Sesión ordinaria número cuatro, celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la quincuagésima séptima legislatura constitucional, el día veintiuno de octubre del año dos mil catorce



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CUARTO.-Mediante oficio No. 3021/014, de fecha 19 de septiembre de 2014, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentada por el Diputado Luis Fernando Antero Valle y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acciona Nacional.
QUINTO.-Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, sustancialmente señala que:
“Con la finalidad erradicar definitivamente de nuestra entidad la práctica de la tortura, en el presente documento se despliega una propuesta para establecer, en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, medidas y acciones, así como obligaciones precisas de las autoridades que intervienen en las detenciones y custodia de personas privadas de libertad; ello en razón de que la insuficiencia legislativa que existe en la materia ha creado el contexto jurídico adecuado para que estas atrocidades, que atentan contra la dignidad humana de los colimenses, sigan existiendo.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su artículo 1º define a la tortura como el acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que la tortura es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo lugar y momento, ya que ni la más extrema circunstancia es suficiente para justificarla; es la mejor expresión del abuso del poder, con la que la dignidad humana del torturado y los valores fundamentales de la sociedad sufren un gravísimo atentado.
La tortura es una de las violaciones más horrendas de los derechos humanos de las personas. Se encuentra expresamente prohibida en el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en nuestra entidad.
Es decir, la prohibición de la tortura está universalmente reconocida y se encuentra recogida en instrumentos internacionales, regionales y locales de derechos humanos, que reconocen su carácter absoluto y no derogable, puesto que se impone en todo lugar y momento, tanto en tiempos de paz como de guerra.
En conclusión, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho internacional en lo que ve a la prevención de la tortura, se remite a este H. Congreso del Estado una propuesta para la existencia de medidas concretas en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura que erradiquen de una vez y para siempre actos de tortura en el Estado de Colima.”
SEXTO.- Es importante mencionar que para la elaboración del presente Dictamen, esta Comisión ha tenido a bien invitar a profesionales de la materia para fortalecer los argumentos que sustentan el mismo; siendo necesaria la realización de reuniones de trabajo para realizar de manera conjunta el estudio y análisis correspondiente, mismas que se llevaron a cabo los días 17,18 y 19 de septiembre del año en curso en la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica” de esta Soberanía, en las cuales se contó con la participación del Licenciado José Francisco Osorio Ochoa, Representante del Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial; la Licenciada Ixcida Esmeralda Delgado Machuca, Representante de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; El Licenciado Víctor Hugo Galván, Representante de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; el Licenciado Abelardo García Luna, Representante del Poder Judicial del Estado; El Doctor Mario de la Madrid Andrade, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; El Licenciado Carlos Miguel González Fajardo y la Licenciada Lourdes Edith Pérez Vuelvas, Representantes de la Secretaría de Seguridad Pública; El Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Representante de la Secretaría General de Gobierno; El Ciudadano Zenén Campos Beas, Presidente de la Federación de Transporte Urbano y Sub-urbano del Estado de Colima; El Doctor Jorge Fuentes Delgado, Representante del Poder Judicial del Estado; El Licenciado Sergio Sierra García, Representante de la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima; El Licenciado J. Jesús Preciado Barreda, Representante del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; El Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima; El Licenciado Mario Hernández Briseño, Representante del Colegio de Abogados del Municipio de Tecomán; y El Licenciado Giovanni Alejandro Estrada Islas, Representante de la Barra de Abogados de Colima “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”; el Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, entonces Director Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, así como los asesores jurídicos de la misma Dirección, los Licenciados Juan Pablo Carrazco Fernández, Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez y Joel Guadalupe Martínez García; el Licenciado Enrique Velasco Cabrales, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; el Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; y por último El Maestro en Ciencias Hugo Ramiro Vergara Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.
Asimismo, en la reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión que dictamina, se invitó a la misma a los integrantes de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria, para que manifestaran su posicionamiento sobre el costo beneficio de la iniciativa que se dictamina, lo anterior, en virtud de tratarse de una nueva ley; manifestando su conformidad con los alcances del presente documento.
SÉPTIMO.- Como parte de los trabajos de estudio y análisis de las iniciativas que se dictaminan, los integrantes de la Comisión que dictamina, conocedores de la existencia de la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Orlando Lino Castellanos integrante del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, turnada a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, con fecha 30 de julio de 2014, hemos acordado retomar el tema previsto en la misma por coincidir con el que se dictamina en este documento y, con ello, dotar de facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que pueda realizar visitas a los centros penitenciarios estatales y municipales, tanto preventivos como definitivos, para que actúe en defensa de los imputados y vele por que se respeten sus derechos y no sean objeto de vejaciones, tratos crueles o inhumanos por parte de la autoridad.
Lo anterior no implica una invasión a la esfera de competencia de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por lo que se deja a salvo su derecho de dictaminar la misma en los términos que así lo consideren sus integrantes.
OCTAVO.-Una vez realizado el estudio y análisis de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto descritas en los considerandos anteriores, esta Comisión dictaminadora ha decidido dictaminarlas en el mismo acto, al contener reformas en materia de prevención y sanción de la tortura, ponderando lo propuesto por cada uno de los iniciadores para integrar un solo documento.
Al respecto, se considera viablearmonizar la legislación estatal en materia de prevención y sanción de la tortura al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que será implementado en el Estado, y que tiene como finalidad hacer más eficientes los procesos y mejorar la procuración de justicia, respetando los derechos humanos de los imputados.
De esta manera, el 27 de noviembre de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura”, y a nivel estatal, mediante Decreto 81 de fecha 13 de mayo de 1995, fue publicada la “Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura”, ambas con la finalidad de erradicar esta conducta en la función pública, la cual viola los derechos humanos de los ciudadanos.
Asimismo, en junio del 2011, en nuestro país se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que tuvo por objeto que las autoridades garanticen y respeten ampliamente los derechos inherentes a cada persona.
Por otro lado, desde la perspectiva del Derecho Internacional, los Estados parte tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, como lo es el caso del Estado mexicano, el cual ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, mismos que han dado como resultado la creación de nuevas normas relativas a erradicar, prohibir y sancionar estas actividades, con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas imputadas.
Con motivo de lo anterior, nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de tortura, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, instrumentos que obligan a los Estados parte a crear normas que prohíban la tortura y los malos tratos, sin que su comisión quede justificada en ningún caso, por ello, la importancia de la existencia de normas que se ajusten a los criterios internacionales.
El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y toda persona privada de libertad deberá ser tratada con respeto en razón de la dignidad inherente al ser humano.
Los integrantes de la Comisión, sabemos que a pesar de la normatividad existente en la materia, hoy en día la tortura sigue siendo un desafío en nuestra entidad, motivo por lo cual, los integrantes de esta Comisión que dictamina consideran acertada la realización de una reforma integral al marco normativo en materia de tortura, decantándonos por crear una ley que venga a integrar las figuras jurídicas más avanzadas para la prevención y en su caso sanción de la tortura; tomando como base la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Estatal, dado que del análisis realizado acordamos la creación de una nueva ley que se ajuste a la realidad actual, toda vez que la tortura no es el único acto violatorio de derechos humanos que puede ejecutar la autoridad, existiendo otros, como el trato cruel, inhumano o degradante, que se define como el acto por el que se inflige sufrimiento mental, físico, angustia, humillación, miedo o degradación pero que no llegan a constituir tortura, mismo que en la norma vigente no se encuentra establecido y es de gran relevancia su existencia para la implementación del sistema penal acusatorio que busca proteger la integridad personal del individuo que es privado de la libertad por las autoridades.
Con la finalidad de integrar ambas propuestas, se han tomado disposiciones jurídicas de la iniciativa realizada por el grupo legislativo del Partido Acción Nacional, para contar con una ley mucho más consensada e integral, que trate la tortura desde todos los ámbitos posibles, en tal virtud, se cuidó que el proyecto de ley acogiera las propuestas modulares de ambas iniciativas, haciendo hincapié en las relativas a la prevención y sanción de la tortura, con énfasis también en los tratos crueles o denigrantes.
Respecto a la integridad de las personas, que es el bien jurídico tutelado, es importante que la norma restrinja a las autoridades estatales la realización de conductas prohibidas o cualquier otro acto no deseado por el individuo, recordemos que la integridad personal es la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, por lo tanto, constituye un derecho humano que deben ser salvaguardado por el Estado.
Por otra parte, una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal, es la prevención de la tortura, por lo tanto, para que nuestra entidad no se vea inmersa en una crisis de violación a los derechos humanos, es importante implementar reformas que se ajusten a los nuevos cambios normativos, tanto a nivel nacional como internacional.
La importancia de crear una nueva ley en materia de tortura proviene de evitar que las autoridades realicen conductas que impliquen violaciones a los derechos humanos, además de que es una obligación del Estado proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, de conductas de otros particulares, por tal motivo, los integrantes de esta Comisión que dictamina coinciden con la propuesta de los iniciadores, ya que deben de adoptarse las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar toda violación a los derechos humanos, además, del restablecimiento, si es posible, del derecho vulnerado y, en su caso la reparación de los daños producidos por tal violación.
Dentro del contenido de la ley se busca mejorar la impartición de justicia en el sistema penal estatal, protegiendo los derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentran sometidas a cualquier forma de privación de la libertad, así como prevenir y sancionar cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Para hacer efectivo lo anterior se capacitará a los órganos relacionados con la procuración de justicia, seguridad pública, custodia y tratamiento de adultos o menores sometidos a detención, arresto o prisión, cursos en los que podrá participar la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Así, quienes pretendan ingresar y permanecer en las instituciones en la materia, deberán cumplir con los programas que al respecto se establezcan.
De igual manera, se amplía la protección de los derechos humanos no solo tratándose de actos de tortura sino también para cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante que violen o atenten gravemente contra la dignidad humana, así como aquellos métodos que anulen la personalidad de la víctima o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Se establece quiénes serán los sujetos responsables del delito de tortura o tratos crueles, siendo estos, las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública, los servidores públicos o terceros instigados o autorizados por los propios servidores públicos. Las penas para estos sujetos serán multa, inhabilitación de cualquier cargo o, pena privativa de la libertad, sanciones que aumentarán en una mitad más cuando se cometan en perjuicio de menores de edad, personas incapaces o sean adultos mayores de 70 años. De la misma forma, todos los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de un hecho de tortura estarán obligados a denunciarlo, de lo contrario recibirán la pena correspondiente.
Una regla fundamental en materia de prevención de actos de tortura, es que la declaración o información que se compruebe haber sido obtenido mediante tortura o algún otro trato cruel, será nula y no podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso y mucho menos existirá justificación alguna para la ejecución de estos actos.
Todo procedimiento penal que se ejerza contra una persona se regirá bajo el principio de presunción de inocencia, informándole los motivos y cargos que se les imputan y, durante todas las etapas del proceso deberán de ser respetados sus derechos, garantizarse en todo momento la salud e integridad física de toda persona sometida a investigación, retención, arresto, detención o prisión preventiva.
Asimismo, con la nueva Ley, la víctima de tortura podrá solicitar a la autoridad responsable un examen médico, practicado por un perito médico legista, en donde quien resulte responsable del delito de tortura u otros tratos estará obligado a cubrir a la víctima o sus familiares, los gastos que se hayan generado como consecuencia del delito, así como también, reparar el daño e indemnizar los perjuicios causados.
Con lo anterior, se estará aprobando una ley con disposiciones jurídicas tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los gobernados, protegiendo su integridad tanto física como psicológica, cuando son privados de la libertad por parte de la autoridad, para que por ningún motivo sean sujetos a actos de tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
DICTAMEN
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, para quedar como sigue:
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONARLA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público, interés social, de observancia general en el Estado de Colima y tiene por objeto proteger los derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentren sometidas a cualquier forma de privación de libertad, así como prevenir y sancionar cualquier acto de tortura, de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
ARTÍCULO 2o.-Queda prohibida en el Estado de Colima cualquier forma de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que atenten contra la dignidad humana y los derechos humanos.
ARTÍCULO 3o.-Quedan prohibidos los centros secretos o clandestinos de detención o interrogación, cualquiera que sea la denominación que se les asigne. Toda persona que autorice, opere o utilice dichos centros secretos de detención para mantener privada de libertad a una persona, será responsable del delito de tortura.
ARTÍCULO 4o.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por:


  1. Ley: a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes;




  1. Tortura: al acto realizado por el cual se causen a un ser humano, daños, dolores, sufrimientos o alteraciones en su integridad, sean estos físicos, psíquicos o ambos, con independencia de su gravedad; con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información, confesión o declaraciones, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, o para intimidar o coaccionar a esa persona o a otras; o de causárselos por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, o mediante cualquier trato cruel, inhumano o degradante que violen o atenten gravemente la dignidad humana.

Se entenderá también como tortura la aplicación, sobre una persona, de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica;




  1. Trato cruel, inhumano o degradante: el acto que inflige sufrimiento mental o físico, angustia, humillación, miedo o degradación, pero que no llegan a constituir tortura.

No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentes a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere este artículo y esta Ley; y




  1. Reglamento: al reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.


CAPÍTULO II

DE LOS SUJETOS RESPONSABLES
ARTÍCULO 5o.- Los órganos relacionados con la procuración de justicia, seguridad pública, custodia y tratamiento de adultos o adolescentes sometidos a detención, arresto o prisión llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:


  1. La orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos fundamentales y los de aquellas personas involucradas en hechos que la ley señale como delito o falta sancionable;




  1. La organización de cursos de capacitación a su personal para que conozcan y fomenten el respeto a los derechos humanos, primordialmente los relativos a la vida, la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas;

  2. La profesionalización de sus cuerpos técnicos, policíacos y de custodia en centros de detención y de tratamiento para adultos o adolescentes;

  3. Implementar y aplicar protocolos de actuación que limiten el uso de la fuerza, y fomenten el cumplimiento de las medidas derivadas de un acto legítimo de autoridad que incidan en el respeto de los derechos humanos;

  4. Evaluar las afecciones que se producen como parte del síndrome de estrés postraumático en casos de tortura, a efecto de que esto sea ofrecido como prueba en el proceso penal correspondiente;

  5. Expedir a petición de parte legítima, de manera inmediata y gratuita, copia certificada del examen médico practicado a la víctima u ofendido, así como del resultado de la revisión psicológica;

  6. Garantizar la plena identificación de los servidores públicos implicados en hechos de tortura o abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza;

  7. Promover y fomentar una debida protección a la integridad física y psicológica de las personas, previniendo y combatiendo la tortura o abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza, de que puedan ser objeto;

  8. Permitir la visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a separos policíacos, centros de detención preventiva, centros penitenciarios de la entidad, así como a cualquier lugar destinado a mantener privado de libertad a adultos o menores de edad;

  9. Garantizar a las personas privadas de su libertad en todo momento el acceso libre a un teléfono público y cuando menos a una llamada;

  10. Avisar inmediatamente a un familiar o persona de confianza del imputado de su detención y el lugar donde se encuentra; y

  11. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales aplicables.

El seguimiento y la aprobación de los cursos que establece este artículo son requisitos que deben cumplir quienes pretenden ingresar y permanecer en cualquiera de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública del Estado, con independencia de los demás exigidos por las leyes de la materia.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el ámbito de su competencia, podrá participar en la ejecución de los programas que se mencionan en este artículo.
CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ARTÍCULO 6o.-El titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias, en el marco del cumplimiento de esta Ley y la protección de los derechos humanos, tendrá las siguientes obligaciones:
I. Implementar programas permanentes y establecer procedimientos para prevenir y combatir la tortura y el abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza;
II. Llevar a cabo programas de capacitación y formación de los servidores públicos, en el respeto a los derechos humanos y solución no violenta de conflictos;
III. Incidir a efecto de que las escuelas de educación superior incluyan en sus planes de estudio las materias de deontología, derechos humanos y responsabilidad en el ejercicio profesional;
IV. Promover que en las escuelas se desarrollen actividades relacionadas con la enseñanza y difusión de los derechos humanos; y
V. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales aplicables.
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