Tribunalsupremo sala de lo Penal


Que debemos absolver y abolvemos



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Que debemos absolver y abolvemos por este hecho a Fernando Garro Carballo y de la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Inversiones San Fergo S.A.
3. Que debemos condenar y condenamos al acusado Arturo Romaní Biescas como autor responsable de un delito de apropiación indebida, ya definido y al acusado Rafael Pérez Escolar , como cómplice de este delito , en relación con la operación “Carburos Metálicos ” , sin concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, a las siguientes penas :
- Al acusado Arturo Romaní a la pena de 4 años de prisión menor , más la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena .
- Al acusado Rafael Pérez Escolar , a la pena de cuatro meses de arresto mayor, más la accesoria legal de suspensión de todo cargo público, durante el tiempo de la condena ,
El acusado Arturo Romaní Biescas indemnizará al Banco Español de Crédito en la suma de 1.344 millones de pesetas y subsidiariamente deberá hacerlo Rafael Pérez Escolar .
Que debemos absolver y absolvemos a Mario Conde Conde del delito de apropiación indebida por el que fue acusado, en relación con la denominada operación “Carburos Metálicos”.
Que debemos absolver y absolvemos a Jacobo Hachuel Moreno del delito de apropiación indebida por el que fue acusado, en relación con la denominada operación “Carburos Metálicos ”, por prescripción del delito, y de la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Mariella Real State .

4. Que debemos condenar y condenamos al acusado Fernando Garro Carballo, como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida, ya definido , en relación con la denominada operación “ Locales Comerciales ”, a la pena de seis años de prisión y multa de doce meses a razón de cincuenta mil pesetas diarias, con la accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de profesión relacionada con la administración y dirección de empresas , durante el tiempo de la condena , y a que indemnice al Banco Español de Crédito en la cantidad de 1550 millones de pesetas.


No ha lugar a declarar la responsabilidad civil subsidiaria de Inversiones Archanda, S.A., al no haber sido parte en este juicio .
Se decreta el comiso de las fincas sitas en la ciudad de Ibiza reseñadas en los fundamentos jurídicos de esta resolución .
5. Que debemos absolver y absolvemos a Mario Antonio Conde Conde del delito de apropiación indebida por el que fue acusado, en relación con la denominada operación “ retirada de caja de 300 millones de pesetas ” , por prescripción del delito .
6 . Que debemos absolver y absolvemos a Mario Antonio Conde Conde, Arturo Romaní Biescas , Eugenio Martínez Jiménez , Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges Sitges , de los delitos de apropiación indebida y estafa , por los que fueron acusados, en relación con la denominada operación “ Isolux ”, y a las sociedades EUMAN S.A., VALYSER S.A, y JAMUNA S.A. de la responsabilidad civil subsidiaria .
7. Que debemos absolver y absolvemos a Mario Antonio Conde Conde, Arturo Romaní Biescas , Eugenio Martínez Jiménez , Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges Sitges , de los delitos de apropiación indebida y estafa , por los que fueron acusados, en relación con la denominada operación “ Promociones Hoteleras ” , y a las sociedades EUMAN S.A., VALYSER S.A, ASNI INVESTMENT , y DOÑA ASCENSIÓN S.A, de la responsabilidad civil subsidiaria .
8. Que debemos absolver y absolvemos a Mario Antonio Conde Conde, Arturo Romaní Biescas , Juan Belloso Garrido, Enrique Lasarte y Pérez Arregui, Rafael Pérez Escolar y Ramiro Nuñez Villaveirán y Ovilo , de los delitos de falsedad documental y demás delitos no anteriormente expresados , por los que fueron acusados, en relación con la denominada operación “ artificios contables ” .

No ha lugar a declarar la responsabilidad civil directa de AGF-La Unión y el FENIX S.A..


Los acusados abonarán las costas procesales en la siguiente proporción : Mario Conde 2/28 de las costas causadas . Arturo Romaní 3/28 de las costas causadas ; Rafael Pérez Escolar 3/28 de las costas causadas ; Fernando Garro Carballo 1/28 de las costas causadas ; incluidas las relativas a las acusaciones populares o particulares que formularon acusación por los hechos de los que resultan condenados . Las demás costas causadas se declaran de oficio .
Abónese a los acusados que resultan condenados el tiempo que hubieren estado privados de libertad por esta causa .

3.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, acusaciones públicas, por los procesados y por los Responsables Civiles Subsidiarios, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.


4.- La representación del MINISTERIO FISCAL, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:



Los tres motivos primeros afectan únicamente al acusado Mario Conde Conde.

PRIMERO.- Al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que existe error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador. Se refiere a la retirada de caja de 300.000.000 de pesetas.
SEGUNDO.- Se formula al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por aplicación indebida del artículo 74 del Código Penal. Es subsidiario del anterior y en función del cambio del hecho probado estima que no ha prescrito el delito de disposición de 300.000.000 de pesetas.
TERCERO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por indebida aplicación del art. 113 del Código Penal de 1.973. Tomando la fecha del hecho (Abril 89) hasta la interposición de la querella (Noviembre del 94), la Sala sentenciadora llega a la conclusión de que los mismos han prescrito conforme al art. 113 del Código Penal. El motivo se refiere exclusivamente a Mario Conde.
CUARTO.- Se interpone al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del art. 113 del Código Penal de 1.973. Los hechos se refieren a Jacobo Achuel Moreno. El delito está en relación con Carburos Metálicos.
QUINTO.- Se denuncia infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por existir error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del juzgador.
Afectan a los Acusados Mario Conde, Arturo Romaní, Enrique Lasarte, Juan Belloso y Ramiro Núñez-Villaveiran.
Se refiere a los artificios contables.

SEXTO.- Se formula al amparo del artículo 849.1º de la LECrim., por estimar que se ha inaplicado el art. 290 del Código Penal. Se refiere también a las anteriores.
SEPTIMO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por indebida inaplicación del art. 290 del nuevo Código Penal en relación con los arts. 303 y 302 nº 4 del Código Penal de 1.973. Se refiere también a los mencionados con anterioridad.

RECURSOS DE LAS ACUSACIONES PARTICULARES
- La representación de la Acusación Particular, FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS EN ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por inaplicación del art. 69 bis del CP de 1.973 en relación con los arts. 535,528 y 529.7º de dicho Texto Punitivo. En lo que se refiere al hecho delictivo la Sentencia define en el hecho probado primero como “retirada de caja de 300.000.000 de pesetas”.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por indebida inaplicación del art. 113 párrafo 4º y falta de aplicación del párrafo 3º de ese mismo art., ambos del CP de 1.973 vigente al cometerse el hecho e iniciarse el procedimiento, en relación con el hecho primero “retirada de caja de 300.000.000 de pesetas” y referente al acusado Mario Conde Conde.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim, por aplicación indebida del art. 114.2 del CP de 1.973 vigente al cometerse los hechos e iniciarse el proceso, en relación con el art. 113 párrafo 4º del mismo texto legal en relación con el hecho probado V “carburos metálicos” y referente al acusado Jacobo Achuel Moreno.
CUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en las actuaciones y que demuestran el error del juzgador.
QUINTO.- Por infracción de ley al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECrim., por error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de los particulares de los documentos que se citan en el extracto de este motivo.
SEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que existe error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de los particulares de los documentos obrantes en autos que se señalan y analizan en el desarrollo de este motivo.
SEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por falta de aplicación del art. 303 en relación con el art. 302.4º y art. 69 bis todos ellos del CP de 1.973 vigente al momento de cometerse los hechos.
OCTAVO.- Al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim, por infracción, por su no aplicación a los hechos del art. 392 del CP de 1.995 en relación con los arts. 390.1 primero y 74.1 del citado Texto Punitivo, caso de estimarse más favorable al reo la penalidad resultante de estos preceptos que la que resultaría de estimarse el motivo preferente, que aplica el Código derogado vigente al cometerse el delito.
NOVENO.- Al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim., por infracción por falta de aplicación del art. 290.1 y 2 del CP de 1.995 como subsidiario del anterior.
DECIMO.- Al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim., por infracción por falta de aplicación del artículo 14.1 del CP de 1.973 vigente al cometerse los hechos, en relación con los arts. 303 y 302.4º de ese Código y subsidiariamente y de ser más favorable al reo del art. 28 párrafo 1 en relación con el art. 392 y 290.1 primero o alternativamente el 290 del CP de 1.995.
UNDECIMO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por la infracción por su falta de aplicación del art. 104 en relación con el 19 ambos del CP de 1.973 vigente al cometerse los hechos.
DUODECIMO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por infracción por su falta de aplicación del art. 76 de la Ley 50/1.980 de 8 de Octubre, de contrato de seguro en relación con el 104 del CP de 1.973.
- La representación de los Acusadores Particulares, D. FRANCISCO CARDIN GONZALEZ, Dª MARIA JOSEFA CARDIN GONZALEZ, Dª MARIA COVADONGA MATA CARDIN Y Dª AMALIA CUBILLO DE CARLOS, basan su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
* Accionistas de Banesto.
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por estimar infringido el art. 540 del Código Penal de 1.973 o 284 del CP de 1.995 (maquinaciones para alterar el precio de las cosas).
SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que existe error de hecho en la apreciación de la prueba.
TERCERO.- Al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por estimar que se ha vulnerado el art. 24 de la Constitución por no incluir al Banco Español de Crédito como responsable civil subsidiario y la inclusión en el fallo de los delitos de maquinaciones y estafa.
CUARTO.- Al amparo del art. 850.1º de la LECrim., por quebrantamiento de forma.
QUINTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.3º de la LECrim.


- La representación de D. EDUARDO PEREZ RUBIO, DOÑA CONCEPCION INSA FUSTER Y D. MANUEL RABADAN, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
* Deben ser accionistas del Banco Español de Crédito.
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido el art. 540 del CP de 1.973 o 284 del CP vigente del delito de maquinaciones par alterar el precio de las cosas.
SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por infracción de ley, por estimar que ha existido error en la apreciación de la prueba como se ha examinado en el motivo anterior al amparo del art. 849.1º.
TERCERO.- Al amparo del art. 54 de la Ley orgánica del Poder Judicial por vulneración del art. 24 de la Constitución por no incluir al Banco Español de Crédito como responsable civil subsidiario y la no inclusión de la condena por absolución por los delitos de maquinaciones por alterar el precio de las cosas.
CUARTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1º de la LECrim., por resultar manifiesta contradicción de los hechos probados y la calificación jurídica de la sentencia.

- La representación de DOÑA MARIA VICTORIA DE LA MUELA MIALDEA Y DE D. PATRIK-HENRI MAUNDER DE LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL ACCIONISTA, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:


PRIMERO.- al amparo del art. 5.4 de la LO del Poder Judicial por estimar que la sentencia recurrida infringe por falta de aplicación el art. 24.1 de la Constitución Española, causando una evidente indefensión a esta parte por no considerar responsable civil subsidiario al Banco Español de Crédito.
SEGUNDO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 850.2º de la LECrim., por haber admitido la citación de Banesto como Responsable civil subsidiario para su comparecencia en el acto del juicio oral.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por infracción del art. 540 del anterior Código Penal y del art. 284 del nuevo Código Penal en relación con los arts. 15.bis del anterior Código Penal y 31 del nuevo Código Penal en relación con el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas.
CUARTO.- Al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que existe error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos demostrativos de la equivocación del juzgador y no contradichos por otras pruebas.
QUINTO.- Al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que ha existido error de hecho en la apreciación de la prueba basada en documentos auténticos que demuestran la equivocación del juzgador y no contradichos por otras pruebas.
- La representación del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim, por haber infringido el artículo 69 bis del CP de 1.963 (art. 74 del CP de 1.995) por su no aplicación al no apreciar la continuidad delictiva en la denominada operación de retirada de caja de 300.000.000 millones.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim, por haber infringido la sentencia el art. 113 del CP de 1.963 (y en su caso el art. 114 del CP vigente) al aplicar indebidamente la prescripción a la retirada de caja de 300.000.000 de pesetas.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la LECrim, por haber infringido la sentencia el art. 114 del CP de 1.973 (en relación con el art. 113 del propio texto) referente a la participación de Jacks Hachuel en la operación denominada Carburos que se considera prescrita.
- La representación de LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DEL ACCIONISTA, CREACIONES BERBEGAL Y UNA SERIE DE PERSONAS ENCABEZADAS POR D. SANTIAGO FERNANDEZ GUTIERREZ, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por estimar infringido el art. 540 del CP de 1.973 o 284 del CP vigente en relación con el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., de los hechos declarados probados en la sentencia como hemos examinado en el motivo anterior al amparo del art. 849.1º.
TERCERO.- al ampar0o del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del art. 24.1 de la Constitución por no haber considerado al Banco Español de Crédito como Responsable Civil subsidiario y no haber incluido la absolución o condena por el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas.
CUARTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1º de la LECrim., por no resolver todos los hechos objeto de calificación.
QUINTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.2º de la LECrim., por no hacer expresa mención de lo que ha sido probado o no probado.


RECURSOS DE LAS ACUSACIONES POPULARES
- La representación de la Acusación Popular, ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS, AUSBANC, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por inaplicación del art. 69 bis del CP de 1.973 en relación con los artículos aplicados 535, 528 y 529 circunstancia 7ª del texto legal. Se refiere a la operación denominada “retirada de caja de 300.000.000 de pesetas”.
SEGUNDO.- Y como correlativo del anterior, por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por inaplicación del art. 69 bis en relación con los arts. 535, 528 , 529.7ª, 112 6ª párrafo 3º del art. 113 y 114 del CP e indebida aplicación del párrafo 4º del art. 113 del mencionado texto legal. Se refiere a la retirada de caja de 300.000.000 de pesetas.
Motivos del recurso de casación en relación con la operación Carburos metálicos, por la cual se decreta la prescripción del delito para el acusado Jaboco Achuel Moreno y por ende su absolución con condena para el resto de los copartícipes del ilícito penal.
PRIMERO Y UNICO.- Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por aplicación indebida de los arts. 112.6º, 113.4º y 114.2º del CP de 1.973 en relación con los artículos debidamente aplicados 535, 528 y 529 circunstancia 7ª del enunciado texto legal.
- La representación de la Acusación Popular, LA FEDERACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia en lo que se refiere a la operación denominada retirada de caja de 300.000.000 de pesetas infringe por interpretación errónea el art. 69 bis del texto refundido del Código Penal vigente en el momento de producirse los hechos delictivos (art. 74.1 del vigente CP de 1.995).
SEGUNDO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender, en lo que se refiere a la operación Carburos Metálicos y en lo que respecta a Jacobo Hachuel Moreno, que se ha infringido por indebida aplicación el art. 113 del Código Penal de 1.973 y 131 del Código Penal vigente.
- La representación de la Acusación Popular, LA FEDERACION DE SERVICIOS DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., al haber desconocido en su aplicación la sentencia impugnada el art. 69 bis del CP de 1.963 (art. 74 del CP de 1.995) no apreciando la continuidad delictiva en la denominada operación “retirada de caja de 300.000.000”.
SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por infringir la sentencia impugnada el art. 113 del CP de 1.973 al estimar la prescripción del delito en la operación “retirada de cajas de 300.000.000”.
TERCERO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por infringir la sentencia impugnada el art. 114 del CP de 1º.973 en cuanto estima la prescripción respecto de Jackes Hachuel en la denominada “operación carburos”.
CUARTO.- al amparo del art. 849.1º de LECrim., por infringir la sentencia el art. 14 del CP de 1.973 “art. 28 del Código de 1.995”, al aplicar en su lugar el art. 16 del CP de 1.973 “art. 29 del CP de 1.995) en lo relativo a la participación de Rafael Pérez Escolar en la denominada operación “canguros metálicos”.
QUINTO.- al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por infringir la sentencia de instancia el art. 303 en relación con el 302.4º del CP de 1.973 (art. 290 del CP de 1.995).

RECURSOS DE LOS ACUSADOS Y RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS
- La representación del procesado MARIO CONDE CONDE, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración del derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, previsto en el art. 24.2 CE.
SEGUNDO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías, en razón de la falta de imparcialidad de los peritos designados por el Juez, previsto en el art. 24.2 de la Constitución Española.
TERCERO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, al haberse lesionado el contenido esencial del artículo 24.2 CE por infracción del principio acusatorio (acusación sorpresiva en la Operación Cementeras).
CUARTO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE en el reconocimiento a D. Mario Conde del derecho a un proceso con todas las garantías (informe AEAT sobre GESTIESA).
QUINTO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por estimarse vulnerado el art. 25.1, en relación con el 9.3 CE, como consecuencia de la aplicación retroactiva en perjuicio del reo del art. 250.6ª y 7ª del Código Penal vigente y consiguiente inaplicación del art. 529.7ª, con relación al art. 528 del Código Penal, texto refundido de 1.973 en vigor en el momento de los hechos. (Operación Concha Espina).
SEXTO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Cementeras” (explicación racional de la operación).
SEPTIMO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Cementeras” (falta de participación en la operación y en el destino de los fondos).
OCTAVO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Centro Comercial Concha Espina” (falta de relación con GESTIESA).
NOVENO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Centro Comercial Concha Espina” (falta de participación).
DECIMO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Centro Comercial Concha Espina” (falta de intervención en la disposición de los fondos de la operación).
UNDECIMO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Oil Dor” (falta de participación).
DUODECIMO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Oil Dor” (falta de participación en el destino de los fondos).
DECIMOTERCERO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ, por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 CE, por la lesión del derecho de D. Mario Conde a la presunción de inocencia, en relación con la “Operación Oil Dor” (calificación de la operación como de “alto riesgo”).
DECIMOCUARTO.- Por infracción de ley, a tenor del art. 849.2º LECrim., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que se designan más adelante, en relación con la denominada “Operación Cementeras”.
DECIMOQUINTO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., correlativo del motivo decimocuarto.
DECIMOSEXTO.- Por infracción de ley, a tenor del art. 849.2º LECrim., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que se designan más adelante, en relación con la denominada “Operación Cementeras” (disposición de fondos).
DECIMOSEPTIMO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., como correlativo del motivo decimosexto.
DECIMOCTAVO.- Por infracción de ley, a tenor del art. 849.2º LECrim., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que se designan más adelante, en relación con la denominada “Operación Centro Comercial Concha Espina” (intervención de GESTIESA).
DECIMONOVENO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., como correlativo del motivo decimoctavo.

VIGESIMO.- Por infracción de ley, a tenor del art. 849.2º LECrim., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que se designan más adelante, en relación con la denominada “Operación Dentro Comercial Concha Espina” (composición de la Comisión Ejecutiva de la Corporación Banesto).
VIGESIMOPRIMERO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., como correlativo del motivo vigésimo.
VIGESIMOSEGUNDO.- Por infracción de ley, a tenor del art. 849.2º LECrim., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que se designan más adelante, en relación con la denominada “Operación Centro Comercial Concha Espina” (devolución del préstamo de MONTILSA).
VIGESIMOTERCERO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., como correlativo del motivo vigesimosegundo.
VIGESIMOCUARTO.- Por infracción de ley, a tenor del art. 849.2º LECrim., por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos y que se designan más adelante, en relación con la denominada “Operación Oil Dor” (composición de la Comisión Ejecutiva de la Corporación Banesto).
VIGESIMOQUINTO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., como correlativo del motivo vigesimocuarto.
VIGESIMOSEXTO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, estimándose indebidamente aplicado el artículo 535 del Código Penal, texto refundido de 1.973, con relación a los artículos 529.7ª y 528 del derogado Código Penal (Operación Cementeras).
VIGESIMOSEPTIMO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la aplicación errónea del artículo 535 en relación a los artículos 529.7ª y 528 del Código Penal, y consiguiente inaplicación del artículo 546.bis.a (artículo 298.1 del vigente Código Penal) del Código Penal texto refundido de 1.973 (delito de receptación). (Operación Cementeras).
VIGESIMOCTAVO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, estimándose infringido el art. 24 del Código Penal, texto refundido de 1.973 (art. 2.2 del Código Penal vigente), con relación al art. 295 del Código Penal vigente, indebidamente preferido al aplicar la sentencia el art. 535 del Código Penal texto refundido de 1.973. (Operación Cementeras).
VIGESIMONOVENO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECrim., denunciándose la interpretación errónea por el tribunal “a quo” de los efectos agravatorios de la circunstancia séptima del art. 529, con relación al 528 del Código Penal de 1.973 vigente al momento de los hechos enjuiciados. (Operación Cementeras).
TRIGESIMO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la interpretación errónea del art. 14.1º del CP, con relación a los artículos 528, 529.7º y 535 (art. 28, con relación a los artículos 250 y 252 del vigente CP) y la indebida inaplicación del art. 16 del Código Penal (hoy art. 29). (Operación Cementeras).
TRIGESIMOPRIMERO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la infracción de la regla 4ª del art. 61 del CP, texto refundido de 1.973, erróneamente interpretada por el tribunal “a quo”. (Operación Cementeras).
TRIGESIMOSEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la aplicación indebida del art. 250.6ª y 7ª, con relación al art. 248 del Código Penal vigente. (Operación Concha Espina).
TRIGESIMOTERCERO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la aplicación indebida del art. 250-6ª y 7ª del CP vigente, en perjuicio del art. 546 bis a) (hoy 298: delito de receptación). (Operación Concha Espina).
TRIGESIMOCUARTO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, estimándose infringido el artículo 2.2 del Código Penal vigente (art. 24 del Código Penal, texto refundido de 1.973) al aplicar indebidamente la sentencia recurrida el artíc8ulo 250.6ª y 7ª, con relación al artículo 248 del actual Código Penal, en lugar del artículo 295 del vigente texto punitivo. (Operación Concha Espina).
TRIGESIMOQUINTO.- Al amparo del artículo 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la aplicación indebida del art. 28 del Código Penal vigente, (artículo 14 del Código Penal texto refundido de 1.973) con relación a los arts. 250.6ª y 7ª y 248 (Operación Concha Espina).
TRIGESIMOSEXTO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la interpretación errónea del art. 106 del Código Penal, texto refundido de 1.973 (art. 116.2 del vigente Código Penal). (Operación Concha Espina).
TRIGESIMOSEPTIMO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, estimándose indebidamente aplicado el art. 529.7ª, con relación al art. 528, del Código Penal texto refundido de 1.973. (Operación Oil Dor).
TRIGESIMOCTAVO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, denunciándose la violación del art. 2.2 del vigente Código Penal, (artículo 24 del Código Penal texto refundido de 1.973) con relación al art. 295 del vigente Código Penal inaplicado por la sentencia. (Operación Oil Dor).
TRIGESIMONOVENO.- Al amparo del art. 849.1º LECrim., por infracción de ley, estimándose indebidamente interpretado el artículo 74.1 del Código Penal vigente, con relación a los artículos 529.7ª del texto refundido de 1.973 y 250.6ª y 7ª del Código Penal de 1.995 (Operación Oil Dor).
- La representación del procesado ARTURO ROMANI BIESCAS, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
I OPERACIONES CEMENTERAS
PRIMERO.- Al amparo del art. 851.1º de la LECivil, por existir manifiesta contradicción entre los hechos declarados como probados entre los relatados en los folios 66, 67 y 68 de la Sentencia apartados 2 y 3 del relato de hechos.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba designándose a estos efectos los documentos indubitados que aparecen a los folios 2940 a 2951 de la pieza principal.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim, por haber existido error en la apreciación de la prueba basada en documentos que aparecen a los folios 2944; 2945; 2925 a 2.927 y ss; 1885 a 1895 y 10.820 todos ellos de la pieza principal.
CUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba según se desprende de los documentos obrantes a los folios 29.460 a 29.546 de la pieza principal.
QUINTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., y del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del art. 24.2 de la Constitución y el art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque se ha producido una inquisitio generalis.
SEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., y del art. 5.4 de la LOPJ por infracción del art. 24.2 de la Constitución y el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por haber tenido en cuenta la prueba pericial de los llamados peritos del Banco de España.
SEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., y del art. 5.4 de la LOPJ por infracción del art. 24.2 de la Constitución así como el art. 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por estimar que existe una quiebra del principio acusatorio.
OCTAVO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., y del art. 5.4 de la LOPJ por infracción del art. 24.2 de la Constitución y art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por vulneración del principio de presunción de inocencia.
NOVENO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim, en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por infracción del art. 24.2 de la Constitución y art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por vulneración del principio de presunción de inocencia.

DECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim, en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por infracción del art. 24.2 de la Constitución y art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por estimar que no se ha acreditado que la sociedad LONGANOR SA sea propiedad del recurrente.
UNDECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido por indebida aplicación los arts. 535, 528 y 529.7º del CP de 1.973 y también indebida aplicación del art. 25 de la Constitución y con ello del principio de legalidad. Con carácter alternativo y subsidiario denuncia la indebida aplicación del art. 295 del Código Penal de 1.995 en atención al principio de vigencia de las normas art. 25.1º de la Constitución Española.
DUODECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido los arts. 27 y 28 del Código Penal de 1.995 o en su caso los arts. 12 y 14 del CP de 1.973.

Después de enunciado renuncia al mismo.



II. OPERACIÓN CENTRO COMERCIAL CONCHA ESPINA.
DECIMOTERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por haber existido error en la apreciación de la prueba derivado de los documentos contenidos en los folios 91 y ss de los tomos 41 a 43 de la pieza documentada; del contenido de los folios 2.237 a 2.244 de la pieza documental; del contenido de los certificados aportados por esta parte en el turno de intervenciones establecido al amparo del art. 793.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en concreto el certificado del corredor de comercio Santiago Travesero y Colón de Carvajal; así como del contenido de los folios 30.577 y ss de la pieza documental.
DECIMOCUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba según se deriva de los documentos obrantes a los folios 383 a 409 de la pieza principal; las actas de la comisión ejecutiva de la corporación industrial Banesto contenidas en el Tomo 41 de la pieza documental; las actas de la comisión ejecutiva de corporación industrial Banesto contenidas en el Tomo 42 de la pieza documental; folios 117 a 134 del Tomo 42 de la pieza documental.
DECIMOQUINTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como por infracción del art. 24.2 de la Constitución y art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por infracción del principio de presunción de inocencia.
DECIMOSEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido por indebida aplicación los arts. 248 y 250.6 y 7 del Código Penal de 1.995 y con carácter subsidiario alternativo por indebida aplicación del art. 295 del CP de 1.995.
III OPERACIÓN OIL DOR
DECIMOSEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por haber existido error en la apreciación de la prueba designándose como documentos los folios 383 a 409 de la pieza principal; las actas de la comisión ejecutiva de la corporación industrial Banesto contenidas en el Tomo 41 de la pieza documental; las actas de la comisión ejecutiva de la corporación industral Banesto contenidas en el Tomo 42 de la pieza documental, folios 117 a 134 de dicho Tomo 42.
DECIMOCTAVO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba desginándose como documento el acta de la comisión ejecutiva de fecha 2 de Abril de 1.992 obrante al folio 136 del Tomo 41 de la Pieza documental.
DECIMONOVENO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., y del art. 5.4 de la LOPJ por infracción del art. 24.2 de la Constitución así como el art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por vulneración del principio de presunción de inocencia.
VIGESIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido por aplicación indebida los arts. 528 en relación con el 529.7º del Código Penal de 1.973 y alternativamente por indebida aplicación del art. 295 del CP de 1.995.
IV OPERACIÓN CARBUROS METALICOS.
VIGESIMOPRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del art. 5.4 de la LOPJ., por vulneración del art. 24.1 en relación con el art. 118 ambos de la Constitución, por estimar que se ha vulnerado el derecho subjetivo a la tutela judicial efectiva.
VIGESIMOSEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ., por vulneración del art. 24.2 de la Constitución y del art. 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por estimar que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.
VIGESIMOTERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido los arts. 535, 528 y 529.7º del CP de 1.973 e indebida aplicación del art. 295 del Código Penal de 1.995, así como el art. 25 de la Constitución y con carácter subsidiario por indebida inaplicación el art. 295 del Código Penal de 1.995.
- La representación del procesado FERNANDO GARRO CARBALLO, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

PRIMERO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley según el artículo 24.2 de la Constitución.
SEGUNDO.- al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulenración del derecho fundamental a un proceso público y con todas las garantías.
TERCERO.- Al amparo del art. 4.5 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías en relación con el de obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión.
CUARTO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con prohibición de la indefensión.
QUINTO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías en relación con la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión.
SEXTO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
SEPTIMO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en relación con la seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
OCTAVO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2 de la LECrim., por estimar que existe error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador.
NOVENO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 de la LECrim., por no haberse expresado clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados.
DECIMO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 de la LECrim., por no haberse expresado clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados.
UNDÉCIMO.- Por quebrantamiento de forma al ampaor del art. 851.1 de la LECrim., por no haberse expresado clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados.
DUODECIMO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECrim., por estimar que resulta manifiesta contradicción entre los hechos probados.
DECIMOTERCERO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECrim., por consignar como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico predetemrinan el fallo.
DECIMOCUARTO.- Por quebrantamiento de forma 851.1 por consignar como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico impican la predeterminación del fallo.
DECIMOQUINTO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración de la prohibición de la indefensión.
DECIMOSEXTO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración de la prohibición de la indefensión.
DECIMOCTAVO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho fundamental a un derecho púbico y con todas las garantías.
DECIMOCTAVO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del principio de legalidad.
DECIMONOVENO.- Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por entender infringido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
VIGESIMO.- Por infracción de ley al ampaor del art. 849.1º de la LECrim., por infracción de precepto penal de carácter sustantivo, por indebida aplicación del art. 252 del vigente Código Penal.
VIGESIMOPRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por aplicación indebida del art. 28 del CP en relación con el 252 del vigente Código Penal.
VIGESIMOSEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por indebida aplicación de los arts. 69 bis, 535 y 529.7ª del CP de 1.973, todos ellos interpretados a la luz del art. 25 de la Constitución y 2 del Código Penal vigente.
VIGESIMOTERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por aplicación indebida de los arts. 66.1ª en relación con el art. 74, 252 y 250.6º del vigente Código Penal.
- La representación del procesado RAFAEL PEREZ ESCOLAR, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
I. MOTIVOS REFERENTES AL CENTRO COMERCIAL CONCHA ESPINA.
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., al considerar que la sentencia recurrida ha incurrido en error de derecho por indebida aplicación del art. 248 del Código Penal a los hechos que declara probados bajo el epígrafe Centro Comercial Concha Espina.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo de los arts. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por considerar que ha existido error de hecho en la apreciación de la prueba y violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 840.2º de la LECrim., por considerar que ha existido error de hecho en la apreciación de la prueba y se ha realizado una interpretación arbitraria de la prueba que vulnera los arts. 9.3 (interdicción de la arbitrariedad) y 24.2 (derecho a la presunción de inocencia) de la Constitución.
CUARTO.- Por infracción de ley al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 849.2º de la LECrim., por estimar que ha existido error en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
QUINTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., al apreciar que la conducta del recurrente está presente el dolo, produciéndose así la infracción del art. 248 del Código Penal.
SEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 5.4 de la LOPJ y 849.2º de la LECrim., por considerar que la sentencia ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 de la Constitución.

II. MOTIVOS REFERENTES A OIL DOR
SEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., al considerar que la sentencia recurrida ha incurrido en error de derecho por indebida aplicación del art. 248 del Código Penal.
OCTAVO.- Por infracción de ley al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que la sentencia ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba y que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
NOVENO.- Por infracción de ley al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 849.2º de la LECrim., por considerar que la sentencia recurrida ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba al declarar probado la existencia de perjuicio patrimonial.
DECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por considerar que la sentencia aplicó indebidamente el art. 248 del Código Penal.
UNDÉCIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del art. 849.2º de la LECrim., al considerar que la sentencia recurrida incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba al estimar la presencia de ánimo de lucro injusto.
DUODECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., y del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que ha existido error de hecho en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, con lo que se ha infringido por indebida aplicación los arts. 28 y 248 del Código Penal.

III. MOTIVOS REFERENTES A CARBUROS METALICOS
DECIMOTERCERO.- Por la vía del art. 849.1º de la LECrim., por estimar se ha aplicado indebidamente el art. 535 del Código Penal de 1.973 violando al mismo tiempo la legalidad penal amparada por el art. 25.1º de la Constitución Española.
DECIMOCUARTO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., y 5.4 de la LOPJ., por estimar que se ha aplicado indebidamente el art. 29 del Código Penal definitorio de la complicidad.
DECIMOQUINTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que ha existido error de hecho en la aplicación de la prueba. Esgrime como argumento el informe de la Policía Judicial sobre carburos.
DECIMOSEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por violación de los arts. 109 y 110 del Código Penal que definen la responsabilidad civil derivada del delito.
- La representación de la Responsable Civil Subsidiaria, ENTIDAD MERCANTIL LONGANOR S.A., basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Al amparo del art. 850.2º de la LECrim,. por violación del art. 24.1 de la Constitución por haber sido objeto efectivo de condena, con indefensión total, la mercantil LONGANOR S.A no citada ni emplazada de forma alguna en el proceso, con personalidad por completo distinta de los condenados y declarados responsables en el mismo y cuyo principal bien es decomisado por el fallo de la sentencia.
SEGUNDO.- Al amparo del art. 840.1º de la LECrim., por incongruencia procesal, por ultra petita, con violación del art. 120 y24.1 y 2 de la Constitución ya que como consecuencia del anterior la relación del patrimonio de mi representada y de ella misma con los hechos objeto del procedimiento no han podido ser objeto de debate procesal, por lo que se ha consumado la vulneración denunciada, según la consolida la doctrina constitucional sobre el vicio de incongruencia.
- La representación de la responsable civil subsidiaria, ENTIDAD INVERSIONES CAJATAMBO S.L, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
I. MOTIVOS POR INFRACCION DE LEY.
PRIMERO.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim., por entender que la Sentencia recurrida infringe el art. 127 del Código Penal en cuanto que decomisa una finca propiedad de un tercero a quien no se atribuye por la Sentencia su adquisición con mala fe.
SEGUNDO.- al amparo del art., 849.1 de la LECrim., en su relación con el principio constitucional de la proporcionalidad por entender que la propia sentencia recurrida infringe el art. 127 del CP en cuanto que se condena al comiso de la finca sin estar probado que provenga de las ganancias derivadas del delito.
TERCERO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que no motiva por que mi cliente debe sufrir la pena de comiso.
CUARTO.- Al amparo del art. 849.1º de la Lecrim,. por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que, en su caso, la oscuridad de la fundamentación fáctica de la sentencia la hace irrazonada.
QUINTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851 de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida incurre en una evidente falta de claridad de los hechos probados.
SEXTO.- (Primer motivo por infracción de Normas Constitucionales). Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la resolución recurrida infringe el art. 24 de la Constitución en cuanto que regula el derecho de acceder al proceso penal.
SEPTIMO.- (Motivo segundo por infracción de normas constitucionales). Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 24 en su relación con el art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto que regula el derecho de audiencia o de que nadie puede ser condenado sin ser oído.

- La representación del Responsable Civil Subsidiario, INVERSIONES LUCENSES S.L., basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:


Con carácter previo pone de relieve que Inversiones Lucenses SL no ha sido parte en el proceso a pesar de que se ha acordado el comiso de una finca de su propiedad.
Hace una serie de consideraciones previas relativas al orden de exposición y resolución de los motivos que se proponen, así como de la admisión de los mismos de la imposibilidad para esta parte de utilizar la vía del artículo 849.2 de la LECrim.
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 127 del Código Penal en cuanto decomisa una finca propiedad de un tercero a quien no se le atribuye por la sentencia su adquisición de mala fé.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., en su relación con el principio constitucional de proporcionalidad, por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 127 del CP en cuanto que se condena al comiso de la finca sin estar probado que provenga de las ganancias derivadas del delito.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que en su caso la oscuridad de la fundamentación fáctica de la sentencia la hace irrazonada.
CUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que no motivó por qué mi cliente debe sufrir la pena de comiso.
QUINTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida incurre en una evidente falta de claridad en los hechos probados.
SEXTO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la resolución recurrida infringe el art. 24 de la Constitución en cuanto que regula el derecho de acceder al proceso penal.
SEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 24 de la Constitución en su relación con el artículo 118 de la LEcrim de la en cuanto que regula el derecho de audiencia o de que nadie puede ser condenado sin ser oído.
- La representación de los Responsables Civiles Subsidiarios, CIFUENTES 2000 S.L, DE LAS JARAS DE SAN LUIS S.A, SANTA CRUZ DE BUJEDO S.A, SAN ANTON DEL ESPINO S.A y APROVECHAMIENTOS AGROPECUARIOS LAS JARAS DE SAN LUIS S.L., basan su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:


  • Responsables civiles subsidiarios de Rafael Pérez Escolar.


PRIMERO.- Por infracción de ley, en nombre de Cifuentes 2000 S.L., al amparo de los arts. 849.1 de la LECrim., y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al declarar la sentencia recurrida a dicha sociedad responsable civil subsidiaria de Rafael Pérez Escolar en las operaciones Centro Comercial Concha Espina y Oildor, por lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión con infracción del artículo 24.1 de la Constitución por haberse generado la reclamación de manera extemporánea y de forma sorpresiva por no habérsele notificado el auto de transformación.
SEGUNDO.- Por infracción de ley en nombre de Cifuentes 2000 S.L, Las Jaras de San Luis S.A, Santa Cruz de Bujedo S.A., San Antón del Espino S.A y Aprovechamientos agropecuarios Las Jaras de San Luis S.L., al amparo del art. 5.4 de la LOPJ, por considerar que la sentencia recurrida infringe el art. 24.2 de la Constitución por vulnerar la tutela judicial efectiva al declarar responsables civiles subsidiarias de Rafael Pérez Escolar sin que las acusaciones hayan establecido en su pretensión las circunstancias determinantes de dicha responsabilidad y al condenar a las mencionadas sociedades al pago de unos perjuicios de cuantía que no se ha determinado ni directa ni indirectamente.

TERCERO.- Por infracción de ley en nombre de de Cifuentes 2000 S.L, Las Jaras de San Luis S.A, Santa Cruz de Bujedo S.A., San Antón del Espino S.A y Aprovechamientos agropecuarios Las Jaras de San Luis S.L., al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por considerar que la sentencia recurrida incurre en violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión al establecer en su fallo la condena de las sociedades mencionadas como responsables civiles subsidiarias de Rafael Pérez Escolar por las operaciones denominadas Centro Comercial Concha Espina y Oildor.
CUARTO.- Por infracción de ley en nombre de de Cifuentes 2000 S.L, Las Jaras de San Luis S.A, Santa Cruz de Bujedo S.A., San Antón del Espino S.A y Aprovechamientos agropecuarios Las Jaras de San Luis S.L., al amparo del art. 849.1 de la LECrim., por indebida aplicación del art. 109 del CP al declarar la sentencia recurrida por responsabilidad civil subsidiaria de las mencionadas condenándolos a indemnizar al Banco Español de crédito SA siendo así que ésta entidad bancaria no concurre en la condición de perjudicada.
QUINTO.- Por infracción de ley al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 849.1 de la LECrim., en nombre de de Cifuentes 2000 S.L, Las Jaras de San Luis S.A, Santa Cruz de Bujedo S.A., San Antón del Espino S.A y Aprovechamientos agropecuarios Las Jaras de San Luis S.L., al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por haberse vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al no haberse instado la acción civil con ninguna acusación ni haberse opuesto en tal concepto de responsables civiles la declaración de cualquier administrador o representante suyo, y al haber sido traídas sorpresivamente al proceso por auto de aclaración dictado por el Juzgado de Instrucción central nº 3 de fecha 4 de Junio de 1.996 que modificó esencialmente el auto de apertura del juicio oral con infracción del principio de inmodificabilidad de las sentencias y autos definitivos que establece el art. 267 de la LOPJ.

SEXTO.- Por infracción de ley en nombre de de Cifuentes 2000 S.L, Las Jaras de San Luis S.A, Santa Cruz de Bujedo S.A., San Antón del Espino S.A y Aprovechamientos agropecuarios Las Jaras de San Luis S.L., al amparo del art. 849.2 de la LECrim., al considerar que la sentencia recurrida ha incurrido en error en la realización de la prueba con respecto a las operaciones del Centro Comercial Concha Espina y Oildor, al condenar a las mencionadas como responsables civiles subsidiarias sobre la base fáctica de que pertenecen a Rafael Pérez Escolar, con lo que está en abierta contradicción con documentos literosuficientes obrantes en autos.
- La representación de las entidades Responsables Civiles Subsidiarias, DATA TRANSMISSIONS SYSTEM, y MONTILSA, basan su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- Se renuncia a su formulación.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que ha existido error de hecho en la apreciación de la prueba.
TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba.
CUARTO y QUINTO.- Se renuncia a su formulación.
SEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba.
SEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido los arts. 535, 528 y 529.7º del CP de 1.973, del art. 295 del CP de 1.995 así como del art. 25 de la Constitución Española en lo referente al principio de legalidad penal y de vigencia de las normas.
OCTAVO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., al haber existido error en la apreciación de la prueba.
NOVENO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., en relación al art. 5.4 de la LOPJ., y en base a la infracción del art. 24.2 de la Constitución.
DECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido los arts. 248 y 250 6º y 7º del Código Penal de 1.995 y con carácter alternativo y subsidiario por indebida inaplicación del art. 295 del Código Penal de 1.995.
UNDECIMO.- Se renuncia a su formulación.
DUODECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido el art. 528 en relación con el 529.7º del CP de 1.973 y con carácter subsidiario por indebida inaplicación del art. 295 del CP de 1.995.

5.- Instruidas las partes de los recursos interpuestos la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de vista cuando por turno correspondiera.



6.- Hecho el señalamiento de la vista prevenida, se celebró la misma desde el día 6 de Mayo de 2002, hasta el siguiente día 16 de Mayo de 2002, asistiendo los Letrados de las partes recurrentes y recurridas.




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