Sesion pública ordinara numero dieciocho por los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura, el día veintidós de agosto del añO 2018, fungiendo como presidente el diputado francisco javier ceballos galindo


IX. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud, de conformidad con la legislación aplicable; X



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IX. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud, de conformidad con la legislación aplicable;

X. Coadyuvar con las dependencias federales competentes en la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de salud;

XI. Promover el establecimiento de un Sistema Estatal de Información Básica en la materia;

XII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, estatales y federales, para formar y capacitar recursos humanos para la salud;

XIII. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud, sean congruentes con las prioridades de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud;

XIV. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; así como fomentar la cultura de la donación voluntaria de órganos y la donación voluntaria altruista de sangre;

XV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en la materia;

XVI. Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de Salud; y

XVII. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 25.- La Secretaría promoverá la participación en el Sistema, de los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos.

Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos.



Artículo 26.- La concertación de acciones entre la Secretaría y los sectores social y privado, se realizará mediante convenios y contratos, que se ajustarán a las siguientes bases:

I. Definición de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores social y privado;

II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que lleve a cabo la Secretaría;

III. Especificación del carácter operativo de la concertación, con reserva de las funciones de autoridad de la Secretaría; y

IV. Expresión de las demás estipulaciones que en acuerdo establezcan las partes.

Artículo 27.- La competencia de las autoridades sanitarias en la planeación, regulación, organización y funcionamiento del Sistema, se regirá por las disposiciones de esta Ley y demás normas generales aplicables.

Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población.

La acción popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso el señalamiento de los datos que permitan localizar la causa del riesgo o daño.

Artículo 28.- La Secretaría, con la participación que corresponda al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, elaborará el programa respectivo de salud, tomando en cuenta las prioridades y servicios del Sistema.

Artículo 29.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno del Estado de Colima, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos en el Código Penal para el Estado de Colima, cuando la mujer interesada así lo solicite. Para la cual, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud.

La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de cinco días, contados a partir de que sea emitida la autorización del Ministerio Público, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

En los casos de aborto contemplados en las fracciones II, III y IV del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Colima, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

Artículo 30.- Los prestadores de los servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por el Código Penal para el Estado de Colima, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con un médico no objetor.

Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia.



Artículo 31.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar y anticonceptiva es prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales tendentes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito principal reducir el índice de embarazos no deseados, mediante la prevención, disminuir el riesgo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.



El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la atención a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente otorgando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la materia, así como el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente. También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 32.- Los servicios de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar y anticoncepción comprenden:

I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar y anticoncepción, con base en los contenidos científicos y estrategias que establezcan las autoridades competentes;

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar y anticoncepción;

III. La asesoría para la prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y anticoncepción a cargo de los sectores público, social y privado, así como la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por las autoridades competentes y en los términos que las disposiciones normativas lo establezcan;

IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;

V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, de planificación familiar y anticoncepción;

VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra infecciones de transmisión sexual;

VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsables, la prevención de embarazos no planeados y no deseados;

VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población demandante, particularmente en los grupos de riesgo;

IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de salud sexual y reproductiva; y

X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH-SIDA.

Capítulo II

Atención Materno-Infantil

Artículo 33.- Toda mujer en el Estado de Colima tiene derecho a la maternidad. Para posibilitar este derecho fundamental de las mujeres, el Estado fomentará y propiciará las condiciones para hacerlo efectivo. Asimismo, podrá celebrar convenios de coordinación con la Federación, otros Estados y los Municipios para la consecución de este objetivo.

La protección materno-infantil abarca el período que incluye el embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentran la mujer y el producto. Dicha protección tiene carácter prioritario y comprende, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes acciones:



I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal; así como la prevención, detección y, en su caso, atención de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, incluyendo la aplicación de la prueba del tamiz ampliado;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados; y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, promoviendo la integración y el bienestar familiar.

Artículo 34.- Toda mujer en el período de protección materno-infantil tendrá las siguientes prerrogativas:

I. Con relación al ejercicio igualitario de sus derechos:

a) Gozar de estabilidad en el empleo, cargo u ocupación que desarrolle, a no desempeñar jornadas laborales nocturnas, a no ser discriminada por el hecho de estar embarazada, a tener acceso al trabajo en las mismas condiciones que las mujeres no embarazadas y gozar de doce semanas de descanso, en los términos de lo señalado por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos, y Organismos Descentralizados del Estado;

b) Ocupar cargos de elección popular o de designación en los órganos de gobierno del Estado o Ayuntamientos, en igualdad de condiciones que lo hacen los varones o mujeres no embarazadas;

c) Recibir educación, por lo que no podrá restringirse el acceso de las mujeres embarazadas a los centros de educación pública o privada;

d) Accesar a los Centros de Atención a la Mujer, gubernamentales o privados; y

e) Recibir la ayuda psicológica o psiquiátrica durante el embarazo y después del parto, cuando se trate de embarazos no previstos. Esta ayuda deberá hacerse extensiva al padre, madre y demás familiares, principalmente, cuando la madre sea menor de edad.

II. Con relación a la prestación de los servicios de salud, las mujeres embarazadas tienen los siguientes derechos:
a) Ser informadas sobre las opciones disponibles legalmente en relación con el embarazo, el parto y la crianza de sus hijos y a recibir información detallada sobre todos los lugares, profesionales y métodos disponibles para el parto;
b) Recibir información completa y actualizada sobre los beneficios y riesgos de todos los procedimientos, fármacos y pruebas que se usan durante el embarazo, parto y posparto;
c) Que no se emplee en forma rutinaria prácticas y procedimientos que no estén respaldados por evidencias científicas;
d) Otorgar su consentimiento informado sobre los probables beneficios y riesgos potenciales inherentes a la intervención profesional;
e) Elegir métodos no farmacológicos de alivio del dolor, utilizándose analgésicos o anestésicos solo si estos son requeridos específicamente para corregir una complicación;
f) Conocer el nombre y la calificación profesional de la persona que les administra un medicamento o le realiza un procedimiento durante la gestación, trabajo de parto y parto;
g) Ser informadas acerca de cualquier afección conocida o sospechada de sus hijos;
h) Acceder a su historia clínica y solicitar una copia de la misma;
i) Recibir una atención cultural apropiada, es decir, una atención sensible, que responda a las creencias y valores, así como a las costumbres específicas de etnia y religión de la madre; y
j) A ser informadas sobre el sistema de orientación y quejas disponibles para inconformarse por la prestación de los servicios de salud.
Artículo 35.- Durante el embarazo, se establecen las siguientes prohibiciones:
I. En cualquier actividad que desarrolle la mujer embarazada, no podrá ser expuesta al contacto con agentes infectocontagiosos e inhalación de substancias tóxicas volátiles, o a trabajar en áreas con emanaciones radioactivas o contacto con substancias materiales o fluidos explosivos o peligrosos. Tampoco se les podrá obligar a realizar actividades físicas vigorosas, violentas o de levantamiento de pesos y cargas que pongan en riesgo su salud y la del bebé.
Las mujeres que realicen actividades de pie en su trabajo, contarán con el derecho a sillas o asientos cómodos que les permitan reducir el agotamiento y los riesgos de salud inherentes; y
II. No se podrá negar el acceso a mujeres embarazadas con hijos en infancia temprana, a los establecimientos mercantiles de acceso al público bajo regulación del Estado o los Municipios, a menos que se trate de prohibiciones fundadas y acreditadas en la misma ley o que pongan en riesgo su salud o la de sus hijos.
Artículo 36.- En el caso de mujeres embarazadas a las que haya sido diagnosticado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contarán además con atención especializada a efecto de garantizar su salud y la del niño en gestación, otorgando las mejores condiciones de atención médica procurando que los responsables de la atención cuenten con la certificación de médico especialista, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Salud.
Asimismo, se deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de la madre, del padre y del niño en todo momento, conforme a la legislación aplicable.
Tratándose de partos prematuros o de madres con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el Estado podrá llevar a cabo acciones que garanticen atención médica y quirúrgica especializada bajo los más altos estándares de calidad en el servicio de la salud.
Artículo 37.- A partir del momento en que un médico del servicio de salud público o privado tenga conocimiento de que una de sus pacientes se encuentra embarazada, tiene la obligación de informarle sobre la existencia de estas disposiciones, de su objeto y de la protección que brinda a las mujeres embarazadas.
Deberá enfatizarse la difusión de esta información, tratándose de población con desventaja socioeconómicas y embarazadas adolescentes.
Artículo 38.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema, y de este modo adoptar las medidas conducentes.
Artículo 39.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;
III. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;
IV. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años; y
V. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.
Artículo 40.- La Secretaría impulsará la participación de los sectores sociales y privados, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil, mediante la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, en el ámbito de su competencia.
Lo anterior tendrá la finalidad de poner a disposición de las mujeres embarazadas, la información sobre la prestación de servicios médicos en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para acceder a éstos.
La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.

Artículo 41.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I.- Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil;

II.- Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes; y

III.- La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas.

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias al Diputado Octavio Tintos Trujillo, en el uso de la voz el diputado José Guadalupe Benavides Florián.

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.

Artículo 42.- En materia de higiene escolar, deberán seguirse las normas oficiales mexicanas establecidas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.



Capítulo III

Atención y Protección a las Personas con

Trastornos del Espectro Autista
Artículo 43.- En los servicios de salud, se garantizará la asistencia especializada que requieren las personas con trastornos del espectro autista, para su desarrollo integral.
Las personas con trastornos del espectro autista tienen derecho a no ser discriminadas en ningún momento ni ámbito de su vida por su condición.
Artículo 44.- El Estado, adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro autista.
Artículo 45.- La protección y atención de la salud física y mental de las personas con trastornos del espectro autista, será una responsabilidad que compartirán el Estado, la sociedad en general, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos.
Artículo 46.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención de las personas con trastornos del espectro autista, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. Procedimientos para garantizar la asistencia especializada que requieren las personas con trastornos del espectro autista, para su desarrollo integral;
II. Procedimientos que permitan la detección temprana de los trastornos del espectro autista sobre las personas que los padecen, con la finalidad de intervenir oportunamente, en los tratamientos, rehabilitación, educación y suministros de los servicios especiales que necesitan;
III. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la atención de las personas que presenten estos trastornos;
IV. Acciones de protección y fomento al respeto hacia las personas con trastornos del espectro autista; y
V. Acciones para capacitar y orientar a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista, con la finalidad de procurar su desarrollo integral.
Artículo 47.- La Secretaría impulsará la participación del sector público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las personas con trastornos del espectro autista, mediante redes de apoyo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Lo anterior tendrá la finalidad de poner a disposición de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista, la información sobre la prestación de servicios médicos y de educación especial que estas personas requieren para su desarrollo integral, así como el apoyo para acceder a estos.
Artículo 48.- En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la Secretaría promoverá la realización de campañas para exponer la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.
Artículo 49.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia, difundirán, fomentarán y supervisarán:
I. Los programas para padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista, destinados a protegerlos en cualquier ámbito y lograr su desarrollo integral;
II. Las instituciones de salud y educación especializada para las personas con trastornos del espectro autista;
III. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas al desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro autista; y
IV. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en riesgo la salud física de las personas con trastornos del espectro autista.
Artículo 50.- En materia de higiene escolar, las escuelas que brinden educación especializada para las personas con trastornos del espectro autista, deberán apegarse a las normas oficiales para proteger su salud.
Capítulo IV

Salud Mental
Artículo 51.- La salud mental se define como el bienestar biopsicosocial que experimenta de manera consciente una persona, como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad.
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