Un saber, unas técnicas, unos discursos pseudocientíficos, se forman y entrelazan con la práctica del poder de encerrar y castigar, que comparten psiquiatras, psicólogos, magistrados, policías, familiares y otros personajes



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El mundo es tan grande o tan pequeño como el tamaño de la ventana a través del cual nos asomamos a él”Fidel (paciente internado en el Hospital Manuela A. Montes de Oca)


PROCESO DE FAMILIA. PROCESOS URGENTES.

DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL1



María Graciela Iglesias
El proceso de familia implica desafíos de tiempo, oportunidad y eficacia.

La competencia establecida por la ley 11.453 - que integra el Código de Procedimiento civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires -, a partir del art. 827 del mismo propone la resolución de situaciones de derecho “entrecruzadas” con la vida misma. Situaciones que implican para el órgano jurisdiccional decisiones que fortalezcan o posibiliten la paz familiar.

Esta justicia para la paz, “de acompañamiento y protección”2 tropieza con la necesidad de la jurisdicción protectora, hacia un nuevo rostro de justicia3, que debe resolver situaciones de violencia privada, de violencia familiar, a través de una norma válida que impida, afecte o prevenga futuros hechos de agresión.

El juez debe sobreponerse al cuestionamiento de su propia autoridad para imponer, mediante el uso de medidas urgentes (autosatisfactivas) ,la disminución de la escalada violenta en un grupo familiar determinado. Ahora bien, qQue sean autosatisfactivas no significa que dictada la medida y cumplida, el expediente deba quedar archivado.”4

Así el corredor de la urgencia se materializa en decisiones tales como el reintegro de un hijo, la protección de personas, tutelas y curatelas otorgadas como despacho interinal de fondo5. Ello coloca al juzgador en una íntima constricción para argumentar sus decisorios. Sale aquí al paso un conjunto de problemas relativos a la argumentación judicial, que son también de la máxima importancia y, desde luego, de una paralela complejidad. En términos generales el tema se ha formalizado así: el razonamiento judicial que acaba en una decisión vincular debe estar sometido a ciertas constricciones formales de carácter moral”6.

El proceso de familia garantiza el acceso de justicia, a través del reconocimiento de los derechos fundamentales. “Los juristas tienen que admitir que las normas procesales cumplen también una función social.”7

Cuando la situación exige una solución inmediata de la jurisdicción, se hace imprescindible acudir a los procesos urgentes. Se requieren resoluciones que no admiten demoras, aunque sin vulnerar garantías y derechos constitucionales. En efecto, “cada litigante busca la respuesta para hoy, para su presente y lo inmediato, no para la vida futura o extraterrena”8.
I.- BREVE ANALISIS DE LOS BENEFICIOS DE LA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA Y DE LA TUTELA ANTICIPADA.
Ante la problemática planteada en materia de salud mental, y en general, en aquellos procesos donde su especial naturaleza exige que se aseguren derechos de manera concreta, oportuna y eficaz, surge la posibilidad procesal de separar la cuestión de fondo de la resolución de medidas cautelares. De dictar resoluciones que, con naturaleza cautelar, satisfacen el interés urgente de la pretensión.

Con la medida autosatisfactiva sé esta en presencia del punto máximo del valor de eficacia encerrado en el desarrollo y culminación de ella, sujeta a una doble razonabilidad: la del solicitante, que no debe caer en ejercicio abusivo del derecho y la del juzgador que buscará la adecuada satisfacción del pedimento: abreviar la justicia no es pues solamente hacerla mas rápida, es hacerla más oportuna, más limpia y, sobre todo, más eficaz”.9



II.- PROCESOS URGENTES

En la actualidad, los procesos urgentes no se agotan en las medidas cautelares; el ámbito de estos procesos es mucho más amplio, pues también lo “urgente” está presente, en ciertas pretensiones que recaen directamente sobre aspectos sustanciales o de fondo.

En efecto, en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal (celebrado en Santa Fe, 1995) se declaró que la categoría de “proceso urgente” es más amplia que la de proceso cautelar. Así, la primera comprende también las denominadas medidas autosatisfactivas y las resoluciones anticipatorios (estas últimas llamadas por la doctrina: “el fenómeno de la “tutela anticipada”).

Las objeciones constitucionales que recibieran estas medidas, han sido salvadas por la elocuencia de Morello, al decir que “si el Juez en los estadios preliminares del juicio un conocimiento tiene un conocimiento cierto y suficiente acerca de los hechos conducentes y se encuentra en aptitud de anticipar la tutela provisional en ese tramo anterior, ¿que le impide hacerlo?. El tiempo de la Justicia en esos supuestos se anticipa y no debe esperarse a la sentencia definitiva. Postergar la solución, seria malograr la tutela debida, que es continua y debe proveerse según las circunstancias de ese preciso y apropiado instante, y no después. Si el demandado viene “chicaneando” y levanta sin razón un arsenal de escollos y barreras para impedir la protección a la que el actor tiene su derecho, según lo que ya está demostrado en autos, ¿que justificación legitimaría diferir lo que está claro y expedito?”.10

En el X Congreso Provincial de Derecho Procesal de Santa Fe (realizado en el mes de agosto de 1996), se expresó que “el proceso urgente constituye una categoría amplia caracterizada por la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas situaciones cuya solución no admite demoras. Las diligencias cautelares son sólo una especie de las mismas, pero también se integran con otras: las medidas autosatisfactivas, las sentencias anticipatorias, el hábeas corpus, etcétera”11

Estas razones y la naturaleza de los conflictos que se presentan a juzgamiento diariamente, hacen necesario legislar sobre el proceso urgente como categoría autónoma.

Así lo ha demostrado por ejemplo, un fallo del tribunal de Familia Nº 3 de Lomas de Zamora12, donde se ordenó al Ministerio de Salud, a la obra social O.S.P.S.A y a la Empresa de GAS “AGA”, la continuidad del servicio de oxígeno domiciliario a favor de una niña con padecimiento grave de insuficiencia respiratoria. Allí se dijo que debía tutelarse el derecho de vivir, personalísimo y, más que esencial, esencialísimo, pues de él dependen todos los demás bienes, por lo que se tiene derecho a que los demás se abstengan de atacarlo, a la conservación de la vida y al goce de ella”:13

Considerando entonces el concepto de “proceso urgente” en sentido amplio, podemos afirmar que la resolución dictada en el mismo puede resolverse como:

- Provisoria, siendo necesaria la tramitación del proceso principal al cual se encontrará subordinado. (Es el caso de la clásica medida cautelar y de la tutela anticipatoria).

- Definitiva: se agota en sí misma, no requiriendo otro proceso al cual subordinarse. (Es el caso de la medida autosatisfactiva).

A su turno, la forma definitiva puede alcanzarse a través de una resolución dictada con bilateralidad previa - donde la parte emplazada ejerce su derecho de defensa antes de que el órgano jurisdiccional emita su decisión definitiva -, o una resolución dictada sin bilateralidad previa - donde se desplaza transitoriamente la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa -. 14

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