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PERSONAS INDÍGENAS. CONDICIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR SI LA VULNERACIÓN A LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII CONSTITUCIONAL, TIENE LA FUERZA SUFICIENTE PARA ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO CIVIL. El derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado consiste en que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, deben tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo sean asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Ahora bien, a fin de determinar cuándo una vulneración a estas prerrogativas constitucionales tiene la fuerza suficiente para reponer un procedimiento civil, esta Primera Sala estima que no es posible fijar una regla a priori, toda vez que dicha consecuencia jurídica debe estar estrechamente vinculada con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de la persona indígena durante un proceso específico. Por ende, la orden judicial consistente en la reposición del procedimiento debe basarse en dos ejes fundamentales: a) el momento procesal en el que la persona adujo su condición de indígena, de tal forma que cobrará más fuerza para efectos de la reposición del procedimiento cuando la autoadscripción se haya manifestado de manera temprana sin haber sido debidamente atendida por la autoridad judicial. Lo anterior, con independencia de que el derecho de las personas indígenas a un intérprete y defensor no puede estar condicionado a limitación temporal alguna; y b) la existencia de una violación manifiesta al derecho de acceso a la justicia derivado de la imposibilidad de la persona indígena de comprender y hacerse comprender durante el juicio. Esta apreciación debe descansar en una consideración basada en constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y a partir de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes. A partir de estos dos componentes mínimos, el juez debe fundar y motivar si existió una afectación al derecho de defensa adecuada de la persona indígena que tenga la fuerza suficiente para reponer el procedimiento civil22.

PERSONAS INDÍGENAS. LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL. Del precepto constitucional citado se advierte que el derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado incluye que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, deben considerarse sus costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo sean asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Este estándar normativo, inserto en un sistema de protección especial, previsto también a nivel internacional -en el artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo- no distingue materia (civil, mercantil, laboral, penal, agraria, etcétera), ni momento procesal (primera o segunda instancias, juicio de amparo, etcétera) en los juicios y procedimientos aludidos. Consecuentemente, las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden exigirse en cualquier tipo de juicio y momento procesal, sin estar restringidas material o temporalmente, ya que, cualquier otra interpretación sería inconsistente no sólo con la letra del precepto, sino con el principio pro persona establecido en la propia Constitución23.
PERSONAS INDÍGENAS. LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU AUTOADSCRIPCIÓN PUEDEN MODULARSE. La autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Mexicano; esto es, se trata de una manifestación de identidad y expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o de algún proceso para su reconocimiento. Sin embargo, sus efectos o consecuencias jurídicas sí pueden modularse, como puede ser lo relativo a la reposición del procedimiento. En efecto, es posible que en un procedimiento jurisdiccional en particular una persona se autoadscriba como indígena una vez dictada la sentencia de primera instancia, y el juez decida no ordenar la reposición del procedimiento por estimar que no existió una afectación real a su derecho de defensa adecuada, toda vez que pudo comprender y hacerse comprender durante el juicio. Sin que lo anterior implique que precluyan las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el derecho de una persona indígena a ser asistida por un intérprete que conozca su lengua y cultura no está sujeto a límites temporales ni materiales. De ahí que sea necesario distinguir el reconocimiento de la autoadscripción de una persona como indígena -el cual no resulta facultativo para el Estado- y las posibles consecuencias jurídicas que la manifestación de autoidentificación pueda traer en un procedimiento legal específico24.



  1. Como es evidente, para esta Primera Sala existe una diferencia entre el reconocimiento de la autoadscripción de una persona como indígena —mismo que no resulta facultativo para el Estado— y las posibles consecuencias jurídicas que dicha manifestación origina en un procedimiento legal específico (eficacia).




  1. En efecto, los precedentes de esta Primera Sala distinguen, por una parte, el derecho de una persona a autodeterminarse como persona indígena, el cual no está sujeto a un determinado momento procesal, y por otra, las posibles consecuencias jurídicas que dicha manifestación acarreará en el procedimiento legal específico.

  2. De esta manera, si la autoadscripción es una manifestación de identidad y pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, las personas indígenas, se debe tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo tiempo deberá asistírseles por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.25




  1. Por tanto, cuando una persona se autodetermina indígena ante una autoridad jurisdiccional o solicita ser asistida por un defensor y un intérprete, dicha autoridad se ve obligada a atender esa petición y valorar su condición de persona indígena, sin que importe el momento procesal en que ocurra esta autoadscripción. No existe ninguna razón para negar a toda persona que se declare indígena la protección especial que le reconocen la Constitución y los tratados internacionales.




  1. Ahora bien, respecto a las consecuencias jurídicas de la manifestación de autoidentificación “tardía”, se determinó que no es posible fijar una regla a priori, toda vez que las posibles consecuencias jurídicas estarán estrechamente vinculadas con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de la persona indígena durante un proceso específico.




  1. Así, a fin de determinar cuándo una vulneración a los derechos de las personas indígenas tiene la fuerza suficiente para reponer un procedimiento, la autoridad judicial debe basarse en dos ejes fundamentales:




    1. el momento procesal en el que la persona adujo su condición de indígena. Así, para efectos de la reposición del procedimiento, cobrará más fuerza que la autoadscripción se haya manifestado de manera temprana sin haber sido debidamente atendida por la autoridad judicial. Ahora bien, el derecho de las personas indígenas a un intérprete y defensor no puede estar condicionado a limitación temporal alguna, y




    1. la existencia de una violación manifiesta al derecho de acceso a la justicia derivado de la imposibilidad de la persona indígena de comprender y hacerse comprender durante el juicio. Esta apreciación descansará en una consideración surgida de las constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso para garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes.




  1. A partir de estos dos componentes mínimos, la autoridad judicial debe fundar y motivar si existió una afectación al derecho de defensa adecuada de la persona indígena que tenga la fuerza suficiente para reponer el procedimiento.




  1. Así, el criterio general de esta Primera Sala es que los derechos contenidos en el artículo 2° constitucional tienen vigencia durante todo el proceso penal, sin que importe el momento en el que se realice la autoadscripción, y sin que sea admisible fijar a priori las consecuencias jurídicas de esa manifestación.




  1. En este sentido, la autoridad jurisdiccional se ve obligada a valorar su condición de persona indígena, sin que importe el momento procesal en que ocurra esta autoadscripción. Pues, como se señaló anteriormente, no existe ninguna razón para negar a toda persona que se declare indígena la protección especial que le reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales.




  1. De acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, se concluye que la interpretación constitucional del tribunal colegiado de conocimiento respecto a la oportunidad de la autoadscripción del quejoso y sus eventuales consecuencias jurídicas fue incorrecta.




  1. En efecto, la afirmación contundente de que el momento procesal en que el inculpado se autodenominó indígena impedía al tribunal colegiado de conocimiento analizar el impacto de la pertenencia étnica del inculpado en la litis constitucional y considerar sus especificidades y costumbres es errónea.




  1. Ahora bien, qué pasa cuando esta manifestación ocurre hasta la interposición del amparo y la pretensión del inculpado no es solamente acceder a una defensa o interpretación cultural y lingüísticamente adecuada sino invocar la existencia de una costumbre que legitima o explica su conducta.




  1. En principio, el propio órgano de amparo debió valorar la condición de indígena del inculpado, detonar en su favor las protecciones de la fracción VIII del artículo 2º constitucional y considerar las especificidades culturales y costumbres de las personas y comunidades indígenas, tal como expresamente lo mandata nuestra Constitución, en el trámite y resolución del juicio de amparo.




  1. Esto conllevaría, al menos, al estudio integral de los conceptos de violación y la definición y decisión de la litis constitucional, con perspectiva intercultural26, en apego a los principios constitucionales y dentro del régimen de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.




  1. En efecto, esta Primera Sala ha señalado –al resolver el amparo directo en revisión 5324/2015– que la perspectiva intercultural es un método de análisis que estudia las relaciones de poder entre personas que forman parte de distintas culturas; establece el diálogo entre dichas culturas como algo deseable y posible, e identifica la demanda de derechos y las condiciones que impiden su pleno cumplimiento en contextos donde la multiculturalidad es un hecho social. Por tanto, se ha determinado que este método debe ser aplicado por las autoridades ministeriales y las judiciales



  1. Esta Sala ha dicho27 que las protecciones expresadas en la fracción VIIl del artículo 2 constitucional no se limitan a la posibilidad de la asistencia jurídica por un intérprete de la lengua y cultura en un determinado proceso penal. Por el contrario, el artículo 2 constitucional también exige que las costumbres y especificidades culturales de las personas, pueblos y comunidades indígenas sean tomados en cuenta en los procesos en los que participan.




  1. Así, corresponde ahora desentrañar el sentido de la protección constitucional contenida en la fórmula “en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución” y las obligaciones que esta toma de consideración impone a las autoridades judiciales, independientemente del momento procesal en que una persona asuma la condición de indígena.


Contenido y alcance de las protecciones constitucionales contenidas en la fracción VIII del artículo 2 constitucional en los procesos judiciales


  1. Cabe destacar que este enunciado esta nítidamente separado en el texto constitucional de la exigencia “los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. Lo cual evidencia, a juicio de esta Primera Sala, que el cumplimiento de la obligación de considerar las especificidades y costumbres de los pueblos originarios no se agota en la necesaria traducción, interpretación y nivelación lingüística y cultural de los procesos judiciales, tal como están concebidos y regulados en el sistema normativo del Estado central.




  1. Así, en opinión de esta Primera Sala, no bastaría para cumplir con los derechos mínimos que, en materia de acceso a la justicia, consagra el artículo 2º constitucional, con volver inteligibles los procesos judiciales previstos en la jurisdicción del Estado central para las personas, pueblos y comunidades indígenas, ni tampoco, como podría suponerse, con el despacho de los asuntos que les conciernen en la jurisdicción indígena cuando esto es posible.




  1. En criterio de esta Primera Sala, la exigencia constitucional implica –más bien- el reconocimiento de la multiculturalidad que caracteriza a la nación mexicana y, por tanto, de la existencia y vigencia de distintos sistemas normativos dentro del territorio nacional: un sistema normativo conformado por las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado central, y otro conformado por los usos y costumbres de los distintos pueblos y comunidades que habitan nuestro país, los cuales incluso podrían estimarse simultáneamente aplicables para el caso de las personas, pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con su especificidad cultural y particular pertenencia étnica.




  1. Para esta Primera Sala, es claro, entonces, que una de las protecciones constitucionales que deriva del artículo 2º constitucional, fracción VIII, en materia de acceso a la justicia, es la consideración del sistema de usos y costumbres, cuya vigencia se documente con los medios adecuados, incluidas diligencias para mejor proveer, dentro de los juicios y procesos judiciales tramitados en la jurisdicción del Estado central, donde participen personas, pueblos y comunidades indígenas. Esta pluralidad normativa podría expresarse, al menos, en dos supuestos:




    1. la determinación del derecho aplicable a partir de la resolución de un eventual conflicto de normas, y

    2. la determinación de la interpretación pertinente, en donde lo que se decide es cómo debe entenderse una norma del orden jurídico del Estado central desde una perspectiva intercultural o cómo deben valorarse los hechos en la jurisdicción del Estado central con esta misma perspectiva.


Determinación del derecho aplicable


  1. De acuerdo con el principio interpretativo pro persona, las normas de derecho consuetudinario indígena podrían resultar aplicables en casos concretos, incluso, tramitados en la jurisdicción del Estado central, cuando prevean la protección más amplia para cierto derecho y siempre y cuando –como lo establece claramente la Constitución- no contravengan las disposiciones constitucionales y el marco constitucional de protección, respeto y garantía de los derechos humanos.




  1. Para que esto sea posible, es necesario documentar con un peritaje antropológico, o con cualquier otro medio lícito, la cultura de las personas, pueblos o comunidades involucrados; la forma en que se gobiernan; las normas que les rigen; las instituciones que les sustentan, los valores que suscriben, la lengua que hablan y el significado, para ellos, de las conductas y derechos materia del juicio respectivo.




  1. Entonces, la autoridad judicial deberá adoptar, dentro del marco constitucional de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, una perspectiva que fomente el diálogo entre sistemas normativos, acepte la multiculturalidad como una realidad en México y garantice el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y autonomía de las personas, pueblos y comunidades indígenas, sin imponer arbitrariamente una visión determinada del mundo que atente contra la igualdad entre las culturas y la diversidad étnica.28




  1. Ahora bien, las normas del derecho consuetudinario indígena estarán, en todo tiempo, sujetas, tal como el resto de las disposiciones que integran nuestro régimen jurídico, a examen constitucional, convencional y legal para decidir sobre su pertinencia y aplicabilidad en casos concretos –dentro del necesario diálogo intercultural para definir el significado y contenido de los derechos. La mera existencia de una norma de usos y costumbres no implica su aplicabilidad inmediata. Es posible que el reconocimiento de ciertos usos y prácticas culturales de las personas, pueblos y comunidades indígenas afecte los derechos humanos de quienes componen la comunidad indígena o de quienes se relacionan con ella.




  1. Los conflictos de normas y derechos que surgieran a propósito de la vigencia y aplicabilidad de una norma de derecho consuetudinario indígena deberán resolverse, en cada caso concreto, mediante los principios y métodos constitucional y legalmente admisibles, dentro de estándares mínimos de tolerancia, que cubran los diferentes sistemas de valores. Es decir, lograr el consenso mínimo necesario para la convivencia entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos esenciales que marcan la identidad de cada una.29Es decir, debe adoptarse una perspectiva intercultural. 30




  1. De acuerdo con la Constitución, en principio, no serán aplicables las normas de derecho consuetudinario indígena que atenten directamente contra los derechos humanos que pertenecen al dominio del ius cogens, como la tortura, desaparición forzada, esclavitud y discriminación, así como las reglas de eliminen definitivamente las posibilidades de acceder a la justicia. Sin que esto impida que se añada al contenido y alcance de estos derechos y al significado de estas conductas una interpretación culturalmente incluyente.




  1. En materia de igualdad y no discriminación, esta Primera Sala estima que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad; entre otros colectivos históricamente desaventajados. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la protección frente a la violencia contra las mujeres, como causa y consecuencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación, donde las costumbres culturales no pueden justificar dichas prácticas, y respecto de las cuales la comunidad no podrá escudarse en el pluralismo jurídico para legitimarlas.31

  2. Sin embargo, parece razonable considerar que algunos derechos pueden ser limitados legítimamente, cuando su pleno ejercicio ponga en riesgo la existencia de la comunidad o la preservación de usos y costumbres que son esenciales para su sobrevivencia. Así, serían admisibles restricciones de derechos cuyo propósito fundamental sea preservar las particularidades culturales de la comunidad -incluida su visión del Derecho y de los derechos- por ejemplo, el derecho de propiedad colectiva, las prácticas religiosas, el uso de lenguaje tradicional; entre otros.32




  1. En lo referente a la relación de las comunidades indígenas con otros miembros de la sociedad, respecto de los cuales se presenten conflictos, se debe determinar la legalidad de la restricción: si esta tiene un objetivo legítimo en una sociedad multicultural y si la medida es necesaria en una sociedad democrática, lo que implica analizar si es adecuada para el fin que se busca y su proporcionalidad, sin desnaturalizar el derecho consuetudinario indígena, ni imponer restricciones que impliquen el desconocimiento de la existencia de sociedades multiculturales.




  1. Corresponderá a la autoridad judicial que conozca del caso concreto, decidir, en consideración de la calidad de indígenas o no de las personas involucradas y del sistema normativo debidamente documentado, de vigencia y observancia general dentro del pueblo al que se autoadscribe la persona indígena, la norma que resulte aplicable de acuerdo con los principios hermenéuticos contenidos en la Constitución y en estricto apego al régimen constitucional de protección, respeto y garantía de los derechos humanos.



Interpretación pertinente: valoración de hechos en la jurisdicción del Estado central y aplicación de normas pertenecientes al orden jurídico del Estado central desde una perspectiva intercultural



  1. Al respecto de la valoración de los hechos en la jurisdicción del Estado y la aplicación de normas jurídicas desde una perspectiva intercultural, la fracción VIII del artículo 2 Constitucional puede entenderse en el sentido de proponer una interpretación culturalmente sensible e incluyente de los hechos y las normas jurídicas. Esta interpretación no puede alejarse de las características específicas de la cultura involucrada y del marco de protección de los derechos humanos de las personas tengan o no la condición de indígenas.




  1. Por su parte, la Corte Interamericana, en el “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay” (2006), dijo específicamente que para garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de las personas sujetas a su jurisdicción, los Estados, al interpretar y aplicar su normativa interna, deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural33.




  1. Así, una interpretación culturalmente sensible resulta de considerar el contexto en el que se desarrollan las comunidades indígenas y sus particularidades culturales a la hora de interpretar o definir el contenido de sus derechos a partir de un diálogo intercultural. Esta es la única forma en que los miembros de las comunidades indígenas pueden gozar y ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad y no discriminación.




  1. Al respecto y en materia penal específicamente, esta Primera Sala sostuvo, al resolver el amparo directo en revisión 1624/2008,34 que las autoridades judiciales están obligados a indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula la persona imputada que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad de la persona acusada.35




  1. Así, para otorgar eficacia al derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, el cual comprende el que sean consideradas las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas, deben determinarse tres cuestiones, al menos, en el ámbito del proceso penal:




    1. Verificar la existencia y vigencia de la costumbre en los términos alegados por la persona imputada; es decir, si la conducta de que se trata se refiere a una práctica de la comunidad de la que proviene la persona inculpada. Para ello, las autoridades judiciales pueden allegarse de periciales antropológicas u otros medios de prueba lícitos, como actas de la comunidad o consejos de ancianos.




    1. Considerar las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho y el contexto cultural en que éste se desarrolla y ocurre la conducta36. Es decir:




      1. tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural al momento de interpretar los derechos que les asisten;




      1. garantizar la presencia de un defensor en lengua indígena y de un intérprete de la lengua y de la cultura indígena a la que pertenece la persona, pueblo o la comunidad en cuestión, y37




      1. facilitar la defensa adecuada y promover la participación de la persona, pueblo o comunidad indígena dotándole de información, en su lengua y de conformidad con su cultura, sobre el estado del proceso judicial en que intervienen.




    1. Determinar si la costumbre documentada, resulta válida; es decir, que no entra en conflicto con las prohibiciones absolutas en materia de derechos humanos, o que no dé como resultado una restricción ilegítima que no pueda justificarse como necesaria en una sociedad multicultural, en los términos ya señalados en el apartado precedente. Así, no resultará aplicable una norma de usos y costumbres abiertamente adversa al respeto y protección de los derechos humanos de la persona indígena ni de otras personas involucradas en el proceso judicial, compartan o no la condición de indígenas, y




    1. Precisar qué papel tiene la costumbre en el proceso judicial. Por ejemplo, en el caso del proceso penal, se debe determinar en qué elemento del delito debe ponderarse la costumbre o especificidad indígena. Esto es, decidir si constituye una excluyente de responsabilidad, una atenuante o si debe evaluarse para efectos del establecimiento de la pena.




  1. En el caso, el quejoso alega la existencia de una norma de derecho consuetudinario indígena, vigente –según su dicho- en la comunidad mazateca a la que se autoadscribe, que eventualmente haría legítimo o irreprochable su actuar ilícito consistente en sostener relaciones sexuales con una niña de doce años cuando se tiene la pretensión de integrar una familia.




  1. Como se señaló, los precedentes de esta Suprema Corte identifican la obligación de la autoridad judicial de indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula el inculpado que han podido influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, entre otras cuestiones.38




  1. Si bien la vigencia de la costumbre dentro de la comunidad indígena a la que pertenece el quejoso no fue adecuadamente indagada y documentada con un pericial antropológica, o con otros medios lícitos e idóneos, y esta circunstancia, según la doctrina constitucional aquí expuesta, implica una concepción limitada de las protecciones derivadas de la fracción VIII del inciso A del artículo 2 Constitucional en favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas de parte del tribunal colegiado de conocimiento, lo cierto es que esta Primera Sala observa que de existir dicha costumbre, su compatibilidad constitucional –como presupuesto necesario para su aplicabilidad- debe descartarse.




  1. En efecto, la costumbre aludida entraría en franco conflicto con el derecho a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a una vida libre de violencias que los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos consagran en favor de las mujeres y de las personas menores de edad, asignando a éstas últimas un status de protección reforzada39.




  1. De acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se identifica ésta como causa y consecuencia de la discriminación40, así como la obligación del Estado mexicano de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.41




  1. Además, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer42 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de Belem do Pará43, establecen que se debe adoptar las medidas necesarias para modificar los patrones de comportamiento sociales y culturales de hombres y mujeres, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otra índole basadas en la premisa de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos, y sobre los roles estereotipados impuestos tanto a los hombres como a las mujeres, incluido el caso de que, a partir de ellos, se exacerbe o tolere la violencia contra las mujeres.    




  1. Por otro lado, ciertos grupos de mujeres enfrentan un riesgo particular de sufrir actos de violencia, debido a formas de discriminación que sufren por más de un factor, como las niñas y las mujeres pertenecientes a ciertos grupos étnicos, raciales y minoritarios.44 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual incluye las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas; las violaciones por parte de extraños; las violaciones sistemáticas que ocurren en los conflictos armados;  el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares); los abusos sexuales de menores; la prostitución forzada; la trata de personas; los matrimonios precoces; los actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad.




  1. Por ello, resulta legítimo que el orden jurídico establezca protecciones que tienen como destinatarias específicas a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la evolución de sus capacidades o su autonomía progresiva,45 con la finalidad de protegerlas del accionar violento, coercitivo o abusivo de otras personas, particularmente adultas46.




  1. Así, el orden jurídico adopta, en principio, tipos penales que protegen a los niños, niñas y adolescentes que dado su estadio de desarrollo psicosocial, no pueden comprender cabalmente las consecuencias para su vida y salud de ciertas decisiones, entre ellas, las asociadas con la sexualidad, y coloca, acudiendo a figuras típicas, límites de edad a la capacidad de consentir la actividad sexual47.

  2. En efecto, el Estado tiene la obligación de garantizar –con todos los medios a su alcance, incluido el recurso a su poder coactivo- que las decisiones de niños, niñas y adolescentes, en materia de sexualidad, se produzcan en condiciones de seguridad, libertad efectiva y plena, y en armonía con su desarrollo psicológico, como consecuencia de sus derechos a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad.48




  1. En el caso, el artículo 273 del Código Penal del Estado de México establece que la edad de consentimiento sexual son los 15 años y contempla excepcionalmente que una persona menor de 15 años, pero mayor de 13, puede consentir la actividad sexual cuando tiene una relación afectiva con la persona inculpada y la diferencia de edad entre ellos no es mayor de 5 años. Cuando este límite etario se supera, el Estado penaliza la manipulación, el engaño, el abuso de poder, las amenazas, la intimidación, la violencia física, como medios comisivos de las distintas conductas que configuran las agresiones sexuales.




  1. Esta protección -expresada mediante las normas penales que sancionan las relaciones sexuales coercitivas, lo que incluye la disposición penal que le fuera aplicada al quejoso- es consecuencia del derecho de niñas, niños y adolescentes a la igualdad y a la no discriminación, a la integridad y dignidad personales, así como a una vida libre de violencias, derechos que constituyen –en términos de la fracción VIII del artículo 2 constitucional y de la doctrina constitucional desarrollada por esta Primera Sala- límites válidos a la aplicación de normas de derecho consuetudinario indígena.




  1. Por tanto, la ausencia de documentación adecuada de la costumbre mazateca aducida por el quejoso termina por no causarle perjuicio, en tanto la costumbre cuya vigencia alega no sería de ninguna manera eficiente para eliminar o disminuir su responsabilidad penal en el injusto que se le atribuye.




  1. Así, debe declararse infundado –en su integral pretensión- el agravio hecho valer por el quejoso. Pues, si bien es cierto el tribunal colegiado erró en su interpretación sobre el derecho a la autoadscripción y sobre el alcance y oportunidad de las protecciones constitucionales que se detonan a partir de la pertenencia étnica y cultural, lo cierto es que de existir una norma de derecho consuetudinario en la comunidad de pertenencia del quejoso, y su vigencia estuviera debidamente documentada, ésta no podría aplicarse en el juicio de amparo por él interpuesto -por ser violatoria del derecho humano de las niñas a la igualdad y no discriminación, integridad personal y a una vida libre de violencias- para disminuir o eliminar su responsabilidad penal en el ilícito que se le atribuye, lo cual es –en esencia- su pretensión.




  1. Finalmente, esta Primera Sala determina que no estudiará el resto de los agravios hechos valer por el recurrente en su escrito de revisión, ya que, por una parte, alega cuestiones de mera legalidad49 y respecto del agravio en el que solicita un ejercicio de ponderación entre lo que dispone el cuarto párrafo del artículo 273 del Código Penal del Estado de México y la protección más amplia de los derechos del niño y del derecho de la familia, éste constituye un planteamiento que no había formulado en la demanda de amparo directo, por lo que el tribunal colegiado no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto.


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