Sesion pública ordinara numero dieciocho por los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura, el día veintidós de agosto del añO 2018, fungiendo como presidente el diputado francisco javier ceballos galindo



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Artículo 34.- Es facultad del Gobernador y de los Presidentes Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, solicitar al Instituto Electoral someta a plebiscito, propuestas de actos o decisiones de gobierno consideradas por ellos como trascendentales para la vida pública del Estado o de sus respectivas demarcaciones.
Los ciudadanos del Estado o de un municipio podrán solicitar al Gobernador o al Presidente Municipal, en su caso, que se consulte mediante plebiscito la ejecución de una obra de beneficio colectivo. El Secretario General de Gobierno, en caso del Ejecutivo, y el Secretario del Ayuntamiento, en el ámbito municipal, substanciarán el trámite respectivo.
Artículo 35.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o decisiones de gobierno, los del Gobernador del Estado y de los Presidentes municipales, trascendentales para el orden público o interés social, aquellos que vayan a causar un gran impacto en uno o varios municipios en cualquiera de las siguientes materias:
I. Medio ambiente, agua y saneamiento;

II. Salud y asistencia social;

III. Seguridad pública;

IV. Comunicaciones, vialidad y transporte;

V. Educación, cultura y turismo;

VI. Desarrollo económico; y

VII. Desarrollo urbano.
Artículo 36.- En la solicitud a que se refiere el artículo 53 de esta Ley, el Gobernador o los Presidentes Municipales expresarán detalladamente la obra, el acto o la decisión de gobierno, en su caso, y su justificación, así como la finalidad que se persigue.
Artículo 37.- El Presidente del Instituto Electoral procederá en los términos del Capítulo Sexto del presente título.
Artículo 38.- La obra, el acto o la decisión de gobierno no se llevará a cabo si más del 50% de los ciudadanos que participen en el plebiscito, votan en tal sentido, siempre y cuando intervengan cuando menos una tercera parte de los inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la circunscripción territorial que se determine.
Capítulo Quinto

Referéndum
Artículo 39.- Los ciudadanos de la entidad tienen la facultad de solicitar y participar en referéndum, de conformidad con lo previsto por los artículos 18, segundo párrafo y 130 de la Constitución Estatal.
Artículo 40.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por referéndum el proceso de consulta directa a los ciudadanos del Estado con el propósito de que decidan, mediante la emisión de su voto, la derogación parcial o total de una reforma a la Constitución Estatal.
Artículo 41.- Los ciudadanos podrán solicitar por escrito al Congreso la realización de un referéndum, dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha de la publicación en el Periódico Oficial, de una reforma a la Constitución Estatal.
Artículo 42.- La solicitud será dirigida a los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso o, en su caso, de la Comisión Permanente, misma que deberá de contener:
I.- La mención expresa del carácter total o parcial del referéndum. En ambos casos, se deberán señalar el o los artículos correspondientes. El referéndum será total cuando se objete por completo la reforma constitucional correspondiente; será parcial cuando se objete sólo una parte del total del articulado de la misma;
II.- Exposición clara y detallada de las causas que la justifican; y
III.- Un documento anexo, individual de cada uno de los ciudadanos que suscriban la solicitud, en el que expresamente la ratifiquen en sus términos. Dicho documento contendrá, además, el nombre completo y domicilio del ciudadano, clave y folio de su credencial para votar con fotografía, y firma autógrafa.
Artículo 43.- Será procedente la solicitud cuando sea suscrita por el 7%, por lo menos, de los ciudadanos del Estado inscritos en el listado nominal de electores.
Para los efectos de este artículo, el Oficial Mayor solicitará mensualmente, por escrito, al Presidente del Instituto Electoral, la información actualizada del padrón electoral.
Artículo 44.- La solicitud de referéndum se presentará ante la Oficialía Mayor y deberá acreditarse el nombre y domicilio, en la capital del Estado, de un representante común.
Artículo 45.- La Oficialía Mayor será responsable de verificar que la documentación presentada se ajuste a lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley, contando para ello con un plazo improrrogable de 5 días hábiles.
En caso de que se detecte la omisión de alguno de los datos señalados en los artículos 41 y 42 de este ordenamiento, o que el número de los ciudadanos que suscriban la solicitud sea menor al porcentaje mínimo requerido, el Oficial Mayor hará la prevención respectiva, notificará al representante común, le otorgará un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, para subsanar la omisión o completar el porcentaje y lo apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada dicha solicitud.
Artículo 46.- El Congreso dará el trámite correspondiente a la solicitud, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.
Artículo 47.- El Congreso deberá analizar y aprobar, en su caso, el dictamen sobre la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que fue turnada a la Comisión correspondiente. La omisión a esta disposición será causa de responsabilidad oficial, que se substanciará de conformidad con la Ley General.
Artículo 48.- Si el Congreso declara procedente la solicitud de referéndum, expedirá el acuerdo correspondiente, que deberá ser publicado en el Periódico Oficial, y dentro de los 3 días naturales siguientes a su aprobación, lo comunicará por escrito al Presidente del Instituto Electoral, para los efectos a que se refiere el Capítulo Sexto del presente título.
Artículo 49.- Las reformas o adiciones objetadas serán derogadas si más del 50% de los ciudadanos que participen en el referéndum, votan en tal sentido, siempre y cuando intervengan cuando menos una tercera parte de los inscritos en el listado nominal de electores.
Artículo 50.- Una vez que el Congreso reciba la comunicación oficial del resultado del referéndum de parte del Presidente del Instituto, será turnada a la Comisión legislativa que haya tenido a su cargo la formulación del dictamen de procedencia de la solicitud de referéndum, para el efecto de proceder a la elaboración del nuevo dictamen.
Artículo 51.- El Congreso expedirá el decreto que declare la derogación o ratificación de las reformas sometidas a referéndum, en un plazo no mayor de 30 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la comunicación oficial del Presidente del Instituto Electoral.
Capítulo Sexto

De las reglas comunes para la realización del Plebiscito y del Referéndum
Artículo 52.- Los escritos de solicitud de plebiscito o de referéndum, en su caso, deberán dirigirse al Presidente del Instituto Electoral y presentarse ante el Secretario Ejecutivo del mismo, quien asignará un número consecutivo de registro, con la indicación del orden de presentación y su fecha.
Artículo 53.- Los escritos a que se refiere el artículo anterior deberán contener, por lo menos:
I.- Nombre y cargo de la autoridad que los promueve. En caso de tratarse de un órgano colegiado, se deberá anexar copia certificada del acuerdo que apruebe la promoción del procedimiento respectivo;
II.- El precepto legal en el que se fundamenta la solicitud;
III.- Especificación precisa y detallada de la obra, del acto o la decisión de autoridad concreto a realizarse, que será objeto del plebiscito, en su caso; el área territorial que comprenda la consulta, así como la pregunta o preguntas que deberán ser contestadas por los ciudadanos;
IV.- Texto íntegro del o los artículos que serán objeto del referéndum, en su caso, así como la pregunta o preguntas que deben ser contestadas por los ciudadanos;
V.- Nombre del municipio cuya creación se solicita, en su caso, así como la circunscripción territorial que se pretende comprenda;
VI.- Nombre del municipio cuya supresión se solicita, en su caso; y
VII.- Firma autógrafa de la autoridad que promueva.
Artículo 54.- El Consejo General del Instituto Electoral, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del escrito, sesionará para acordar el procedimiento respectivo y expedirá el instructivo conforme al cual deberá realizarse, sujetándose a las bases previstas en esta Ley.
El acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial y al día siguiente de su aprobación en por lo menos 3 periódicos de circulación estatal.
Artículo 55.- En la misma sesión a que se refiere el artículo anterior, el Consejo determinará el costo del procedimiento respectivo.
El costo del referéndum y del plebiscito será cubierto por la autoridad correspondiente.
El Presidente del Instituto Electoral y la autoridad respectiva, de manera coordinada y previamente a la celebración de la sesión respectiva, podrán concertar los ajustes que sean pertinentes al costo proyectado.
El Presidente del Instituto Electoral comunicará por escrito a la autoridad respectiva, el costo del procedimiento aprobado al día siguiente de la sesión. La autoridad deberá cubrir la cantidad correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del escrito mencionado.
Artículo 56.- El instructivo conforme al cual deberá realizarse el procedimiento de consulta ciudadana contendrá, por lo menos:
I.- Modalidad del procedimiento: plebiscito o referéndum;
II.- Ámbito territorial de aplicación del procedimiento, señalando la relación de las secciones electorales donde se sufragará;
III.- Especificación precisa y detallada de la obra, del acto o la decisión de autoridad concreto que pretenda realizarse y que será objeto del plebiscito, en su caso;
IV.- Texto íntegro del o los artículos que serán objeto del referéndum, en su caso;
V.- Nombre del municipio cuya creación se propone, en su caso, así como la circunscripción territorial respectiva;
VI.- Nombre del municipio que se pretende suprimir, en su caso;
VII.- La pregunta o preguntas que deberán ser contestadas por los ciudadanos;
VIII.- El número de ciudadanos que tienen derecho a participar así como el porcentaje mínimo requerido;
IX.- Consecuencia de los resultados que arrojaría la consulta;
X.- Normatividad a la que se sujetará el procedimiento de consulta y plazo para su realización;
XI.- Fechas de integración de las mesas directivas de casilla, así como número y ubicación de las mismas;
XII.- Facultades y obligaciones de los funcionarios de las mesas directivas de casilla;
XIII.- Características y plazos de entrega de la documentación y material de la consulta;
XIV.- Normatividad de la campaña de divulgación; y
XV.- Las demás disposiciones que el Consejo General considere convenientes para la más adecuada regulación del procedimiento respectivo.
Artículo 57.- En la realización de los procedimientos respectivos, el Instituto Electoral contará con los siguientes plazos:
I.- Para plebiscito, hasta 60 días naturales; y
II.- Para el referéndum, hasta 90 días naturales.
Artículo 58.- El Consejo General tendrá facultades para ampliar o modificar los plazos y términos establecidos en esta Ley, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar dentro de los mismos, los actos para los cuales se prevean o así resulte conveniente para un mejor y debido cumplimiento de las etapas del procedimiento respectivo.
El acuerdo que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos del procedimiento electoral, deberá publicarse en el Periódico Oficial, y al día siguiente de su aprobación en cuando menos 3 periódicos de circulación estatal.
Artículo 59.- Según las necesidades del procedimiento, su naturaleza y el ámbito territorial de aplicación, el Consejo General, establecerá la estructura mínima para que se realice adecuadamente el plebiscito o el referéndum.
Los Consejos Municipales Electorales colaborarán con el Consejo General para la mejor y más adecuada realización del procedimiento de consulta ciudadana, en los términos señalados en el instructivo.
Artículo 60.- La integración de las mesas directivas de casilla se sujetará a las siguientes disposiciones:
I.- Se nombrarán a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en las últimas elecciones que se hubieren celebrado en el Estado o en el municipio. En caso de no localizarse a los propietarios, se requerirá la prestación del servicio a sus respectivos suplentes; y
II.- Si no se completare el número de funcionarios de casilla necesarios con la aplicación de la fracción anterior, se estará a lo que disponga el Consejo General por medio de acuerdos, para que designe a los funcionarios de casilla necesarios para completar el número previamente establecido.
Artículo 61.- El Consejo General decidirá el número y ubicación de las casillas, debiendo establecerse, por lo menos, una casilla por cada 3 secciones electorales contenidas en el área territorial donde se aplicará el procedimiento.
Artículo 62.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo General, debiendo contener, por lo menos, los siguientes datos:
I.- Entidad, distrito electoral, municipio y sección electoral, de conformidad con la modalidad del procedimiento y con la aplicación territorial del mismo;
II.- Sellos y firmas impresas del Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo;
III.- Talón desprendible con folio;
IV.- En su caso, la o las preguntas con respecto a si el ciudadano:


    1. Deroga o ratifica de manera íntegra los artículos que se someten a referéndum;




    1. Si está o no de acuerdo con la obra, el acto o la decisión de gobierno sometido a plebiscito; y




    1. Si está o no de acuerdo con la creación o supresión del municipio correspondiente.


V.- Cuadros o círculos para el SI y para el NO; y
VI.- El articulado objeto de referéndum, la descripción completa de la obra, del acto o la decisión de gobierno sometido a plebiscito o la circunscripción territorial del municipio que se pretende crear, en su caso.
Artículo 63.- En el procedimiento de consulta ciudadana no se observarán las disposiciones del Código Electoral relativas al establecimiento y actuación de la figura jurídica de representantes de los partidos políticos o coaliciones, así como sus facultades, derechos y obligaciones. Los solicitantes a través de su representante común, podrán acreditar un representante en cada una de las casillas.

 

Artículo 64.- Campaña de divulgación es la actividad que el Consejo General realiza en forma exclusiva, a efecto de que los ciudadanos conozcan, en su caso, los argumentos en pro y en contra de:


I.- La derogación de la reforma a la Constitución Estatal;
II.- La obra, el acto o la decisión de gobierno que se consulta; y
III.- La creación o supresión de un municipio.
Dentro de las actividades que emprenda el Consejo General como parte de la campaña de divulgación, se contemplan la utilización de medios masivos de comunicación, la realización de debates y todas aquellas acciones y eventos que tengan como propósito lograr la mayor información de los ciudadanos sobre el proceso de consulta respectivo.
La utilización de recursos públicos, por entidades y dependencias, tendientes a influir en la voluntad del ciudadano, así como la infracción a lo dispuesto por este artículo, será causa de responsabilidad.
Artículo 65.- Las mesas directivas de casilla harán el cómputo de los votos emitidos, levantarán las actas respectivas y remitirán los resultados el mismo día al Consejo Municipal correspondiente, el cual deberá sesionar al día siguiente para realizar el cómputo municipal, debiendo entregar el acta correspondiente al Consejo General al día siguiente.
El Consejo General celebrará sesión para efectuar el cómputo final de los votos emitidos en el procedimiento de consulta ciudadana, el miércoles siguiente al de la jornada de consulta ciudadana.
El Presidente del Instituto lectoral comunicará por escrito, al día siguiente de la sesión, a la autoridad que solicitó el plebiscito o al Congreso, en el caso de referéndum o de plebiscito para crear o suprimir municipio, el resultado de la votación emitida.
Artículo 66.- En la realización de un procedimiento de consulta ciudadana, previsto en este capítulo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Electoral del Estado, en lo conducente.
Capítulo Séptimo

Contralorías Sociales

Artículo 67.- Se considera contraloría social a los ciudadanos y asociaciones de éstos que por disposición de esta Ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo o de los Ayuntamientos, de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos, así como de los recursos asignados a los Poderes Legislativo y Judicial.

En los municipios cuyos habitantes sean menores a veinte mil habitantes, solo existirá una contraloría social por municipio.



Artículo 68.- Los colegios o asociaciones de profesionistas, las asociaciones civiles que tengan como objeto social el fomento de la participación ciudadana en materia política o cívica y las asociaciones de vecinos de cualquiera que sea su estatus legal, así como los ciudadanos en general, tendrán derecho de ejercer una función como contralorías sociales. Para acreditarse como contraloría social, los interesados deberán presentar solicitud por escrito ante los titulares de las entidades de la administración pública central y paraestatal del Estado o los municipios, el Poder judicial, el Congreso y los Organismos Públicos Autónomos.

Artículo 69.- La naturaleza de la información ya sea pública, reservada o confidencial será la que establezca la Ley de Transparencia.

Artículo 70.- Las entidades públicas del Estado o los municipios, así como de sus organismos descentralizados, fideicomisos públicos, el Poder Judicial, el Congreso y los Organismo Públicos Autónomos, están obligados a proporcionar la información y documentación que les sea solicitada en términos de la Ley de Transparencia, por las contralorías sociales; con excepción de la considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley de la materia.

Las contralorías sociales estarán legitimadas para solicitar la sanción correspondiente al servidor público responsable, mediante la promoción por escrito ante la autoridad competente de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia.



Artículo 71.- La contraloría social, no podrá responder a intereses políticos, religiosos, económicos o cualquiera que resulte incompatible con los fines propios de la función, misma que será honoraria y gratuita.

Artículo 72.- Con su participación social, las contralorías sociales en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrán impedir, retrasar o suspender la ejecución de obras, programas, proyectos o contratos, ni obstaculizar el desempeño de las funciones que por ley le corresponden a las dependencias y entidades de la administración pública central y paraestatal del Estado o los Municipios, el Poder Judicial, el Congreso y los Organismos Públicos Autónomos.

Artículo 73.- Los ciudadanos participantes en las contralorías sociales se encontrarán impedidos para el desempeño de sus funciones, en los supuestos que establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

Artículo 74.- El mal uso de la información o documentación a la que tengan acceso las contralorías sociales o sus miembros participantes, será sancionado en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 75.- Las dependencias y entidades de la administración pública central y paraestatal del Estado o los Municipios, así como de sus organismos descentralizados, fideicomisos públicos, el Poder Judicial, el Congreso y los Organismos Públicos Autónomos deben expedir las normas, dentro del ámbito de su competencia, para reglamentar las contralorías sociales registradas en cada uno de sus entes públicos.

Capítulo Octavo

Presupuesto Participativo

Artículo 76.-. El presupuesto participativo es el mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos, por medio de las asambleas ciudadanas o juntas de vecinos que existan en el sector o fraccionamiento respectivo, eligen y definen los proyectos, realización de obras o ejecución de programas a cargo del presupuesto de egresos municipal en esta modalidad, bajo la administración, ejecución y responsabilidad de las autoridades municipales correspondientes.

Artículo 77.- Los egresos que tengan el carácter de presupuesto participativo deben cumplir con las obligaciones fiscales y de fiscalización superior que establezcan las leyes respectivas, así como con las normas de control administrativo que establezcan los municipios.

Artículo 78.- Es responsabilidad de los Ayuntamientos definir las partidas presupuestales y programas específicos que se sujetarán a la modalidad de presupuesto participativo; y lo harán partícipes a las asambleas ciudadanas, juntas, asociaciones del fraccionamiento o sector que corresponda. Asimismo, estas instancias podrán solicitar al Ayuntamiento correspondiente la asignación de una obra o la ejecución de un programa que beneficie a su ámbito territorial que se propone deban ejecutarse bajo dicha modalidad de presupuesto participativo.

Artículo 79.- Las autoridades que administren los recursos públicos sujetos a presupuesto participativo, son responsables de la trasgresiones a las leyes o reglamentos que se ocasionen en su ejecución o administración. Tal supuesto no exime de la responsabilidad que pudiere derivarse en la acción u omisión del servidor público que tenga a su cargo la vigilancia del ejercicio del presupuesto participativo.

Artículo 80.- Los ciudadanos podrán solicitar a las autoridades todo tipo de información relativa a la ejecución o administración del presupuesto participativo; y deberán hacer partícipe de sus decisiones en la materia a las asambleas ciudadanas, juntas, asociaciones o comités ciudadanos del fraccionamiento o sector que corresponda.

Artículo 81.- Los Ayuntamientos expedirán su Reglamento en materia de presupuesto participativo, sin contravenir las disposiciones previstas en esta Ley.

Capítulo Noveno

Consejos Consultivos Ciudadanos

Artículo 82.- Los consejos consultivos son organismos de participación ciudadana para la asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración pública estatal y municipal.

Artículo 83.- Para cada una de las dependencias, organismos o entidades de la administración pública del Estado y de los municipios, que no cuenten con otro organismo colegiado de participación ciudadana con fines similares, se constituirá un consejo consultivo ciudadano que funcionará colegiadamente y cuyo seguimiento y vigilancia estará a cargo de la dependencia, organismos o entidad correspondiente.

En los municipios cuyos habitantes sean menores a veinte mil habitantes, solo existirá un consejo consultivo ciudadano por municipio.



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