Terrorismo de Estado, memoria y reparación



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Verdad, Justicia y “Reconciliación”



Autor ponencia: Carlos Pescader

Tema elegido: “Las respuestas de los actores sociales en tiempos y situaciones de crisis”

Título del trabajo: Verdad, Justicia y “Reconciliación”. Exploraciones sobre la Argentina de la posdictadura.

Procedencia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNComahue; Gral. Roca

Domicilio particular: Gelonch 2375 (8332) – Gral. Roca, Pcia de Rio Negro

Tel: (02941) 429778

e-mail: pescaderreta@ciudad.com.ar

Participación: investigador expositor



Resumen:
Las sociedades que han pasado por la experiencia de la violencia institucional producida por un régimen dictatorial han debido enfrentar una situación dilemática: el imperativo de saber la verdad y hacer justicia ha confrontado con la necesidad de establecer condiciones políticas mínimas garantes de la gobernabilidad. En la mayoría de los casos la verdad y la justicia, ha cedido terreno frente a los discursos de olvido y perdón con el que gobernantes de distintos signos ideológicos han intentado “refundar” o “reconstituir” la nación.

En esa reconstitución han de jugar un papel relevante no sólo la forma como se enfrenten las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos, sino también la manera como se asuman las representaciones contradictorias y hasta antagónicas que circulan sobre la política y el pasado.

La Argentina de las dos últimas décadas se ha visto envuelta en esta situación. El repliegue de la última dictadura militar en 1982, y el advenimiento de la democracia abrieron un camino propicio para la construcción de un orden social más justo basado en el respeto y las garantías individuales. Sin embargo a sólo dos años de iniciado, ese proceso fue obturado.

En el presente trabajo se pretenden explorar algunas instancias concretas de la transición democrática: aquellas vinculadas con el esclarecimiento de lo ocurrido en la última dictadura, y con la sanción de las violaciones a los derechos humanos. Se propone indagar en qué medida los pasos dados por los primeros gobiernos democráticos favorecieron u obstaculizaron el camino de la reparación y de la reconciliación por el cual se intentó transitar después de haber sancionado a los responsables de aquel pasado traumático. Un objetivo subalterno está detrás de estos planteos: cuál es el aporte que puede hacerse desde las ciencias sociales –en particular desde la historia– para contribuir a reparar las heridas dejadas por episodios traumáticos de nuestra historia reciente.


Verdad, Justicia y “Reconciliación”.

Exploraciones sobre la Argentina de la posdictadura.

Lic. Carlos Pescader

Universidad Nacional del Comahue

Gral. Roca, Río Negro, Argentina


Introducción

El repliegue de la última dictadura militar en 1982, y el advenimiento de la democracia abrieron en Argentina un camino propicio para la construcción de un orden social más justo basado en el respeto y las garantías individuales. Probablemente gran parte del apoyo recibido por el candidato presidencial de la UCR, Raúl Alfonsín, tuvo que ver con la política que en materia de derechos humanos se comprometió llevar adelante. Las primeras medidas tomadas por el poder ejecutivo en esa dirección, y más concretamente el enjuiciamiento y encarcelamiento de las cúpulas militares responsables de la represión ilegal, colocaron al gobierno de la primera etapa de la transición democrática1 en un terreno inmejorable: el del esclarecimiento de la verdad respecto de lo ocurrido y la administración de justicia, en el marco de la restitución del Estado de Derecho.



Sin embargo a sólo dos años de iniciado, ese proceso fue obturado. Primero con la sanción de las denominadas Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final –conocidas años más tarde como “leyes de impunidad”–. Luego con los decretos de Indulto emitidos por el presidente Carlos S. Menem. Por iniciativa del mismo gobierno que había promovido el proceso judicial a los militares, la sanción de las leyes mencionadas pretendía diluir uno de los puntos más críticos que debió afrontar el gobierno de Raúl Alfonsín: la conflictiva relación cívico-militar, propia de las transiciones postdictatoriales. Los decretos presidenciales, por su parte, se idearon con la intención de contribuir a la “reconciliación nacional”.
Estas situaciones dan cuenta del dilema al que se han enfrentado sociedades fragmentadas por la violencia política. El imperativo de saber la verdad y hacer justicia ha confrontado con la necesidad de establecer condiciones políticas mínimas garantes de la gobernabilidad.2 En la mayoría de los casos la búsqueda de la verdad plena, y de la justicia, ha cedido terreno frente a los discursos de olvido y perdón con el que gobernantes de distintos signos ideológicos han intentado “refundar” o “reconstituir” la nación. Tal como ha advertido Elizabeth Lira en esa reconstitución juegan un papel relevante no sólo la forma como se han de enfrentar las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos, sino también la manera como se asuman las representaciones contradictorias y hasta antagónicas que circulan sobre la política y el pasado.3
En función de esto último, y para el caso argentino, el Nunca Más y el Juicio a las Juntas constituyeron los soportes materiales de una memoria que, fijada en la tragedia de los desaparecidos y el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado, convocaba a recordar para no repetir. En contrapartida, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como los decretos de Indulto, se constituyeron en el emblema de un olvido institucional que poco contribuiría a la consolidación venidera de un Estado de Derecho firme y estable, y de una sociedad más justa. Luego de casi dos décadas de gobiernos democráticos la tan anhelada búsqueda de verdad y justicia de los primeros años de transición democrática persiste aún en importantes sectores de la sociedad. Y lo hace en medio de una especie de “lucha” por el sentido del pasado que poco ha favorecido a la constitución de un terreno propicio al intercambio de justificaciones, de responsabilidades compartidas y de perdones. Quizá el único camino posible para pensar la reparación y la reconciliación.
En el presente trabajo se pretenden explorar algunas instancias concretas de la transición democrática: aquellas vinculadas con el esclarecimiento de lo ocurrido en la última dictadura, y con la sanción de las violaciones a los derechos humanos. Se propone indagar en qué medida los pasos dados por los primeros gobiernos democráticos favorecieron u obstaculizaron el camino de la reparación y de la reconciliación por el cual se intentó transitar después de haber sancionado a los responsables de aquel pasado traumático. Un objetivo subalterno está detrás de estos planteos: cuál es el aporte que puede hacerse desde las ciencias sociales –en particular desde la historia– para contribuir a reparar las heridas dejadas por episodios traumáticos de nuestra historia reciente.


  1. Denuncia, Verdad y Justicia

La última dictadura militar argentina no fue una más entre las tantas que interrumpieron el desarrollo político institucional del país desde 1930. Por sus características, y por los efectos que produjo sobre la sociedad se constituyó en un episodio singular de la historia nacional. En efecto, marcó un quiebre en la fisonomía y el comportamiento de la sociedad. Inauguró una política de represión que continuó luego de la muerte y desaparición de sus potenciales oponentes. Intentó borrar la historia e imponer el olvido institucional al buscar la sanción de una ley de autoamnistía, antes de abandonar el poder.
Cuando Raúl Alfonsín inauguró la transición democrática el 10 de diciembre de 1983 se inició una nueva dirección para la historia argentina en materia de política militar y derechos humanos. Como señaló Hugo Vezzetti, nunca antes en nuestro país la cuestión de los derechos individuales y la garantía de la ley habían jugado un papel político tan importante.4 Los proyectos elaborados por el poder Ejecutivo, así como las leyes sancionadas por el Parlamento se orientaron en dos direcciones complementarias. Una parte de esas iniciativas estuvo dirigida a la protección futura de los derechos humanos.5 La otra, al esclarecimiento y castigo de las violaciones cometidas en el pasado: el Juicio a las Juntas militares constituyó la iniciativa paradigmática en este sentido.
Como puede imaginarse los desafíos que debió enfrentar el nuevo gobierno fueron muchos, y desataron airadas polémicas ético-políticas.6 En cuanto a los crímenes cometidos durante la última dictadura el problema más acuciante podría sintetizarse de la siguiente manera: cómo conjugar la necesidad de establecer la verdad respecto de lo ocurrido y la demanda de juzgar a los responsables, con la exigencia de mantener la gobernabilidad precaria que todo período de transición postdictatorial presupone. La manera como el oficialismo pensó la solución a este dilema supuso una determinada representación del pasado reciente, así como de la política.
El poder ejecutivo, dando cumplimiento a promesas de campaña veló por el diseño de instrumentos destinados a buscar la verdad e impartir justicia. Por su iniciativa se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Esta comisión, fue un organismo ad hoc, de composición heterogénea7 no partidaria, similar a las organizadas en el resto de los países latinoamericanos que sufrieron períodos de violencia política.8 En un plazo de seis meses –le otorgaron tres mas para elaborar el informe– la comisión tuvo que: buscar la verdad respecto del secuestro, tortura y desaparición de personas realizadas por las FF.AA., elaborar un registro con la documentación accesible, recibir denuncias y centralizar todo el material que acercaran los organismos de Derechos Humanos o los damnificados.9 Tanto la Comisión, como el Informe Nunca Más fueron objeto de dudas y desconfianza. Las Madres de Plaza de Mayo –organismo defensor de los Derecho Humanos que se reunió por primera vez en Plaza de Mayo en 1977- rechazaron formar parte de la CONADEP y pusieron en dudas el valor del Informe. La prensa y los medios manifestaron temores en relación a la verdad a la que se intentaba llegar; y algunos vaticinaron sobre sus efectos negativos y la capacidad de reavivar los odios.
En el Nunca Más se reseñaron las formas de acción del terrorismo de Estado: mecanismos de tortura, de intimidación y de desaparición. En él se incluyó la ubicación y descripción de 340 campos clandestinos de detención de personas. Los datos obtenidos provinieron del testimonio de víctimas que pudieron salvar sus vidas. Se registraron aquellos casos que parecían ser los más representativos. En el informe se consignó a 8961 desaparecidos, cifra bastante inferior a los 30.000 reclamados por los organismos defensores de derechos humanos. También señaló responsables y corresponsables o cómplices: miembros de la iglesia católica, médicos, miembros del poder judicial, etc. Utilizado como elemento probatorio de una organización sistemática brindó datos invalorables que permitieron iniciar el enjuiciamiento de las Juntas militares, el 5 de abril de 1985.
El proceso judicial contra las Juntas Militares se inició en paralelo a un proceso similar con el cual se juzgó a los principales responsables de las organizaciones políticas militarizadas. Con sendos decretos presidenciales, el 157 y el 158 de 1983, Raúl Alfonsín impulsó los actos procesales que terminaron condenando tanto a los jefes sobrevivientes de las organizaciones Montoneros y ERP, como a los miembros de las Juntas Militares.10 Así se le daba forma jurídica a una representación bastante extendida en la sociedad, anterior incluso al levantamiento militar de 1976. Amplios sectores de la sociedad civil compartían la idea de que eran víctimas de un enfrentamiento intolerable entre dos grupos armados: uno de ultraizquierda y otro de ultraderecha. Esta visión se vio favorecida por una fe militarista, compartida tanto por guerrilleros como por represores.11 Este fue un contexto propicio para la aceptación del discurso del orden propuesto por los máximos responsables de la dictadura.
Durante la primera parte de la transición democrática esta visión permitía, en cierto modo, dar explicación a lo ocurrido: una “locura antijurídica”, contraria al Estado de Derecho, se había instalado en forma simétrica en dos grupos violentos que intentaron hacerse del poder. La sociedad, el contexto social en el cual esos grupos de habían enfrentado no era, por entonces, materia de análisis. Los procesos judiciales iniciados condenaron a los líderes de ambos grupos.
El primer gobierno democrático de la postdictadura abrió así el camino de la verdad y la justicia. Como se ha señalado en tantas oportunidades ese camino estuvo sembrado de tensiones, desconfianzas y hasta de cierta euforia. Pero si ese momento permitía poner al descubierto los horrores del pasado inmediato, no permitía reconocer en plenitud el impacto traumático de semejantes sucesos. Es decir no se tuvo en cuenta el carácter histórico del trauma vivido. Se pensó que conociendo los hechos y sancionando a quienes aparecían como sus máximos responsables se podía “cerrar” el pasado e iniciar una nueva etapa. El inicio de la transición democrática y los avances producidos en materia de Derechos Humanos fueron experimentados como la superación de la situación traumática anterior. Por lo menos hasta muy avanzado el tiempo no se pudo percibir con claridad la dimensión histórica de la situación traumática vivida durante la última dictadura.12 Sólo unos pocos podían entrever este aspecto. A raíz del fallo que condenó a las juntas militares el periodista Oscar Cardozo comentó: “... la concepción que durante los años del régimen militar quiso hacer creer a los argentinos que en realidad nada sucedía en sus días y en sus noches y que el dolor y la sangre eran apenas producto de una nunca definida conspiración extrafronteriza terminó de derrumbarse con el fallo ... Ahora bien, si quedó claro que los argentinos no fuimos ‘derechos y humanos’ ... sólo cabe inferir que la comprobación no cierra un debate, sino apenas una de sus etapas y que este tendrá una continuidad no menos significativa y quizás aún más incómoda que la anterior ...”.13


  1. Silencio, ocultamiento e impunidad.

El control civil sobre los militares es uno de los puntos álgidos que los gobiernos democráticos de transición posdictatoriales han debido afrontar. Politólogos y cientistas sociales con frecuencia han advertido que el futuro de las democracias depende de si los que tienen las armas obedecen a los que no las tienen.14 En el caso argentino, el miedo a la desestabilización no sólo puso en jaque la recién iniciada la política de derechos humanos. Un conjunto de acontecimientos ocurridos entre Semana Santa de 1987 y mediados de 1989 fue suficiente para que la sociedad argentina se enfrentara ante el fantasma del colapso de la nueva democracia. Cuatro levantamientos militares –abril de 1987, enero y diciembre de 1988, diciembre de 1990–,15 un intento de copamiento a un cuartel militar –enero de 1989–,16 saqueos a supermercados y la amenaza de un estallido; junto al alza de la divisa norteamericana y la hiperinflación presagiaban, al menos en algunas franjas de la dirigencia y de la sociedad civil, una vuelta a períodos ya superados.
El gobierno de Raúl Alfonsín había previsto la tensión con los militares. El 31 de diciembre de 1986 el Congreso aprobó, por iniciativa del poder ejecutivo, la ley de Punto Final. Con ella se fijaba una fecha tope para iniciar causas judiciales por la represión ilegal. La medida provocó que en el término de 60 días se aceleraran las denuncias y las presentaciones de pruebas. Las Cámaras Federales de centros urbanos importantes –Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia– levantaron sus ferias judiciales de verano para trabajar sobre las nuevas denuncias. Como resultado de esas maniobras aproximadamente 300 oficiales de alto rango quedaron procesados. Las citaciones de la justicia motivaron, en parte, la primera sublevación “carapintada”. El 19 de abril de 1987, luego de los sucesos de Semana Santa, con la firma del Acta de Compromiso Democrático, las diversas fuerzas políticas y el gobierno fijaron diferentes niveles de responsabilidad durante la represión ilegal.17 Y casi un mes mas tarde el Congreso sancionó la ley de Obediencia Debida que estableció como responsables de la represión ilegal sólo a los altos mandos de las FF.AA. La sanción de estas leyes despertó airadas críticas, en medio de un clima de opiniones castrenses que reivindicaba la “guerra sucia”.18 Se entendía que no sólo se iniciaba un retroceso en materia de derechos humanos; era también el comienzo de un olvido de tipo institucional.

Años mas tarde, el 7 de octubre de 1989, a escasos tres meses de haber asumido la presidencia de la nación y en medio de un caos económico que precipitó el alejamiento del primer presidente constitucional de la postdictadura, Carlos S. Menem emitió dos decretos de Indulto. Los destinatarios de esos decretos –216 militares y 64 civiles– habían sido condenados por la justicia por diversas razones: violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976 y 1983), acciones directas tipo “guerrilla”, alzamientos militares ocurridos durante la transición democrática, y responsabilidad ante la derrota de la Guerra de Malvinas.19 Y el 29 de diciembre de 1990, luego del último levantamiento militar, un nuevo decreto indultó a ex-comandantes de las dos primeras juntas militares –Videla, Massera y Viola–, y al máximo jefe de los Montoneros –Mario E. Firmenich–, junto a otros civiles y militares. La intención del presidente Menem nunca fue ocultada: se intentaba contribuir a la reconciliación nacional. La decisión de emitir los indultos fue incluida dentro de una política mayor, de reparación histórica si se quiere, que incluyó la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas.20



Las encuestas de opinión pusieron en evidencia el rechazo manifiesto de importantes grupos de la sociedad civil. Los organismos de derechos humanos –APDH, Madres de Plaza de Mayo, Liga argentina por los derechos del hombre– repudiaron las medidas y convocaron a la población a movilizarse para frenar los indultos e impedir otros. Reconocidos militantes de los partidos de izquierda, así como de los partidos mayoritarios acompañaron la iniciativa. En otro sentido, en una línea claramente complaciente con la disposición presidencial, se registraron los comentarios de encumbrados miembros de la jerarquía católica –por caso Raúl Primatesta, presidente del Episcopado argentino– y algunos representantes de las grandes corporaciones –Guillermo Alchouron, presidente de la Sociedad Rural Argentina-. La medida, que intentaba allanar el camino de la reconciliación, y proponía obturar “por decreto” el pasado traumático más brutal de la historia argentina avivó la lucha por el sentido de lo ocurrido. Sin embargo en pocos meses el tema pareció clausurarse.



  1. Memorias en conflicto

El sociólogo durkheimiano Maurice Halbwachs21 sugirió que la memoria colectiva es una construcción intersbujetiva vehiculizada por el lenguaje. Es decir se trata de una construcción social –se apoya en marcos sociales de referencia; se recuerda un pasado vivido en sociedad; se recuerda entre varios–, que provoca efectos sociales. Entre otras cosas contribuye a gestar una identidad grupal. Al apoyarse en marcos sociales de referencia la construcción de la memoria colectiva se produce en contextos socioculturales determinados. Lo que hace que la memoria colectiva se convierta en “productora” del sentido y de la interpretación de los acontecimientos del pasado. Por otra parte a partir de los estudios de Halbwachs se reconoce que en una sociedad no existe una sino varias memorias colectivas que pujan, entran en conflicto por la significación de lo ocurrido. En este contexto hacer memoria significa, parafraseando a Vázquez,22 efectuar una selección de entre el sinnúmero de construcciones de sentido de sucesos del pasado. El otorgar cierto sentido a los acontecimientos es prescindir de otros posibles y, por lo tanto, de acciones y de prácticas que podrían modificar la situación presente en otro y otros sentidos posibles. Este marco conceptual contribuye a una exploración de lo ocurrido en la Argentina de la transición democrática.
Los acontecimientos vinculados con la represión ilegal, el juicio a las juntas militares y las leyes y decretos de impunidad se han constituido en los soportes materiales de memorias en conflicto. Por un lado la memoria de los sobrevivientes que sufrieron el horror de la represión ilegal, y de los familiares de los detenidos desaparecidos. Para ellos el recuerdo de los acontecimientos es el punto de partida de un camino de “lucha” en pos de impedir la impunidad de los crímenes y el olvido. Las movilizaciones encabezadas por las Madres de Plaza de Mayo, las investigaciones impulsadas por las Abuelas para localizar a sus nietos, así como la reapertura de las causas en los “Juicios por la Verdad” y los “escarches” organizados por H.I.J.O.S.23 (Los Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) se constituyeron en “lugares” estratégicos de la memoria. Otra memoria confronta con esta. La que al amparo de las “Leyes de impunidad” y los decretos de Indulto identificó a los responsables de la represión, a los familiares de los militares muertos que reivindicaron la “guerra sucia”, a los civiles cómplices del régimen militar que añoran el tiempo en el que se movían con absoluta impunidad.

Con todo, cada una de esas memorias no es homogénea. La continuidad del recuerdo, entendida como un doble proceso de transmisión y recepción involucra a actores sociales que por sus experiencias, sus valores, en “lugar” social en el que se encontraban cuando ocurrieron los acontecimientos, y sus horizontes de expectativas resignifican el pasado de manera particular.24 Hay, entonces, varias memorias de la dictadura, y otras tantas del período de transición. Así el contenido de los recuerdos, como elemento de cohesión grupal, de identidad, suele convertirse en motivo de una disputa por el sentido de lo ocurrido. La disputa puede darse en distintos niveles: entre los protagonistas sobrevivientes de los acontecimientos; entre los descendientes de ambos grupos; o al interior de cada grupo bajo lo que puede definirse como “conflicto generacional”.25 La sociedad en su conjunto se transforma en un campo de “lucha” entre la memoria-recuerdo y la memoria-olvido. Una lucha que por sus motivaciones éticas y políticas involucra a todos los actores sociales, más allá del grado de compromiso individual de cada uno con el tema.
Los acontecimientos políticos traumáticos suscitaron memorias distribuidas socialmente. Pero, como sugirió Martín Baró al analizar el caso salvadoreño,26 esos sucesos traumáticos afectaron de manera desigual a los miembros de una sociedad. Los recuerdos condensados en las memorias colectivas cohesionaron y definieron a grupos que en la mayoría de los casos entraron en conflicto. Por eso en las instancias posteriores a situaciones de extrema violencia política se puso el acento el fenómeno de la fragmentación social. Pero en verdad en muchos casos es la fragmentación de la sociedad la que ha provocado el desenlace de la violencia política, y no al revés. Al menos esta hipótesis parece funcionar en el caso argentino. Estudios realizados recientemente han puesto el acento en esta cuestión.27 Varios acontecimientos anteriores a la dictadura (1976-1983), que remiten hasta 1955 pondrían en evidencia que la violencia política y la fractura social no fueron introducidos por las Juntas Militares.28 Sin tener presente que desde el siglo XIX durante el proceso de construcción del Estado Nación en adelante en distintos y prolongados procesos históricos los proyectos sólo se presentaban como viables con la anulación o aniquilación del adversario político, que era visualizado como un enemigo.
Para el caso argentino es posible pensar el problema de la violencia política que desembocó en la más sangrienta de las dictaduras como un síntoma de la historia nacional, por lo menos durante todo el siglo XX. En este sentido el concepto de trauma psicosocial adquiere vital importancia para entender no sólo lo ocurrido en términos de desencuentros, sino también las posibilidades futuras de la reparación y la reconciliación. Plantear la dimensión social de la situación traumática29 permite explorar los componentes socio-políticos que permitieron y favorecieron las situaciones de extrema violencia. Por otra parte la perspectiva histórica de la situación traumática también es de vital interés porque quita al trauma el componente de “irrupción excepcional” que habitualmente lo caracteriza, e introducción la duración como un elemento a tener en cuenta. Lo que obliga a pensar en los efectos sobre la sociedad más allá de la persistencia de situaciones de violencia extrema.


  1. Reparación y reconciliación

En los países que experimentaron la violencia política extrema, concluidas las situaciones de excepción, han sobrevenido los llamados a la reconciliación. Finalizados los conflictos ha surgido la necesidad de imaginar un nuevo escenario favorecedor de la convivencia social y la proyección de tareas comunes. Sin embargo dadas las características de los enfrentamientos anteriores, su intensidad y el hecho de que han involucrado a amplios y diversos sectores de la sociedad, esa reconciliación requiere de ciertas condiciones. Elizabeth Lira30 ha pensado que un proceso de reconciliación política supone, entre otras cosas:

  • reconocer las diversas memorias como partes legítimas de un conjunto a descubrir;

  • concordar en la existencia de los hechos que han sido objeto de controversia o que forman parte del origen del conflicto;

  • identificar y reconocer el origen del conflicto y sus contenidos específicos,

  • reconocer la legitimidad de las diferencias respecto a las emociones personales y colectivas surgidas desde experiencias heterogéneas, que originaron significaciones diferentes respecto al origen de! conflicto, a su desarrollo y a su desenlace;

  • reconocer la existencia de efectos y consecuencias de daño material, físico, psicológico o moral que es preciso reparar;

  • aceptar que en todos estos puntos permanecerán diferencias importantes las que requieren ser encauzadas, habladas y reconocidas ­como dimensiones existentes cuyos grados de resolución son necesariamente diversos.

Si se acepta lo anterior como punto de arranque hacia una nueva forma de relaciones sociopolíticas se tendría que admitir la insuficiencia de los pasos dados en Argentina. Al parecer las medidas adoptadas por los gobiernos democráticos no han favorecido suficientemente el esclarecimiento de lo ocurrido. Las decisiones han generado una sensación de impunidad hacia quienes violaron sistemáticamente los DD.HH. que se ha generalizado recientemente en la medida en que se hicieron habituales hechos delictivos de la esfera de lo privado: robos comando a bancos, secuestros extorsivos, etc. en los cuales participaba “mano de obra desocupada” (personajes que habían actuado en la “guerra sucia” en las fuerzas represivas o en los grupos paramilitares). Tampoco ha habido una “depuración” efectiva de las FF.AA. y de las fuerzas de seguridad. En cuanto a las primeras, el poder político aprobó los ascensos de militares sospechados de complicidad o responsabilidad directa en violaciones a los derechos humanos. En cuanto a las segundas, los intentos de reforma implementados en los últimos 20 años no han impedido la utilización de los métodos de la dictadura: tortura, muerte sumaria.


Por otra parte hay señales de algunos protagonistas de los “años de plomo” que no contribuyen en nada a apaciguar los ánimos y tender una mirada crítica sobre lo sucedido. Muchos militares continuaron reivindicando por años la “lucha antiterrorista”. Y algunos civiles han acompañado esa actitud. Sin ir muy lejos con motivo del 25 aniversario del golpe militar un grupo vitoreó en su domicilio particular al ex-dictador Jorge R. Videla. Tampoco ha habido una mirada crítica oficial desde los sectores comprometidos con la insurgencia revolucionaria. En cuanto a los partidos políticos, las prácticas desarrolladas en los casi 20 años de democracia no han contribuido a generar un espacio de deliberación e intercambio de responsabilidades. Más bien ha ocurrido lo contrario. Prueba de ello han sido, por ejemplo, las declaraciones públicas del ministro de defensa del presidente De la Rua –Horacio Jaunarena–31 cuando un juez federal inició, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), trámites para solicitar la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad”. Las declaraciones del ministro sugirieron lo inoportuno de la decisión y el peligro de avivar cuestiones ya superadas. Por otra parte los partidos políticos han reaccionado corporativamente frente a las demandas ciudadanas de transparencia en el ejercicio del poder.
En fin, ni desde el Estado, ni desde la sociedad civil se han iniciado programas sistemáticos de reparación social de quienes fueron víctimas del terrorismo de estado. Las acciones que se han llevado a cabo han sido promovidas, en forma aislada, por los organismos defensores de los derechos humanos. Asumir plenamente la necesidad de una “reparación social” debería implicar esfuerzos desde distintos actores sociales, no sólo de los afectados directamente.
Recientemente, y a propósito de la situación argentina, Juan Corradi32 ha realizado algunas reflexiones con el propósito de analizar cómo narraciones destinadas a las nuevas generaciones pueden contribuir a la reconciliación nacional. Advirtió que la formación y reconfiguración de las memorias colectivas puede pensarse en dos escenarios posibles. Uno en el contexto de la búsqueda de la verdad que sirva a la justicia -aunque ésta sucumba a veces frente a los apremios de la Realpolitik-. El otro, mucho más inquietante, cuando la memoria es construida sin justicia y, además, sin un intercambio de justificaciones y perdones por parte de los descendientes. En esta situación las memorias colectivas consolidan identidades excluyentes. En las circunstancias actuales tal parece ser el escenario socio-político de la Argentina.

  1. Contribuciones desde la historia y las ciencias sociales.

Alcanzar un consenso básico en torno del cual constituir un nuevo tipo de relaciones es tarea de todos los actores sociales. En este sentido, y desde las ciencias sociales quedan importantes tareas por realizarse algunas de las cuales podrían incluirse en la agenda de la investigación histórica.
¿Cuál sería el papel de la investigación histórica? En principio profundizar la revisión del pasado reciente, trabajando contra la cristalización de memorias oficiales e institucionalizadas. También habría que pensar en reelaborar explicaciones, en “contar de otra manera”, como sugiere Ricoeur33 con un propósito pedagógico y hasta terapéutico. Por otra parte -como ha señalado la historiadora H. Sábato-34 se podrían abordar cuestiones escasamente exploradas. Sugiere una: la que en el escenario alemán se ha denominado “la responsabilidad colectiva por el contexto mental y cultural en que los crímenes fueron posibles”. En esta dirección han aparecido trabajos de intelectuales vinculados en los ’70 con organizaciones armadas, o militantes de partidos de izquierda proclives a la violencia política,35 que han iniciado un proceso de revisión de lo ocurrido, desde una visión crítica de la acción de las organizaciones a las que pertenecían. Sin embargo hace falta un planteo general, que involucre no sólo a los protagonistas directos de los acontecimientos de violentos.
En algunas circunstancias el resultado de las investigaciones de las ciencias sociales y la historiografía generan polémicas que desbordan los límites académicos e ingresan en el espacio público. En estos casos aportan elementos que pueden contribuir a la autocomprensión de distintos sectores de la comunidad. Quizá eso pueda esperarse del uso público de la historia de nuestro pasado reciente.

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- Yerushalmi, Y. (1998): “Reflexiones sobre el olvido”. En: AA..VV.: Usos del Olvido. Bs.As. Nueva Visión.

 Lic. en Historia. Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Investigador de la Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue.

1 Hugo Quiroga sostiene que Argentina es un ejemplo de país en el cual fue imposible que en la posdictadura se iniciara una transformación simultánea de las dimensiones política y económica. Y propuso la idea de una transición en dos momentos. En el primero, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se inició la transformación política. En el segundo, ya bajo la presidencia de Carlos Menem, se completó aquella transformación y se inició la reforma económica. Cfr. Quiroga, Hugo (2000): “La experiencia democrática: entre pasado, presente y futuro”. En: Estudios Sociales. Revista universitaria semestral. N° 18, Año X, primer semestre, Santa Fé.

2 Sobre este aspecto pueden consultarse las siguientes obras: Lira, E. (2000) Verdad, justicia e impunidad. Memoria, Perdón y Olvido. En: Vázquez, J.J. coord. Psicología Social y Liberación en América Latina. México, Ed. UAM Iztapalapa. Págs. 133-153; Nino, Carlos (1997): Juicio al Mal Absoluto. Los fundamentos y la historia del Juicio a las Juntas del Proceso. Bs.As., Emecé; y Vezzetti, Hugo (2002): Pasado y presente. Guerra dictadura y sociedad en la Argentina. Bs.As., Siglo XXI.

3 Cfr. Lira, E. (2000):ob.cit. (Ver pp. 5-6 de la versión digitalizada)

4 Cfr. Vezzetti, Hugo (2002): ob.cit., pp. 128-135.

5 Ley 23049 (reforma del Código de Justicia Militar de 1951, y se abolió el fuero militar para delitos comunes); ley 23052 (abolición del régimen de censura previa existente respecto de las proyecciones cinematográficas; introducción de un régimen de calificaciones que protege a los menores);ley 23.077 (Abolición de las denominadas “leyes de represión a la subversión” dictadas una por el gobierno justicialista y otra por la dictadura); ley 23.098 (extendió y precisó el recurso de habeas corpus); ley de defensa del orden democrático (redefine delitos de rebelión y sedición y declara punible la permanencia en cargos públicos durante un régimen de facto); ley 23264 (iguala los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales; y otorga igual potestad al padre como a la madre en materia de patria potestad); y se aprobó el divorcio vincular, entre otras medidas

6 Cfr. Garzón Valdés, Ernesto (1988): “La democracia argentina actual: problemas eticopolíticos de la transición”. En: AA.VV.: La nueva democracia argentina 1983-1986). Bs.As., Sudamericana, pp. 237-260.

7 La CONADEP estaba integrada por: Ernesto Sábato (escritor), Jaime F. de Nevares (obispo católico), Marshall T. Meyer (rabino), Carlos Gattinoni (obispo metodista), Ricardo Colombres, René Favaloro (médico, escritor), Hilario Fernández Long (ingeniero), Gregorio Klimovsky (epistemólogo), Eduardo Rabossi (filósofo), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista), Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte (los tres diputados de la UCR)

8 En Chile la "Comisión de Verdad y Reconciliación" inauguró sus actividades en 1990, en El Salvador la "Comisión de la Verdad" reunió información entre 1992-93. En algunos países estas comisiones no fueron oficiales. Surgieron de las organizaciones de derechos humanos existentes. En Brasil la Arquidiócesis de Sao Paulo elaboró el Informe Brasil Nunca Más (1985); en Paraguay el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias produjo el informe Paraguay Nunca Más (1993) y el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, elaboró su Informe: Uruguay Nunca Más (1985). Cfr. Lira, Elizabeth, ob.cit.; y Funes, Patricia (2001): “NUNCA MAS: Memoria de las dictaduras de América Latina. Acerca de las Comisiones de Verdad en el Cono Sur”. En: Groppo, Bruno y Patricia Flier (comp.): La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata, Ediciones al Margen.

9 Ibidem.

10 Eduardo L. Duhalde ha analizado el impacto que los decretos tuvieron en la constitución de un discurso político. Entiende que tienen elementos de continuidad y de cambio con respecto al discurso del terrorismo de Estado. Continuidad en cuanto a la idéntica valoración que hace de la “subversión”: la atribuyen a fuerzas y dictados internacionales, desconociendo la influencia de los factores sociales. Ruptura en cuanto condena la metodología implementada por los militares. Al mismo tiempo introducen diferenciaciones entre las organizaciones armadas y los militares, otorgándole mayor responsabilidad a las fuerzas guerrilleras, y mostrando las acciones militares legítimas, aunque excedidas. Cfr. Duhalde, Eduardo L. (1998): El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica. Bs.As., Eudeba, pp. 171-172.

11 Hugo Vezzetti advierte que en la medida en que la insurgencia armada se aislaba de su propia base social se favorecía la imagen de un conflicto que se dirimía entre aparatos armados, por encima y al margen de la gente común. Cfr. Vezzetti, Hugo (2002): ob.cit., pp. 124-125.

12 Sobre la dimensión histórica de las situaciones traumáticas ver Piper, I. (1997). Análisis crítico del discurso psicológico en Derechos Humanos: una perspectiva psicosocial. Trabajo de investigación presentado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Capítulo IV. (ver pp. 7-9 de la versión digitalizada).

13 Cfr. Cardozo, Oscar: “El pasado subió a la superficie”. En: Clarín, 11 de diciembre de 1985, p. 4

14 Cfr. Przeworski, Adam (1995): “Derechos Humanos y justicia en la política argentina”. En: AA.VV.: Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Bs.As., Nueva Visión; Nino, Carlos (1997): Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del Proceso. Bs.As., Emecé. Vezzetti, Hugo (2002): ob.cit.

15 La primera sublevación producida en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y liderada por el Tte. Cnel. Aldo Rico, manifestaba el descontento de algunos grupos de oficiales por el avance del poder civil sobre los militares. Rico se sublevó nuevamente en enero 1988 –Monte Caseros–. Fue encarcelado y dado de baja. Posteriormente concitó la adhesión de civiles vinculados con la derecha nacionalista. En diciembre de 1988 y de 1990 quien se sublevó fue el Cnel. Mohamed Alí Seineldin, un militar elitista y partidario del fundamentalismo católico. Seineldin fue procesado y encarcelado. Aun hoy está cumpliendo condena.

16 El ataque al cuartel de La Tablada fue llevado a cabo por el Movimiento Todos por la Patria, entre los miembros del movimiento figuraba Gorriarán Merlo, dirigente del ERP en los años ’70.

17 Carlos Nino, uno de los principales mentores jurídicos de la política de derechos humanos de Alfonsín aclaró que durante la campaña electoral de 1983 se había establecido una distinción entre a) los que diseñaron la metodología represiva y dieron las órdenes para ponerla en práctica, b) los que cometieron hechos atroces y aberrantes, y c) los que obedecieron órdenes sin incurrir en tales hechos. Cfr. Nino, Carlos (1988): “La política de Derechos Humanos en la primera mitad del período del gobierno democrático”. En: AA.VV.; ob. Cit., p. 206.

18 Cfr. Ediciones del diario Clarín de los días 3 y 9 de diciembre de 1986; y del 7 de junio de 1987. Ver también revista El Periodista, n° 76, del 21 de febrero de 1986; n° 137 del 24 de abril de 1987, y el n° 146 del 26 de junio de 1987.

19 El decreto presidencial 1002 benefició a varios protagonistas de la lucha antisubversiva: Nicolaides, Saiaiñ, Montes, Ferrero, Olivera Revere, Harguindeguy entre otros. El decreto 1003 indultó a numerosos “guerrilleros”: Fernando y Daniel Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Oscar Bidegain, Miguel Bonasso, Juan Gelman y Rodolfo Galimberti.

20 Rosas fue un caudillo que gobernó la provincia de Bs.As. en dos oportunidades: 1829-1833 y 1835-1852. Desde 1831 fue el representante de la Confederación Argentina. Figura por antonomasia de una línea histórica revisionista junto a San Martín y Perón, contrapuesta a la liberal Mayo-Caseros.

21 Cfr. Halbwachs, Maurice (1994): La mémoire collectiva. París, Albin Michel. [Utilizo una versión del capítulo “Memoria colectiva y memoria histórica” traducido por Amparo Lasén Díaz publicado en la revista Sociedad, nº 12 / 13, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, pp. 191 a 201.

22 Vázquez, F. (2001) : La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario. Barcelona, Bs.As., México.

23 Se empezaron a reunir en abril de 1995, agrupa a hijos de detenidos, desaparecidos, asesinados o exiliados durante la dictadura con el propósito de reconstruir su pasado, mantener viva la memoria y luchar por la justicia.

24 Cfr. Yerushalmi, Y. (1998): “Reflexiones sobre el olvido”. En: AA..VV.: Usos del Olvido. Bs.As. Nueva Visión. Yerushalmi analiza las situaciones que pueden generarse a partir de el doble movimiento de transmisión y recepción de los recuerdos.

25 Las reflexiones de algunos investigadores pueden echar luz sobre el tema. Ver Yerushalmi, Y. (1998), ob.cit.; Schuman, H. y otros (1998): “La base generacional del conocimiento histórico”. En: AA.VV.: Memorias colectivas de procesos culturales y políticos. Bilbao, Universidad del País Vasco; y Lorenz, Chris (2000): “Cruces de límites: Algunas reflexiones sobre el rol de los historiadores alemanes en los debates públicos recientes sobre historia nazi” en I Congreso de Filosofia de la Historia: “La comprensión del pasado”, Bs.As., 25 al 27 de Octubre de 2000.

26 Martín Baró, I. (1990) La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. En: Psicología Social de la Guerra. El Salvador, UCA Eds. Págs. 66-84.

27 Cfr. Vezzetti, H. (2002): ob.cit., Romero, Luis A. (2001): “Las raíces de la dictadura”. En Revista Puentes, ano1, n° 3, marzo 2001, La Plata, pp. 26 a 30; Nino, Carlos (1997): ob.cit.

28 Para graficar lo que quiero decir tomo algunos acontecimientos datados entre 1955 y el último golpe: los bombardeos a Plaza de Mayo en los prolegómenos del golpe que derrocó a Perón en 1955, el golpe mismo, los 18 años de proscripción política del peronismo, los quiebres institucionales de 1963 y 1966, la proscripción de todos los partidos desde 1966. Luego, desde los ’70, la masacre de Ezeiza (cuando regresó Perón de su exilio), los crímenes que se atribuyó la Triple A, las acciones del terrorismo insurgente, la irrupción de la crisis hiperinflacionaria del último gobierno de Perón ... Todas ellas pueden considerarse “escenas traumáticas”, parafraseando a Hugo Vezzetti.

29 Cfr. Piper Shapir, I. (1997): ob.cit.

30 Cfr. Lira, Elizabeth (2000); ob.cit.

31 Horacio Jaunarena era el Ministro de Defensa del presidente Raúl Alfonsín cuando se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

32 Corradi, Juan (2001): “La memoria como bien público global”. En: Revista Los Puentes de la Memoria. Año 1, número 3, Marzo de 2001, p. 39.


33 Cfr. Ricoeur, Paul (1999): Lecturas del Tiempo Pasado: Memoria y Olvido. Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, p. 46.

34 Cfr. Sábato, Hilda (2000): “La Cuestión de la Culpa”. En: Revista Puentes. Año 1, número 1, Agosto de 2000, p. 17.

35 Cfr. Altamirano, Carlos (2001): “Contra nuestra propia certidumbre”. En: Revista Puentes, año 2, n° 5, La Plata, octubre de 2001, pp. 46-50; y Hilb, Claudia (2001): “La responsabilidad como legado”. En: Revista Puentes, año 2, n° 5, La Plata, octubre de 2001, pp. 50-62



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