Voto particular que presenta el ministro José fernando franco gonzález salas en relación a la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el pleno de la suprema corte de justicia de la nacióN



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II. Los Estados que conforman la República Mexicana son libres y soberanos para su autodeterminación, por lo que están facultados constitucionalmente para regular los derechos humanos y dictar normas protectoras de los mismos.
Los artículos 39, 40 y 41, párrafo primero, constitucionales, establecen las bases de la autonomía local, en tanto en ellos se establece el régimen de gobierno republicano federal, integrado por Estados libres y soberanos en todo lo relativo al régimen interno, aunque unidos en un Pacto Federal, así como que el pueblo ejerce su soberanía por lo que hace a dichos regímenes interiores, en los términos que dispongan las Constituciones locales, con la única limitante de que no contravengan la Constitución Federal.
La autonomía de los Estados en su organización interna es consagrada en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al prever que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.
Dentro de un sistema federal, los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos de acuerdo con los principios de la Ley Fundamental. En este sentido, Luis María Díez-Picazo señala que “las entidades federadas poseen un poder constituyente residual, en el sentido de que establecen sus propias constituciones sin más límite que no vulnerar la Constitución y derechos federales.”
Una de las bases inmodificables para los Estados federados lo constituyen los derechos humanos, pues en términos del artículo 1° “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, por lo que es claro que ninguna entidad federativa podrá desconocer un derecho plasmado en la Ley Fundamental.
Sin embargo, ello no significa que las entidades federativas no puedan establecer y regular derechos humanos, pues no constituye una materia reservada a la Federación conforme al artículo 73 constitucional y es claro que si el artículo 1° constitucional consagra la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios en él establecidos, los Poderes Legislativos de los Estados deben emitir las normas legales que regulen y hagan efectiva esta obligación, pudiendo incluso prever mayores derechos o ampliar los reconocidos en el Pacto Federal en concordancia con el principio “pro homine” o “pro personae”.
Los derechos humanos tienen un núcleo esencial, es decir, pueden encontrarse desarrollados o simplemente enunciado en la Constitución, pero en cualquier supuesto tienen una definición, un concepto, un contenido, una configuración mínima, que constituye su esencia, su núcleo esencial, el cual es intocable e inmodificable. El legislador local, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 constitucional en el sentido de que lo que no está reservado a la Federación se entiende otorgado a los Estados, podrá dictar las normas que estime mejor den cumplimiento a la protección de los derechos siempre que respete su núcleo esencial o lo amplíe, pero nunca restringirlos porque en este último caso contravendría la Ley Fundamental.
El legislador del Estado de San Luis Potosí, en la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad objeto de este voto particular, respeta el núcleo esencial del derecho a la vida y procura su protección en su exacta dimensión: desde el momento en que ésta comienza. No modifica ni altera el derecho a la vida humana.
Por tanto, el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí es constitucional porque el hecho de que la Constitución Federal no precise desde qué momento inicia la vida, no significa impedimento alguno para el legislador local de definirlo en los términos en que lo hace en uso de su libertad de autodeterminación y sujeto al debido respeto al núcleo esencial de este derecho que comprende a la vida humana en toda su extensión.
La precisión que realiza la norma controvertida en torno a que la protección a la vida humana inicia desde la concepción sólo significa el cumplimiento por el Constituyente local de procurar la protección de un derecho consagrado en la Constitución y ello, aunque se considerara que amplía el derecho ─lo que no es así porque la etapa gestacional es una etapa de desarrollo de la vida─, no puede reputarse violatorio de la Ley Fundamental dado el principio “pro homine” o “pro personae”.
Resulta pertinente añadir que la Suprema Corte de Justicia ha establecido tesis en las que reconoce la facultad de los Estados para regular y ampliar derechos humanos y su protección, como se advierte de las que a continuación se transcriben:
NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS. Es principio comúnmente aceptado que, por regla general, los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran los llamados derechos fundamentales o garantías individuales, propios de las Constituciones liberales, como la General de la República, donde se privilegia el principio de que la protección y materialización efectiva de esos derechos de libertad han de interpretarse de manera amplia, para evitar limitarlos y promover, a través de la legislación secundaria, su realización e, inclusive, su ampliación a favor de los habitantes del país; de manera que si bien no es dable al legislador crear ni anular esos derechos, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. Esto es, el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta puede imponer a la legislación secundaria dos tipos de límites: a) Formales, referidos a normas que regulan el procedimiento de formación de la ley, acotándolo al procedimiento establecido por la Constitución, y b) Materiales o sustanciales, relativos a las normas que vinculan el contenido de las leyes futuras, mediante órdenes y prohibiciones dirigidas al legislador o de manera indirecta, regulando inmediatamente ciertos supuestos de hecho (por ejemplo, confiriendo derechos subjetivos a los ciudadanos) y estableciendo su propia superioridad jerárquica respecto de la ley.”168
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.” 169
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL. De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 4o., párrafo tercero, 56, fracciones I y II y 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, así como de la exposición de motivos del decreto que aprobó la Ley Número 53 mediante la cual aquéllos fueron reformados, se desprende que la competencia que la Constitución Local le otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave, se circunscribe a conocer y resolver el juicio de protección de derechos humanos, pero únicamente por cuanto hace a la salvaguarda de los previstos en la Constitución de aquella entidad federativa, por lo que dicha Sala no cuenta con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acorde con lo anterior, se concluye que los preceptos citados no invaden las atribuciones de los tribunales de la Federación, en tanto que el instrumento para salvaguardar los derechos humanos que prevé la Constitución Local citada, se limita exclusivamente a proteger los derechos humanos que dicha Constitución reserve a los gobernados de esa entidad federativa; mientras que el juicio de amparo, consagrado en los artículos 103 y 107 de la propia Constitución Federal, comprende la protección de las garantías individuales establecidas en la parte dogmática del Pacto Federal, de manera que la mencionada Sala Constitucional carece de competencia para resolver sobre el apego de actos de autoridad a la Carta Magna. Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que el instrumento jurídico local difiere del juicio de garantías en cuanto a su finalidad, ya que prevé que la violación de los derechos humanos que expresamente se reserven implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño conforme lo dispone el artículo 4o. de la propia Constitución Estatal, lo que no acontece en el indicado mecanismo federal.” 170
III. El reconocimiento de la vida humana como fundamento de todos los derechos y su protección desde la concepción que establece el artículo 16 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí no vulnera derechos de las mujeres.
El artículo 16 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí al reconocer que la vida humana es fundamento de todos los derechos del ser humano, no transgrede los principios de interpretación de los derechos humanos, concretamente los de interdependencia e indivisibilidad pues tal reconocimiento no impide ni dificulta el pleno ejercicio de cada uno de los demás derechos humanos en lo particular y de manera conjunta para que cada individuo pueda disfrutar de una vida acorde con su dignidad humana.
La disposición impugnada no hace más que reconocer una realidad pues es necesario estar vivo para poder gozar y disfrutar los demás derechos humanos. Es en este sentido que declara la vida humana como fundamento de todos los derechos del ser humano y no en el sentido de establecer alguna jerarquía entre estos derechos, en cuya cúspide se encuentre la vida, sino el reconocimiento de ésta como presupuesto lógico para estar en posibilidad de disfrutar el resto de derechos.
En la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra Paraguay se lee: “La Corte ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo.”171
Por otro lado, considero que el primer párrafo de la disposición impugnada es de carácter declarativo pues lo único que hace es tutelar el derecho a la vida humana en el Estado de San Luis Potosí desde el momento de su inicio en la concepción.
Esta norma declarativa se apega a la Constitución General de la República y a los diversos tratados suscritos por el Estado Mexicano, que como ya ha quedado analizado con anterioridad, consagran el derecho a la vida y la protegen desde el momento mismo de la concepción.
Al proteger la vida de esta manera, la disposición impugnada no transgrede la dignidad ni ninguno de los derechos fundamentales de la mujer.
Ante todo quiero destacar que la mera declaración de protección de la vida desde su inicio con la concepción no puede dar lugar a un conflicto en abstracto entre este derecho humano y otros derechos y libertades de la mujer, específicamente los reproductivos y a la salud.
Lo anterior lo afirmo porque considero que los casos señalados como no punibles en el segundo párrafo de la disposición impugnada, a saber, cuando la muerte del producto de la concepción sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea producto de una violación o inseminación indebida o cuando de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte, son tres supuestos en que el Constituyente local estimó necesario dejar establecido para su debido respeto por parte del legislador ordinario, que no fuera punible la conducta de interrupción de un embarazo, pero ello no supone que el legislador en uso de sus facultades no pueda establecer supuestos diferentes en que el aborto o la interrupción de un embarazo no deban ser punibles.
Es cierto que no es común que en las Constituciones de las entidades federativas se establezcan las excusas absolutorias o las excluyentes de responsabilidad, en tanto aquéllas suelen ser catálogos de principios y valores que el legislador ordinario, por lo general, tendrá que desarrollar para su debida eficacia y realización.
Sin embargo, el que la norma impugnada señale tres supuestos en que el aborto no es punible quizá implique una falta de técnica jurídica pero definitivamente no constituye causa o motivo de inconstitucionalidad. Además, el señalamiento de esos casos en que el aborto no es punible sólo encierra la intención de dejar establecido como regla para el legislador ordinario, el respeto de ese mandato pero de ninguna manera se traduce en imposibilidad para que en el ejercicio de sus atribuciones propias, el órgano legislativo considere, pondere y prevea situaciones diversas en que el aborto o la interrupción de un embarazo tampoco resulte punible dentro del territorio de San Luis Potosí.
Por lo anterior considero que no es factible jurídicamente y resulta sumamente peligroso, partiendo de que el legislador ordinario no podrá establecer supuestos diferentes a los previstos en la disposición combatida en que el aborto no sea punible, lo que no es exacto según lo expliqué, confrontar los diversos derechos humanos en abstracto, específicamente la protección de la vida desde la concepción y los derechos reproductivos y a la salud de la mujer en casos diferentes a los referidos en dicha disposición, pues además de que resulta imposible comprender todos los casos que pueden presentarse en la realidad, se corre el riesgo de establecer reconocimientos absolutos en torno a algún derecho, principio, valor o bien protegido que imposibilite al legislador ordinario y al aplicador del derecho realizar la ponderación requerida en las diferentes situaciones concretas y específicas.
Afirmaciones abstractas respecto a los efectos que supuestamente tendrá la disposición impugnada sobre las normas penales y en el uso de métodos anticonceptivos y de técnicas de reproducción asistida para de ello concluir en la colisión con el derecho a la salud y los derechos reproductivos de la mujer, sin duda crea situaciones que obligan en todos los casos a hacer prevalecer alguno o algunos de los derechos sobre los otros, sin posibilidad de confrontación y ponderación en casos específicos, lo que implica absolutos que imposibilitan la labor del legislador ordinario y de los operadores de los ordenamientos jurídicos para alcanzar el bien justicia.
Lo anterior no debe hacerse al resolver un medio de control abstracto de la constitucionalidad de una norma general que declara la protección de un derecho humano. Lo que el Tribunal Constitucional debe examinar es si esa norma se apega o no a la Constitución Federal y a los tratados de derechos humanos a la luz de la configuración mínima que del derecho aparezca en la Ley Suprema y en los tratados y conforme a los principios de interpretación que exige el artículo 1° de la Ley Fundamental.
Los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren, por lo general, de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar las situaciones particulares y concretas a la luz de los principios enunciados en el texto constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran derechos fundamentales propios de las constituciones liberales, donde se privilegia el principio de que la protección y materialización efectiva de esos derechos exige su interpretación de la manera más amplia para promover su realización; por ello, el legislador puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando al hacerlo no pugne con el espíritu constitucional que los estableció.
La norma combatida al tutelar el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, no incluye elemento alguno a partir del cual pueda siquiera advertirse alguna limitación a los derechos de las mujeres en edad reproductiva que habiten el Estado de San Luis Potosí. En ninguna parte de su texto se especifica, a manera de ejemplo, que para logar esa protección el Estado debe prohibir el uso de anticonceptivos o deba penalizar el aborto provocado en los supuestos diversos a los que específicamente señala que no son punibles.
Es por ello que considero que la norma declarativa impugnada al proteger la vida humana desde la concepción no crea conflicto ni colisión alguna en abstracto con ningún otro derecho humano, en específico con el derecho a la salud de la mujer y sus libertades en materia reproductiva.
No hay duda alguna que la Constitución Federal y los tratados internacionales consagran a favor tanto del hombre como de la mujer los derechos de igualdad, no discriminación por razón de género o cualquier otro, libertad sexual y genésica, así como reproductiva para decidir el número de hijos que se desee tener o no tenerlos, derecho a la salud con todas sus implicaciones, derecho a una vida privada y al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, ni la dignidad ni ninguno de los derechos de la mujer se ve afectado por la protección de la vida a partir de la concepción, ya que de ninguno de esos derechos puede derivarse una libertad entendida como capacidad para decidir si desea o no interrumpir un embarazo, esto es, el derecho de abortar.
En la Constitución Federal y en los tratado internacionales suscritos por el Estado Mexicano no se establece como derecho de la mujer el de decidir libremente si aborta o no. Este derecho pretende derivarse de una indebida e inadecuada interpretación de lo que son o implican otros derechos expresamente consagrados constitucionalmente o en normas internacionales. Siendo el aborto un tema tan debatido a nivel mundial, no hay duda que si el Constituyente Originario o Reformador o el Estado Mexicano al suscribir los pactos internacionales, hubiera tenido la intención de otorgar a la mujer el derecho a decidir libremente si desea o no interrumpir su embarazo, así se hubiera consagrado expresamente y sin duda alguna, pero no ocurre así porque tal derecho no existe ni puede existir porque implica el reconocimiento de la destrucción o anulación de la vida de un ser humano porque el nasciturus no puede pertenecer a ninguna otra clase de vida.
El artículo 4° constitucional al consagrar el derecho de procreación refiere como modalidades de la decisión relativa la libertad, la responsabilidad y la información, lo que supone, por un lado, el deber del Estado de proporcionar al hombre y la mujer la información suficiente que les permita tomar de manera responsable la decisión respectiva y, por otro lado, la obligación individual de informarse, esto es, la libertad sexual y reproductiva debe ser ejercida con responsabilidad.
Por tanto, conforme a la disposición constitucional no se puede imponer un embarazo a ninguna mujer y si ello ocurre, sea por violación o inseminación sin su consentimiento, debe ser motivo de acción punible por parte del Estado.
Pero en cambio, si el embarazo es producto del ejercicio del derecho de libertad sexual, la condición de responsabilidad a que sujeta la norma constitucional el ejercicio de este derecho, impone el deber de no interrumpir el embarazo.
Es en este sentido como pueden interpretarse los derechos de planificación familiar y procreación en cuanto a la modalidad relativa a decidir no tener hijos, esto es, libremente optar por no ser madre tomando las medidas anticonceptivas relativas, pero nunca tendrá la madre el derecho de optar por destruir la vida del ser humano sólo porque no ha nacido.
Cierto es que el derecho a la salud incluye la salud sexual y reproductiva, pero ello no puede entenderse como un derecho de abortar sino como se señala en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia (…) la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.
Considero que es inexacto que la norma impugnada al proteger la vida del ser humano desde el momento de la concepción no logre superar el juicio de razonabilidad o proporcionalidad.
En principio, considero que los derechos fundamentales protegen valores o bienes jurídicos y, por ello, como antes lo destaqué, no cabe ponderar derechos en abstracto pues, además, todos protegen ámbitos de libertad requeridos para el libre desarrollo de la persona, entre los que no sería factible establecer jerarquías o prevalencias.
Lo que verdaderamente choca o entra en conflicto no son los derechos sino las conductas humanas que intentan ampararse en una apariencia de derecho y cuya verdadera naturaleza corresponde desvelar al juez en cada caso al ponderar los hechos y contrastarlos con las disposiciones jurídicas; es decir, lo que es objeto de ponderación son los hechos, no los derechos.
Tratándose de la regulación por parte del legislador de las conductas de los gobernados que den lugar a una posible colisión entre bienes jurídicos amparados por derechos humanos, necesariamente la vida tiene que ser un valor prevalente, porque su limitación a favor de otro implicaría su anulación.
Así, no en razón de jerarquía sino en virtud de que la vida es un derecho que por naturaleza no admite limitación sin anularse, es por lo que necesariamente tiene que prevalecer en cualquier ponderación que se realice con bienes de otra naturaleza, sin que lo anterior impida al legislador regular excluyentes de responsabilidad o excusas absolutorias en la materia penal.
Por ello es que aun partiendo de la posibilidad de ponderación entre la vida del nasciturus y los derechos de la mujer, tendría que concluirse en la constitucionalidad de la norma impugnada pues persigue un fin constitucionalmente válido como lo es la protección de la vida humana desde su inicio y, como ya lo he destacado, la Constitución Federal y los tratados la protegen desde ese momento.
La declaración de protección de la vida desde la concepción no resulta inadecuada para el fin perseguido y no violenta la dignidad ni los derechos de la mujer. Al realizarse la ponderación, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 4° de la Constitución Federal, no se está ante supuestos de imposición de embarazos, sino en todo caso, del ejercicio no responsable de la libertad sexual de la mujer.
Así, interpretar que las mujeres pueden decidir libremente interrumpir sus embarazos, esto es, abortar, supone la nulificación del derecho a la vida humana desde su inicio y, en cambio, reconocer esta vida, en principio, no priva a la mujer de ninguno de sus derechos y, en un momento dado, si una mujer desea abortar el producto del ejercicio libre de su sexualidad, que constitucionalmente se condiciona a la responsabilidad, en todo caso sufrirá sólo una afectación temporal, durante el tiempo que dure el embarazo; después podrá decidir libremente si desea o no ejercer la maternidad, o bien, dar al niño en adopción, en el entendido de que el mero reconocimiento de la vida desde la concepción no significa que se establezca de manera absoluta e incondicional pues corresponde al legislador local la regulación relativa a las excluyentes de responsabilidad y a las excusas absolutorias.
Se ha señalado que la vida prenatal puede protegerse con medidas menos restrictivas de los derechos de la mujer, como son la promoción y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, la educación y capacitación en materia de salud sexual y reproductiva y la maternidad y paternidad responsables.
Lo aludido ayuda, sin duda, a evitar embarazos no deseados pero si éstos se producen, su interrupción se traduce en la anulación de la vida del nasciturus, por lo que no es exacto que las medidas calificadas como menos restrictivas de los derechos de la mujer sean adecuadas para proteger la vida ya concebida.
La nutrición mejorada de las mujeres embarazadas, la prevención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la detección temprana de alteraciones fetales o complicaciones maternas que colocan en riesgo al binomio madre-hijo y que implican obligaciones positivas a cargo del Estado, son medidas que desde luego protegen a la mujer y a los concebidos deseados por sus madres, pero si se autoriza el aborto esas obligaciones no implicarán protección para los seres humanos no deseados sólo porque no han nacido.
Tengo la convicción profunda de que sólo el ser humano vivo puede disfrutar de los derechos fundamentales y sus garantías.
Otorgar a la mujer el derecho de acabar con la vida del ser que ha concebido en ejercicio de su libertad sexual, que debe ejercer en forma responsable, sólo porque así lo desea, implica anular totalmente la protección de la vida prenatal que contempla y exige la Constitución Federal y los tratados suscritos por el Estado Mexicano.
Es importante destacar que de acuerdo con la parte final del artículo 1º de la Constitución Federal, todos los seres humanos tenemos dignidad igual intrínseca, de ahí que el óvulo fecundado, el concebido, tenga la misma dignidad que los nacidos, hombres y mujeres, ya que no existen dignidades prevalentes por ninguna razón, mucho menos por edad gestacional, no entenderlo así es totalmente discriminatorio.
Por último, debo señalar que hay tres artículos de la Constitución que nos hablan de moral: el 6º, el 7º y el 94. Así, no hay duda entonces que la moral es un valor constitucional, pero ¿a qué moral se refirió el Constituyente? Creo que a la única moral vigente en el siglo en que se establecieron las normas, que era la judeocristiana; esto no se relaciona con dogmas, ni con verdades reveladas y, por tanto, es ajeno a la Constitución. Sin embargo, es importante tener ese registro de las cosas y partir de que es inmoral no permitir que continúe una vida humana.


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