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RECURSO DE LA ENTIDAD MERCANTIL LONGANOR S.A. Tomo III, folios 1.337 a 1.354



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RECURSO DE LA ENTIDAD MERCANTIL LONGANOR S.A. Tomo III, folios 1.337 a 1.354.




  • Responsable Civil se acuerda el comiso de una finca de su titularidad.


PRIMERO.- Al amparo del art. 850.2º de la Lecrim., por violación del art. 24.1 de la Constitución por haber sido objeto efectivo de condena por indefensión total sin haber sido citada ni emplazada de forma alguna en el proceso.
1.- Sostiene que la entidad recurrente tiene personalidad distinta de los condenados y declarados responsables en el proceso y su principal bien es el decomisado en el fallo de la sentencia. Señala que no ha tenido parte alguna en el procedimiento, no habiendo sido emplazada de forma directa ni indirecta, no ha participado en la discusión procesal y no ha tenido oportunidad alguna de ejercitar sus derechos de contradicción, prueba y defensa, con infracción patente y manifiesta del art. 24.1 de la Constitución, produciéndosele una completa indefensión material y formal.
Advierte que no puede alegarse ninguna negligencia por parte de la entidad recurrente, pues aunque tuviera un genérico conocimiento de la existencia del proceso penal en curso, como los demás ciudadanos, desconocía por completo que existiera esta pretensión y que pudiera dictarse tal fallo. La indefensión es total y la sentencia, en la parte que declara el comiso de la finca propiedad de la entidad recurrente, debe sin duda ser casada y anulada.
2.- Ya hemos aludido, en el apartado previo a las cuestiones relacionadas con el comiso, que la institución presenta unas características que la diferencian radicalmente de la responsabilidad civil. Lo verdaderamente sustancial en este caso no es el quebrantamiento de forma del art. 850.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal derivado de la omisión de la citación del procesado, del responsable civil subsidiario, de la parte acusadora o del actor civil para su comparecencia en el acto del juicio oral, ya que lo verdaderamente sustancial que se aborda en este proceso, es la posible indefensión que pudiera derivarse de su falta de personación y actuación a lo largo de la fase de investigación y en el momento del juicio oral.
Es evidente que la entidad recurrente cuyos bienes se decomisan, no podía ser considerada ni como responsable civil ni como partícipe a título lucrativo, ya que ninguna de las acusaciones le adjudicó esta condición.
La sentencia recurrida ha considerado que las fincas de las que dice es titular la Sociedad Longanor S.A., eran el producto directo de una acción ilícita cometida por uno de los acusados que había utilizado los beneficios ilícitamente adquiridos, a través de un delito de apropiación indebida, para adquirir los bienes que posteriormente son decomisados.
Nos encontramos, por tanto, ante ganancias provenientes directamente del delito y que se tratan de encubrir o disimular bajo la apariencia formal de una sociedad que no es más que una pantalla o cobertura, utilizada para tratar de eludir las consecuencias derivadas de su procedencia ilícita.
La sentencia declara probado, con arreglo a la abundante prueba practicada, que la Sociedad Longanor S.A pertenecía a Arturo Romaní, que la dominaba y la manejaba a través de su secretaria Elena García Maquedano que figuraba como Administradora única, teniendo el domicilio social en la C/ Conde de Aranda nº 14, donde tenía su oficina el acusado Romaní.
3.- La sentencia, ajustándose a la realidad probatoria y levantando el velo puramente formal que pretendía enmascarar la verdadera situación, utilizando como pantalla a la Sociedad Longanor, declara que el acusado adquirió, con dinero procedente del delito de apropiación indebida cometido con ocasión de la Operación Cementeras, un complejo de fincas en unión de otro de los acusados. El órgano juzgador no alberga la más mínima duda sobre el hecho de que se adquirieron a sabiendas de la ilícita procedencia del dinero pagado, se agruparon y posteriormente se dividieron, adjudicándose a Longanor la finca rústica, Hacienda de los Melonares Altos con 1.247 Has, a la que se asignó un valor de 301.380.365 pesetas.
Con ello queda acreditado que la intervención de Longanor, se realiza con posterioridad a la materialización de los hechos que constituyen la base del comiso, ya que tanto en su redacción del Código de 1.973 (art. 48), se trataba incuestionablemente de efectos que provenían de un hecho delictivo y según la concepción del comiso con arreglo al nuevo Código Penal constituye una consecuencia accesoria, y que lleva aparejada la pérdida de los efectos procedentes del delito así como las ganancias delictivas, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. La única excepción para el comiso surge de la existencia de un tercero de buena fe no responsable del delito, que haya adquirido legalmente los bienes. En el caso presente está acreditado que este tercero de buena fe no existe, ya que la identidad entre el acusado Romaní y Longanor es plena e indiscutible.
4.- En atención a todo lo expuesto resulta claro que la entidad Longanor no tenía por qué haber sido llamada al proceso, ya que el acusado Arturo Romaní era el único y verdadero titular de la misma y desde el momento en que se formuló acusación y se solicitó el comiso, tuvo oportunidad no solamente de defender su postura respecto del hecho delictivo, sino de demostrar de forma convincente y sin lugar a dudas que Longanor S.A era un tercero de buena fe, cuestión imposible ya que Longanor era el propio Arturo Romaní. El artículo 996 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya citado, deja abierta la posibilidad de una tercería de dominio o mejor derecho, pero conviene recordar que los elementos probatorios serían los mismos que se han utilizado en el presente proceso.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por incongruencia procesal, por ultrapetita, con violación del art. 120 y 24.1 y 2 de la Constitución Española, ya que, como consecuencia de lo anterior, la relación del patrimonio de la entidad recurrente y de ella misma con los hechos objeto del procedimiento, no han podido ser objeto de debate procesal.
1.- Cita la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su opinión, exige según el art. 120 de la Constitución, que todo fallo sea congruente con el debate procesal.
Pone de relieve que del examen de las actuaciones se desprende que, la petición de comiso de la finca propiedad de la entidad recurrente, no fue formulada más que al fin del juicio, en las conclusiones del Ministerio Fiscal, por lo que no fue objeto de debate en el curso del procedimiento ni la cuestión de comiso pudo ser objeto de contradicción procesal alguna, ni de prueba.
2.- Reiteramos todo lo alegado en el motivo anterior respecto del debate suscitado a lo largo del juicio oral, en relación con la verdadera titularidad y dominio de la empresa Longanor, y nos remitimos también a lo contestado al recurso de Arturo Romaní, al plantear idénticas cuestiones, añadiendo que todas las vicisitudes registrales y negociales de dicha entidad así como la ampliación del capital de Inversiones Rondonópolis S.L, por un total desembolsado de 171.000.000 de pesetas, refuerza la tesis de que la sociedad era propiedad de Arturo Romaní, que en 1.994 transmite formalmente su participación a sus hijos.
En relación con el punto concreto que plantea este motivo, debemos señalar que el fallo responde a una petición de comiso realizada por el Ministerio Fiscal y otras acusaciones entre las que figura el Fondo de Garantía de Depósito y que el pronunciamiento condenatorio es una consecuencia lógica de las afirmaciones fácticas, inamovibles, que se contienen en la causa y que conectan, de una manera incuestionable, la adquisición de las fincas decomisadas con el dinero procedente de los hechos delictivos por los que son condenados. Este punto concreto del origen de los fondos que constituyen el precio de la adquisición, fue uno de los temas principalmente debatidos en el juicio y la persona que ostentaba la administración formal de Longanor declaró ampliamente sobre estos extremos, respondiendo a las preguntas de las acusaciones y de la defensa.
3.- La conexión, por tanto, entre la condena y el comiso aparece sólidamente justificada no sólo en función de los hechos sino también como consecuencia lógica del debate procesal y de las pruebas practicadas. El hecho de que la sentencia recurrida haya impuesto esta consecuencia de la pena, no ha impedido la admisión de los correspondientes recursos y deja abierta la posibilidad de una reclamación de tercería por la vía civil correspondiente, con la participación del Ministerio Fiscal y las partes afectadas.
También conviene señalar que el condenado Arturo Romaní conocía todas las circunstancias relativas a la conexión de los bienes con el dinero ilícitamente adquirido y tuvo la posibilidad, como realizó con éxito en el caso de las Operaciones Telson y Veblinsa, de suscitar este punto en el trámite de cuestiones previas. Asimismo declaró ampliamente sobre los hechos que estamos examinando.
Como es doctrina arraigada, que se recuerda en el auto de la Sala sentenciadora de 9 de Marzo de 1.998 y que se mantiene inamovible a lo largo de numerosas resoluciones la jurisdicción penal, se puede entrar en el análisis de las relaciones civiles subyacentes en el proceso y declarar su nulidad o poner de relieve la simulación y apariencia de las relaciones jurídicas que pretenden presentarse como reales e impeditivas de determinadas resoluciones.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

C) RECURSO DE INVERSIONES LUCENSES S.L. Tomo III. Folios 1.066 a 1.101. Se ordena el comiso de una finca y alega que no ha sido parte en el proceso.

PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 127 del Código penal en cuanto que decomisa una finca propiedad de un tercero, a quien no se atribuye por la sentencia su adquisición con mala fe.
1.- Si bien admite que Inversiones Lucenses fue constituida fundamentalmente por Fernando Garro y que las otras tres personas que accedieron a figurar como accionistas, seguían instrucciones del mismo, acerca de la administración y funcionamiento de la sociedad, lo cierto es que de lo anterior no se deduce que la titular de la finca, que sufre las consecuencias del comiso, la ha adquirido con las ganancias provenientes del delito. Mantiene que, en ningún momento, se declara expresamente que la parte recurrente, haya procedido a la compra de la finca, a sabiendas de que utilizaba ganancias provenientes de un delito.
2.- El hecho probado, desmiente tajantemente las pretensiones de la entidad recurrente. Se afirma, en relación con las ilícitas actividades que se describen en el apartado relativo a los locales comerciales, que se generó una bolsa de dinero, parte de la cual fue dispuesta por Fernando Garro en la forma que a continuación se describe. Haciendo un minucioso seguimiento de los cheques utilizados para disponer del dinero, se afirma que en algunos de estos cheques fueron entregados como parte del precio de las dos fincas de la Urbanización Parque De’s Cubells, una de las cuales se vende el 23 de Marzo de 1.993 a Inversiones Lucenses, representada por Jose Luis García Trabanco, siguiendo también instrucciones de Fernando Garro. Por si quedaba alguna duda sobre la apariencia formal de la sociedad recurrente, el siguiente párrafo declara que las personas que la constituyeron accedieron a figurar como accionistas de la sociedad a petición de Fernando Garro para quien habían trabajado en el Banco Español de Crédito. De manera definitiva, la sentencia declara que “no obstante, las instrucciones acerca de la administración y funcionamiento de la sociedad eran dadas por el acusado”, y más adelante se dice que a pesar de la participación en su capital, de una sociedad extranjera, siempre continuó bajo el dominio del acusado Fernando Garro.
3.- Es cierto que en la sentencia no se contiene una declaración o manifestación expresa sobre la existencia de la mala fe de la adquisición, pero creemos que se trata de un juicio de valor que no solamente puede ser suplido en esta instancia, sino que se desprende de una manera clara y abrumadora del contenido del relato de hechos al que acabamos de hacer referencia. El titular efectivo y real de la sociedad no solamente conocía todas las actividades ilícitas que generaron el dinero, sino que además, tomó la decisión, porque a él sólo correspondía por su dominio total de la actividad social, de destinar el dinero al pago parcial de la finca, por lo que su comiso está perfectamente ajustado a la ley, según ya hemos expuesto en apartados anteriores.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1º de la Lecrim, en su relación con el principio constitucional de proporcionalidad por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 127 del Código Penal, en cuanto que se condena al comiso de la finca sin estar probado que provenga de las ganancias derivadas del delito.
1.- Sostiene que de acuerdo con el hecho probado, Inversiones Lucenses S.L, no es tercero adquirente de mala fe de la finca decomisada y no se dice que la finca sea el producto de las ganancias provenientes del delito. Admite que la sentencia declara probado, que Fernando Garro entregó al administrador de la sociedad Parque De’s Cubells, dos cheques librados contra una cuenta del Banco del Progreso para el pago de unas obras y proyectos, que se habían realizado en las fincas mencionadas en De’s Cubells en Ibiza. En su opinión, resulta extraño que un dinero entregado en 1.990 a dicha sociedad, pueda imputarse al precio por el cual se compra una finca en el año 1.993.
2.- En todo lo relativo al origen del dinero y a la mala fe en la adquisición nos remitimos, con objeto de evitar repeticiones innecesarias a lo expuesto en el motivo anterior.
En relación con el principio de proporcionalidad, que se cita en el enunciado del motivo debemos consignar que el art. 128 del Código Penal, en el que se hace referencia a esta posibilidad de graduar el comiso, no ha sido invocado por la parte recurrente. No obstante debemos señalar que nos encontramos ante un delito grave y que el comiso guarda proporción entre el valor del bien y la naturaleza o gravedad del delito.
Es cierto, como pone de relieve la impugnación del Fondo de Garantía de Depósitos, que en el hecho probado se reconoce y así lo hemos transcrito en el motivo anterior, que los cheques entregados lo fueron sólo para pagar una parte del precio, pero ello no afecta al principio de proporcionalidad.
Si tenemos en cuenta, como se ha dicho con anterioridad, que la institución del comiso pudiera tener alguna relación, aunque no identidad de naturaleza, con la responsabilidad civil derivada del delito, no existiría obstáculo para que procediendo de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 y acordando la venta en pública subasta del bien decomisado por proceder del delito, la parte obtenida, en lo que exceda de la extensión del comiso, pueda ser dedicado al pago de las responsabilidades civiles del delito, ya que no hay que olvidar que el acusado está declarado insolvente parcial en la pieza de responsabilidad civil correspondiente.
El argumento en el que apunta un posible agravio comparativo, en relación con la decisión de la Sala sobre la finca “Los Carrizos”, no puede ser compartido ya que la Sentencia recurrida ha declarado que en este caso, no se ha podido demostrar que el precio proviniese de los beneficios derivados del delito.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.



TERCERO.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que la oscuridad de la fundamentación fáctica de la sentencia la hace irrazonable.
1.- Admitiendo dialécticamente que cupiera imponer la pena de comiso de la finca, por darse las circunstancias y requisitos establecidos en el art. 127 del Código Penal, lo cierto sería entonces que la sentencia aparece como irrazonada, ya que ni en el relato de hechos probados, ni en la fundamentación jurídica, se justifica la pena de comiso.
Señala que no se sabe qué cantidades fueron destinadas para la compra de la finca decomisada, qué cantidades fueron igualmente destinadas al pago de proyectos, ni qué proyectos eran éstos y también se desconoce, qué cantidades se destinaron al pago de obras realizadas sobre las fincas tantas veces citadas, ni por supuesto el contenido de las mencionadas obras.
2.- Ciñéndonos exclusivamente al aspecto constitucional que esgrime la parte recurrente y sin entrar en la valoración de la posible existencia de un quebrantamiento de forma, debemos recordar todo lo anteriormente expuesto en relación con el contenido de la sentencia recurrida. No puede negarse que en ella se contienen, de una manera precisa y detallada, todos los elementos necesarios para construir la existencia del hecho delictivo, determinar el origen ilícito del dinero y conectar éste con la adquisición de las fincas como pago parcial de las mismas. Todo ello sin necesidad de más razonamientos justifica, con arreglo a las estrictas previsiones legales, la adecuación del comiso y la claridad de los hechos en los que se fundamenta.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 840.1º de la Lecrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que no motivó por qué la entidad recurrente debe sufrir la pena de comiso.

1.- La sentencia dice que Fernando Garro utilizó parte del dinero (ganancia del delito) en constituir una sociedad llamada Inversiones Lucenses S.L, utilizando formalmente a terceros y que también utilizó parte de aquél dinero, en comprar dos fincas en Ibiza, una de las cuales es de Inversiones Lucenses S.L.


También se sabe, porque así lo dice la sentencia en la página 114, que una sociedad extranjera llamada My frist Coorp, tomó una participación mayoritaria en Inversiones Lucenses, antes de que esta sociedad comprara la finca de Ibiza.
Estima que hay una absoluta oscuridad y falta de detalles y de precisiones para fundamentar una pena tan importante como el comiso, que implica la expropiación de un bien del patrimonio de la entidad recurrente.
2.- La parte recurrente vuelve a insistir en cuestiones, que ya han sido abordadas, por lo que nos remitimos a lo anteriormente expuesto para rechazar sus pretensiones.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

MOTIVO UNICO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida incurre en una evidente falta de claridad en los hechos probados.
1.- Señala que la sala se refiere a 4 talones, por cantidades no importantes de pesetas, que Fernando Garro entregó al administrador de la Sociedad Parque De’s Cubells, para la adquisición de las fincas y para el pago de proyectos y de obras realizadas en las mismas. En su opinión basta con leer, lo que la Sala dice en la sentencia, para llegar a la conclusión de que los juzgadores estiman que las dos fincas son una única cosa y que las dos sociedades parecen también una misma cosa, de forma que no se determina en la sentencia, qué dineros fueron a parar a la compra de cada una de las fincas y cuales al pago de la obra y de los proyectos.
En el relato de hechos, se sabe cual fue el capital aportado por Fernando Garro para la constitución de la sociedad, cual es el paquete mayoritario que adquirió My Frist Coorp y, en qué medida y con tales recursos, pudo Inversiones Lucenses S.L adquirir la finca de Ibiza, todo ello sin perder de vista que para colmo de imprecisiones, a la postre parece ser que Fernando Garro paga el precio de la compraventa en 1.990 mediante entrega de talones a la sociedad Parque De’s Cubells, no obstante tratarse de una compraventa realizada por la entidad recurrente en al año 1.993.
2.- La cuestión también ha sido abordada y ya hemos hecho referencia al contenido de la sentencia en las páginas 113 y 114 y a las afirmaciones que en ella se hacen.
De su lectura no se desprende la existencia de oscuridades o insuficiencias, ya que en todo momento se delimita con claridad y precisión, en primer lugar la existencia de dos fincas, y en segundo lugar, cuáles fueron los adquirentes de las mismas. Así se dice que el 12 de Abril de 1.991, se vendió una de estas fincas a la sociedad S’es Vents Ltd, representada por cuenta de Fernando Garro por Mohamed Kreaa Kalled el que, como ya se ha dicho, el 23 de Marzo de 1.993 vendió la otra finca a la sociedad Inversiones Lucenses S.L representada por Jose Luis García Trabanco, siguiendo también instrucciones de Fernando Garro.
Ha quedado por tanto perfectamente determinada, la forma en que se realizó la adquisición, si bien es cierto que no existe una matemática precisión, porque no ha sido posible la práctica de pruebas en torno a la determinación de las cantidades totales destinadas a la compra de las fincas, pero ello no es obstáculo para entender claramente que, parte del precio, procedía del dinero obtenido con actividades ilícitas por las que el verdadero adquirente de los bienes ha sido condenado.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

PRIMER MOTIVO POR INFRACCION DE NORMAS CONSTITUCIONALES por entender que la resolución recurrida infringe el art. 24 de la Constitución en cuanto que regula el derecho de acceder al proceso penal.
1.- Estima que no es admisible, desde el punto de vista de la producción del derecho de defensa, que sabiéndose, desde el principio de la Instrucción, los datos registrales de la finca objeto de comiso y siendo el titular de dicha finca Inversiones Lucenses S.L, no se le haya citado ni en la instrucción ni en el juicio, máxime cuando después es condenada con la expropiación de la finca.
2.- Ya hemos aludido a la necesidad de distinguir entre la apariencia formal que se desprende de la existencia de una entidad societaria y la realidad subyacente en torno al verdadero dominio y capacidad de decisión de la misma, por lo que nos remitimos a todo lo que ha quedado desarrollado en relación con la naturaleza del comiso y con la doctrina del levantamiento del velo.
El comiso de las fincas fue solicitado por el Ministerio Fiscal y las Acusaciones partiendo del hecho, que se ha demostrado cierto y verdadero a través de las pruebas, de que las fincas pertenecían al acusado Fernando Garro y que fueron adquiridas con parte del producto del delito por el que fue condenado.
Esta realidad incontestable, hace ficticia e innecesaria la presencia de la entidad societaria, cuya fachada y apariencia ha sido desmontada por la sentencia en virtud de una prueba practicada, por lo que no se puede decir que ha existido indefensión sobre este punto.
La parte recurrente, puede sostener que no se personó en el proceso, pero no ha podido demostrar que sea la titular verdadera de los bienes decomisados. De todo lo actuado resulta evidente que conoció, a través de la persona que se enmascaraba bajo la apariencia formal societaria, que las fincas habían sido objeto de petición expresa de comiso, por lo que no existía inconveniente material alguno para que, si estimaba que las tesis sobre la identidad del acusado y la sociedad, sostenidas por las acusaciones, no eran ciertas, esgrimiese formalmente sus pretensiones. Insistimos en que se hubiera tratado de una postura meramente formal, ya que la realidad del debate sobre la titularidad de las fincas, que pasaba por contrastar los documentos formales de constitución y registo, con la realidad desentrañada por los elementos probatorios existentes en la causa, era el único punto de contraste que podía darse, y que efectivamente se dio, por lo que materialmente no puede alegar indefensión.

Posteriormente se le ha tenido como parte y se le ha permitido plantear el presente recurso de casación.


Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCION DE NORMAS CONSTITUCIONALES al amparo del art. 849.1 de la Lecrim, por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 24 de la Constitución en relación con el art. 118 de la Lecrim, en cuanto que regula el derecho de audiencia o de que nadie puede ser condenado sin ser oído.
1.- Sostiene que el comiso, no es ni puede ser objeto de una genérica petición de pena accesoria, sino que es necesariamente una pena controvertible en el juicio, lo que significa que tiene que someterse a debate y por tanto que, aquellos sujetos que deben soportar la pena de comiso, deben participar en el mismo con todos los derechos inherentes a su defensa.
2.- En primer lugar ya hemos apuntado los problemas que plantea la determinación de la verdadera naturaleza jurídica del comiso, pero, en todo caso, conviene recordar que la petición se realiza respecto del autor de un hecho delictivo que en este caso era el acusado Fernando Garro, por lo que de ninguna manera la entidad ahora recurrente podría ser considerada como imputada de un hecho punible, por lo que la invocación del art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal resulta inadecuada.
La verdadera realidad procesal, que ha respetado íntegramente todos los derechos de defensa, es la que se desprende de la imputación realizada contra el acusado Fernando Garro y la consecuencia accesoria, según el artículo 48 del Código Penal de 1.973 que se derivaría de la imposición de una pena al imputado, por lo que era suficiente con escuchar al mismo y proporcionarle todas las posibilidades de defensa y de prueba, que ha ejercitado, para tratar de acreditar que las fincas no eran realmente de su propiedad.
En todo caso queda abierta la posibilidad de que se haga valer el aparente derecho que resulta de estas actuaciones en la vía procesal correspondiente a la que ya hemos reiteradamente aludido.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

D) RECURSO DE LA ENTIDAD INVERSIONES CAJATAMBO S.L. Tomo III. Folios 1.108 a 1.149.
PRIMERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la Lecrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 127 del Código Penal en cuanto que decomisa una finca propiedad de un tercero a quien no se atribuye por la sentencia su adquisición de mala fe.
1.- Sostiene que desde el año 1.993, la finca a la que se refiere el comiso (la adquirida por la entidad S’es Vents Ltd) no es propiedad de la entidad que cita la sentencia, pues fue vendida a una sociedad Portuguesa llamada Soviges-Sociedades de Gestao e Investimentos L.D.A quien a su vez, en el acto de constitución de Inversiones Cajatambo S.L (acto que también es anterior a la iniciación del proceso), la aportó como pago de la suscripción de acciones que hacía. Señala que es indiferente que la sentencia no se refiera a Inversiones Cajatambo de forma expresa, puesto que lo hace de forma implícita, en cuanto que el titular registrado de la finca decomisada, resulta de dicha inscripción y es Inversiones Cajatambo S.L. No se dice, por tanto, que le pertenece la finca como resultado de las ganancias provenientes de un delito o que sea un tercero adquirente de mala fe.
Por último, dice que no puede olvidarse que la finca está inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Ibiza, en el tomo y libro que dice la sentencia en el año 1.993, antes de que se inicie este procedimiento por querella del Ministerio Fiscal.
2.- En este caso, a diferencia de los anteriores, resulta patente que la entidad Invesiones Cajatambo S.L no aparece mencionada en ningún apartado de la sentencia. Esta sociedad, una vez dictada la resolución compareció y presentó recurso de casación alegando ser la propietaria de uno de los dos inmuebles del parque D’es Cubells, afirmando que constituye la aportación no dineraria y única realizada por la sociedad portuguesa Soviges-Sociedad de Gestao e Investimentos L.D.A, al acto de fundación de la sociedad Inversiones Cajatambo, habiendo adquirido la finca la mencionada sociedad portuguesa.
En el caso presente se nos presenta una opción procesal distinta de las anteriores. La inmodificabilidad del hecho probado, al que ya hemos hecho referencia con anterioridad, nos asegura firmemente frente a cualquier otra alegación, cual fue la distribución de las fincas y que en ambos casos se actuaba por cuenta y siguiendo las instrucciones de Fernando Garro. Precisamente este acusado, si conocía que una de las fincas pertenecía a la Sociedad Cajatambo, a través del mecanismo que se describe en el hecho probado, debió ponerlo en conocimiento del Juez Instructor o posteriormente de la Sala. En todo caso nos encontramos ante una situación idéntica a las anteriores, ya que la apariencia formal de las operaciones se mantiene en las mismas condiciones que en los supuestos anteriores, por lo que el comiso está perfectamente justificado.
Difícilmente se le podría adjudicar la condición de parte a una entidad que debido a la mala fe procesal del acusado Fernando Garro, no apareció nunca en el proceso y que ocupa una posición formal de titularidad, que puede defender en el proceso civil correspondiente pero que, en nuestra opinión y sin que ello sirva para prejuzgar el fallo, nos encontramos ante una nueva apariencia de titularidad que entra en contradicción con los hechos probados.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.


SEGUNDO.- Por infracción de ley del art. 849.1º de la Lecrim., en relación con el principio constitucional de la proporcionalidad por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 127 del Código Penal, en cuanto que se condena al comiso de la finca sin estar probado que provenga de las ganancias derivadas del delito.
1.- Parte del supuesto de que inversiones Cajatambo S.L, e incluso la entidad de la que trae causa, la Sociedad Soviges, no son terceros adquirentes de mala fe de la finca decomisada. Mantiene la misma tesis de que se adquirieron dos fincas, una de ellas vendida a la Sociedad S’es Vents Ltd y otra a Parque D’es Cubells. Admite dialécticamente que, aunque la entidad recurrente fuese un adquirente de mala fe, aún en este caso, no estaría probado que la finca decomisada fuera resultado de las ganancias provenientes del delito, y de serlo lo sería en ínfima proporción.
2.- La cuestión es idéntica a la suscitada por la anterior entidad recurrente, por lo que nos remitimos a lo expuesto para contestar a los planteamientos que ahora se nos hace.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la CE ya que no motiva por qué la entidad recurrente debe sufrir la pena de comiso.
1.- Estima que la sentencia no está suficientemente motivada, por lo que se ha infringido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues en ninguna parte de la misma existe argumentación, razonamiento o motivación alguna, que determine las causas por las que la entidad recurrente, debe sufrir la pena de comiso, que supone obviamente la expropiación de la finca.
2.- Los razonamientos para contestar a la misma objeción realizada por la entidad Inversiones Lucenses S.L, deben ser repetidas en el presente caso. Difícilmente se podía dar ninguna contestación específica respecto de Inversiones Cajatambo S.L, ya que su existencia no aparecía en el proceso y, por el contrario, existen datos que permiten sostener, que se trataba de una cobertura formal más, de las varias que se han utilizado por el acusado que resultó condenado.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 84. Por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 120.3 de la Constitución ya que la oscuridad de la fundamentación fáctica de la sentencia la hace irrazonada.
1.- Este motivo es complementario al anterior y se formula de forma separada.
2.- Como ya se ha dicho la sentencia la estimamos suficientemente motivada a través de sus afirmaciones fácticas y las valoraciones probatorias realizadas. Una vez más hemos de repetir que la omisión de referencias a Cajatambo S.L vienen determinadas por todo lo que ya venimos exponiendo.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 de la Lecrim., por entender que la sentencia recurrida incurre en una evidente falta de claridad en los hechos probados.
1.- Señala que los hechos que se relatan en la sentencia, se refieren a cuatro talones por cantidades no importantes de pesetas, que Fernando Garro entregó al administrador de la urbanización denominada Parque D’es Cubells, para la adquisición de dos fincas y para el pago de proyectos y de obras realizadas en las dos fincas.
En su opinión resulta evidente, que las fincas pertenecen a distintos propietarios y por mucho que la Sala intente hacer de todo una unidad, parece incontestable que estamos a presencia de un supuesto de falta de claridad en los hechos probados.
2.- Otra vez nos remitimos al contestar a idéntico planteamiento de la otra entidad recurrente.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

PRIMER MOTIVO POR INFRACCION DE NORMAS CONSTITUCIONALES al amparo del art. 849.1º de la LECrim, por entender que la resolución recurrida infringe el art. 24 de la Constitución, en cuanto que regula el derecho de acceder al proceso penal.
1.- Considera evidente que Inversiones Cajatambo S.L, es sujeto pasivo de este procedimiento, desde el momento en que se solicitó por el Ministerio Fiscal, el comiso de la finca sita en Ibiza propiedad de S’es Vents Ltd, sin que la entidad recurrente haya sido citada, ni en la instrucción ni en el juicio, por lo que se le ha causado la más absoluta indefensión.
2.- La situación denunciada es idéntica a la suscitada por Inversiones Lucenses S.L, si bien en el caso presente hay que añadir que Cajatambo S.L en ningún momento fue mencionada ni citada, por aquellas personas que, según se desprende de sus alegaciones y de los hechos probados, decían que era titular de una de las fincas, cuyo comiso había solicitado el Ministerio Fiscal.
La posición flexible de la Sala sentenciadora y de esta Sala al admitir su personación en el trámite de casación, le ha dado oportunidad de hacer las alegaciones que ha estimado pertinentes, pero consideramos que ninguna de ellas sirve para desmontar la realidad inconmovible de los hechos que se declaran probados.
En todo caso, podrá acudir a la vía correspondiente para sustanciar sus derechos.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO MOTIVO POR INFRACCION DE NORMAS CONSTITUCIONALES al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por entender que la sentencia recurrida infringe el art. 24 de la Constitución, en relación con el art. 118 de la Lecrim, en cuanto que regula el derecho de audiencia o el de que nadie puede ser condenado sin ser oído.
1.- Considera incontestable que no se notificó a la entidad recurrente, la existencia del proceso penal, en el que se estaba dilucidando una pretensión, como el comiso de una finca de su propiedad, por lo que no ha podido defenderse en juicio.
2.- Damos por reproducidas las alegaciones anteriormente vertidas sobre este mismo extremo.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.




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