Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción número 10/2007-pl



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VI. PROCEDENCIA
Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual es necesario tener en cuenta el siguiente entramado normativo.
Conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario 5/1999, se deriva lo siguiente:


  1. Que en principio, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno.




  1. Por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, a condición que decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos:




  1. La inconstitucionalidad de una norma, y/o

  2. La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.




  1. Que para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además de que en la sentencia recurrida decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:




      1. Exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías;

      2. Cuando no se hubieran expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no hubiera que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.




  1. El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Corte56. El hecho de que el Presidente, del Pleno o de la Sala, lo haya admitido corresponde con un examen preliminar del asunto que no causa estado.

Considerando lo anterior, se procede al estudio del presente recurso de revisión.


De los antecedentes reseñados y de una lectura íntegra de la sentencia dictada en el amparo directo ***/2012, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito realizó una interpretación directa del artículo 4 constitucional, al pronunciarse sobre la sentencia impugnada en el juicio de amparo.
En las páginas 8 a 16 de la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado interpretó el principio constitucional del interés superior del menor particularmente en su relación con las instituciones jurídicas de la patria potestad y la guarda y custodia, los derechos y obligaciones que derivan de ambas figuras en favor de los ascendientes y en lo que concierne a la forma en la que las autoridades deben analizar a quien se otorga la guarda y custodia de los menores de edad, en los casos en que exista un conflicto entre el interés superior del menor y el deseo de la familia biológica para que dicho menor se reincorpore a su seno.
Atento a lo anterior, es indiscutible que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación directa del artículo 4 constitucional, con el objeto de desentrañar el sentido y alcance de la norma y fijar el sentido del principio constitucional del interés superior del menor57. Lo anterior en aras a determinar si en el caso debía otorgarse a los abuelos maternos la guarda y custodia de un niño que había sido abandonado por su madre en un terreno baldío desde el momento de su nacimiento.
Dicha interpretación constitucional fue recurrida en los agravios expresados en la revisión. La parte recurrente se duele principalmente de que el Tribunal Colegiado haya determinado que, atendiendo al interés superior de la niñez, el niño debía permanecer bajo la custodia del Estado. Los recurrentes estiman que, por el contrario, la convivencia del niño con ellos, sus abuelos maternos, resultará ser lo más favorable para el desarrollo físico, emocional e intelectual del niño, ya que así se salvaguardaría su derecho a desarrollarse dentro del ambiente familiar y social que le corresponde, máxime que consideran que sólo ellos le pueden proporcional al menor el amor y aquellas condiciones necesarias para que se desarrolle plenamente. Por lo mismo, los recurrentes estimaron que el interés superior de su nieto no podía lograrse fuera de su núcleo familiar biológico.
Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve conminada a determinar si la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado de las figuras de la patria potestad y la guarda y custodia de los menores de edad, es acorde con el interés superior del menor, previsto en el artículo cuarto de nuestro texto constitucional.
Por razones similares, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era procedente el amparo directo en revisión 69/2012, de la ponencia del Ministro Cossío Díaz, fallado el 18 de abril de 2012 por unanimidad de cinco votos, el amparo directo en revisión 77/2012, de la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, fallado en sesión de 28 de marzo de 2012 por unanimidad de cinco votos y el amparo directo en revisión 348/2012, de la ponencia del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, fallado el 5 de diciembre de 2012.
Ahora, en lo que atañe a los requisitos de importancia y trascendencia, los mismos también se satisfacen en el caso particular.
Como se ha establecido en los párrafos anteriores, el estudio de las interpretaciones constitucionales implicadas en el juicio de amparo involucra la complicada relación que el principio del interés superior del niño guarda con las instituciones jurídicas de la patria potestad y la guarda y custodia.
En lo que concierne a la patria potestad, recientemente esta Primera Sala ha reinterpretado el sentido en el que debe valorarse dicha figura a la luz del principio constitucional del interés superior de la niñez y los tratados internacionales que desarrollan los derechos fundamentales de los niños. Además, por la estrecha relación que guardan ambas figuras, dichos principios interpretativos también deberán permear en la forma en que se adjudique la guarda y custodia y al analizar aquellos casos en los que el interés superior del menor se pueda ver enfrentado al principio de mantenimiento o reinserción del menor en el núcleo familiar biológico.
Por lo mismo, la decisión y los criterios que se adopten en el presente caso pueden tener un gran impacto en aspectos determinantes para la plena garantía de los derechos de los niños y niñas y, por lo mismo, es de suma importancia que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación califique la corrección de la interpretación constitucional hecha por el Tribunal Colegiado y continúe abundando en su análisis jurisprudencial sobre estos temas que revisten gran importancia, de forma tal que eventualmente se garantice que las decisiones relativas a la guarda y custodia del menor atenderán siempre al interés superior de la niñez.
En consecuencia, existiendo planteamiento de constitucionalidad suficiente para colmar los requisitos de procedencia del recurso de revisión y no habiendo jurisprudencia sobre el tema específico, se determina que el presente recurso de revisión es procedente.
VII. ESTUDIO DEL ASUNTO
Como se expondrá a continuación, los agravios hechos valer por RLP y ASS resultan infundados e inoperantes, por lo que procede confirmar la sentencia recurrida.
Asimismo, es necesario advertir que el estudio que se realizará a continuación no seguirá el orden propuesto por los recurrentes en su escrito de revisión.
Como ha quedado debidamente reseñado, la litis del presente asunto se centra en determinar si, dadas las circunstancias del caso, la resolución del Tribunal Colegiado fue acorde al interés superior del menor al señalar que el niño Cesar Adrián debía permanecer bajo la tutela del DIF o si, por el contrario, el menor debía incorporarse al núcleo familiar de sus abuelos maternos.
Es necesario recordar que CA nació el 27 de noviembre de 2008 en una situación verdaderamente trágica, pues instantes después de su nacimiento, su progenitora –OSL– lo abandonó a su suerte en un terreno baldío en la ciudad de Toluca.
Como consecuencia de ese abandono se le condenó a la pérdida de la patria potestad y, desde entonces, se concedió al DIF del Estado de México la tutela legítima del niño.
Casi siete meses después del nacimiento del menor, en un proceso civil diverso, sus abuelos maternos, RLP y ASS, demandaron al DIF con el fin de que se les otorgara la guarda y custodia del niño CA. Este derecho les fue concedido en primera instancia, pero el DIF apeló dicha determinación y la Sala Familiar eventualmente revocó la sentencia y restituyó al DIF la guarda y custodia del menor.
Esta decisión se sustentó en testimoniales, informes de trabajadores sociales, periciales psicológicas, pruebas genéticas y en especial en el patente desinterés hacía el menor de edad por parte de sus abuelos maternos, pues a pesar de que éstos estaban enterados de la situación de desamparo en la que se encontraba su nieto biológico, no se presentaron en el albergue infantil siquiera para conocerlo, lo que despejaba cualquier duda sobre su preocupación genuina respecto al menor. Asimismo, de las declaraciones de los abuelos maternos se desprendía su verdadera intención al haber solicitado que se les otorgara la guarda y custodia del menor: justificar la actuación de su hija.
El fallo de la Sala Familiar fue confirmado por el Tribunal Colegiado en la sentencia de amparo, donde determinó que atendiendo a los bienes resguardados por el artículo 4 constitucional y diversas disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, no se le podía otorgar la guarda y custodia a los abuelos puesto que la convivencia con ellos podría poner en riesgo la salud física y psicológica de CA, atentando así contra la protección de su interés superior.
Del estudio de los motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión por los abuelos maternos del menor de edad, se aprecia que sus argumentos están encaminados a combatir la interpretación hecha por el Tribunal Colegiado del artículo 4 constitucional. Los recurrentes estiman que atendiendo al principio del interés superior del menor y a los bienes perseguidos con las instituciones de la patria potestad y la guarda y custodia, el mejor desarrollo del niño sólo podría estar garantizado con su reinserción en el entorno de su familia biológica, ya que sólo ellos, sus abuelos, le pueden brindar el cariño y cuidado que su sano desarrollo físico, moral y social requiere.
Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve conminada a determinar si la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado resulta acorde con el interés superior del menor, previsto en el artículo cuarto de nuestro texto constitucional.
Como primer paso, será necesario resolver si el interés superior del menor, determina de alguna forma la interpretación de diversas figuras claves del derecho de familia, como la patria potestad, la tutela por parte del Estado de un menor desamparado, y la guarda y custodia que corresponde en determinados casos a los abuelos de un menor.
En primer lugar, debemos atender a que el interés del menor es el punto de partida y el eje central de la institución de la patria potestad 58.
Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, resulta necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes.
Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas59. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima (v. gr. la protección de la afectividad del menor). Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado (v. gr. imaginemos la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una persona causante de malos tratos. Es evidente que tal concesión es contraria al interés superior del menor). En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones (elegir el régimen de convivencia: custodia compartida o exclusiva).
En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor –y obtener un juicio de valor-, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos –en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural.
El Derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa zona intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales.
En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro60.
Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4° constitucional.
Estudiada la estructura del principio del interés superior del menor y los criterios relevantes para la determinación del mismo en cada caso concreto, corresponde estudiar su relación con la figura de la patria potestad.
Abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y, en particular, de la patria potestad requiere partir de dos ideas fundamentales, que son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica.
En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos61. Al mismo tiempo, no podemos dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez.
Ambas ideas constituyen los vectores en torno a los cuales se configura en nuestro ordenamiento jurídico el régimen de la patria potestad.
Asimismo, es importante destacar que la configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar y superar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos62. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se les encomienda a los padres y ascendientes en beneficio de los hijos (o nietos) y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de los hijos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicho instituto en consideración prioritaria del interés del menor63.
Esto es así ya que, insistimos, la institución que nos ocupa viene marcada por el deber constitucional de protección integral del menor que la Constitución impone tanto a los particulares como a los poderes públicos.
La conclusión inmediata que se deriva de cuanto antecede es que, en todo caso, la decisión de cualquier cuestión familiar suscitada en el marco de las relaciones de patria potestad –y, por extensión, todo conflicto o situación en que intervengan menores o de un modo u otro les afecte debe valorar el beneficio del menor como interés prevalente.
En tal sentido, con carácter general, la aplicación de este principio rector aparece sometida a las siguientes consideraciones fundamentales.
En primer término, el contenido de la patria potestad comprende un conjunto de facultades y deberes, de ámbito personal y patrimonial, enunciados legalmente en abstracto pero cuya adecuada aplicación exige su ejercicio siempre de acuerdo con la personalidad de los hijos.
En segundo lugar, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio fundamental orientador de la actuación judicial en los procedimientos afectantes a los menores, por lo que las estipulaciones y pactos convenidos entre los progenitores no serán homologables si resultan lesivos para los hijos.
En tercer lugar, y de gran relevancia para el caso que nos ocupa, la patria potestad tiene hoy un indudable carácter de función tutelar, establecida en beneficio de los hijos y, por ello, cuando la conducta de los padres o los ascendientes ponga o pueda poner en peligro la integridad o formación del menor, cabe privar o suspender a aquéllos del ejercicio de la patria potestad de conformidad a lo que establezcan las leyes en la materia.
Derivada de esta función tutelar, en determinados casos de incumplimiento, imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección del menor que las leyes ponen a cargo de padres o tutores, el principio del interés superior del menor exige que los poderes públicos intervengan a fin de corregir una situación de riesgo o desamparo en la que se encuentra un menor de edad.
En el caso que nos ocupa, la autoridad judicial determinó que ante el abandono del menor resultaba necesario privar de la patria potestad a la progenitora y decretar la tutela del niño a cargo de una entidad pública: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Dicha decisión se fundamentó en el hecho de que, de conformidad al Reglamento de dicha institución, le corresponde al DIF albergar a los menores que sufran abandono, maltrato, abuso u orfandad y disponer de las acciones, así como de los servicios de asistencia jurídica que sean necesarios para su desarrollo64.
Es necesario señalar que, en estos casos, la tutela que ejerce la institución pública se configura como una medida provisional o transitoria, ya que su finalidad es integrarlos en algún núcleo familiar idóneo65.
Este acogimiento transitorio pretende garantizar la atención del menor, bien hasta que éste vuelva al seno de su propia familia, bien hasta que se determine una medida de protección que revista un carácter más estable, como puede ser la constitución de la adopción.
En definitiva, la intervención del Estado en estas circunstancias responde al principio de integración familiar: se trata de que el menor sea protegido por los poderes públicos, mientras la institución correspondiente encuentra un ambiente familiar que sea idóneo para su normal desarrollo.
En esta misma lógica, y de acuerdo a la legislación internacional, un principio que debe regir la actuación judicial en esta materia es el de reinserción en el núcleo familiar biológico. Este principio está proclamado en la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 diciembre de 1986, así como en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el día 10 de agosto de 1990. En dicha norma se establece que los Estados velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra voluntad de éstos, añadiendo que, no obstante esta norma tiene su excepción cuando, a reserva de la decisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para el interés superior del niño.
Tanto el deber de perseguir el interés de menor, como el principio de de mantenimiento del menor en la familia biológica, considerados en abstracto, constituyen principios de fin o directrices, en cuanto no establecen mandatos genéricos por razón del objeto, sino por razón del fin. En consecuencia, ninguno de ellos impone soluciones determinadas, sino que deben aplicarse mediante una técnica de adecuación a los fines impuestos, con criterios de prospección o exploración de las posibilidades futuras de conseguirlos. En suma, su cumplimiento exige atender a la consecución del interés del menor, mediante la adopción de las soluciones que, por una parte, le sean más beneficiosas y, por otra, permitan la reinserción en la propia familia.
Ahora bien, ambos principios o directrices pueden entrar en contradicción, puesto que las soluciones más adecuadas al interés del menor pueden no ser las que favorezcan el mantenimiento o reinserción en la familia biológica.
Cuando existe esta contradicción se impone una técnica de ponderación que exige valorar el peso atribuido a cada una de las directrices. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que se advierte la superior jerarquía atribuida al deber de perseguir el interés del menor, pues la directriz que ordena procurar la reinserción familiar se subordina expresamente a ella (“cuando no sea contrario a su interés”).
Debe concluirse entonces, que el derecho de los padres biológicos o los ascendientes no es reconocido como principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés preponderante, sino de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que es el interés del menor.
Como se ha reiterado a lo largo de esta sentencia, la adecuación al interés del menor es, así, el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección de los menores. Las medidas que deben adoptarse respecto del menor son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, intelectual e integración social del menor y hagan posible el retorno a la familia biológica; pero este retorno no será aceptable cuando no resulte compatible con las medidas más favorables al interés del menor.
Esta orientación responde a la consagración en el plano constitucional e internacional del favor minoris o interés del menor como principio superior que debe presidir cualquier resolución en materia de protección de menores (artículo 4 constitucional y Convención de las Naciones Unidas de 1989).
En la jurisprudencia internacional son constantes las referencias al superior interés del menor como principio orientador de las medidas de protección frente al interés de la familia biológica, aunque se advierte que éste no resulta desdeñable. Véase por todos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Fornerón e hija vs. Argentina y L.M. vs. Paraguay. Igual sucede en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso WW contra Gran Bretaña.
Atendiendo a lo anterior, es claro que es infundado lo alegado por los recurrentes en su tercer agravio, en el sentido de que el interés superior del menor sólo podía radicar en estar con su familia biológica.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera la doctrina de que para acordar el retorno del menor a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los ascendientes, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación en que se encuentre, incluso si ésta situación es estar bajo la custodia temporal del Estado, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo físico y psíquico.
Atendiendo a lo anterior, y del análisis de la sentencia recurrida, se observa que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación constitucional correcta de lo que implica el interés superior del menor en el estudio de la patria potestad y la atribución de la guarda y custodia de un niño, y en lo particular, en la determinación de que el interés superior del niño CA impedía que sus abuelos pudieran tener su guarda y custodia, dadas las constancias existentes en el expediente, en el sentido de que dichos abuelos no constituían un núcleo familiar idóneo.
Así las cosas, la Sala Familiar y el Tribunal Colegiado, a la vista del conjunto probatorio y de los diversos informes psico-sociales, concluyeron que dada la condición en la que se encuentran los abuelos del menor, se estima aconsejable que el niño siga al cuidado del DIF mientras se continúa con las diligencias oportunas para encontrar un núcleo familiar idóneo para CA. Ambos órganos jurisdiccionales coincidieron en que los abuelos maternos habían mostrado un patente desinterés hacia el menor, pues a pesar de que aquellos estaban enterados del abandono en el que se encontraba su nieto, no hicieron por presentarse en el albergue en el que éste se encontraba, además de que, como ha quedado sentado, su verdadera intención fue la de justificar a su hija66.
No es óbice para llegar a esta conclusión, lo señalado por los recurrentes en el sentido de que la guarda y custodia de un menor no puede desvincularse de la “posesión material” de los niños que, corresponde, a los padres o a los ascendientes.
Como ya se dijo anteriormente, si bien es cierto que la decisión judicial debe tender a mantener o reincorporar al menor de edad en su familia biológica, también lo es que una decisión en sentido contrario puede estar justificada en aras a preservar el interés superior del menor.
Sin duda alguna, la guarda y cuidado de los hijos es uno de los objetos más comprometidos de la decisión judicial que impone la organización futura de cualquier familia. Por lo mismo, en repetidas ocasiones esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, como criterio ordenador, el interés superior de los menores ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia.
Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia.
En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales, y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos.
En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres o sus familias, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores o sus ascendientes, las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bien de los hijos.
El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social67.
En consecuencia, al interpretar la normas relativas al otorgamiento de la guarda y custodia que sean aplicables al caso concreto, el juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los niños, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y de quienes buscan tener la guarda y custodia, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, al igual que la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto68.
En el caso que nos ocupa, tanto la Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de México, como el Tribunal Colegiado de Circuito, han acomodado su actuar a estos estándares, al estudiar las particulares circunstancias de CA, su madre y sus abuelos, y determinaron que un posible retorno a su familia biológica no haría más que empeorar la ya dramática situación del menor.
En pocas palabras, la sentencia recurrida se estructura en base a la exigencia constitucional: es la conveniencia del niño lo que, eventualmente, debe justificar su retorno a la familia de origen y no al revés, como lo alegan los recurrentes.
Dicha conveniencia del menor establecida en el artículo 4º constitucional es la que encomienda a los poderes públicos la protección integral del menor, por lo cual se ha potenciado el protagonismo de la administración pública en este ámbito. En efecto, cuando aquellos a quienes la ley encomienda de manera primordial el ejercicio de las funciones tuitivas, no quieren o no pueden actuar en defensa e interés de un menor, lo deben hacer las respectivas entidades públicas de protección, con la finalidad de adoptar las medidas que permitan librar a un menor de una situación de riesgo o desamparo. Sin embargo, se insiste que esta actuación del estado, una vez desaparecida la situación de peligro se debe encaminar a la búsqueda de un núcleo familiar idóneo, que no necesariamente será el biológico.
En cualquier caso, es importante señalar que este Alto Tribunal considera que las autoridades administrativas y judiciales involucradas en este asunto, deberán asegurar medidas que favorezcan el inicio de una relación fundamentada en el cariño, entre los abuelos y CA, ya que sólo a través de la convivencia y del amor que pueda emanar a través de ella, es que el núcleo familiar compuesto por los recurrentes se puede convertir en idóneo para el menor de edad. Es decir, en un futuro y dependiendo de las circunstancias en que se encuentren los abuelos, el interés superior del menor puede llevar a las autoridades a determinar que la convivencia con sus abuelos le será benéfica.
Por último, es inoperante lo argumentado por los quejosos en su primer agravio, en el sentido de que el Tribunal colegiado debió suplirles la queja deficiente, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo.
Lo anterior, porque a lo largo de esta sentencia se han determinado los motivos por los que la decisión del Tribunal Colegiado, que fue contraria a las pretensiones de los quejosos, es conforme al principio del interés superior y a los intereses propios que se le reconocen al niño. Por lo tanto, la suplencia de la queja deficiente prevista en del artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, no tenía cabida en la sentencia recurrida puesto que esta figura procesal tiene como finalidad proteger los intereses propios de los menores supliendo o mejorando los argumentos en los que el tribunal de amparo advierta alguna causa por la que quepa conceder la protección de la justicia federal.
Asimismo, también resulta inoperante lo argumentado por RLP y ASS en su segundo agravio, donde sostuvieron que el Tribunal Colegiado había violado en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso legal, certeza jurídica y fundamentación y motivación de las sentencias. Dicho agravio está referido a cuestiones de legalidad que son ajenos a la litis constitucional materia del amparo directo en revisión69.
En consecuencia,
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