Ultima reforma decreto 377, P. O. 75, 25 noviembre 2017. Ley Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, P. O. 21, Sup. 1, 18 abril 2015. Decreto 489



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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima



ULTIMA REFORMA DECRETO 377, P.O. 75, 25 NOVIEMBRE 2017.
Ley Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, P.O. 21, SUP. 1, 18 ABRIL 2015.
DECRETO 489 Es de aprobarse y se aprueba la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION XLII, Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y


C O N S I D E R A N D O:



PRIMERO.- Que mediante oficio número 3235/014, de fecha 31 de noviembre de 2014, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos y Obligaciones de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, presentada por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que:


  • “El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege y garantiza los derechos de las niñas y niños, estableciendo que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos como lo son la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

  • En este sentido, fue con la reforma en el año 2000 a citado numeral Constitucional, por la cual se reconoció a las niñas y niños como sujetos de derechos y no como objetos de protección; aprobando con ello la Ley reglamentaria para la protección de tales derechos hoy vigente.

  • Posteriormente en Octubre de 2011 se reforma nuevamente el artículo 4 de la Constitución Federal, instaurando el principio del interés superior de la niñez y facultando además al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos.

  • Lo anterior en senda a cumplimentar con los tratados internacionales en la materia que México ha ratificado, en aras de reconocer como sujetos de derechos a las niñas y niños mexicanos para así instrumentar todas las acciones que les permitan acceder a un pleno desarrollo físico, intelectual, emocional y moral, haciendo con ello efectivos los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial el que refiere a que la niñez tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

  • La iniciativa que hoy proyecto, viene precisamente a instrumentar de preceptos legales a la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, mediante reformas, adiciones y derogaciones, que permitan garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Colima.

  • Cabe destacar que han sido innumerables las acciones tanto por parte de organismos internacionales como de nuestro País, para garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales así como la protección de su desarrollo pleno e integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ello es oportuno citar algunos antecedentes jurídicos relevantes por los cuales se dio camino a la gama de ordenamientos legales protectores de los derechos de los sujetos citados en líneas que anteceden, como lo son:

  • En 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo (la “OIT”), primera en señalar lo pernicioso que resulta para el desarrollo de un niño su incorporación temprana al trabajo.

  • En 1924 la Declaración de Ginebra, adoptada por la Sociedad de las Naciones, propone incidir en una "protección especial al niño", pues los gobiernos no habían hecho lo suficiente.

  • En 1945 se constituye la Organización de las Naciones Unidas (la “ONU”).

  • En 1946 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (el “UNICEF”).

  • En 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual el libre desarrollo de la personalidad se concibe como un concepto fundamental para la garantía de los derechos humanos.

  • En 1959 la Declaración de los Derechos del Niño es el primer instrumento normativo de la ONU consagrado exclusivamente a los derechos de la infancia: la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle y el interés superior de la niñez debe inspirar acciones de quienes tienen responsabilidades al respecto;

  • En 1979, Año Internacional del Niño, comienza la discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en torno a un tratado vinculante sobre los derechos de la niñez;

  • En 1989 la ONU aprueba la Convención Internacional Sobre los Derechos de la Niñez.

  • En 2000, con la reforma constitucional al artículo 4º se reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos; y se aprueba la Ley reglamentaria para la protección de tales derechos hoy vigente.

  • En 2005 se reforma el artículo 18 de la Constitución para establecer el derecho al debido proceso de adolescentes que cometen infracciones a los ordenamientos penales.

  • En junio de 2011 se promulga la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se inscriben los principios pro persona, de no discriminación, convencionalidad y constitucionalidad.

  • En octubre de 2011 se reforman nuevamente los artículos 4 y 73 de la Constitución, para plasmar el principio del interés superior de la niñez y se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales en la materia de los que México sea Parte.

  • En 2014 se reforma el artículo 123 de la Constitución para elevar de 14 a 15 años la admisión al trabajo y el Poder Ejecutivo Federal envía al Senado de la República el Convenio 138 de la OIT en materia de trabajo infantil.

  • De los citados antecedentes, se desprende la importancia que tanto el pueblo mexicano como internacional, le han venido dando a la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reconociendo que la Convención sobre los Derechos del Niño¸ aprobada en 1989 por la ONU y ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, constituye la norma filosófica, jurídica y política universal más trascendental e innovadora para el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, estipulando las bases para que los Estados Parte cumplan con su obligación de garantizar la protección efectiva y la exigibilidad, en igualdad de condiciones, de esos derechos.

  • Ahora bien, en lo que concierne a nuestra legislación local en la materia, Colima no se ha quedado atrás y se ha pronunciado siempre a favor de este sector, toda vez que mediante Decreto número 89 fue publicada el día 19 de junio del año 2004 la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, como instrumento legislativo que permite garantizar la prioridad legal que merecen las niñas, niños y adolescentes del Estado, a fin de que alcancen una vida digna para su pleno desarrollo en el seno de la familia, la escuela y la sociedad, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, daño, perjuicio, agresión, abuso o explotación, evitando que sean víctimas de discriminación, violencia, crueldad y opresión por acción u omisión a sus derechos.

  • Con la aprobación de la presente propuesta estoy plenamente convencida de que la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad se expandirá y garantizará de mejor forma, además se dará cumplimiento al transitorio segundo del decreto mencionado en el párrafo que antecede homologando nuestra legislación con la federal.”


TERCERO.- Que mediante oficio No. 3639/015, de fecha 09 de marzo de 2015, la Comisión Permanente, en Sesión Pública celebrada esa misma fecha, turnó a la Comisión de de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, el oficio número DGG-197/2015 de fecha 5 de marzo del año actual, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, mediante el cual adjunta al presente, el oficio DAJ/025/2015 de fecha 02 de marzo del presente año, en el cual el Lic. José Luis Ramírez Málaga, Director de Asistencia Jurídica del DIF Estatal envía consideraciones para la propuesta de Iniciativa de la Ley de los Derechos y Deberes de Niñas, Niños y Adolescentes, realizada por las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad de este H. Congreso del Estado.
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la Iniciativa indicada en los considerandos Primero y Segundo del presente documento, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras observamos propuestas con beneficio directo al fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado.
Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, sabedores de que el Estado es el garante de velar por el interés superior de la niñez, así como lo indica el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ese compromiso se analiza la iniciativa que nos ha sido turnada de manera conjunta.
Las niñas, niños y adolescentes del Estado constituyen una parte importante de la sociedad colimense que nos motiva a dotarles de herramientas que permitan mejorar sus condiciones de vida para lograr un desarrollo pleno, mediante la participación de todos los sectores involucrados.
Desde finales del siglo XX se ha venido cambiando la percepción a la niñez en el mundo. La preocupación por proporcionarle a las niñas y niños mejores condiciones, en cuanto a educación, salud, alimentación y protección jurídica han sido asuntos que permanentemente han estado presentes en las agendas internacionales y de las cuales nuestro país no ha sido omiso en participar, en impulsar la creación de organismos y la puesta en marcha de programas específicos a favor de la niñez.
En el proceso evolutivo de los derechos humanos que hemos vivido en los últimos años, se ha dado un paso gradual hacia una determinación o concreción de los sujetos titulares de esos derechos, es decir, la vinculación de los derechos a las personas concretas de sus titulares, siendo una respuesta a problemas concretos derivados de su condición social, cultural o física.
Así, los niños, las niñas y los adolescentes, al igual que el resto de las personas, los destinatarios de todos los derechos que protegen los derechos humanos, en ese proceso de vinculación de los derechos a sus titulares, se ha hecho evidente la necesidad de reconocer a la niñez como un grupo humano que requiere para su debida protección de normas específicas que de manera general tiendan al reconocimiento, promoción y amparo de sus derechos.
Por esta circunstancia, consideramos importante la iniciativa que se dictamina porque abona a mejorar las condiciones de las políticas públicas para que efectivamente se considere a las niñas, niños y adolescentes del Estado como sujetos de derechos.
En el camino del estudio y análisis de la iniciativa en comento, las Comisiones dictaminadoras observamos que con fecha 04 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por lo que en uso de nuestras atribuciones hemos detectado en la misma, analizando los alcances de la mencionada Ley, observamos que en el Transitorio Segundo impone la obligación a las entidades federativas de llevar a cabo las modificaciones legislativas correspondientes en un plazo no mayor a 180 días naturales a la entrada en vigor, el cual se vence el 03 de junio del presente año.
Dicha obligación surge con motivo de que la Ley General antes mencionada impone atribuciones concurrentes entre la Federación, entidades federativas y Municipios, para que se establezcan disposiciones que garanticen efectivamente los derechos de la niñez y la adolescencia.
Mediante la creación de una política nacional que coadyuve a transversalizar los principios y enfoque de derechos de la niñez en todas las normas que puedan impactar a esta población.
Esta circunstancia ha dado motivo suficiente para que las Comisiones dictaminadoras, como parte del proceso de estudio y análisis, convocáramos a un Foro sobre la Ley de los Derechos y los Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con el objeto de analizar las implicaciones que tiene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la legislación estatal, así como definir las acciones coordinadas para lograr la oportuna adecuación del marco normativo local conforme a las disposiciones de la misma. El cual tuvo verificativo el 27 de marzo del año en curso en las instalaciones del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado.
Resaltando que en dicho foro se contó con la participación de representantes de UNICEF-México, quienes han sido promotores importantes en la creación de la Ley General, trabajando de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y Legislativo, federales durante el proceso legislativo de la mencionada Ley.
Asimismo, se contó con la participación de la Senadora Mely Romero Celis, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Municipal, e integrante de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Comunicaciones y Transportes, y de Educación, del Senado de la República, quien contribuyó con los alcances normativos que conlleva la Ley General como parte de las atribuciones concurrentes que se establecen dentro de la misma, para la Federación, Estados y Municipios.
Igualmente, se contó con la participación en el Foro de representantes de la Secretaría General de Gobierno, a través del Lic. J. Dolores García Sosa; del DIF Estatal, la Lic. Perla Susana Acosta Zapién; del Poder Judicial del Estado, la Juez Segundo Familiar, Lic. Ruth Bravo Ortiz; del Poder Legislativo, al Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de la sociedad civil organizada la Fundación Ius Género, representada por la Dra. Mariana Martínez Flores; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Lic. Martha Alicia Silva Rodríguez; asimismo, con autoridades integrantes del Gabinete del Estado, representantes de los DIF Municipales, así como de instituciones educativas como lo son la Universidad de Colima, la Universidad Univer, la Universidad Vizcaya de las Américas y la Universidad UNIVA.
Foro en el cual se tomaron en consideración cada una de las aportaciones de los participantes, las cuales han incidido de manera importante para que los integrantes de la Comisiones que dictaminan decidan hacer uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley del Poder Legislativo del Estado con el objeto de evolucionar la iniciativa en comento y poner a la consideración de la Asamblea la creación de una nueva ley en materia de niñas, niños y adolescentes para el Estado.
Lo anterior se determina así, dado que la Ley General impone atribuciones específicas para legislar en nuestro Estado a efecto de darle cumplimiento a las atribuciones concurrentes que se determinan en la misma.
Es importante mencionar que la Ley vigente únicamente regula los derechos y obligaciones de niñas, niños y adolescentes; en cambio, la Ley General impone el reconocimiento como sujetos de derechos, determina una estructura orgánica, la creación de un programa estatal ajustado a la política nacional, la creación de un sistema estatal de protección integral, así como una procuraduría de protección.
Situación que nos motiva a replantear el contenido de la Ley vigente y crear una nueva Ley en la materia para armonizar las atribuciones concurrentes que impone la Ley General y dar cumplimiento a lo que dispone el artículo segundo transitorio de la misma, consistente en legislar para llevar a cabo dicha armonización.
Así, se propone al Pleno de la Asamblea la aprobación de una nueva Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, mediante la cual se cumpla con lo que dispone el artículo segundo transitorio de la Ley General; se determinen los derechos y principios de este grupo poblacional; la estructura orgánica que ha de contenerse para el efectivo cumplimiento de estos, así como las autoridades con responsabilidad directa en su observancia y cumplimiento.
Con las modificaciones propuestas el Estado contará con una Ley acorde a las necesidades y tendencias sociales que se viven en la actualidad; en la que se contendrán mecanismos para emplear políticas públicas coordinadas con los órdenes de gobierno, con un enfoque transversal, garantista y anteponiendo siempre el interés superior de la niñez.
La propuesta que se pone a su consideración regula los principios rectores en materia de niñas, niños y adolescentes, de observancia general, al igual que los veinte derechos que se regulan en la misma, como derechos mínimos a favor de este grupo poblacional que representa el activo más importante de toda sociedad, dado que son el presente y el futuro, quienes han de potencializar el desarrollo económico, social, cultural, entre otros.
Como responsables de la observancia de la Ley que se propone, estará el Estado y los Municipios del mismo; lo que implica una observancia de todas las autoridades radicadas en el territorio del Estado en cuanto a los principios y derechos que se regulan a favor de niñas, niños y adolescentes, procurando siempre la máxima protección de los mismos.
Cabe mencionar que esta protección de derechos y observancia de principios no se limita con las autoridades, sino que es extensiva para quienes ejercen la patria potestad, tutores, curadores, o quienes ejercen la guarda y custodia sobre niñas, niños y adolescentes.
Como parte de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se crean los Centros de Asistencia Social en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social, y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado, las cuales establecen los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros.
Asimismo, se prevé la existencia de una procuraduría de protección, misma que en el Estado ya existe en la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, motivo por el cual, su estructura orgánica no se regula en la Ley que se propone por estas Comisiones.
En ese mismo sentido, se prevé la creación de un sistema estatal de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de la administración del Estado y de los Municipios vinculadas con la protección de estos derechos, el cual será presidido por Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y contará con una Secretaría Ejecutiva, donde se garantice la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes, misma que será un órgano desconcentrado del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
En los mismos términos existirá en cada Municipio de Estado sistemas de protección con una estructura similar al estatal, teniendo cada Municipio la libertad de integrarlo y dotarle de facultades de conformidad a los principios rectores de la ley que se propone.
Este sistema estatal será el encargado de generar la política estatal en materia de niñas, niños y adolescentes, el cual se ajustará a la política nacional en virtud de las facultades concurrentes que se desprenden de la Ley General.
En dicho Programa se preverán acciones de mediano y largo alcance, indicando los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, observando en todo momento lo dispuesto por el Programa Nacional.
Así, con la aprobación de la ley que se propone por las comisiones dictaminadoras, en primer término estaremos dando cumplimiento a una disposición transitoria contenida en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y en segundo término estaremos aprobando una ley con un enfoque proteccionista y garantista de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones concurrentes entre los órdenes de gobierno para alcanzar un desarrollo pleno e integral de este grupo poblacional.
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:
D E C R E T O No. 489
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA
TÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del Estado de Colima, tiene su fundamento en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es reglamentaria del párrafo cuarto de la fracción I del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y tiene por objeto:

(REFORMADA DECRETO 377, P.O. 25 NOVIEMBRE 2017)



  1. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;




  1. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;




  1. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;




  1. Atender y observar los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional, estatal y municipal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos; y




  1. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.




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