Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca Vicerrectorado Centro de Estudios de Posgrado e Investigación Asistencia familiar



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Índice


Introducción 7

Justificación 8

2 Situación Problémica 9

3 Formulación del Problema 9

4. Objeto de Estudio 9

5 Campo de Acción 9

6. Objetivos: 9

7. Idea a Defender 10

8. Métodos y Técnicas 10

9 Marco histórico 10

Marco contextual. 12

Marco conceptual 19

Capitulo II 23

Diagnóstico De Las Indagaciones 23

2.1 Análisis del Derecho Comparado 23

2.2 El derecho a la vida del nasciturus en la Jurisprudencia Constitucional 27

2.3 Los Convenios y Tratados Internacionales y su relación con el derecho a la vida del nasciturus 29

2.4 El concebido como titular de derechos y su efectivo ejercicio 31

2.6 El deber de asistencia familiar en el Código de Familia 32

2.7 El niño, niña por nacer o concebido como beneficiario de la asistencia familiar 33

2.8 Diagnóstico 34

Propuesta 44

3.1 Conclusiones 45

Recomendaciones 46

Referencias 46

Anexos 48




Resumen
La Tesis que me permito presentar a consideración del tribunal examinador, ha sido formulada como Asistencia familiar a favor del concebido.
Habiéndose realizado la investigación en varias etapas. Delimitando el objeto de la investigación, la revisión de la bibliografía, el trabajo de campo tanto con la ciudadanía, como con los actores en la administración de justicia, a través de encuestas y entrevistas directas, sobre la base del diseño metodológico, cuyo informe final se presenta en la presente ocasión.
Se ha realizado el análisis desde el origen de la asistencia familiar, su conceptualización, pasando por los problemas comunes que se tiene en Bolivia y otras legislaciones, las reformas que se están realizando, los avances y su importancia en el ámbito familiar.
Finalmente se ha llegado a conclusiones y recomendaciones. En las primeras el reconocimiento del nasciturus por la sociedad se colige y en la segunda se señala las formas en que se pueden encarar y lograr la asistencia familiar ad vientre en la legislación boliviana.
Palabras claves: legislaciones, reformas, ámbito familiar, sociedad, gestación.


Abstract
The thesis which allows me present to consideration of the Examiner Tribunal, has formulated as familiar assistance in favor of the newborn.
The research was made in different steps. Delimiting the research’s object, the bibliography revision, the field work with the citizens and with the justice administrators performers, through surveys and direct inquiries, over the base of methodological design which final inform is present in the current time.
The analysis was made from the familiar assistance origin, its conceptualization, passing by the common problems that Bolivia and other legislations has, the current reforms, the advances and its importance in the familiar ambit.
Finally it gets to conclusions and recommendation. In the first the naciturus recognition by society is corrected and in the second points the forms in which could face and achieve the familiar assistance ad womb in the Bolivian legislation.

Keywords: Legislation, reforms, familiar ambit, society, gestation.

Introducción


Luego del encuentro íntimo de una pareja (hombre y mujer) probablemente se produzca la fecundación del óvulo por el espermatozoide lo que dará lugar a una nueva vida humana, es decir la concepción, y después de cuarenta semanas, el resultado del maravilloso proceso de gestación, el niño o niña recién nacido.
La gestación modifica y adapta el cuerpo de la mujer gestante es así que por este estado, requerirá de atenciones físicas y psíquicas lo que redundará en el futuro ser o nasciturus.
La madre gestante, requerirá para que el hijo(a) que lleva en vientre nazca fuerte y saludable, una buena alimentación para ello con el complemento vitamínico y mineral recomendado por el médico así como el cariño y la comprensión necesaria, dándose esta situación en aquellas familias constituidas y formadas en base al amor y al cariño que se dispensan los futuros padres. Sin embargo este aspecto está lejos de cristalizarse en aquellas parejas que no constituyen matrimonio ni viven de ordinario como pareja estable, menos cuentan con trabajo permanente que les permita subvenir las necesidades suyas y del gestante, por el contrario tienen encuentros esporádicos y como consecuencia de esa relación irregular, muchas veces la mujer queda embarazada y lo peor abandonada por su pareja que lejos de brindarle colaboración y comprensión la abandona, sin proveer recursos para su manutención en ese periodo apremiante de nueve meses, quedando desprotegida ella como el ser que lleva en vientre y del o la que se espera su nacimiento (ser por nacer).
La legislación Boliviana, si bien es cierto protege a la familia como célula de la sociedad, la maternidad y la minoridad, no es lo suficientemente explícita en cuanto al ser en gestación, es decir al derecho de éste a ser bien alimentado y recibir los cuidados necesarios, lo que será efectivo a través de la madre, la misma que deberá necesariamente recibir una buena alimentación y atención médica para un control eficiente, garantizando así el nacimiento de un niño(a) saludable.
La asistencia familiar que tiene por finalidad subvenir las necesidades de quienes se encuentran en imposibilidad material de procurarse los mismos de manera directa, se constituye en una típica manifestación de solidaridad entre parientes; es así que el Art. 14 y siguientes del Código de Familia, prevé esta situación, sin embargo queda excluido de este beneficio el meramente concebido o por nacer, vacío legal que va en detrimento del ser en gestación, al que legalmente se le asignan todos los derechos, en cuanto el Código Civil , en su Art. 1º establece: “El nacimiento señala el comienzo de la personalidad” quedando de esta manera desprotegido y por este hecho abandonado, por no decir otra cosa, a su suerte o como suele ocurrir tan solo bajo las espaldas de la madre gestante que además tiene que pensar ya no en ella sola, sino en dos seres, ella y el gestante que requiere alimentación adecuada para ser saludable, toda vez que la madre en espera del hijo (a) a nacer, debe necesariamente lograr sustento para ella y el hijo (a) que espera , evitando todo sobresalto que ponga en riesgo la vida de ambos .
El Código de Familia al determinar sobre los alimentarios se refiere tan sólo a aquellos que ya tienen una existencia en la vida civil misma , olvidando al ser en gestación al que se le reconoce, supuestamente todos los derechos sin tomar en cuenta que también dicho ser requiere en el vientre materno ser atendido a través de su madre con la alimentación, porque una madre gestante sin el alimento necesario dará vida o tal vez dará a luz a una persona sin la suficiente capacidad física para sobrellevar la situación que se le hará difícil.
Lamentablemente, mientras la mujer no solicita la asistencia familiar, es muy difícil que el padre de la niña o niño por nacer, ni siquiera se acuerde con la obligación sagrada, cual es el de asistir a la madre gestante. Asimismo la legislación vigente, refiere el momento desde el cual corre las pensiones por parte del obligado, dejando casi en la indefensión a la mujer gestante; por ello la preocupación de hacer viable y efectiva la asistencia familiar para el ser en gestación, por la trascendencia que implica en su buen desarrollo físico y emocional , situación que debe ser considerado por el Estado encargado de garantizar la efectividad de los derechos y principios proclamados en la Constitución Política del estado, motivo del presente trabajo de investigación.

Justificación

En cuanto al o los obligados a dar alimentos, debe estar claro que la pensión alimenticia comprende una prestación económica, que incluye no solo los alimentos, también comprende medicamentos, vestido, habitación, recreación, recursos necesarios para la enseñanza y todo lo necesario para el desarrollo integral del menor.


En la mayoría de los procesos de asistencia familiar, las partes resultan insatisfechas con la decisión final de la autoridad: Por un lado, porque la parte obligada considera que es demasiado alta la cuota establecida; y por otra, el solicitante aduce que la suma fijada no le alcanza para costear todos los gastos que requiere.
La solicitud de pensión alimenticia se realiza con fundamento en la obligación que deben cumplir los padres, tratándose de niños, niñas, y adolescentes, de proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los mismos.
Cuando se exige este derecho a favor de un menor de edad, lo solicita la madre o el padre con quien reside habitualmente el menor, porque la carga económica le es pesado e insostenible, y porque se trata de un derecho que tiene el menor de recibir por parte de sus progenitores, ayuda económica para su subsistencia.
El monto de la pensión alimenticia será fijado de acuerdo a las necesidades reales de quien la solicita, y en proporción al salario o caudal de ingresos que recibe el obligado. Si ambos padres reciben ingresos similares, se distribuirán las cargas, es decir, si el menor vive en forma permanente con su madre y es ella quien realiza los pagos de vivienda, luz, agua, teléfono, salud, etc.; corresponde al padre otorgar una suma de dinero que cubra alimentación, colegiatura, y otras necesidades del niño.
Una mujer, cuando decide ser madre permaneciendo soltera, debe considerar seriamente la responsabilidad que entraña traer un hijo al mundo y sus necesidades inherentes las que deben ser satisfechas y que ciertamente no sólo se tratan de necesidades materiales sino también emocionales, debiendo su decisión no basarse en una necesidad personal y egoísta sino consciente y responsable que permita que su hija (o) logre un desarrollo integral con plena adaptación a su entorno social. Lamentablemente la mayoría de las veces, la situación de ser madres solteras no resulta una decisión voluntaria sino más bien obligada ante el abandono de la pareja , sin otra opción que asumir toda la responsabilidad que implica traer un hijo , situación que muchas veces se ve agravada ante la precaria situación económica por la que la misma atraviesa y que contrae serios riesgos y prejuicios para el niño que lleva en vientre que sufre las carencias fisiológicas de la madre y que con mayor probabilidad derivarán en niños mal nutridos , sin dejar de considerar algunas malformaciones y hasta la muerte del niño o de la madre o de ambos, situaciones que suceden con frecuencia y que merecen una atención especial de parte de nuestros legisladores para lograr mediante leyes una protección efectiva para el ser humano desde su concepción .
Estadísticas revelan que en el departamento de Chuquisaca, se tiene la tasa de desnutrición crónica (moderada y severa) en menores de 3 años a 2003 fue de 32,7%, en un rango medio con relación a los otros departamentos del país, siendo la proyección a 2015 de 25,7% y la meta del milenio 19% Desnutrición e igual de alarmante es la cifra de la mortalidad infantil y materna, que entre las causas una de las principales es precisamente la desnutrición y una ausencia de un adecuado control prenatal, aspectos que tienen que ver con la desprotección legal de la madre gestante y el hijo en vientre, no obstante según nuestra Constitución en actual vigencia cuentan con todas las garantías que la misma les ofrece.

2 Situación Problémica

El porcentaje elevado de mortalidad materna infantil en Bolivia y con particularidad en Chuquisaca , tiene como causa principal la desnutrición y la falta de un control prenatal adecuado, circunstancias que demuestran que no existe una efectiva garantía del derecho a la vida proclama en la Constitución Política del Estado que considera que todo ser humano es titular de derechos desde su concepción, al igual que la familia y la maternidad están protegidas, derechos y garantías que no se efectivizan por la ausencia legal específica de considerar al únicamente concebido como beneficiario de la asistencia familiar lo que trae consigo consecuencias desfavorables para los niños (as) al nacer o en la vida misma, situación que se visualiza también ante la escasa demanda de asistencia familiar para los mismos .



3 Formulación del Problema

La asistencia familiar, en el Código de Familia boliviano no contempla expresamente dentro de los beneficiarios al niño o niña concebidos o por nacer que son personas titulares de derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico y que descansan en el derecho a la vida. Entonces la legislación boliviana no es precisa respecto a la asistencia familiar del concebido.




4. Objeto de Estudio

La asistencia familiar a favor del concebido.



5 Campo de Acción

El proceso del efectivo reconocimiento del Derecho del Niño o Niña concebido o por nacer a la asistencia familiar.



6. Objetivos:



6.1 Objetivo General
Identificar las causas principales para que el derecho del concebido a recibir una asistencia familiar al igual que todo niño (a) nacido, no se haga efectiva en nuestra legislación.
6.2 Objetivos Específicos

  • Analizar las limitaciones que presenta el Código de Familia en el tema relativo a la asistencia familiar que no hacen posible que el concebido sea beneficiario de asistencia familiar.

  • Analizar la legislación nacional y comparada en el tema relativo al derecho de asistencia familiar a favor de los concebidos.

  • Sugerir modificaciones en el plano normativo concretamente en el Código de Familia para introducir a los concebidos como beneficiarios directos de asistencia familiar.

  • Conocer el número de concebidos beneficiarios que gozan de asistencia familiar por medio de una acción judicial.



7. Idea a Defender

El niño o niña por nacer o concebido es un ser humano merecedor del reconocimiento de sus derechos aún en el seno materno y si el ordenamiento jurídico nacional lo reconoce así, es necesario brindarle desde su gestación las condiciones adecuadas que le permitan desarrollarse de manera digna y saludable hasta su nacimiento, a través de la asistencia familiar como beneficiario directo y de esta forma asegurar su derecho a la vida.




8. Métodos y Técnicas

Los métodos a emplearse en la elaboración de la presente investigación serán el histórico, bibliográfico, de análisis y síntesis y como técnica la entrevista.


8.1 Método Histórico
Se aplicará el método histórico para el estudio de los antecedentes legales de la normativa y el reconocimiento de los derechos del nasciturus.
8.2 Método Interdisciplinar
Para establecer la relación directa que tiene la asistencia familiar con el derecho a la vida y el ejercicio de todos los demás derechos, cuyo reconocimiento se halla en el Derecho Constitucional y el Derecho Civil.
8.3 Método del Derecho Comparado
Se utilizará para determinar el tratamiento que tienen el derecho a la vida y la institución de la asistencia familiar en las demás legislaciones.
8.4 Método Deductivo
Para establecer desde lo general a lo específico cual el tratamiento del derecho a la vida del nasciturus y la asistencia familiar
8.5 Técnica de la Entrevista
Con la información obtenida mediante esta técnica será posible elaborar la propuesta final del trabajo y arribar a las conclusiones y recomendaciones.

9 Marco histórico

Con la concepción se inicia la existencia de la persona, la que hasta el momento del parto recibe el nombre de “persona por nacer o nasciturus”, y es precisamente este ser que puede ser titular de derechos y obligaciones a través de la abstracción jurídica de la personalidad.


El Derecho moderno concede la personalidad a todo ser humano, pero exige ciertos requisitos para determinar la existencia de la persona humana, requisitos que varían según la legislación que se analice, por cuanto si para una se exige simplemente el hecho del nacimiento, entre ellas los códigos civiles alemán, suizo, austriaco, portugués, italiano, argentino, etc., para otras se exige el requisito de la viabilidad, o sea la aptitud para seguir viviendo.
Si bien como antecedente previo a las corrientes modernas la doctrina romana consideraba a la persona existente recién desde el momento del parto, ya que antes de este hecho el nasciturus no ha sido sino sólo parte de la entraña materna, se impuso la ficción infans conceptus pro natur habetur, pues se entendía a éste como ya nacido únicamente en los casos en que se trataba de hacerle adquirir un derecho y ello sujeto a la condición que se produjese el nacimiento con vida, situación con la cual dichos derechos se consolidaban definitiva e irrevocablemente.
Sin embargo, éste lineamiento seguido a lo largo de los años por las diferentes legislaciones, incluyendo la nuestra, ha merecido su análisis por diferentes estudiosos del derecho, así por ejemplo ya Ghirardi sostiene: ”podemos sentimos tentados a afirmar que ambas cosas son lo mismo, porque en principio es difícil advertir la diferencia que hay entre reconocer que una persona existe desde que es concebida y que dicha existencia se convalida definitivamente con el nacimiento y decir que una persona existe desde que nace, aunque operado el nacimiento se retrotrae su fecha a la de la concepción.
Pero esta aparente coincidencia deja de ser tal si pensamos que, con la segunda de las soluciones apuntadas durante todo el tiempo del embarazo el nasciturus no sería persona, por más que luego del parto adquiera dicha calidad con retroactividad al momento de la concepción” de ahí que surge el cuestionamiento si el ser concebido para los romanos no es persona, como entonces se entiende que la verdadera doctrina romanista tendía a la protección del ser en gestación desde su concepción misma, sino como puede explicarse que entre otras cosas prohíba azotar o castigar a una mujer embarazada, precisamente por no infligir daño a otra persona inocente, el nasciturus, habiendo llegado incluso hasta a constituir un curador para la “persona por nacer”.
Los debates acerca de cuándo se inicia la vida son de por sí múltiples, pero lo son más cuando se incluye en estos la consideración legal, que pone de manifiesto que existe una diferencia entre la existencia biológica y legal que ha llevado a los expositores de ésta última a considerar que la concepción por sí sola no constituye justificación para la adquisición de derechos y menos de la personalidad jurídica por cuanto se le atribuye derechos al ser humano nacido, ya que es el nacimiento el que marca principio de la existencia biológica y legal, ahí surge las siguientes interrogantes:
¿Qué ocurre con la naturaleza misma del ser humano?, es decir ¿El ser humano no es tal por ese simple hecho?, Tertuliano ya defendía ésta posición cuando afirmaba “homo est et qui est futurus: el hombre ya es el que será” porque consideraba que el hombre, lo es desde el principio o no lo será nunca, siendo secundado en su idea por el profesor Picasso Muñoz cuando en su Antología Latina refiriéndose al nasciturus citaba:
“Regla de oro: un ser con potencialidad (no digo posibilidad) de ser persona, es ya una persona”, criterios que fueron contradichos por otros varios autores como Jorge Ortega Torres quien al igual que Angarita Gómez, Valencia Zea y Savigny coincidían en afirmar” el hombre existe en la naturaleza, la persona solamente en el derecho” considerando que la palabra persona no indica un ente o un ser, sino una construcción o categoría jurídica destinada a atribuirle a ese ser capacidad para ser sujeto de derechos subjetivos, de ahí que lo que se reconoce es en realidad personalidad jurídica a la persona natural para que pueda ser sujeto de derechos y capacidad jurídica para ejercerlos, en consecuencia si se analiza esta postura en realidad de lo que se trata es de que se puede ser, como persona, más o menos capaz, pero no se puede ser más o menos persona, pues se es no se es o bien se reconoce la personalidad jurídica del hombre, porque la atribución de la condición de persona es obra de la misma naturaleza, porque sencillamente el concepto de persona es extrajurídico y el de personalidad no es más que una abstracción del primero para ser utilizado en el ámbito jurídico, así como el de la capacidad.
No obstante hoy en día, siguiendo las concepciones filosóficas que se han tejido alrededor; nadie pone en duda que todos los seres humanos somos personas y fundamento del derecho, por cuanto la persona existe con independencia del Derecho, es decir es un preconcepto de lo jurídico, portador de valores reconocidos y respetados por la organización social organizada en Estado y sobre la cual se halla por encima e incluso antes de ella y así lo reconoce el ordenamiento jurídico concebido en función del individuo, lo que explica que en realidad el hombre goza de una suma de derechos naturales, innatos e inherentes a él que son reconocidos por este ordenamiento jurídico y es precisamente la vida el derecho inmanente fundamental de todo ser humano, esa vida que comienza desde el momento mismo de la concepción, sin importar si hay o no personalidad o capacidad jurídica.
La vida que se desarrolla en el vientre materno está, como un bien jurídico autónomo, bajo la protección de la Constitución de ahí; que se constituye en el objeto o bien jurídico protegido, entendida como “existencia” que no requiere de llegar al momento del alumbramiento para ser reconocido sino que ya se halla reconocido.
Este deber del Estado implica la necesidad de protección por todos los medios posibles sean jurídicos y extrajurídicos.


Marco contextual.

El derecho a la vida del ser concebido y su protección en el ordenamiento jurídico nacional


Siguiendo el entendimiento expuesto, a efectos de determinar cuál la ubicación y el ámbito de protección dentro del ordenamiento jurídico vigente, es necesario remitirse precisamente a la normativa nacional, partiendo desde la norma fundamental y siguiendo paso a paso el resto del ordenamiento, sea civil, penal, de familia, laboral.
1.2.1 La Constitución Política del Estado
El artículo 7 de la Constitución Política del Estado establece: Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales y protegerlos es deber primordial del Estado... a) “A la vida, la salud y la seguridad”.
Por este artículo queda claramente establecido el deber de protección que se impone el Estado en un sentido amplio, pues se debe entender que cuando se habla de persona incumbe también aquella del ser que se desarrolla o mejor dicho que se gesta en el vientre materno referido anteriormente como nasciturus, por cuanto la “vida es un derecho fundamental inherente a la naturaleza humana. Nace con la concepción misma del nuevo ser humano”.
Pero este sentido protector no se queda simplemente en este postulado porque se afirma más cuando en su art. 193 la Constitución Política del Estado dispone:
“El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado”, siguiendo así la perspectiva de que el deber del Estado no se limita a un simple reconocimiento del derecho a la vida, sino que también se amplía a su directa intervención cuando se ordena proteger y garantizar la misma.
Para la Constitución Política del Estado el ser concebido o nasciturus es un ser humano autónomo, que está bajo su protección, el embarazo adquiere una dimensión social, que hace necesaria y admisible la regulación por parte del Estado, de ahí que la orientación de la ley está a favor de la prevalencia de la protección de la vida del feto.

Del reconocimiento del derecho a la vida deviene la dignidad humana, y esa dignidad también le alcanza al ser gestante, por el simple hecho de existir en él vida, siendo indiferente si él lo sabe o no, si conoce o no que está garantizado de ella.


Código Civil
Por su parte el art. 1 del Código Civil expresa:
“el nacimiento señala el comienzo de la personalidad” y “al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida”.
Esta norma de manera incuestionable es una garantía tendiente a hacer efectiva la protección a la maternidad y la infancia prevista por el art. 193 de la Constitución Política del Estado y por ende el derecho a la vida contenido en el art. 7 inciso a).
Morales Guillén refiere citando a Bonnecase “que el término técnico persona designa al sujeto del derecho: ser sin el cual no se puede concebir una regla de derecho o una institución jurídica y quien, por lo tanto, es susceptible de los beneficios, de las coacciones y de la observancia del ordenamiento de esas reglas e instituciones” y va más allá cuando siguiendo a Mazeaud afirma que la persona es la que vive la vida jurídica y solamente los seres humanos son personas físicas individuales para señalar finalmente “El ser humano es una persona, un sujeto de Derecho por el solo hecho de existir”
Si bien en el articulado se expresa que el nacimiento determina el origen de la personalidad, entendida ésta como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, no es menos cierto que ésta también constituye un atributo circunstancial o esencial de la persona, presente en ésta por ese sólo hecho, es decir por el simple hecho de ser persona, de ahí que se debe considerar como ya existente a la persona que aún no ha nacido pero que se halla concebida, que tiene vida o nasciturus.
No obstante a lo largo de la historia del derecho estudiosos y legisladores han tratado de definir el momento de nacimiento o surgimiento de la personalidad, con la finalidad de determinar a ciencia cierta cuando a la persona se le debe reconocer derechos y obligaciones, de ahí que se elaboraron cinco teorías distintas que es menester referir de manera breve para entender la contextualización del tema en análisis:
-Teoría de la concepción, sostiene que el hecho de la concepción del hombre determina el inicio de la personalidad, o sea con el inicio de la vida intrauterina surge la personalidad.
-Teoría del nacimiento, la personalidad surge de un hecho cierto que es el nacimiento o dicho de otro modo cuando el producto de la concepción completamente formado se separa del nido materno, ya sea de forma natural o artificial y se constituye en un ser independiente de la madre.
-Teoría de la viabilidad, exige no solo el hecho de nacer vivo sino también de poder sobrevivir fuera del seno materno. Esta teoría desarrolla dos variantes:


  • Viabilidad fisiológica, sus seguidores postulan por un lado que el nacido reúna condiciones para desarrollar una vida activa, es decir que sea sano y perfecto entendida como la exigencia de tener forma humana a tiempo de su nacimiento, mientras que para otro grupo sólo es necesario que concurran las condiciones mínimas para vivir de forma independiente de su madre.




  • Viabilidad legal, se exige la verificación de la existencia independiente de la madre durante determinado tiempo.




  • Teoría ecléctica, parte de una ficción por la que concede personalidad al concebido pero de manera relativa, por cuanto sólo se refiere a todo cuanto le favorezca y además es condicional porque expresa como requisito el nacimiento vivo del concebido, de ahí que en resumidas cuentas se puede decir que: el reconocimiento de la personalidad sólo se produce con el nacimiento y en ocasiones se exige además la viabilidad legal o fisiológica.




  • Teoría psicológica, debe estar presente en el individuo el sentimiento o conciencia de tener personalidad legal,

El Código Civil abrogado en su artículo 507 seguía la teoría de la viabilidad en sus dos variantes, por cuanto exigía la aptitud para vivir durante un mínimo de 24 horas y que tenga la forma humana, situación que ha sido superada por la normativa sustantiva vigente siguiendo una solución mixta, pues ampara a la persona sumergiendo en esta al concebido, cuando le asegura la posibilidad de disfrutar de todo lo que le favorezca, posibilidad que se ve ya plasmada en la norma contenida en el art. 1008 cuando refiere de manera textual:


“(Capacidad de las personas).


  1. Para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido.




  1. Salva prueba contraria se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el de cujus.




  1. Los hijos aun no estando concebidos, todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores”.

De esta manera la ley reconoce derechos ya desde la concepción en el seno materno, por el simple hecho de que en éste comienza la existencia de las personas, de ahí que antes de su nacimiento pueden adquirir derechos como si estos ya hubieren nacido, que se consolidan si nacen con vida, porque como se dijo si bien el nacimiento determina la personalidad, el concebido se tiene como nacido para todo aquello que le sea favorable.


Otra institución del derecho civil, es la donación que de igual manera plasmada ya en la normativa vigente alcanza en su extensión al concebido como se desprende del art. 663 del código civil:
“(Donación a persona por nacer). 1. La donación puede hacerse a favor de quien está solamente concebido, o a favor de hijos aún no concebidos de una persona que vive en el momento de la donación”.
Código Penal

La vida humana ocupa al interior del orden constitucional el rango más alto del orden de valores, no requiere de justificación alguna porque simplemente constituye la base de la dignidad humana y el presupuesto para la procedencia de los demás derechos, sin vida no hay dignidad, no hay salud, no hay seguridad social, no hay libertad, en fin no se justifica ninguno de los otros derechos, en consecuencia siendo la vida la base vital el Estado la protege y busca la forma de que esta se concrete con el nacimiento, de ahí que su intervención en la esfera de la vida privada de la mujer embarazada cuando le limita el poder de disposición sobre su cuerpo cuando en él se está gestando un ser no es más que su deber de protección, porque ya se vincula a la vida individual de ese ser y no solamente a la de la madre o peor aún a la vida en general.


En este entendido es precisamente el Código Penal que le prohíbe a la mujer embarazada la interrupción de su embarazo, sometiéndola al deber básico que le corresponde de traer al mundo a su hijo, pues prima sobre ella el derecho a la vida que tiene el que está por nacer que no puede ser restringido, siempre tomando en cuenta que se protege el bien jurídico de la vida de ese ser, del cual se colige la existencia de los demás derechos cuando entre en contacto con el mundo que le espera, prohibición ésta que se materializa en el capítulo II referido al Aborto dentro del Título VIII que contiene los Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, más propiamente en el enunciado del art. 263:
“Aborto: El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura. Bajo el criterio del rango de los bienes jurídicos protegidos o de la jerarquía valorativa, si se admite la práctica legal del aborto se tendrá ineludiblemente como reconocidos y garantizados otros bienes de rango inferior (el derecho a suceder o a recibir donación) que son de carácter patrimonial, pero no se tendrá por garantizado el bien jurídico fundamental del que deriva la naturaleza de estos derechos como es el bien: vida, que no es simplemente un bien sino un valor absoluto.
Ley General del Trabajo, Disposiciones Complementarias y Seguridad Social
Siguiendo el Convenio de la O.I.T. ratificado por Bolivia (Convenios 89 y 90) la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario establece dentro de los contratos especiales que se hallan bajo su tuición aquellos en los que intervienen niños, adolescentes y mujeres, especialmente cuando ésta última se halla en estado de gestación por razones entendibles de su situación particular de mujer trabajadora y mujer madre, considerándose precisamente al periodo de maternidad como de interés general por la preservación de la especie, en este sentido se regula el descanso previo y posterior al alumbramiento, se garantiza su estabilidad laboral, el goce del 100% de sueldos y salarios y el descanso diario de manera clara en el art. 61 de la siguiente manera:
“Las mujeres embarazadas descansarán 30 días antes y hasta 30 días después del alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren casos de enfermedad. Conservarán su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus sueldos o salarios. Durante la lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día no inferiores en total a una hora”.
Siguiendo el camino que ha señalado la legislación laboral, no podía quedar indiferente la Seguridad Social, cuando el Código de la materia según Ley de 14 de diciembre de 1956 asegura la protección al periodo de gestación en su art. 23 disponiendo:
“La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado, tienen derecho, en los periodos de gestación, parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica hospitalaria y al suministro de los medicamentos que requiera el estado de la paciente”
Normas que poco a poco según las necesidades han ido mejorando, así por ejemplo el Decreto Ley 13214 del 24 de diciembre de 1975 indica en su art. 31:
“La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio al subsidio de maternidad por un plazo máximo de 45 días anteriores al parto y de 45 días posteriores a él, siempre que en estos periodos no ejecute trabajo remunerado. Este subsidio se pagará a la asegurada que tenga un mínimo de 4 cotizaciones mensuales, dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que se cancela el subsidio prenatal”
Pero a efectos de que se garantice más aún la protección de la maternidad reafirma mediante la Ley 975 del 2 de mayo de 1988 esta su obligación determinando la estabilidad de la mujer en periodo de gestación y lactancia en instituciones públicas y privadas en sus dos artículos:
“Art. 1.- Toda mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo.
Art. 2.- La mujer en gestación en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten su salud, merecerá un tratamiento especial que le permita desarrollar sus actividades, en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”.
Finalmente otro aspecto que no ha descuidado la seguridad social, es precisamente es el tema de las asignaciones familiares a favor de la madre trabajadora o beneficiaria, que mediante el Decreto Supremo 21637 del 24 de junio de 1987; en lo que nos atañe al presente análisis; establece en el art. 25
“A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado:
Subsidio prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos, independientemente del subsidio, de incapacidad temporal por maternidad…”
En síntesis de todo este conjunto de disposiciones se puede ver a claras luces que precisamente la protección de la maternidad o mejor dicho de la madre que se encuentra en periodo de gestación, está destinada a asegurar que esta goce de las condiciones necesarias que le permitan asegurar la vida del ser que lleva en su seno, pues a ésta se le garantiza estabilidad laboral y una serie de beneficios que le condicionan una situación de tranquilidad.
Código del Niño, Niña y Adolescente
Para el Derecho de la Niñez y Adolescencia la vida del concebido es un derecho fundamental, siguiendo la doctrina de la protección integral a partir de la Aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 se ha dado un cambio fundamental en la visión y tratamiento normativo de niños y adolescentes pues “transforma sus necesidades en derechos, colocando en primer plano el problema de la exigibilidad, no sólo jurídica sino también político social de los derechos” , en consecuencia, niños y adolescentes son ya sujetos sociales y de derecho, sin discriminación alguna por lo que en todo lo que les atañe se deberá velar el interés superior, que no es más que la plena satisfacción de sus derechos.
Afirmado está el reconocimiento pleno de los derechos del nasciturus y su protección cuando en el art. 13 del Código del Niño, Niña y Adolescente determina:
“Garantía y Protección del Estado.- Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral y como colación de esta premisa que se impone el Estado boliviano se amplía a la protección a la maternidad en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 que se resumen en: el acceso a los servicios de salud de manera gratuita y prioritaria durante el periodo de gestación, parto y post- parto, garantizar la lactancia materna, el cuidado de los padres y la elaboración de programas de salud tendientes a lograr el normal desarrollo del embarazo y de la infancia.
Código de Familia
Según Morales Guillén “el fundamento de la asistencia familiar reposa en el derecho a la vida física e intelectual, que todos los individuos tienen (art. 7, incs. a y e C:P:E.).
La obligación correlativa (art. 8, e) CPE), recae, ya sobre los que han dado existencia al alimentado, como efecto inmediato de la procreación...”, de ahí que desprendemos que lo que en realidad se pretende es que quien concibe a un ser le brinde pues las condiciones necesarias para su subsistencia, la misma que debe ser entendida no solamente a partir de su llegada al mundo con el nacimiento, sino desde el momento preciso en que se conoce de su existencia, es decir desde su concepción.
La obligación de prestar asistencia según el Art. 14 del Código de Familia se extiende a todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica, además de los gastos de educación y los necesarios para lograr una profesión u oficio, pero si se analiza el sentido de esta institución jurídica, no puede ser limitada a esta simple enumeración de necesidades, sino que más bien encarna lo necesario para la subsistencia que debe entenderse como aquello que un ser humano requiere para vivir.
Si bien en el caso del nasciturus no se materializa en vestido, educación, habitación por razones lógicas, se refiere a su condición de ser humano que a través de su madre recibe lo necesario para sobrevivir en su seno, por ende es ella el conducto que le permite aprehenderse de alimentos, cuidado médico, pues si la madre cuenta con las condiciones necesarias que le permitan desenvolverse de manera sana, tranquila y estable es por seguro que el ser que lleva en sus entrañas gozará de los beneficios. Esta obligación de prestar asistencia familiar según el art. 15 del citado código corresponde en la parte que nos interesa a: “... 2°.- Los padres, y en su defecto, los ascendientes, más próximos de estos...”
Razonable es pues, la imposición de la obligación a los padres que surgen del parentesco, la filiación y la adopción.
Por su parte si bien el art. 209 del Código de Familia expresa que en caso de admitirse la paternidad, cuando se trata de la declaración judicial de paternidad; el demandado o sus herederos se hallan obligados a satisfacer los gastos de gestación, los de parto y una pensión a la madre durante seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento, bajo conminatorias de apremio ante su incumplimiento, debe entenderse que la acción se inicia a favor de su hijo por la condición de que ésta procede cuando la madre se halla en gestación, en consecuencia la norma prevé precisamente que la protección está destinada a ser en gestación, sin embargo el lapso que se establece no coincide con el de la duración del embarazo, lo que en realidad constituye una limitante, por cuanto no permite la protección durante todo el tiempo del mismo que abarca nueve meses, o sea que el concebido se halla protegido simplemente por un mes y medio.

Código de Procedimiento Penal
Con la implementación de un sistema procesal penal mixto, que presenta caracteres propios del sistema acusatorio y a la vez mantiene ciertos resabios del inquisitivo, la restricción de la libertad se halla en última ratio, tal es así que la misma es de carácter excepcional conforme el art. 7 del Código de Procedimiento Penal cuando dispone:
“Aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado deberá estarse a lo que sea más favorable”
En realidad lo que inspira su protección, es el respeto de los derechos y garantías del imputado y que éstos serán restringidos en la medida que sea necesario para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y por ende la aplicación de la ley según se desprende del razonamiento que encierra el art. 221 de la citada norma. Precisamente en este trasuntar el propio legislador ha dispuesto en el art. 232 las causas que hacen improcedente la detención preventiva y como no podía ser de otra manera en resguardo del nuevo ser en la parte final del referido artículo señala expresamente:
“...Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa”.
Empero, cual el entendimiento que encama la norma, precisamente la protección de la vida y derechos del nasciturus que se halla unido a su madre por la naturaleza misma hasta el momento de su nacimiento.

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