Soria, Kogan, Negri



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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 18 de agosto de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, de Lázzari, Pettigiani, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 69.412, "P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley".



A N T E C E D E N T E S

I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando ‑por mayoría‑ la sentencia dictada por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de la misma ciudad que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida en autos (v. fs. 226/234).

II. Disconforme con ese pronunciamiento, el accionante interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (fs. 235/264), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 270.

III. Una vez notificado el Ministerio Público (conf. art. 283, C.P.C.C., ver fs. 275), oída la señora Procuradora General (fs. 282/286), dictada la providencia de autos (v. fs. 287), glosado el memorial de la parte actora (fs. 291/336) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes



C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

Caso negativo:

2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?



V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El señor O. M. P. L. invocando su calidad de curador definitivo del señor P. L., J.M. ‑quien padece Síndrome de Down‑, promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (en adelante, I.O.M.A), a fin de obtener una cobertura integral de las prestaciones "Formación Laboral, Jornada Doble" que le brinda el instituto Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos (en adelante, C.E.P.P.), sin limitaciones temporales y garantizando la continuidad de éstas (fs. 52/84).

II. El fallo de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción de amparo. Consideró que si bien había mediado discontinuidad en las prestaciones a cargo de la demandada, no resultaba procedente la pretensión del accionante de obtener la cobertura integral de éstas tal como fueron requeridas. Por consecuencia, ordenó al I.O.M.A. a suministrar al amparista la continuidad de las prestaciones, conforme con la normativa aplicable (que rige al ente asistencial) e impuso las costas a la demandada (fs. 183/187).

III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el accionante a fs. 193/216, confirmando ‑por mayoría‑ la sentencia dictada por la jueza de grado en lo que fue materia de agravio. También por mayoría impuso las costas del proceso en el orden causado (v. fallo a fs. 226/234 vta.).

IV. Mediante el recurso extraordinario de nulidad la parte actora denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (ver punto 3 del escrito recursivo, a fs. 239 vta./242). De un lado, afirma que la sentencia recurrida ha omitido el tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución del recurso de apelación. Del otro, asegura que el fallo atacado no se funda en ninguna disposición de la ley de fondo.

a. El impugnante plantea, en primer lugar, la omisión del tratamiento por el tribunal de alzada de las siguientes cuestiones que considera esenciales: i) el derecho del amparista que emana de diversos tratados internacionales; ii) el derecho que surge de la Constitución local, que garantiza el acceso a la salud a todos sus habitantes, como así también la protección integral de los derechos del niño y de toda persona discapacitada (art. 36 incs. 2, 5 y 8), en los cuales se ha basado la sentencia apelada; iii) el peligro en la demora que surge del riesgo de perder la posibilidad de continuar con la rehabilitación integral que recibe el amparista en el instituto C.E.P.P., en virtud de la cobertura parcial brindada por el I.O.M.A.

Por último, se queja de la omisión en resolver la solicitud de citación de la Provincia de Buenos Aires como tercero, destacando que la alzada ha omitido integrarla a la litis, conforme lo había requerido en el punto 2 (objeto) y punto "e" del petitorio del escrito de inicio (v. fs. 240).

b. En segundo lugar, sostiene que la sentencia de Cámara no se funda en ninguna disposición de la ley de fondo, omitiendo toda consideración a lo que se refieren los arts. 19 de la ley 10.592 y 1º de la ley 6982 y a las normas constitucionales aplicables a estas actuaciones.

c. Por último, aduce que el fallo impugnado ha incurrido en absurdo al infringir las normas que regulan la actividad funcional de los tribunales de apelación como las que gobiernan el principio de congruencia, cometiendo también un desvío notorio, patente y palmario de las leyes de la lógica y una grosera desinterpretación material de la prueba obrante en autos. Agrega que también ha omitido la consideración de probanzas y circunstancias fácticas.

V. Coincido con lo dictaminado por la señora Procuradora General, en cuanto a que el recurso no puede prosperar.

De la exposición efectuada en el libelo que contiene el denominado recurso extraordinario de nulidad (punto 3, a fs. 239 vta./242) se desprende, sin dificultad, que el quejoso no ha desarrollado argumentaciones vinculadas directamente con los supuestos que condicionan la procedencia de este recurso. En efecto:

a. Las cuestiones que el recurrente denuncia como preteridas (referidas en el considerando IV "a" de la presente) son en realidad extrañas a la vía procesal intentada.

Sobre el punto, cabe poner de resalto que los meros argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan sus pretensiones o defensas no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento (conf. Ac. 85.092, sent. de 7‑IX‑2005; C. 92.324, sent. de 22‑XI‑2006 y C. 93.886, sent. de 21‑II‑2007).

Sin perjuicio de ello, y para brindarle una respuesta acabada a las impugnaciones del recurrente, he de señalar que según una inveterada doctrina de esta Corte, las cuestiones esenciales son aquéllas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito (conf. causa L. 73.844, sent. de 27‑II‑2002, entre otras) y, las arriba señaladas no revisten tal carácter, en tanto aluden, en rigor, a presuntos errores de juzgamiento y a aspectos de carácter procesal, cuyas reparaciones, ajenas al ámbito del remedio procesal deducido, debieron buscarse mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas Ac. 48.456, sent. de 17‑III‑1992; Ac. 83.166, resol. del 20‑III‑2002; Ac. 84.153, sent. de 16‑II‑2005; L. 92.064, sent. de 4‑IV‑2007).

En relación con la cuestión concerniente al pedido de citación de tercero del Estado provincial, que el quejoso denuncia como preterida, este Tribunal tiene dicho que los presuntos errores relativos a vicios del procedimiento, así como a cuestiones procesales anteriores al dictado del fallo, resultan improcedentes por ser ajenos a la vía recursiva intentada (conf. causas L. 65.439, sent. de 17‑XI‑1998; L. 68.256, sent. de 20‑XII‑2000; Ac. 75.333, sent. de 13‑VI‑2001; L. 76.440, sent. de 18‑VI‑2003; L. 81.811, sent. de 19‑V‑2004; C. 90.975, sent. de 12‑XII‑2007, entre muchas otras).

Por otra parte, la omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el sentido de la sentencia o por el razonamiento expuesto en la misma (conf. causas Ac. 76.895 y Ac. 79.230, ambas sents. del 19‑II‑2002 y L. 90.233, sent. de 13‑XII‑2006, entre otras), como aquí acontece.

También es sabido que no incurre en infracción a la mentada cláusula constitucional, el fallo que aborda las cuestiones esenciales sometidas a su conocimiento sea cual fuere el acierto jurídico con que lo hiciera y que no poseen aquella condición los argumentos de las partes en pro de sus pretensiones (Ac. 89.091, sent. de 12‑X‑2005), sobre todo cuando se vinculan más al mérito de la decisión, que a la falta de tratamiento de la misma, siendo ajeno al ámbito del recurso tanto el acierto con que se haya analizado el asunto, como la forma con que fuera encarado (Ac. 90.624, sent. de 30‑VIII‑2006; L. 90.233, sent. de 13‑XII‑2006 y C. 93.775, sent. de 3‑X‑2007).

b. En lo que se refiere al segundo de los reparos formulados, no advierto que en el caso el fallo recurrido carezca de fundamentación jurídica, pues se encuentra respaldado por expresas disposiciones legales, lo que abastece la exigencia constitucional (art. 171, Const. prov.), resultando el presunto desacierto en la aplicación del derecho materia reservada al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas L. 72.860, "Ledesma", sent. de 5‑XII‑2001; L. 86.282, "Meza", sent. de 19‑IV‑2006; L. 88.850, "Edwards", sent. de 20‑XII‑2006).

Es que la mentada exigencia constitucional está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se ha violado dicha norma constitucional si la sentencia se encuentra fundada en ley aún cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (Ac. 72.238, sent. de 9‑III‑1999; Ac. 65.135, sent. de 19‑II‑2002 y Ac. 88.870, sent. de 13‑IX‑2006).

c. Respecto al resto de los agravios formulados por el recurrente, reiteradamente se ha resuelto que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que bajo la denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, intenta traer a examen de esta Suprema Corte cuestiones relativas a la apreciación del material probatorio y de los hechos, así como también a supuestos errores de juzgamiento (conf. Ac. 47.366, sent. de 24‑III‑1992; Ac. 55.759, sent. de 29‑IX‑1998; Ac. 70.487, sent. de 7‑II‑2001 y Ac. 86.091, sent. de 9‑III‑2005) y denuncias de absurdo y arbitrariedad (Ac. 85.228, sent. de 30‑III‑2005; C. 89.621, sent. de 6‑XII‑2006 y C. 97.841, sent. de 29‑VIII‑2007), todos ellos temas ajenos a esta vía recursiva.

También se ha dicho que el acierto de lo decidido resulta extraño a este carril y su revisión debe obtenerse por el recurso de inaplicabilidad de ley (conf. Ac. 58.939, sent. de 23‑III‑1999; Ac. 84.444, sent. de 25‑VI‑2003 y Ac. 86.091, antes referido, y sus citas).

Por último, cabe señalar que los argumentos concernientes a pretensos menoscabos constitucionales o a la invocada violación de normas constitucionales de la Nación o de la Provincia son ajenos a la órbita del recurso extraordinario de nulidad (conf. Ac. 48.052, sent. de 4‑II‑1992; Ac. 78.570, sent. de 19‑XII‑2001 y Ac. 86.091, antes referida y sus citas), puesto que éste solo puede fundarse en la inobservancia de las formalidades establecidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial según lo establecido en el art. 161 inc. 3º letra b) de la Carta local, siendo la denuncia de violación de otras normas constitucionales o legales, o la eventual arbitrariedad de éstas, ajenas al mismo (conf. Ac. 71.654, res. del 4‑VIII‑1998; Ac. 76.192, res. del 24‑XI‑1999 y C. 86.305, sent. de 13‑XII‑2006).

VI. Por las consideraciones vertidas y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado; con costas a la vencida (arts. 168 y 171, Constitución provincial; 298, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.



Los señores jueces doctores Kogan, Negri, de Lázzari, Pettigiani e Hitters, por los fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. Como antes señalé, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el accionante a fs. 193/217, confirmando ‑por mayoría‑ la sentencia dictada por la jueza de grado en lo que fue materia de agravios (ver fallo a fs. 226/234).

También, por mayoría, impuso las costas del proceso en el orden causado (conforme arts. 20 y 25, ley 7166 y 71, C.P.C.C.).

Para así decidir, la alzada enmarcó la prestación educativa requerida en un proceso de rehabilitación integral de la persona discapacitada y destacó que, aún no resultando ésta de estricto carácter médico, forma parte de un proceso terapéutico formativo que integra aspectos inherentes a la salud y calidad de vida, por lo que se justifica su armonización con los arts. 1, 4 y 19 de la ley 10.592, siempre en una ponderación sumaria, propia del proceso incoado (amparo).

Consideró que, en ese contexto, se reconoce el derecho a la protección integral de la persona discapacitada, aunque la cuantía de las prestaciones necesarias para abordar el tratamiento de rehabilitación debe ajustarse al régimen reglamentario derivado de la resolución 2544/91 del I.O.M.A y, a todo evento, analizar si su aplicación al supuesto de autos resulta una respuesta razonable para garantizar el derecho del incapaz. Agregó que a las consideraciones expuestas deberán adunarse las demás contingencias que acredite la parte actora, a tenor de las prestaciones de rehabilitación que la dolencia requiera.

Con base en tal razonamiento, descartó la posibilidad de poner a la actora en situación de alterar el sistema de prestación que recibe actualmente, en la medida que el I.O.M.A reconoce, al amparo de la normativa vigente (ley 6982, su decreto reglamentario 7881/1984 y resolución 2544/91) y mediando trámite de excepción, las diversas prestaciones asistenciales recibidas en el instituto C.E.P.P., con cobertura sujeta a esa misma normativa.

Concluyó ponderando que del examen de las normas locales aplicables al caso y los argumentos expuestos por el quejoso al articular el recurso, no se advierte la configuración de un comportamiento ilegal, irrazonable o arbitrario, que conculque derechos o garantías constitucionales y que ponga en cabeza de la demandada la obligación de brindar una cobertura integral del 100% de la prestación en el mencionado establecimiento.

Por último, juzgó que las costas del proceso deben ser distribuidas en el orden causado ‑conf. arts. 20 de la ley 7166 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial‑ (v. voto del doctor Spacarotel a fs. 229 vta./233 vta., al cual se adhirió la doctora Milanta a fs. 233 vta.).

II. Contra el mentado pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 1º de la ley 6982; 1, 4 y 19 de la ley 10.592; 75 inc. 22 de la Constitución nacional; de los incs. 2, 5 y 8 del art. 36 de la Constitución provincial; de las leyes nacionales 24.901 y 24.754 y del art. 25 de la ley 7166 y modificatorias. También denuncia la conculcación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y de la Corte nacional y tilda de arbitraria la sentencia de Cámara considerando que se aparta de la solución normativa y de las constancias de la causa conducentes a la solución del caso con violación de los arts. 18, 28 y 33 de la Constitución nacional y alega la existencia de un gravamen irreparable (ver fs. 242/264).

III. En primer término, por cuestiones de ordenación de la exposición, abordaré la alegada violación de las leyes 24.901 y 24.754 y la denuncia de arbitrariedad en el fallo recurrido. Anticipo que tales planteos no son de recibo.

1.a. El recurrente señala que la sentencia del a quo viola las disposiciones de las leyes 24.901 y 24.754, que considera aplicables en todo el país, al desconocerle al incapaz el derecho a la cobertura integral de las prestaciones que requiere el tratamiento de su discapacidad. Agrega que, conforme lo normado en los arts. 12 y 13 de la ley 6932, el I.O.M.A queda comprendido entre las entidades que brindan servicios de medicina prepaga mencionadas en la ley 24.754. En sustento de su postura, invoca numerosa jurisprudencia de la Corte nacional, de las cámaras federales y tribunales de primera instancia.

Destaca, en particular, que el fallo de Cámara viola la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a la cual la cobertura integral prevista en la ley 24.901 debe ser respetada incluso por aquellos organismos que no han adherido a la misma.

b. Sobre el punto, viene al caso recordar que la doctrina legal a que se refieren los arts. 278 y 279 del Código Civil y Comercial para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la que emana de los fallos de esta Suprema Corte, y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación (conf. doct. Ac. 38.225, sent. de 1‑IX‑1987; Ac. 41.043, sent. de 6‑III‑1990; Ac. 42.717, sent. de 23‑VII‑1991; Ac. 46.142, sent. de 24‑III‑1992; Ac. 52.187, sent. de 19‑IV‑1994, Ac. 57.981, sent. de 27‑XII‑1996; Ac. 58.157, sent. de 4‑XI‑1997; conf. Ac. 89.762, sent. de 23‑II‑2005; Ac. 90.063, sent. de 23‑XI‑2005; Ac 89.834 y Ac. 93.927, sents. del 3‑V‑2006 y Ac. 88.175, sent. de 24‑V‑2006, entre muchas otras), por lo que devienen inatendibles los agravios sustentados sobre la base de las mentadas decisiones de otros tribunales.

Este Tribunal tiene dicho que sólo será suficiente un remedio extraordinario como el intentado cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. causa Ac. 84.617, sent. de 5‑V‑2004 y sus citas, entre otras).

Al contrario de lo sostenido por el recurrente, en lo que se refiere a la inaplicabilidad al caso de la ley 24.901, esta Corte ha puntualizado que se trata de una norma extraña al derecho local. En este sentido, se destacó que tal sistema, para aplicarse en situaciones como la que se plantea en el sub lite, requiere la adhesión de las jurisdicciones locales (conf. art. 2 de la ley 24.901, como asimismo el art. 27 de la norma marco ley 22.431), determinación que la Provincia de Buenos Aires no ha adoptado (conf. causa B. 67.212, "I. ", res. de 11‑VIII‑2004).

En consecuencia, el recurso no es de recibo en esta parcela.

2. Igual suerte ha de correr el argumento del recurrente dirigido a demostrar que el fallo atacado adolece de arbitrariedad por apartarse de la solución normativa y de las constancias de la causa conducentes a la solución del caso, vulnerando los arts. 18, 28 y 33 de la Constitución nacional.

a. Aduce que la sentencia de Cámara no otorga una razón plausible para prescindir del texto de las leyes 24.901, 6982 y 10.592, así como también de las Constituciones nacional y provincial, que claramente disponen ‑según indica‑ el derecho a la cobertura total de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Señala que omite considerar que, en virtud de la cobertura parcial, el amparista interrumpirá las prestaciones de rehabilitación que requiere, sufriendo daños irreparables e inminentes.

b. Sobre este planteo, cabe recordar que la denuncia de arbitrariedad resulta inadecuada en esta instancia, por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la "cuestión federal" y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente. La mera denuncia de arbitrariedad no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (conf. art 279, C.P.C.C.; C. 94.618, sent. de 11‑IV‑2007).

El absurdo, entendido como causal heterodoxa fue creada pretorianamente por este Tribunal ‑a imagen de la citada doctrina de la arbitrariedad del máximo Tribunal‑ a los fines de descalificar lo atinente a la apreciación de la prueba y los hechos y no a la interpretación de las normas.

Empero este vicio del razonamiento no ha sido acreditado en la especie, desde que el quejoso reiterando argumentos antes expuestos opone a la apreciación efectuada por la Cámara consideraciones que se sustentan sólo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas. Esta Corte ha expresado que el vicio de absurdo se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (L. 81.982, sent. de 20‑XII‑2006; L. 90.361, sent. de 6‑VI‑2007; L. 83.615, sent. de 20‑VI‑2007 y L. 83.398, sent. 31‑VIII‑2007).

A lo dicho cabe agregar que la mera referencia a que se habrían quebrantado los arts. 18, 28 y 33 de la Carta nacional no tiene eficacia pues el recurrente no ha expresado fundadamente, con la precisión que el caso requiere, de qué manera la Cámara incurrió en tales supuestas violaciones constitucionales (conf. L. 34.513, sent. de 30‑IV‑1985 y Ac. 94.316, sent. de 21‑VI‑2006).

3. No obstante ello, por los motivos que a continuación desarrollo, el recurso ha de prosperar en lo relativo a la inteligencia que en el caso cabe otorgar a los arts. 1º y 22, inc. b), de la ley 6982, 1º de la ley 10.592, 36 incs. 5º y 8º de la Constitución provincial, en el marco de los tratados de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional, conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional.

a. En esta parcela el recurrente arguye que la Cámara al decidir que I.O.M.A continúe otorgando la cobertura parcial de la prestación de marras, se aparta de lo normado por los arts. 1º de la ley 6982 y 1, 4 y 19 de la ley 10.592. Considera que las mentadas disposiciones legales obligan al referido organismo a promover y prestar asistencia médica integral a sus afiliados que padecen discapacidad.

Sostiene que la violación a esta normativa se configura con el desconocimiento tanto del derecho a una cobertura integral de las prestaciones que necesita el amparista como a la protección de la continuidad de la rehabilitación que éste requiere, violándose los derechos consagrados por el art. 36 de la Constitución provincial.

Destaca que lo requerido es una prestación médico‑asistencial que hace directamente a la rehabilitación y a la salud mental del accionante, por lo que se encuentra incluida en lo normado por el art. 19 de la ley 10.592.

En otro orden, señala que la sentencia recurrida, contrariamente a lo consagrado por los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.) y aseguran la asistencia y cuidados que el Estado debe brindar al incapaz, propicia la interrupción de la prestación de la rehabilitación que éste requiere, circunstancia que se encuentra acreditada ‑según aduce el recurrente‑ con las notas que han sido remitidas por el establecimiento asistencial al que concurre el amparista.

También arguye que el fallo atacado viola el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional y en tratados internacionales, al plantear una situación de evidente desigualdad respecto a las personas con discapacidad afiliadas a otra obra social, situación que se acrecienta porque el amparista no puede cambiar de obra social, "por encontrarse atado al I.O.M.A" (fs. 246 vta.).

Por último, argumenta que la sentencia recurrida viola los incs. 5 y 8 del art. 36 de la Constitución provincial, al no garantizar el derecho a la salud del discapacitado, ni su protección integral. Contrariamente, sostiene, debe interrumpir su rehabilitación y dejar de acceder a la única prestación que le permite ejercer plenamente su derecho a la salud.

b. En un proceso de amparo, en el que se debatía una cuestión sustancialmente análoga a la presente, tramitado en competencia originaria de esta Suprema Corte (causa B. 67.212, "I. ", res. de 11‑VIII‑2004) se decidió, al tratar la procedencia de la medida cautelar solicitada por el amparista ‑arts. 22 de la ley 7166 y modificatorias y 230, 232 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial‑ que no se encontraba configurada la verosimilitud del derecho necesaria para acceder, en aquel marco inicial del proceso, a la pretensión referida a que el I.O.M.A. le otorgue la cobertura integral (100%) de la prestación "Formación Laboral, Jornada Doble" ($1.088 mensuales) que la Escuela Especial "Redondel" le brindaba.

En aquella oportunidad se ponderó que, de las constancias de la causa y lo argumentado por los amparistas, no se desprendía que el I.O.M.A., al reintegrar un porcentaje cercano al 50% del arancel de la Escuela Especial "Redondel", hubiera actuado de un modo ostensiblemente ilegítimo o con palmaria arbitrariedad. Es que del examen de las normas que resultan de aplicación en estos casos (leyes 10.592, "Régimen Jurídico Básico e Integral, para las Personas Discapacitadas" y ley orgánica de I.O.M.A.), no se desprendía con suficiente grado de nitidez obligación incumplida alguna a cargo del ente demandado de brindar la cobertura integral 100% de la prestación Formación Laboral Jornada Doble, en el mencionado establecimiento.

Por el contrario, se puntualizó que no era forzado estimar que el I.O.M.A. obró de conformidad con la normativa aplicable ‑ concretamente, con la Res. 2.544/91‑ que reconoce el pago de determinados porcentuales, fijados en función de la carga horaria de asistencia de los pacientes a los establecimientos, lo cual permitió avizorar, además, el empleo de una pauta razonable de proporcionalidad para la fijación del valor establecido.

A continuación, se descartó que el art. 19 de la ley 10.592, invocado por quienes accionaban, fuese de aplicación al caso, toda vez que dicha norma ‑inserta en el Capítulo IV sobre Seguridad Social‑ se refiere a la asistencia médica, a diferencia de la prestación educativa que se pretendía, que se halla regulada específicamente en el Capítulo III, "Educación", cuyo examen preliminar, no evidenciaba la imposición de una concreta obligación en cabeza del I.O.M.A., en orden al otorgamiento de una cobertura íntegra para servicios brindados en establecimientos privados.

A ello se adunó que el Instituto "Redondel", cuya prestación se requería en esa oportunidad, no era prestador del I.O.M.A. y que no se invocaba vinculación contractual alguna por la cual el Instituto se haya obligado a cubrir la prestación reclamada.

Sobre estas bases ‑además de la falta de acreditación del peligro en la demora‑ este Tribunal desestimó la medida cautelar allí pretendida.

c. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en dichos actuados exhibió una pauta interpretativa diversa, revocando el decisorio de este Tribunal (causa I. 248. XLI. "Recurso de Hecho en ‘I., C. F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo’").

Allí expresó que, al sostener que la protección parcial brindada por el I.O.M.A. no resultaba arbitraria frente al contenido del régimen normativo aplicable a la especie, se soslayaba ‑aún en el limitado marco de conocimiento que permite la pretensión cautelar‑ no sólo la índole y trascendencia de los derechos en juego sino, además, el espíritu mismo de dicha legislación.

En esa línea argumental, recordó que la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la ley fundamental y que, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental. Adunó que, conforme se desprende de sus precedentes, el Tribunal ha puntualizado, con especial énfasis tras la reforma constitucional del año 1994, que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y Fallos 321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros).

En igual sentido, enfatizó que los tratados internacionales con jerarquía constitucional contienen cláusulas que resguardan la vida y la salud de los niños, según surge de los arts. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 41 incs. 11 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‑Pacto de San José de Costa Rica‑, 24 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les deben asegurar (Fallos 323:3229 cit.).

Sentado lo anterior, indicó que no sólo la ley orgánica del instituto demandado previó, como obligación expresa a su cargo, la de realizar en la provincia de Buenos Aires "todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes", contemplando ‑entre otras medidas‑ "internaciones en establecimientos asistenciales" (conf. arts. 1º y 22 inc. b, ley 6982); y la ley 10.592 estatuyó un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social para quienes estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 1º, ley cit.), sino que la propia Constitución provincial consagró el derecho a una protección integral de la discapacidad, garantizando de manera expresa "la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales", así como la promoción de la "inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad" para con quienes la padecieran (conf. arts. 36 incs. 5º y 8º y 198, Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Ello, en consonancia con lo establecido al respecto por la Constitución nacional (arts. 5º, 14, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23).

Afirmó que tales conclusiones no quedaban, en aquel caso, desvirtuadas por la falta de prueba sobre la situación patrimonial de los reclamantes que les impediría acceder a la prestación requerida, de acuerdo a lo establecido en la ley especial (ley 10.592, art. 1º). En este orden de ideas, señaló que frente a la finalidad de las normas en juego, el interés superior que se intenta proteger y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación planteada, imponía no "ser tan rigurosos con la exigencia indefectible de una prueba negativa que resulta de muy difícil producción" (Fallos 327:2413 y 5210).

Por último, consideró la inexistencia de óbice real que impidiera al ente asistencial cubrir provisionalmente la prestación requerida en forma íntegra, sin perjuicio de que luego recupere los costos que ella devengue ya sea del Estado provincial ‑lo que no apreció de imposible instrumentación‑ dada la naturaleza jurídica del I.O.M.A. (conf. arts. 27 y 28, ley 10.592 y 1, 2 y 12, ley 6982) o, eventualmente, de los padres, en caso de que demuestre su aptitud económica y repita, así, contra ellos (doctrina de Fallos 321:1684; 327:2127, 2413; y F.838.XLI. "Floreancig, Andrea Cristina y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ Amparo", sentencia del 11 de julio de 2006).

Con tales fundamentos, hizo lugar a la presentación directa, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia de esta Suprema Corte que había desestimado la medida cautelar peticionada por el amparista.

d. Este Tribunal ha expuesto, con criterio general, que las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tienen los efectos obligatorios propios de la ley, y sus pronunciamientos sólo comprometen a este Tribunal en el caso concreto en que aquélla se haya expedido (conf. Ac. 60.076, resol. del 12‑IX‑1995).

Mas, cierto es que sus decisiones tienen los efectos propios que surgen de su autoridad institucional en temas federales como en aquéllos que no lo son. En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Constitución, ámbito en el que no se halla limitada ni por la interpretación de los jueces inferiores ni por las articulaciones de las partes (conf. doct. Fallos 308:647, cons. 5º; 326:2880). En el segundo, en principio, razones de celeridad y economía procesal aconsejan su seguimiento en casos análogos, aunque sin perder de vista que las decisiones que involucran cuestiones regidas por el derecho público local son privativas de los tribunales provinciales, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (doctrina de Fallos 305:112; 324:1721, 2672, entre otros). De lo contrario se produciría una restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes a su autonomía (arts. 1, 121, 122 y concs., Const. nac.).

En este marco, debe evaluarse la incidencia del precedente de la Corte Suprema, que deviene de la revocación por vía de recurso extraordinario de una decisión de este Tribunal que desestimó una medida cautelar en un caso sustancialmente análogo al presente. Dable es señalar, además, que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que las resoluciones que deciden respecto de medidas cautelares no revisten carácter de definitivas, pues dicho tipo de medidas son provisionales por naturaleza (arg. arts. 202, 203, 207, 228 y concs., C.P.C.C.; 23 y 26 de la ley 12.008, conf. texto ley 13.101; doct. Ac. 78.450, sent. de 13‑VIII‑2003; Ac. 94.786, res. de 24‑VIII‑2005) y que constituyen una herramienta accesoria de otro procedimiento y como tal su existencia depende de la suerte del juicio principal (conf. doct. Ac. 81.845, int. de 20‑VI‑2001; Ac. 89.405, int. de 14‑X‑2003).

Empero, sin mengua de todo ello, estimo que si bien el pronunciamiento del alto Tribunal recaído en el precedente indicado no trasunta anticipo de jurisdicción acerca de la cuestión material aquí discutida, ni resulta obligatorio para este Tribunal en el sub lite, traduce un criterio de valoración que ‑más allá de su acierto o error‑ resulta prudente seguir en el examen del asunto ventilado en esta causa, en mérito a los principios de celeridad y economía procesal, que adquieren singular relevancia ante sus especiales características. Veamos.

4. J. M. P. padece síndrome de Down (conf. certificado de discapacidad de fs. 9). Del informe evolutivo confeccionado por el Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos surge que se encuentra cursando el Nivel de Formación Laboral, en el Taller de Administración y Cadetería y Arte Decorativo; recibiendo, además, foniatría, música, apoyo en terapia ocupacional, taller de computación, educación física, concurriendo semanalmente al Campo de Deportes donde realiza caminatas de hasta 2 kilómetros en velódromo. Recibe atención por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales, asistentes sociales, psicopedagogos y psicólogos, encargados de realizar el psicodiagnóstico y seguimientos necesarios. Allí se destaca que J. M. posee características pasivas, por lo que se ha orientado el trabajo pedagógico‑terapéutico en función de una mayor independencia, socialización y vinculación con pares y adultos. Se considera especialmente el grave perjuicio de una eventual interrupción de la escolaridad, que ocasionaría regresión en diversos aspectos, con deterioro de las habilidades logradas, con riesgo de caer en un estado depresivo, teniendo en cuenta sus características psicopatológicas. Allí se consigna, además, que surge del informe socioambiental que el alumno convive con sus padres y una hermana menor (adoptiva); que la madre es profesional independiente y su padre se encuentra desocupado (vide fs. 15).

En este contexto, ante las constancias de la causa, que evidencian la discapacidad que padece el amparista y su situación educacional y socioambiental, el I.O.M.A. no ha logrado demostrar que la atención brindada a J. M. P., realizada de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 2544/91, mediante trámite de excepción, vía reintegro ‑que en el caso comprende el 50% del arancel U.S.P. por mes para medio pupilos, conf. punto I.2. de dicha normativa‑ alcance a configurar un cumplimiento suficiente de la impostergable obligación de las autoridades públicas de garantizar mediante la realización de acciones positivas la plena vigencia de los derechos a la vida y la salud de las personas con capacidades especiales, consagrados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (indicados en el punto 3.c., art. 75 inc. 22, Const. nac.) y en el marco de lo dispuesto por los arts. 1 y 22 inc. “b” de la ley 6982, 1 de la ley 10.592 y 36 incs. 5º y 8º de la Constitución provincial.

Puntualmente, en orden al interés superior que trata de proteger, esta última norma establece que la Provincia "promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. A tal fin reconoce los siguientes derechos: (...) 5. De la Discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales (...) 8. A la Salud. La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos (...)".

En el sub lite, al momento de presentar el informe previsto en el art. 10 de la ley 7166, la demandada esboza argumentos referidos a la inaplicabilidad al I.O.M.A. de las disposiciones de las leyes 23.660, 23.661 y 24.901; a la necesidad de establecer prioridades y restricciones ante la realidad que imponen los recursos insuficientes para cubrir la totalidad de las prestaciones requeridas (informe del I.O.M.A. obrante a fs. 81/84 del expte. 2914‑25928‑04), mas no rebate adecuadamente los argumentos de la actora, sustentados en las constancias de la causa, en torno a la necesidad de mantener la prestación requerida y el daño irreparable que se configuraría con su interrupción.

Y en punto al alcance de la cobertura de tal presentación, el I.O.M.A. no se ocupó de indicar, ni proponer como alternativa, a alguno de sus prestadores que pueda proporcionar a J. M. un tratamiento educativo integral análogo al recibido en el C.E.P.P. Por el contrario, expresamente reconoció la inexistencia de convenios firmados con establecimientos educativos especiales de tales características (conf. fs. 82 del mentado informe), lo que en el sub examine, da por tierra con el argumento de la Cámara relativo a que la actora no alega la falta de instituciones alternativas adheridas para llevar a cabo las prestaciones encomendadas (fs. 231 de este expte.).

De este modo, ante las circunstancias del caso, los argumentos expuestos por el recurrente, que encuentran su base en las normas federales especialmente valoradas por la Corte Suprema en el precedente indicado y en las normas locales que protegen la vida y salud de personas en situaciones de discapacidad, conllevan una idónea impugnación de los fundamentos que, en este punto, estructuran la sentencia de la alzada, extremo que habilita el remedio casatorio intentado (art. 279, C.P.C.C.).

Pues bien, prospera entonces el recurso en cuanto al alcance que cabe otorgar en el caso a las normas federales y locales invocadas por el quejoso, en lo referido al derecho que le asiste al actor a percibir una cobertura integral de la prestación brindada por la entidad en que realiza su rehabilitación.

5. Por último, aduce el recurrente que el fallo de la alzada se opone a la ley 7166 (art. 25), al modificar la sentencia de primera instancia y aplicar las costas por su orden.

Señala que los jueces que votaron la mayoría (doctores Spacarotel y Milanta) reconocieron las demoras del demandado en el cumplimiento de la prestación a su cargo, circunstancia que configura una actuación antijurídica. Agrega que la prestación debida se regularizó a instancias de la providencia cautelar dictada en autos (v. fs. 255 vta.).

Sostiene que en el sub lite, no se dan las especiales circunstancias previstas en el art. 25 de la ley 7166, toda vez que la accionada no cesó con la omisión denunciada antes de evacuar el informe previsto en el art. 10 de la referida ley y tampoco las previstas en el art. 70 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, considerando que para la aplicación de esa norma, el demandado debe reconocer la justicia de la pretensión dentro del plazo conferido para la contestación de la demanda.

En apoyo de su postura cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata y opinión doctrinaria.

Respecto al cuestionamiento de la forma en que fueron fijadas las costas (ver fs. 255 vta./257), el recurso resulta insuficiente.

Cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que su imposición y distribución es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas L. 51.571, sent. de 26‑X‑1993; Ac. 88.502, sent. de 31‑VIII‑2005, Ac. 77.574 citada y Ac. 92.476, sent. de 6‑IX‑2006, entre otras), esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido (conf. causas L. 81.159, sent. de 27‑XI‑2002, L. 76.339, sent. de 12‑II‑2003 y L. 84.407, sent. de 10‑V‑2006; Ac. 92.476, sent. de 6‑IX‑2006) o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. causas Ac. 42.763, sent. de 17‑X‑1999; Ac. 69.271, sent. de 29‑II‑2000 y Ac. 92.271, sent. de 9‑VIII‑2006, entre muchas otras), vicios que no han sido alegados ni patentizados en autos (conf. art. 279, C.P.C.C.).

A las consideraciones expuestas agrego que ‑como señalé en el punto 1.b.‑ la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por esta Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales (conforme citas antes expuestas), ni la que emana de la opinión de los autores (causas Ac. 46.606, sent. de 31‑III‑1992; L. 53.311, sent. de 13‑IX‑1994 y A. 68.808, sent. de 20‑VI‑2007), como la alegada a fs. 256 vta./257.

IV. En consecuencia, teniendo en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el referido caso "I., C. F.", cuyo criterio he de seguir por razones de economía procesal, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia de Cámara, en orden a la determinación de la obligación del I.O.M.A. referida a la cobertura integral de la prestación "Formación Laboral, Jornada Doble" que brinda el Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos a favor de J. M. P.. Costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, C.P.C.C.).

Con el alcance que surge de la presente, voto por la afirmativa.




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