Tribunalsupremo sala de lo Penal



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QUINTO.- Se formaliza al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., por estimarse vulnerado el artículo 25.1 en relación con el art. 9.3 de la Constitución como consecuencia de la aplicación retroactiva, en perjuicio del reo, del artículo 250.6ª y 7ª del Código Penal vigente y consiguiente inaplicación del artículo 529.7ª con relación al artículo 528 del Código Penal texto refundido de 1.973 en vigor en el momento de los hechos.
1.- Señala que los hechos se cometieron bajo la vigencia del derogado Código penal de 1.973 que, en su opinión, era más favorable, según se desprende de una sencilla comparación de las penas respectivamente previstas, en los artículos de una parte, 529.7ª, en relación al 528 del CP de 1.973 y, de otra en los arts. 250.6ª y 7ª con relación al art. 248 del actual Código Penal, aun cuando se estime muy cualificada la circunstancia agravante 7ª del artículo 29, con relación al 528 del CP, texto refundido de 1.973, lo que no se cuestiona en el presente motivo. Señala que, en todo caso, si como entiende con buen criterio la sentencia recurrida, no puede aplicarse al supuesto de autos la agravante específica 8ª del artículo 529 del derogado Código Penal texto refundido de 1º.973, es más obvio aún la mayor benignidad de las penas establecidas para el delito de estafa en el código Penal texto refundido de 1.973.
Por ello la sentencia recurrida ha vulnerado el art. 25, en relación con el art. 9.3 de la Constitución Española, que prohibe la aplicación retroactiva en perjuicio del reo, de leyes, como las penales, que limitan o restringen derechos fundamentales del individuo.

2.- El motivo se refiere exclusivamente a la operación Centro Comercial Concha Espina, lo que nos obliga a recordar que la sentencia recurrida ha considerado que estos hechos, por su homogeneidad, han sido calificados, conjuntamente con la operación Oil Dor, como un delito continuado de estafa.


Cualquier valoración que pueda hacerse sobre la mayor o menor benignidad del Código derogado de 1.973 sobre el vigente, tiene que partir de la aplicación íntegra de uno u otro texto legal sin que sea posible construir una figura mixta, compuesta por preceptos de uno y otro Código ya que ello entraría en contradicción con la Disposición Transitoria Segunda del Código de 1.995 y así se ha declarado por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en la sentencia de 30 de Octubre de 1.998.
La sentencia recurrida, después de calificar los hechos como constitutivos de un delito de estafa, en el momento de la individualización de la pena, tiene en cuenta que forma parte de una relación de continuidad, cuyo tratamiento penológico debe determinarse conforme al artículo 74.1 del Código Penal, atendiendo a los datos relativos a la gravedad del hecho y culpabilidad de los autores.
3.- Aplicando el Código de 1.973 la pena básica, según el artículo 528, era la de arresto mayor que, en el caso de concurrir una circunstancia muy cualificada del artículo siguiente (art. 527.7ª), nos llevaría a la prisión menor en toda su extensión. La aplicación de la continuidad delictiva que estaba regulada en el antiguo artículo 69 bis, eleva la pena hasta el grado medio de la pena superior, es decir, hasta diez años de prisión mayor.
Si nos trasladamos al Código vigente, el artículo 249 establece una pena básica de seis meses a cuatro años de prisión, que se eleva a una pena de un año a seis años, cuando concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 250, como sucede en el caso presente. Ello nos sitúa en una pena máxima de seis años de prisión, que aplicando el mecanismo penológico del artículo 74.1, por tratarse de un delito continuado, permite individualizar la pena en la cota máxima de seis años, como ha hecho la sentencia recurrida, que impone además una multa de doce meses con una cuota diaria de 50.000 pesetas.

Realizada una comparación entre ambas opciones punitivas y aún teniendo en cuenta la posibilidad de reducir penas por el trabajo con arreglo al antiguo Código, resulta más beneficiosa la aplicación de la legalidad vigente.


Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.


SEXTO.- Se formaliza al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24.2 de la Constitución por la lesión del derecho a la presunción de inocencia, en relación con la “operación Cementeras”.
1.- Sostiene que, para llegar a una resolución condenatoria, la sentencia lleva a cabo una valoración de la prueba, que comporta la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente, toda vez que la prueba de cargo tomada en consideración, resultaba manifiestamente insuficiente para desvirtuar aquella presunción, al tiempo que la sentencia no apreció múltiples elementos de prueba de descargo. Realiza un análisis de la prueba y denuncia que, ante la falta de un testimonio directo de quien protagoniza los hechos, la sentencia utiliza, como prueba de cargo, las declaraciones prestadas por distintas personas, que de una forma claramente marginal habían tenido participación en los hechos.
Señala que, más adelante, en un motivo decimocuarto por error de hecho se abordará con más detalle la equivocación sufrida por el juzgador. Si bien anticipándose a esta cuestión señala el documento obrante a los folios 2941 a 2.943 del tomo XI como base acreditativa del error del juzgador.
2.- Por razones sistemáticas y lógicas analizaremos, en este punto, solamente lo alegado en relación con la presunción de inocencia, que afecta exclusivamente al apartado de hechos probados conocidos como “Operación Cementeras”.
De lo enunciado en el apartado anterior, se desprende que la propia parte recurrente reconoce la existencia de prueba pero considera, por su parte, que resultaba manifiestamente insuficiente y que estaba desvirtuada por numerosos elementos de descargo.

Resulta imposible acceder a la petición de la parte recurrente, si se realiza una lectura pormenorizada de la sentencia recurrida. El análisis probatorio resulta abrumador y se concentra, a modo de conclusión, en un apartado 7, en el que se resume el proceso seguido por la Sala sentenciadora, para llegar a su convicción sobre la intervención culpable de los acusados, entre los que se encuentra el recurrente.


Se han tomado en consideración testimonios válidos, que corroboran la tesis de que las hormigoneras fueron adquiridas para cuadrar o ajustar los valores asignados a las sociedades y para lograr el equilibrio de las contraprestaciones. Además de la prueba testifical, la operación de ajuste resulta asimismo de las conclusiones periciales. La coartada o tesis de la defensa ha sido estimada de gran fragilidad y no se ha logrado una explicación razonable, para justificar que las cantidades que finalmente no fueron a parar a Banesto, se emplearon para el pago de una importante retribución a un tercero. Las sociedades Gay Cordón y Data Transmision System, a través de las cuales se canalizaron los 1.556 millones de pesetas, son sociedades vinculadas al recurrente. Se afirma que el acusado ha utilizado en su propio beneficio los fondos que proceden de la “Operación Cementeras”, en ocasiones en forma de préstamo, en otras mediante la aplicación directa en la adquisición de bienes y no se conoce el destino último de los fondos, si bien está acreditado que no han sido reintegrados a Banesto y no existe prueba de que efectivamente pasasen al patrimonio de un tercero con derecho a comisión.
3.- Damos por reproducido, por su pormenorización y detalles la impugnación de este motivo que realiza el Ministerio Fiscal, acudiendo a testimonios concretos prestados en el momento del juicio oral con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción. En definitiva, ha quedado acreditado que las cantidades manejadas para cuadrar la división efectuada del Grupo Cementero, no llegaron a Banesto ni tuvieron ningún otro destino justificado.
4.- Superada la fase en la que, la voluntad de los jueces era omnímoda para establecer conclusiones condenatorias, carentes de un debido sustento probatorio, la proclamación del principio constitucional de presunción de inocencia, exige una doble tarea, por un lado la utilización exclusiva de pruebas válidamente obtenidas y que no puedan ser expulsadas del proceso por tener un origen viciado de carácter constitucional o legal, y por otro, que su contenido, ofrezca un perfil inculpatorio que permita llegar a una convicción condenatoria. En la depuración del concepto constitucional de pruebas incriminatorias, se ha considerado incluso suficiente el testimonio único de la víctima, medida que, en este caso, ha sido abrumadoramente superada por las numerosas pruebas testificales, documentales y periciales que se reseñan a lo largo del análisis probatorio realizado.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEPTIMO.- Se formaliza al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del precepto constitucional en particular el art. 24.2 de la Constitución por lesión del derecho a la presunción de inocencia en relación con la operación “Cementeras” (falta de participación en la operación y en el destino de los fondos).
1.- Señala que la autoría la sitúa la sentencia, en una doble circunstancia fáctica: el uso del poder de administración del recurrente para que cantidades destinadas a Banesto ingresaran a favor de las sociedades ajenas a su grupo y, en segundo lugar, el hecho de que los fondos así obtenidos tuvieran al recurrente como destinatario.
En relación con ambas circunstancias, pone de manifiesto que la sentencia ha llevado a cabo un pronunciamiento condenatorio, sustentado en una falta de elementos probatorios, descartándose en la misma una voluminosa actividad probatoria directa de descargo.
Sostiene que no ha existido, en el juicio oral, prueba suficiente para entender que el recurrente realizara algún acto o diera instrucción en contra del interés de Banesto y en su propio beneficio o de un tercero, abusando de sus facultades de administración.
Realiza un análisis de la prueba e insiste en la conclusión de que el recurrente, nunca ha tenido relación con las sociedades que se dice utilizadas para la distribución de los fondos, ni nunca fue destinatario de dichas partidas.
2.- La sentencia recurrida afirma tajantemente, en el inicio del relato de hechos, dedicado a lo que se denomina “Operación Cementeras”, que todas las operaciones que se describen detalladamente en los apartados siguientes se originaron a partir de la decisión, conjuntamente adoptada por Banesto y por la familia Serratosa, de escindir el mencionado grupo cementero, mediante la división y adjudicación recíproca de las sociedades que lo componían, transmitiendo el Grupo Banesto a la familia Serratosa, las acciones que el primero tenía en la sociedad matriz Valenciana de Cementos, dividiéndose el resto del grupo entre ambos.
Asimismo se sienta como hecho probado, que los acusados Mario Conde y Arturo Romaní, con el propósito de procurarse un ilícito beneficio, aprovecharon la operación de las hormigoneras para hacer llegar, determinados fondos, que de no intervenir los anteriores, en uso de las facultades de administración que tenían encomendadas en la entidad, deberían haber ingresado en las cuentas del Banco Español de Crédito. Dichos fondos llegaron a las sociedades Gay Cordón y Data Transmision System; vinculadas a los anteriores y adquiridas con ese fin.
De forma clara y terminante está afirmada la participación del recurrente en la “Operación Cementeras” y en la apropiación de los fondos obtenidos, que, como se ha dicho con anterioridad, sólo deberían haber ido a parar al Banco Español de Crédito.
3.- La sentencia dedica de forma ordenada y sistemática un apartado expreso a la valoración probatoria efectuada, para llegar a establecer la forma en que se desarrolló la operación entre la familia Serratosa y el Banco Español de Crédito y utiliza, como soportes probatorios, las declaraciones de los acusados, la testifical, la prueba pericial, folios 10.723 y siguientes de los peritos designados por el Banco de España.
En definitiva las tesis de las acusaciones y de las defensas coinciden en que los millones de pesetas de beneficios no llegaron a la entidad bancaria. La defensa del recurrente sostiene que no era una cantidad que debiera percibir Banesto, sino que los fondos, en los que supuestamente se perjudicó y que motivan la acusación por apropiación indebida o estafa, proceden del patrimonio de la familia Serratosa y que su destinatario era un tercero, como retribución de una comisión por la intervención en la división del Grupo Cementero.
Es incuestionable que si esta versión es la única posible, el recurrente habría quedado al margen de la operación y del aprovechamiento de los fondos.
Sin embargo, la sentencia insiste, basándose en un abundante material probatorio, válidamente obtenido y suficientemente contrastado en el juicio oral, en que las plusvalías generadas por la operación no pasaron a Banesto como le correspondía, sino que una cantidad fue desviada a la Sociedad Gay Cordón, que fue el cauce para que el recurrente y Arturo Romaní obtuvieran la disponibilidad de aquellas sumas.
Por si había alguna duda se vuelve a ratificar que la escisión del Grupo Cementeras no benefició a Banesto, por lo que la relación jurídica que surge del acuerdo entre la familia Serratosa y la entidad financiera, debía desembocar, cualquiera que fuesen sus vicisitudes, en una recíproca aportación de contraprestaciones entre ambos protagonistas, sin que pueda justificarse la existencia de terceros beneficiarios.
Con objeto de evitar excesivos alargamientos en la contestación al motivo, nos remitimos y hacemos nuestro el proceso valorativo realizado por la sentencia recurrida.
4.- Como señala el Ministerio Fiscal, en su escrito de impugnación, ajustándonos a la congruencia exigible en el trámite del recurso de casación, lo determinante del motivo es dar por sentado, sí ha habido actividad probatoria suficiente para acreditar que el recurrente participó en la operación Cementeras y se benefició económicamente de sus resultados.
El hilo conductor que permite establecer estas conclusiones, con pruebas sólidas e incontroversibles, pasa por sentar las vinculaciones directas del recurrente y de Arturo Romaní con las sociedades que intervienen en el curso de las operaciones (Gay Cordón y Data Transmission System) y que sirvieron para desviar los importantes beneficios económicos generados, gracias a su dominio y dirección de las Sociedades mencionadas.
En relación con la Sociedad Gay Cordón, se puede afirmar que como dice la sentencia recurrida, su estructura de capital se compone de un grupo de sociedades que, aunque sin actividad, pertenecen al recurrente, mas un grupo de sociedades vinculadas a Arturo Romaní y en las que aparece como administradora única, la Secretaria de este último y en la que participan personas de su confianza.
Por lo que se refiere a la Sociedad Data Transmission System, ha quedado acreditado que se trataba de una sociedad controlada en su gestión por Arturo Romaní y que los poderes de administración conferidos eran meramente formales.
La estructura de capital de ambas sociedades directa o indirectamente puede ser asociada al recurrente y a Arturo Romaní. Lo verdaderamente esencial para el proceso penal que busca la verdad material, por encima de cortinas y veladuras que tratan de enmascararla, es el real dominio de la sociedad y de la capacidad de su utilización para la consecución de unos determinados fines, en este caso ilícitos.
5.- La actividad probatoria utilizada para llegar a la conclusión básica que pretende combatir el recurrente, parte de dos documentos de carácter objetivo, que han tenido como base el rastreo de los sucesivos pagos que se describen en el apartado fáctico y el seguimiento del curso de las cantidades entregadas en cada operación. La Sala se apoya y así lo dice en el apartado 6 de la fundamentación jurídica dedicada a este hecho, en el informe realizado por el miembro de la policía judicial nº 13.627 que obra a los folios 9,743 y siguientes del Tomo XXXIII, pieza principal, ratificado posteriormente en el acto del juicio oral (págs. 6472 y ss del acta) en el que compareció en calidad de testigo, pues así se propuso por alguna de las partes.
En los folios 9.743 y ss de las actuaciones figura un informe de la Unidad Central de Policía Judicial sobre las operaciones en el Grupo Cementero y más concretamente en relación con el papel jugado por Data Transmission System S.A y Gay Cordon S.L. Después de hacer un examen metódico y exhaustivo de las cuentas corrientes utilizadas y de los cheques expedidos establece como conclusión final que los fondos recibidos por Data Transmission System S.A y Gay Cordon S.L no han tenido como beneficiario persona física o jurídica de nacionalidad panameña, ni se deduce una intención de poner a disposición de “los panameños” tales fondos.
Como puede verse se trata de una prueba válida, sometida a contraste en el juicio oral y que tiene entidad suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia invocado por el recurrente.
6. Para combatir las alegaciones esgrimidas, creemos que es procedente reproducir los datos que el Ministerio Fiscal recoge en su escrito de impugnación.
Parte de los fondos que se encontraban en la Sociedad Data Transmission System, S.A. (esta sociedad había adquirido el 10 de Mayo de 1.990 de la Sociedad Gay Cordón, las acciones de las otras dos hormigoneras: Hormifasa y Prebetong Aragón, S.A.), los utilizó el Sr. Conde con cargo a la cuenta 99-X de esta entidad (Data), emitiéndose por un importe total de 170 millones, cheques con fechas de: 26-7 y 10-10 de 1.990 y 1-3-91 (40, 60 y 70 millones), el fin fue la financiación de la finca “Los Carrizos”, de su propiedad, y la adquisición de otra finca: “El Cuarto del Rincón”.
Consta a través del mismo medio probatorio, otra remesa de talones (3), por importes de 150, 175 y 205 millones que, según se desprende de los razonamientos lógicos y contundentes del juzgador (F.182 y siguientes de los fundamentos jurídicos), fueron utilizados por los acusados Conde y Romaní, como pago en dinero “B” de la denominada “Hacienda de los Melonares” propiedad de Sociedades pertenecientes a la familia Quesada. La sentencia señala la falta de verosimilitud de los testigos pertenecientes a la familia Quesada y destaca los datos que corroboran la tesis del negocio simulado.
Se ha podido determinar la existencia de ingresos cuantiosos (455.000.000) procedentes de Gay Cordón y Data Transmisión System, en la cuenta corriente de la Sociedad Apolo Inversiones y Servicios, S.A., esta sociedad tenía su domicilio social como Data y Montilsa, en la C/ Pedro Romero nº 8 de Madrid y era controlada por ambos acusados Romaní y Conde. La justificación de tal ingreso, fue la ampliación de capital de la sociedad que lo recibió y su objeto fue la adquisición de fincas que eran propiedad de Dª Mª Lourdes Arroyo Botana, cónyuge del acusado Mario Conde, situadas en Pollensa (Baleares) que recibió 420.000.000 de pesetas cuyo origen estaba en la Sociedad Data.

A pesar de la venta y el pago, la Sra. Arroyo continuó con el disfrute de la finca.


En suma, hay prueba suficiente para enervar el derecho invocado en cuanto al extremo que contiene el recurso, relativo a la participación del recurrente.
El acusado era Presidente y Administrador de la entidad de la que sustrajo las sumas señaladas, a través de sociedades relacionadas con él y Romaní, desde las que, con nuevas transmisiones del montante de los fondos de referencia, canalizaron el dinero, hasta que en base a simulados préstamos o por compra de bienes, dispusieron de los mencionados fondos aunque no haya sido posible conocer su destino total.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

OCTAVO.- Aunque los motivos octavo, noveno y décimo hacen referencia a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación con la ilicitud de la operación denominada “Concha Espina”, la participación del recurrente y su falta de intervención en la disposición de los fondos, los trataremos por separado comenzando por la cuestión inicial.
1.- Sostiene que, de la prueba practicada, se desprende que el recurrente nunca utilizó la sociedad Gestiesa para adquirir parte del negocio del Centro Comercial Concha Espina, a través de cuentas en participación. El motivo reproduce todo lo alegado en el motivo cuarto, en orden a los documentos que se manejaron por la sentencia en lo relativo a la identidad y titularidad de la citada sociedad. De lo que se trata en el presente motivo, es poner de manifiesto que, en contra de lo afirmado por la sentencia, la prueba obrante en las actuaciones evidencia que nunca se produjo tal adquisición.
Insiste de nuevo en que la postura del Tribunal está inspirada en el informe de la Agencia Tributaria, al que ya se ha hecho referencia.
Mezclando de nuevo el concepto de error de hecho con el de presunción de inocencia, cita una factura, la número 01/91 expedida por Montilsa S.L que se encuentra incorporada a las actuaciones al tomo 109-3 de la pieza documental folio 30.577 y además fue objeto de exhibición en el juicio oral con ocasión de la prueba testifical. Transcribe la factura y señala que de su texto se desprende la inexactitud del informe de la Agencia Tributaria y por consiguiente el error de la sentencia.
2.- La cuestión está en estrecha relación con la abordada en el motivo cuarto. Resulta incontrovertible, a la luz de la actividad probatoria válidamente desarrollada, que fue la Sociedad Montilsa la que el recurrente, junto con otro de los acusados, utilizó para materializar el beneficio derivado de la venta a la Corporación Industrial Banesto del 29% de la cuenta en participación que Mario Conde y Arturo Romaní habían adquirido, como ha quedado probado, sin abonar cantidad alguna por dicha adquisición.
Fue la sociedad Montilsa S.L, última cesionaria de las cuentas en participación, la que vendió a Dorna S.A el porcentaje del 29% en el precio de 1.103.218.928 de pesetas, de las que 118.202.029 pesetas correspondían al IVA, consiguiendo un beneficio de 985.016.900 de pesetas en cuanto que habían obtenido gratuitamente la participación en el negocio.
Toda esta operación se realiza ocultando a la Comisión Ejecutiva de la Corporación Industrial Banesto, a la que se convenció para entrar en la “estructura accionarial” del Centro Comercial Concha Espina, silenciando a sus componentes que el acusado tenía intereses directos en la venta.
3.- Todo lo expuesto ha sido acreditado por una abundante actividad probatoria, que no aparece desvirtuada por ninguna otra contraprueba, con entidad suficiente para anular la fuerza incriminatoria de los elementos utilizados por la Sala sentenciadora.
La sentencia sistematiza su análisis probatorio y lo expone con absoluta claridad al sentar, entre otras afirmaciones, que ha quedado plenamente acreditado, por la abundante prueba practicada (documental, prueba testifical y prueba pericial) en la forma en que se irá concretando sobre cada extremo, que los acusados Mario Conde y Arturo Romaní, a través de la sociedad Montilsa que dominaban, adquirieron un porcentaje en las cuentas en participación en el negocio del Centro Comercial Concha Espina, sin contraprestación, es decir, gratuitamente, así como la realización de todas las actividades anteriormente descritas hasta la consumación del beneficio en su propio interés.
La resolución desmenuza, con gran precisión, todos los elementos probatorios que acreditan su dominio sobre la sociedad Montilsa S.L, basándose en la prueba documental a la que hace referencia, en el informe pericial de la policía judicial, en la propia declaración de una testigo y en el reconocimiento del recurrente de haber recibido un préstamo de 140 millones de pesetas procedentes de Montilsa S.L y que fue ingresado, junto con otro, en la cuenta de crédito nº 3000275.1 abierta en el Banco Urquijo a nombre de Mario Conde. Se declara asimismo de forma tajante, que no se ha acreditado que esa cantidad haya sido devuelta a Montilsa, ni que se hubieren pagado intereses como precio del préstamo.
Toda esta prueba, lícitamente obtenida y de incuestionable condición inculpatoria, pone de relieve que se han respetado los presupuestos básicos que impiden la entrada en juego de los efectos protectores de la presunción de inocencia.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

NOVENO.- Se formaliza al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del artículo 24 de la Constitución en lo referente a la presunción de inocencia del recurrente en relación con la operación Centro Comercial Concha Espina (falta de participación).
1.- El motivo se concreta al planteamiento de la vulneración de la presunción de inocencia, en relación con la falta de toda prueba incriminatoria del recurrente en cuanto a su participación, en cualquiera de las fases constitutivas de la Operación Concha Espina.
A tal fin señala que, no ha existido otra prueba que la que acredita que el recurrente tenía la condición de Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Corporación Industrial Banesto y que participó en la sesión de 26 de Septiembre de 1.991, votando en idéntico sentido al que lo hicieron todos los demás miembros presentes, debiendo recordarse que la autorización para la inversión en el Centro Comercial Concha Espina, fue acordada por unanimidad. Pone énfasis en que ni antes de esa sesión, ni con posterioridad a la misma, el recurrente desplegó actividad alguna referida a esa inversión.
A continuación analiza la prueba que en su opinión acredita lo anteriormente afirmado.
2.- Para sustentar su posición casacional, acude a una serie de testimonios vertidos durante la celebración del juicio oral y las actas de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de Julio de 1.991 y 26 de Septiembre de 1.991 (Tomo 41 de la prueba documental de la instrucción, pág. 73 a 75 y 91 a 93).
En su opinión no existe un solo elemento probatorio, que permita corroborar la afirmación de la sentencia, en el sentido de que el acusado ocultó su interés en el negocio y que se valió de la colaboración de los titulares de la empresa Dorna S.A.
También acude al testimonio de personas relacionadas con la Sociedad Montilsa que, según su criterio, acreditan que el recurrente no tuvo ninguna relación con dicha entidad, que según afirma, funcionaba con arreglo a las instrucciones que impartía el otro acusado Arturo Romaní, y así lo manifestó éste, en el acto del juicio oral. No obstante admite y reconoce que hubo relación entre la sociedad y el recurrente, a través de un contrato de préstamo de 17 de Marzo de 1.994. Insiste en las manifestaciones de Arturo Romaní en el acta del juicio oral.
Entrando, en el fondo de la calificación jurídica de los hechos, combate la postura de la sentencia recurrida, sobre su participación en los hechos que se le imputan.
Se remite al motivo décimo y cita varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre el contenido y alcance de la presunción de inocencia.
3.- Conviene recordar que existe una abundantísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, que han puesto reiteradamente de relieve, que toda condena debe de ir precedida siempre de una actividad probatoria, lo que supone que no se puede condenar sin pruebas lícitamente obtenidas y con suficiente entidad incriminatoria, pudiéndose valorar no sólo las pruebas producidas durante las sesiones del juicio oral, sino también las existentes en las actuaciones que hayan sido introducidas, por los diversos medios previstos en la ley, en el debate contradictorio y público del plenario.
4.- La fundamentación jurídica y los razonamientos desplegados por la Sala sentenciadora, para valorar todo el material probatorio disponible, justifica suficientemente la denegación de las pretensiones de la parte recurrente.
En relación con el punto concreto que plantea el presente motivo, que no es otro que la participación del recurrente en el delito de estafa, la sentencia recurrida desgrana de manera metódica, la actividad probatoria que ha utilizado y que se sistematiza fundamentalmente en las páginas 198 y siguientes, que damos por reproducidas.
Como dato complementario, podemos citar las objeciones realizadas por el Ministerio Fiscal para impugnar el motivo, destacando especialmente la existencia de unas relaciones que, pudiéramos denominar preferenciales, del Banesto que presidía y dirigía el acusado, con el Grupo Dorna, integrado por la diversidad de sociedades gestionadas por los hermanos García Pardo, que dio lugar, entre otros, al contrato de Banesto con “Consultores Asociados” (pág. 6566 y siguientes) y al contrato de fiducía, en relación con la tenencia de acciones de determinados medios de comunicación a través de la filial Publicaciones y Proyectos.
Para acreditar la participación del recurrente, se ha contado con la declaración de los Hermanos García Pardo y el Director General de la Corporación, que figuran en el acta del juicio oral.
Se dispuso también del contrato suscrito entre el Real Madrid y una Sociedad de los Hermanos García Pardo (Inmobiliaria Blasco de Garay). A los folios 10.219 y siguientes de la documental, consta el contrato de cuentas en participación entre las sociedades, ambas del Grupo Dorna, Inmobiliaria Blasco de Garay y Dorna S.A.
De nuevo debemos remitirnos a la abundante prueba documental, testifical y pericial, que acreditan el protagonismo del recurrente en la sociedad Montilsa y la adquisición del porcentaje de cuentas en participación cifrado en un 29%.
5.- El proceso valorativo realizado por el órgano juzgador debe considerarse como racional, lógico y adecuado al contenido de los documentos, testimonios y pericial de que se ha dispuesto. No es necesario que el impacto probatorio sea, en todos los casos, directo y personal, siendo suficiente con su entidad indiciaria, siempre que se reúnan las exigencias jurisprudenciales para su efectividad probatoria y que se dan en el caso presente. Pluralidad de signos indiciarios derivados de prueba directa, enlace lógico y racional entre todos ellos de manera que la conclusión obtenida, sobre la autoría y participación del recurrente, no resulta arbitraria e incompatible radicalmente con el elenco probatorio disponible.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

DECIMO.- Se formaliza al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., por vulneración de precepto constitucional, en particular del art. 24 de la Constitución por lesión del derecho del recurrente a la presunción de inocencia, en relación con la operación Centro Comercial Concha Espina (falta de intervención en la disposición de los fondos).
1.- Señala que la sentencia impugnada, condena al recurrente como autor de un delito continuado de estafa, para cuya comisión habría sido determinante la utilización de sociedades mercantiles dominadas por él, como sucede en la operación Concha Espina con la intervención de Gestiesa y Montilsa. Sin embargo la prueba practicada revela, en su opinión, que no ha tenido, en momento alguno, ni el dominio fáctico de las citadas sociedades mercantiles, ni de los fondos de los que éstas hubieran dispuesto.
Según su criterio, resulta llamativa la ausencia de elementos probatorios, en lo relativo a la relación del recurrente con las empresas mencionadas, de tal manera que no existiendo una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, el resultado de las pruebas practicadas confirmaba de manera rotunda la vigencia de ese derecho fundamental. La sentencia ha ignorado esa ingente prueba y con ello ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.
Denuncia además la existencia de un error de hecho, que será objeto de un motivo posterior.
2.- En este punto concreto, se trata de demostrar la falta de intervención del recurrente en la disposición de los fondos procedentes de la operación denominada Centro Comercial Concha Espina.
El motivo es una variante específica de los anteriores, con la pretensión concreta de que se declare la inexistencia de dominio fáctico alguno, sobre las sociedades mercantiles que se utilizaron para ingresar los beneficios derivados de la venta de las cuentas en participación y en consecuencia que, tampoco tuvo disposición de los fondos obtenidos.
Debemos insistir en que la sentencia recurrida, ha dispuesto de prueba válidamente obtenida y de contenido incriminatorio, también sobre este punto concreto y que ha consistido fundamentalmente en el informe pericial de la policía judicial, debidamente contrastado y la declaración de la testigo, que figura como administradora única, de alguna de las sociedades que se utilizaron para la disposición de los fondos procedentes de la operación a la que venimos refiriéndonos.
En consecuencia todo el sustento del motivo, que debe circunscribirse exclusivamente a la existencia o inexistencia de actividad probatoria suficiente para superar las barreras protectoras de la presunción de inocencia, se ve desvirtuado por el análisis probatorio realizado por la Sala sentenciadora, por lo que nos remitimos a lo expuesto con anterioridad, para establecer, como conclusión, que tampoco en este caso, se ha vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia.
Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.
UNDECIMO Y DUODECIMO.- Examinaremos conjuntamente los mencionados motivos que se plantean al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ., por vulneración del precepto constitucional del art. 24.2 de la Constitución por la lesión del derecho del recurrente a la presunción de inocencia en relación con la operación Oil-Dor (falta de participación), y al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ., por vulneración del precepto constitucional del art. 24.2 de la Constitución por la lesión del derecho del recurrente a la presunción de inocencia en relación con la operación Oil-Dor (falta de participación en el destino de los fondos).

1.- Señala que la sentencia vulnera el derecho de la presunción de inocencia al condenarle como autor de un delito continuado de estafa, a pesar de la falta de prueba sobre la participación del recurrente en la operación, que sólo indiciariamente se justifica, sin prestar atención a la abundante prueba directa de descargo.


Da por reproducidos muchos de los argumentos del anterior motivo y reitera, que se han practicado numerosas pruebas directas de descargo, que se contraponen de forma abrumadora, a los someros indicios empleados en la sentencia para alcanzar un fallo condenatorio.
Señala que la sentencia dedica varios párrafos, a expresar el criterio judicial utilizado para atribuir al recurrente el control de las repetidas mercantiles y de los fondos manejados por éstas. Sin embargo, en tales párrafos, se echa en falta un detalle, cuáles han sido los elementos de prueba que han permitido llegar a esa conclusión. Señala que esta ausencia de referencia probatoria, resulta llamativa cuando en relación con esos puntos se han producido una intensa actividad probatoria a lo largo del juicio oral, que ha sido ignorada por la Sala sentenciadora.
2.- Los motivos, como puede verse, invocan la aplicación del efecto exculpatorio de la presunción de inocencia, en relación con la participación directa del recurrente en los hechos, que sirven de sustento a la calificación delictiva realizada por la Sala sentenciadora y proclama la ausencia de intervención alguna, en el reparto de los beneficios ilícitos que se derivan de la operación Oil Dor, que se considera como constitutiva de un delito continuado de estafa, en relación con lo sucedido en el Centro Comercial Concha Espina.
3.- Ajustándonos, una vez más, a los términos estrictos en que debe sustanciarse cualquier debate, sobre la existencia o inexistencia de actividad probatoria que pudiera resultar bastante para sostener una postura incriminatoria, frente a la tesis exculpatoria del acusado, debemos consignar que, para desmontar la postura de la defensa del recurrente, basta con examinar si la sentencia ha manejado elementos probatorios de cargo.
La propia parte recurrente admite, que el órgano juzgador ha fundamentado su decisión sobre pruebas válidas existentes en las actuaciones, pero considera que debe darse un valor prevalente e indiscutible a las manifestaciones del acusado, frente a las conclusiones obtenidas en la sentencia recurrida.
4.- La Sala sentenciadora ha realizado sus afirmaciones en orden a la participación del recurrente, basándose en una serie de pruebas que ha manejado de forma racional, lógica y alejada de cualquier vestigio de arbitrariedad o irracionalidad.
Nadie ha discutido que, como se afirma en la declaración de hechos probados, la sociedad Oil Dor se constituyó el día 6 de Marzo de 1.991, con un capital social de 10.000.000 de pesetas, que de manera directa o indirecta o a través de otras participaciones, tenían los hermanos García Pardo.
Tampoco se discrepa de la afirmación relativa a las relaciones existentes entre los hermanos García Pardo, el recurrente y otros dos acusados.
Existe constancia de las negociaciones, realizadas en el último trimestre del año 1.991, para la entrada de la Corporación Industrial Banesto en Oil Dor. También se dispone de prueba que acredita que, la valoración dada al negocio de dicha entidad, para concretar la entrada de la Corporación, fue asumida acríticamente por los acusados, sin tener en cuenta la realidad económica de la empresa, que en lugar de los beneficios gratuitamente calculados, arrojaba unas importantes pérdidas. Sobre esta base, la sentencia establece una conclusión irrefutable y contundente, derivada de estos hechos indiscutiblemente probados, en la que se afirma que resulta irracional que el recurrente y los otros acusados, asumieran la valoración dada a Oil Dor, faltando al deber de diligencia que tenían como administradores de la entidad, que iba a realizar la adquisición de acciones.
5.- También ha quedado acreditado, que tras la aprobación por la Comisión Ejecutiva de la Corporación Industrial Banesto de la propuesta de invertir en Oil Dor, en la que tuvo una decisiva intervención el recurrente, éste llegó a un acuerdo con los hermanos Pardo para planear una ampliación de capital en el que Conde y Romaní suscriben 3.532 acciones por 33.300.000 a través de la Sociedad Montilsa y más de 100 acciones por 1.000.000 de pesetas a través de Servicios y Recursos (Apolo). Como señala el Ministerio Fiscal, el precio de la acción, hasta que las compró la Corporación Industrial Banesto era de 10.000 pesetas y que si, en ese momento, como parecía adecuado, el recurrente hubiera acordado la entrada de Banesto en Oil Dor, se hubiera adquirido el 50% en sólo 200 millones y no en 6.000.000.000 como resultó.
Es también un hecho incontrovertido que el recurrente ocultó a los demás miembros de la Corporación, que había tomado parte en la ampliación de capital de Oil Dor.
También se relata, con arreglo una valoración probatoria lógica y racional, que el recurrente se valió de sociedades interpuestas que dominaba, consiguiendo junto con otro acusado, un beneficio personal de 866 millones de pesetas.
6.- Las afirmaciones que hemos venido consignando, se basan en inducciones valorativas ajustadas a las más estrictas reglas del análisis racional y lógico de los elementos probatorios, indiscutiblemente válidos, que ha manejado la Sala sentenciadora, por lo que no podemos, sino compartir las conclusiones fácticas establecidas sin que las argumentaciones vertidas por la parte recurrente, tengan consistencia suficiente, para anular lo decidido.
Los órganos juzgadores no gozan de una absoluta e incontrolable capacidad valorativa de las pruebas y, al mismo tiempo tienen la obligación de motivar y fundamentar sus conclusiones finales, ajustándose a lo que se deriva de la prueba disponible. En esta ocasión se ha ajustado de forma irreprochable a estos presupuestos y sus afirmaciones finales, sobre la participación del recurrente en la maniobra engañosa y en la disposición de los beneficios ilícitamente obtenidos, están avaladas por la prueba existentes y por las racionales valoraciones realizadas.
Por lo expuesto ambos motivos deben ser desestimados.




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