Sr. Ministro



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Recurso de revisión. En su escrito de revisión, el quejoso planteó los siguientes agravios:




  1. La omisión de atender al principio de control de convencionalidad en el sentido de que no deberán limitarse a aplicar las leyes locales y nacionales, sino también los tratados, convenciones, actas o acuerdos celebrados por México, conforme a la jurisprudencia emitida por los tribunales internacionales que los interpretan.




  1. La omisión de ponderación y de aplicación del principio pro persona. El tribunal colegiado pudo ordenar a la autoridad responsable la inaplicación de la norma con el propósito de respetar los derechos del niño y el de protección a la familia.




  1. Los integrantes del tribunal colegiado no tomaron en cuenta que el quejoso, la víctima y su hijo ya vivían en familia de forma separada con los padres de aquella.




  1. Se solicita un ejercicio de ponderación entre lo que dispone el cuarto párrafo del artículo 273 del Código Penal del Estado de México y la protección más amplia de los derechos del niño y la protección más amplia del derecho de la familia.




  1. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO




  1. De conformidad con la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo de toda revisión en amparo directo.




  1. Los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo están previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el punto Primero del Acuerdo Número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.




  1. De acuerdo con las citadas normas constitucionales y legales, este tribunal constitucional puede conocer de la revisión de un amparo directo cuando, además de acreditarse la oportunidad del recurso y la legitimación de la persona promovente, se cumplan los siguientes requisitos:




    1. esté de por medio una cuestión constitucional para la resolución del caso concreto, y

    2. su estudio por parte de la Suprema Corte fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico.




  1. En relación con el primer requisito –la cuestión constitucional- y con base en lo resuelto, el 9 de septiembre de 2013, por el Tribunal Pleno, en la contradicción de tesis 21/2011-PL, esta Primera Sala entiende que una cuestión propiamente constitucional se actualiza cuando se exige la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso porque se presenta un conflicto interpretativo sobre la determinación que para ese supuesto otorga la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo, de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México mediante un método interpretativo.




  1. El Tribunal Pleno sostuvo que, como consecuencia de la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal de 10 de junio de 2011, el principio de supremacía constitucional se desenvuelve en dos concepciones distintas que originan una cuestión de constitucionalidad:




    1. la primera relativa a la protección del sistema de fuentes y al principio de jerarquía normativa, y




    1. la segunda relacionada con la protección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento jurídico mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos.




  1. Por tanto, una cuestión de constitucionalidad se puede definir, en términos generales, mediante un criterio positivo y otro negativo. De manera positiva, se origina por el ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso, entendiéndose con ello no sólo la interpretación de los preceptos de la Constitución Federal, sino de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 1°, párrafo primero, de la propia Constitución Federal.




  1. Si bien el citado artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo no establece expresamente la procedencia del recurso cuando se tenga como parámetro de regularidad constitucional un derecho humano reconocido en un tratado internacional, lo cierto es que dicha condicionante se desprende de la interpretación sistemática de los citados artículos 1°, párrafo primero, y 107, fracción IX, constitucionales, los cuales ya se encontraban vigentes al momento de la presentación de la demanda.




  1. Por su parte, el criterio negativo radica en la identificación de su opuesto: la cuestión de legalidad. En efecto, las cuestiones jurídicas relativas exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley o la determinación del sentido de una norma infraconstitucional, se encuadra como una cuestión de legalidad en la que lo relevante es desentrañar el sentido normativo de tales fuentes.1




  1. Esto no implica que una cuestión de legalidad quede sin la fuerza protectora de la norma fundamental, pues la Constitución Federal, en sus artículos 14 y 16, reconoce el derecho humano a la legalidad, lo cual conlleva evaluar la debida aplicación de la ley. Sin embargo, este análisis se enfoca en una violación “indirecta” a la Constitución que no exige el ejercicio interpretativo de un elemento genuinamente constitucional, sino sólo una referencia en vía de consecuencia2.




  1. Por lo tanto, para que se actualice una cuestión de constitucionalidad para la procedencia de un recurso de revisión en un juicio de amparo directo, es necesario que en la sentencia recurrida:




    1. se haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de normas generales, o




    1. se establezca la interpretación directa de una norma constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o




    1. que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio en la respectiva sentencia.




  1. En cuanto al segundo requisito, aun cuando exista una cuestión de constitucionalidad, la procedencia del recurso se supedita constitucionalmente a que se fije un criterio de importancia y trascendencia para el ordenamiento jurídico, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que emita el Tribunal Pleno.




  1. Así, debe atenderse lo dispuesto por el punto Segundo del Acuerdo Número 9/2015 antes citado, según el cual la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando, una vez se surta el requisito relativo a la existencia de un tópico de constitucionalidad:




    1. se advierta que aquél dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o




    1. lo decidido en la sentencia recurrida implique el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio u se haya omitido su aplicación.




  1. Cuando se aplican los anteriores criterios al presente caso se encuentra que se surten los requisitos de procedencia. Esto es, la presencia de una cuestión constitucional. En esta ocasión derivada del entendimiento expuesto por el tribunal colegiado de conocimiento respecto al contenido y alcance del artículo 2 constitucional, en particular en lo referente al derecho de las personas, pueblos y comunidades indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, consagrado en la fracción VIII de artículo.




  1. Además, el asunto reviste importancia y trascendencia pues, por un lado, las interpretaciones introducidas por el tribunal colegiado no se ajustan a la doctrina constitucional más reciente de esta Primera Sala en esa misma materia. Por el otro, aún puede fortalecerse la base interpretativa –ya existente en algunos precedentes de esta Primera Sala3- respecto al sentido de la protección constitucional contenida en la fórmula “en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución”.




  1. En el caso, al relatar sus conceptos de violación, el quejoso, se identificó como indígena de origen Mazateco del Estado de Oaxaca, en los siguientes términos:

“El quejoso y su hijo son descendientes directos de un indígena Mazateco, que es su padre, originario de la población ubicada en la Sierra del Pozo de Águila, ubicado en el Municipio de Teotitlan de Flores Magón, Estado de Oaxaca, donde conservan sus propias instituciones sociales, económicos, culturales y políticas, que habla mazateco y castellano, ya no lo habla por la discriminación y racismo que existe, aunque conserva parte de las costumbres culturales y sociales.


No obstante que la familia del quejoso vive fuera de la comunidad y han cambiado las formas de vida tradicional, es innegable que la dimensión cultural en que fue socializado y educado por sus padres tiene implicaciones tanto para su relación matrimonial con la víctima, el hecho de vivir en unión libre en la casa de sus padres, la relación de sus edades, la imputación y el proceso mismo.
Por ello, solicita que esa circunstancia se tome en cuenta conforme al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.”


  1. Al responder dicho planteamiento, el órgano colegiado adujo que aunque la autoadscripción es el criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena, también lo es que con el fin de evitar fraudes a la ley e inseguridad jurídica contra la víctima u ofendido, dicha autoconciencia, según las tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2013 y 1a./J. 59/2013 de esta Primera Sala, debe realizarse en las primeras etapas del proceso penal.




  1. El tribunal agregó que el quejoso reconoce que el indígena era más bien su padre quien, junto con su madre y hermanos, vive fuera de la comunidad aunque conservan parte de las costumbres culturales y sociales. De acuerdo con el tribunal colegiado de conocimiento, esta afirmación -unida al hecho de que se condujo adecuadamente en español durante el proceso oral que le fue instaurado y que omitiera reconocerse como indígena durante la enunciación de sus datos generales- impedía a ese tribunal considerar las especificidades y costumbres del quejoso, así como detonar en su favor las protecciones constitucionales asociadas con su pertenencia étnica, pues la manifestación identitaria vertida en el juicio de amparo carecía de la fuerza necesaria para reponer el procedimiento.




  1. Como puede observarse, si bien el tribunal colegiado de conocimiento admite la existencia de la doctrina constitucional de esta Primera Sala para considerar que la autoadscripción es la razón determinante para reputar a una persona como indígena, termina por cuestionar la validez de la manifestación del quejoso en cuanto a su pertenencia étnica y cultural con base en consideraciones externas: el indígena es más bien su padre, se condujo adecuadamente en español, lo que desconoce la doctrina constitucional que el mismo tribunal colegiado cita como base de su argumentación.




  1. Por otro lado, el tribunal colegiado de conocimiento concluye con la imposibilidad de detonar en favor del quejoso las protecciones constitucionales asociadas a su pertenencia étnica y cultural, contenidas en el artículo 2 constitucional, a partir de la mera consideración del momento procesal en que la autoadscripción de la persona indígena ocurre: la manifestación de autoadscripción debe ocurrir durante el procedimiento penal; si esto ocurre al interponer el amparo, este tribunal no puede darle ningún efecto, dado que no puede reponerse el procedimiento.




  1. Esta postura interpretativa, como se verá en el estudio de fondo, también entra en conflicto con la más reciente doctrina constitucional de esta Primera Sala, según la cual no existe un momento procesal oportuno para emitir una manifestación de autoconciencia indígena, sin que esto signifique –como lo confirma la doctrina constitucional de esta Primera Sala- que los efectos de dicha manifestación serán siempre los mismos sin importar el momento procesal en que se vierte.




  1. Con estas afirmaciones, el tribunal colegiado de conocimiento asigna un alcance preciso y limitado a las protecciones constitucionales asociadas con la pertenencia étnica y cultural de las personas sujetas a jurisdicción del Estado, contenidas en la fracción VIII del artículo 2 constitucional, en contraposición con la doctrina constitucional de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.




  1. Así, será materia del presente recurso de revisión el alcance de las protecciones constitucionales contenidas en la fracción VIII del artículo 2º constitucional, particularmente el concepto de auto adscripción, el momento procesal oportuno para realizarla y el contenido y alcance de tales protecciones en el proceso judicial. En este último punto, esta Primera Sala deberá pronunciarse respecto al sentido de la fórmula “en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución”, así como los efectos que estas protecciones tendrán en el caso concreto.



  1. ESTUDIO DE FONDO




  1. En sus conceptos de violación, el quejoso señaló que es descendiente directo de un indígena Mazateco, originario de Teotitlan Flores Magón, Oaxaca, que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y que habla mazateco y castellano. Esta condición, alega, incide directamente en la relación que entabló con la víctima del delito que se le imputa y la diferencia de edades entre ellos.




  1. Es justo en la expresión integral de este agravio donde ocurre la autoadscripción del quejoso a partir de la cual el tribunal colegiado de conocimiento introduce las interpretaciones constitucionales que son materia del presente recurso.




  1. En efecto, al responder tal planteamiento, el tribunal colegiado de conocimiento consideró que el indígena era más bien el padre del quejoso quien, junto con su madre y hermanos, vive fuera de la comunidad aunque conservan parte de las costumbres culturales y sociales. Además, estimó que el hecho de que el quejoso se condujera adecuadamente en español durante el proceso oral que le fue instaurado y que omitiera reconocerse como indígena durante la enunciación de sus datos generales, impedían que el órgano amparo considerase sus especificidades y costumbres y detonara las protecciones constitucionales asociadas con su pertenencia étnica.




  1. El órgano colegiado agregó que esa manifestación carecía de la fuerza suficiente para ordenar la reposición del procedimiento penal, puesto que la calidad de indígena no fue manifestada por el quejoso en las etapas de averiguación previa o preinstrucción de la causa, sino hasta su demanda de amparo.




  1. En ese sentido, señaló que aun cuando la autoadscripción es el criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena, también lo es que con el fin de evitar fraudes a la ley e inseguridad jurídica contra la víctima u ofendido, dicha autoconciencia, según las tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2013 y 1a./J. 59/2013 de esta Primera Sala, debe realizarse en las primeras etapas del proceso penal.




  1. Al asumir esta postura interpretativa el tribunal colegiado realiza tres cosas:




    1. cuestiona, califica y valora la autoadscripción del quejoso, trascendiendo, por tanto, su mera manifestación respecto a su calidad de indígena;




    1. señala el momento oportuno para que esa auto identificación ocurra y detone en su favor las protecciones constitucionales contenidas en el artículo 2 constitucional, y




    1. otorga cierto contenido y efecto a esas protecciones constitucionales.




  1. Por su parte, el quejoso reitera, en sus agravios, que el tribunal colegiado descalifica su concepción de familia, la cual está configurada a partir de su pertenencia étnica. Esta Primera Sala procederá, entonces, a determinar si la interpretación realizada por el tribunal colegiado de conocimiento fue acorde con la fracción VIII del inciso A del artículo 2º Constitucional y los criterios emitidos por esta Sala.




  1. Por razones metodológicas, el estudio de fondo se dividirá en tres apartados que corresponden a las interpretaciones constitucionales del tribunal colegiado de conocimiento: i) concepto de autoadscripción; ii) momento procesal oportuno para realizar la manifestación de autoconciencia, y iii) el contenido y alcance de esas protecciones, así como su impacto en el caso concreto.


Concepto de autoadscripción


  1. El Constituyente Permanente incorporó al texto constitucional diversos derechos para los pueblos indígenas con la intención de acabar con la discriminación sistemática e histórica que han sufrido. En específico, la fracción VIII, del inciso A del artículo 2° constitucional, dispuso:


Artículo 2.- […]
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.


  1. Así, al resolver los amparos directos 47/20114, 54/20115, 1/20126, 51/20127, 77/20128, 50/20129 y 59/201110; el amparo en revisión 450/201211, y los amparos directos en revisión 4034/201312 y 2434/201313, la Sala estableció que el objetivo medular de la incorporación de esa fracción al texto constitucional fue atender a las diferencias lingüísticas y culturales de las personas indígenas vinculadas a un proceso penal.




  1. Esta Primera Sala ha sostenido en diversos precedentes14que la Constitución General se refiere a la conciencia de la identidad indígena, sin exigir expresamente que exista un tipo determinado de declaración o comunicación externa de la misma.




  1. Por ello, esta Primera Sala resolvió que se consideraría indígena o integrante de los pueblos o comunidades indígenas a “aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas”.




  1. La autoadscripción es, entonces, la manifestación por parte de los propios indígenas de su pertenencia cultural.15 El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, define la autoadscripción como “el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado nacional”.16




  1. En este contexto, el criterio para determinar si una persona tiene la calidad de indígena y, por tanto, si debe gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2º de la Constitución, surge de su propia manifestación y no de la determinación del Estado.




  1. Por tanto, fue incorrecto que el tribunal colegiado de conocimiento cuestionara la autoadscripción del quejoso con base en circunstancias ajenas a su propia manifestación de pertenencia étnica y cultural, como el hecho de que la persona indígena es, más bien, su padre, quien, junto con su madre y hermanos, vive fuera de la comunidad. De acuerdo con la doctrina constitucional reseñada, basta con que una persona se autoadscriba como indígena para que le sean reconocidos los derechos constitucionales asociados con esta condición.




  1. Cabe destacar, sin embargo, que en los casos en los que el sujeto se reserva la información de que pertenece a un grupo indígena, el Estado, en principio, no estaría en posibilidades de conocer dicha condición, y por tanto, activar las prerrogativas asociadas con esa identidad, salvo que exista sospecha fundada de que la persona pertenece a una comunidad indígena.




  1. A este respecto, la Primera Sala ha dicho que “cuando exista sospecha fundada en el órgano ministerial o bien en el juzgador de que una persona pertenece a una comunidad indígena (como podría acontecer derivado de una evidente incomprensión total o parcial de las indicaciones otorgadas por la autoridad o bien, derivado de las constancias e informes que obren en el proceso), el representante Social o bien la autoridad judicial, de oficio, deberán ordenar una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa pro-derechos, a fin de determinar si la persona sujeta a una investigación o proceso penal tiene o no la calidad de indígena y, por tanto, si debe gozar de los derechos que a su favor consagra el artículo 2º de la Constitución.” 17




  1. Esto significa que las autoridades jurisdiccionales deben valorar, de manera integral, si en un caso en concreto se está frente a una persona que pertenece a una comunidad indígena.




  1. A partir de esta postura pro derechos, el tribunal colegiado de conocimiento debió considerar válida la autoadscripción del quejoso, detonar las protecciones constitucionales que en su favor consagra el artículo 2 constitucional y proceder a asignar a su manifestación identitaria los efectos correspondientes, los cuales parten, entre otros criterios, tal como lo determina la doctrina constitucional de esta Primera que será reseñada a continuación, del momento en que ésta se realiza. Sin que pueda confundirse la manifestación con los efectos que esta provoca.


Momento procesal oportuno para la manifestación de autoconciencia


  1. Con la finalidad de evitar excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica para la víctima u ofendido, esta Primera Sala determinó, en un principio, que la autoadscripción, para ser eficaz y activar en favor de la persona las protecciones constitucionales asociadas con su pertenencia étnica, debería realizarse en las primeras etapas del proceso penal. Esto es, ya sea ante el ministerio público durante el procedimiento de averiguación previa, o bien, durante la fase de preinstrucción de la causa. De lo contrario, dicha manifestación carecerá de la fuerza suficiente para ordenar la reposición del procedimiento penal respectivo.




  1. Esta decisión quedó reflejada en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2013, de rubro “PERSONA INDÍGENA. PARA QUE SEA EFICAZ LA "AUTOADSCRIPCIÓN" DE UN SUJETO A UNA COMUNIDAD INDÍGENA, DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O LA PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA”.18 Tal como lo consideró el tribunal colegiado de conocimiento.




  1. Sin embargo, esta Primera Sala consideró, al resolver los amparos directos en revisión 4393/201419 y 4034/201320 que el criterio anterior establece una regla específica para un acontecimiento específico, en tanto determina una consecuencia automática para un determinado supuesto: deberá ordenarse la reposición del proceso cuando la autoadscripción se realice durante la averiguación previa o la instrucción y el juicio se conduzca sin la asistencia de intérprete ni defensa lingüística y culturalmente adecuada.




  1. Esto no supone de ningún modo –agrega la Sala- que la autoadscripción posterior a esas etapas provoque la pérdida de los derechos previstos en el artículo 2º de la Constitución Federal.21 El derecho de la persona indígena a ser asistida por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura no se encuentra restringido a un determinado momento procesal.




  1. Estas consideraciones dieron lugar a las tesis de rubro y texto siguientes:

Catálogo: juridica -> engroses
engroses -> Voto particular que presenta el ministro José fernando franco gonzález salas en relación a la acción de inconstitucionalidad 62/2009, resuelta por el pleno de la suprema corte de justicia de la nacióN
engroses -> Contradicción de tesis número 44/2000-pl antes 59/99-ps
engroses -> Juicio ordinario civil federal 1/2000
engroses -> Amparo directo 14/2011 quejoso: ponente: ministro josé ramón cossío díaz secretario: julio veredín sena velázquez
engroses -> Amparo directo en revisióN 3466/2014
engroses -> Amparo directo en revisióN 6141/2014 quejoso: ministro ponente: arturo zaldívar lelo de larrea secretaria: ana maría ibarra olguíN
engroses -> Empleo de la fuerza pública el dieciséis de julio de dos mil siete
engroses -> Amparo directo en revisióN 5443/2015. recurrente principal y quejoso adhesivo
engroses -> Amparo directo en revisióN 1072/2014. Quejoso


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