Voto particular que presenta el ministro José fernando franco gonzález salas en relación a la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el pleno de la suprema corte de justicia de la nacióN


Violación al principio de igualdad



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Violación al principio de igualdad

En otro apartado de la demanda, los accionantes estiman que la norma impugnada viola el principio de igualdad previsto en el artículo 1° constitucional, al equiparar a desiguales de facto. Es decir, de acuerdo con ese precepto, se debe dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. La reforma combatida equipara a desiguales, o sea, a las personas nacidas y a las ahora “personas” no nacidas. Sin embargo, hay circunstancias que, de hecho, diferencian al producto de la gestación humana de un individuo nacido, como la de realizar por sí solo funciones vitales básicas.
Aunado a ello, para tratar igual a desiguales es necesario que la equiparación descanse en una base objetiva, razonable y constitucionalmente válida, lo cual no sucede en el caso.
Este concepto de invalidez también es fundado.
A partir de lo dispuesto en el artículo 1° constitucional52 y en otros preceptos constitucionales53 se ha desarrollado la interpretación relativa al principio de igualdad, conforme al cual se debe tratar de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales. Así, en algunas ocasiones el legislador no debe hacer distinciones, mientras que en otras le está permitido o, inclusive, constitucionalmente exigido. Tanto la Primera como la Segunda Sala de este Alto Tribunal han señalado cuáles son los criterios que deben observarse para determinar si una norma viola o no la garantía de igualdad, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 55/200654 y 2a./J. 42/201055, respectivamente.
Ambas Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en que primero se debe elegir cuál es el término de comparación adecuado, con el fin de contrastar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si están o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen, y así comprobar si el trato que se da a los primeros es diferente. En otras palabras, es necesario determinar respecto de qué se predica con la igualdad.
A continuación, hay que establecer si la diferenciación persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Lo anterior significa que el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. Sobre este punto, es importante destacar que no toda diferenciación válida debe estar expresamente consignada en el propio texto constitucional, sino que basta con que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable –salvo que se trate de alguna de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por ejemplo, las previstas en el artículo 1°, pues en este caso no basta que el fin sea aceptable desde un punto de vista constitucional, sino que es imperativo.
Enseguida, se debe analizar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador. Es decir, la diferenciación cuestionada debe ser adecuada para el logro del fin legítimo buscado. Así pues, debe existir una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido.
Por último, debe verificarse si la medida legislativa es proporcional. En este sentido, el trato diferenciado no puede afectar innecesaria o desmedidamente otros bienes y derechos protegidos, por lo que debe guardar una relación razonable con el fin que se procura alcanzar. Para determinar lo anterior, se deben ponderar sus ventajas y desventajas, para comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados respecto de los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.
Ahora bien, es necesario puntualizar que en el caso no se está reclamando un trato desigual por considerar que a dos categorías de sujetos que están en la misma situación se les trate de manera diferente; sino porque a dos categorías distintas se les da el mismo trato: en otros términos, por tratar de manera igual a desiguales.
Conforme a los criterios descritos anteriormente, el primer paso consistiría en determinar cuál es el punto de comparación. En este caso, se trata de la equiparación del producto de la fecundación (en cualquier etapa del desarrollo gestacional) con los individuos nacidos.
Esta equiparación no es válida, porque, para efectos jurídicos, no se puede considerar que un óvulo fecundado, un cigoto, un embrión o un feto sean iguales o equiparables a un individuo, entendido como sujeto normativo. Según se ha explicado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que el producto de la fecundación sea un individuo o persona para efectos legales, aun cuando se trata de un bien constitucionalmente protegido.
Debe partirse de la base consistente en que la intención del Poder Reformador de la Constitución de San Luis Potosí es que el reconocimiento de que la vida comienza desde el momento de la fecundación conlleva efectos jurídicos. Por tanto, si se permitiera que la Constitución del Estado de San Luis Potosí igualara a la vida prenatal con los sujetos nacidos, sería tanto como equiparar a desiguales, pues el producto de la fecundación no puede, constitucionalmente, considerarse como sujeto normativo ni como titular de derechos y obligaciones.
De esta forma, el artículo 16 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí viola el derecho a la igualdad previsto en el artículo 1° constitucional, al pretender igualar un bien jurídico tutelado (es decir, el producto de la fecundación) con individuos que son sujetos de imputación jurídica.
II. Contraste de la protección de la vida prenatal con los derechos fundamentales de las mujeres

Las anteriores argumentaciones, relativas a la indebida atribución de personalidad a la vida prenatal y a la violación al derecho de igualdad, son suficientes para invalidar la norma combatida. No obstante, conforme al principio de exhaustividad, conviene analizar el resto de los conceptos de invalidez planteados por la parte accionante, con el fin de determinar si el artículo constitucional combatido es violatorio de derechos fundamentales.


En otro apartado de la demanda, los diputados demandantes consideran que el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí viola el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos previsto en el artículo 4° de la Constitución Federal, pues se restringen opciones para el ejercicio a decidir el número de hijos. Igualmente, argumentan que la mencionada norma transgrede el derecho a la intimidad y a la autodeterminación del cuerpo, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto se debe, según la parte accionante, a que se elimina la posibilidad de utilizar métodos de anticoncepción, y se obliga a la mujer a dedicar su cuerpo a que se lleve a término el proceso de gestación, lo cual afecta su autodeterminación corporal (porque su cuerpo queda sujeto a realizar funciones que ella no elige) y su intimidad (pues son otras personas las que deciden respecto de su cuerpo).
A decir de los promoventes, estas restricciones, para ser válidas, necesitan cumplir con ciertos requisitos, de acuerdo con precedentes sentados por la Primera Sala de la Suprema Corte. Así pues, se dice en la demanda que el legislador sólo puede acotar o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos en que la misma Constitución lo permite. Además, la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, esto es, la medida debe ser idónea. Por último, la medida debe ser proporcional. A juicio de los accionantes, la medida no cumple con ninguna de estas condiciones.
El concepto de invalidez antes resumido es fundado, como se muestra a continuación.
La dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres

Dado que el principio constitucional de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres constituyen, en el presente caso, parámetros obligatorios de control de la constitucionalidad de las normas impugnadas, si las normas generales impugnadas, incluso cuando pretendan proteger la vida prenatal, violan la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres (en especial de las que no desean procrear), entonces esa condición sería suficiente para no ser válidas constitucionalmente.


Ahora bien, pueden existir distintas clases de medidas o intervenciones legislativas para proteger la vida prenatal en relación con la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres.
Las medidas normativas compatibles con la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres incluyen, por ejemplo, la nutrición mejorada de las mujeres embarazadas, la prevención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, así como la detección temprana de alteraciones fetales o complicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio madre-hijo, y que implican obligaciones positivas a cargo del Estado.
En el caso individual, la porción normativa impugnada, aun cuando pretende proteger la vida prenatal –un bien merecedor de protección constitucional–, resulta inconstitucional, toda vez que, al tiempo que protege la vida prenatal, vulnera la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular los reproductivos y a la salud. Lo anterior es así, por lo siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un entramado de derechos fundamentales que tiene como uno de sus ejes rectores el concepto de dignidad humana, razón por la cual es preciso realizar una interpretación sistemática y, por lo tanto, armónica, de las disposiciones relativas aplicables al caso, tomando como eje normativo la dignidad de las mujeres.

Al respecto, cabe tener presente que el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana.


El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos56, establece el principio constitucional de la dignidad humana y, específicamente, el artículo 2°, apartado A, fracción II57, de la invocada Constitución consagra expresamente la dignidad e integridad de las mujeres.
Sobre el particular, es preciso señalar que si bien es cierto que el reconocimiento específico de la dignidad e integridad de las mujeres se estableció mediante el Decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, en virtud del cual se reconoce y garantiza la cultura y los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas58, también lo es que la protección de la dignidad e integridad de las mujeres constituye un principio sustantivo de rango constitucional de alcance general, pues informa el conjunto del ordenamiento jurídico, y, conforme a una interpretación sistemática, es una vertiente o especificación del principio de dignidad humana establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal, y que se puede traducir como el derecho de las mujeres a ser tratadas, en todo caso, con dignidad y, correlativamente, como un deber de cumplimiento no graduable y, en principio, no sujeto a excepciones59.
El referido principio constitucional de dignidad de las mujeres, como se verá, tiene diversas especificaciones normativas en relación con los derechos fundamentales de las mujeres, pudiéndose, así, hablar, por ejemplo, de la dignidad como igualdad y la dignidad como libertad.
Según ya se ha dicho, el artículo 1º constitucional, reformado recientemente, establece un marco de protección a los derechos fundamentales mucho más amplio, al establecer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece; que las normas relativas a esos derechos se interpretarán de conformidad con la Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; y que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por su parte, el artículo 4° de la Constitución Federal establece varios derechos fundamentales aplicables al caso60:
Primero. En su primer párrafo establece, como una manifestación del principio de igualdad invocado, que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
La referida igualdad entraña una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, toda vez que, frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el artículo 4° constitucional ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones discriminatorias.
Apoya lo anterior, la tesis 1a. CLII/2007, sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro: “IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES61”, que este Pleno comparte.
Segundo. El artículo 4°, párrafo segundo, constitucional establece, en forma expresa, uno de los derechos básicos que constituye o fundamenta los derechos reproductivos, al disponer que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Este artículo no siempre ha tenido la misma redacción. En mil novecientos setenta y cuatro se modificaron los dos primeros párrafos, para quedar con el texto actual. Esa reforma constitucional al artículo cuarto tuvo como eje rector la ampliación de los derechos de las mujeres.
Tanto la exposición de motivos como los dictámenes de las Cámaras del Congreso de la Unión, coinciden sobre cuáles son los principales objetivos de la reforma constitucional: la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer; la protección de la organización y el desarrollo de la familia; y el derecho a decidir libre, responsable e informadamente sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Con estos fines en mente, no sólo se reformó el artículo 4° constitucional, sino que también se modificaron los artículos 30 y 123, apartados A y B de la norma fundamental; el primero para “establecer estricta igualdad entre varones y mujeres para adquirir los beneficios de la naturalización mexicana” y el segundo con objeto de equiparar los derechos laborales de las mujeres con los de los hombres62.
A partir de las consideraciones de la exposición de motivos y de los dictámenes de las Cámaras del Congreso de la Unión63 se desprende lo siguiente:


  • Los primeros dos párrafos del artículo cuarto constitucional tienen como origen una reforma cuyo objetivo era resaltar diversos derechos de las mujeres.




  • El derecho a la procreación se entiende como una “garantía personal de raigambre solidaria”.

Sobre este punto, vale la pena recordar que, en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, se estableció que, si bien tanto los hombres como las mujeres tienen derechos reproductivos, lo cierto es que las segundas están en una situación distinta que los primeros, ya que hay consecuencias de un embarazo no deseado que recaen sobre la mujer que lo experimenta y no sobre el hombre, por lo que se afecta asimétricamente el plan de vida de la primera64.


Asimismo, como lo estableció este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fallada el dieciséis de agosto de dos mil diez, el artículo 4° de la Constitución Federal, al establecer el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada, consagra un “derecho fundamental, de los denominados de libertad, como es el decidir libremente sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 4° constitucional establece la obligación del Estado de proporcionar información acerca de métodos de anticoncepción, educación sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea tomada en forma responsable e informada.”
De acuerdo con lo anterior, el derecho de libertad a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica la decisión de no tenerlos, es un derecho humano reconocido y garantizado en la Constitución General de la República, que constituye, a su vez, el fundamento de los derechos reproductivos de las mujeres.
En este sentido, en lo concerniente al concepto de derechos reproductivos, cabe tener presente que, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (también conocida como CEDAW)65, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombre y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, entre los cuales se menciona expresamente los que se refieren a la planificación familiar66.
En esa línea, la Convención anteriormente citada establece expresamente el mandato de no discriminación en diversos ámbitos67 entre los cuales destacan, en lo que interesa, el derecho a la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia, la protección a la mujer en las zonas rurales, en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, así como que los Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejecutar esos derechos.
Igualmente, el Programa de acción de la conferencia internacional de población y desarrollo68 (El Cairo, mil novecientos noventa y cuatro) –considerado como el primer instrumento internacional que define la salud reproductiva y los derechos reproductivos69–, señala que los “derechos reproductivos” abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso y esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ellos y a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; también incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.
Asimismo, es preciso señalar que la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en mil novecientos noventa y cinco señala que: “Los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, libres de coerción, discriminación y violencia” (párrafo 26).
En la misma línea, el artículo 23, párrafo 1, inciso b)70, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su salud, y se ofrezcan los medios necesarios para ejercer esos derechos.
De esta forma, los derechos reproductivos son indispensables para que las mujeres dispongan en forma autónoma de su capacidad reproductiva.
Lo antes expuesto, permite concluir que los derechos reproductivos son derechos humanos garantizados constitucionalmente y en los tratados internacionales de derechos humanos invocados suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
Tercero. El artículo 4°, párrafo tercero, de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Al respecto, es preciso señalar que el derecho a la salud entraña la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. LXVIII/2009 sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: “DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL71”.
Así, hay un mandato explícito de rango constitucional para proteger o tutelar el derecho a la salud de toda persona, lo que significa que el derecho a la salud es universal, entendido en el sentido de que el Estado mexicano tiene el deber de crear las condiciones que permitan que todas las personas tengan un nivel adecuado de protección a la salud.
El derecho a la salud comprende una serie de libertades y derechos, entre los cuales se encuentran la libertad sexual y genésica y el derecho a no padecer injerencias, torturas o experimentos médicos no consensuales, así como el derecho a un sistema de salud que ofrezca a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.
Apoya lo anterior, la tesis 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala, y que hace suya este Pleno, de rubro: “DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS72”.
En el mismo sentido que el artículo 4° constitucional, el artículo 1273 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales74 prevé el derecho a la salud. Aquí, los Estados parte del Pacto reconocen el derecho de las personas a disfrutar del nivel más alto posible de salud (tanto física como mental). De igual manera, los Estados se obligan a establecer ciertas medidas para asegurar este derecho, entre las cuales se encuentra la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Cabe tener presente que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales75 de la Organización de las Naciones Unidas emitió la observación general número 14, relativa a la interpretación del artículo 12 del Pacto. Entre otras cosas, señaló que el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que éste entraña libertades y derechos (en concordancia con el criterio sentado en la tesis 1a. LXV/2008, recién transcrita). Entre las libertades que se enumeran, se encuentran las de “controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias76”.
Igualmente, en esta observación general, el mencionado Comité recomendó “que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud a fin de promover mejor la salud de la mujer y el hombre77”. Además, consideró que el enfoque basado en la perspectiva de género implica reconocer que “los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la mujer78”.
En congruencia con lo anterior, el derecho fundamental a la protección de la salud incluye la salud reproductiva y la salud sexual79, que constituyen aspectos básicos de la salud de las personas, particularmente de las mujeres, en cuanto que miran a su bienestar general.
Cabe destacar que el derecho a la salud reproductiva y sexual, en conjunción con el principio de igualdad y el mandato de no discriminación, bloquean toda posibilidad de discriminar, por motivos de género, en relación con ese derecho, habida cuenta que cualquier discriminación relacionada con el derecho fundamental a la salud, en las vertientes señaladas (salud reproductiva y salud sexual), constituiría un atentado contra la dignidad de las mujeres.
Asimismo, la Constitución General de la República reconoce el derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada está reconocido y tutelado en diversos preceptos constitucionales, por ejemplo, en los artículos 1º; 4º; 6º, fracción II; 7º; 10; 14; 16 y 24.
La protección constitucional de la vida privada entraña, entre otros aspectos, la garantía de un ámbito de protección de la existencia de las personas que les provea de condiciones adecuadas para el desarrollo de su autonomía y de su libertad; asimismo, el concepto de vida privada guarda estrecha conexión con la pretensión de tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida y se relaciona con una amplia gama de derechos, entre otros, con los derechos reproductivos y el derecho a la salud reproductiva y sexual.
Así, el derecho fundamental a la vida privada protege y garantiza ciertas decisiones; en particular, las que se tomen en ejercicio de los derechos reproductivos y a la salud reproductiva y sexual, ya que la decisión de la mujer de interrumpir o continuar con su embarazo es una de las decisiones más importantes y trascendentes que debe tomar, en ejercicio de su autonomía y en libertad, sin interferencias o injerencias externas.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. CCXIV/2009 sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartida por este Pleno, de rubro: “DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA80”.
De igual forma, este Tribunal Pleno estima que el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos, y además, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con el invocado derecho fundamental de libertad establecido en el artículo 4° de la Constitución Federal.
Conforme a todo lo expuesto, una interpretación sistemática y, por ende, articulada del principio constitucional de dignidad y de los derechos reproductivos y sexuales, del derecho a la salud reproductiva y sexual, así como del derecho a la vida privada, en su vertiente de protección y garantía de las decisiones que las mujeres tomen, en ejercicio de tales derechos, permite establecer que éstos protegen o tutelan su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos; la libertad para decidir procrear o no hacerlo, no sólo antes del embarazo, sino también, en ciertos casos o supuestos y bajo ciertas condiciones, durante el embarazo, para continuar con el mismo o interrumpirlo; y tomar esas decisiones en un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, que preserve la dignidad de las mujeres.
Sin embargo, como se explicará en el apartado siguiente, la norma general impugnada (es decir, el artículo 16 constitucional de San Luis Potosí) significa o entraña una restricción indebida a la libertad reproductiva de las mujeres, puesto que establece una protección absoluta o incondicionada a la vida prenatal.


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