Tomás aladino gálvez villegas



Descargar 374.93 Kb.
Página1/19
Fecha de conversión20.08.2018
Tamaño374.93 Kb.
Vistas441
Descargas0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

SECCIÓN DE POST GRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES



CURSO:

Análisis de la Jurisprudencia y Acuerdos Plenarios Vinculantes

de la Corte Suprema en materia penal.

MATERIAL DE LECTURA



PROFESOR: TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS

CICLO: 2012 - I.

Lima abril del 2012

INDICE


1. JURISPRUDENCIA VINCULANTE Y ACUERDOS PLENARIOS DE LA CORTE SUPREMA


1.1. En materia penal

a) Principio de unidad y principio de combinación

b) Retroactividad benigna de la ley penal y del precedente o jurisprudencia vinculante

c) Concurso real de delitos

d) Solicitud de pena ilegal, principio de legalidad

e) Reincidencia y habitualidad

f) Concurrencia de circunstancias agravantes de distinto nivel

g) Pena de Inhabilitación

h) Prescripción de la acción penal

i) La reparación civil

j) Beneficios penitenciarios

k) Delitos contra el honor

l) Secuestro y Rondas Campesinas

m) Violación de la libertad sexual

n) Delito de robo

o) Delito de peculado

p) Delito de lavado de activos

1.2. En materia procesal penal

a) Principio acusatorio

b) Audiencia de tutela de derechos

c) Acusación directa y proceso inmediato

d) Control de acusación

e) Conclusión anticipada por conformidad

f) Desvinculación de la acusación

g) Non reformacio in peius



h) Valoración de la prueba

i) Recurso de revisión, reformatio in peius y determinación de la pena

j) Medidas de coerción real. Incautación.





1. JURISPRUDENCIA VINCULANTE Y ACUERDOS PLENARIOS DE LA CORTE SUPREMA


1.1. EN MATERIA PENAL
A) PRINCIPIO DE UNIDAD Y PRINCIPIO DE COMBINACIÓN
6. “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo. Sin embargo, como excepción a este carácter irretroactivo surge el principio consagrado en el segundo párrafo del artículo 103° de la Constitución Política que establece la retroactividad de la “Ley penal más favorable al reo en caso de duda o de conflicto entre leyes penales, y que tácitamente desplaza a la regla tempus regit actum.

7. En igual sentido, el incido 11 del artículo 139° de la norma normarum, estatuye “que es principio y derecho de la función jurisdiccional: La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”.

8. Asimismo, el artículo 6° del Código Penal prescribe que la ley penal es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible; empero, se aplicará la más favorable el reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Dicha disposición es conexa con el principio constitucional de la aplicación retroactiva de la Ley en cuanto le sea favorable al reo.

9. Bajo estas premisas legales puede extraerse del texto de los citados preceptos que la ley penal aplicable a una relación jurídica será la que se encuentre vigente cuando sucedió la quaestio facti –como regla general- o, en su defecto, la que se promulgue con posterioridad, siempre que sea más beneficiosa. Para establecer la mayor benignidad en la sucesión de leyes aplicables a un caso concreto –cuando concurra más de una ley desde el momento de ocurridos los hechos- debe efectuarse una comparación entre el contenido de los dispositivos que contengan y sobre ese mérito decidirse por la que sea más favorable al reo.



  1. “Sin embargo, también es posible que se pueda elegir de entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al “principio de combinación” que permite al juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo.

  2. Es congruente con la finalidad esencial de favorabilidad que se pueda reconocer –dentro de las leyes penales- los preceptos que más favorezcan al reo, pues si se autoriza escoger entre dos leyes distintas –íntegramente- en el tiempo, resulta coherente y razonable que puedan combinarse, para buscar un tratamiento más favorable al reo.

  3. Cabe enfatizar que con ello no se está creando una tercera ley o lex tertia, sino que se está efectivizando un proceso de integración de normas más favorables al reo, que no colisiona con los contenidos del principio de legalidad. Por lo demás, esta concepción guarda concordancia con el principio de necesidad de intervención penal, porque cuando se producen variaciones en los preceptos que integran las normas penales y que favorecen al reo, es evidente que el legislador ha estimado necesario regular –en sentido benéfico- la intervención penal.

  4. Por lo demás el legislador ha consagrado el “principio de combinación” en la Exposición de Motivos del Código Penal de 1991, a cuyo efecto ha señalado que: “En acatamiento del artículo 233° inc. 7 de la Constitución Política (de 1979), se prescribe la aplicación de ‘lo más favorable al reo en casos de conflicto en el tiempo de leyes penales’ (artículo 6°). De esta manera el Proyecto sustituye el principio de la unidad de las leyes aplicable, ya fuese la precedente, la subsecuente, o la intermedia, según consagra el artículo 7° del Código Penal de 1924, por el nuevo principio de la combinación, que toma lo más benigno que tenga cada una de las normas sucesivas”.

ACUARDO PLENARIO N° 2-2006/CJ-116. (13/10/06). FV: 10 a 13.
COMENTARIO CRÍTICO
Al respecto es de precisar, en primer lugar, que el artículo 233º inc. 7 de la Constitución de 1979 establecía que son garantías de la administración de justicia: “La aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto en el tiempo de leyes penales”. Este criterio fue asumido por el legislador en la Exposición de Motivos del Código Penal de 1991 con la denominación de “principio de combinación”. En virtud a este supuesto principio, ante la secuencia temporal de dos o más normas penales, se escogía lo más favorable de cadanorma, de la vigente y de la antigua, y el resultado de la combinación de dichas normas se aplicaba a la resolución del caso. Es decir, en la práctica, no se aplicaba ni la nueva ni la antigua norma, sino que se resolvía el caso con una especie de tertium genus, esto es, una tercera ley compuesta de los contenidos más favorables al reo obtenido de cada una de las leyes. Se alegaba como fundamento, que el artículo indicado de la Constitución de 1979, preceptuaba, que debe aplicarse, “lo más favorable al reo”; y decir lo más favorable, no se refiere a una ley específica, sino a todo lo que sea más favorable al reo en general, y precisamente, lo más favorable se encontraba combinando ambos preceptos, o incluso una tercera norma si es que fuera el caso.

Sin embargo, con la promulgación de la Constitución de 1993, se cambió el contenido del inc. 7 del artículo 233º de la Constitución de 1979, estableciéndose en el inciso 11 de su artículo 139º que: son principios y derechos de la función jurisdiccional. La aplicación de la “ley más favorable” al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales; advirtiéndose claramente que se ha superado la redacción confusa de la Constitución de 1979, que establecía lo más favorable”. Por lo que en realidad, ya no debería existir problema alguno; tanto más si el llamado “principio de combinación” choca con el principio básico de legalidad, así como también con el principio de unidad de la ley aplicable, que informan el Derecho Penal; e implica un atentado contra el Estado de Derecho caracterizado fundamentalmente por la división de poderes y asignación de competencias entre sus diversos organismos.

En efecto, por el principio de legalidad, tanto el supuesto de hecho así como la sanción, deben estar previstos expresamente en una ley escrita, emanada del Poder Legislativo, o en su caso, del Ejecutivo (D. Leg.); y al crearse una tercera norma por parte del juez, esta norma “judicial”, rompe el esquema de dicho principio de división de poderes y asignación de competencias.

Por el principio de unidad de la ley, una vez determinada la ley aplicable al caso, será esta con todas sus consecuencias, la que resuelva el caso; lo cual niega la posibilidad de recurrir a mecanismos judiciales de articulación o combinación de fracciones de distintas normas para formar una nueva ley, y resolver el caso conforme a esta nueva “creación normativa”; o de recurrir a “procesos de integración de normas” más favorables al reo, como se indica en el presente Acuerdo Plenario.

En este sentido no resultaba adecuado al derecho ni a la debida interpretación de las normas penales, la creación de una nueva norma en aplicación de este “principio” de combinación, y mucho menos aún la idea de asignarle la función de principio dentro del ordenamiento jurídico penal.

En tal sentido, el presente Acuerdo resulta totalmente contrario a Derecho. Tanto más si pretende ampararse en el artículo 103° de la Constitución, cuando en realidad este artículo únicamente está referido a la retroactividad de la ley pero en ningún momento a una supuesta combinación. Y peor todavía, si el propio TC se ha pronunciado en contra, señalando en múltiples sentencias, como la STC Nº 01955-2008-PHC/TC. 27/11/2008, que el principio de favorabilidad de aplicación de la ley penal, reconocido en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución, tiene su base en la aplicación conjunta del principio de legalidad penal (lex previa) y de la retroactividad favorable de la ley penal. Que en efecto, conforme al principio de legalidad penal, previsto en el artículo 2.24 literal “d” de la Constitución “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. Que asimismo, el artículo 103º, segundo párrafo de la Norma Fundamental señala, que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal, cuando se trata de una ley más favorable al reo. Sin embargo, estipula que, para la determinación de la ley más favorable al reo, deben considerase a cada una de las leyes, como una unidad, con lo que prácticamente descarta la aplicación del principio de “combinación de leyes”, por considerar que se trata de una tercera ley o lex tertia.; al contrario de lo que se aduce en el presente Acuerdo.

Más aún, es de tenerse en cuenta que este Acuerdo solo configura un voto en mayoría, existiendo la opinión contraria (sustentada en minoría) de eximios juristas como San Martín Castro y Prado Saldarriaga. Consecuentemente, consideramos que será necesario desvincularse de este Acuerdo, para guardar la coherencia del sistema e interpretar debidamente las normas integrantes del sistema penal.

B) RETROACTIVIDAD BENIGNA DE LA LEY PENAL Y DEL PRECEDENTE O

JURISPRUDENCIA VINCULANTE
“Que el artículo 139°, inc.13, de la Constitución Política, reconoce la garantía de la cosa juzgada, en cuya virtud, emitida sentencia firme ésta no puede ser alterada o modificada, salvo los supuestos más favorables –véase el inciso 11 del citado numeral constitucional- referidas a modificaciones más favorables ex post ipso, conforme al artículo 6° del Código Penal; que, en el presente caso, no se trata de un supuesto de cambio legal ex post ipso, sino de una solicitud instada mucho después que la sentencia condenatoria quedó firme –en sede de ejecución procesal- en el proceso penal declaratorio de condena; que es de precisar lo que es opinión mayoritaria en la doctrina penalista, que el cambio jurisprudencial no es un cambio normativo (ni siquiera lo establecido en la sentencia vinculante antes mencionada puede calificarse de un cambio en la jurisprudencia precedente, pues sólo se trata de una precisión de los alcances de una concreta figura delictiva), menos aún en el ámbito del derecho penal que tiene como principio rector la reserva absoluta de ley para la definición de las conductas punibles (en realidad, como apunta Bacigalupo Zapater, los cambios jurisdiccionales sólo importan una corrección de la interpretación de una voluntad legislativa existente en el momento del hecho, por lo que no afectan la objetividad del derecho penal ni al principio de confianza (Derecho Penal – Parte General, ARA editores, Lima, 2004, p. 133), así como que en el caso de autos no ha mediado la entrada en vigor de una nueva ley que comprenda en sus alcances los hechos objeto de la condena”.

R. N. N° 1500-2006. PIURA. (17/07/06). FV: 5°. (Jurisprudencia Vinculante).



COMENTARIO CRÍTICO

En general, este criterio de la Jurisprudencia vinculante resulta conforme a las interpretaciones de la dogmática penal y a lo propios criterios esgrimidos por la doctrina jurisprudencial del TC, como puede verse en el EXP. N° 0024-2003-AC/TC. 10/10/2005. Caso Municipalidad Distrital de Lurín, en el que se establece con toda claridad que: “El establecimiento de un precedente vinculante no debe afectar el principio de respeto a lo ya decidido o resuelto con anterioridad a la expedición de la sentencia que contiene un precedente vinculante; vale decir, no debe afectar las situaciones jurídicas que gocen de la protección de la cosa juzgada. Por ende, no puede impedir el derecho de ejecución de las sentencias firmes, la intangibilidad de lo ya resuelto y la inalterabilidad de lo ejecutado jurisdiccionalmente”; todo ello, claro está, desde una perspectiva de la dogmática penal; y por ello mismo, no podemos cuestionar la corrección de los argumentos esgrimidos.

Sin embargo, desde una perspectiva de vigencia de los derechos fundamentales, que es el fin supremo del Estado Constitucional de Derecho, podemos desarrollar criterios distintos a partir de los principios de favorabilidad, de la igualdad ante la ley y del propio contenido “normativo” de los Precedentes y jurisprudencia vinculantes, así como de los Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema. Puesto que el TC ha reiterado que los precedentes vinculantes tienen efecto normativo, como puede verse en la sentencia antes anotada1; asimismo, también ha reconocido el efecto obligatorio (normativo) de la jurisprudencia y acuerdos plenarios de la Corte Suprema2; igualmente, en la doctrina y la jurisprudencia del TC, se ha dejado claramente establecido que el fundamento de los Precedentes Vinculantes es la preservación del derecho de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la confianza en el sistema jurídico.

En tal sentido, se puede asumir el mismo criterio aplicable para las Leyes (normas) penales, cuya retroactividad favorable está permitida por el artículo 139º.11) de la Constitución y por el artículo 6º del CP, estando ante el contenido normativo y obligatorio del precedente, que en tal condición se equipara a la Ley, tal como lo ha señalado el propio TC, al sostener: “El precedente constitucional tiene por su condición de tal efectos similares a una ley. Es decir, la regla general externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común que alcanzar a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos”; presentando, como puede apreciarse, las características de la abstracción y generalidad propias de la ley; tanto al referirse a las entidades u organismos encargados de la aplicación de las normas así como a todos los casos que presenten el mismo o similar contenido fáctico3.

En este orden de ideas, creemos que no resultan de aplicación los criterios desarrollados por ROXIN y BACIGALUPO, a los que se refiere la jurisprudencia vinculante materia de comentario, puesto que estos estarían referidos a la jurisprudencia general de los diversos tribunales, mas no a la jurisprudencia o precedentes vinculantes de contenido normativo, equiparables a una ley; pues, los precedentes vinculantes no significan únicamente cambios jurisdiccionales que importan una corrección de la interpretación de una voluntad legislativa existente en el momento del hecho, como se señala en la jurisprudencia comentada, por el contrario, configura un precepto normativo que modifica el contenido del ordenamiento jurídico, dada su actual condición (ya poco discutible) de fuente del Derecho.

De otro lado, no creemos que una interpretación favorable al condenado signifique una afectación al principio de legalidad; pues, si bien este principio es incuestionable en materia penal, sin embargo, está referido a la tipificación de las conductas y a la determinación de la pena conminada aplicable a un caso, mas no a las demás condiciones y circunstancias favorables al reo, a las mismas que les resultan aplicables todos los principios pro homine o pro derecho fundamental; más aún, en estos casos resultaría de aplicación la analogía in boman parte.

Desconocer la aplicación de una nueva circunstancia preceptiva favorable (precedente vinculante favorable de carácter normativo) al reo ya condenado, significaría contravenir el criterio básico que fundamenta la propia existencia de los precedentes vinculantes, es decir, la preservación del derecho a la igualdad ante la ley. Y peor aun, se estaría desconociendo el fundamento de la retroactividad benigna de la ley. Pues, se aplica la ley posterior mas favorable, porque aun cuando el hecho cometido en determinado momento tuvo un reproche penal mayor, determinado por una respuesta punitiva de mayor severidad, con el paso del tiempo o el cambio de las circunstancias objetivas, ese reproche ha disminuido, y por ello se rebaja la pena o incluso se descriminaliza la conducta. Lo mismo sucede con el Precedente Vinculante (de contenido preceptivo, abstracto y de aplicación general), en que en determinado momento, se corrige el error, el desconocimiento del intérprete de la norma, o la exigencia político-criminal ha disminuido, y por ello mismo, a través del precedente vinculante se establece como pauta interpretativa un criterio general y abstracto más favorable al condenado; situación que no se puede desconocer si se quiere preservar el referido derecho a la igualdad ante la ley. Pues, no se condice con esta premisa, el hecho de imponer una pena mayor a un condenado antes del precedente (que a otro, cuya condena se dictó después del precedente) pese a que se trata de hechos similares y se aplica la misma ley. Ello inclusive no resultaría compatible con la necesidad de preservar la seguridad jurídica, y se revelaría como una arbitrariedad a la luz del análisis dentro del Estado Constitucional de Derecho.

Siendo así, consideramos que el operador jurisdiccional podrá desvincularse de esta jurisprudencia vinculante, dando las razones correspondientes.


B).1. SUSTITUCIÓN DE PENA BASADO EN CAMBIÓ JURISPRUDENCIAL ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

“Que, si bien con posterioridad a la fecha de expedición de la sentencia condenatoria se dictó el Acuerdo Plenario N° 3-2005/CJ-116, el mismo que a tenor de lo señalado por el artículo 301°-A del Código de Procedimientos Penales tiene carácter vinculante y ha de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales, según lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, éste no es de aplicación retroactiva ya que ésta sólo atañe a la ley penal, tal como lo establece el artículo 6° del Código Penal; que, al respecto, cabe puntualizar que la modificación de una fallo firme sólo es posible cuando media una modificación legal, que no ha ocurrido en el caso de autos; que un supuesto cambio jurisprudencial no constituye cambio normativo porque, como aclara Roxin, la nueva interpretación no es una voluntad de la ley, que ya existía desde siempre, pero que sólo ahora ha sido correctamente reconocida. (Derecho Penal - Parte General, Editorial Civitas, Madrid, 1999, p. 175); que en consecuencia, un pedido de sustitución basado en un supuesto cambio jurisprudencial no es conforme al principio de legalidad”.

R. N. N° 1920-2006. PIURA. (08/08/06). FV: 3°. (Jurisprudencia Vinculante).


C) CONCURSO REAL DE DELITOS
C).1. DETERMINACIÓN DE LA PENA EN CASOS DE CONCURSO REAL DE DELITOS
6º. El artículo 50º del Código Penal –en adelante, CP- regula el denominado concurso real de delitos. El texto legal vigente, de dicha norma, fue introducido por la Ley 28730, del 13 de mayo de 2006. Se produce un concurso real de delitos cuando un mismo autor con una pluralidad de acciones independientes entre sí, realiza, a su vez, varios delitos autónomos. A diferencia del concurso ideal (que presenta unidad de acción), el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal [VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE: Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2006, página 703].

Existen dos formas de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo.

El concurso real es homogéneo si la pluralidad de delitos cometidos corresponde a una misma especie; por ejemplo, cuando en diversas ocasiones y de modo independiente se cometieron varios robos. El concurso real es heterogéneo cuando los delitos realizados por el mismo autor constituyen infracciones de distinta especie, es decir, si en distintas oportunidades se cometieron un hurto, lesiones y una falsificación de documentos.

Los presupuestos y requisitos legales del concurso real de delitos son los siguientes:

A. Pluralidad de acciones.

B. Pluralidad de delitos independientes.

C. Unidad de autor.

El agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo proceso penal –enjuiciamiento conjunto-, lo que, por consiguiente, da lugar a una imputación acumulada al agente de todos los delitos perpetrados en un determinado espacio de tiempo [GARCÍA CAVERO, PERCY: Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2008, página 655]. La comisión de varios delitos en concurso real crea los presupuestos de su enjuiciamiento simultáneo en función a la conexidad material existente entre ellos.



7º. Para la determinación de la pena concreta aplicable, en caso del concurso real de delitos, rige un procedimiento que responde a las reglas derivadas del denominado “principio de acumulación”. El esquema operativo que el órgano jurisdiccional debe desarrollar en estos casos es el siguiente:

A. Identificación de una pena básica y una pena concreta parcial para cada delito integrante del concurso. Ello supone, como primer paso, que se defina la posibilidad de sanción establecida para el delito -límites mínimo y máximo o pena básica- en base a la penalidad conminada en la ley para dicho ilícito. El segundo paso consiste, atento a las circunstancias correspondientes y/o concurrentes de su comisión, en la concreción de la pena aplicable al delito en cuestión -pena concreta parcial-. Cabe precisar que esta primera etapa de determinación de la pena deberá cumplirse tantas veces como delitos que estén en concurso real. El órgano jurisdiccional debe operar para ello en principio de la misma forma como si cada hecho debiera enjuiciarse solo.



Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos