Voto particular que presenta el ministro José fernando franco gonzález salas en relación a la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el pleno de la suprema corte de justicia de la nacióN


Protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal



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Protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal

El precepto cuya invalidez se demanda establece una protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal de acuerdo con el sentido y alcance normativos de las disposiciones impugnadas que contiene, a partir no sólo de la articulación de los propios textos normativos, sino también de la intención objetiva expresa del Poder Constituyente Permanente local, según se desprende de la exposición de motivos, del dictamen respectivo y de la discusión en el Pleno del Congreso del Estado, que condujeron a la aprobación del decreto impugnado.


En particular, cabe destacar que, conforme al dictamen conjunto de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, la iniciativa que condujo a la aprobación del Decreto impugnado se basa en la premisa fundamental de que el ser concebido es persona humana y tiene derechos, comenzando por el derecho a la vida y a nacer, al tratarse de una persona distinta de la madre.
La protección absoluta o incondicionada de la vida prenatal establecida en el decreto impugnado se traduce en la violación de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), toda vez que la protección absoluta de la vida del concebido no nacido (embrión/feto), se establece a costa o en detrimento de los derechos fundamentales de las mujeres, cuando, primero, como se ha indicado, los bienes o derechos constitucionales no son absolutos y, segundo, dado que, en el presente caso, confluyen, por un lado, el bien constitucional de la vida prenatal y, por otro, los derechos fundamentales de las mujeres, este Tribunal Pleno entiende que debe procurarse, de ser posible, un equilibrio razonable de los bienes y derechos constitucionales en tensión, de tal manera que puedan prevalecer en lo posible, armónicamente, sin que necesariamente uno o unos eliminen de manera absoluta al otro u otros.
Así, las normas impugnadas atentan contra la dignidad de las mujeres, ya que la contemplan como un instrumento reproductivo, lo que sirve a un estereotipo negativo de género81, a saber: el rol social apropiado y destino natural de las mujeres es ser madres, con independencia de su capacidad para forjar sus propias identidades y dirigir sus vidas, en ejercicio de su autonomía y libertad. Ese estereotipo de género82, al degradarlas a un determinado rol e imponerles una carga desproporcionada, es incompatible no sólo con la dignidad de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), sino también con sus derechos individuales y libertades fundamentales, concretamente su libertad reproductiva, protegida constitucional y convencionalmente83.
En ese contexto, es pertinente señalar que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, antes invocada, establece la obligación específica de los Estados Partes para tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
En el caso concreto materia de esta resolución, el Poder Constituyente Permanente del estado de San Luis Potosí, al configurar el pretendido derecho a la vida del no nacido y darle el alcance de considerar al producto de la concepción como persona, viola el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al haber creado una norma que introduce restricciones indebidas que atentan, como se ha destacado en diversas parte de esta resolución, contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres.
Esto es así, puesto que el artículo 16 de la Constitución local, en la parte impugnada, establece una protección absoluta o incondicionada que atenta contra la dignidad de las mujeres, ya que la reducen a un instrumento reproductivo, lo que conlleva necesariamente una restricción indebida de esos derechos establecidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así pues, la porción normativa del artículo impugnado que dice: “desde el momento en su inicio en la concepción” viola el derecho a la dignidad de las mujeres (artículos 1° y 2°, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), el derecho a la igualdad de la mujer (artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), el derecho a la no discriminación (artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), los derechos reproductivos (artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), el derecho a la salud (artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), el derecho a la vida privada (artículos 1°, 4°, 6°, fracción II, 7°, 10, 14, 16 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y la obligación de modificar los patrones socioculturales de conducta para eliminar prejuicios y prácticas basadas en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (artículo 5, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Juicio de razonabilidad o proporcionalidad

Independientemente de lo señalado en párrafos antecedentes, también es necesario que se someta a la norma combatida a un juicio o prueba de razonabilidad o proporcionalidad, con el fin de dar contestación al argumento toral planteado por el promovente en el presente apartado, tal como lo han hecho el Pleno y las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones84.


Desde el punto de vista metodológico, una de las razones en favor de realizar, en el presente caso, un juicio de razonabilidad o proporcionalidad es que permite aclarar analíticamente los pasos argumentativos del control abstracto de constitucionalidad, lo que redunda en una mejor motivación; puesto que el planteamiento del promovente involucra derechos fundamentales de las mujeres. Por lo tanto, resulta idóneo realizar ese juicio, en cuanto que constituye un marco analítico general que permite abordar conflictos entre bienes y derechos constitucionalmente protegidos, como el que se plantea en el presente caso.
Lo anterior, con independencia de las cuestiones (ya abordadas) sobre si es válido atribuir, en el sistema de la Constitución Federal mexicana, el derecho a la vida a los no nacidos, o sobre la relación y los efectos del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí en los derechos de las mujeres.
El juicio de proporcionalidad en sentido amplio está compuesto de diversos principios:
1. Idoneidad: toda interferencia de los derechos fundamentales debe ser idónea para contribuir a alcanzar un fin constitucionalmente legítimo.
2. Necesidad: toda limitación de los derechos fundamentales o básicos debe realizarse a través de la medida más favorable (o menos restrictiva) para el derecho intervenido de entre todas las medidas que revistan la misma idoneidad para alcanzar el objeto pretendido. En particular, este principio requiere que de dos medios igualmente idóneos o adecuados debe escogerse el más benigno con el derecho fundamental afectado.
3. Proporcionalidad (en sentido estricto): la importancia del objetivo perseguido por el legislador debe estar en una relación adecuada con el derecho fundamental intervenido. El medio debe ser proporcional a dicho fin y no producir efectos desmesurados o desproporcionados para otros bienes y derechos constitucionalmente tutelados.
Cada uno de los referidos principios constituye una condición necesaria y, en su conjunto, constituyen una condición suficiente del juicio de razonabilidad o proporcionalidad, de forma tal que si una medida legislativa no cumple con alguno de los principios, entonces no superará la prueba. Si la acción legislativa supera el juicio, la misma será constitucionalmente válida; en caso contrario, la intervención legislativa será considerada inconstitucional.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se examinará si la norma enjuiciada tiene una finalidad constitucionalmente válida, si existe adecuación o conexión entre la misma y el fin que, en su caso, se identifique, así como si su establecimiento puede considerarse necesario y proporcional en sentido estricto para alcanzar ese fin.
El artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, en la porción normativa impugnada, en cuanto dispone que tutela el derecho a la vida y la protege desde su inicio en la concepción, tiene un fin constitucionalmente válido, puesto que es conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tutela o protege la vida humana. Sin embargo, con arreglo a la propia Constitución, la vida prenatal constituye un bien jurídico85; y una Constitución local no puede otorgarle una protección igual que la que da a las personas nacidas, como se ha sostenido anteriormente. Así, en tanto que el precepto combatido establece el derecho a la vida del concebido como si se tratara de una persona ya nacida, para todos los efectos legales correspondientes, carece de un fin constitucionalmente válido. En otras palabras, es válido que se pretenda proteger la vida en general, mas es inválido que se dé trato de persona jurídica a la vida prenatal.
La norma bajo análisis tampoco es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente válido identificado, toda vez que si bien parece servir a la protección de la vida prenatal, lo cierto es que, a la luz de otros fines o principios constitucionales, como la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres (particularmente el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de sus hijos, consignado en el artículo 4° de la Constitución Federal), tiene un efecto negativo significativo, de acuerdo con lo que ya se ha dicho.
La medida legislativa bajo escrutinio no es necesaria, toda vez que, al establecer un pretendido derecho absoluto o ilimitado, específicamente en favor de la vida prenatal, afecta o vulnera, por sí mismo, los derechos fundamentales de las mujeres consagrados en la Constitución General de la República y en diversos tratados internacionales, cuando, para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo indicado, pueden existir medidas alternativas menos gravosas o restrictivas de los referidos derechos fundamentales, como pueden ser, entre otras, la promoción y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, así como de educación y capacitación sobre la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos y la maternidad y paternidad responsables, a fin de proteger la vida prenatal.
Lo anterior es así, porque la atribución de un pretendido derecho absoluto a la vida al no nacido, por ejemplo, a un embrión, implica, por una parte, que ese derecho sería superior a todos, es decir, en todo caso, prevalecería sobre, o precedería a cualquier otro derecho fundamental, incluidos los derechos fundamentales de las mujeres establecidos en la Constitución Federal, cuando este Tribunal Pleno ha sostenido que no existen derechos absolutos. Por otra parte, dada la naturaleza relacional de los derechos, impone a otros –distintos del pretendido titular del derecho a la vida del no nacido– impedimentos, restricciones normativas, deberes u obligaciones correlativos86, lo que a su vez implica, tratándose de los particulares (pues también impone obligaciones a cargo del propio estado de San Luis Potosí), restricciones a su libertad.
En particular, la medida legislativa bajo análisis impondría restricciones a las libertades y derechos fundamentales y constitucionales de las mujeres sujetas al ámbito de validez de la norma impugnada, por una razón fundamental, a saber: el pretendido derecho a la vida del no nacido, al ser superior a todos, impondría –de suyo–, en abstracto o en concreto, restricciones a cualquier derecho fundamental de las mujeres, sujetas a ese ámbito de validez, como los derechos reproductivos reconocidos en el artículo 4° de la Constitución Federal. Por lo tanto, la norma general impugnada que establece el derecho a la vida del no nacido impone restricciones indebidas o injustificadas a las mujeres, sujetas al ámbito de la validez de la norma, que afectan sus derechos fundamentales.
Finalmente, la intervención legislativa bajo escrutinio constitucional no resulta proporcional en sentido estricto, ya que –como sostiene el impugnante– produce una afectación desproporcionada y exorbitante en los derechos fundamentales de las mujeres, en cuanto que, en forma absoluta, lejos de optimizar, en la mayor medida posible, los derechos y bienes en juego, impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres (particularmente, su dignidad y derechos reproductivos, como se mostrará más adelante) a costa del pretendido derecho a la vida del no nacido.
Lo anterior, en el entendido de que, dado que los derechos fundamentales y otros bienes constitucionalmente tutelados no son absolutos ni ilimitados, los referidos derechos fundamentales de las mujeres, consecuentemente, tampoco son absolutos al grado de implicar la desprotección de otros bienes constitucionales, destacadamente, la vida prenatal.
Consecuentemente, por las razones expuestas, la norma general impugnada, al no satisfacer el juicio de razonabilidad o proporcionalidad, resulta inválida, en las porciones normativas que dicen: “como fundamento de todos los derechos de los seres humanos”; y: “desde el momento en su inicio en la concepción”.
III. Efectos del artículo 16 constitucional local en la legislación secundaria del estado

En otro orden de ideas, en el tercer concepto de invalidez, los diputados accionantes consideran que la reforma viola diversos derechos de las mujeres y dicen que ésta tiene dos finalidades: la primera, es limitar la normatividad penal secundaria, para garantizar que no se despenalice la interrupción del embarazo, y la segunda es fijar la regulación que permita la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias.
Aunado a ello, consideran que el artículo combatido se debe interpretar en el sentido de que no establece un mandato explícito de penalizar la interrupción del embarazo, aun cuando establece los casos en que no es punible el aborto. No obstante, el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí sí tiene efectos en la legislación secundaria de la entidad federativa. Según los demandantes, algunos de esos efectos son la restricción del uso de métodos anticonceptivos que operan después de la fecundación del óvulo (como la “píldora del día siguiente” y el dispositivo intrauterino) y de la fecundación in vitro. Estas restricciones significan una regresión en los derechos reproductivos de las mujeres.
Igualmente, los promoventes señalan que si la Constitución local reconoce personalidad jurídica al óvulo fecundado, al blastocisto, al embrión y al feto, se les hace titulares de derechos fundamentales. Ello transforma el régimen jurídico, pues las leyes secundarias deben interpretarse a la luz de la redefinición del concepto de persona.
Para dar respuesta a este concepto de invalidez, en primer lugar se debe establecer cuáles son los efectos de la norma impugnada en la legislación secundaria del estado de San Luis Potosí.
Este Alto Tribunal ha determinado que en el Estado mexicano existen varios órdenes jurídicos, entre los cuales se encuentran el orden jurídico local o estatal. Este orden jurídico local o estatal siempre estará supeditado al orden constitucional, de conformidad con los artículos 40, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia plenaria P./J. 136/2005, que lleva por rubro: “ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN87”.
En el marco del Estado federal, en el interior de cada uno de los órdenes jurídicos parciales, la Constitución local es la norma de mayor jerarquía, en el sentido de que, al establecer los requisitos y el procedimiento para la creación de las demás normas locales, condiciona la validez formal y material de la legislación secundaria local88.
De acuerdo con lo anterior, las leyes locales están subordinadas jerárquicamente a la Constitución local, de acuerdo con lo que se denomina “principio de supremacía constitucional local89”. Por lo tanto, toda antinomia planteada entre una ley local y la Constitución local debe resolverse a favor de esta última, conforme al principio lex superior (salvo el caso de que la norma constitucional local no sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Pero no sólo eso, sino que, con motivo de la reforma constitucional al artículo 1°, todas las personas gozan tanto de los derechos establecidos en la propia Constitución Federal, como de los que se hayan reconocido en los tratados internacionales donde sea parte el Estado mexicano. Entre otras cosas, esta norma condiciona y abarca a los órdenes jurídicos locales y municipales, quienes también tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo ordenado por el párrafo tercero del mencionado artículo 1° constitucional. En esta lógica, la legislación y los actos de las entidades federativas y de los municipios no sólo están condicionados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por lo dispuesto en los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos de las personas.
Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí regula el procedimiento legislativo de creación de normas generales en el Capítulo VI (artículos 61 a 71) de su Título Sexto (a diferencia de este procedimiento ordinario, la Constitución tiene un procedimiento dificultado de reforma previsto en el Título Décimo Cuarto, artículos 137 y 138 de la propia Constitución). Además, en la protesta de ley que deben hacer los funcionarios del estado, conforme al artículo 75 de la invocada Constitución local, se hace referencia expresa a las leyes que emanen de la Constitución del estado de San Luis Potosí.
El artículo 16 constitucional impugnado implica un cambio normativo en el orden jurídico local. Para determinar el alcance de ese cambio, es preciso analizar la estructura y el papel de la citada disposición.
El precepto combatido establece que la vida humana se respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción, y según se analizó anteriormente, la interpretación que se debe dar a este precepto, en términos de la exposición de motivos, es en el sentido de que el producto de la concepción es sujeto de derechos.
El objeto del derecho establecido en la porción normativa del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí que se analiza, es la vida humana, en particular la vida prenatal, que, en sí misma, es valiosa; y el titular del derecho es el “individuo” desde que es concebido. Ese artículo (ya sea que le otorgue el carácter de principio o de regla90) tiene –como sostiene el promovente– fuerza normativa absoluta en el orden jurídico local del estado de San Luis Potosí. Los derechos fundamentales generalmente se configuran estructuralmente u operan como principios.
Así, esa porción impugnada, al prever como norma de carácter absoluto la protección de la vida al no nacido, estableciendo esa norma, como consecuencia ineludible, un derecho absoluto a la vida (por lo tanto contiene un principio inderrotable), puesto que prescribe una normativa sin alguna restricción, limitación o excepción explícita; ni establece reserva de ley alguna mediante la cual se pudiesen establecer limitaciones a ese derecho. En particular, la norma impugnada, al atribuirle al concebido un derecho absoluto y supremo a la vida91, le otorga una posición preeminente frente a los demás derechos, como ya se ha explicado.
Asimismo, aunque ciertamente el párrafo segundo del artículo 16 establece diversas hipótesis en las que no es punible la muerte dada al producto de la concepción92, éstas configuran excusas absolutorias, las cuales, por definición, no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su impunibilidad, como se explicará más adelante.

Por otro lado, si bien la norma general impugnada no establece expresamente los deberes correlativos, es el caso que, como ocurre con los derechos en general, el derecho establecido en el artículo 16 constitucional estatal limita las libertades y derechos de las personas. Dada la naturaleza relacional de los derechos, las personas tienen el deber de no violar los derechos de otros.


Entonces, el precepto en análisis constituye, en un sentido, una norma que debe prevalecer sobre todas las demás, perdiéndose de vista que el orden jurídico local está supeditado necesariamente al orden jurídico constitucional establecido en el Pacto Federal y, en materia de derechos humanos, también a los tratados internacionales que los reconozcan; y que cada uno de los principios que subyacen en las normas está limitado por otros principios y reglas con los que interactúa.
Efectos del artículo 16 constitucional local en la interpretación de las normas penales

En diversas porciones del escrito de demanda, la parte accionante aduce que, en atención a que la norma combatida confiere personalidad jurídica al producto de la concepción, dejaría de operar el tipo penal de aborto, y diversas conductas que antes no estaban sancionadas, ahora encuadrarían en la definición típica del homicidio, consistente en privar de la vida a otro, es decir, al producto de la gestación. A decir de los promoventes, lo anterior se debe a que el artículo 16 constitucional siempre hace mención al concepto “concepción”, que técnicamente se refiere al momento en que un óvulo fecundado se implanta en el útero. En cambio, –continúan alegando– hay un periodo entre la fecundación y la concepción que no está cubierto, en el cual sólo encuadraría el delito de homicidio, considerando que el producto del embarazo es una persona jurídica.
Este Tribunal Pleno concuerda con los accionantes en cuanto a que el precepto impugnado tiene un impacto inmediato y directo en la legislación secundaria, concretamente en la penal.
Según se ha argumentado, la intención del Constituyente Permanente de San Luis Potosí es la de dotar de personalidad jurídica a la vida en gestación, pues entiende que hay persona jurídica desde el momento de la fecundación, y supone que desde entonces hay individuo, para efectos de protección legal.
Aun cuando la norma impugnada no contenga un mandato dirigido al legislador secundario para que emita normas en determinado sentido, o para que ajuste las que ya existen (particularmente las de naturaleza penal), sí obliga a los operadores del ordenamiento jurídico secundario a interpretarlo de determinada manera. Así, esta definición del concepto de persona tiene un impacto inmediato en la interpretación de la legislación penal. A la luz de la nueva definición del producto de la concepción como persona, cabrían un par de posibilidades para interpretar o explicar la conducta típica denominada “aborto” en el Código Penal estatal93.
La primera consiste en considerar que, si el producto de la concepción es lo mismo que una persona, entonces se cancela el tipo penal autónomo de aborto, porque la muerte dada al producto de la concepción equivale a privar de la vida a otro (homicidio94). Otra posible forma de interpretar el efecto de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución estatal es considerando que el Código Penal de San Luis Potosí establece un tipo básico de homicidio, y también prevé tipos especiales, como el parricidio95. Quizá se podría considerar, en esta lógica, que la conducta de aborto se convertiría en un tipo especial de homicidio, distinto de los otros tipos especiales en razón de la calidad prenatal del sujeto pasivo del delito.
En cualquier caso, al establecer que el producto de la fecundación o concepción es un individuo o persona, la conducta consistente en privarlo de la vida, en cualquier momento del embarazo, podría dejar de tener un carácter autónomo (como delito de aborto), y podría ser considerada dentro de la que contiene el tipo penal de homicidio (sea genérico o un tipo especial).
No pasa inadvertido a este Tribunal Pleno que tanto la segunda fracción del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí como el artículo 13096 del Código Penal de la misma entidad establecen que no es punible la muerte dada al producto de la concepción en tres casos: 1) cuando el embarazo sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; 2) cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; y 3) cuando la mujer corra peligro de muerte de no provocarse el aborto.
El precepto dispone de manera expresa que el aborto “no será punible” en determinados casos, dando la idea de que lo que ahí se prevé son excusas absolutorias97. Se afirma lo anterior debido a que, “aun cuando concurran todos los elementos del delito, no se aplica la pena por razones que el legislador ha estimado que lo amerita98”. Así pues, no se releva al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que se determina su impunibilidad. Dicho de otra forma, las excusas absolutorias no implican la ausencia de punición, sino su inaplicación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. V/2010 emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: “EXCLUYENTE DEL DELITO Y EXCUSA ABSOLUTORIA. SUS DIFERENCIAS99”.
En estos supuestos, conforme a la norma constitucional impugnada, la conducta que provocara una lesión a la vida prenatal constituiría, en principio, un delito. Más aun, si, conforme a la norma general impugnada, un ser humano no nacido es titular del derecho a la vida y califica como una persona, entonces técnicamente la muerte del no nacido sería equiparable al tipo penal cuya conducta es “privar de la vida a otro”.
En esos casos no se releva al sujeto activo de la comisión de la conducta típica; por lo que se reitera que, a pesar de la existencia del segundo párrafo del artículo 16 constitucional, así como de la fracción III del artículo 130 del Código Penal local, cualquier conducta que produjera una lesión a la vida prenatal constituiría un delito, a la luz de lo dispuesto en la porción normativa impugnada del artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí.
Esta situación viola el derecho a la seguridad jurídica (artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), así como los derechos reproductivos de las mujeres (artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) pues inhibe su ejercicio. Es decir, el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí genera inseguridad sobre cuáles son las consecuencias de incurrir en la conducta denominada “aborto”, lo cual conduce a que una persona razonable se abstenga de ejercer sus derechos reproductivos, bajo la probable amenaza de la imposición de una sanción penal.


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