Título: Un proyecto de investigación-acción que involucra la participación de la psicología en el abordaje de la interrupción legal del embarazo como un problema de salud pública, educación y justicia



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Título: Un proyecto de investigación-acción que involucra la participación de la psicología en el abordaje de la interrupción legal del embarazo como un problema de salud pública, educación y justicia.

Autora: Lic. Andrea Berra

Resumen

El presente trabajo intenta caracterizar el problema del acceso a la interrupción del embarazo como una entidad que involucra aspectos vinculados a la salud pública, la educación y la justicia. El abordaje de la interrupción legal del embarazo es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, una consulta de salud que debe formar parte de las prestaciones que brindan los equipos de salud sexual y reproductiva y un contenido teórico-práctico que debería integrar los programas de las carreras de grado de los profesionales de salud, entre los que se encuentran los/as pscicólogos/as.



En este trabajo se presenta el diseño de una investigación acción aplicada en servicios de salud y justicia, donde se conjuga una etapa diagnostica, con la formulación de una propuesta y la adopción de una estrategia de intervención social. El objetivo general es contribuir a reducir las barreras de acceso al derecho y problema de salud de la interrupción legal del embarazo en servicios de salud y justicia. La hipótesis a desarrollar parte de observar cómo el estigma de los profesionales que se comprometen con este tema y la falta de una ley de despenalización y legalización del aborto incide en la clandestinización de dicha práctica.

Palabras Claves: Interrupción Legal del Embarazo – Acceso – Psicología -

Title: Investigation-Action Proyect that involve the participation of the psychology about the legal interruption of the pregnancy like one problema which involves aspects that connect with the public health, education and justice.

The following abstract has the intention to characterize the accessing problem to the interraption in the pregnancy as the identity which involves aspects that connect with the public health, education and justice. The approach of the legal interruption of the pregnancy is a right that should be garantize by the Goverment (State), a health consultation that should be part of the benefits which provide the sexual and reproductive health equiments containing a theory-practice which should integrate schedules in the grade carree of the health proffessionals where it could be found phychologys.

This abstract shows the design of an investigation, actions applied in the health and justice services where combines a diagnostic step, with the form of a proposal and the adoption of a social procedure stragety. The main aim is the contibution to reduce the obstacles in the access to the problema in the legal interruption rights of pregnancy in health services and justice. The hypothesis to develop, starts as of observating such as the professionals stigma who envolves in this aim and the absence of the despenalization and legalization, abortion law influences in the secrecy of the already mentioned practice.

Key Word: Legal Interruption of the Pregnancy – Access – Psychology



Un proyecto de investigación-acción que involucra la participación de la psicología en el abordaje de la interrupción legal del embarazo como un problema de salud pública, educación y justicia.

La interrupción del embarazo es un problema que involucra aspectos vinculados a la salud, la educación y la justicia.

En general, se pueden encontrar escritos que relacionan al problema de la interrupción del embarazo o aborto al ámbito jurídico y del derecho, a lo punible o no punible, a lo permitido o pasible de ser un delito. Este abordaje parte de lo establecido en la normativa que regula actualmente, y desde el año 1921, el tema del aborto en la Argentina, que es precisamente el Código Penal de la Nación.

Pero, así como la problemática del aborto requiere del abordaje de aspectos jurídicos y sociales, en relación al avance de los derechos sexuales y reproductivos, también requiere de aspectos vinculados con la atención de la salud de las mujeres y con la educación o formación de los profesionales sanitarios, pues las ideas y prácticas de los/as profesionales de salud frente al tema, tanto en lo referido a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos como a las prácticas que garantizan el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo o aborto no punible, influyen en la construcción del aborto como un problema de salud pública.

Por lo tanto, en el presente trabajo, la interrupción legal del embarazo es considerada tanto como un derecho y también como una “consulta en salud” que debería ser parte de la oferta integral que los servicios de salud pública ofrertan a la población, y asimismo debería incluirse como un contenido teórico y práctico en los programas de las carreras de grado de los profesionales de salud, siendo la psicología uno de estos.

Interrupción legal del embarazo o aborto no punible: un derecho impostergable

El ejercicio del derecho al aborto legal o no punible supone los derechos humanos de la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación.

Asimismo, en este trabajo se aborda al derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pero con la salvedad de que el aborto no es una cuestión sólo de salud reproductiva o (no) reproductiva, sino que alude indisociablemente a la autonomía de las mujeres a disponer libremente de sus cuerpos, cuestionando las representaciones sociales de las sexualidades en torno a la función reproductiva y al modelo de familia patriarcal tradicional.

El contexto legal normativo establecido en un país determina el acceso a la práctica de interrupción de embarazo por parte de la población y sus consecuencias en la salud de las mujeres y el costo social y económico que deben solventar para acceder a un aborto seguro. Se observa que los indicadores de morbilidad y mortalidad materna son más elevados en los países donde existen contextos de restricciones legales, de penalización del aborto total o parcial. En contraste, en un país donde el aborto es legal y los servicios de salud son adecuados, ninguna mujer que decida abortar tendría que poner en riesgo su salud (Sundström, 1996, en Faúndes, 2011).

En el mundo se estima que el 13 por ciento de las muertes maternas se debe a la realización de abortos inseguros, pero esta cifra aumenta al 17 por ciento en América Latina (Grimes, 2006).

El aborto en la Argentina se realiza de manera masiva, en la clandestinidad y en condiciones inseguras, siendo la principal causa de muerte materna (Rosenberg, 2010). Existe una estimación de 400.000 abortos clandestinos por año en la Argentina, es decir, más de un aborto por cada dos nacimientos (Pantelides, 2009). Estadísticas oficiales indican que más de 50.000 mujeres por año son externadas desde los hospitales públicos por causas en relación a los abortos inseguros, y por dos décadas seguidas las complicaciones relacionadas con el aborto son el tercer motivo de egreso de las causas asociadas al embarazo, parto y puerperio a nivel de todo el país (OSSyR, 2014).

Asimismo, el aborto en la Argentina lidera las causas de mortalidad materna desde 1980 (Ramos et al, 2014). Se estima que 300 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el aborto inseguro, el embarazo, el parto y el puerperio (Ramos, 2013), apareciendo como la primer causa de muerte materna las complicaciones por abortos inseguros. La tasa de mortalidad materna según el Ministerio de Salud de la Nación fue de 35/100.000 nacimientos en el año 2012 (MSAL, 2014) y se estima que será de 40/100.000 nacimientos para el 2015.

Específicamente sobre el número de abortos inducidos no se dispone de datos precisos por tratarse de una práctica clandestina, pero se estima que cada año mueren más de 100 mujeres por abortos inseguros (Zamberlin, 2007), ocurriendo 460.000 abortos voluntarios por año (Pantelides et al 2007).

Según el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencia obstétricas registradas fueron provocadas por abortos inseguros (MSAL, 2008).

A la vez, un importante estudio de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA, 2008) ha señalado que el total de muertes ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008, casi el 2/3 obedeció a muertes a causas directas, que son las muertes que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos originadas en cualquiera de las circunstancias anteriores (SOGIBA, 2008); siendo las frecuencias más altas correspondientes a abortos, preeclampsia y eclampsia, y tromboembolismo, aclarando que son además las causas con más subregistro. El mismo estudio muestra que también es destacable la proporción de defunciones por causas maternas entre las mujeres de 20 a 29 años, siendo en su mayoría muerte de mujeres sanas que podrían evitarse. Asimismo, se ha registrado que las principales afectadas por el tipo de práctica de abortos inseguros son las mujeres de los sectores populares que no tienen acceso a la atención sanitaria y que se someten a abortos clandestinos y realizados sin las condiciones mínimas de seguridad para su vida y su salud (Gil Dominguez, 2006).

De esta manera, en gran parte de América Latina, la región en donde existen más modelos de regulación restrictiva con respecto al aborto, año tras año los abortos clandestinos e inseguros afectan la vida de miles de mujeres, quienes se encuentran sujetadas a legislaciones y barreras sociales, políticas y económicas que obstaculizan el pleno ejercicio y acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, o (no) reproductivos.

De tal modo, se puede establecer una íntima asociación entre abortos inseguros y mortalidad materna, siendo este un grave problema de salud pública para la Argentina, ya que podemos valorar que en cada muerte materna se conjuga el efecto de los determinantes sociales de la salud tales como la pobreza, las inequidades en el acceso a servicios educativos y/o sanitarios, así como también la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por parte de las instituciones de sanitarias.

La reducción de la mortalidad materna es una meta fundamental para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de salud. En el marco de la Cumbre del Milenio, sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio que incorporan el compromiso de los Estados miembros y la comunidad internacional de luchar contra la pobreza e impulsar el desarrollo humano.

La Organización Mundial de la Salud (ONU, 2009) ha estimado que más de 1500 mujeres y niñas mueren cada día como resultado de las complicaciones prevenibles que ocurren antes, durante y después del embarazo y parto; y que a nivel global la mortalidad materna es la principal causa de muerte en mujeres y niñas en edad reproductiva.

El objetivo Nº 5 establecido en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, exhorta a los gobiernos a reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015. El monitoreo de los indicadores del ODM 5 muestra que la accesibilidad a los servicios de salud, la proporción de partos atendidos por personal calificado y la proporción de mujeres en edad fértil que usan algún método anticonceptivo han registrado mejoras significativas (WHO, 2012). Si bien tales factores, junto con el aumento de la escolaridad en las mujeres, han contribuido a la disminución de las muertes maternas, investigaciones más recientes confirman que la reducción de la tasa de embarazos no planificados es, sin lugar a dudas, la medida más efectiva para el descenso de la mortalidad materna, la morbilidad materna grave y las complicaciones potencialmente fatales relacionadas al proceso reproductivo. (Karolinski, et al. 2015).

Así lo asegura un nuevo informe publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública (Karolinski, 2015), que presenta un modelo para abordar integralmente la mortalidad materna y la morbilidad materna grave. El trabajo plantea que la demora en la búsqueda de medidas anticonceptivas para la planificación oportuna del embarazo es un factor de riesgo primordial para la mortalidad materna, concluyendo que es en esta etapa cuando la familia y la comunidad son fundamentales para reconocer los factores y las complicaciones de riesgo, así como para promover la oportuna y adecuada remisión de los casos a los servicios de salud.

Según estimaciones y datos oficiales de los países de América Latina, esa reducción es del orden del 43 o 29% según OMS y OPS respectivamente (Organización Panamericana de la Salud, 2011; World Health International, 2012) pero a pesar de algunos logros obtenidos a través de las medidas implementadas desde la formulación de estos objetivos del Desarrollo del Milenio, persisten grandes brechas para alcanzar la meta acordada.

En Argentina la reducción de la mortalidad materna tuvo un comportamiento general descendente, aunque con oscilaciones, pero a partir del año 2000 comenzó a ascender alcanzando en el 2009 las 5,5 muertes por cada 10.000 nacidos vivos (N.V.); más que en el año 1990, donde la RMM era de 5,2 muertes por cada 10.000 N.V. El año 2013 se observa un nuevo descenso a 3,2 muertes por cada 10.000 N.V.

Asimismo, las causas de muertes maternas también se han mantenido invariables en los últimos 15 años, con las complicaciones derivadas del aborto como principal causa (DEIS, 2007). Cabe destacar que la proporción de muertes maternas por aborto (24%) es más del doble de la estimación de la Organización Mundial de la salud ha efectuado para toda la región (11%) (OPS, 2010).

A los fines del presente trabajo, resulta importante poder esclarecer y diferenciar las expresiones de aborto seguro y aborto inseguro con el fin de comprender las muertes asociadas a dicha problemática sanitaria. La Organización Mundial de la Salud define el aborto inseguro como un procedimiento para poner fin a un embarazo no deseado, sea realizado por personas que carecen de las aptitudes necesarias en un ámbito en que no se cumplen los mínimos criterios médicos, o con la concurrencia de ambas circunstancias (WHO, 1992). Contrariamente, un aborto se considera seguro cuando es llevado a cabo por un profesional médico capacitado con los medios necesarios y en un ámbito de salud adecuado, lo que implica un riesgo extremadamente bajo para la mujer (Faúndes, 2011).

Asimismo, la existencia de una legislación restrictiva promueve que las mujeres interrumpan sus embarazos de manera clandestina y en condiciones inseguras; a esto se suma que en ese contexto legal y social deben enfrentar barreras de todo tipo para acceder a las interrupciones seguras y no punibles del embarazo.

Es interesante considerar que en nuestro país existe una elevada proporción de partos ocurridos en instituciones de salud (99%) y de partos atendidos por profesionales capacitados (98%) (DEIS, 2013), lo que permite deducir que la Argentina tiene el potencial necesario para disminuir considerablemente la tasa de mortalidad materna y las brechas que existen en la materia.

Por esto, el aborto inseguro como problema de salud pública y sus complicaciones como primera causa de muerte materna en la Argentina son sustanciales para pensar en la existencia de barreras en el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo en los servicios de salud. Las inequidades en el acceso a servicios, en la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y en la calidad de la atención sanitaria, impactan de diferente forma sobre las razones de la mortalidad materna y generan un riesgo desproporcionado para las mujeres que viven en jurisdicciones más pobres del país. (MSAL, 2015). Precisamente, la mayoría de las muertes maternas por causa del aborto inseguro afecta a mujeres jóvenes y sanas que viven en contextos sociales de pobreza (Romero, 2013) (Ramos 2013).

En contraste, cuando el aborto es seguro, realizado de manera legal y fácilmente accesible, los índices de morbimortalidad materna rápidamente mejoran, mientras que, la salud de la mujer se deteriora cuando el acceso al aborto es realizado de manera insegura y/o clandestina. (Grimes, 2006).

Es interesante resaltar un estudio realizado en Argentina (Karolinski, 2013) mostró que de 65.033 mujeres analizadas, de las cuales el 50,4% tuvieron embarazos no planificados, las principales causas de mortalidad materna fueron las complicaciones por abortos (24,4%) y la sepsis puerperal (23,5%).

Al considerar al aborto como problema de salud pública es importante rescatar lo explicitado en la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), pues al mismo tiempo que se ratifica la validez de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos, se destaca que el aborto es un problema de salud pública que debe incluir servicios y políticas para su abordaje. En este sentido, diversos autores coinciden en que “el aborto cumple con todos los parámetros de un problema de salud pública por su magnitud, por la carga de la enfermedad, discapacidad y muerte para las mujeres, por el costo que el sector salud debe solventar para la atención de los mismos, y por las consecuencias de la falta de acceso a servicios de promoción de salud sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, información y demás recursos” (Galindo, 2007).

Por lo tanto, el problema del aborto no es sólo un problema legal o de justicia, sino que debido al impacto que tiene sobre la mortalidad y morbilidad materna es, primordialmente, un grave problema de salud pública. Año tras año los abortos clandestinos e inseguros afectan la vida y la salud de las mujeres, quienes viven en contextos de legislaciones restrictivas y con la existencia de barreras que obstaculizan el pleno acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, o (no) reproductivos.

La interrupción legal del embarazo como consulta de salud

Como marco normativo, el presente trabajo se enmarca en los principios de la Ley Nacional Nro. 25673 de Salud Sexual y Salud Reproductiva, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Dicho Programa aborda como uno de sus objetivos prioritarios disminuir la mortalidad materno-infantil, prevenir los embarazos no deseados y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación y prestación de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. Asimismo, insta a los Ministerios de Salud a contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos, vinculados a la salud sexual y reproductiva de la comunidad por medio de sus equipos de salud comunitaria.

En los últimos años, las noticias de situaciones de vulneración del derecho a la interrupción legal del embarazo o aborto no punible han trepado a la agenda pública por la ocurrencia de situaciones de extremo riesgo en donde reiteradamente se observa la existencia de barreras en el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a la práctica de la interrupción legal del embarazo.

En la Argentina, la interrupción del embarazo está regulada por un “modelo de indicaciones o permisos” que legaliza al aborto en circunstancias excepcionales conocidas como “causales” para la no punibilidad. Estas causales están establecidas en el Código Penal de la Nación (1921). Entre los artículos 85, 87 y 88, en general, existe una penalización para el aborto, pero específicamente el artículo 86, en el inciso 2, contempla los supuestos en los que el aborto está permitido.

Las circunstancias que establecen la no punibilidad del aborto en la Argentina son:

“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º - Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º - Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.” (Código Penal de la Nación, 1921).

Por lo tanto, podemos sostener que el aborto en la Argentina está justificado en las siguientes tres causales (REDAAS, 2015):



  • Causal Vida: cuando está en peligro la vida de la persona que solicita la interrupción de embarazo



  • Causal Salud: cuando está en peligro la salud de la persona que solicita la interrupción del embarazo



  • Causal Violación: cuando el embarazo es producto de una violación.

En este sentido, toda mujer, niña, adolescente o persona con capacidad de gestar (MSAL, 2015) tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo cuando: el embarazo presenta un peligro para la vida o salud de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios y cuando el embarazo proviene de una violación.

Una concepción de salud integral que implica considerar el bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones (OMS, 1948), nos otorga un fundamento teórico para considerar que la no interrupción de un embarazo no planificado o no deseado puede tener implicaciones sobre la salud física, mental y social de la mujer. En consecuencia, la continuación forzada de ese embarazo no deseado por no permitir el acceso a la práctica de un aborto seguro y legal puede poner en riesgo o peligro la salud de

la mujer en sentido integral (física, psicológica y social).

La falta de acceso a los servicios de salud en situaciones de embarazo no deseado es una práctica considerada discriminatoria en los términos del artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) que vulnera derechos únicamente de las mujeres, en tanto se trata de procedimientos médicos que solo ellas necesitan y solo ellas viven las consecuencias físicas y emocionales de su privación. De esta forma, en situaciones de embarazo no deseado, se ven expuestas a riesgos en la salud que no experimentan los varones (CELS, 2015).

Tales atribuciones deben ser consideradas por los equipos de salud al momento de definir y evaluar el riesgo al que se expone una mujer que solicita una interrupción del embarazo, ya que no puede reducírselo a los riesgos y/o daños físicos, como suele ocurrir en otras problemáticas a las que se enfrentan los equipos de salud.

Si bien desde el marco legal el aborto está contemplado como una práctica permitida para las causales de afectación a la salud y vida de la mujer y cuando haya sido producto de una violación, todavía ocurren reiteradas situaciones en las cuales se involucra la actuación u omisión de los profesionales que se desempeñan en los servicios de salud y de justicia, y que pueden llegar a vulnerar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes de acceder a una interrupción legal del embarazo. Pero además, esta vulneración afecta especialmente a mujeres pobres y a adolescentes y niñas que no tienen la posibilidad de acceder al sistema de salud privado. Ello configura un supuesto de discriminación múltiple en razón del género, la condición socio-económica y la edad de la mujer (CELS, 2015).

En este sentido, el art. 12.1 de la CEDAW establece la obligación de los Estados parte de adoptar medidas a fin de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica. A su vez, la Recomendación General N° 24 del Comité de CEDAW especificó el contenido y significado de esta obligación: “Las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria” (CELS, 2015).

Desde las instituciones de salud, cuando se aborda el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres si lo pensamos en clave de la relación médico-paciente, o de profesionales de salud-usuarias, pasamos a pensarlo en términos de prestaciones médicas o de consulta de salud, y como ese derecho de la paciente o usuraria tiene la contraparte de ser una obligación o un deber de los/as profesionales de salud, médicos/as, psicólogas/os, trabajadores/as sociales, entre otros/as.

La interrupción legal del embarazo o aborto no punible es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y es una consulta de salud que debería formar parte de las prestaciones médicas y psicológicas que tendrían que ofrecer los servicios de salud. De esta manera, se enmarca en los derechos establecidos para la relación médico-paciente, profesionales de salud-usuarias, según la Ley Nacional N° 26 529 de Derechos del Paciente:

- Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.

-Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente.

-Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles.

-Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria y vinculada a su salud.

-Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente.

-Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos

En consecuencia, una mujer o persona con capacidad de gestar que solicitará la prestación de una interrupción legal del embarazo tendría derecho a recibir información sanitaria y asistencia, respetando su intimidad, confidencialidad y autonomía dentro del marco de un trato digno y respetuoso, por parte de los profesionales de salud, entre los que se encuentra los/as psicólogos/as.



La interrupción legal del embarazo y la formación de los profesionales de salud

Esta preocupación ha sido tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Fallo F.,A,L. SOBRE MEDIDA AUTOSATISFACTIVA. (F.259. XLVI) del 13 de marzo de 2012, en el cual se interpreta la no punibilidad de la interrupción de un embarazo y exhorta a los profesionales de salud a no judicializar los casos.

La importancia de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación radica en dos planos fundamentales: a) Por un lado, desde un punto de vista doctrinario y jurisprudencial el Alto Tribunal introduce una trascendental y categórica interpretación del inciso 2 del Artículo 86 del Código Penal, que por años había mantenido dividida a la justicia argentina, y es que toda mujer tiene derecho de acceder a la práctica del aborto no punible cuando el embarazo es producto de una violación; b) Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene afectación directa en un plano fáctico, toda vez que incide en el accionar concreto de los equipos y profesionales de salud declarando innecesaria e ilícita la judicialización de la práctica en cuestión.

En virtud de tales antecedentes, la Corte ha sido muy específica en cuento a la eliminación de barreras de acceso a la práctica de abortos no punibles. Así fue como el Tribunal recomendó, entre otros aspectos crear protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles, como es el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación (protocolo que existe en desde el 2007 pero ha sido actualizado en 2015) ; asimismo estableció que no se requiera autorización judicial, ni denuncia policial previa en ningún caso pues el único requisito habilitante para el aborto será una declaración jurada; y que se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas.

De esta manera, el Tribunal Superior otorga un lugar relevante al accionar de los equipos y profesionales de salud, para la realización de la interrupción del embarazo. Debe destacarse que uno de los principales obstáculos para que la interrupción legal del embarazo tenga lugar, consiste en la burocratización y judicialización legal de las solicitudes de interrupción de embarazo. Esta burocratización –es decir, el sometimiento a la mujer a transitar canales administrativos y/o judiciales innecesarios y de difícil comprensión- constituye un obstáculo a la vigencia efectiva del derecho de las mujeres en esta situación a interrumpir legalmente el embarazo y, por lo tanto, no sólo implican una barrera en el acceso a su salud física y psíquica, sino que contribuyen a que muchas mujeres resuelvan la interrupción de manera clandestina, por fuera de los centros de salud especializados aumentando el riesgo para la salud y la vida de la mujer.

Con el precedente de dicho fallo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, considerando el pronunciamiento previo de dicho Consejo de manera favorable en relación a la interrupción voluntaria del embarazo por Resoluciones (CS) Nro. 1052/10 y Nro. 5625/12, y la Resolución (CS) Nro. 5930/12 a través de los cuales manifestaba la adhesión a los términos de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Aborto no Punibles” para su aplicación en los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y tomando registro de la relevancia e impacto sanitario que la temática del aborto tiene en nuestro país y de la necesidad de desarrollar adecuadas competencias entre los miembros del equipo interdisciplinario de salud, la UBA ha reiterado, mediante Resolución del Consejo Superior Nº 6635/2013, del 24 de abril del 2013, la necesidad de formar profesionales comprometidos con las problemáticas que afectan al conjunto de la sociedad y prepararlos para intervenir sobre ellas, dotándolos/as de las herramientas teóricas y prácticas indispensables, resultando primordial incorporar en el debate estudiantil, en los planes de estudio y/o instancias alternativas, lo resuelto por el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En dicha Resolución del Consejo Superior de la UBA (6635/2013) se señala la relevancia de todas aquellas medidas que tengan por objeto asegurar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, toda vez que se sustente en un embarazo no deseado producto de relaciones sexuales no consentidas según lo consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía institucional (Artículo 75, inc. 22 Constitución Nacional).

Tales herramientas normativas son claras y contundentes al señalar que, pese a existir un abundante consenso en el plano normativo y en la perspectiva sanitaria, los equipos interdisciplinarios de salud no cuentan con competencias suficientes para actuar en el diagnóstico y en la resolución de este problema de salud pública.

De esta forma, en lo referente a la causal salud, creemos que la formación y capacitación que reciban los/as profesionales de salud, en su carrera de grado, en las residencias y concurrencias, como así también en los estudios de posgrado es relevante, para que construyan un concepto de salud sobre el bienestar de una persona y desarrollen una mirada de salud integral, primordial para ampliar el acceso de las mujeres al derecho a la interrupción legal del embarazo.

Proyecto de investigación en el marco de la Convocatoria UBACyT PDE 2016-2017:La mortalidad materna y los servicios de salud y justicia. Un abordaje interdisciplinario e intersectorial desde la promoción del derecho a la interrupción legal del embarazo”

El fundamento de esta investigación se enmarca, por un lado, en los principios establecidos por la Ley Nacional Nro. 25 673 de Salud Sexual y Procreación Responsable en materia de acceso a derechos sexuales y reproductivos, y por otro lado, por lo dispuesto en las Resoluciones Nro 6635/2013 y 5930/2012 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aries (CS-UBA) que insta a las Unidades Académicas a incorporar en sus planes de estudio y promover en toda la comunidad educativa la discusión y análisis en materia de aborto no punible o interrupción legal del embarazo.

Partiendo de la justificación que otorga el fallo de la CSJN y las resoluciones del CS-UBA, el proyecto está orientado a generar un Programa de Capacitación y Actualización para la promoción del derecho a la interrupción legal del embarazo, dirigido por un lado hacia la comunidad estudiantil de algunas Facultades de la Universidad de Buenos Aires, como es la Facultad de Medicina, Psicología y Derecho, por otro lado a los equipos de profesionales de salud y del poder judicial del Municipio de Avellaneda, acorde a lo solicitado por los organismos adoptantes, la Secretaria de Salud y la Defensoría General, según aprobación de un proyecto de investigación UBACyT PDE (Proyecto de Desarrollo Estratégico) a desarrollarse en el período de 2016-2017.

Este programa de intervención social tiene el propósito de impactar de manera directa sobre los servicios de salud del municipio de Avellaneda, para el desarrollo de un abordaje interdisciplinario e intersectorial del acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo y de manera indirecta sobre el contexto social, dejando capacidad instalada en los equipos de salud y del poder judicial desde una perspectiva de género y de derechos con la potencialidad de generar acciones más equitativas de las mujeres al acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Esta propuesta pretende ser un insumo de conocimientos y tecnologías sociales para la formulación de políticas públicas cada vez más inclusivas de los derechos sexuales y reproductivos.

El presente proyecto se sustenta en el enfoque de la Investigación Acción en el cual se conjuga el estudio diagnóstico con la formulación de propuestas y la adopción de una estrategia de intervención social.

La investigación acción es concebida como una forma de investigación que prioriza la reflexión colectiva emprendida por los investigadores y los sujetos participantes (ej: estudiantes universitarios y miembros de los equipos de salud y del Poder Judicial) en contextos específicos (en instituciones sanitarias y judiciales emplazadas en el Municipio de Avellaneda), con el objeto de mejorar la comprensión de esas prácticas de los sujetos y de las situaciones en que éstas tienen lugar (Kemmis y Mac Taggart, 1987).

Se busca en este caso que, al producir transformaciones y al incorporar nuevos actores sociales responsables de ellas, como son los/as estudiantes y los/as profesionales de salud y de justicia, sea posible generar un proceso de ampliación de ciudadanía en el abordaje del problema de la interrupción del embarazo y la mortalidad materna, y así contribuir a su reducción.

El objetivo general de la investigación-acción es contribuir a reducir las barreras de acceso al derecho y problema de salud de la interrupción legal del embarazo en servicios de salud y justicia.

La intervención se basa en la planificación y ejecución de un Programa de Capacitación y Actualización de la Interrupción Legal del Embarazo de los profesionales de las unidades sanitarias y centros de tutela judicial del Municipio de Avellaneda y para las comunidades de estudiantes de las Unidades Académicas de Medicina, Psicología y Derecho.

Este estudio de investigación-acción, presenta un diseño que abarca diversos dispositivos de tecnología social, en el cual se conjuga una lógica diagnóstica, con una serie de pasos a cumplimentar, que incluye la formulación de una propuesta de intervención y la adopción de un Programa de Capacitación y Actualización tanto en el nivel de grado y en el nivel de práctica profesional (profesionales que integran los equipos interdisciplinarios de salud en los servicios de salud sexual y reproductiva y los equipos interdisciplinarios de la justicia tutelar) para contribuir a transformar la realidad a través de una lógica participativa que permita a los actores involucrados (estudiantes y profesionales de salud y de justicia) pasar de una concepción y abordaje de la interrupción del embarazo como un problema legal, reducido a lo penal, a su consideración y consiguiente abordaje como un problema de salud y social.

Se desarrollarán las siguientes etapas:

ETAPA 1. DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DE LAS BARRERAS DE ACCESO AL DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE)

Esta etapa tiene por objetivo caracterizar los conocimientos y actitudes de los estudiantes y profesionales ante la ILE, como así también identificar y caracterizar las barreras de los servicios de salud ante el acceso de las mujeres al derecho a la ILE.

Se utilizarán encuestas y técnicas de revisión documental (Leyes, Normativas, Fallos y sentencias judiciales, registros sanitarios, programas de estudios), como así también técnicas de diagnóstico participativo.

Se realizará una encuesta entre los estudiantes de las Facultades para evaluar los conocimientos que poseen con respecto a las normativas referentes a la interrupción legal del embarazo, considerando el Fallo F;.A.L y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación.

También se realizará una revisión de los planes de estudio de las carreras de medicina, derecho y psicología para evaluar si la ILE es un contenido incorporado a alguna materia desde la existencia del Fallo F;.A.L y el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.

Se realizará un diagnóstico a través del desarrollo de técnicas participativas destinado a los profesionales de los equipos de salud sexual y reproductiva y los equipos de tutela judicial, para evaluar los conocimientos y actitudes ante la ILE.

2DA. ETAPA: ELABORACION DE UN PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL BASADO EN LA CAPACITACIÓN Y ACTULIZACIÓN PARA ILE

El objetivo del programa es sensibilizar y transferir competencias y herramientas a los equipos de salud y de justicia del Municipio de Avellaneda, como así también a las comunidades de estudiantes sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo.

La etapa del diagnóstico nos brindará información para conocer qué conocimientos y actitudes existen frente al derecho a la ILE.

Se seleccionaran junto a la Secretaria de Salud del Municipio de Avellaneda y la Defensoría General del Dto de Justicia de Lomas de Zamora, diferentes profesionales de las Unidades Sanitarias y de los centros de tutela judicial para participar de la elaboración del Programa.

El Programa de Capacitación y Actualización tendrá como fundamento la perspectiva de género y de derechos, e incluirá los siguientes contenidos (a manera de guía):



  • Situación del aborto en el mundo y en la Argentina

  • Marco legal en la Argentina

  • Causales que habilitan la interrupción legal del embarazo

  • Abordaje desde los equipos de salud: las consejerías

  • Historia Clínica: consentimiento informado y declaración jurada

  • Evaluación y estudios complementarios

  • Procedimientos para realizar la interrupción segura del embarazo

  • Anticoncepción post interrupción del embarazo

3RA. ETAPA DE INTERVENCION SOCIAL: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

En esta etapa se desarrollará la ejecución de la intervención social propiamente dicha. Para esto se conformarán equipos de capacitadores, integrados por miembros del equipo de investigación y estudiantes. Estos equipos se irán construyendo desde el desarrollo de la etapa anterior y serán el puente de conexión entre ambas etapas.

Las intervenciones se realizarán en terreno, como prueba piloto, en una o más unidades sanitarias seleccionadas por la Secretaria de Salud del Municipio de Avellaneda y en uno o más centros de tutela judicial.

Durante esta etapa se desarrollarán diversas técnicas de problematización de contenidos a modo de talleres participativos o jornadas educativas para la transmisión de conocimientos. Un enfoque de participación activa como son los talleres es primordial para alcanzar los objetivos esperados.

4TA. ETAPA: EVALUACION DE LA INTERVENCION Y REDISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION

Esta etapa es sumamente importante para la retroalimentación del proyecto pues incluye: el monitoreo de todas las actividades durante el desarrollo del proyecto y evaluación de los resultados e impacto social del proyecto.

Para esto, se realizará un instrumento de evaluación de cada una de las actividades y otro instrumento para evaluar los resultados y medir el impacto social del proyecto en el área de influencia de la unidad sanitaria.

Se elaborará una guía de observación para ser aplicada en la instancia de la intervención sobre los distintos grupos seleccionados, con el objetivo de medir aspectos cualitativos relacionados con el contexto, el alcance y el impacto de la experiencia.

Asimismo, se realizarán reuniones intersectoriales, durante el desarrollo de todo el proyecto, con referentes de salud, justicia, equipo de investigación y comunidad estudiantil para ir presentando los avances del proyecto e ir monitoreando los cambios y las nuevas necesidades en relación a la temática del acceso a los derechos sexuales y reproductivos y en particular del derecho a la ILE.

Finalmente, se realizará una revisión del diseño del Programa de Intervención Social para replicar en otras unidades sanitarias y centros de tutela judicial.

Se compararán los avances experimentados en relación con la etapa 1 (caracterización del problema) examinando si han existido desvíos positivos en relación al incremento del conocimiento en torno a la necesidad de fortalecer las competencias para actuar eficaz y responsablemente en la atención de la problemática de la interrupción legal del embarazo.

Esta investigación, por su carácter transformador, busca modificar situaciones sociales visualizadas como inequitativas e injustas; por su carácter reflexivo nos obliga a mantener un continuo examen y evaluación sobre lo que se hace, para transformar la teoría en práctica y la práctica en teoría, generando praxis y finalmente por su carácter político nos permite producir transformaciones y al incorporar nuevos actores sociales responsables de ellas, como es la comunidad estudiantil y los profesionales de salud y de justicia, es posible generar un proceso de ejercicio de derechos, donde los/as estudiantes y los/as profesionales junto con las mujeres puedan participar ciudadanamente en el abordaje del problema de la interrupción del embarazo para contribuir a la resolución efectiva de los abortos inseguros y a la eliminación de las barreras de acceso al derecho a la ILE.

Como resultados de este proyecto se espera : a) mejorar la calidad de atención de los servicios de salud sexual y reproductiva en el municipio de Avellaneda, incorporando o reforzando la perspectiva de género y derechos, b) incrementar el número de consultas de mujeres por la interrupción legal del embarazo en el municipio de Avellaneda, constituyéndose este incremento en un indicador de accesibilidad, c) mejorar la calidad de las intervenciones de los equipos de tutela judicial de la zona, incorporando o reforzando la perspectiva de género y derechos, d) e incorporar contenidos sobre el derecho de acceso a la interrupción legal del embarazo cátedras de las facultades de psicología y derecho, desde un enfoque de género y ampliación de derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente, la investigación propone generar una intervención social que aborde por un lado, el nivel de grado en las facultades y por otro el nivel de práctica profesional en el municipio de Avellaneda, constituyéndose en una herramienta de tecnología social primordial para actuar en la transformación de las prácticas de los profesionales orientándolos a la conformación de equipos interdisciplinarios, articulando los sectores de salud, justicia y educación, y generando una red intersectorial para mejorar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo como parte de sus derechos sexuales y reproductivos.



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