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Mexico: Muertes durante manifestaciones en Oaxaca



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Mexico: Muertes durante manifestaciones en Oaxaca
Violación alegada: Muertes a consecuencia de uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad
Persona objeta del llamamiento: 5 hombres (manifestantes)
Carácter de la respuesta: Respuesta cooperativa pero incompleta
El Relator Especial agradece al Gobierno de Mexico por la información que ha proporcionado relativa a la muerte de Alejandro García Hernández, José Jiménez Colmenares y Lorenzo San Pablo Cervantes. El Relator Especial preguntará que se le mantega informando del progreso de las investigaciones mencionadas en la respuesta del Gobierno.
El Relator Especial preguntará que se le mantega informando del progreso de las investigaciones mencionadas en la respuesta del Gobierno.
Carta de alegación del 30 de octubre de 2006 mandada con el Relator Especial sobre la tortura
En el ejercicio de nuestros mandatos respectivos, deseamos poner en su conocimiento las denuncias que hemos venido recibiendo con relación a violaciones de derechos humanos cometidas por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, durante el mes de octubre de 2006 en Oaxaca. Según la información recibida:
El 14 de octubre, varios desconocidos dispararon contra un grupo de simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) que se encontraban protestando. El Sr. Alejandro García Hernández murió como consecuencia de los disparos y otras dos personas resultaron heridas. Según nuestras fuentes, uno de los desconocidos que disparó contra los manifestantes perdió su billetera en la huida, incidente que habría permitido identificarlo como miembro del ejército.
Por otro lado, el 8 de octubre, el estudiante Pedro García García habría quedado en libertad bajo fianza después de permanecer una semana detenido en una prisión de Tlacolula, estado de Oaxaca. Según se nos informa, mientras se encontraba detenido, el Sr. Pedro García García fue golpeado en repetidas ocasiones y amenazado de violación. Al Sr. García se le detuvo por robo y porte de arma, pero este último cargo fue posteriormente retirado. Se alega que los cargos en contra del Sr. García son falsos y se sospecha que pueden habérsele imputado por motivos políticos.
Nos gustaría señalar que no es la primera vez que recibimos denuncias sobre este tipo violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Precisamente, 12 de Septiembre de este año, enviamos una carta a su Gobierno con relación a la muerte de los Señores José Jiménez Colmenares y Lorenzo San Pablo Cervantes debido a disparos efectuados por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad. En esa oportunidad también se puso enconocimiento de su Gobierno la información que recibimos sobre los supuestos malos tratos o torturas a las que habrían sido sometidos los Señores Ramiro Aragón Pérez, Elionai Santiago Sánchez, Juan Gabriel Ríos y Renato Cruz Morales mientras se encontraban bajo custodia policial.
A través de una carta enviada el 22 de Agosto de 2006, el Gobierno de su Excelencia nos informó que intentaba solucionar por la vía del diálogo el conflicto social que se vive en el Estado de Oaxaca, y que se encontraba implementando acciones tendientes a favorecer el acercamiento entre el Gobierno de Oaxaca, el magisterio e integrantes de la APPO (párr. 8).
Quisiéramos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Gobierno de Su Excelencia por la información proporcionada y saludar sus esfuerzos para encontrar una solución pacífica a este conflicto. Sin embargo, le recordamos que aun no hemos recibido respuesta a nuestra carta del 12 de septiembre y que continuamos recibiendo nuevas denuncias provenientes de Oaxaca.
En estas circunstancias, y sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, hacemos un llamado al Gobierno de Su Excelencia para que nos proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la investigación de las violaciones mencionadas en esta carta y en aquella del 12 de septiembre, así como el procesamiento y castigo de las personas responsables de dichas violaciones. Igualmente, quisiéramos conocer las acciones implementadas por su Gobierno para que este tipo de incidentes no se repitan.
A este respecto, nos gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social. En particular, llamamos la atención sobre los principios 9 y 19 según los cuales, los Gobiernos deben proceder a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de tales ejecuciones o amenazas; publicar en un informe las conclusiones de estas investigaciones; y velar por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en tales ejecuciones, en cualquier territorio bajo su jurisdicción.
Finalmente, nos gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre el párrafo 1 de la Resolución 2005/39 de la Comisión de Derechos Humanos, en el que se “Condena todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que están y seguirán estando prohibidos en todo momento y en todo lugar y que, por lo tanto, no pueden justificarse nunca”. A este respecto, llamamos la atención sobre los artículos 12 y 7 de la Convención contra la Tortura, y sobre el párrafo 3 de la Resolución 2005/39 de la Comisión de Derechos Humanos. El párrafo 3 de dicha resolución estipula que “todas las denuncias de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deben ser examinadas sin dilación y de manera imparcial por las autoridades nacionales competentes y que quienes instigan, ordenan, toleran o perpetran actos de tortura, incluidos los funcionarios encargados del lugar de detención donde se determine que se ha cometido el acto prohibido, deben ser declarados responsables de sus actos y severamente castigados”.
De acuerdo con el mandato que nos ha entregado la Comisión de Derechos Humanos, mandato reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, es nuestra responsabilidad intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a nuestra atención. En nuestro deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
1. ¿Son exactos los hechos referidos?
2. Si fueron presentadas quejas o denuncias, ¿cuales han sido las respuestas a las mismas y las acciones referidas en las respuestas?
3. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas con relación a la muerte de los Señores Alejandro García Hernandez, José Jiménez Colmenares y Lorenzo San Pablo Cervantes, así como los malos tratos o torturas a las que habrían sido sometido los Señores Pedro García García, Ramiro Aragón Pérez, Elionai Santiago Sánchez, Juan Gabriel Ríos y Renato Cruz Morales.
4. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. ¿Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables?
5. Por favor, indique si las víctimas o sus familiares obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización.
Mexico_del_24_de_abril_de_2007'>Respuesta del gobierno de Mexico del 24 de abril de 2007
Alejandro García Hernández
La Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dio inicio a las averiguaciones previas 67(FEPAM)/06 por el delito de homicidio calificado en contra del Sr. Alejandro Garcia Hernández.

Una vez que se tengan mayores datos se harán de su conocimiento.


Pedro Garcia Garcia
Fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) en el momento de estar cometiendo el delito de robo en perjuicio de Abel Reyes Mijangos.
La PABIC solicitó a la Directora del Reclusorio Femenil de Valses Central, de Tiacolula, Oaxaca, que recibiera a Francisco Pedro Garcia Garcia, en calidad de detenido.
El 1° de octubro de 2006 la PABIC puso a Pedro Garcia Garcia a disposición del Ministerio Público y se inició la averiguación previa 1536/PME/06 por el delito de robo simple.
Debido a que le fue encontrada un arma de fuego, clasificada como prohibida por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Primera Agencia Investigadora Especializada en Delitos contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos inició una averiguación previa (AP/PG OAX/1/097-D/2006), en la que el Sr. Pedro Garcia Garcia aparece como probable responsable del delito de portación de armas de fuego prohibidas.
A efecto de ampliar la información contenida en este punto en breve se remitirá copia del certificado médico del 1° de octubre de 2006 expedido por el Departamento Médico del Reclusorio Femenil de de Valles Centrales, Tlacolula, Oaxaca.
El 08 OCT 2006 Pedro Garcia Garcia obtuvo su libertad bajo caución.
José Jiménez Colmenares
El 10 de agosto de 2006, como uno de los actos de protesta realizados por el magisterio y el grupo autodenominado Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), se llevó a cabo una manifestación.
Aproximadamente a las 19:00 horas, se suscitó una riña entre manifestantes y particulares. Derivado de estos hechos, resultó herido por proyectil de arma de fuego el Sr. Eleuterio José Jiménez Colmenares, quien fue atendido en un hospital particular en donde falleció.
La Procuraduria General de Justicia de Oaxaca (PGJOAX) inició una investigación por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones, en contra de quien o quienes resulten responsables.
Después del tiroteo, los manifestantes capturaron a cuatro hombres sospechosos de participar en los hechos antes referidos y posteriormente los pusieron a disposición de la Delegación de la Procuraduria General de la Repùblica en el Estado.
Ramiro Aragón Pérez, Juan Gabriel Rios y Elionel Santiago Sánchez
Fueron detenidos el 10 de agosto de 2006, par elementos de la Policía Preventiva del Estado, durante uno de los recorridos de seguridad y vigilancia efectuados en la Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Centro Oaxaca.
Al ser revisados por los elementos de la policía preventiva, éstos se percataron de que los detenidos presentaban huellas de sangre y golpes. Al ser cuestionados al respecto, aquéllos manifestaron que habian tenido una riva y que corrian para ponerse fuera del alcance de sus agresores. En la detención les fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.
Debido a que se encontraban tomadas las instalaciones de la PGJOAX, por integrantes de la Sección XXII del SNTE y la APPO y a que no se encontraba laborando el personal de ninguna de las Agencias del Ministerio Público, fue necesario trasladarlos a la cárcel municipal de la población de Ejutla de Crespo, Oaxaca.
Al encontrarse bloqueada la carretera federal que conduce a la citada población, fue necesario buscar un camino alterno, accediendo por la población de San Dionisio Ocotepec, con destino a San Baltasar Chichicapan, para llegar a Ejutla de Crespo, lugar en el que previa certificación médica, realizada por personal de los Servicios de Salud de Oaxaca, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.
El 12 de agosto de 2006, la autoridad jurisdiccional recibió en el penal de Zimatlán de Ávarez, Oaxaca, a Ramiro Aragón Pérez a quien se le investiga por los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.
En esa misma fecha la autoridad jurisdiccional decretó su detención judicial y el 18 de agosto de 2006 le fue dictado auto de formal prisión por estimarse probable responsable en la comisión del delito antes referido.
Elionai Santiago Sánchez y Juan Gabriel Rios se encuentran libres par haber obtenido su libertad bajo caución.
Lorenzo San Pablo Cervantes
El 22 de agosto de 2006 la autoridad ministerial de Oaxaca inició una averiguación previa para establecer la identidad y paradera de quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio cometido en agravio del Sr. San Pablo Cervantes.
La causa de muerte del Sr. Lorenzo San Pablo Cervantes se debió a la herida producida par un proyectil de arma de fuego que le ocasionó lesiones pulmonares y hemorragia.
El 25 de agosto de 2006, se tenía programada la realización de una diligencia de inspección ocular en el lugar de las hechos, cuyo objetivo era obtener mayores datos que permitieran el esclarecimiento de los hechos. No fue posible realizarla ya que simpatizantes o militantes de APPO restringieron el acceso al lugar.
Par su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca inició una averiguación previa (1008/(H.C.)/2006) con motiva del homicidio del Sr. Lorenzo San Pablo Cervantes, misma que se encuentra en integración.
Germán Mendoza Nube, Leobardo López Palacios y Eliel Vésquez Castro
Germán Mendoza Nube, fue detenido el 9 de agosto de 2006, en cumplimiento de la orden de reaprehensión librada en su contra par su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado.
El mismo 9 de agosto de 2006, fue internado en et Reclusorio Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que continua recluido par habérsele dictado auto de formal prisión dentro de dos procesos penales par la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado y robo calificado con violencia a las cosas y daños.
Al momento de su detención, el Sr. Mendoza Nube fue valorado par peritos médicos legistas de la PGJOAX y a su ingreso al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Miahuatlén de Porfirio Diaz fue valorado par personal médico de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, que recomendó darle un seguimiento especial debido a la diabetes mellitus que padece. Por ello, se le brindaron todas las condiciones médicas para la atención de su salud, e incluso el 10 de agosto de 2006 fue excarcelado para brindarle atención médica especializada, trasladéndolo al Hospital General de la Ciudad de Puebla.
Renato Cruz Morales
No existe antecedente de que haya sido detenido par ninguna corporación policíaca del Estado. Par lo tanto, no hay registro de que hubiera sido internado en ninguno de las centros penitenciarios del país.
Mexico: Muertes durante manifestación en Oaxaca
Violación alegada: Muertes a consecuencia de uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad
Persona objeta del llamamiento: 3 hombres
Carácter de la respuesta: Respuesta en gran parte satisfactoria
Observaciones del Relator Especial
El Relator Especial agradece al Gobierno de Mexico por la información que ha proporcionado relativa al estado de sus investigaciones con relación a la muerte de Alberto Jorge Lopez Bernal y Bradley Wheyler. El Relator Especial preguntará que se le mantega informando del progreso de las investigaciones mencionadas en la respuesta del Gobierno.
Carta de alegación del 8 de noviembre de 2006 mandada con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión
De acuerdo con la información recibida:

El 29 de octubre de 2006 Alberto Jorge López Bernal murió a consecuencia del impacto que sufrió por una bomba de gas lacrimógeno en el estómago, durante su participación en una manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El 27 de octubre Bradley Wheyler, camarógrafo de la agencia de prensa “Indymedia” murió cuando cubría una manifestación de la mencionada APPO a consecuencia de un disparo en el pecho, supuestamente disparado cuando miembros de la policía municipal, de la alcaldía, y de la seguridad pública abrieron fuego contra una barricada levantada por los manifestantes. Durante los enfrentamientos del mismo 27 de octubre, Osvaldo Ramírez, fotógrafo del diario "Milenio", resultó herido en la pierna en un tiroteo.


Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, quisiéramos hacer un llamamiento al Gobierno de su Excelencia para que tome las medidas necesarias para asegurar que el derecho a la libertad de opinión y de expresión sea respetado, de acuerdo con los principios enunciados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reiterados en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
Sin implicar de antemano, una conclusión sobre los incidentes descritos, deseamos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los artículos 3 y 6 de estos instrumentos garantizan a todo individuo el derecho a la vida y a la seguridad de su persona y disponen que este derecho sea protegido por la ley y que nadie sea arbitrariamente privado de su vida.
Consideramos apropiado también hacer referencia a la resolución 2005/38 de la Comisión de Derechos Humanos, la cual insta a los estados a que garanticen que las víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión puedan interponer recursos eficaces para investigar efectivamente las amenazas y actos de violencia, así como los actos terroristas, dirigidos contra los periodistas, incluso en situaciones de conflicto armado, y llevar ante la justicia a los responsables de esos actos, para luchar contra la impunidad.
Dicha resolución también reafirma que el derecho de reunión pacífica y de asociación, además del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos guardan una estrecha relación con el derecho a la libertad de opinión y expresión, y en este contexto llama a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de estos derechos, y creen las condiciones necesarias para impedir tales violaciones.
Quisiéramos instar a su Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas eficaces para evitar que se repitan tales hechos.
A este respecto, nos gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social. En particular, llamamos la atención sobre los principios 9 y 19 según los cuales, los Gobiernos deben proceder a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de tales ejecuciones o amenazas; publicar en un informe las conclusiones de estas investigaciones; y velar por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en tales ejecuciones, en cualquier territorio bajo su jurisdicción.

Es nuestra responsabilidad de acuerdo con el mandato que nos ha entregado la Comisión de Derechos Humanos, y reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a nuestra atención. En nuestro deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:


1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas?
2. Si fueron presentadas quejas o denuncias, ¿cuales han sido las respuestas a las mismas y las acciones referidas en las respuestas?
3. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas con relación a las muertes de Alberto Jorge López Bernal y Bradley Wheyler así como con relación a la herida de Osvaldo Ramírez.
4. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. ¿Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables?
5. Por favor, indique si las víctimas o sus familiares obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización.
Respuesta del Gobierno de Mexico del 12 de febraio de 2007
Según la información allegada a los Relatores Especiales, los Sres. Alberto Jorge López Bernal y Bradley Roland Will murieron en un contexto de violencia, el primero a consecuencia de un impacto de bomba lacrimógena en el estómago y el segundo a consecuencia de un disparo de arma de fuego en el pecho. El Sr. Osvaldo Ramirez, por su parte, supuestamente resultó herido durante su participación en una de las manifestaciones de la Asamblea Popular de Oaxaca (APPO).
Por lo que se refiere al Sr. Osvaldo Ramírez, fotográfo del diario "El Milenio", el Gobierno del Estado de Oaxaca informó que después de una búsqueda exhaustiva, no encontró registro alguno de denuncia presentada o investigación iniciada por el hecho que se refiere. En ese sentido, no está en posibilidad de proporcionar información en torno a estos sucesos.
En cuanto a la muerte del Sr. Alberto Jorge López, la Procuraduria General de Justicia del Estado de Oaxaca informó que ya ha iniciado una averiguación previa 1258(C.R) 2006. Una vez que se cuente con información sobre los avances de dicha investigación se harán de su conocimiento de manera inmediata.
Por lo que hace a la muerte de Bradley Roland Will (camarógrafo de Indymedia), efectivamente, el 27 de octubre de 2006, fue privado de la vida cuando videogrababa un enfrentamiento entre miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y vecinos del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca.
A continuación, se presentan avances de la investigaciones realizadas dentro de la averiguación previa numero 1247(C.R.)2006, iniciada el 27 de octubre de 2006, en contra de quienes resulten responsables, a saber:
El 1° de diciembre de 2006 se ejercitó acción penal en contra de los indiciados de nombres Abel Santiago Zarate y Orlando Manuel Aguilar Coello como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado de Bradley Roland Hill, con la agravante de ventaja.
Las diligencias y acciones realizadas para lograrlo consistieron en:
- Realizar autopsia a Bradley Roland Will. De su cuerpo, fueron rescatadas ojivas pertenecientes a un arma de fuego del calibre 9 milímetros, clasificada como una arma para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuera Aérea, conforme a dispuesto en el artículo 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de fuego y explosivos.
- Analizar los videos de las empresas televisivas "Televisa" y "TV Azteca", cuyos corresponsales captaron el momento en que se desarrollaron los hechos en los que perdiera la vida Bradley Roland Will.
- Inspeccionar el lugar en que se desarrollaron los hechos.
- Realizar un dictamen quimico en el cual se rastreó liquido hemático (sangre) en la playera que vestía Bradley Roland Will al momento en que murió.
- Realizar la prueba de presencia de nitratas de potasio (prueba de Walker) en una playera color negro de Bradley Roland Will.
- Tomar las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos.
- Realizar la prueba de balística.
- Realizar dictamen de criminalística, planimetría, mecánica de lesiones y mecánica de hechos.
Con la finalidad de establecer si existe competencia federal en la investigación de los hechos, el Ministerio Público Federal inició por instrucciones de la Fiscalia Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, una averiguación previa independiente a la de la Procuraduria General de Justicia del Estado.
Durante el desarrollo de las investigaciones se determinó que Bradley Roland Will, de nacionalidad estadounidense, ingresó al país con calidad migratoria de turista sin cumplir con los requisitos que la ley fija para obtener la calidad migratoria de corresponsal.
Se realizaron las gestiones necesarias ante las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, a efecto de que la empresa “Indymedia” proporcione a la FEADP el video original y la cámara de filmación que llevaba Bradley Roland Will al momento de su muerte.
Una vez que se concluya el proceso penal seguido en contra de los probables responsables se estará en posibilidad de determinar su responsabilidad penal y en su caso imponerles las sanciones correspondientes.


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