Voto particular que presenta el ministro José fernando franco gonzález salas en relación a la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el pleno de la suprema corte de justicia de la nacióN



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En otras palabras: la posible confrontación de derechos de dos o más personas, no es razón para declarar la inconstitucionalidad de la norma que consagra alguno de esos derechos humanos.

Cuarto. Los “efectos” de la norma impugnada.
En el proyecto que fue discutido en el Pleno se exposieron disertaciones hipotéticas de lo que podría derivarse de la norma impugnada.
Si el individuo se reputa como tal desde la concepción –se dijo- el tipo penal del aborto sería derogado y sustituido por el de homicidio, pues al abortar se estaría privando de la vida a una persona.
La experiencia histórica de México revela la coexistencia de una norma que protege la vida desde la concepción en el Código Civil y del tipo penal del aborto; es cuestión de terminología y no es de mayor trascendencia.
Los tipos penales modulan diversas situaciones que, aún siendo similares, tienen rasgos característicos que las distinguen jurídicamente. Además del homicidio, existen otros tipos penales como el feminicidio, o la inducción al suicidio (hasta el punto de ejecutar la muerte), que en apariencia son iguales: en todos se priva de la vida a otro, pero en cada caso hay aspectos que distinguen una conducta de la otra.
Así parece suceder en el caso del aborto.
Con esto quiero decir que aún cuando sea posible imaginar consecuencias hipotéticas, no existe evidencia directa de que la norma impugnada por sí misma esté causando una contradicción con los principios de la Constitución Federal por su sola promulgación.
Cualquier ley, reforma o derogación y cualquier acto de aplicación normativa en San Luis Potosí, podrán ser objeto de control constitucional en su propio mérito, en su momento y bajo los procedimientos pertinentes.

Quinto. La norma impugnada y su impacto descendente.
Las normas constitucionales de los Estados, son ley superior para diversos propósitos, pero no son los referentes que dotarán de contenido a los derechos humanos en San Luis Potosí.
El artículo primero constitucional, señala que los derechos humanos deben interpretarse conforme a la constitución federal y atendiendo a los tratados internacionales.
Los estados, lo ha dicho la Suprema Corte, pueden ampliar pero no restringir los derechos. En cada caso se debe procurar la protección más amplia.
En el proyecto se explicaba que con la emisión de la norma impugnada los derechos de la mujer no se amplían, sino se reducen. Sin embargo, no es así.
Ninguna norma amplía o reduce los derechos frente a otros de manera inmediata y directa. Se requieren actos concretos de aplicación; conflictos y controversias concretas; circunstancias que ameriten la intervención pública para ponderar y resolver respecto de los derechos en pugna.
Este pleno ha resuelto ya, que los jueces locales también participan en el control difuso de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos. Hemos dicho, que los tratados internacionales serán fuente de interpretación para todos los casos.
¿Cuáles tratados? Los que establezcan y protejan de mejor manera los derechos humanos en conflicto. Tanto los que versan sobre la persona y su protección desde la concepción, como los que establecen derechos para la mujer.
No hay ningún menoscabo a los derechos de la mujer en San Luis Potosí, porque todos sus derechos en torno a maternidad y en particular sobre el delito de aborto, permanecen exactamente igual a como estaban antes de esta reforma.

Sexto. La norma impugnada y los anticonceptivos.
El proyecto expuso con claridad que la regulación de los servicios de salud reproductiva y los medios de información y control natal están a cargo de las autoridades federales.
Sin embargo, concluye que la norma impugnada puede dar lugar a que se excluya indebidamente de esos servicios a las mujeres en San Luis Potosí.
Pero de la norma impugnada no se deriva tal conclusión. Aunque es una posibilidad fáctica, no se trata de una consecuencia ineludiblemente previsible, a partir del texto del artículo cuestionado.

De darse casos así, existen medios para prevenir y corregir los acontecimientos, que deberán ser usados en su momento.



Séptimo. El derecho a la vida y los tratados internacionales
Termino estas consideraciones con una reflexión holística del sistema de derechos humanos que estamos comenzando a construir en México, desde este año 2011.
El artículo primero constitucional señala que:
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
Coincido con el proyecto analizado en la interpretación constitucional de que la voz “persona” que se usa indistintamente también como individuo, ser humano y hombre, en diversos aspectos.
Sigue el artículo primero:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Además, dice el artículo:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Para interpretar el concepto de “persona” en relación con el derecho a la vida, en el contexto de los derechos humanos, es pertinente voltear la mirada a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4 establece:
Art. 4. Derecho a la vida.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente
Bajo esta primera lectura, la norma impugnada se apega al referente que, como puede verse, no es absoluto ni excluyente de otros derechos, pero es muy contundente respecto de la protección desde la concepción, para que nadie pierda la vida arbitrariamente, ni siquiera antes de nacer.
Ahora bien, existe una Declaración interpretativa del Estado Mexicano respecto de esta disposición, la que expresamente consiste en lo siguiente:
Con respecto al párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión “en general”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados
Esa declaración interpretativa significaba que la protección del individuo y de la vida a partir de la concepción, no se asumiría como obligación sino como facultad; México anunció entonces, en 1981 (hace 20 años159), que estaría en su dominio reservado el establecimiento de tal protección.
Dos décadas después, se dio la reforma a los artículos 1 y 29 constitucionales, junto con el cambio de denominación del capítulo primero de la Constitución Federal. Lo anterior sumado al nuevo esquema de protección y tutela de derechos humanos, nos permite considerar que el país ha ejercido ya esa facultad reservada:



  • Ha asumido constitucionalmente el derecho a la vida, con aplicación general en toda la Nación;




  • Para efectos de tutela de derechos humanos, el artículo primero remite a los tratados internacionales. Si en el nivel federal llegara a plantearse un caso en el que sea necesario interpretar la protección de la persona, la propia Constitución hoy vigente y superior a la declaración interpretativa de 1981, nos obligaría a mirar el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El caso analizado se trata de una norma local, inserta en el apartado de protección y tutela de los derechos humanos. Su efecto se circunscribe al reconocimiento de la vida como un derecho humano, pleno, acreditable, tutelable, que de conformidad con los tratados internacionales que forman parte de nuestro sistema de protecciones constitucionales, reconoce al individuo y lo protege desde la concepción.


Si bien no existe una disposición expresa en la Constitución Federal sobre la protección de la vida desde la concepción, tampoco existe una prohibición ni limitante para los Estados de la Federación en ese sentido.
Más aún, ¿Cómo será posible declarar la inconstitucionalidad de una norma que prácticamente reproduce el artículo 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando el artículo primero de nuestro texto reconoce expresamente a esos instrumentos mundiales, como fuente de protección de las personas, de sus derechos humanos y de los bienes jurídicos que ellos tutelan, como la vida, posesiones, derechos, integridad y dignidad, entre otros?
En su voto razonado, el señor Ministro Aguirre Anguiano señaló: “Yo no conozco ningún tratado internacional que establezca como derecho de la mujer el aborto voluntario”. Entonces por qué no atender al contenido del artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Me parece una contradicción evidente declarar que ese tipo de normas son inconstitucionales porque no tienen un referente gramatical en nuestra constitución, sin considerar el nuevo esquema que exige la interpretación de los derechos humanos a la luz de los tratados, siempre procurando la protección más amplia.
No es, insisto, la protección más amplia del no nacido frente al nacido, sino la protección más amplia del individuo y del derecho a la vida de toda persona, nacida o no; madre o hijo.
Al no nacido le beneficia también el artículo 29: desconocer en él a un individuo, sería conceder que su derecho a la vida no está tutelado en casos de suspensión de garantías, por ejemplo.

Éste razonamiento tampoco significa que la penalización del aborto sea la vía conveniente, efectiva y única, para proteger a la vida desde la concepción. Una afirmación no implica necesariamente a la otra.



Octavo. El derecho a la vida y el Aborto.
El tema que nos ocupa, aunque se trata del derecho a la vida, conlleva necesariamente un pronunciamiento sobre el tipo penal del aborto y sus excluyentes de responsabilidad.
Este pleno ya ha resuelto en el caso del Distrito Federal, que corresponde a cada entidad federativa el establecimiento de sus tipos penales, sus castigos y los agravantes y excluyentes que considere adecuados en su propia realidad soberana, siempre que ello no afecte derechos humanos previstos en la constitución y ahora, en los tratados.
No estamos haciendo un juicio de constitucionalidad sobre el tipo penal del aborto, de sus consecuencias positivas o negativas, ni de su pertinencia en el orden jurídico.
Debemos juzgar y no prejuzgar sobre la constitucionalidad de una norma en su propio mérito. No estamos habilitados por la constitución, para expulsar normas del sistema, sólo por sus imperfecciones técnicas, por sus potenciales o hipotéticos efectos, o sus posibles interpretaciones, sino únicamente por su desacato claro y directo de la constitución.
Las leyes y los actos que derivan de cualquier norma están sujetos a un control de constitucionalidad que también se está ampliando y evolucionando.

En todas partes del país, el Poder Judicial Federal y Local, así como la Suprema Corte de Justicia, deberemos atender toda queja y reclamo de quienes vean comprometidos, amenazados o afectados sus derechos humanos.


Esta norma por sí misma, no afecta a persona alguna. No significa en sí misma un mandato o una carta abierta para ninguna autoridad en ningún sentido. Significa por el contrario, una restricción valiosa para el poder público, que reitera la convicción internacional de que todo individuo merece la protección de la ley, sin que para ello se le pueda exigir nada más que existir.
El valor de esta postulación, no es sólo del orden moral o ético, sino que forma parte del sistema de derechos humanos vigente en nuestro orden constitucional desde junio pasado, y por ello considero que los conceptos de invalidez planteados son infundados y que la norma que se analiza es acorde con la constitución y con los tratados internacionales que nos obligan como Tribunal Constitucional en esta Décima Época que estamos iniciando.
Esas razones motivaron mi voto en contra de la propuesta de declarar la invalidez de la norma impugnada.
En la fecha de la sesión en que este tema fue discutido fue hecho del conocimiento público que está presentada una propuesta para retirar la declaración interpretativa a la que me he referido.
Hipotéticamente -como lo hizo el proyecto- quiero suponer que el Senado apruebe y que se retire tal declaración; quiero también suponer que haya algún medio impugnativo de esa decisión. ¿Será inconstitucional que se retire la reserva? Eso es, sin embargo, elucubración.

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Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

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Licenciado Rafael Coello Cetina

Secretario General de Acuerdos

Esta hoja corresponde al voto particular de la Acción de Inconstitucionalidad número 62/2009, fallada en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 28 de septiembre de 2011.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 62/2009 PROMOVIDA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil once, desestimó la acción de inconstitucionalidad 62/2009 en la que se solicitó la invalidez del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante decreto 833, publicado en el periódico oficial de la entidad el tres de septiembre de dos mil nueve.
El precepto impugnado textualmente señala:
Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.

No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte”.
Considero plenamente constitucional y válida la anterior disposición normativa de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, para lo cual paso a exponer las razones que fundan mi voto en este sentido.
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de protección a la vida humana desde la concepción.
El derecho a la vida humana constituye, a partir de la reforma a la Constitución Federal efectuada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente de su publicación, un derecho expresamente reconocido en el artículo 29.
Con anterioridad a esta reforma constitucional, el derecho de protección a la vida humana se contenía de manera implícita al ser la vida el presupuesto lógico de existencia de los demás derechos sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos, desprendiéndose concretamente de los artículos 1°, 14 y 22 de la Ley Fundamental, como lo reconoció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2000 en sesiones de veintinueve y treinta de enero de dos mil dos, criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 13/2002 intitulada: “DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”.160
De igual manera, al fallarse la acción de inconstitucionalidad referida se estableció el criterio referente a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como las leyes federales y locales protegen al producto de la concepción, criterio que se reflejó en la tesis jurisprudencial P./J. 14/2002 que lleva por rubro: “DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES”. 161
Los criterios contenidos en tales tesis jurisprudenciales fueron reiterados al fallarse las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 en sesión de veintiocho de agosto de dos mil ocho, como se advierte de las diversas intervenciones de los Ministros integrantes del Pleno a esa fecha, aun cuando no haya quedado reflejado así en el engrose de la resolución relativa, como claramente quedó analizado en el voto de minoría que suscribí en dichas acciones, al cual remito en obvio de repeticiones innecesarias en este punto.
Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional que entró en vigor el once de junio de dos mil once, puede afirmarse que existe un nuevo contexto constitucional en materia de derechos humanos cuya interpretación sistemática y congruente con la intención del Poder Reformador al consagrar los principios que rigen en la materia y con los valores que persiguió el Constituyente de 1917 lleva a conceptualizar el derecho de protección a la vida humana en todas sus etapas, esto es desde su origen hasta que concluye con la muerte, lo que además corresponde al criterio que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido en relación al nasciturus, esto es, a la protección que la Constitución, los tratados internacionales suscritos por México y las leyes federales y locales le otorgan.
En efecto, mediante dicha reforma no sólo se consagró expresamente el derecho a la vida, sino que se previó como uno de los derechos que no puede ser restringido ni suspendido, como se advierte del nuevo texto del artículo 29 de la Carta Magna que dispone:
Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

(…)”
En el proceso legislativo que dio lugar a la reforma en comento se explicó la incorporación expresa del derecho a la vida como uno de los derechos que no puede suspenderse ni restringirse, en concordancia con lo previsto en los artículos 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en virtud de que el derecho a la vida forma parte del núcleo duro de derechos inherentes a la naturaleza de la persona y fundamento de protección.
Concomitantemente al reconocimiento expreso de este derecho, mediante la reforma al artículo 29 aludido, se modificó también en el referido decreto publicado el diez de junio de dos mil once el artículo 1° constitucional en sus párrafos primero y quinto para quedar en los siguientes términos:
Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Así, en esta norma, se parte de un reconocimiento del Estado Mexicano a los derechos humanos referidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en que sea parte y se consagra el principio de universalidad de los mismos mediante la consagración de su goce por todas las personas, así como de las garantías para su protección, consignándose la imposibilidad de la restricción o suspensión de su ejercicio, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece ─salvo, desde luego aquellos derechos, como el de la vida, que integran el núcleo duro de derechos y que el artículo 29 establece como insuspendibles e irrestringibles─.
En su párrafo segundo establece los principios de interpretación conforme con la Constitución y con los tratados internacionales, así como el principio “pro homine” o “pro personae” en la interpretación de las normas de derechos humanos.
La interpretación acorde con la Constitución y tratados internacionales implica que ante diversas interpretaciones de las normas relativas a derechos humanos debe elegirse aquella que resulte más conforme al sentido de la Ley Fundamental y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, atendiendo a los principios constitucionales para arribar a una conclusión congruente y sistemática de sus diversas disposiciones y acudiendo a los mecanismos que permitan conocer los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor, como se explica en las siguientes tesis:
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico.” 162
CONTRADICCIÓN DE TESIS. SELECCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN LEGAL MÁS CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN. La Suprema Corte, como garante supremo de la eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna. Dado que las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posibilidades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales. Al desarrollar su labor, la Suprema Corte debe siempre tener presente el contenido de los imperativos constitucionales. Por ello, el contenido de la Constitución debe tenerse en cuenta no solamente en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis.” 163
INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN. La interpretación de una norma general analizada en acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que se traduce en que cuando una disposición legal admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando una norma legal admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían conducir a declarar su oposición con la Ley Suprema, siempre que sea posible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma impugnada compatible con la Constitución, es decir, adoptará el método de interpretación conforme a ésta que conduce a la declaración de validez constitucional de la norma impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitucionalidad de una norma; sin embargo, no debe perderse de vista que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que tiene como una de sus finalidades preservar la unidad del orden jurídico nacional, a partir del parámetro constitucional; como tampoco debe soslayarse que tal unidad se preserva tanto con la declaración de invalidez de la disposición legal impugnada, como con el reconocimiento de validez constitucional de la norma legal impugnada, a partir de su interpretación conforme a la Ley Suprema, ya que aun cuando los resultados pueden ser diametralmente diferentes, en ambos casos prevalecen los contenidos de la Constitución. En consecuencia, el hecho de que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma legal, como en el de interpretarla conforme a la Constitución, con el propósito de reconocer su validez, tengan como finalidad salvaguardar la unidad del orden jurídico nacional a partir del respeto y observancia de las disposiciones de la Ley Suprema, este Tribunal Constitucional en todos los casos en que se cuestiona la constitucionalidad de una disposición legal, debe hacer un juicio razonable a partir de un ejercicio de ponderación para verificar el peso de los fundamentos que pudieran motivar la declaración de invalidez de una norma, por ser contraria u opuesta a un postulado constitucional, frente al peso derivado de que la disposición cuestionada es producto del ejercicio de las atribuciones del legislador y que puede ser objeto de una interpretación que la haga acorde con los contenidos de la Ley Suprema, debiendo prevalecer el que otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el Constituyente y el órgano reformador de la Norma Suprema.” 164
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.” 165
INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.” 166
Además, el principio pro homine” o “pro personae” obliga a que ante diversas posibilidades de interpretación de una norma, en cualquiera de los órdenes jurídicos que integran el Estado Mexicano167, se preferirá aquella que tienda a favorecer la protección más amplia del derecho o derechos humanos relativas, esto es, será obligación de la autoridad optar por la interpretación que asegure en mayor medida al individuo en el goce y ejercicio de sus derechos.
En el párrafo tercero se establece la obligación de todas las autoridades, en sus ámbitos de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los siguientes principios:
a) Universalidad, lo que significa que resultan aplicables a todo ser humano sin distinción;
b) Interdependencia, esto es, la procuración del ejercicio de todos los derechos como condición de posibilidad y vía de realización de la dignidad del ser humano, sin que pueda aceptarse la exclusión de unos por otros, sino la necesaria correspondencia y coexistencia.
c) Indivisibilidad, que implica la unidad y la imposibilidad de su fragmentación al ser fines en sí mismos que tienen como núcleo esencial la dignidad humana; y
d) Progresividad, es decir la apertura a un camino la procuración de mayor protección en el ejercicio más amplio de los derechos y el impedimento de dar marcha atrás.
En el último párrafo se establece el principio de no discriminación por cualquier causa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, importando para el presente voto resaltar como causa de no discriminación el motivo de la edad.
Partiendo de lo anterior, se procede al análisis del derecho a la vida humana.
Es un hecho de conocimiento común que toda vida humana tiene un principio y un fin y constituye un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible que inicia con la fertilización y termina con la muerte.
El Constituyente no establece norma expresa que disponga cuándo comienza la vida, pero no hay duda que la protege desde que inicia.
En tales términos, corresponde al legislador delimitar los alcances de esta protección, quedando sujeto en su tarea legislativa a respetar las reglas consagradas en el artículo 1° constitucional en materia de derechos humanos, a saber, las de interpretación “pro homine” o “pro personae” y sujeto a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La delimitación de un derecho fundamental exige atender a todo aquello que sobre el mismo plasmó el Constituyente o el órgano Reformador de la Constitución, esto es, tanto a la esencia del derecho (núcleo esencial), como a sus contornos y alcances, todo aquello que lo delimite y permita entenderlo como tal y como parte de un conjunto de derechos fundamentales que se interrelacionan y conviven entre sí para asegurar el goce pleno o máximo de todos ellos, en tanto reflejan el plexo de valores y principios que la sociedad en un tiempo y lugar determinados considera de relevancia superior para asegurar la dignidad humana y que el órgano de representación democrática plasma en el ordenamiento primario.
El Poder Legislativo, en su quehacer de desarrollo de normas constitucionales que establecen derechos fundamentales, sea que actúe por mandato de la Constitución o con arreglo a ella, debe ser especialmente cuidadoso de respetarlo en su esencia tal como ha sido concebido por el Constituyente o el Órgano Reformador de la Constitución, de suerte tal que la ley podrá detallarlo, desarrollarlo, reglamentarlo, e incluso, ampliarlo o reforzarlo, pero no alterar, desfigurar, disminuir, frustrar, aniquilar o anular el derecho.
En uso de esta libertad de autodeterminación, el Constituyente local aprobó la norma impugnada que contextualiza el derecho a la vida humana consagrado en el Pacto Federal decidiendo otorgar la protección a este derecho desde su inicio, esto es, atendiendo al hecho natural de que es partir de la concepción cuando el proceso de la vida tiene su origen.
Al realizar esta delimitación de la protección al derecho a la vida humana lejos de incumplirse alguna de las reglas consagradas en el artículo 1° constitucional, se atiende plenamente a ellas:

▪ Al principio “pro homine” de interpretación de los derechos humanos conforme al cual ante dos o más interpretaciones válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho humano, pues es claro que comprender el derecho a la vida humana desde la concepción implica su protección desde su origen y, por tanto, una protección más amplia a la que se daría si se excluye la etapa gestacional o alguna parte de ella ─lo que limitaría la protección de la vida humana en esta fase de su desarrollo─.


▪ Al de universalidad, porque es inclusiva en la protección del derecho del ser humano no nacido, sin establecer distinción alguna por razón de edad.
▪ Al de progresividad porque implica un avance en la contextualización del derecho al comprender como objeto de protección a todas las etapas que conforman la vida humana.
▪ Al de indivisibilidad porque no fracciona la protección del derecho sino que lo reconoce en toda la amplitud de la existencia humana.
▪ Al de interdependencia porque la comprensión de la etapa gestacional como objeto de protección del derecho a la vida humana es plenamente acorde con el ejercicio de los demás derechos humanos y atiende plenamente al desarrollo de la dignidad humana, sin que pueda aceptarse que la protección de esta etapa gestacional implica la exclusión del derecho a la libertad reproductiva de la mujer, sino la coexistencia responsable de este derecho con el derecho a la vida del nasciturus.
Esta interpretación es la que resulta acorde con las demás normas constitucionales y los tratados internacionales suscritos por México, como son:
▪ El artículo 3° al disponer que la educación deberá tener como finalidad desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y perseguir el fomento de los diversos valores que el Constituyente ha plasmado en nuestra Carta Fundamental, entre ellos, el aprecio de la dignidad de la persona y la integridad de la familia, sustentando ideales de fraternidad e igualdad de todos los hombres.
▪ El artículo 4° que consagra el derecho a la protección de la salud, la paternidad y maternidad responsables, la protección a la familia y los derechos de la niñez, así como la obligación del Estado de coadyuvar al cumplimiento de estos derechos y de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez.
En el proceso de reformas que culminó con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, expresamente se aludió a la protección que se otorga al producto de la concepción: en el dictamen de la Cámara de Senadores, al señalar la importancia de proporcionar a la mujer embarazada la debida atención y descansos para velar no sólo “por su salud propia, sino también por la del futuro hijo quien, de esta manera, desde antes de su nacimiento goza de la protección del Derecho y del Estado”, así como en el dictamen de la Cámara de Diputados, que expresamente manifiesta que el “derecho a la protección de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como al hijo.”
▪ El artículo 123, apartados A, fracciones V y XV, y B, fracción XI, inciso c), al establecer una protección expresa al producto de la concepción, lo que implica el reconocimiento del derecho a la vida humana desde su inicio. En el dictamen emitido por la Cámara de Senadores el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (relativo a la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres), expresamente se señaló que: “(…) De esta forma, como garantías sociales de salud de que gozan los mexicanos, entre otras, encontramos: … la debida atención y descansos para la mujer embarazada, pretendiendo con esto no sólo velar por su salud propia, sino también por la del futuro hijo, quien, de esta manera, desde antes de su nacimiento goza de la protección del Derecho y del Estado.(…)”
▪ El artículo Tercero transitorio del Decreto que reformó los artículos 30, 32 y 37 constitucionales en materia de nacionalidad, publicado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete y su reforma publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al otorgar derechos en materia de nacionalidad por igual a nacidos y concebidos.
▪ La interpretación conjunta y sistemática de todas las disposiciones constitucionales, tanto de las que consagran los derechos de los individuos, sean de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, sociales o colectivos, como de las relativas a su parte orgánica, que tienen como finalidad el bienestar de la persona humana sujeta al imperio de los órganos de poder.
▪ Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyos artículos 4.1 y 1.2 se establece que el derecho a la vida estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción y a que para los efectos de la misma persona es todo ser humano, sin hacer distinción alguna en relación con el desarrollo biológico en que se encuentre ese ser humano. Si bien en relación a la expresión “en general” México hizo declaración interpretativa, ésta sólo tuvo como objetivo el no adquirir un compromiso que fuera contrario a la posibilidad del Estado Mexicano de variar sus normas supremas para hacerlas acorde a su realidad social, lo que se refuerza con el artículo 29 de la propia Convención en el que se establece que las normas de la Convención no podrán interpretarse permitiendo a alguno de los Estados Partes suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos previstos en ella o reconocidos en la legislación interna de los Estados Partes, ni excluyendo derechos y garantías inherentes al ser humano.
▪ Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo Preámbulo se alude a la protección y cuidados al niño tanto antes como después del nacimiento.
▪ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, punto 5 de su artículo 6, en el que se prohíbe la pena de muerte a las mujeres embarazadas, de lo que deriva la protección a la vida del producto de la concepción, pues el compromiso de no aplicar dicha pena no se sustenta en su calidad de mujer como tal, sino en su estado de gravidez.
▪ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 5, 10 y 12.
▪ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 12.
▪ Convenio número 110 relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones, puntos 1, 6 y 8 de su artículo 47.
En tales términos, considero que la postura de considerar al producto de la concepción sólo como un bien jurídico a proteger, al igual que a un árbol o a un animal, carece de sustento constitucional, pues es claro el valor que nuestro Constituyente ha otorgado a la vida humana y de la protección que le ha brindado como un ser humano en formación o desarrollo, como parte del proceso mismo que la vida humana implica.
Bajo tal contexto, la protección que la norma impugnada otorga a la vida humana desde la concepción no implica la inclusión de un grupo de “sujetos” no reconocidos por la Ley Suprema, sino sólo comprender la protección a este derecho desde su inicio.
Por tal motivo, me pronuncio en contra de una interpretación restrictiva que excluya de la protección del derecho humano a la del ser en formación, porque tal interpretación sería claramente contraria a la reglas que en materia de derechos humanos han sigo consagradas por el Constituyente en el artículo 1° constitucional.
Considero conveniente añadir que no advierto de qué forma la protección de la vida humana desde la concepción que se consagra en el precepto impugnado, puede ser en detrimento de los derechos de las personas nacidas y que, en todo caso, de suscitarse un conflicto de intereses en el ejercicio de los derechos será cuestión de aplicación de la ley en el caso concreto, pero no un conflicto de los derechos que deben ser establecidos atendiendo al interés general y no al particular que pueda presentarse en casos específicos.
Además, este Tribunal Pleno, en el desempeño de su función de intérprete constitucional y como autoridad sujeta en su actuar a lo dispuesto en la Constitución Federal, está obligada a proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios referidos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica el deber de optar por las interpretaciones de derechos humanos que extiendan lo más posible el universo de los sujetos titulares que resulten beneficiados y sus alcances.


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