomando en cuenta las observaciones formuladas por el Estado, y la valora en el conjunto del acervo probatorio del caso. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso ya acreditados por otros medios11.


42. De otra parte, la Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento, tanto los documentos presentados por el Estado en la audiencia pública celebrada los días 23 y 24 de enero de 2007, como aquellos remitidos por el mismo Estado el 23 de enero de 2007, por estimarlos útiles para resolver este caso, y en consideración de que no fueron objetados ni su autenticidad fue cuestionada por la Comisión ni por los representantes.
43. Respecto de los testimonios y peritaje rendidos en este caso, la Corte los estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución en que ordenó recibirlos (supra párr. 8), y toma en cuenta las observaciones presentadas por el Estado. La Corte acepta el desistimiento por parte de la Comisión del ofrecimiento del señor Piqueras Luna, quien había sido convocado como testigo (supra nota 9).
44. Con relación a las declaraciones testimoniales rendidas por los familiares de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz, el Tribunal estima que las mismas no pueden ser valoradas aisladamente dado que dichas personas tienen un interés directo en este caso, razón por la cual sus declaraciones serán valoradas dentro del conjunto de las pruebas del proceso12.
45. En relación con la admisión de la prueba, el Estado manifestó que “la impredictibilidad procesal de la Resolución [del Presidente de la Corte de 11 de diciembre de 2006] que var[ió] la situación procesal de los propuestos peritos, [señores Manuel Piqueras Luna y Gustavo Espinoza Montesinos, y determinó recibir su declaración en calidad de testigos], contribuye a causar indefensión en perjuicio del Estado”. Al respecto, la Corte ya aceptó el desistimiento por parte de la Comisión del señor Piqueras Luna (supra párr. 43), por lo que sólo se manifestará sobre la declaración efectivamente rendida por el señor Gustavo Espinoza Montesinos. Asimismo, el Tribunal recuerda que el Presidente tiene la facultad de determinar la calidad en que estima pertinente recibir la prueba ofrecida y que la Corte tiene amplias facultades para recibir la prueba que estime necesaria13. Además, el Tribunal considera que el derecho a la defensa y al contradictorio del Estado estuvieron garantizados en la medida en que el Perú tuvo la oportunidad de presentar las observaciones que entendió pertinentes al momento del ofrecimiento de la prueba, y posteriormente, a la declaración rendida por el señor Espinoza Montesinos. En razón de lo anterior, la Corte incorpora dicha declaración al acervo probatorio de este caso y la valora tomando en cuenta las observaciones formuladas por el Estado sobre su contenido, y según las reglas de la sana crítica.
46. En relación con el peritaje del psicólogo Roberto Alfonso Gushiken Miyagui, la Corte toma nota de las observaciones del Estado y lo valora en la medida en que concuerde con su objeto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
47. El 26 de marzo de 2007 el Estado presentó un escrito mediante el cual remitió “observaciones a los alegatos [finales] presentados por la Comisión […] y los familiares de las presuntas víctimas”. El Tribunal no acepta el escrito presentado por el Estado por tratarse de un acto procesal escrito que no está previsto en el Reglamento de la Corte y que tampoco fue requerido por el Tribunal ni por su Presidente.
48. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso, como prueba para mejor resolver, los siguientes documentos: Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), suscrito el 27 de agosto de 2003 en la ciudad de Lima, Perú; Informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, número 278 respecto del Perú (Vol. LXXIV, 1991, Serie B, núm. 2), disponible en http://www.oit.org.pe/sindi/casos/per/per22.html y consultado el 20 de mayo de 2007; Informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, número 265 respecto del Perú (Vol. LXXII, 1989, Serie B, núm.2), Casos num. 1478 y 1484, disponible en http://www.oit.org.pe/sindi/casos/per/per21.html y consultado el 20 de mayo de 2007; Informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, número 337 respecto de Colombia (Vol. LXXXVIII, 2005, Serie B, núm. 2), Caso num. 1787, disponible en http://www.oit.org.pe/sindi/casos/col/col200503.html y consultado el 20 de mayo de 2007; y Decreto Supremo No. 065-2001-PCM del 4 de junio de 2001, disponible en la página http://www.cverdad.org.pe/lacomision/cnormas/normas01.php y consultado el 30 de abril de 2007.
*

* *
49. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente del presente caso, de las manifestaciones de las partes, así como del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, la Corte pasa a analizar las violaciones alegadas en el presente caso, en consideración de los hechos ya reconocidos y de los que resulten probados en cada capítulo según corresponda. Asimismo, la Corte considerará los alegatos de las partes que sea pertinente analizar, tomando en cuenta la confesión de hechos formulada por el Estado.







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