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III. FALLO FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION



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III. FALLO
FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION por quebrantamiento de forma, infracción de ley y de preceptos constitucionales, interpuestos por las representaciones procesales de los acusados, Mario Conde Conde, Arturo Romaní Biescas, Fernando Garro Carballo y Rafael Pérez Escolar, así como de las Sociedades declaradas Responsables Civiles Subsidiarias Data Transmissions System S.A, Montilsa, Cifuentes 2000 S.L., Las jaras de San Luis S.A., Santa Cruz de Bujedo S.A., San Antón del Espino S.A., y Aprovechamientos Agropecuarios Las Jaras de San Luis S.L., y de las sociedades Longanor S.A, Inversiones Lucenses S.L e Inversiones Cajatambo S.L, y también de los recursos formalizados en representación de las acusaciones particulares encarnadas en Francisco Cardín González, María Josefa Cardín González, María Covadonga Mata Cartín, Amalia Cubillo de Carlos, Eduardo Pérez Rubio, Concepción Insa Fuster y Manuel Rabadán, María Victoria de la Muela Mialdea, Patrick Henrry Maunder, y Asociación para la Defensa del Accionista, Creaciones Berbegal S.A y una serie de accionistas, contra la sentencia dictada el día 31 de Marzo de 2000 por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, seguida contra los mismos y otros, por varios hechos delictivos. Condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENTE A LOS RECURSOS DE CASACION interpuestos por el Ministerio Fiscal y por las representaciones procesales de las Acusaciones Populares encarnadas por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras, La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, y por las Acusaciones Particulares encarnadas por el Fondo de Garantías de Depósitos en establecimientos Bancarios, y el Banco Español de Crédito S.A, casando y anulando parcialmente la sentencia dictada el día 31 de Marzo de 2000 por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Declaramos de oficio las costas correspondientes a estos recurrentes.
Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.
Así por nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

SEGUNDA SENTENCIA Nº: /2002

RECURSO DE CASACIÓN 2038/2000
Ponente Excmo. Sr. D. : José Antonio Martín Pallín
Fallo: 06/05/2002
Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal
SEGUNDA SENTENCIA Nº: /2002


Excmos. Sres.:
D. Luis-Román Puerta Luis

D. José Antonio Martín Pallín

D. Juan Saavedra Ruiz

D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

D. Diego Ramos Gancedo

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En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente


SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 29 de Julio de 2002.



En la causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción número 3, sumario número 234/94, contra los procesados MARIO CONDE CONDE, ARTURO ROMANI BIESCAS, FERNANDO GARRO GARBALLO, RAFAEL PEREZ ESCOLAR y todos ellos en situación de libertad provisional, y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional, en la cual se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 31 de Marzo de 2000, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, que hace constar lo siguiente:



I. ANTECEDENTES
1.- Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia recurrida en su integridad, con la salvedad de que en virtud del análisis del juicio de valor, respecto de los denominados Artificios Contables que se contienen en la página 133 de la Sentencia, se establece como nueva conclusión que los acusados Mario Conde Conde y Enrique Lasarte y Pérez Arregui son los autores de parte de los Artificios Contables, que aparecen consignados en el apartado IX de la sentencia.


II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La primera cuestión abordada en el amplio recurso de casación que hemos venido examinando, es la relativa a la existencia de un delito continuado de apropiación indebida en la operación que bajo el apartado I se denomina de “Retirada de Caja de 300.000.000 millones”. Como ha quedado expuesto la Sala sentenciadora estimó que los hechos eran constitutivos de un delito de apropiación indebida que debía ser penado de conformidad con lo establecido en el artículo 535 y concordantes del Código Penal de 1.973, estimando que la conducta es típica y que además concurre la agravante específica del número 7 del artículo 529 como muy cualificada, en atención a la especial gravedad y entidad del valor de lo distraido, si bien al mismo tiempo estima, que nos encontramos ante un único delito y no ante un delito continuado, por lo que procede la prescripción y la consiguiente extinción de la responsabilidad penal derivada del delito, lo que impide hacer pronunciamiento alguno de condena al pago de la responsabilidad civil contraida.
Como se desprende de la estimación de los motivos interpuestos por el Ministerio Fiscal, las acusaciones Populares, y alguna Acusación Particular, a la vista del hecho probado hemos estimado que nos encontramos ante un delito continuado de apropiación indebida, por lo que su prescripción no se ha producido y debe imponerse la condena de conformidad con lo establecido en los preceptos citados del Código de 1.973 y además del art. 69 bis del mismo Texto Legal que regulaba el delito continuado.
Remitiéndonos a los razonamientos jurídicos ya expuestos y que damos por reproducidos, nos corresponde realizar en este momento la individualización de la pena que se debe imponer al acusado Mario Conde Conde y para ello se deben tener en cuenta los elementos fácticos que se desprenden del relato de hechos probados. A pesar de que se trató de demostrar que la retirada de caja obedecía a retribuir el pago de unos servicios que D. Adolfo Suarez, expresidente del Gobierno, había prestado ante el Banco de España, lo cierto es que en el punto 3 que cierra el relato de hechos se afirma tajantemente que no ha quedado acreditado que la disposición por Mario Conde de 300.000.000 se hiciera con la finalidad de favorecer al banco, como retribución por la mediación de D. Adolfo Suárez ante el Gobernador del Banco de España, para que éste autorizara la disfusión de las entidades bancarias Banco Español de Crédito y Banco Central, y se diera el visto bueno a las cuentas correspondientes al ejercicio de 1.998.
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un delito de apropiación indebida del art. 535 del Código Penal de 1.973 en relación con el art. 529.7ª del mismo texto legal que estimamos como muy cualificada en atención a la cuantía de la cantidad apropiada, la pena básica de la que se debe partir según el párrafo segundo del art. 528 es la de Prisión Menor que se puede recorrer en toda su extensión, es decir, hasta 6 años de prisión. Ahora bien, como el art. 69 bis (delito continuado), permite la imposición de la pena aumentándola hasta el grado medio de la pena superior, y en atención a las circunstancias personales del acusado que se prevale de su condición de Presidente del Banco Español de Crédito S.A y que dispone de una cantidad importante, consideramos que debemos hacer uso de esta opción imponiendo la pena de prisión mayor, en su grado mínimo de 6 años y 1 día.
Se establece además, como consecuencia obligada de lo anteriormente declarado, la indemnización, a favor del Banco Español de Crédito de 300.000.000 de pesetas.
SEGUNDO.- También se ha presentado recurso en relación con la prescripción aplicada a la intervención que se considera delictiva del acusado Jacobo Hachuel Moreno en relación con el apartado V denominada Carburos Metálicos. Los hechos que en dicho apartado se mencionan, han sido calificados como constitutivos de un delito de apropiación indebida tipificado en el artículo 535, en relación con los artículos 528 y 529.7ª del Código Penal de 1.973, vigente en el momento de la comisión de los hechos, circunstancia esta última que debe ser apreciada como muy cualificada atendido el contenido económico de la apropiación.
Respecto de Jacobo Hachuel Moreno, declara que la responsabilidad penal contraida por el mismo se ha extinguido por el instituto de la prescripción conforme a lo establecido en el art. 113 del Código Penal vigente al tiempo de la comisión del delito.
Estimando por los razonamientos ya expuestos y que damos por reproducidos, la inexistencia de la prescripción, consideramos que Jacobo Hachuel Moreno por su participación e intervención decisiva en todo el entramado de operaciones, conocidas como Carburos Metálicos, debe ser castigado con la misma pena señalada para el acusado Arturo Romaní, es decir, cuatro años de prisión menor, más la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. Como consecuencia de lo anterior, el acusado junto con los otros dos implicados indemnizará conjunta y solidariamente, al Banco Español de Crédito en la suma de 1.344 millones de pesetas.
TERCERO.- En relación con la misma operación de Carburos Metálicos y por lo que se refiere a la participación del acusado Rafael Pérez Escolar, ya hemos dicho al contestar al motivo cuarto formalizado por la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, que su intervención en los hechos tiene la relevancia suficiente como para transformar su condición de cómplice en la de coautor, por lo que la pena que le debe corresponder, remitiéndonos a las consideraciones expuestas con anterioridad, debe ser la misma que la que inicialmente se impuso a Arturo Romaní y posteriormente en virtud del recurso, a Jacobo Hachuel Moreno.
En consecuencia se debe condenar al acusado Rafael Pérez Escolar como autor de un delito de apropiación indebida calificado conforme a los preceptos anteriormente mencionados, a la pena de cuatro años de prisión menor, y que así mismo indemnice conjunta y solidariamente con los otros dos acusados al Banco Español de Crédito 1.344.000.000 de pesetas.
CUARTO.- En virtud de todo lo expuesto en los apartados correspondientes a las contestaciones dadas a los motivos, que afectaban al relato de hechos IX, amparado bajo la rúbrica Artificios Contables, debemos señalar que no solamente de su contenido se desprende la autoría y participación de los acusados Mario Conde Conde y Enrique Lasarte y Pérez Arregui, sino también que todas las manipulaciones contables deben ser consideradas como un delito de falsedad en documento mercantil contenido en el artículo 303 en relación con el artículo 302.4ºy 6º del Código Penal de 1.973, por considerar, en atención a las razones que abundantemente se han expuesto en los apartados correspondientes, a los que nos remitimos, que es la opción penológica más favorable para los acusados.
En consecuencia y en atención a la gravedad que implican las falsificaciones cometidas y a la condición de Presidente y Consejero Delegado que ostentaban los acusados en la entidad bancaria, estimamos que se debe imponer la pena de prisión menor en el máximo de su grado medio, es decir, cuatro años de prisión menor y multa de un millón de pesetas.
En atención a todo lo expuesto,

III. FALLO

FALLAMOS: QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS:
1) A Mario Conde Conde como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida ya calificado, a la pena de seis años y un día de prisión mayor, con la accesoria de suspensión de todo cargo público, profesión u oficio y al derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. (Retirada de Caja de 300 millones).
Como autor de un delito de falsedad en documento mercantil ya calificado, a la pena de cuatro años de prisión menor y un millón de pesetas de multa, con las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión u oficio y al derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. (Artificios Contables).
Asimismo deberá indemnizar al Banco Español de Crédito en 300.000.000 de pesetas y hacer frente a la parte proporcional de las costas correspondientes a estos delitos y que se determinen en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta los criterios anteriormente utilizados por el Tribunal de Instancia con las alteraciones que se derivan de este fallo.
2) A Jacobo Hachuel Moreno, como autor responsable de un delito de apropiación indebida, ya calificado, a la pena de cuatro años de prisión menor más la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. (Carburos Metálicos).
Asimismo deberá indemnizar conjunta y solidariamente al Banco Español de Crédito en la suma de 1.344 millones de pesetas y hacer frente a la parte proporcional de las costas correspondientes a este delito que se determinen en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta los criterios anteriormente utilizados por el Tribunal de Instancia con las alteraciones que se derivan de este fallo.

3) A Rafael Pérez Escolar, como autor responsable de un delito de apropiación indebida, ya definido, a la pena de cuatro años de prisión menor, más la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. (Carburos Metálicos).
Asimismo deberá indemnizar conjunta y solidariamente al Banco Español de Crédito en la suma de 1.344 millones de pesetas y hacer frente a la parte proporcional de las costas correspondientes a este delito que se determinen en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta los criterios anteriormente utilizados por el Tribunal de Instancia con las alteraciones que se derivan de este fallo.
4) A Enrique Lasarte y Pérez Arregui como autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, ya definido, a la pena de cuatro años de prisión menor con las correspondientes accesorias de suspensión de cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000.000 de pesetas, con arresto sustitutorio de un mes, y con imposición de las costas en la parte proporcional correspondiente a este delito, que se determinará en ejecución de sentencia.
Se mantienen en su totalidad el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, en todo aquello que no se opongan a la presente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo.Sr. D. José Antonio Martín Pallín, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.







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