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Nueva Imperial, a catorce de agosto de dos mil catorce.

VISTOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que ante el Juzgado de Letras de Nueva Imperial se ha desarrollado audiencia de Juicio por vulneración derechos fundamentales figura como denunciante INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, representada por don VICTOR GARCIA GUIÑEZ, Inspector Provincial del Trabajo de Temuco, ambos con domicilio en Calle ARTURO PRAT 892, comuna de TEMUCO, que fue representado en audiencia por la abogada doña MARIA PAULA DINTRANS DURAND. Figura como denunciada la ASOCIACION INDIGENA NEWENTULEAIÑ, RUN 65469790-6, domiciliado en calle Castellón 0115, de la comuna de Nueva Imperial, representante legal doña DORALIZA MILLALEN RAPIMAN, quien fue defendida por el abogado FARDY MARQUEZ OPAZO.

SEGUNDO: Que los hechos materia de denuncia dicen relación con: Que, con fecha 26 de marzo de 2014, se recibió en la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, denuncia de las trabajadoras Graciela Trarupil Quilaqueo, RUT. 15.237.400-3, Lidia Curaqueo Carriman, RUT 12.191.805-6 y Graciela Aillapan Chape, RUT 9.557.623-0, todas auxiliares de alimentación del Casino del Centro de Medicina Mapuche del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, administrado por la Asociación indígena Newentuleaiñ En su denuncia, las trabajadoras señalan que han "sido acosadas psicológica y laboralmente por parte de la representante legal de la Asociación Indígena Newentuleaiñ y el resto del directorio "quienes andan comentando a los funcionarios que les vamos a dar veneno o hechicería en la comida indicando que somos brujas, lo cual es muy grave, ya que nos están levantando injurias y calumnias, motivo por el cual los funcionarios ya no quieren almorzar y no contentos con esto se burlan en nuestra cara". Además, agregan "a partir del lunes 17 de marzo del 2014 tienen a otra persona para cocinarle al directorio ya que dicen no confiar en que nuestra comida esta apta para servirse". Finalmente indican que "nos encontramos con muchos problemas que están afectando nuestra salud y nuestra familia ya que andamos muy tristes y preocupadas, sin poder dormir tranquilas, porque estamos trabajando en un ambiente hostil, estresante y terriblemente da/Tino."

Que conforme a lo anterior, y en cumplimiento del mandato legal, este Servicio declaró admisible la denuncia, constituyéndose la Fiscalía Laboral, encargada de llevar a cabo el proceso de fiscalización la cual estuvo conformada por la abogada de la Inspección Provincial de Temuco, Doña M. Paula Dintrans Durand y la fiscalizadora Doña Karen Vera Pinto.

Que, siguiendo los lineamientos del Servicio respecto a la materia a fiscalizar se determinó en base a los antecedentes aportados en la denuncia, verificar la existencia de indicios de vulneración a los derechos fundamentales contemplados en el artículo 485 del Código del Trabajo, específicamente aquellos que licen relación con el artículo 19 N°1 y 19 N°4 de la Constitución Política de la República, esto es, vulneración a la integridad física y síquica de las trabajadoras y la vulneración del derecho al respeto y protección de la honra de la personas.

Que la fiscalizadora, para efectuar su cometido, visitó el lugar de trabajo y entrevistó a ocho posibles testigos, algunos trabajadores dependientes y otros que poseen contrato de prestación de servicios, además de la representante legal de la Asociación, doña Doraliza Millalen para obtener sus descargos sobre los hechos denunciados. Así mismo, revisó contratos de trabajo y comprobantes de licencias médicas.

Que del informe de Fiscalización se pudo constatar que eran efectivos los hechos denunciados. En efecto:

1.- Se constató que en diciembre del 2013 la Asociación indígena Newentuleaiñ, a cargo del centro de medicina mapuche de Nueva Imperial eligió una nueva representante legal, doña Doraliza Millalén.

2.- Se constató que la trabajadora Graciela Trarupil se desempeña como auxiliar de alimentación del centro de medicina mapuche desde el 23.09.2013, doña Lidia Curaqueo como auxiliar de alimentación de especialistas, funcionarios y asesores del centro de medicina mapuche desde el 01.12.2008 y Sofía Graciela Aillapan como auxiliar de alimentación del centro de medicina mapuche desde el 01.01.2008. Las tres son las únicas trabajadoras que, hasta marzo del 2014 laboraban en la preparación de alimentos para el personal y para los pacientes del centro de medicina mapuche.

3.- Seis de ocho entrevistados señalaron que escucharon rumores provenientes de los directivos de la Asociación de que la comida que estaba otorgando la institución no era buena pues tenía "maldad". Uno de ellos dice que escuchó el comentario de la misma representante legal de la institución. La representante legal indica que le comentó en forma personal a un funcionario que ella tenía un problema de salud derivado de la comida, pero sin intención de dañar a nadie.

4.- Sin perjuicio de lo anterior, se constató también que durante el mes de marzo, en una reunión donde se convocó a todo el personal, la representante legal de la Asociación comentó frente a todos los funcionarios su problema de salud describiéndolo como una afección con relación a la alimentación. Allí anunció también la decisión de separar las cocinas en la ruca, para directores y loncos.

5.- A consecuencia de ello, a partir de la segunda mitad del mes de marzo la empleadora destinó a la socia María Elena Huenuqueo Paillao a preparar los alimentos a directores, loncos y otras autoridades de la asociación en una ruca aledaña al casino, separando así las cocinas del Centro de Salud. Con dicha socia suscribió un contrato de prestación de servicios.

6.- Cuatro de los ocho trabajadores entrevistados declararon haber dejado de comer en el comedor del establecimiento ye que la comida que se estaba otorgando en el casino no era "buena"; dos de ellos agregan que además tenían desconfianza en fa comida, porque se comentaba que: "hacían cosas en las comidas". Un entrevistado agregó que observó que la Sra. María Elena Huenuqueo, cocinera de la ruca, llegó en una ocasión con su ropa al revés, quien habría explicado que era para espantar las malas vibras. Otro entrevistado señaló, al respecto, que el tema expuesto es complicado, ye que "en mapuche se creen estas cosas".

7.- Finalmente, se constató que todo lo anterior afectó notablemente la salud de las trabajadoras; así, las trabajadoras Graciela Trarupil y Lidia Curaqueo se encuentran con licencia médica desde el 18.04.14 y 16.04.14, respectivamente. Ambas con diagnóstico siquiátrico derivado de situaciones laborales, Y doña Graciela Aillapan presentó una licencia médica por 15 días desde el 19.03.2014, emitida por un médico general. Actualmente, las tres trabajadoras están siendo evaluadas por la Mutual de Seguridad por enfermedad profesional.

De todo lo anterior es posible sostener que la investigación arrojó indicios suficientes para estimar que en el caso concreto existe una conducta de vulneración del derecho a la integridad síquica de las trabajadoras, garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, junto con una vulneración a su derecho a la honra, garantía consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República por parte de su empleadora.

Los hechos constatados por la fiscalizadora son suficientes para dar por establecida fa existencia de una afectación al derecho a la honra de las tres trabajadoras que laboran como cocineras del centro de medicine mapuche. En efecto, los dichos públicos de la representante legal de la institución referente a los males que le ha causado la comida, unido a las acciones concretas de separar cocinas y disponer a otra trabajadora para la alimentación de las jefaturas, han puesto en duda el prestigio profesional de las trabajadoras. Ello cobra mayor fuerza en el ámbito de la cultura mapuche en que se encuentra inserto el establecimiento pues es un hecho público y notorio en esta región, que las personas de la etnia mapuche, poseen una cosmovisión sobre el bien y el mal, cuyo equilibrio, en este caso, ha sido afectado por la representante legal de la Asociación.

Ahora bien, la afectación de la honra es de tal envergadura en las trabajadoras que llega a generar en ellas una alteración emocional que atenta así mismo contra su integridad síquica.

Por otra parte, los argumentos dados por la empleadora no parecen suficientemente justificados, ni logran desvirtuar la desconfianza manifestada hacia el resto de los trabajadores respecto a la comida preparada por las cocineras circunstancias que se encuentran prohibidas en nuestro legislación, razón por la cual solicitamos, desde ya al Tribunal se sirva adoptar las medidas pertinentes para el cese y reparación de las mismas.

Luego hacen mención al derecho aplicable al caso indicando que el artículo 2° inciso segundo, frase 1 del Código del Trabajo señala: "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona". El artículo 5° inciso primero complementa: "El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales del trabajador, en especial cuando pudiera afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos." En concordancia con ello, el inciso segundo del artículo 153 prescribe al referirse al Reglamento interno: "Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores."

Por su parte, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo Artículo 8 indica:

1.- Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2.- Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3.- La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes."

Así, preocupado el legislador, y con el fin de corregir y erradicar actitudes impropias cometidas por parte de los empleadores o sus representantes en perjuicio de los trabajadores, estableció en el artículo 485 del Código del Trabajo, un procedimiento específico el cual expresa en su inciso primero:

"El procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1°, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4°, 50, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6°, inciso primero, 12°, inciso primero y 16°, en lo relativo a la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador

A su vez el inciso tercero del mismo artículo expresa: "Se entendera que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria y desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de los trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales."

Que así las cosas es menester señalar que los derechos fundamentales de los trabajadores emergen ante el contrato de trabajo como límites a las potestades que el ordenamiento jurídico le reconoce a todo empleador.

Esta función limitadora se desarrolla en el conjunto y en la totalidad de la relación laboral, tanto al inicio de la relación laboral, en su desarrollo y en su conclusión, desde otra perspectiva, los derechos fundamentales del trabajador limitarán el ejercicio de todas las potestades que al empleador le reconoce el ordenamiento jurídico, a saber, la potestad de mando, la potestad disciplinaria y el poder de variación o ius variandi. Lo anterior quiere decir, por más elemental que parezca, que al empleador no le ha de bastar como argumentación frente a un reproche de afectación a un derecho fundamental del trabajador, el que se ha limitado a ejercer su potestad de mando, o el poder disciplinario que la ley lo autoriza o que se ha limitado a los márgenes que le permite el mismo legislador para variar ciertas condiciones del contrato, pues el sólo ejercicio de tal poder nada dice respecto a la posible lesión de uno o más derechos fundamentales.

El artículo 19 N°1 de nuestra Constitución Política, asegura a todas las personas "el derecho a la Vida y a la integridad física y síquica". Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 4° y 5° consagran también el derecho a la vida e integridad personal, refiriendo respecto a esta última que "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral." Entendiéndose por afectación a la integridad moral, cualquier trato de humillación o degradación.

Heinz Leimann, académico de la Universidad de Suecia, reconocido internacionalmente por tipificar el mobbing, señaló a su respecto que éste suele realizarse "de un modo muy cuidadoso, y sofisticado (de no dejar pruebas tangibles); lo que no disminuye, al contrario multiplica, su efecto estigmatizador." Así, señala que el mobbing es un proceso de destrucción: que se compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de manera aislada, podrían parecer anodinas o sin importancia, pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos con el fin de destruir las redes de comunicación o reputación de la víctima o víctimas, y de perturbar el ejercicio de sus labores, hasta que finalmente acaben por abandonar el lugar de trabajo

Por lo demás, la responsabilidad de la empresa es inevitable, en la medida que sobre ella pesa la obligación de velar por la vida y salud de sus trabajadores, tomando todas las medidas necesarias para proteger eficazmente ésta, según lo dispone a mayor abundamiento el artículo 184 del Código del Trabajo.

Los hechos antes descritos han afectado evidentemente esta garantía constitucional, por cuanto se ha afectado gravemente el equilibro existente en la vida de las trabajadoras cocineras, por parte de su empleadora, llegando incluso a enfermarlas, producto de sus acusaciones y decisiones.

El número 4 del artículo 19 de la Constitución Política, garantiza "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia". El bloque constitucional del derecho a la protección de la vida privada y a la honra está contenido, además por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su artículo 17, se asegura el derecho a la protección de la vida privada, el cual prescribe:41. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

La doctrina constitucionalista ha señalado que "el contenido de la honra es el prestigio, la buena reputación o fama, esto es, la consideración social de la persona que atiende a sus particulares características» constituyéndose la honra en el "crédito o prestigio que cada persona tiene en el concierto social o ante terceros"'. Así," la afectación al derecho a la honra se presentará como un desmerecimiento en la consideración ajena, como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien, o que fueran tenidas en el concepto del público por afrentosas"

Según la doctrina "El derecho a la protección de la honra constituye una facultad que emana de la dignidad humana y de su realidad cíe persona inserta en la sociedad, que tiene una dimensión de heteroestima constituida por el aprecio de los demás por nuestros actos y comportamientos, como asimismo, una dimensión de autoestima dada por la conciencia de la autenticidad de su accionar, protegiendo la verdad e integridad de la persona y sus actos y comportamientos sacie tales. La honra de la persona se afecta así, tanto por el hecho de serle atribuida una fama que no le corresponde, por estar basada en hechos falsos, como asimismo, por sus actuaciones y comportamientos que implican una vulneración del orden jurídico o de sus obligaciones éticas. La protección de la honra debe posibilitar recomponer las cosas en su justo término y preservar la verdad de la persona y sus actuaciones."

A juicio de la Inspección del Trabajo, los hechos constatados por la fiscalizadora son suficientes para dar por establecidos indicios de vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras por parte de la representante legal de la Asociación indígena Newentuleaiñ, Doña Doraliza Millalén.

Por otra parte los argumentos dados por la representante legal para justificar sus actos no aparecen suficientemente justificados ni son congruentes con lo declarado por el resto de los trabajadores del establecimiento. Por lo que nos encontramos frente a una infracción a la legislación laboral, la que implica la vulneración de los derechos fundamentales de las trabajadoras por parte de la empleadora. En merito de lo expuesto solicita en definitiva declarar:

1.-Que la empresa denunciada ha incurrido en conductas que lesionan las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Constitución Político del Estado respecto de las trabajadoras Graciela Trarupil Quilequeo, Lidia Curequeo Carriman y Graciela Aillapan Chepe.

2.- Que se ordene a la empresa denunciada el cese de inmediato de las conductas lesivas a los derechos fundamentales indicados.

3.- Que se indiquen en la sentencia en formo concreta las medidas a que se encuentra obligada la empresa denunciada dirigida a la obtención de la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración a los derechos fundamentales lesionados. Dentro de las que se solicita, que:

a) Se le otorguen disculpas por parte de la representante legal a las trabajadoras, frente a toda la comunidad laboral, incluidos los socios de la Asociación indígena, por haber realizado les conductas vulneratorias.

b)Que la empleadora ofrezca conductas concretas de confianza hacia la comida de las trabajadoras, que sean vistas por el resto de la comunidad laboral, como puede ser, a modo de ejemplo, comer la comida preparada por las trabajadoras frente al resto de los trabajadores durante un mes al menos.

c) Que la denunciada se someta a una capacitación por un organismo técnico especializado en materias de derechos fundamentales.

d) Que la empleadora reembolse, debidamente reajustados, los costos de los gastos médicos y de traslado en que han incurrido las trabajadoras por motivo de esta denuncia, los que hasta este momento corresponden a:

- Graciela Aillapan: 4 pasajes ida y vuelta Nueva Imperial Temuco ($5.600).

- Lidia Curiqueo: 4 pasajes ida y vuelta Nueva Imperial Temuco, 3 bonos de consultas médicas por $5390 cada uno y gastos en medicamentos por $2980. Un total del $24.750.

- Graciela Trarupil: 4 pasajes ida y vuelta Nueva Imperial Temuco, Boleta de atención médica de $15.000, boleta de médico siquiatra por $50.000. Un total de $70.600.

e) El pago de una indemnización por daño moral a las trabajadoras afectadas según lo que el tribunal estime prudente.

4.- Que se condene en costas a la denunciada.

TERCERO: Que la demandada contestando la demanda ha señalado que solicitando desde ya el entero rechazo de la misma, con expresa condenación en costas, por los fundamentos y las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

Afirma que la demandante señala que con fecha 26 de marzo de 2014 se habría recepcionado en la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco una denuncia administrativa interpuesta por las trabajadoras doña GRACIELA TRAPUPIL QUILAQUEO, doña LIDIA CURAQUEO CARRIMAN y doña GRACIELA AILLAPAN CHEPE, todas auxiliares de alimentación en el Casino del Centro de Medicina Mapuche del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, administrada por mi representada.

La referida denuncia se funda en "que han sido acosadas psicológica y laboralmente por parte de la representante legal de la Asociación Indígena NEWENTULEAIÑ y el resto del Directorio, quienes habrían comentado a los funcionarios que le darían veneno o hechicería en la comida, indicando que son brujas, lo que a su juicio sería constitutivo de injurias y calumnias, motivo por el cual los funcionarios ya no quieren almorzar y, no contentos con esto, se burlan en la cara. Agregan que a partir de/lunes 17 de marzo de 2014 tienen otra persona para cocinarle al Directorio, ya que dicen no confiar en que la comida preparada por las denunciantes sería apta para servirse. Finalmente, indican que se encontrarían con muchos problemas que afectarían la salud de las denunciantes y la familia de ellas, ya que las aqueja una tristeza y preocupación, sin poder dormir tranquilas, porque están trabajando en un ambiente hostil, estresante y terriblemente dañino".

Que en base a los antecedentes aportados por la denuncia administrativa se procedió a una fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, con el objeto de verificar la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales. Que a juicio de la fiscalizadora, los hechos denunciados habrían sido efectivos.

Que contrariamente a lo sostenido por el ente demandante, esta parte niega categóricamente los hechos en que se funda la acción, toda vez que, estos no resultan ser efectivos, como se acreditará en la etapa procesal pertinente. En efecto, éstos se pretenden fundar en base a "comentarios" o "dichos", lo que resulta ser del todo vago e impreciso. Dichas aseveraciones carecen absolutamente de todo fundamento plausible.

Que lo anterior, sobre todo considerando que las trabajadoras prestan servicios actualmente de manera normal para su empleador, por lo que, no se ve, de qué forma habría una vulneración de sus derechos fundamentales. Con el mérito de lo expuesto, solicita rechazar la demanda en todas sus partes, con costas.



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