Tribunal contencioso administrativo del huila



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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

AÑO 2008

INDICE TEMATICO Y EXTRACTOS DE ACCION DE TUTELA

M PONENTE:                    JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

ACTOR:                  PERSONERA DE LA PLATA EN REPRESENTACION DE YULIET ARANGO ORTIZ

DEMANDADO:         REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FECHA:                  22/01/2008

ASUNTO: DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA/ D ELEGIR Y SER ELEGIDO/ Mora en la expedición (Primera Vez) de la Cédula de Ciudadanía/JURISPRUDENCIA

De la época de la solicitud del documento de identidad a la fecha han transcurrido dos (2) años siete (7) meses en espera de su expedición, tiempo durante el cual no ha ejercido sus derechos constitucionales referidos al ejercicio ciudadano del voto o sufragio, como tampoco de la realización de otras diligencias de carácter civil que normalmente toda persona realiza ante las autoridades públicas y aún frente a los particulares.

Si bien, según información del registrador municipal de la plata, para la fecha en que la tutelante solicitó la cédula se requería material completo, la entidad conocedora de tal situación no realizó ninguna gestión para solucionar el impase, solamente hasta el 30 de marzo de 2007, es decir, casi dos años después, le informó a la señorita arango ortiz que debía allegar nuevamente la documentación entregada inicialmente.

Ante la demora de más de 31 meses por parte de la registraduría nacional del estado civil en expedir la cédula de ciudadanía, tiempo que sin duda es exagerado para esta clase de trámite, el cual aún no ha sido diligenciado, considera la sala que esta omisión constituye una violación a los derechos invocados por la tutelante (artículo 14 y 40 de la c.p.), los cuales deben ser protegidos a través de la presente acción.

"y concluyó "de este modo, si bien se está ante un retardo en el servicio público de cedulación y ante una limitación de los derechos políticos de los actores en razón de tal retardo, los inconvenientes técnicos derivados del programa de modernización tecnológica y de la carencia de insumos y el grado de exigencia implícito en una jornada electoral de carácter nacional, despojan a ese retardo de la relevancia requerida para que proceda el amparo invocado."

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M PONENTE:                    JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

ACTOR:                  ESPERANZA ROJAS REINA

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – UNIVERSIDAD PEDGOCICA NACIONAL

FECHA:                  12/02/2008

ASUNTO:_D_A_LA_IGUALDAD/_D_AL_TRABAJO_EN_CONDICIONES_DIGNAS/_D_DEBIDO_PROCESO/_Improcedencia_de_la_Acción_de_Tutela'>ASUNTO: D A LA IGUALDAD/ D AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS/ D DEBIDO PROCESO/ Improcedencia de la Acción de Tutela

En el subexamine, si bien no lo expresa la accionante en la demanda, la decisión de no valorar el título profesional en Licenciatura en Preescolar que acredita, de lo expresado por el representante legal de la Comisión Nacional del Servicio Civil se colige que la decisión está contenida en un acto administrativo respecto frente al cual interpuso los recursos procedentes

Habiéndose agotado el procedimiento administrativo frente al acto de calificación, surgió para la peticionaria la oportunidad para instaurar las acciones contenciosas tendientes a su anulación, o en el mejor de los casos a peticionar la suspensión provisoria del acto ante una eventual ostensible de la Constitución o la ley.

Como quiera que no interpuso ninguna acción, al menos no lo dice, la acción de tutela sólo sería procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en razón a que contaba con otro mecanismo judicial tendiente al mismo fin. Como la acción no fue propuesta en tales términos ni del contenido de la solicitud se deriva un perjuicio con las características de irremediable la acción de tutela se torna improcedente.

De otra parte, al solicitar en una de sus pretensiones, se deje sin efecto, se suspenda o derogue la decisión, ello conlleva a la modificación de la convocatoria al concurso Nº 026 de 2006, acto de carácter general, no particular o individual, lo que torna igualmente improcedente la acción por así señalarlo expresamente el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Además de lo anterior, como la actora pretende se evalúe el título de Licenciada en Preescolar a la luz del artículo 116 parágrafo 1º de la Ley 115 de 1994, dicho análisis sólo es propio hacerlo dentro de una acción de carácter contencioso y no por vía de tutela como lo intenta en este caso la actora.



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M PONENTE:                    JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

ACTOR:                  MERCEDES PERDOMO FIERRO

DEMANDADO:         MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – DESARROLLO Y DESARROLLO TERIRITORIAL

FECHA :                 18/02/2008

ASUNTOD. VIVIENDA DIGNA/ Postulación a plan de vivienda “VIS”/ Requisitos

Teniendo en cuenta lo expresado en la disposición citada para que la postulante pueda ser preseleccionada de asignación de subsidios familiares de vivienda se requiere que para la fecha de presentación de su solicitud debe carecer de vivienda propia.

Si bien la señora Perdomo Fierro no señala en su escrito de tutela la fecha que presentó su postulación, al expedirse la Resolución Nº 232 del 13 de agosto de 2007 en la cual no se incluye su nombre, se infiere que la postulación se efectuó por lo menos el mes inmediatamente anterior, esto es, en julio de 2007.

Partiendo de dicha fecha se colige que al haber sido inscrita el 30 de agosto de 2007 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva la escritura pública Nº 106 del 16 de julio de 2001 (fl. 29 vto.), mediante la cual como titular del derecho sucesoral lo  transfiere a título de compraventa a dos de sus hermanos, para la época en que se postuló para acceder al subsidio de vivienda familiar era titular de un derecho de dominio o propiedad, circunstancia que le impedía ser preseleccionada para la asignación al citado subsidio por expresa disposición legal, luego el Fondo Nacional de Vivienda se ajustó a dicha normativa y por consiguiente no le vulneró ningún derecho a la tutelante.

Ha de precisarse que en Colombia la tradición de los bienes inmuebles se perfecciona con la inscripción del título, en este caso la escritura de compraventa de derechos de cuota, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como expresamente lo señala el artículo 756 del Código Civil. Si la inscripción del registro no se  realiza continuará figurando como titular el anterior propietario.

Si bien es cierto la señora Mercedes Perdomo Fierro el 2 de octubre de 2007 anexo el certificado Nº 9999 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según el cual, para el 26 de septiembre de 2007 no le figura inscripción de bien inmueble a su nombre, ello reafirma que para la época de su postulación figuraba como titular de un derecho, luego no satisfizo el requisito a que alude el literal d) del artículo 28 del Decreto 975 de 2004.



3.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

De lo señalado anteriormente se puede afirmar que por tratarse del cuestionamiento de actos administrativos por medio de los cuales no se preseleccionó a la postulante para acceder al subsidio de vivienda familiar, la actora contaba con otros mecanismos judiciales para hacer valer los derechos presuntamente transgredidos,  cuestionando la legalidad de los mismos a través de las acciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo.

Se sabe que sólo es procedente la acción de tutela, cuando se cuenta con otro medio judicial siempre que se proponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el presente caso no se propuso en esos términos y menos aún aparece demostrado que con ellos se haya causado un perjuicio de tal naturaleza, luego la acción se torna improcedente.

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M POENTE:             JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

ACTOR:                  EDNA AZUCENA GARCIA SERRANO

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – UNIVERSIDAD PEDAGOCICA NACIONAL

FECHA:                  20/02/2008

ASUNTO: D. IGUALDAD/ D. TRABAJO/ D. MINIMO VITAL/ Mecanismo Transitorio/ CONCURSO DOCENTE/ Requisitos/ Licenciada Educación Preescolar

Con la decisión anterior se agotó la reclamación de carácter administrativo, dado que con fundamento en el artículo 13 del Decreto 760 de 2005 no procede ningún recurso contra dicho acto administrativo, ante el agotamiento de la vía gubernativa la tutelante contaba con la acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho y solamente podía acudir a la acción de tutela, siempre que se hubiese propuesto para evitar un perjuicio irremediable, como efectivamente lo intentó.

No obstante lo anterior, la acción de tutela es improcedente debido a que no basta con afirmar que la instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sino que además, debe probar la naturaleza del perjuicio, la cual debe cumplir los requisitos que se señalaron en la sentencia cuya trascripción se hizo en renglones precedentes.

Como no acreditó el perjuicio causado por el acto administrativo contentivo de la decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil es de naturaleza irreparable y del contenido de los elementos de juicio aportados al expediente no surge tal circunstancia, la acción de tutela es improcedente y en tales términos se pronunciará esta Corporación.

La improcedencia de la acción de tutela impide que esta Sala haga un pronunciamiento acerca de la supuesta violación o amenaza de los derechos constitucionales cuya protección solicita la accionante.

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M PONENTE:                    JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

ACTOR:                  BEATRIZ CUELLAR DE SALCEDO

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACINAL

FECHA:                  21/02/2008

ASUNTO: D. A LA IGUALDAD/ D. AL TRBAJO EN CONDICIONES DIGNAS/ D. AL MINIMO VITAL/ Concurso Docente/ Requisitos/ IMPROCEDENCIA ACCION DE TUTELA

Al invocar la actora la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como ella lo indica, cuenta con otro mecanismo judicial mediante el cual puede hacer valer los derechos constitucionales cuya violación o amenaza invoca.

Sin embargo, ella manifiesta en el hecho 6 de la demanda, que hizo un derecho de petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil expresando su inconformidad por haber sido excluida de la etapa de valoración de antecedentes porque su Licenciatura en Ciencias Religiosas no es pertinente para desempeñar el cargo docente del nivel básica primaria, sin que se le diera respuesta como se desprende de lo señalado en el hecho 7 del libelo.

No obstante, en la relación de documentos o pruebas indica haber allegado la respuesta a la reclamación por parte de la Coordinadora del Grupo de Reclamaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (fl. 11).

Con el objeto de corroborar las afirmaciones de la tutelante, se consultó la página web de la Universidad Pedagógica Nacional en la que aparece que ésta dio respuesta a la reclamación el 17 de enero de 2008, disponiendo el archivo correspondiente.

De lo anterior se concluye que habiendo recibido respuesta surgió para la peticionaria la posibilidad de recurrir el acto administrativo y una vez agotado este procedimiento acudir a la vía judicial ejerciendo las acciones contenciosas administrativas contra el acto administrativo de exclusión del concurso.

Como quiera que la señora Beatriz Cuellar de Salcedo contaba con otro mecanismo judicial distinto a la acción de tutela para hacer amparar los derechos constitucionales que hoy invoca como trasgredidos, esta acción se torna improcedente, porque además, no acreditó que el daño inferido revista la calidad de irreparable, en los términos del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, con las características precisadas por el Consejo de Estado en la sentencia que se transcribió en el acápite anterior.

La improcedencia de la acción de tutela impide que esta Sala haga un pronunciamiento acerca de la supuesta violación o amenaza de los derechos constitucionales cuya protección solicita la accionante.



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M PONENTE:                    GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

ACTOR:                  LIDA MARIA ORTEGA CALVACHE

DEMANDADO:         REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL

FECHA:                  25/03/2008

ASUNTO: DERECHO DE PETICION/ D. UNIDAD FAMILIAR/ Traslado de empleada de Carrera Administrativa/ Requisitos/ JURISPRUDENCIA

Efectivamente se tiene que con fecha once (11) de noviembre de 2006, los señores Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Huila, emitieron su concepto de viabilidad para el traslado horizontal de la funcionaria Lida María Ortega Calvache, Registradora Municipal de Altamira a la Registraduría Municipal de Valle de San Juán en el departamento del Tolima (f.18).

A su turno los señores Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil del departamento del Tolima (f.14) emitieron su concepto en fecha 23 de julio de 2007, manifestando que no existían vacantes, puesto que la Registraduría Municipal de Valle de San Juán se encontraba laborando la Doctora FARID YENIFFER ORTIZ PATIÑO como Registradora Municipal del Estado Civil en PROVISIONALIDAD. Que en consecuencia solicitaban se realice un traslado horizontal para la Registraduría Municipal 4035-05 de Altamira, Huila.

Como se puede observar, la documentación se encuentra en la oficina de la Coordinación de Registro y Control de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, a donde se remitieron dichos documentos, sin que la funcionaria encargada haya dado cumplimiento a las disposiciones del decreto 5119 de 2000, que ordena remitir las diligencias al Director Nacional de Recursos Humanos para que proyecte a decisión, o al Gerente de Talento Humano según Carta Circular N° 78 de 19 de mayo de 2003 (f.15), para que se proyecte el acto administrativo, en ambos casos para la firma del señor Registrador Nacional del Estado Civil.

Encuentra la Sala que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha dado una respuesta a la solicitud de fecha 15 de septiembre de 2006 (f.22), puesto que se ha realizado los trámites previos y correspondientes, pero no ha emitido el acto administrativo que acepte o niegue la solicitud de traslado, razón por la cual se protegerá el derecho de petición en el sentido que dentro de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ésta providencia, se debe pronunciar, notificando a la actora y remitiendo copias del acto administrativo a esta oficina debidamente notificadas.

Respecto a la solicitud de protección de la Unidad Familiar, no se tiene prueba de su rompimiento, y antes por el contrario, se tiene demostrado que ella no ha existido ni para con la señora madre de la actora y tampoco con su esposo, al haberse manifestado que residen en la ciudad de Ibagué hasta donde tiene que desplazarse para visitarlos.

Teniendo en cuenta que la solicitud de traslado fue realizado en el año de 2006 y a la fecha no se ha decidido nada al respecto, se compulsarán copias de esta providencia y de la solicitud de traslado, con destino a la Procuraduría General de la Nación, para lo que a bien considere.

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M PONENTE:                    GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

ACTOR:                  JUAN GABRIEL PENAGOS HENAO Y OTRA

DEMANDADO:         LA NACION –EJERCITO NACIONAL –COMANDANTE BATALLON LIBORIO MEJIA

FECHA:                  04/03/2008

ASUNTO: D. VIDA/ D. LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/ D. A LA UNIDAD FAMILIAR/ Derecho de los niños/ NORAMTIVIDAD/ JURIASPRUDENCIA

En consecuencia, en la medida en que dentro de la presente acción se encuentran involucrados derechos de los niños JUAN DAVID PENAGOS CHAUX (f.12) de tan solo un año y siete meses, consistentes en el de tener derecho a una familia y no ser separados de ella, al cuidado y al amor, derechos también predicables del que está por nacer, teniendo en cuenta que tanto éstos como la señora ILBA CONSTANZA CHAUX, dependían económicamente del ahora soldadazo regular que presta el servicio militar, JUAN GABRIEL PENAGOS CHAUX, se protegerán éstos derechos, al igual que el derecho de petición, que se encuentran vulnerados por parte de la Dirección de Personal - Sección de Altas y Bajas del Ejército Nacional.

Como lo ha expuesto la Honorable Corte Constitucional, si bien los actores JUAN GABRIEL PENAGOS CHAUX e ILBA CONSTANZA CHAUX se encontraban conviviendo y habían procreado un hijo, antes que aquel prestara su servicio militar, y que el 28 de la Ley 48 de 1993 exime del servicio militar a los varones casados que tienen vínculo conyugal, la causal debe cobijar de igual manera a quienes hacen vida marital sin vínculo matrimonial, cuando el artículo 42 protege en forma general la familia en forma genérica.

Por tanto, se deberá proteger esos derechos fundamentales relacionados, ordenando a la Dirección de Personal - Sección de Altas y Bajas del Ejército Nacional que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a ésta providencia disponga el desacuartelamiento del actor, debiendo de igual manera dejar definida su situación militar, para que éste pueda vincularse laboralmente y cumplir con sus deberes constitucionales.

No se tutelará los derechos fundamentales invocados a la igualdad, a la vida y al libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta que no se allegaron los fundamentos de hecho necesarios para valorar su quebrantamiento.

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M PONENTE:                    GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

ACTOR:                  ALBA DEL ROCIO TRUJILLO HERNANDEZ

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DEL SERRVICIO (CNSC) UNIVERSIDAD PEDAGOCICA NACIONAL (UPN)

FECHA:                  22/02/2008

ASUNTO: D. TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS/ D. IGUALDAD/ D. SALARIO MINIMO VITAL/ Normatividad/ Jurisprudencia/ CONCURSO DOCENTE/ Requisitos solicitados en la Convocatoria

En consecuencia, se rechazará la acción de tutela presentada al no ser procedente, teniendo en cuenta que el accionante pretende en primer lugar modificar la convocatoria N° 026 de 2006, acto de carácter general, impersonal y abstracto, en lo que respecta al anexo N° 1, sobre los criterios para la definición de áreas afines para la inscripción al concurso de méritos de docentes, en el sentido de adicionar la carrera Licenciado en Ciencias Religiosas, en los títulos de formación profesional para el ciclo, nivel y área de Educación Básica Primaria, y además, posee otros medios de defensa judicial, no siendo atendible su solicitud de invocar la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por no cumplirse con los condicionamientos requeridos por la jurisprudencia citada, la cual se acoge para estos efectos.



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M PONENTE:                    GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

ACTOR:                  LUIS EVELIO BEDOYA DAGUA

DEMANDADO:         FISCALIA DE INSTANCIA DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y FISCALIA SEGUNDA DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRTUCITO ESPECIALIZADOS DE NEIVA

FECHA:                  30/01/2008

ASUNTODERECHO DE PETICION/ DERECHO AL DEBIDO PROCESO/ Libertad por vencimiento de términos en Instrucción/ Tres o más sindicados se amplía a 180 días/ NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA

Dentro del expediente se tiene demostrado que el Juzgado 7º de Brigada ya dio respuesta al derecho de petición formulado por el procesado actor, razón por la cual se dispondrá que ponga en conocimiento del sindicado el oficio N° 07 MDN-BR9-J7BR-775 de fecha 21 de enero de 2008 (f.28), para dar cumplimiento con la pronta comunicación de lo decidido, allegando copia de la notificación.

Ahora respecto al derecho fundamental del Debido proceso, se tiene que el proceso seguido en contra del señor LUIS EVELIO BEDOYA DAGUA y los otros sindicados DIOMEDES CHICO OVIEDO, YESSI DAMIAN MONROY y NELSON GUZMAN CHALA por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo en la modalidad de tentativa, incitación a la comisión de delitos militares y rebelión, en hechos ocurridos el siete (7) de Agosto de 2007 en el Municipio de Acevedo, Huila, se inició por denuncia presentada por el Teniente Víctor Daniel Murcia Páez, como Comandante de la Compañía de A.S.P.C., por el Juzgado 65 de Instrucción penal militar, despacho que los indagó y les resolvió la situación jurídica imponiéndoles medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación; que llevan hasta el día de ésta providencia 177 días de privación efectiva de su libertad y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 539 numeral 4º inciso segundo del Código Penal Militar, solo tienen derecho a la causal de libertad cuando venzan los 180 días de privación efectiva de la libertad sin que se les haya calificado el mérito del sumario.

A la fecha el cuaderno principal se encuentra en trámite en el Juzgado 65 de Instrucción penal militar, y el cuaderno de copias en el Consejo Superior de la Judicatura, resolviendo la colisión de competencias entre la Fiscalía 2ª delegada ante los Juzgados Especializados y el Juzgado 7º de Brigada con sede en esta ciudad.

Como se observa, no encuentra la Sala ninguna evidencia de violación al debido proceso, o que se haya hecho nugatorio para el accionante su accedo a la administración de justicia, por lo cual no se amparará éste derecho fundamental

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M PONENTE:                    JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO

ACTOR:                  ANGELICA VALENZUELA GOMEZ

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL – CNSC – UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL

FECHA:                  20/02/2008

ASUNTO: D. IGUALDAD/ D. ESTABILIDAD LABORAL/ D. AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS/ Convocatoria CONCURSO DOCENTE/ Requisitos mínimos o antecedentes/ Licenciatura en Ciencias Religiosas/ Licenciaturas afines/ IMPROCEDENCIA DE TUTELA

Según el anexo 1 de las Convocatorias 004 a 052 de 2006 "de los criterios para la definición de áreas afines para la inscripción", para el cargo de docente en el ciclo, nivel y área de educación básica primaria, las licenciaturas que se consideran afines para cumplir el requisito mínimo son: Licenciatura en Educación Primaria, Educación Básica,  educación Básica con énfasis en…, Educación Especial, Educación Infantil, Educación Infantil con énfasis en…, Educación Especial con énfasis en…, Preescolar y Básica Primaria, Pedagogía, Pedagogía y Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía infantil, Pedagogía Reeducativa.  No acontece lo mismo con la Licenciatura en Ciencias Religiosas que ostenta la demandante, la cual no atiende los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Al respecto, en el texto de la convocatoria se especificaron oportunamente los requisitos exigidos para aspirar al cargo de docente en el nivel de básica primaria; por lo que estima la Sala que la accionante desde un inicio sabía que no podía concursar para el mismo, pues su título no estaba incluido en el marco normativo que regula el concurso y en él no se establecieron equivalencias entre los títulos.

Aunado a lo anterior, se observa que en el fondo, lo que ha perseguido la accionante es modificar las Convocatorias 004 a 052 de 2006, específicamente el anexo 1sobre los criterios para la definición de áreas afines para la inscripción al concurso de méritos docentes, en el sentido de adicionar la licenciatura en Ciencias Religiosas en los títulos  que se consideran afines para cumplir el requisito mínimo en el cargo de docente en el ciclo, nivel y área de educación básica primaria, para el cual se había inscrito; regulaciones que por ser de carácter general, impersonal y abstracta, hace improcedente por ése solo hecho la tutela de los derechos fundamentales invocados, por así establecerlo el artículo 6° numeral 5. del Decreto 2591 de 1991, que enlista como causal de improcedencia de la tutela : "cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto."

En cuanto a la violación del derecho a la igualdad,  pues en criterio de la accionante, los señores LUZ ANGELA BOLAÑOS MUÑOZ, NESTOR RAUL SALAZAR PUYO, YANA MILENA LUSTRES QUINTERO y HUBERT ABEL LOSADA YANGUMA, a pesar de poseer títulos de licenciados en educación con énfasis en áreas obligatorias y fundamentales no especificadas en el anexo de criterios,  han superado la etapa de valoración de hojas de vida; considera la Sala que no existe prueba sobre dicha circunstancia, pues si bien obra en el expediente los resultados obtenidos por cada uno de los citados docentes en el análisis de los requisitos mínimos, no se menciona qué títulos acreditaron al momento de la inscripción en el concurso.

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M PONENTE:                    JOSE MARCELINO TRIANA PERDOMO

ACTOR:                  ANA YENSI GARCIA ORTIZ

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC

FECHA:                  30/01/2008

ASUNTO: D. TRABAJO/ D. IGUALDAD/ CONCURSO RAMA EJECUTIVA/ Improcedencia de la Tutela / Actos de carácter general. Impersonal o abstractos

La accionante pretende que por medio de la tutela se anule el examen presentado y se ordene a la accionada realizarle otro examen en las mismas condiciones al de las personas que pasaron el concurso en la primera fase para ingresar a la carrera administrativa dentro de la convocatoria 01 de 2005, sin demostrar siquiera dicho perjuicio irremediable ni mucho menos su existencia, además de las pruebas allegadas la Sala no infiere dicha presencia. Sin embargo, lo que en el fondo busca es que no se le aplique la regulación que fijó para el día 12 de agosto de 2007 la presentación de la prueba básica en la Convocatoria 001 de 2005, e implícitamente en virtud de la tan alegada desigualdad se le inaplique la Resolución 1428 de 2006; regulaciones de carácter general, impersonal y abstracto, lo que hace improcedente por ése solo hecho la tutela de los derechos fundamentales invocados, por establecerlo así el artículo 6° numeral 5° del Decreto 2591 de 1991, que enlista como causal de improcedencia de la tutela : "cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto."

Aún en gracia de discusión, y analizando a la luz de la prueba allega derecho a la igualdad que la actora expresa como vulnerado, la Sala no le encuentra fundamento alguno pues no existe prueba de persona a que colocada en situación similar de la accionante haya tenido alguna prelación sin razón legal alguna.

Si bien alude a determinados grupos étnicos o raizales, debe anotarse que ella no pertenece a alguno en especial o al menos no se aporta prueba en tal sentido.

Y en cuanto al derecho al trabajo, a la actora no se le están limitando sus capacidades de desarrollo laborales, pues por el contrario se le permitió, con otros aspirantes, presentar las pruebas para acceder al cargo público sin obtener el resultado requerido, pero con ello mostró y midió sus aptitudes y capacidades al igual que los otros concursantes.

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M PONENTE:                    RAMIRO APONTE PINO

ACTOR:                  ANA RUTH MUÑOZ MUÑOZ

DEMANDADO:         COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

FECHA:                  14/02/2008

ASUNTO: D. IGUALDAD/ D. TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS/ D. DEBIDO PROCESO/ Concurso Docente/ Evaluación de antecedentes/ IMPROCEDENCIA TUTELA PARA ACTO GENERAL, IMPERSONAL Y ABSTRACTO

Con el fin de valorar los  antecedentes, la Comisión Nacional del Servicio Civil le solicitó que remitiera la hoja de vida con los soportes que acreditan sus títulos profesionales y la experiencia. Para tal efecto, allegó el titulo de "Licenciada en Sociales e Historia".

La Universidad Pedagógica Nacional - delegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el estudio de antecedentes - concluyó que dicho diploma no aplica para el nivel al que aspira (básica primaria); merced a que no aparece relacionado en el anexo 1 de la convocatoria.

4.1.- Ab initio, es menester precisar que las convocatorias 04 a 052 fueron realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del ICFES. 

Dichos concursos, fueron regulados de manera expresa por el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006. Por lo tanto, no es de recibo aceptar que se haya vulnerado el derecho a la igualdad, argumentando que a otras personas con igual formación académica les permitieron participar en concursos anteriores; toda vez que a estos se les aplicaba una normatividad diferente.

De otro lado, dentro del plenario no se acreditó que a otros concursantes que ostentan la misma formación profesional de la accionante les hayan valorado satisfactoriamente los antecedentes y les permitieran  continuar a la siguiente fase. Se reitera: en la actual convocatoria.

Dichos requisitos, fueron de público conocimiento y hacen parte del marco normativo que orienta el actual proceso de selección. Por lo tanto, son parte integral de las reglas aplicables a todos los participantes; y en la medida en que la actora es licenciada "Sociales e Historia"; es obvio que no cumplía con los requerimientos establecidos.

4.3.-Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º, numeral 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede "[C]uando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

En la medida en que la demandante pretende modificar los requisitos consagrados en la convocatoria; en particular el anexo 1, relacionado con los títulos académicos; es obvio, que en el fondo está controvirtiendo un acto administrativo general. En tal virtud, la acción se torna improcedente.

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M. PONENTE:                   RAMIRO APONTE PINO

ACTOR:                           LINA VIVIANA RUIZ BERMEO

DEMANDADO:                  NACION – MINDEFENSA – GRUPO DE PRESTACIONES ECONOMICAS

FECHA:                           16/01/2008

ASUNTO: DERECHO DE PETICION/ Consulta sobre cuantía de pensión de sobrevivientes/ OMISION DE RESPUESTA

No obstante que la entidad accionada refiere que la petición no fue recibida en sus dependencias; a través de una sencilla consulta en la pagina de internet de Servientrega se pudo evidenciar lo contrario; esto es, que aquella fue radicada el 31 de octubre de 2007, pudiéndose observar en la guía 7 84354922 el sello del Ministerio de Defensa Nacional – División de Prestaciones Sociales (f. 16).  

Sin embargo, esta debidamente acreditado que  posterioridad a la presentación de la tutela la entidad dio respuesta de fondo a la solicitud impetrada. En concreto, en los siguientes términos respondió la inquietud formulada:

“[s]e le aclara que mediante Resolución No. 508 del 26 de marzo de 2007, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de sobrevivientes en cuantía equivalente al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, para éste año es de $433.700.oo, a la cual se efectúa el descuento del 4% con destino al Sistema de Salud de la Fuerzas Militares, quedando en un neto de $416.352.oo, (anexo desprendibles de los meses de octubre y noviembre de 2007, donde se puede corroborar lo afirmado)”.

“De lo anterior se infiere que el valor de la mesada pensional de su menor hija siempre será equivalente a un salario mínimo legal mensual”.

Es de anotar, que el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 preceptúa que si la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se depreca cesa mientras se encuentra en tramite la acción; “se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido”.

De acuerdo con lo anterior, y dado que el término para responder la petición fue excedido, se prevendrá a la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa  que en ningún caso vuelva a incurrir en las mismas  acciones  u omisiones que dieron lugar a la presente acción, so pena de hacerse acreedora a las sanciones legales.  

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M. PONENTE:                   RAMIRO APONTE PINO

ACTOR:                           MARIA ISMENIA NAVARRO

DEMANDADO:                          REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FECHA:                           04/02/2008

ASUNTO: DERECHO A LA CONFORMACION, EJERCICIO Y CONTROL POLITICO/ Mora expedición de la Cédula de Ciudadanía/ JURISPRUDENCIA

Tomando como marco de reflexión este calificado parecer jurisprudencial, y de acuerdo con la constancia expedida por el Registrador Municipal de El Pital, es menester colegir, que el plazo con que contaba la accionada para expedir la cédula es el señalado en dicha jurisprudencia. Lapso, que se encuentra con creces superado.

Dicha omisión, le limita el ejercicio de sus derechos ciudadanos  y políticos;  en especial,  los consagrados en el artículo 40 de la Carta Constitucional, que le garantizan a todos los ciudadanos la posibilidad de  participar en la conformación y en el ejercicio del poder político: elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares; constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas; acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, etc. Para lo cual, se requiere el citado documento de identidad. De igual manera, le permite  ingresar al tráfico jurídico, adquiriendo derechos o contrayendo obligaciones.

Huelga recordar, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 85 de la Constitución Política, este derecho es de aplicación inmediata.

Por lo tanto, se ordenará que dentro de un término prudencial - que no podrá exceder de un mes - se le expida a la accionante el referido medio de identificación.

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M. PONENTE:                   RAMIRO APONTE PINO

ACTOR:                           NORALBA ROJAS CANO

DEMANDADO:                  COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL – CNSC Y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FECHA:                           04/03/2008

ASUNTO: D. A LA IGUALDAD/ D. AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS/ D. AL MINIMO VITAL Y MOVIL / Concurso Docente/ EVALUACION DE ANTECEDENTES/ Improcedencia contra actos de carácter general, impersonal y abstractos.

Dichos requisitos, fueron de público conocimiento y hacen parte del marco normativo que orienta el actual proceso de selección. Por lo tanto, son parte integral de las reglas aplicables a todos los participantes; y en la medida en que la actora es licenciada "Ciencias Religiosas"; es obvio que no cumplía con los requerimientos establecidos.

De suerte, que no se advierte la vulneración del debido proceso; mucho menos el derecho al trabajo, porque al no ser un derecho de  aplicación inmediata, no se puede amparar por la vía extraordinaria de la acción de tutela .

           

4.3.-Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º, numeral 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede "[C]uando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

En la medida en que la demandante pretende modificar los requisitos consagrados en la convocatoria; en particular el anexo 1, relacionado con los títulos académicos; es obvio, que en el fondo está controvirtiendo un acto administrativo general. En tal virtud, la acción se torna improcedente.



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M. PONENTE:                   RAMIRO APONTE PINO

ACTOR:                           ANGEL HEBER JARAMILLO

DEMANDADO:                  NACION – MINDEFENSA – POLICIA NACIONAL

FECHA:                           13/03/2008

ASUNTO: DERECHO A LA IGUALDAD/ Asignación de retiro de la Policía Nacional o Pensión de Jubilación/ RECONOCIMIENTO DE LA MESADA 14 O PRIMA DE JUNIO/ Normatividad – Jurisprudencia/ACTO LEGISLATIVO No. 1 DE 2005

En opinión de la Sala, no se advierte que se haya vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, como quiera que no se acreditó que la mesada 14 se le haya cancelado a algún pensionado a quien la Policía le reconociera tal status antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; cuyo inciso octavo estableció que "[L]as personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año…".

En ese orden de ideas, se advierte que el eje focal de la controversia es un asunto eminentemente prestacional; que a su vez, cuenta con un mecanismo de defensa judicial; es decir, la acción ordinaria contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante que no hace parte de la argumentación esbozada en el libelo, no es  procedente conceder el amparo como mecanismo transitorio, porque no se acreditó que la negación de la referida mesada le ocasione en el actor un perjuicio irremediable que amerite su protección por éste mecanismo excepcional.



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M POENTE: RAMIRO APONTE PINO

ACTOR: MARIA ANTONIA LAISECA TORRES

DEMANDADO: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS

FECHA: 11/04/2008

ASUNTO: NIVELACION SALARIAL EMPLEADOS RAMA JUDICIAL/ D. Igualdad, D. al Trabajo en condiciones dignas y justas/ Principios constitucionales de equidad y justicia/ RECHAZO POR IMPROCEDENTE/ DECRETO 610 DE 1998/ Improcedencia para actos de carácter general, impersonal y abstracto.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º -numerales 1º y  5º- del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá:

"[C]uando existan otros mecanismos de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

(…)

"Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

Descendiendo al asunto sub examine, y dado que el actor depreca  "modificar, adicionar o corregir" el Decreto 610 de 1998; es menester colegir,  que en el fondo está controvirtiendo un acto administrativo de la anterior estirpe. En tal virtud, la acción se torna improcedente.

En lo tocante con la existencia de otro medio de defensa judicial, huelga recordar, que  la inconstitucionalidad o ilegalidad del referido acto pudo ser enervada a través de la acción pública de nulidad, establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, el recurso extraordinario de amparo no se propuso como mecanismo transitorio, en aras de precaver un perjuicio irremediable; y dentro del plenario no se puede inferir su presencia. Anotando, que la acción se instauró diez años después de que se expidió el cuestionado decreto, lo cual, hace que no se reúna el requisito de la "inmediatez".   ,

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M PONENTE:                    RAMIRO APONTE PINO

ACTOR:                  LEONOR CECILIA GUITERREZ SILVA

DEMANDADO:         PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y OTROS

FECHA:                  11/04/2008

ASUNTO: D. IGUALDAD/ D. AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS/ PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EQUIDAD Y JUSTICIA/ Nivelación salarial Rama Judicial/ Ley 4 de 1992/ Decreto 610 de 1998

b.-Improcedencia de la acción de tutela.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º -numerales 1º y  5º- del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá:

"[C]uando existan otros mecanismos de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

(…)

"Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".



Descendiendo al asunto sub examine, y dado que el actor depreca  "modificar, adicionar o corregir" el Decreto 610 de 1998; es menester colegir,  que en el fondo está controvirtiendo un acto administrativo de la anterior estirpe. En tal virtud, la acción se torna improcedente.

En lo tocante con la existencia de otro medio de defensa judicial, huelga recordar, que  la inconstitucionalidad o ilegalidad del referido acto pudo ser enervada a través de la acción pública de nulidad, establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, el recurso extraordinario de amparo no se propuso como mecanismo transitorio, en aras de precaver un perjuicio irremediable; y dentro del plenario no se puede inferir su presencia. Anotando, que la acción se instauró diez años después de que se expidió el cuestionado decreto, lo cual, hace que no se reúna el requisito de la "inmediatez".  

En opinión de la H. Corte Constitucional, el juez de tutela no puede ordenarle al Ejecutivo que proceda a realizar una  nivelación salarial, porqué en ese evento, estaría incurriendo en una flagrante extralimitación de funciones:



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M. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

ACTOR: ROBERTO MORA CASALLAS

DEMANDADO: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y OTROS

FECHA: 17/04/2008

ASUNTO: D. IGUALDAD/ D. TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS/ D. IGUALDAD EN RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EQUIDAD Y JUSTICIA/ PROCEDENCIA DE LA TUTELA/ Acto general, impersonal y abstracto/ Principio de la inmediatez/

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º -numerales 1º y  5º- del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá:

"[C]uando existan otros mecanismos de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

(…)

"Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto".

Descendiendo al asunto sub examine, y dado que el actor depreca  "modificar, adicionar o corregir" el Decreto 610 de 1998; es menester colegir,  que en el fondo está controvirtiendo un acto administrativo de la anterior estirpe. En tal virtud, la acción se torna improcedente.

En lo tocante con la existencia de otro medio de defensa judicial, huelga recordar, que  la inconstitucionalidad o ilegalidad del referido acto pudo ser enervada a través de la acción pública de nulidad, establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, el recurso extraordinario de amparo no se propuso como mecanismo transitorio, en aras de precaver un perjuicio irremediable; y dentro del plenario no se puede inferir su presencia. Anotando, que la acción se instauró diez años después de que se expidió el cuestionado decreto, lo cual, hace que no se reúna el requisito de la "inmediatez".  

En opinión de la H. Corte Constitucional, el juez de tutela no puede ordenarle al Ejecutivo que proceda a realizar una  nivelación salarial, porqué en ese evento, estaría incurriendo en una flagrante extralimitación de funciones:

"[U]na orden judicial impartida con la finalidad de producir "la nivelación salarial" pretendida por los demandantes o de imponerle su adopción al Gobierno Nacional, comportaría el desbordamiento del marco de competencias constitucionales fijado y, contrariando el artículo 6º superior, la Corte se extralimitaría en sus funciones".

"Además, al crear una obligación a cargo del Estado con la finalidad de lograr incrementos o nivelaciones de salarios, la corporación desconocería el principio de legalidad del gasto y vulneraría "los artículos 345, 346 y 347" de la Carta, así como el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues "de conformidad con estas disposiciones, no se puede crear una obligación, ni tampoco ordenar un gasto sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal" .

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M. PONENTE: ENRIQUE DUSSAN CABRERA

ACTOR: CLARA PATRICIA PEREZ

DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL – CNSC

FECHA: 15/02/2008

ASUNTO: D. IGUALDAD/ D. TRABAJO/ D. DEBIDO PROCESO/ Concurso proveer plazas de docentes y Directivos docentes/ IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA/ Actos generales, impersonales y abstactos

Al revisar los requisitos, se observa que el título de  Licenciado en administración educativa no se halla dentro de los establecidos en la convocatoria y por ende el resultado fue el de no cumplimiento de los requisitos mínimos.

Dispone el artículo 3º del Acuerdo 011 de 2007 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que el aspirante que no cumpla con los requisitos mínimos o no presente la documentación requerida en los términos señalados en el concurso, no se le realizará la valoración de antecedentes, ni será citado a entrevista, siendo retirado del concurso y es obvio que esa fue la consecuencia aplicada a la señora Clara Patricia Pérez.

El Ministerio de Educación indicó en su escrito de contestación, que la aspirante no acreditó el requisito mínimo contemplado en la convocatoria, toda vez que la Licenciatura en Administración Educativa no atiende a los títulos de formación universitaria en el área de básica primaria, para ser tenido en cuenta como válido para concursar en la convocatoria que se analiza, lo que generó el que no cumpla el requisito mínimo exigido para los aspirantes a Docente en básica primaria.

Para la Sala, teniendo en cuenta que la presente acción de tutela pretende se modifique la convocatoria 026 de 2006, acto de carácter general, impersonal y abstracto, en el sentido de adicionar el título de Licenciado en administración educativa, en los requeridos de formación profesional para el ciclo, nivel y área de Educación Básica Primaria (f. 9 y 113), para la continuación en el concurso de méritos de docentes, para el cual se había inscrito la demandante, tal pretensión resulta improcedente.

En efecto, de un lado porque la concursante ha debido prever que su título no está dentro de los requeridos a tener en cuenta como habilitante para la continuación en el concurso de méritos. Luego desde el inicio del mismo se sabía su imposibilidad de participar dado que el acto convocante (Convocatoria 026 del 30 de noviembre de 2006- acto general-) no contemplaba su título formativo de "Licenciado en administración educativa", dentro de las opciones para participar en el mismo.

Y de otro, por que al ser un acto general, impersonal y abstracto, la tutela es improcedente para lo peticionado al así disponerlo expresamente el artículo 6° numeral 5 del Decreto 2591 de 1991 .

La Corte Constitucional ha reiterada que la acción de tutela no puede utilizarse para atacar actos de contenido general, abstracto e impersonal.



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M. PONENTE: ENRIQUE DUSSAN CABRERA

ACTOR: JAVIER RIVERA SALAZAR

DEMANDADO: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

FECHA: 07/02/2008



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