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II.d. Actuaciones en la jurisdicción interna



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II.d. Actuaciones en la jurisdicción interna


II.d.i. CONSIDERACIONES GENERALES
La reivindicación de la Comunidad Yakye Axa sobre sus tierras ancestrales ante el Estado paraguayo, iniciada como dijéramos ante los organismos competentes en el 1993, ha dado lugar a la apertura de procesos administrativos, legislativos y judiciales en el orden jurídico interno, que constituyen como ya señalara la Ilustre Comisión, el aspecto central de nuestra petición, dado que con ocasión de solicitar al Estado reconozca, respete y haga efectivo el derecho de Yakye Axa sobre sus tierras, se han pergeñado graves violaciones a los derechos a la protección y garantías judiciales, la vida y como ya señalamos, a la propiedad, tanto por acción como por omisión del Poder Público; sin que hasta la fecha se hayan restituido ni siquiera parcialmente sus tierras a la Comunidad.
Quisiéramos en este punto exponer ante la H.Corte sobre las actuaciones y procedimientos legales que han tenido lugar en la jurisdicción interna con motivo del reclamo de tierras de Yakye Axa. Empero, antes de pasar a una exposición puntual sobre éstas, empezaremos por señalar a las disposiciones de fondo del ordenamiento jurídico del Paraguay que establecen la obligación taxativa del Estado de restituir sus tierras a los pueblos indígenas.
          1. CONSTITUCIÓN NACIONAL

CAPÍTULO V
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

        1. Artículo 62 - DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS ÉTNICOS



Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo.
          1. Artículo 64 - DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA


Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos
Concordantemente el Art. 14 del Convenio N° 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”, aprobado y ratificado por Ley N° 234/93, dispone:

Art. 14: 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

En este mismo orden de concordancias legales, la Ley 904/81 dispone:


Art. 14: El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad será esencial para su asentamiento en sitios distintos al de sus territorios habituales, salvo razones de seguridad nacional.
Art. 15: Cuando en los casos previstos en el artículo anterior resultare imprescindible el traslado de una o más comunidades indígenas, serán proporcionadas tierras aptas y por lo menos de igual calidad a las que ocupaban y serán convenientemente indemnizadas por los daños y perjuicios que sufrieren a causa del desplazamiento y por el valor de las mejoras.
Por su parte, la Ley 43/89 otorga garantías para el normal desarrollo de los trámites reivindicatorios ante el Estado y para la protección de las tierras reclamadas por las comunidades nativas. Con los alcances de dicha Ley, los indígenas pueden acogerse a medidas judiciales destinadas a la prohibición de realizar mejoras y destrucción de los bosques en las zonas determinadas como asentamiento tradicional. Es una cláusula jurídica muy importante, pues obliga a los propietarios de tierras a respetar la conformación natural de las áreas en trámite de restitución por el Estado, mientras dura la tramitación destinada a su legalización en manos indígenas.
A continación, nos referiremos a las actuaciones promovidas fútilmente por la Comunidad Yakye Axa en el orden interno desde el año 1993 con el interés de hacer operativos los derechos que como hemos visto precedentemente, garantiza el orden jurídico substantivo estatal en torno a las tierras indígenas.
II.d.ii ACTUACIONES EN SEDE ADMINISTRATIVA
La instancia jurídico-institucional con que cuenta el Estado paraguayo desde la década de los años ’60, para la atención de los problemas derivados de la tenencia de tierras, es la administrativa. El Instituto de Bienestar Rural (IBR), organismo dependiente del Poder Ejecutivo, fue creado por la Ley 852/63, a efectos de hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 854/63 que establece el Estatuto Agrario.
Posteriormente, con la sanción y promulgación de la Ley 904/81 que establece el "Estatuto de las comunidades indígenas", además de crearse el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) - entidad rectora de la política oficial indigenista -, se establece el procedimiento a seguir para la legalización de las tierras reclamadas por las comunidades indígenas, siempre en el ámbito administrativo y con participación del IBR.
En este marco, la comunidad Yakye Axa eleva la solicitud al Estado Paraguayo para la restitución de sus tierras ancestrales y se abre el Expediente Nº 7.261/93 IBR-INDI. Como se verá, en los trámites administrativos seguidos en estos años, la Comunidad ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos legales exigidos por la legislación paraguaya para acceder a la restitución de sus tierras y, para el efecto, se cumplen plenamente los presupuestos legales. Un resumen de este proceso, iniciado hace 10 años, es el siguiente:

a) En fecha 15 de agosto de 1993 miembros de la Comunidad Yakye Axa presentan por escrito ante al Instituto Paraguayo del Indígena la solicitud de reconocimiento de las autoridades electas conforme su derecho consuetudinario: los líderes Tomás Galeano y Esteban López, quienes llevarían adelante en representación de la comunidad los trámites de reivindicación ante el Estado de sus tierras ancestrales.



b) El 13 de octubre de 1993, por medio del líder Tomás Galeano, la comunidad Yakye Axa formalizó el pedido al Estado Paraguayo de restitución de 15.000 hectáreas en los alrededores de las estancias Ledesma, Maroma y Loma Verde; dándose apertura al expediente administrativo 7261/93 caratulado “El Estribo – Pozo Colorado – Comunidad Indígena Yakye Axa s/ legalización de tierras, 15.000 hás.”.-
c) Por decisión comunitaria fueron posteriormente circunscriptas al lugar conocido en la zona como “Estancia Loma Verde”, inmueble individualizado en los Registros Públicos como fincas Nº 15.180, 15.179, 15.181 y 759 de la Región Occidental – chaco -, con una superficie total de 18.189 Hás. a la cual asciende la extensión actualmente reclamada36.
d) En el mes de septiembre de 1996, el Estado por medio de resolución No. 334/96 emitida por el INDI, reconoció la representación legal de la comunidad y ordenó su registro. Pero solo hasta diciembre de 2001, por medio de Decreto No. 15.628, el Poder Ejecutivo reconoce la personería jurídica de la comunidad, tornándola por tanto sujeto de las disposiciones constitucionales, del Convenio 169 y demás normas legales citados utes supr., que establecen entre otros, el derecho de los indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra.
e) En mayo de 1997 el INDI solicitó al Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, la realización de un estudio antropológico sobre la Comunidad, el cual concluyó en diciembre del mismo año. Dicho estudio constató que las tierras reclamadas por la comunidad indígena son parte de su territorio tradicional, que se encuentra dentro de la Estancia Loma Verde y se extiende hasta las estancias vecinas de Maroma y Ledesma, siendo de ocupación histórica de sus antepasados y muchos de sus miembros actuales, quienes lo siguen ocupando hasta el presente37.
f) Por medio de Resolución N° 755 del 8 de septiembre, el IBR, con fundamento en la inspección realizada por esta instancia, declara que las tierras solicitadas por la Comunidad estaban racionalmente explotadas por lo cual se declara impedido para solicitar su expropiación, y trasladó el expediente al INDI para su trámite de acuerdo con el Estatuto de Comunidades Indígenas, Ley 904/8138. En su resolución reconoce sin embargo, que las tierras constituyen el hábitat tradicional y que su derecho de posesión sobre las mismas, anterior a la conformación del Estado, prevalece sobre la propiedad privada.
g) El 17 de noviembre de 1998 se realiza una nueva inspección ocular ordenada por el INDI, en la que se constata la situación de las comunidades y en agosto de 1999, el Director Jurídico de este instituto recomienda declarar el agotamiento de las instancias conciliadoras realizadas para la compra de la tierra reclamada por la Comunidad y realizar gestiones para la adquisición de otras tierras.39
h) No obstante la recomendación, el 12 de abril de 2000, se celebra una audiencia de conciliación a instancias del INDI entre los representantes de las firmas propietarias, líderes indígenas y representantes convencionales de la comunidad; dichas firmas ratifican su negativa a la venta de las tierras, ante lo cual la Comunidad solicitado la adquisición de las mismas por el Estado vía expropiación.
i) En agosto de 2000, el INDI40 nuevamente ordena remitir el expediente al IBR, dando por terminadas las tramitaciones administrativas referentes a la reivindicación de territorio ancestral de la Comunidad Yakye Axa. Esta decisión, sin embargo, fue revocada un mes más tarde, por medio de Resolución N° 37 del 13 de septiembre del 2000, emitida por el Consejo del INDI, pero hasta la fecha, no se cuenta con ningún resultado.
II.d.iii ACTUACIONES EN SEDE LEGISLATIVA
Luego de haber transitado infructuosamente los procedimientos administrativos señalados en la Ley 904/81, tanto ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) como el Instituto de Bienestar Rural (IBR), y ante la no resolución de su reclamo territorial por la vía señalada, en fecha 14 de septiembre del 2000 la Comunidad, por intermedio de los Diputados señora Sonia de León y señor Rafael Filizzola Serra, presentó ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley para expropiar a su favor las 18.189 hectáreas reivindicadas como hábitat tradicional41.
El pedido fue rechazado con una inusual rapidez. Por medio de Resolución 544 del 28 de noviembre del 2000, la Cámara de Diputados dispuso el retiro del Proyecto de Ley de Expropiación, basándose en previos dictámenes de las comisiones de Reforma Agraria y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas42.
En el marco del proceso de solución amistosa entre el Estado y la Comunidad, promovido a instancias de la ilustre Comisión, el Gobierno de Paraguay presentó ante el Congreso Nacional un nuevo Proyecto de Ley para que se declarase de interés social y expropiase una fracción del inmueble propiedad de la firma Agricultural Development INC. asiento en la comunidad indígena denominada Enxet (Lengua-Maskoy) Yakie Axa, del Distrito de Villa Hayes del Departamento de Presidente Hayes, a favor del Instituto Paraguayo del Indígena, con una superficie de 7.901 Has. 4568 m2., y se ordenara la indemnización correspondiente a favor de los propietarios.
El 27 de junio de 2002 la Cámara de Senadores, por medio de Resolución 1.065, rechazó el proyecto optando por “preservar la unidad económica de producción”43. Las razones para denegar el derecho de propiedad de la Comunidad sobre sus tierras ancestrales quedaron expuestas por los parlamentarios en la sesión de la Cámara de Senadores del mismo día. A efectos ilustrativos nos permitimos extraer algunos de los argumentos que fundaron el rechazo en cuestión44.
...el Senado por tradición como Institución recoge a los hombres maduros, reflexivos, serenos, ojalá seamos los padres de la patria que sabemos administrar los intereses de nuestras familias, los errores o las ligerezas o las liberalidades mal administradas por otros ciudadanos en función de gobierno no ameritan que nosotros tengamos que desentendernos de la obligación de velar por los intereses de todos nuestros conciudadanos, de las personas que habitan en nuestro territorio, es muy fácil asumir actitudes como éstas sin tener en cuenta, cómo estará esa familia propietaria de un inmueble racionalmente explotado, dónde están las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada, sinceramente les digo me parece un atropello ceder a los intereses de los indigenistas, no de los indígenas, que usaban vincha como (...) y penachos como el cardenal y hoy se embriagan a la vera de los caminos por la desatención de la gente que en lugar de venir a cobrar jugosos sueldos en ONGs y es la única justificación de su presencia en el Paraguay,...” (Transcripción de grabación magnetofónica de la sesión).-
Estas palabras son del ex senador Ángel José Burró Mujica, Ministro de Justicia. De ellas ponemos de relieve dos frases de las que fácilmente se coligen concepciones racistas, y la administración del derecho a la propiedad privada bajo un doble estándar: como garantía constitucional, cuando corresponde a las familias de los padres de la patria, y como atropello cuando es invocado en favor de indígenas que hoy se embriagan a la vera de los caminos.
En la misma línea argumental, el senador Armando Espínola, señalaba en dicha sesión:
El Poder Ejecutivo debiera trazar una política de protección a los indígenas, eso sería algo positivo porque hasta ahora lo único que le ha dado el Gobierno y lo único que le ha dado el Estado y lo único que le dado la “civilización” a las comunidades indígenas es la gripe, la tuberculosis, el alcoholismo, la carie dental y un montón de otras desgracias. Y hasta ahora no hemos determinado si qué queremos hacer los paraguayos con los nativos habitantes de nuestro suelo, qué queremos hacer los paraguayos con las comunidades indígenas, queremos integrarlas a un mundo que necesita además de las mínimas habilidades de supervivencia, capacitación, educación, protección sanitaria, queremos integrarles a la sociedad paraguaya o queremos crear con ellos estos, estas reservas indígenas donde pretendemos que ellos van a vivir alegremente sus ancestros de la caza, de la pesca y en entera libertad, pero cargados con todas las plagas y los vicios de nuestra civilización occidental” (id).
Como puede verse, es notorio el criterio compartido en estas exposiciones respecto de vilipendiar a la persona indígena y su capacidad de ser sujeto del derecho a la tierra, sea ridiculizándolos (“...ellos van a vivir alegremente como sus ancestros de la caza, de la pesca...”), sea denigrándolos en base a prejuicios de las más diversas índoles (portadores de “todas las plagas y los vicios”) en los que a modo de prisma son observados como grupos humanos parte de culturas y organizaciones sociales atrasadas y asociadas al pasado, cuya marginación y extrema pobreza devienen de su sola condición de tales.
Las decisiones del legislativo se corresponden con concepciones racistas y discriminatorias de las comunidades indígenas y sus derechos legislados, y es por ello que rechazan no solo los pedidos de restitución de sus tierras sino también, desde cuatro años atrás, la asignación de fondos al INDI para compra de tierras destinadas a los indígenas. Decimos también que es un acto además de institucional, institucionalizado como práctica, en atención a los precedentes de los últimos años y a públicas expresiones por los medio de prensa de senadores como Basilio Nikiphoroff, que indican que el rechazo de la expropiación a favor de Yakye Axa es un claro testimonio de la suerte adversa que habrán de correr, de llegar al Parlamento, los reclamos de las comunidades Sawhoyamaxa y Xakmok Kásek, en trámite ambas ante la CIDH.
II.d.iv ACTUACIONES EN SEDE JUDICIAL
Tal como hemos expuesto en el escrito de denuncia inicial, en el marco de la reivindicación de la Comunidad por vía administrativa, se promovieron dos acciones judiciales que guardan íntima relación con el reclamo territorial de Yakye Axa y con la supervivencia misma de ésta: en primer lugar y ante la urgencia de satisfacer necesidades alimenticias básicas, un amparo constitucional en tutela del derecho reconocido a las comunidades indígenas por el derecho positivo paraguayo a desarrollar sus actividades tradicionales de subsistencia en el respectivo hábitat; en segundo lugar, una acción cautelar destinada a proteger la integridad y los derechos en expectativa sobre el fundo cuya restitución la Comunidad peticionara al Estado por la vía administrativa precedentemente señalada.
a. Acción de Amparo
La primera acción judicial mencionada, el Amparo Constitucional45, fue promovida el 3 de marzo de 1997 en representación de la comunidad contra la Empresa Torocay S.A. Agropecuaria y Forestal, arrendataria de las tierras reivindicadas, por prohibir a los miembros de la Comunidad la recolección de frutos silvestres, pesca y caza en el área de la Estancia Loma Verde.
La prohibición se verificó a partir del mes de octubre del año 1996 por el personal de la Estancia Loma Verde, por medio de constantes amenazas de civiles armados y personal policial de la Comisaría del Distrito de Río Verde. En fecha 23 de diciembre del mismo año, el Sr. Esteban López, líder de la comunidad, fue expulsado del monte con disparos del Sr. Santiago Cáceres, personal de la Estancia, e igual sucedió con otro miembro de la comunidad, el Sr. Daniel Ciriaco.
En el entendido de que dicha prohibición y la violencia en su aplicación amenazaban el derecho a la vida de sus miembros, la Comunidad promovió el Amparo Constitucional como único recurso, dado que en el ordenamiento jurídico paraguayo no existe ningún otro procedimiento o recurso destinado a proteger a los Pueblos Indígenas contra actos que violen su derecho a ejercitar las actividades tradicionales y de subsistencia, reconocido a los mismos por la legislación paraguaya46.
Pese a que la acción estaba dirigida a la protección de derechos fundamentales de la Comunidad establecidos en al Constitución, la acción fue rechazada en primera y segunda instancias, en fechas 17 de abril y 28 de mayo, respectivamente, bajo el argumento de que no se había presentado dentro de los 60 días de ocurrido el hecho ilegítimo.47
Las resoluciones judiciales respectivas fueron atacadas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, presentándose el recurso respectivo en fecha 17 de junio de 1997.
Ante la ausencia de respuesta por parte de la Corte Suprema, un año y ocho meses después, la Comunidad inicia una protesta hasta la capital del país48, durante la cual la Corte Suprema emite el Acuerdo y Sentencia N° 375 de fecha 1 de julio de 1999, rechazando el recurso de inconstitucionalidad.
Con la Sentencia de la Corte quedaban definitivamente desprotegidos los derechos de la Comunidad Yakye Axa a realizar sus actividades tradicionales de subsistencia en su hábitat tradicional49.
b. Medidas Cautelares
La segunda acción promovida en miras a la protección judicial de los derechos de la Comunidad, fue interpuesta a efectos de precautelar la integridad física de las tierras reivindicadas ínterin se tramitaba el proceso administrativo ya descrito, y en salvaguarda de sus derechos. Esto, habida cuenta de que muchas veces los ganaderos para desalentar las pretensiones territoriales de los indígenas o elevar el valor de sus inmuebles realizan extensos trabajos de deforestación e introducen mejoras innecesarias.
Es así que en fecha 13 de octubre de 199750 fue promovido ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor de la Circunscripción Judicial de Concepción el correspondiente proceso civil sobre medida de no innovar y anotación de litis en contra de las empresas Livestok Capital Group Inc; Agricultural Development Inc; y Florida Agricultural Corporation de la estancia Loma Verde. Esta acción se fundamentó en los artículos 723, 724 y 725 del Código Procesal Civil y el artículo 2 de la Ley 43/89 que prohíbe innovar en perjuicio de los asentamientos indígenas durante la tramitación de sus reclamos de tierras.51
La solicitud de medidas cautelares fue resuelta favorablemente en primera instancia el 26 de noviembre del mismo año, pero fue revocada por el mismo juez en fecha 27 de abril de 1998 en respuesta a un incidente de levantamiento de las medidas promovido por las empresas,52 con fundamento en que la Comunidad no estaba asentada en la estancia Loma Verde y no tenía acceso a la misma.
El fallo fue recurrido ante la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Concepción, la que en fecha 9 de junio de 1998 dictó el Auto Interlocutorio (AI) N° 78 por el cual confirmó la resolución apelada, argumentando que para la aplicación del artículo 1º de la Ley 43 de 1989 era necesario que el asentamiento indígena fuera previo a la iniciación del trámite de reivindicación de tierras.
El 29 de junio de 1998 fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de inconstitucionalidad contra las resoluciones citadas por ser abiertamente contrarias a las normas que rigen la materia y, al mismo tiempo, violatorias de los derechos de la Comunidad.
A solicitud de la contraparte presentada el 15 de febrero del mismo año, la Corte Suprema por medio de Auto Interlocutorio No. 375 de fecha 20 de abril del año 2000, declaró la caducidad del recurso con fundamento en los artículos 172 y 173 del Código de Procedimiento Civil de Paraguay que disponen su procedencia cuando no se inste su curso dentro del plazo de seis meses, contado desde la última petición de las partes, o de la resolución o actuación del juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. La caducidad fue declarada pese a haberse urgido en sucesivas ocasiones el impulso del proceso por parte de los recurrentes, solicitando la notificación a la parte recurrida del proveído de fecha 28 de octubre de 1998, que ordenaba el traslado de la acción a la otra parte y al Ministerio Público. La última solicitud de notificación se realizó el 11 de febrero del año 2000, llevándose a efecto el 17 del mismo mes.53
El 9 de marzo de 1999, ante el inicio de trabajos de deforestación en las tierras reivindicadas por la Comunidad54, fue solicitado a la Corte Suprema dictar con carácter urgente una medida judicial para detener dicho desmonte. La solicitud fue decidida por la Corte el 28 de junio, señalando que, en virtud de la promoción de la acción de inconstitucionalidad, la resolución dictada por el juez a-quo el 26 de noviembre de 1997, por la cual se decretó la prohibición de innovar y ordenó la anotación de la litis del inmueble litigioso, se encontraba subsistente.55
Paralelamente a la tramitación del recurso de inconstitucionalidad, el inicio de los desmontes fue denunciado ante el Ministerio Público el día 11 de marzo del mismo año, el cual comisionó a personal de la Dirección de Derechos Étnicos para que se constituyan en el lugar de los hechos. El informe final de los comisionados56, si bien señala que no existía desmonte indiscriminado, constata que la tala de árboles era un acto mas de amedrentamiento a la Comunidad por parte de personal de la Estancia Loma Verde, pues se había realizado solo a unos 800 metros de las viviendas y en medio de constantes amenazas de muerte a sus miembros, patrullaje y disparos de escopeta en las horas de la noche sobre las precarias chozas por parte de civiles armados, conforme también se denunció a la Fiscalía57.
II.V ACCIONES CONTRA LA COMUNIDAD YAKYE AXA Y SU REIVINDICACIÓN
Las acciones perpetradas en grave riesgo de la vida, integridad física y psíquica de los miembros de Yakye Axa, han sido una constante desde el momento en que los mismos decidieran en el año 1996 retornar a sus tierras ancestrales y se asentaran al costado de la ruta frente a la Estancia Loma Verde.

Tanto la prohibición de realizar actividades de subsistencia como los desmontes realizados por las empresas arrendatarias de Loma Verde responden a esta lógica de disuasión de la reivindicación territorial planteada, incluyendo los disparos de armas de fuego y amenazas de muerte. Empero, desde el momento en que la comunidad inicia la denuncia del desmonte y apresura los trámites de reivindicación de sus tierras ante el Estado, van acrecentándose progresivamente y toman particular gravedad las acciones de hostigamiento a la comunidad, las cuales se cristalizan con la presentación de una denuncia y posterior querella criminal promovida contra sus miembros por parte de los representantes de las firmas norteamericanas titulares del inmueble y sus arrendatarios58. A estas actuaciones nos referimos en el presente acápite atendiendo a que en su oportunidad motivaran el dictado de medidas cautelares por parte de la CIDH y por su relevancia para la determinación de las violaciones a derechos y garantías establecidos en la Convención Americana por la acción y aquiescencia de agentes del Estado paraguayo en perjuicio de Yakye Axa.






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