Viviana krsticevic marisol blanchard maria clara galvis


COACCIONES Y AMENAZAS CONTRA LA COMUNIDAD Y SUS REPRESENTANTES



Descargar 0.56 Mb.
Página4/9
Fecha de conversión21.03.2018
Tamaño0.56 Mb.
Vistas200
Descargas0
1   2   3   4   5   6   7   8   9

COACCIONES Y AMENAZAS CONTRA LA COMUNIDAD Y SUS REPRESENTANTES

Habíamos señalado precedentemente que en respuesta a la denuncia de desmonte en las tierras reivindicadas hecha ante el Ministerio Público, se constituyó en el asiento de la Comunidad una comisión de funcionarios de la Dirección de Derechos Étnicos de dicha dependencia a efectos de constatar los hechos denunciados. Como puede leerse en los informes de los funcionarios fiscales comisionados59, dicha diligencia, de la cual participaron también miembros de la comunidad y una representante de la ONG Tierraviva, llevó a los mismos a constituirse el 16 de marzo de 1999 en el casco de la estancia Loma Verde, a efectos de informar a los responsables de dicho establecimiento de la existencia de leyes penales ambientales e indígenas a las cuales debían adecuar la explotación forestal del inmueble. En tal oportunidad y como puede leerse en los informes, los funcionarios fiscales y quienes los acompañaban “...fueron recibidos por la Sra. Estela Cartes de Rufinnelli quien dijo ser administradora de la firma Torocay; no quiso conversar con los miembros de la comisión diciendo que era un atropello a la propiedad, que no tenía[n] ninguna autorización para pasar...60, por lo que tuvieron que retirarse del lugar.


A partir de dicha actuación realizada en la Estancia Loma Verde al solo efecto de precautelar los derechos de Yakye Axa por parte del Ministerio Público, se inicia una campaña de hostigamiento a la Comunidad y a la ONG Tierraviva por parte de arrendatarios y supuestos propietarios de las tierras reivindicadas junto a sus abogados - el actual Fiscal General del Estado, Dr. Oscar Latorre y un miembro de su bufete, Daniel Sosa -, con participación del Juez Ramón Martínez Caimén, todas éstas destinadas a que la Comunidad abandone la reivindicación de sus tierras ancestrales, como podrá observarse.
En efecto, el mismo día de las diligencias señaladas, el 16 de marzo de 1999, la ONG Tierraviva es intimada por Oscar Caríssimo Netto – entonces arrendatario y según investigaciones, propietario real de las tierras –, a rectificarse de informaciones proporcionadas a medios de prensa sobre el desmonte en las tierras de Yakye Axa, bajo apercibimiento de acciones penales61.

  1. DENUNCIA PENAL CONTRA LA COMUNIDAD

El 17 de marzo de 1999, es admitida por el Juez Ramón Martínez Caimén de la circunscripción judicial de Concepción, una denuncia criminal presentada por el abogado de las firmas que figuraban como propietarias de la estancia Loma Verde, contra personas innominadas de la Comunidad Yakye Axa e incluso contra los funcionarios fiscales actuantes en la denuncia de desmonte antedicha, por la supuesta comisión de los delitos de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto62.


La denuncia, así como la posterior querella presentada respecto a los mismos delitos, fueron admitidas aún careciendo de requisitos básicos, pues las mismas no contenían una descripción clara de los delitos denunciados. Por ejemplo, no se hace mención de cual fue el delito de hurto que se denuncia ni cuál el objeto o los objetos hurtados, propiedad de la denunciante. Respecto a los demás delitos, no existe una relación de hechos, apenas, vagamente se describe lo que sería el delito de coacción, sin mencionar cual es el hecho que configuraría el de invasión de inmueble ajeno.
El Juzgado igual instruyó el sumario investigativo en contra de personas innominadas pertenecientes a la comunidad Yakye Axa y a partir de entonces, en vez de investigar los hechos denunciados y establecer la verosimilitud de los mismos, orientó las diligencias procesales de tal forma que las mismas sirvieran como elementos de presión en contra de la Comunidad, ordenando, entre otras medidas, el comiso de colmenas de miel y la prohibición a los indígenas de ingresar hasta el único tajamar del cual se servían para beber agua.
Además de lo anterior, el Juez Martínez Caimén, personalmente se constituyó en no menos de cinco ocasiones en el asentamiento indígena, procediendo a realizar censos, presionando a los líderes para que abandonen el lugar y renuncien a la reivindicación de sus tierras ancestrales, ofreciendo incluso supuestas tierras en otra región del país63.
Las actuaciones del Juez Martínez Caimén a través también se extendieron al trámite iniciado por la Comunidad en vía administrativa ante el INDI y el IBR. En fecha 13 de abril de 1999 se dirige mediante el Oficio N° 196 al INDI requiriendo información sobre “...qué determinación ha tomado referente al Art. 3° de la Resolución N° 755/98 (Acta N° 36) de fecha 8 de setiembre de 1998 del Consejo del Instituto de Bienestar Rural...”. Debemos aclarar que la resolución mencionada por Martínez Caimén en su oficio, alude a la decisión del Consejo del IBR por el cual se remitiera el expediente administrativo 7261/93 al INDI para la consideración de la reivindicación de la comunidad en el ámbito de la ley 904/81. Es decir, dicho magistrado, haciendo uso contra legem y extralimitado de sus facultades, procedía a intervenir en materia ajena a su jurisdicción y a la causa penal que examinaba.
En fecha 28 de abril de 1999, Martínez Caimén reitera dicha solicitud al INDI. El 14 de diciembre de 1999, por oficio N° 992, intima a la dirección de dicho Instituto a pronunciarse bajo apercibimiento de sanciones penales y en fecha 23 de febrero de 2000 intima al Presidente del INDI por el plazo de 48 horas a producir el informe solicitado, nuevamente bajo apercibimiento de instruir el proceso penal correspondiente en contra del mismo. Ante dichas actuaciones, finalmente el INDI se pronuncia señalando a dicho Magistrado que el proceso aún se encontraba en etapa de buscar la compra directa de las tierras reivindicadas por la comunidad Yakye Axa.
Durante todo el trámite hubo una reiterada negativa del Juez Martínez Caimén a que la Comunidad Yakye Axa esté representada en el sumario, rechazando pedidos formales de intervención de sus abogados en juicio mediante providencias de mero trámite.64
El 29 de agosto de 2001 el Juez ordena el levantamiento de las viviendas de la Comunidad y dispone su desalojo, sin que ésta hubiera podido ejercitar ningún tipo de defensa. Las medidas solo pudieron ser suspendidas y a la postre archivadas con la intervención de la CIDH a través de las medidas cautelares dictadas en el presente caso en fecha 26 de septiembre del mismo año.
Todas la actuaciones impropias de un Juez y ajenas a la investigación penal, fueron sistemáticamente implementadas con plena anuencia del fiscal Luis Ramón Grance, interviniente en el caso, en el marco de un proceso penal que se dilató sine die en su etapa sumarial.




  1. Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos