Tribunalsupremo sala de lo Penal


MOTIVO REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL



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MOTIVO REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
DECIMOSEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la Lecrim., por violación de los arts. 109 y 110 del Código Penal que definen la responsabilidad civil derivada del delito.
1.- Estima que la sentencia recurrida confiere erróneamente la acción y el derecho a la indemnización por responsabilidad civil, a quien no ha sufrido el supuesto perjuicio, esto es, al Banco Español de Crédito S.A., a pesar de referirse reiteradamente como perjudicada a la Corporación Industrial y Financiera de Banesto S.A. La Corporación, en parangón con el Banco, es una entidad con personalidad jurídica distinta, con razón y objeto social distintos, con domicilio distinto, con accionistas distintos y con órganos de representación y de gestión distintos. Tan distinta considera la Corporación del Banco, que hace notar que no se ha personado ni ejercitado la acción civil en la presente causa y, que con respecto a la cual, tanto la acusación pública como la privada no han interesado pronunciamiento alguno en su favor.
2.- En realidad el motivo se extiende en dos cuestiones diferentes. Por un lado, lo que considera la diferente personalidad jurídica del Banco Español de Crédito y de la Corporación Industrial, y por otro, la inexistencia de petición de indemnización para Banesto por parte de las acusaciones.
En relación con la primera cuestión debemos señalar que el Banco Español de Crédito S.A, era la entidad matriz de la cual formaban parte numerosas sociedades filiales. Por si quedaba alguna duda, la propia compañía Banco Español de Crédito S.A, al firmar la póliza de Responsabilidad Civil profesional de Consejeros y Directivos con la Unión y el Fénix Español, manifiesta, en el apartado relativo a las definiciones y concretamente a la consideración del tomador del seguro, que se considerará como tal el Banco Español de Crédito S.A y todas sus sociedades filiales, ya sean participadas directa o indirectamente. A continuación y manteniendo esta circunstancia esencial y haciendo uso del principio de autonomía de la voluntad, incluye en la póliza, de manera expresa, a alguna de sus fundaciones y excluye a otras, como la Corporación Industrial y Financiera Banesto S.A. Ello quiere decir, y así puede leerse en el folio 16.433 del Tomo 52 de las Diligencias Previas, que todas ellas tenían la consideración de Sociedades Filiales, por lo que la petición de indemnización a favor de Banesto, que realiza la propia entidad personada resulta perfectamente justificada.
Con ello queda también desmentido el hecho de que ninguna acusación, formulase petición respecto de la responsabilidad civil, por lo que el motivo carece de fundamento.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

VI. RECURSO DE LAS SOCIEDADES DECLARADAS RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIAS.


  1. ENFOQUE PREVIO DE LOS DIFERENTES RECURSOS.

1.- Como se desprende de la lectura de los diversos motivos articulados, en relación con la declaración de responsabilidad civil subsidiaria, el núcleo principal de los argumentos, pasa por sostener que las sociedades implicadas, eran entidades autónomas y completamente desligadas, de las personas que han sido condenadas por los diversos delitos, que se consignan en el fallo o parte dispositiva de la sentencia.


Se esgrime la apariencia formal y, en algunos casos registral, de las sociedades, para mantener que la intervención que se les atribuye, como instrumentos al servicio de los intereses de los acusados, no sólo constituye un error que debe ser corregido, sino que además conculca los presupuestos legales y jurisprudenciales, establecidos para determinar la responsabilidad civil subsidiaria.
Repasando el extenso relato de hechos probados, se observa que las operaciones que se consideran delictivas, han tenido como denominador común, la utilización instrumental de sociedades, cuyo dominio efectivo correspondía a alguno de los acusados. La maraña tejida para tratar de disimular operaciones apropiatorias o defraudatorias, se ha confeccionado con la abundante y, a veces vertiginosa, intervención de sociedades que, en ocasiones, en horas veinticuatro, adquirían y vendían acciones y participaciones y realizaban negocios que tenían como finalidad, dificultar el seguimiento de importantes sumas de dinero que, perteneciendo a la entidad financiera Banesto de la que eran Presidente y Administradores, pasaron a engrosar sus propios patrimonios.
2.- Esta forma de actuar no es extraña ni desconocida en el mundo de las relaciones financieras y comerciales, por lo que, cuando el tráfico económico trata de presentarnos una fachada o apariencia de legalidad formal, es necesario profundizar en la verdadera situación de la entidad societaria, para hacer aflorar y sacar a la luz la realidad subyacente. La tarea se conoce en otros ámbitos del derecho, como el civil y laboral, con el literario nombre del “levantamiento o rasgamiento del velo” que cubre la apariencia formal, para llegar a conocer la verdadera situación o entramado de la sociedad y actuar en consecuencia.
La tarea está incluso más justificada, en el campo de la investigación criminal, ya que el proceso penal tiene, como finalidad primordial e ineludible, la búsqueda de la verdad material.
En el campo de las sociedades financieras, industriales o empresariales, de gran volumen negocial, la repercusión que pueda tener sobre la economía nacional es un elemento más, a tomar en consideración, para establecer y dilucidar las verdaderas responsabilidades, por encima de la envoltura exterior que trata de difuminarlas.
3.- Esta técnica investigadora ha sido utilizada inicialmente por la jurisprudencia angloamericana, penetrando los jueces sin tener en cuenta la legal apariencia, en el sustrato de la sociedad, averiguando la personalidad de sus componentes y desmontando los abusos que, con evidente fraude de ley, se habían cometido o se estaba en trance de llevar a efecto.
Estos supuestos, como se ha dicho, no pueden ser tolerados por el ordenamiento jurídico. Quien abusa de la persona jurídica, está desvalorizando e incluso despreciando la institución. Si los elementos directivos de las personas jurídicas, violan los límites que ha fijado el ordenamiento jurídico, la radical separación entre la sociedad y los socios, pierde toda su razón de ser.
La jurisprudencia española dispone de abundantes resoluciones, en las que se ha puesto en marcha el mecanismo del levantamiento del velo de las sociedades, saltando por encima de las ficticias protecciones que pudiera proporcionar el formalismo legal. No es necesario recoger todo el elenco de sentencias dictadas en todos los órdenes jurisdiccionales, para justificar la postura adoptada por la sentencia recurrida, en relación con las afirmaciones que se refieren a la verdadera y auténtica dirección y disponibilidad del organismo societario involucrado en los hechos delictivos. Se puede establecer una indiscutible responsabilidad civil subsidiaria, cuando la configuración de las diversas apariencias contractuales, pueden entenderse como constitutivas de un negocio simulado o ficticio, que constituye un verdadero fraude de ley. En todo caso la relación entre los acusados y las sociedades declaradas responsables civiles subsidiarias, está plenamente acreditada a lo largo de la sentencia, por lo que, como veremos más adelante, les alcanzan los efectos económicos indemnizatorios que se señalan.


B) RECURSO DE DATA TRANSMISIONS SYSTEM Y MONTILSA.


  • Responsables civiles subsidiarios

  • Tomo ii folios 811 a 844.


PRIMERO.- Se renuncia a su formulación.
SEGUNDO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la Lecrim., por estimar que ha existido error de hecho en la valoración de la prueba
1.- Combate la valoración de la prueba realizada por la sentencia recurrida, en relación con la Operación Cementeras, que se contiene en los folios 167 y 168 de la sentencia.
Cita como documentos que acreditan el error del juzgador los que figuran a los folios 2.940 a 2.951 de la pieza principal, que documenta el intercambio de acciones de las cementeras y que, a su juicio, demuestran que las hormigoneras no pudieron servir para los fines de compensación o ajuste que se pretenden en la sentencia. En su opinión, con la prueba documental aportada, no se puede sostener la tesis mantenida por la acusación particular, representada por Banesto, que mantiene que, las operaciones de las hormigoneras, se hicieron para hacer ajustes, ni la tesis del Ministerio Fiscal que sostiene que sirvió para realizar compensaciones por las diferencias de valor.
Según los documentos que analiza, no puede sustentarse que el dinero de las operaciones realizadas con las hormigoneras debía ingresar en Banesto.
Por ello cobra especial relevancia la argumentación, que esta parte ha sostenido a lo largo del presente procedimiento y que, no era otra, que el importe se destinó al pago de una comisión personalizada, en el propietario de las sociedades recurrentes.
Sostiene que el reparto de las Cementeras fue altamente beneficioso para Banesto, tanto desde el punto de vista económico como mercantil, significando a renglón seguido que la venta final a CEMEX de las empresas cementeras, que quedan del lado de Banesto en el reparto antedicho, generó para dicha entidad bancaria, altas rentabilidades e ingresos monetarios.
En consecuencia estima, que no ha existido delito de apropiación indebida, ni por tanto responsabilidad civil que les afecte.
2.- El motivo, reproduce, por este nuevo cauce, la cuestión planteada en el motivo decimocuarto del acusado Mario Conde y octavo de Arturo Romaní, por lo que la respuesta tiene que ser análoga a la que se formuló en dichos apartados.
El documento invocado es el acuerdo de 27 de Marzo de 1.990, en el que se desarrolla, según la tesis de la parte recurrente, la forma en que se lleva a cabo la escisión y el reparto de las sociedades, que aparecen englobadas bajo la rúbrica de Operación Cementeras.
Pretende que su contenido, refleja la única e incontrovertible realidad, sin tener en cuenta que se trata de una mera expresión bilateral de la voluntad de las partes intervinientes, que no impide que su contenido, sea cuestionado por la existencia de otras pruebas de carácter contradictorio, que lleven al juzgador a conclusiones diferentes, de las sotenidas por las sociedades que se declaran responsables civiles subsidiarias.
3.- La sentencia, después de relatar los antecedentes y los motivos de la operación, declara probado que se realizaron intercambios de acciones, cuya extensión y complejidad no es necesario reproducir, para terminar afirmando, de forma tajante, que los acusados Mario Conde y Arturo Romaní, con el propósito de procurarse un ilícito beneficio aprovecharon la Operación Hormigoneras, para hacer llegar determinados fondos, que de no haber intervenido los anteriores en uso de las facultades de administración que tenían concedidas en la entidad, deberían haber ingresado en las cuentas del Banco Español de Crédito, a las Sociedades Gay Cordon y “Data Transmision System, vinculadas con los anteriores y adquiridas con ese fin”.
4.- La Sala ha valorado ampliamente esta circunstancia y le dedica una especial atención, en el apartado relativo a la valoración de la prueba. La tesis que sostiene la parte recurrente, la rechaza rotundamente la sentencia, apoyándose en varios testimonios que, a su juicio, son verosímiles y revestidos de la necesaria objetividad para su valoración como prueba. Hace un recorrido por las diversas manifestaciones que figuran en el acta del juicio oral que no estimamos necesario reproducir y que sirve de fundamento para obtener conclusiones irrebatibles.
Asimismo, acude a la prueba derivada del informe pericial de los peritos del Banco de España y a otro dictamen elaborado por un perito particular.
En definitiva los documentos invocados por la sociedad recurrente están contradichos por otros elementos probatorios, por lo que no resultan idóneos para acreditar que el juzgador se ha equivocado, al afirmar que los beneficios generados por la escisión de las Cementeras correspondía a Banestto.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la LECrim., por estimar que ha existido error en la apreciación de la prueba.
1.- El motivo combate la valoración de la prueba, realizada en la página 171 de la sentencia, en la que se llega a la conclusión de que la plusvalía de 1.224 millones de pesetas debía ser recibida por Banesto y no por la Sociedad Gay Cordón, y la afirmación de que, el hecho penalmente relevante, se encuentra entonces, no en la venta a Portland, sino en la transmisión de las sociedades hormigoneras citadas de Beta 0 a Gay Cordón por el mismo precio de adquisición.
Para sostener el error se apoya en los folios 2.944, 2945 y 2.925 y ss; 1.885 a 1.887 y 10.820, todos ellos de la pieza principal, de los que infiere, de modo directo, que Beta 0, no fue la destinataria de las acciones de las hormigoneras. Asimismo tales documentos prueban, en su opinión, que la venta de las hormigoneras no pudo constituir un medio para propporcionar dinero a Banesto, de modo que se verificó directamente, desde el Grupo Valenciana a la sociedad Gay Cordón. De todo ello se deriva que Beta 0 no era, en ningún caso, la destinataria de las acciones de las hormigoneras. Que la venta de las hormigoneras no era tampoco un medio de dar dinero a Banesto y que la venta como fruto económico, va directamente del Grupo Valenciana a la Sociedad Gay Cordón. Del manejo de todo el acervo documental llega a la conclusión, de que las operaciones efectuadas en torno a las hormigoneras, se produjeron por causa del pago de una comisión a D. Jaime Domingo Cedeño, cuya causalización ya ha explicado en el motivo anterior.
2.- El motivo es una prolongación del anterior y se apoya, en parte, en los mismos documentos, añadiendo otros con los que pretende demostrar que la Sociedad Beta O no fue la destinataria de las acciones de las hormigoneras.
En este punto, se reproducen algunas cuestiones que fueron suscitadas en los motivos segundo y tercero del recurso formalizado por el acusado Arturo Romaní. La sentencia, después de una profunda disección de las diversas operaciones y teniendo en cuenta, alguno de los elementos probatorios, a los que hemos hecho referencia y manejando otros nuevos, establece de forma tajante, que el hecho penalmente relevante se encuentra no en la venta a Portland, sino en la transmisión de las sociedades hormigoneras de Beta Cero a Gay Cordon. No puede olvidarse, que la sentencia afirma y la parte recurrente no lo niega, que la sociedad Beta Cero S.A., estaba participada mayoritariamente por Banesto, que era la entidad destinataria de la plusvalía.
Como se afirma por la sentencia, sin que exista prueba documental que lo contradiga, cuando se lleva la operación para su aprobación a Portland Ibérica, se había ya producido la transmisión de Beta O a Gay Cordon, por lo que Banesto no recibió el importe de la plusvalía, como le correspondía, sino que esta cantidad fue derivada a la Sociedad Gay Cordon, que fue el cauce para que los acusados Mario Conde y Arturo Romaní obtuvieran las disponibilidad de aquellas sumas.
3.- La tesis de los acusados y de la sociedad ahora recurrente, admite de forma indirecta que la operación generó un beneficio con cargo a la familia Serratosa, pero sostiene que lo fue para el pago de una comisión a Jaime Cedeño, de nacionalidad panameña, por su intermediación en la división del grupo.
Los documentos invocados carecen de virtualidad para mantener esta afirmación y, como recoge la sentencia, existen abundantes instrumentos probatorios que lo desmienten, como el testimonio de Emilio Serratosa, que niega en su declaración que pagase comisión alguna a un intermediario panameño.
La sentencia pone de relieve, todos los esfuerzos desplegados para que compareciese el panameño Jaime Cedeño y considera, sin que exista contradicción documental valorable, que el documento público producido extrajudicialmente en Panamá, no puede sustituir la ausencia de un testimonio directo de quien lo suscribió. Dicho documento no puede tener más valor probatorio, que uno de igual naturaleza otorgado conforme al derecho español, es decir prueba su fecha y el motivo de su otorgamiento (art. 1218 del Código Civil).
Dando por reproducidos los argumentos de la sentencia recurrida, estimamos que los documentos invocados, no tienen entidad probatoria suficiente para acreditar el error del juzgador, ya que existen elementos probatorios de entidad y signo contrario que los desvalorizan.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

CUARTO Y QUINTO.- Se renuncia a su formulación.
SEXTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la Lecrim., por haber existido error de hecho en la apreciación de la prueba.
1.- Con este motivo se pretende combatir la afirmación de la sentencia en el apartado de hechos probados (pág. 72), en los que se declara que “la Sociedad Data Transmision System S.A., domiciliada como la Sociedad Montilsa S.A y Apolo Inversiones y Servicios S.A en la C/ Pedro Romero nº 8 de Madrid, fue adquirida el 7 de Mayo de 1.990 por Arturo Romaní Biescas, aunque formalmente aparecía como compradora la Sociedad Selino”.
También se combate la afirmación relativa a que Peter Schwartz era el administrador de la Sociedad Veliades.
Se apoya para ello en la prueba documental aportada por la defensa de Arturo Romaní Biescas, en el momento del juicio oral, al amparo de lo dispuesto en el art. 793.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se acredita de forma fehaciente, en su opinión, que la sociedad Selino Stablistment es propietaria de Data y tanto ésta como la otra así como Veliades Holding, son propiedad de D. Jaime Domingo Cedeño.
Como documentos concretos, cita los certificados originales expedidos por D. Peter Schwartz, en relación con las sociedades Selino Stablistment , Veliades Holding y Montilsa S.L. También cita los certificados originales expedidos por D. Hans Gassner, en relación con Selino Stablistment. Por último cita el certificado original del registro Mercantil del cantón Thurgau, a través del cual se acredita la pertinente autorización de firma de D. Peter Schwartz como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Veliades Holding. Con todo ello quiere acreditar que Arturo Romaní, no ha tenido ninguna participación, ni es propietario de las mencionadas sociedades, sino que su único propietario es D. Jaime Domingo Cedeño.
2.- En relación con estas alegaciones, conviene reproducir las consideraciones generales realizadas sobre el levantamiento del velo de las entidades societarias, sin perjuicio de recordar que el documento invocado, carece de virtualidad probatoria y de entidad fáctica suficiente como para acreditar un error inequívoco del juzgador. En el contrato en el que figura la adquisición de Data Transmission System S.A por Silino, se contienen manifestaciones de las partes intervinientes, que no hacen fe contra terceros y que todavía son más inoperantes en un proceso penal, cuando se enfrentan a otros elementos probatorios que son analizados por la Sala sentenciadora y debidamente ponderados en los fundamentos jurídicos de la sentencia. Manejando todo el caudal probatorio resulta acreditado, que la empresa a donde van a parar definitivamente los fondos de la operación, es una sociedad que dominan los acusados, como consta abrumadoramente acreditado, hasta el punto de que disponen de los fondos libremente y a su antojo, para satisfacer sus necesidades personales.
Como dice la sentencia y hacemos nuestro, cuando la titularidad se atribuye a un tercero que no viene a juicio y no puede ser interrogado y el capital de la Sociedad Data Transmission, está integrado por sociedades extranjeras residenciadas en “paraísos fiscales” y registradas a nombre de personas, que ostentan titularidades formales, existen dificultades para pronunciarse sobre la real titularidad, pero insistimos en que lo relevante es que la sociedad que sirve para canalizar el lucro obtenido se encuentra en la esfera de dominio de los acusados.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEPTIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido los arts. 535, 528 y 529.7ª del Código Penal de 1.973; del artículo 295 del Código Penal de 1.995, así como el artículo 25 de la Constitución Española del principio de legalidad penal y del principio de vigencia de las normas.
1.- El presente motivo parte de la consideración esencial de que no ha quedado acreditado, el presupuesto esencial para la subsunción típica de los hechos en el delito de apropiación indebida, señalando que la tesis acusatoria, arranca de una petición de principio indemostrada, cual es que la cifra de 1.556 millones de pesetas formaba parte del precio de ajuste de la operación relativa a la escisión del Grupo Cementeras.
Más adelante, olvidándose del cauce casacional elegido, sostiene que esa afirmación no está basada en criterios probatorios de carácter económico o negocial ni en testimonios directos fiables. Mantenida la postura de la inadecuación de la calificación de los hechos como apropiación indebida, sostiene, a efectos dialécticos, que la previsión típica más cercana a la criminalización de la denominada Operación Cementeras sería la de administración desleal del art. 295 del Código vigente, que no puede ser aplicado retroactivamente.
2.- Resulta inadecuado casacionalmente, que la parte considerada como responsable civil subsidiaria, ataque la calificación jurídica de los hechos que se imputan a los acusados. De todas formas, no habiéndose inadmitido el motivo, contestamos a sus pretensiones recordando la doctrina mantenida, al contestar a los motivos de los acusados, relativa a la distinción entre el delito de apropiación indebida y la administración desleal.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

OCTAVO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º de la Lecrim., por haber existido error en la apreciación de la prueba.
1.- Combate las páginas 198 y 199 de la Sentencia en las que se hace una valoración probatoria respecto a la forma en que los acusados Mario Conde, Arturo Romaní y Rafael Pérez Escolar adquirieron el porcentaje de las cuentas en participación de la operación del Centro Comercial Concha Espina.
Cita como documentos los Tomos íntegros 41 a 43 de la Pieza Documental, los certificados aportados por la defensa de Arturo Romaní en el turno de intervenciones establecido al amparo del art. 793.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el contenido del folio 30.577 de la Pieza Documental.
2.- Con todo este bagaje documental pretende acreditar que ni Arturo Romaní ni la sociedad Montilsa ostentaban participación alguna en el negocio relativo a la denominada Esquina del Bernabeu. Para ello se ampara en el certificado original expedido por el corredor de comercio colegiado D. Manuel Cartagena Fernández que acredita la autenticidad de la póliza de operaciones al contado adjuntada al mismo de fecha 7 de Noviembre de 1.991, en la cual se reconoce a la Sociedad Veliades Holding participaciones sociales de la Mercantil Montilsa S.L, las cuales fueron adquiridas mediante contrato de fecha de 25 de Octubre de 1.991. Con ello pretende acreditar que el acuerdo de inversión en el Centro Comercial Concha Espina, es de 26 de Septiembre de 1.990 y es el 25 de Octubre de 1.991, cuando se adquiere la Sociedad Montilsa y el 5 de Noviembre de 1.991, cuando se produce la adquisición del 29% de las cuentas en participación por parte de Dorna.
3.- Con dichos documentos pretende acreditar, que según se desprende del particular que hace referencia a las fechas en que se toma por la Corporación Industrial Banesto, la decisión de comprar el 48% de las cuentas en participación del Centro Comercial Concha Espina (26 de Septiembre de 1.991), ni Arturo Romaní ni Montilsa ostentaban la titularidad de participación alguna en dicha operación.
Una vez más, nos encontramos ante un intento de hacer prevalecer la apariencia formal, sobre la realidad contrastada e inamovible, resultante de la totalidad de la actividad probatoria manejada por la Sala sentenciadora.
El hecho cierto y no desmentido, ya esgrimido frente a otras pretensiones casacionales, es que fue la Sociedad GESTIESA la que formaba parte de un entramado formal en el que se entremezclan participaciones sucesivas de la Sociedad Apolo Inversiones y Servicios S.A., la Sociedad Trycoun, Veliades Holding y Servicios y Recursos S.A. Lo que verdaderamente interesa a los efectos de la responsabilidad civil subsidiaria, es que tanto GESTIESA como MONTILSA eran las sociedades que ostentaban la titularidad de las cuentas en participación a través de sucesivas transmisiones y sin que hubiera desembolsado cantidad alguna por dicha titularidad. Dichas sociedades son las que se instrumentalizan para disponer, por parte de los acusados Conde y Romaní, de los fondos obtenidos ilícitamente.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

NOVENO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., en relación con el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del art. 24.2 de la Constitución.
1.- Combate la página 89 de la sentencia en el apartado concreto (11), en que se afirma que “la Corporación Banesto resultó perjudicada en la suma de 1.776 millones de pesetas”.
En realidad toda la argumentación se basa en desmentir la realidad de los hechos, cuestión que ya ha sido planteada en motivos anteriores.
2.- El motivo se refiere de manera más específica, a la operación relacionada con el Centro Comercial Concha Espina y a la obtención de un lucro personal a través de la venta de los porcentajes de las cuentas en participación, que se habían adquirido sin obtener contraprestación alguna.
El motivo se canaliza por la vía del error de derecho y al invocar la vulneración de preceptos constitucionales no precisa exactamente cual considera lesionado. No obstante, y por si se tratase de la invocación de la presunción de inocencia, nos remitimos a lo que se razona en la sentencia sobre el perjuicio patrimonial derivado de la maniobra engañosa, cuya autoría se imputa a los acusados Conde, Romaní y Pérez Escolar. Este dato es inamovible y partiendo de todas las pruebas que se han utilizado para darlo por sentado, resulta indiscutible que el lucro patrimonial se canaliza hacia los acusados a través de la Sociedad Montilsa, controlada por los acusados Mario Conde y Arturo Romaní que vendió a Dorna sus participaciones en las cantidades que se mencionan en el apartado de hechos probados.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

DECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido por indebida aplicación los artículos 248 y 250.6º y 7º del Código Penal de 1.995 y con carácter alternativo y subsidiario por indebida inaplicación del art. 295 del mismo texto legal.
1.- El motivo se refiere al Centro Comercial Concha Espina y está relacionado con el siguiente, que se refiere a la Operación Oil Dor.
Considera que no concurren los elementos constitutivos del delito de estafa, por no haber engaño bastante protagonizado por determinados administradores de la Corporación Industrial Banesto y proyectado sobre otros compañeros de la Comisión Ejecutiva de la misma Corporación que la Sentencia presenta, pretendidamente como víctimas del engaño. En su opinión no hay conducta activa o mendaz, que incorpore un ardid o engaño bastante, cuya adecuación subjetiva y objetiva en el contexto de los hechos, permita superar la cautela o la autoprotección puesta por los destinatarios de esa conducta mendaz.
Finalmente y a efectos dialécticos mantiene que la pretendida doble posición societaria de los acusados, por lo demás negada por esta defensa, tan sólo encontraría ámbito de especulación hermeneutica incriminadora, en relación con el art. 295 del Código Penal de 1.995 de imposible aplicación retroactiva contra el reo.
2.- Como puede observarse la parte recurrente entra en el fondo de la calificación jurídica de los hechos que se imputan a los acusados y, suplantando su posición procesal alega la inexistencia de los elementos constitutivos del delito de estafa en cuanto que considera que el engaño no es bastante y al mismo tiempo se infringieron los deberes de cuidado y autoprotección por parte de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Corporación Industrial Banesto. Añade también, que el comportamiento es meramente omisivo y que por tanto carece de entidad típica.
La cuestión ya ha sido planteada por los acusados y contestada, entre otros en el motivo decimocuarto del acusado Romaní, por lo que, sin perjuicio de insistir en la irregularidad casacional advertida, damos por contestada la pretensión impugnatoria de las entidades declaradas responsables civiles subsidiarias.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.



MOTIVO UNDECIMO.- Se renuncia expresamente a su formulación.

MOTIVO DUODECIMO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la LECrim., por haberse infringido los artículos 528 en relación con el 529.7ª del Código Penal de 1.973 y con carácter subsidiario o alternativo se formula la indebida inaplicación del art. 295 del Código Penal de 1.995.
1.- El motivo se refiere a la operación Oil Dor e insiste en alegaciones idénticas a las anteriormente formuladas, admitiendo también el encaje típico en el art. 295 del Código Penal de 1.995 de imposible aplicación retroactiva contra el reo.
2.- La única variante respecto del motivo anterior, consiste en hacer una valoración interpretativa de la forma en que tenían que computarse los votos delegados y el número de Consejeros que asistió a la reunión de la Comisión Ejecutiva, insistiendo en que no se debió computar el voto del Sr. Albiñana.
La cuestión ya ha sido abordada en motivos anteriores, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto para rechazar estas pretensiones. Todo ello sin olvidar que se trata de materia de fondo que afecta exclusivamente a los acusados.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.




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