Tribunal permanente de los pueblos



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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Fundador: LELIO BASSO (ITALIA)



Presidente

Secretario general

FRANCO IPPOLITO (ITALIA)


GIANNI TOGNONI (ITALIA)



LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO (2011-2014)
Audiencia final

Ciudad de México, 12-15 de noviembre de 2014
SENTENCIA


SEGRETARÍA GENERAL: FONDAZIONE BASSO

VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 - 00186 ROMA, ITALIA

TEL: 0668801468 - FAX: 066877774

E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.itfilb@iol.it

Web: http://www.internazionaleleliobasso.it

A LA SOMBRA DE AYOTZINAPA
Los días de esta Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más crítico en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la Audiencia Final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.
Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Los orígenes y la larga historia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en sus 35 años de su actividad y las decenas de casos que ha tratado no necesitan ser resumidos en detalle y son accesibles fácilmente a través de las tantas publicaciones disponibles en Internet (www.internazionaleleliobasso.it). A partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), el papel del TPP ha sido el de ofrecer una alternativa a los pueblos que no encuentran respuestas en las instituciones (nacionales e internacionales) que oficialmente representan el derecho de los Estados. El TPP busca transformarse en una tribuna de visibilidad, de toma de palabra, de narración de las violaciones sufridas, de análisis, evaluación y juicio sobre las causas y los responsables de crímenes que pretenden transformar a mujeres y hombres sujetos de derechos inviolables (individuales y colectivos) en víctimas despojadas y depredadas.

Dado que el TPP, por definición, no cuenta con el poder de traducir sus juicios en decisiones prácticas punitivas, recibe su legitimidad de dos características complementarias: a) la capacidad de garantizar una representatividad efectiva de los “pueblos” que se encuentran huérfanos de derechos y víctimas sin esperanza de reconocimiento y reparación; b) la utilización del derecho existente con una mirada que garantice y promueva interpretaciones y juicios que reconocen a las víctimas como titulares de derecho, que asumen el desafío de considerar como inviolable la prioridad jerárquica de los derechos de las personas y de los pueblos, sobre el derecho de los tratados que regulan los bienes de mercado.

Así como se ha documentado en las 10 audiencias temáticas y transtemáticas (producto, a su vez, de 40 preaudiencias), la participación de las poblaciones afectadas incluyó decenas de miles de personas, con la contribución muy activa de redes de profesionales de las diferentes disciplinas implicadas en los procedimientos, que han garantizado (con la coordinación de la Secretaría General del TPP, en la persona de Simona Fraudatario) no solo una enorme documentación de muy alta calidad, sino la permanencia a lo largo de tres años de una verdadera escuela pública de derecho. El TPP reconoce en este sentido, en las palabras de Andrés Barreda en la ponencia introductoria a la Audiencia Final, la condición fundamental de la legitimidad del TPP y quizás el resultado más cierto y eficaz en términos de restitución de derechos a quienes les han sido impunemente violados: “El Tribunal se convirtió en un espacio comunitario no por haber definido un plan supremo y una nueva fe a la cual sujetarnos, sino sobre todo porque abrió un proceso comunicativo real, procesual, que permitió transformarnos a cada uno de los que participamos dentro de esta experiencia. En ella nos recreamos unos a otros, restituyendo nuestra esperanza en el papel que pueden desempeñar las palabras, las argumentaciones, los razonamientos justos basados en principios éticos. Por ello, aunque sólo sea momentáneamente, hemos restituido la confianza en el otro. El Tribunal también permitió el aprendizaje mutuo. En suma, creó un espacio de nuevo tipo para exigir nuestro derecho a un México diferente y nuestro derecho a definir nuestros propios derechos. Y lo cumplió de tal forma que se convirtió en una muy incipiente demostración en acto de que ese México mejor es algo que ya está aquí y ahora, como algo inmediatamente práctico y abierto para que lo sigamos practicando quienes así lo deseemos”.

Desde el punto de vista de la competencia específica del TPP en un tema que toca de manera explícita, y ejemplar por su dramatismo, las relaciones (concretas y no principalmente doctrinales) entre la obligatoriedad de los tratados económico-comerciales y la jerarquía de los derechos humanos y de los pueblos, el TPP tiene una larga experiencia que incluye, en otros y diferentes contextos, todos los temas que se encuentran en el Capítulo México. Es preciso hacer referencia específicamente a los dictámenes sobre Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial (1988; 1994); impunidad (1991); las raíces de conquista del derecho internacional (1992); las sesiones sobre Colombia (2005-2008); los juicios sobre las transnacionales europeas en Latinoamérica y el papel de la Unión Europea (2006-2010); transnacionales y sector agroquímico (2011).
2. PROCEDIMIENTO Y JURADO

La Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos representa la conclusión de un largo camino que empezó el 21 de octubre de 2011 con la presentación del acto de acusación en una sesión pública en la UNAM y que se ha desarrollado a través de siete audiencias temáticas y tres transtemáticas dedicadas a explorar de manera sistemática y juzgar el espectro complejo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos que han ocurrido a lo largo del periodo específicamente considerado en los procedimientos del TPP: 1982-2014.

La documentación detallada –escrita, oral, visual– de los casos y de los informes que han sido examinados por las audiencias del TPP ha sido tomada en cuenta en su versión original en la fase preparatoria, y a través de las ponencias de los relatores y fiscales presentadas y discutidas en las sesiones públicas de la Audiencia Final (ver Anexo 1, Programa y perfil de los ponentes y testigos). La imagen que brinda el mapa temático y geográfico de las audiencias y de los miembros de los jurados que han formulado los dictámenes intermedios (los textos completos, en fase de redacción final, serán accesibles en el sitio de la Fondazione Basso http://www.internazionaleleliobasso.it) representa gráficamente el carácter de fuerte vinculación con las diferentes realidades y poblaciones del país cuya significación metodológica e instrumental para el papel y la vigencia de este dictamen será comentada más adelante.
Las juezas y los jueces que han integrado el jurado son:

Philippe Texier, Francia (Presidente)

Es magistrado honorario de la Corte de Casación de Francia. Fue miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 1987 hasta 2008 y su presidente desde 2008 hasta 2009. Fue director de la División de Derechos Humanos en Onusal (Misión de la ONU en El Salvador) en 1991-1992, y relator de la Comisión de Derechos Humanos sobre Haití en 1988-1990.

Monseñor Raúl Vera, México

Obispo de Saltillo, es destacado defensor de los derechos humanos en México. Fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, en Saltillo. Ha acompañado a los mineros del carbón en la defensa de sus derechos laborales; a los migrantes centroamericanos y sudamericanos, promoviendo la fundación de dos Casas del Migrante: en Ciudad Acuña, Coahuila, “Casa Emaús”, y en Saltillo, Coahuila, “Belén Posada del Migrante”. Ha defendido los derechos de las minorías, como los niños y las mujeres y el caso de los presos políticos de Oaxaca, de San Salvador Atenco, y de Ayutla de los Libres, Guerrero. Participa en movimientos en defensa de la biodiversidad. Impulsa el diálogo y la solidaridad ecuménica con los pueblos del mundo. Es presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” y del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (CENAMI). Entre las organizaciones de la sociedad civil es presidente honorario de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad; es presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”. Ha recibido numerosos reconocimientos a su trabajo a favor de los Derechos Humanos.

Elmar Altvater, Alemania

Economista, Profesor en la Universidad Libre de Berlín, Departamento de Ciencias Políticas (Otto-Suhr-Institut), y profesor invitado en numerosas Universidades (en Mexico, Brasil, Canadá y EEUU, entre otros países). Fue Presidente de la Fundación Lelio Basso para el Derecho de los Pueblos en Roma.

Luciana Castellina, Italia

Política, periodista y escritora italiana, fue miembro del Partido Comunista Italiano y del Partido de la Unidad Proletaria por el Comunismo. En varias ocasiones fungió como diputada de Italia y perteneció al Parlamento Europeo durante dos décadas, a partir de 1979. Fue Vicepresidenta del Comisión permanente del Parlamento europeo para América Latina y Centroamérica.
Graciela Daleo, Argentina

Miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde 1996. Sobreviviente del campo de concentración clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (Buenos Aires) durante la dictadura cívico-militar (1976-1983). Integra un grupo jurídico-político de militantes que actúan en varios procesos judiciales que se llevan adelante en Argentina por violaciones masivas a los derechos humanos.

Alda Facio, Costa Rica

Jurista y escritora. Es asesora permanente de Asociadas por lo Justo (JASS), organización feminista internacional que busca apoyar a los movimientos locales  de mujeres en sus luchas por la justicia social. Recientemente fue electa por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como una de las cinco integrantes del Grupo de Expertas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Es fundadora y directora académica del Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Toronto y profesora de derechos humanos y género en la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Fue fundadora y directora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género, organización que aglutinó a más de 800 ONG alrededor del mundo para cabildear por la incorporación de una perspectiva de género en el Estatuto de Roma.

Daniel Feierstein, Argentina

Investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), radicado en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina, donde ha fundado y dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la asignatura “Análisis de las prácticas sociales genocidas”. Actualmente ha sido electo Presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) y ha sido profesor invitado en universidades de España, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, entre otros países.

Juan Hernández Zubizarreta, España

Doctor en Derecho y docente titular de la Universidad del País Vasco-EHU. Investiga y escribe sobre las empresas transnacionales y su relación con la globalización neoliberal, los derechos humanos y la justicia internacional, y ha participado desde diversos roles en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha sido miembro del Consejo Económico y Social del País Vasco y director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco-EHU.

Carlos Martín Beristain, España

Médico y doctor en Psicología social. Profesor del Master Universitario Europeo en Ayuda Humanitaria Internacional. Ha sido coordinador del Informe Guatemala. Nunca Más. Y asesor de las Comisiones de la Verdad del Perú, Paraguay y Ecuador. Ha trabajado como asesor de salud mental de Brigadas Internacionales de Paz, en El Salvador, Guatemala y Colombia. Trabaja desde hace 25 años con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países en conflicto, con grupos de derechos humanos y comunidades desplazadas y refugiadas, con sobrevivientes de tortura y familiares de desaparecidos. Ha sido perito de evaluación médica y psicosocial en 6 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido Consultor de la Corte Penal Internacional en varios casos sobre trabajo con víctimas. Es autor de numerosos libros sobre el trabajo psicosocial y atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Antoni Pigrau Solé, España

Es Catedrático de Derecho internacional público en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona(CEDAT) (www.cedat.cat), desde diciembre de 2007 y director de la Revista catalana de derecho ambiental (www.rcda.cat) desde 2009. Es vicepresidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) (www.icip.gencat.cat). Es corresponsal en España del Yearbook of International Humanitarian Law, editado por el TMC Asser Instituut, La Haya, Países Bajos, desde 1988. Investigador en temas de derechos humanos,derecho penal internacional y derecho ambiental.

Silvia Rodríguez, México

Mexicana de nacimiento, vive en Costa Rica desde 1974. Es profesora emérita de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Activista por la recuperación del control colectivo de la biodiversidad, su trabajo crítico ha mostrado que la aprobación de convenios y leyes de propiedad intelectual con sesgo privatizador, por parte de los estados, es el resultado de la presión de las corporaciones transnacionales y de los intereses de Estados Unidos. Sus trabajos de investigación y su participación pública son uno de los principales referentes en Costa Rica para la crítica del libre comercio.

Nello Rossi, Italia

Actualmente es el Procurador Adjunto de Roma. Desde 2007 está a cargo de la coordinación de los grupos de trabajo especializados en delitos económicos e información en la capital italiana. A su vez se desempeña como delegado del Ministerio de Justicia en el GAFI (Grupo de Acción Financiera), formado en la OCDE. De 2002 a 2007 fue juez de la Corte de Casación en materia penal, responsable de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la administración pública, extradición y órdenes de aprehensión europeas. Por cerca de 15 años , hasta 2012 , fue co-editor de la revista jurídica “Cuestiones de Justicia” promovida por “Magistratura Democrática”. Es autor de numerosos artículos y libros en materia penal y procesal penal.



3. LA EVOLUCION DE LA DEPENDENCIA DE MEXICO CON ESTADOS UNIDOS Y EL ROL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)
Los tiempos, las características y las implicaciones generales del proceso de entrada de México en el mundo del libre comercio, hasta su transformación en un verdadero laboratorio a nivel regional y global, son esenciales para proporcionar un cuadro general de referencia a los procedimientos de esta audiencia. Sin pretender una exhaustividad que de cuenta del conjunto del análisis presentado en las audiencias temáticas, los cuatro puntos que siguen proponen desarrollar:


  1. La transformación de la estructura productiva de México,

  2. Las transformaciones neoliberales en México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

  3. La genealogía de la economía criminal y el narcotráfico en México,

  4. La economía criminal y la criminalización de la economía.

3.1.- LA TRANSFORMACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE MEXICO

El daño económico más importante generado por el libre comercio ha sido la desindustrialización de su área manufacturera (relativamente poderosa) que conformaba importantes cadenas industriales construidas a lo largo de ciento cincuenta años. Ello fue reemplazado abruptamente con un agresivo proceso de reindustrialización que promovió principalmente industrias maquiladoras, pero también industrias estratégicas de cuño transnacional no mexicano (una de las industrias automotrices más poderosas del mundo1 o la industria electroinformática).

Otro hecho fundamental es el extractivismo que con el libre comercio pasó de ser básicamente petrolero hacia un extractivismo energético cada vez más complejo (que incluye gas convencional, el gas shale, viento, energía solar), un extractivimo minero cada vez más intenso y complejo y un extractivismo hidrológico también devastador. Todo enfocado a abastecer los mercados estadounidenses, y a entregar los recursos naturales estratégicos a empresas petroleras y gasíferas de EEUU, a empresas españolas eléctricas y a empresas mineras de Canadá.

La agricultura tradicional y la soberanía alimentaria que existía antes de la firma del TLCAN fue suplantada por una reconstrucción deformada de una agricultura de exportación. México perdió la soberanía en la mayoría de sus áreas básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos procesados, etc. Hoy el país importa diez millones de toneladas de maíz, a la vez que subordina la nueva producción agropecuaria a los gustos del mercado estadounidense: hortalizas, berris, aguacates, frutas tropicales, marihuana, amapola, etc.

Todos los programas de apoyo a la producción rural han sido desmantelados, así como las principales leyes que protegían la propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su privatización que avanza primordialmente en el centro del país. Aun así, la mayor parte de la propiedad rural de la tierra se mantiene en el norte y sur del país, en manos de propietarios colectivos que se resisten a registrar de forma privada sus tierras.

Resulta simbólico en este contexto, la desaparición del ejido expresamente pedida por el TLCAN aun antes de su discusión y aprobación; y de la sustracción de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra comunal. De este modo se abre la puerta a la pérdida del uso colectivo de la tierra, principio y base fundamental de la organización social de México.

El territorio ha sido reorganizado a favor de nuevos corredores industriales estratégicos construidos entre el Este estadounidense y la cuenca del Pacífico, reaprovechando o impulsando algunos importantes puertos industriales en la costa del Pacífico mexicano. En virtud de ello se construyó el sistema de movilidad terrestre y marina intermodal muy agresivo y desregulado, siempre planeado al servicio de las industrias just in time operantes en México, lo cual ha hecho de las carreteras mexicanas unas de las más peligrosas del mundo.

El comercio nacional, las grandes agencias comerciales estatales en el campo (CONASUPO), y las pequeñas y medianas empresas productivas y comercializadoras familiares se han destruido, y fueron reemplazadas por empresas altamente monopolizadas, sobre todo de cuño transnacional, contribuyendo a elevar el desempleo. A esto se suma la destrucción del sistema financiero. El mercado interno (industrial, agropecuario) destruido fue suplantado por un mercado importador de todo tipo de insumos industriales, medios de subsistencia principalmente estadounidenses y un fomento del mercado exportador.

Desde 2012 en México se paga uno de los salarios más bajos del mundo en términos comparativos, aprovechando la sobreoferta laboral, aunque esté perfectamente disimulada, como así también el desempleo real, maquillado en el caso de los trabajadores intermitentes o informales (3 de cuatro trabajadores en México son informales) y con el flujo migratorio hacia Estados Unidos (10.64 millones de los 15.2 millones de mexicanos expulsados a partir de la firma del TLCAN), que es principal flujo migratorio del mundo.

El desempleo también queda oculto con todos los trabajadores que se incorporan a trabajar dentro de la economía criminal, principalmente en el narcotráfico, o bien en el incremento descomunal de la policía, la marina y el ejercito, cuya plantilla crece con el argumento de contener el crecimiento de la economía criminal.

¿Cómo ha sido que todos estos factores que mencionamos no hayan propiciado la destrucción absoluta de la economía nacional? La solución de este enigma no está solamente en la reestructuración de las fuentes de ingresos que ha abierto el nuevo México sino en las remesas de miles de millones de dólares (22 miles de millones anuales) que envían los migrantes, y los miles de millones de dólares generados por las actividades criminales: tráfico de drogas, de precursores químicos, de armas, de emigrantes y transmigrantes, trata de mujeres, niñas y niños, de órganos, la prostitución infantil, etc. A esto se le suman los ingresos que generan las actividades informales.

El permanente control norteamericano de la economía, la política y las fuerzas armadas mexicanas también ha favorecido la manipulación, los fraudes electorales y la corrupción como rasgos estructurales cruciales del Estado mexicano. La combinación de estos factores se vincula con el desarrollo del neoliberalismo y la firma de tratados de libre comercio por cuenta de México. Sin esta combinación de factores resulta imposible entender cómo es que la economía ilegal llega a representar, según diversas estimaciones académicas, el 40% del PIB nacional2 y cómo los grupos de narcotraficantes mexicanos se ubican entre los grupos criminales más importantes del mundo.



3.2.- Las transformaciones neoliberales en México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Los testimonios que se presentaron a la largo de la Audiencia Final permiten afirmar que la inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.

El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y político frente la eliminación de los “perdedores”. Además, se sustenta en la arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del mismo.

El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas “innecesarias” o “superfluas". Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia.

México representa un caso emblemático por muchos motivos. Antes que nada, ha sido el primer país en experimentar las políticas económicas globales, impuestas por el capital financiero internacional a partir de fines de la década del 80. En efecto, el 1 de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN, primer experimento de creación de un área de libre intercambio comercial y de incondicionales garantías para la inversión de capitales.

Se trata de un acuerdo que lleva en sí una característica muy singular por la profunda desigualdad entre las economías de los países que lo firmaron: por un lado la fortísima economía de Estados Unidos y la aún sólida economía del Canadá, y por otro, la muy débil economía de México.

Además, con este tratado, México se privó de participar en el esfuerzo que algunos países de América Latino hicieron para establecer un camino de cooperación entre países más semejantes entre sí, como el ALBA y el Mercosur.

Desde 1994, el capital financiero y, en particular el gobierno estadounidense, que representa la porción más fuerte, ha intentado introducir acuerdos comerciales en otras zonas con los mismos criterios del TLCAN. Actualmente Estados Unidos está proponiendo nuevos acuerdos comerciales aun más severos, como el Acuerdo Transpacífico (ATP) con algunos países de la cuenca del Pacífico, y la Asociación Comercial de Inversión Trasatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos están en proceso de negociación, aunque se enfrentan a no poca oposición tanto a nivel popular, como en los parlamentos.
El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos.

Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía.

Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características que son trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace muchos años y se ha realizado a través de diversos mecanismos. En ocasiones ha sido simplemente mediante la renuncia a asumirla, por ejemplo el abandono de la conducción de la economía; otras ha sido por cesión, como sería el caso de los recursos del subsuelo y la generación de energía; y otras más eliminando la capacidad gubernamental para ejercerla, como ha sido la pérdida de control territorial ante el incontenible avance del narcotráfico. El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno de Peña Nieto que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos.

Analizar los devastadores efectos que ha tenido este primer experimento cargado sobre las espaldas de los mexicanos, es por consiguiente de enorme interés para el mundo entero. Es aquí donde por primera vez se ha procedido a realizar una adecuación total de la legislación y de las políticas económicas nacionales a los imperativos del Tratado. De esta manera, se elimina todo poder de decisión de las instituciones representativas de los intereses del pueblo mexicano. Desaparece el espacio del derecho público; el Estado se convierte en un promotor y un certificador de las operaciones privadas de los inversionistas.

Particularmente grave resulta el acelerado desmantelamiento de la Constitución Mexicana, aprobada en 1917 al término de la Revolución que constituyó un ejemplo significativo para otros países ya que fue la primera que introdujo los derechos sociales y subordinó el derecho privado de la propiedad al interés común.

La impunidad transnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se incorpora de manera transversal a lo largo de todo el Tratado.

El TLCAN colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros Tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General.

Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad.

Se debe restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los Parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares, haciendo cumplir las normas internacionales para revertir la fuerte asimetría existente entre las normas de comercio e inversiones y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, poniendo los derechos de las personas y los pueblos por encima de los intereses de las grandes empresas.




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