Voces: derecho a la identidad ~ derecho a la informacion ~ fecundacion asistida ~ inseminacion artificial ~ derecho comparado título



Descargar 168.99 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión30.12.2018
Tamaño168.99 Kb.
Vistas130
Descargas0
  1   2   3


Voces: DERECHO A LA IDENTIDAD ~ DERECHO A LA INFORMACION ~ FECUNDACION ASISTIDA ~ INSEMINACION ARTIFICIAL ~ DERECHO COMPARADO

Título: De identidad e identidades. El derecho a la información y el derecho a conocer los orígenes de niños nacidos de reproducción humana asistida heteróloga

Autores: Herrera, Marisa Lamm, Eleonora

Publicado en: LA LEY 20/08/2014, 20/08/2014, 5 - LA LEY2014-D, 594

Fallo comentado: CNFed. Contenciosoadministrativo sala V ~ 2014-04-29 ~ C., E. M. y otros c. EN-Mº SALUD s/ amparo ley 16.986.

Cita Online: AR/DOC/2545/2014

Sumario: I. Introducción. — II. El fallo. — III. El contexto. — IV. Derecho comparado. Repaso y actualización. — V. Otras consideraciones básicas sobre el derecho a la información. — VI. El punto a trabajar: el "disclosure" o revelación del origen. — VII. Los avances y aportes del fallo: lo que vendrá. — VIII. El derecho a conocer los orígenes genéticos y la información en la legislación especial proyectada. — IX. Brevísimas palabras de cierre.

1. Introducción

El derecho a conocer los orígenes ha logrado su lugar en el derecho argentino gracias al desarrollo, fuerza y valoración que tiene el derecho humano del cual se desprende: el derecho a la identidad (1). No es casualidad que en el recordado caso "Muller" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13/11/1990 (2), en el que se dirimía uno de los tantísimos casos judiciales relacionados con la triste y oscura historia de desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico— militar, se alude por primera vez al derecho a la identidad en el voto del magistrado Petracchi, alegándose en el considerando 12° de su voto disidente que "La identidad es representada como un verdadero y propio derecho personalísimo cuyo contenido está delimitado (...) por tener el sujeto caracteres propios, que lo hacen diverso a los otros e idéntico sólo a sí mismo", o sea que la persona tiene "la titularidad de un derecho, que es propiamente el de ser ella misma, esto es, tener una propia verdad individual" (3).

Desde aquella oportunidad hasta hoy, ha corrido mucha agua debajo del puente de la identidad, a tal punto, que se han derivado otros derechos que tienen peso propio como el derecho al nombre, el derecho a la identificación, el derecho a tener vínculo filial, y también el mencionado derecho a conocer los orígenes.

Este derecho es clave para comprender en profundidad, y resolver en consonancia con ello, varios de los conflictos jurídicos actuales que observa el derecho filial hoy y que se presenta con diferente intensidad o con características propias y distintivas según se trate de conocer los orígenes en el campo de la filiación biológica o por naturaleza, en el de filiación adoptiva, o en las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante, TRHA) en su rol de tercera fuente filial como se la regula en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de 2012, a los fines de alcanzar un espacio autónomo, reconociéndose las grandes diferencias que ostenta en comparación con los otros dos tipos filiales más clásicos (4).

El fallo dictado por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal el 29/04/2014 (5), constituye una excelente excusa para retomar y profundizar sobre uno de los temas que más debates (6) ha generado el mencionado proyecto de reforma en lo relativo a su Libro Segundo dedicado a las "Relaciones de familia"; nos referimos al derecho a conocer los orígenes cuando se recurre a las TRHA heterólogas (7), es decir, aquellas en las cuales se utiliza material genético de un tercero ajeno al proyecto parental.

Se trata de una cuestión de alta relevancia cualitativa como cuantitativa. A nivel mundial, si bien la donación de esperma no es nueva (muchos niños han nacido como resultado de la inseminación artificial usando esperma donado desde hace más de 100 años (8)), la utilización de óvulos o embriones donados sólo fue posible después del desarrollo de la fertilización in vitro (FIV), a fines de la década del 70 (9).

¿Cuáles son las diferencias y similitudes que presenta el derecho a conocer los orígenes de los niños nacidos de TRHA heterólogas y los niños nacidos por filiación biológica y los adoptados? ¿Derecho a conocer los orígenes y derecho a la información son sinónimos? ¿Cuál es el rol de Estado en la preservación de la identidad de las personas? ¿Cuáles son las acciones que el Estado podría desplegar para satisfacer, en definitiva, el derecho a la identidad de los niños nacidos por TRHA heteróloga? ¿Cuáles son las limitaciones, complejidades o restricciones con los cuales podría toparse? Estos son algunos de los interrogantes a los que invita la lectura del importante precedente que se analiza en esta oportunidad. Precedente que ha sido el primero en la jurisprudencia nacional, en animarse a abordar una de las cuestiones más sensibles que rodea el uso de las TRHA: la identidad de los niños nacidos por TRHA heteróloga.

¿Qué incidencia tiene este fallo en la regulación del tema? Este interrogante también será respondido a la luz de los proyectos de ley que están a estudio en el Congreso Nacional. Por lo tanto, en el presente trabajo no sólo se analizarán los argumentos esgrimidos por la cámara, sino también los efectos o repercusiones que se podrían derivar de la primera penetración jurisdiccional en un tema de alta sensibilidad.



2. El fallo(10)

Un matrimonio por derecho propio y en representación de sus dos hijas menores de edad, interponen una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que, a través del Ministerio de Salud o el organismo que se considerare competente, se disponga la creación de un registro que contenga toda la información que poseen los centros de fertilidad y bancos de gametas legalmente habilitados en el país referida a la identidad de los donantes de gametas, con la finalidad de que sus hijas y todas las personas nacidas en virtud de las técnicas de fertilización asistida con material heterólogo puedan al cumplir la mayoría de edad, ejercer su derecho a conocer su identidad biológica, accediendo a esa información con la correspondiente autorización judicial.

Precisaron que tienen dos hijas concebidas a partir de técnicas de fertilización asistida con óvulos donados por terceros, e indicaron que conocen la identidad de una de las donantes ya que la hija mayor fue concebida con material genética de una amiga de la familia, no así la hija menor que lo fue con óvulos donados por medio de un procedimiento practicado en el Centro Especializado en Reproducción (CER), desconociendo entonces, la identidad de la donante.

Afirmaron que en virtud de que en nuestro país no se encuentra reglamentada la donación de material genético, los centros de fertilidad y los bancos de gametas no tienen la obligación de conservar la información relativa a los donantes, motivo por el cual entienden que existe un riesgo cierto de que la referida información se pierda de manera definitiva.

En primera instancia, la acción fue rechazada al entender el juez que " (...) en la acción que da lugar al presente amparo no existe siquiera un texto legal cuyo apego a la constitución nacional pueda ponerse en duda. En razón de ello la acción intentada carece de la madurez necesaria para configurar un caso o controversia judicial y se asemeja a una opinión consultiva o una declaración genérica". Se agregó que el entonces proyecto de ley —posteriormente sancionado y que lleva el número de ley 26.862 "(...) deja la puerta abierta a fin de hacer viable el reclamo de autos por ante los organismos competentes".

Ante esta negativa, los actores apelan y el caso llega a la Sala V de la Cámara Contencioso y Administrativo Federal de la Capital Federal.

La Alzada hace lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y deja sin efecto la sentencia apelada en el siguiente sentido, dispone "ordenar al Estado Nacional — Ministerio de Salud de la Nación que arbitre los medios que estime más convenientes a fin de preservar de manera efectiva la información relativa a la donante de los óvulos utilizados para llevar a cabo el procedimiento de fertilización asistida al que se refiere el presente caso, ya sea mediante el dictado de un acto administrativo de alcance particular o general, sin dar acceso a ella a la parte interesada y exclusivamente con el objeto de sea utilizada en las condiciones y modalidades que oportunamente establezca el Congreso de la Nación al dictar la reglamentación legal correspondiente a esta materia".

Es por ello que en el presente comentario, se le destina un lugar especial a conocer y analizar los proyectos de ley que se encuentran activos en el Congreso de la Nación, en particular, en la Cámara de Diputados que es la que mayor interés tendría el tema de conformidad con la cantidad de proyectos presentados en los últimos tiempos.



3. El contexto

Para poder comprender con mayor precisión sobre los alcances del fallo en análisis, es necesario situarnos en el contexto en el que se presenta.

En el año 2013, Argentina, luego de casi 30 años de ausencia absoluta de legislación (teniendo en cuenta que el primer caso de TRHA extracorpórea en el país y Latinoamérica data de 1984), sancionó la ley 26.862 reglamentada por el decreto 956/2013.

Si bien se trata de una normativa que se interesa de manera especial por la cobertura médica, lo cierto es que para ello debió ingresar a regular algunas cuestiones que exceden con creces su objetivo de acceso a las TRHA, legalizando o legitimando ciertas prácticas médicas que se vienen desarrollando y perfeccionando hace muchos años como ser la donación de embriones, las TRHA heterólogas, la crioconservación, etc.

Concretamente, la ley 26.862 permite acudir a las TRHA con gametos de un tercero, reconociendo así esta modalidad o particular técnica, aunque sin regularla de manera específica.

De este modo, a partir de la ley 26.862 son más las personas y parejas que acuden a las TRHA heterólogas; máxime si se tiene en cuenta un dato no menor, Argentina es un país de los 18 países que en la actualidad (11) cuentan con la figura del "matrimonio igualitario"; siendo que las parejas del mismo sexo deben siempre acudir a una donante, al igual que acontece con las personas solas. Por lo tanto, es evidente que en el país cada vez habrá más niños y niñas que nacen gracias a la donación de gametos de terceros, siendo cada día más imperioso que la ley brinde reglas precisas sobre cómo garantizar el derecho a la información y a conocer los orígenes genéticos.

Además, es dable aclarar que esta falta de regulación no solo repercute en cuanto al derecho a la identidad de los nacidos por TRHA heterólogas, sino que también se afecta el acceso a esa cobertura. Nos explicamos. Si bien el decreto reglamentario expresa en su art. 7 que "La donación de gametos y/o embriones deberá estar incluida en cada procedimiento", algunas obras sociales o prepagas están poniendo obstáculos o incumpliendo a tal obligación legal de cubrir las TRHA heterólogas sobre la base de lo dispuesto en otro párrafo de ese mismo articulado que sostiene: "En caso que en la técnica de reproducción médicamente asistida se requieran gametos o embriones donados, estos deberán provenir exclusivamente de los bancos de gametos o embriones debidamente inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (ReFES) de la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud". Postura que además, está siendo avalada por algunas voces jurisprudenciales (12) al sostener que " (...) la admisión de cobertura de la eventual ovodonación ha sido prematura. En efecto, la ley 26862 y el decreto 956/13 prevén esa posibilidad con restricciones fundamentales que hacen al equilibrio de los derechos involucrados. En esa dirección se establece: la obligación de inscripción de los establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores de gametos y/o embriones en un registro único en el ámbito del Ministerio de Salud, que en caso de que la técnica de reproducción médicamente asistida requiera de aquéllos deben provenir exclusivamente de los bancos debidamente inscriptos y también aspectos relativos al consentimiento del donante (cfr. art. 4° de la ley 26.862 y arts. 4° y 8° del Anexo I del decreto 956/13). Consecuentemente, la práctica no puede ser dispuesta judicialmente en las condiciones actuales".

En definitiva, es absolutamente necesaria la creación del registro tal como se peticiona en la acción de amparo en análisis, no solo porque sólo de ese modo se va a poder garantizar el derecho a la información y el derecho a conocer los orígenes genéticos, sino también para poner fin a ciertos obstáculos que se esgrimen para rechazar la cobertura médica, lo cual plantea una inadmisible paradoja: el país cuenta con una ley de cobertura médica de todo proceso de TRHA en términos amplios sin que tal herramienta básica y suficiente pueda cumplir los objetivos que se fija. Como se dice en las ciencias políticas en alusión a la novela "El gatopardo" del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa: se trata de "cambiar algo para que nada cambie".

Ahora bien, como se ha adelantado, el derecho a la identidad —que presenta una doble vertiente, estática y dinámica (13)— como derecho humano (14) observa diferentes aristas o involucra distintos derechos. Entre ellos el que aquí está involucrado de manera directa es el derecho a conocer los orígenes (15) y el derecho a la información.

En este sentido, es necesario hacer las siguientes disquisiciones.



Por un lado, en los niños nacidos de TRHA heteróloga está en juego el derecho a conocer el origen genético, no biológico como acontece en la filiación adoptiva —donde más desarrollo ha tenido (16)— incluso también —con menor desarrollo— en la filiación por naturaleza. En este último supuesto, cabe recordar el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguay del 31/05/2012 (17), en el que una persona interpone una acción declarativa de certeza de filiación entablada contra su ex pareja ante la negativa de ésta a realizarse la prueba de ADN y, al mismo tiempo, endilgar ante terceros la presunta paternidad de un hijo al actor. En 1° instancia, la acción fue desestimada por entender que no había pruebas suficientes que establecieran un razonable estado de incertidumbre respecto de la paternidad del niño. En segunda instancia, y tras el nombramiento de un tutor ad litem, se hace lugar a la prueba genética arrojando resultado negativo. Para decidir del modo que se hizo, la Alzada destacó que "La acción declarativa tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos: es un medio eficaz y suficiente para satisfacer el interés de la actora que se agota en una mera declaración de certeza", agregándose que "En cuanto al alcance o modalidad del pronunciamiento que merece el juicio, tengo en miras que para supuestos como el aquí ventilado, desde la doctrina ha sido apuntado que por no tratarse de una acción de estado, la sentencia debe limitarse a declarar el resultado de las pruebas biológicas, debiendo eventualmente luego, para obtener un cambio en el emplazamiento del menor, procederse por alguna de las vías legalmente previstas. O más elocuente ha sido la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Azul en fecha 25/08/2011 (18), cuya plataforma fáctica era la siguiente. Una nieta reclamaba la filiación post mortem contra las herederas de su presunto abuelo. Alega que su madre antes de fallecer, le había confesado que era hija de un señor y que nunca había iniciado reclamo judicial alguno. Las demandadas oponen la falta de legitimación activa siendo que la acción habría caducado de conformidad con lo dispuesto en el art. 254 del Código Civil. En primera instancia se hace lugar a la excepción, la actora apela. La Alzada hace lugar parcialmente al recurso interpuesto, entendiendo que debe "reencauzarse" la acción conforme lo dispuesto en el art. 322 del CPCC (acción declarativa de certeza), con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de la peticionante. Para arribar a tal conclusión, se asevera: "Hoy se afirma casi sin discrepancia que el derecho a conocer los orígenes favorece la construcción del derecho a la identidad"; que "El concepto de identidad filiatoria no es necesariamente el correlato del dato puramente genético determinado por la procreación, va mucho más allá; por eso una cosa es tener derecho a conocer ese dato, y otra, muy distinta, la pretensión de tener vínculos jurídicos fundados en ese dato genético", siendo "Indudablemente, los lazos genéticos y los vínculos jurídicos están íntimamente asociados, por eso, generalmente, el derecho a conocer los orígenes va unido al derecho a establecer vínculos jurídicos (...) Sin embargo, ambos derechos son diferentes, tanto como lo son el dato genético y el jurídico; el primero responde a un hecho único (el causado por los genes); en cambio, el orden jurídico se nutre también de los valores imperantes en determinada sociedad, de allí que la ley pueda establecer restricciones a la normal concordancia entre el dato genético y el jurídico"; por lo tanto, no se hace lugar a la acción de reclamación filial pero sí la necesidad de llevarse adelante las pruebas pertinentes a los fines de que la actora pueda desentrañar su identidad en lo que respecta a sus orígenes.

Como se puede observar, tanto en la filiación por naturaleza, como en la adoptiva como en la que se deriva de las TRHA, está involucrado el derecho a conocer los orígenes, pero en este último caso, los orígenes se circunscriben al dato genético y no a la "realidad biológica" con la concepción actual que se tiene sobre esta denominación que utiliza el art. 328 del Código Civil, es decir, como sinónimo de la biografía e historia de una persona.

En este sentido, en otra oportunidad hemos sostenido que "La comparación del derecho a conocer los orígenes en la adopción y en la reproducción humana asistida muestra claramente un mayor peso en la primera porque comprende la identidad estática (quiénes son los padres) y la dinámica (historia de ese niño); en definitiva, son los orígenes biológicos (bio, vida); en la segunda, en cambio, afecta sólo a la identidad estática y está circunscripta a un solo dato, el genético; por eso, con mayor precisión, se habla del ´derecho a la información´" (19).

A su vez, el derecho a la información presenta diferentes aristas.

En primer lugar, el derecho a saber que se ha nacido de TRHA y que en dicha práctica médica se ha utilizado material genético de un tercero. Esto es clave porque de este conocimiento se deriva todo el resto de la información que se pueda obtener acerca del donante. ¿Cómo lograr que los niños sepan esta realidad que afecta o compromete, en definitiva, su identidad? Esta es una preocupación sincera en un proyecto de ley que se analizará más adelante para comprender cómo la legislación tiene un alto valor pedagógico para coadyuvar en la necesaria de-construcción de la idea de silencio, privacidad o intimidad que aún persiste en el campo de las TRHA en el que aún es bajo el porcentaje de padres que le dicen a sus hijos que han nacido de donación de gametos.

Para indagar sobre las demás vertientes que involucra el derecho a conocer los orígenes genéticos en las TRHA heterólogas, es necesario, a su vez, llevar adelante la siguiente distinción acerca del tipo de información sobre el donante: 1) información no identificatoria, es decir, aquella que permite conocer simples datos genéticos sobre el donante, y 2) información identificatoria, que permite conocer nombre y apellido del donante; pero nunca el establecimiento de vínculo jurídico de filiación entre el niño y el donante; siendo que los niños que nacen de técnicas de reproducción humana asistida ya tienen un vínculo jurídico, con quienes prestaron la correspondiente voluntad procreacional.

En este contexto, el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de 2012 según el texto sancionado en la Cámara de Senadores el 28/11/2013, lo regula en dos disposiciones. El art. 563 referido al "Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida" expresa que "La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento".

Y el artículo siguiente, el 564, se preocupa por el "Contenido de la información" afirmando que "A petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede: a) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud; b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local".

¿El fallo en estudio está en consonancia con estas disquisiciones y la regulación que proyecta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Antes de responder este interrogante, es pertinente ampliar la perspectiva de estudio mediante un breve y actual pantallazo sobre el tratamiento de la cuestión en el derecho comparado.

4. Derecho comparado. Repaso y actualización

Varios países europeos (Austria, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza, el Reino Unido) han legislado en el sentido de facilitar el acceso a la información —tanto no identificatoria como identificatoria de los donantes— prohibiendo la donación anónima.

En Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Francia, Grecia, Portugal y España, por el contrario, el anonimato de los donantes está protegido por la ley, con excepciones en algunos países, pero no en otros, para la donación de gametos de personas conocidas. En Bélgica, por ejemplo, todos los que trabajan dentro de la clínica de fertilidad están obligados al secreto profesional. Las excepciones a esta regla incluyen información acerca de las características físicas del donante que puede ser compartida con los beneficiarios al momento de elegir un donante; información médica que puede ser obtenida a petición de personas concebidos por donantes; y cuando donante y receptor solicitan mutuamente el no-anonimato (es decir, en la donación conocida).

En Francia, una aplicación estricta del principio de anonimato implica que aquellos que traen su propio donante sólo pueden usarlo a través de un programa de donación cruzada en la que se intercambian los donantes entre las parejas receptoras. Algunos países europeos prohíben o restringen la donación de óvulos, como por ejemplo, Austria —aunque se permite la donación de esperma y conocer su identidad—, Alemania y Noruega.

Fuera de Europa, existen disparidades similares. Tanto en los EE.UU. como en Canadá, los donantes pueden elegir si desean donar de manera anónima o no. Al respecto, una importante decisión de un tribunal de la Columbia Británica en el caso "Pratten", declaró ilegal la donación anónima dentro de esta provincia canadiense; pero recientemente, ésta ha sido anulada por la Corte de Apelaciones de Columbia Británica, restaurando así el status quo.

Nueva Zelanda, por su parte, desde 2005 exige a los donantes ser potencialmente identificables una vez que los nacidos por donación alcanzan los 18 años de edad, con disposiciones similares adoptadas en varios estados de Australia. El Estado australiano de Victoria ha ido más lejos que cualquier otra jurisdicción al promulgar leyes que promueven el intercambio de información. De esta manera, además de garantizar que la información identificatoria de los donantes esté disponible bajo petición de los concebidos por donantes cuando llegan a los 18 años de edad, los donantes también tienen derecho a solicitar información identificatoria sobre los niños concebidos con su material genético, aunque el consentimiento de las personas así concebidas debe obtenerse antes de que esa información sea proporcionada. Además, desde 2010, la legislación requiere que el hecho de la concepción con material de un tercero se incluya en el certificado de nacimiento.

Por su parte, en América Latina, Brasil en la Resolución 2013/13 del Consejo Federal de Medicina establece que "Obligatoriamente debe ser mantenido en silencio la identidad de los dadores de gametos y embriones, como también de los receptores. En situaciones especiales, la información sobre los donantes, por razones médicas, pueden ser brindadas exclusivamente por los médicos resguardándose la identidad del dador".

Por su parte, le ley de TRHA del Uruguay, la ley 19.167 de 2013 establece en su art. 12 que "La donación de gametos se realizará en forma anónima y altruista, debiendo garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la presente ley" (20) . Y el art. 21 se refiere en particular de la "Identidad del donante" aseverándose que "La identidad del donante será revelada previa resolución judicial cuando el nacido o sus descendientes así lo soliciten al Juez competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la presente ley. La información proporcionada no implicará en ningún caso la publicidad de la identidad de los donantes ni producirá ningún efecto jurídico en relación a la filiación. Son jueces competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia de Familia de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del interior del país con competencia de Familia" (21). Por su parte, y según surge del art. 23, la acción referida en el art. 21 "podrá ser ejercida por el nacido por aplicación de la técnica de reproducción humana asistida o sus representantes legales y, en caso de que hubiere fallecido, por sus descendientes en línea directa hasta el segundo grado, por sí o por medio de sus representantes. Y en cuanto al procedimiento el art. 24 establece que "Formulada la demanda y salvo que la misma fuera manifiestamente improcedente, el magistrado actuante, previa vista al Ministerio Público y Fiscal, requerirá por oficio información a la institución donde se realizó la técnica de reproducción asistida, relevándola del secreto establecido en el artículo 22 de la presente ley y solicitando la identidad del donante, la que será notificada en forma personal al demandante. El procedimiento se regirá por las disposiciones del proceso voluntario del Código General del Proceso".

En este contexto comparado, fácil se advierte que la línea legislativa que adopta el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de 2012, es intermedia y equilibrada, de conformidad con todos los intereses en juego, en particular, preservar las TRHA heterólogas y que ellas no se vean conculcadas o dificultadas debido a una disminución en las donaciones con las consecuencias nocivas para el desarrollo de esta técnica médica y la posibilidad de que varios niños y niñas puedan nacer en virtud de ella.

El proyecto de reforma mejora, a nuestro entender, la regulación española (22), al proponer un régimen de "anonimato relativo" que garantiza: 1) la existencia de donantes y, consecuentemente, la satisfacción del derecho a formar una familia, a gozar de los beneficios del progreso científico, a la vida familiar, a la igualdad, a la autonomía personal, a la libre elección del plan de vida y a la dignidad; 2) el derecho del niño nacido por TRHA a conocer su origen genético y 3) El derecho a conocer los datos identificatorios del donante (23), más allá de que esta posibilidad quede sujeta a una decisión judicial.





Compartir con tus amigos:
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos