Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción número 10/2007-pl



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ARectángulo 1MPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2554/2012

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2554/2012
QUEJOSOS Y RECURRENTES: RLP Y ASS


MINISTRO PONENTE: arturo zaldívar lelo de larrea
SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ­­­­­dieciséis de enero de dos mil trece.


Vo. Bo. Ministro

S E N T E N C I A
Cotejo
Recaída al amparo directo en revisión 2554/2012, promovido por los quejosos, RLP y ASS.
I. ANTECEDENTES


  1. Hechos que dieron origen al presente asunto.

Durante la mañana del 27 de noviembre de 2008, en Toluca, Estado de México, nació un varón quien meses después recibiría el nombre de CA1. Poco se sabe respecto a las circunstancias en las que ocurrió el alumbramiento. Sin embargo, un hecho cierto es el que sale a relucir en esta intrincada historia: durante los minutos posteriores a su nacimiento, el infante fue abandonado a su suerte en un terreno baldío. Se sabe, asimismo, que el menor fue encontrado por paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México. Se encontraba desnudo y abandonado, entre rastros de sangre y tierra, con el cordón umbilical cortado de manera irregular, tendido sobre el suelo de ese sitio inhóspito. Los paramédicos trasladaron al recién nacido al Hospital del Niño, con el fin de que recibiera atención médica urgente2, pues el menor sufría insuficiencia respiratoria3.

Debido a este hecho, el mismo 27 de noviembre se inició la averiguación previa número **********. En aras de investigar este hecho, ese mismo día, el Agente de la Policía Ministerial, EMC, se trasladó al hospital en donde se encontraba el menor de edad abandonado. Al arribar a dicho sitio le fue informado el estado del menor y las condiciones en las que fue encontrado. En este momento de la historia permanecía siendo una incógnita quién pudiese ser la madre biológica del menor.

Sin embargo, posteriormente, al agente antes referido, se le giró un oficio para que investigara todo lo relacionado con la averiguación previa **********, la que se encontraba relacionada con una mujer quien había ingresado en la Clínica *** del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la Ciudad de Toluca, con diagnóstico de postparto y sin que se supiese el paradero del producto de su vientre4.

El Agente de la Policía Ministerial se presentó en la clínica mencionada y se entrevistó con la trabajadora social, GS, quien le contó que una mujer de nombre OSL, efectivamente, había ingresado al área de urgencias, acompañada de un hombre llamado IBS, quien había huido precipitadamente de dicho nosocomio, abandonando a su acompañante. La trabajadora social le comentó al agente que la señora OSL se encontraba en el cuarto piso de ese lugar y que la paciente había manifestado que desconocía las causas del sangrado vaginal que padecía y que nunca había estado embarazada5.

Debido a la información proporcionada por la trabajadora social, el agente de la Policía Ministerial decidió entrevistar a la señora OSL. Ella dijo que ese mismo día, 27 de noviembre de 2008, ingresó al lugar en donde laboraba a las 7 horas de la mañana y que a las 8:30 a.m., al mover una caja pesada había necesitado hacer uso del baño. Cuando se encontraba en el baño, sentada en el excusado, se dio cuenta de que sangraba demasiado. En seguida su jefa vio las manchas de sangre en su ropa y le otorgó permiso para ir al médico. Al salir de su centro de trabajo, mientras se dirigía al médico, nuevamente sintió necesidad de expulsar algo de su cuerpo, por lo que se adentró en un terreno baldío en donde pujó y logró expulsar de su vagina una “bolsa negra” que se movía. Después abordó un taxi y se dirigió a su domicilio en donde se encontraba su pareja sentimental, IBS, quien de inmediato la acompañó a recibir atención médica6.

Después de entrevistar a la señora OSL, el agente sostuvo una conversación con el médico SR, quien le indicó que la paciente se encontraba en etapa de puerperio y con un desgarre vaginal de segundo grado7.

En ese momento, el policía ministerial supo que estos dos hechos probablemente se encontraban relacionados, por lo que puso a disposición del Ministerio Público en turno a OSL, quien se encontraba internada en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social mencionada8.

El mismo día de los hechos, el Ministerio Público ordenó la custodia de la señora OSL y ordenó que cuando fuese dada de alta se le trasladara al Ministerio Público de Lerma de Villada, Estado de México9.

El día siguiente, el 28 de noviembre de 2008, un miembro de la Agencia de Seguridad Estatal presentó ante la oficina del Ministerio Público a la señora OSL, al haber sido dada de alta por los médicos del nosocomio en donde permaneció. Asimismo, se retuvo a la señora OSL y se le remitió al área de seguridad anexa a la oficina del Ministerio Público10.

Horas después, la señora OSL rindió su declaración preparatoria. En esta diligencia declaró que tenía la sospecha de tener dos meses de embarazo, sin embargo, que ante esta sospecha no acudió al médico, pues su periodo menstrual es muy irregular. Dijo que no se percató de ningún síntoma de embarazo y que lo único que percibió es haber expulsado un coágulo negro. Manifestó, asimismo, que asustada se retiró del lugar y que nunca pensó que lo que había arrojado fuese un bebé, pues éste no se movía. Después dijo que no deseaba que se le practicara la prueba de genética en relación al ADN, ya que nunca se percató de haber arrojado a un bebé. Finalmente, expresó que en realidad tenía duda de que lo arrojado haya sido un bebé, situación que no negaba pero que tampoco podía afirmar11. Pese a lo anterior, OSL, al ampliar su declaración, sostuvo que después de haber reflexionado, autorizaba que se le practicaran los estudios necesarios para el esclarecimiento de los hechos12.

El 29 de noviembre, el Ministerio Público decretó la detención formal y material de OSL, por la probable comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del menor recién nacido abandonado en un terreno baldío13. En las horas subsecuentes se libró orden de aprehensión14 y se ejerció acción penal15 en contra de OSL por el delito referido.

El 1 de diciembre se despejó cualquier duda respecto a la relación biológica existente entre OSL y el menor de edad abandonado. En dicha fecha el dictamen pericial en materia de genética forense fue rendido. Dicho dictamen fue concluyente: “Con base en el resultado obtenido del estudio genético realizado (…) se establece que el perfil genético obtenido del menor recién nacido (…) corresponde como un hijo biológico de [la señora] OSL, con una probabilidad de maternidad de 99.99%, (…) se considera la maternidad prácticamente probada16.”

El 2 de diciembre se dictó auto de formal prisión en contra de OSL, por el delito de abandono de incapaz, previsto y sancionado por el artículo 254, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracción I y III, 11 fracción I, inciso c) del Código Penal del Estado de México, en agravio de su hijo recién nacido17.

El 10 de diciembre de 2008, es decir, doce días después de haber nacido y de haber ingresado al hospital, el menor abandonado egresó de dicho centro de salud con el diagnóstico de neumonía apical derecha remitida18. Ese mismo día, el menor fue recibido en un albergue temporal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia19, en el que fue nombrado CA “N”20.

El 17 de diciembre del mismo año, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México inició la búsqueda de familiares del menor abandonado. El mismo día, una trabajadora social que laboraba en el albergue en el que se encontraba el menor CA, se presentó en el domicilio de la madre biológica y de los padres de ésta. Al llegar a dicho lugar, se entrevistó con el señor ASS, padre de OSL. Este señor le dijo que conocía del caso y que no se había presentado en el albergue debido a que desconocían el paradero del niño y que además se encontraban finalizando trámites, ya que su hija se encontraba detenida en el Penal de **********. La trabajadora Social le explicó el procedimiento para llevar a cabo una posible reintegración del menor y le solicitó que presentase los documentos que acreditasen el parentesco con el menor cuanto antes21.

Días después, el 16 de enero de 2009, la misma trabajadora social visitó la casa de la señora ABS, madre de la pareja de la Señora OSL -IBS- y presunta abuela paterna del menor. Al llegar a dicho sitio, la trabajadora social trató de entrevistarla, sin embargo, la señora ABS respondió de mala gana que llevaba prisa y que no podía acceder a su petición22.

Al día siguiente, el 17 de enero de 2009, la trabajadora social visitó la casa de los tíos maternos del menor, los señores FSL y su esposa, la señora EEH. Después de entrevistarlos y de observar detalladamente las condiciones del lugar, la trabajadora social sugirió que se presentara otra alternativa familiar para reintegrar al menor debido a que los espacios de la vivienda resultaron ser muy reducidos. Es importante mencionar que en la parte final de este documento se anotó que los abuelos maternos (los hoy recurrentes) no pueden ser alternativa familiar porque la madre del menor vive en el mismo domicilio y que la madre biológica del menor no ha mostrado ningún interés genuino por recuperar a su hijo23.

Desde el 10 de diciembre de 2008, prácticamente durante toda su existencia, el infante ha permanecido en un albergue temporal perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. En la fecha de esta resolución el infante abandonado cuenta con cuatro años de edad.


  1. Juicio de primera instancia

Medio año después, el 17 de junio del año 2009, los señores ASS y RLP, padres de la señora OSL, demandaron en vía ordinaria civil al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y a OSL las siguientes prestaciones: a) la guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de su nieto biológico, quien se encuentra en custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; b) la declaración judicial en la que se tenga por acreditada la familiaridad que los une, como abuelos maternos, con el menor en cuestión; c) la declaración del nacimiento ante el oficial del Registro Civil y; d) el pago de gastos y costas24.

El asunto fue conocido por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, siendo registrado con el número ***/2009. El juzgador dictó sentencia el 17 de enero de 2012, en la que determinó que la parte actora había demostrado su acción25. En esencia, las consideraciones de la sentencia fueron las siguientes:

En primer lugar, el juzgador destacó que mediante sentencia definitiva de 12 de mayo de 2011, dictada en el expediente ***/2009, relativo a la controversia familiar sobre la pérdida de patria potestad, declaró la pérdida de los derechos derivados de la patria potestad que OSL ejercía sobre su menor hijo, por lo que otorgó la tutoría del menor al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

Después, el juzgador entró al fondo del asunto y fundamentó su sentencia en el artículo 4º constitucional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, ordenó realizar de oficio las pruebas periciales en materia de Psicología Clínica y Trabajo Social. El resultado de la primera prueba concluyó que los actores, desde el punto de vista psicológico, cuentan con los recursos mínimos necesarios para hacerse cargo de los cuidados del menor. La segunda prueba concluyó que los actores y la madre biológica están en las mejores condiciones de tener la guarda y custodia del menor.

Por lo anterior, el juez resolvió que la tutela conferida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México carece de materia en razón de que existe quien ejerza la patria potestad del menor CA. Lo anterior, en atención a que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México no ofreció medio de prueba alguno que desvirtuara el parentesco entre los actores y el menor de edad en cuestión, así como que tampoco demostró que resultara perjudicial para el menor la convivencia con éstos, pues no se demostró que estar bajo la guarda y custodia de sus abuelos maternos pudiese comprometer la salud, seguridad y moralidad del menor. En consecuencia, dejó sin efectos la tutela definitiva conferida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

Por lo anterior resolvió que los señores RLP y ASS debían ejercer la patria potestad y la custodia definitiva sobre el menor CA.

Sin embargo, en contra de la resolución anterior, el 27 de febrero de 2012, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México interpuso recurso de apelación26. En su único agravio se dolió, en esencia, de la determinación del juez de primera instancia en el sentido de que los abuelos maternos sean quienes ejercieran la patria potestad del menor CA, pues al DIF le causó agravio que no se haya decretado la tutoría definitiva a su favor.

El argumento toral del recurso de apelación consistió en que el juez realizó una incorrecta valoración de las pruebas y que esta situación lo llevó a pasar por alto que el menor se encontraba en un estado de peligro y que su decisión comprometía la integridad física y moral del menor, pues el hecho de decretar el ejercicio de la patria potestad a favor de los abuelos, únicamente por su relación biológica con el menor y no tomando en cuenta de que los mismos lo dejaron en un completo estado de abandono desde el día de su nacimiento, es una decisión equivocada.


  1. Sentencia de segunda instancia

El recurso de apelación fue resuelto el 4 de mayo de 2012 por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En su sentencia, el tribunal de alzada determinó que era fundado el recurso de apelación y revocó la resolución recurrida. Las consideraciones de la sentencia se resumen a continuación.

La Sala Familiar determinó que el juez de primera instancia valoró incorrectamente las pruebas al resolver respecto al ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia, así como la tutela que fuera decretada a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

La Sala Familiar sostuvo que el juez de primera instancia no advirtió que el menor de edad abandonado se encontraba en un estado de peligro y que su decisión comprometería la integridad física y moral del menor, ya que no tomó en cuenta que los abuelos maternos dejaron al menor en un completo estado de abandono desde su nacimiento. Esta situación de abandono se encuentra plenamente demostrada, pues el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México hizo del conocimiento de los abuelos maternos la permanencia del menor en el albergue temporal. A pesar de saber el estado en el que se encontraba su nieto no realizaron ningún trámite para proteger la integridad del menor que días antes había sido abandonado y puesto en peligro por su madre.



Del análisis que la Sala Familiar realizó de las pruebas que obran en el expediente destacaron las siguientes conclusiones27:


  • Se acreditó que el día 27 de noviembre de 2008 fue abandonado un recién nacido28.



  • Se desprende del expediente que el 17 de diciembre de 2008, veinte días posteriores al abandono, una trabajadora social visitó a los familiares del menor CA, ya que hasta esa fecha ningún familiar se había presentado al albergue a solicitar información respecto a cómo recuperar al menor. Dicha trabajadora se entrevistó con el señor ASS, quien manifestó ser el padre de OSL y estar enterado del caso. El entrevistado también refirió que no se había presentado al albergue porque no sabía en dónde se encontraba el niño. Al finalizar la entrevista se le explicó el procedimiento para llevar a cabo la posible reintegración del menor29.



  • La Sala Familiar señaló que los abuelos maternos no podían ser alternativa familiar para el cuidado del menor porque la madre biológica habitaba en el mismo domicilio. La Sala también concluyó que tampoco podían ser considerados como alternativa para el cuidado del menor la señora OSL y su pareja actual, debido a que no mostraron ningún interés genuino por recuperar al menor30.



  • La Sala Familiar determinó que del reporte psicológico realizado por el DIF, de fecha 27 de abril del 2009, se colige que la señora OSL manifestó que sí supo que había dado a luz a un bebé y que intencionalmente lo había abandonado. Asimismo, se asentó en dicho reporte que durante la entrevista no se detectó arrepentimiento de lo sucedido, ya que en ningún momento expresó la intención de recuperar a su hijo. De hecho, al momento de rendir su primera declaración, negó haber dado a luz. Posteriormente, hasta la fecha en que le realizaron los estudios de ADN cuando se supo que existía una relación biológica entre la señora OSL y el menor CA. A juicio de la Sala, lo anterior denota que el actual interés mostrado por el niño se deriva de una asesoría jurídica para no perjudicarse legalmente31.




  • La Sala Familiar determinó que de diversas testimoniales se desprende que el menor fue dejado en un completo estado de abandono32.



  • La Sala sostuvo que no resultaba creíble lo manifestado por los actores en su demanda, en el sentido de que ellos resultaban ser los familiares idóneos para el cuidado y protección de su nieto, puesto que como se advierte, en tres años no se han presentado en el albergue para conocerlo y que esto denota la falta de un interés por su parte33.



  • Finalmente, la Sala reitera que no existe un interés verdadero por su nieto, en primer lugar, porque la abuela materna manifestó que la más apta para cuidar del menor es su hija. En segundo lugar, el abuelo materno manifestó que la presente demanda la entablaron para ayudar a su hija, quien a su vez tampoco ha demostrado un interés por recuperar a su hijo34.

Después de haber realizado un análisis pormenorizado del material probatorio, la Sala concluyó que el interés superior del menor CA, está por encima de cualquier interés que pudiesen tener los contendientes. Así, al haberse acreditado que la madre del infante atentó contra su vida, al abandonarlo en un terreno baldío, resulta claro que la tramitación del juicio por parte de los abuelos ha sido con el único fin de dispensar la actuación inhumana de su hija35.


Por todo lo anterior, la Sala responsable resolvió revocar la resolución impugnada, declarando improcedente la pretensión de la guarda y custodia promovida por RLP y ASS en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y OSL36.


  1. Juicio de amparo directo ***/2012, del cual deriva el presente recurso de revisión.




  1. Demanda de amparo.

Inconformes con el fallo anterior, el 28 de mayo de 2012, los señores RLP y ASS promovieron juicio de amparo directo, señalando como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y como acto reclamado la sentencia de 4 de mayo de 2012, dictada en el toca de apelación ***/2012. Los quejosos identificaron como parte tercero perjudicado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México37.


Los quejosos expusieron los conceptos de violación que estimaron pertinentes, en los cuales identificaron como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
En la demanda de amparo se plantearon cuatro conceptos de violación, los cuales serán resumidos en los siguientes párrafos.
En el primer concepto de violación38 los quejosos se dolieron de supuestas violaciones a las garantías de legalidad, debido proceso legal, cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento, debida fundamentación y motivación y certeza jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior debido a que la autoridad responsable no tomó en consideración lo dispuesto por los artículos 1.195 y 1.198 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
El segundo concepto de violación39 consiste en que no fue tomada en consideración el acta de nacimiento de su nieto, en la cual consta su relación de parentesco, pues a su entender, dicha documental pública goza de valor probatorio pleno.
Asimismo, los quejosos se quejan de la inobservancia de los siguientes artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México: 1.195, 1.198 y 1.359. Igualmente se duelen de la inobservancia de los artículos 4.118, 4.123, 4.204 y 4.229 del Código Civil del Estado de México.
En el tercer concepto de violación40 los quejosos manifestaron que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso legal, cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento, debida fundamentación y motivación y certeza jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable pasó por alto el contenido de los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 24, 25, 29 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aquí también señalaron que el acto reclamado los había dañado a ellos y a su nieto en su integridad física, psíquica y moral. Igualmente manifestaron que se atacó su libertad y seguridad personal, pues tenían derecho a ser oídos, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil.
Expresaron que tienen derecho a ser respetados en su honra y a que se les reconociera su dignidad, debido a que ellos consideraron haber sido objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada por parte de la autoridad responsable, al determinar que su nieto corre peligro y al afirmar que no han tenido la intención de recuperarlo y que su hija vive en su domicilio.
En el cuarto y último concepto de violación41 los quejosos alegaron que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso legal, cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento, debida fundamentación y motivación y certeza jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la autoridad responsable pasó por alto la Convención sobre los Derechos del Niño. Arguyeron que en el presente asunto no se veló por el interés superior del niño, ya que su nieto no ha contado con los cuidados y protección necesarios para su bienestar. Finalmente, sostuvieron que no se ha respetado el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos su nacionalidad, nombre y relaciones familiares.


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