Sentencia t-408/15



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(iii) En ese orden, entiende la Sala que la normativa y jurisprudencia referida en acápites previos, la cual regula (1) la determinación de la invalidez por pérdida de capacidad laboral, (2) el derecho a la vivienda en condiciones dignas, (3) los mecanismos crediticios estatales y de aseguramiento otorgados a los ciudadanos para la materialización de su derecho a la vivienda digna, así como (4) las disposiciones de protección para las personas que se encuentran en estado de debilidad por su condición de salud y composición de su núcleo familiar, debe ser interpretadas a la luz del siguiente bloque de herramientas constitucionales compuesto por los siguientes principios y valores de la Constitución Política.
Así, tanto el preámbulo94 de la Constitución Política como los artículos 195, 296, 597, 1198; 1399; 15100; y 51 y 64101, constituyen las herramientas interpretativas superiores para la solución del presente caso que la administración -Fondo Nacional del Ahorro-, los particulares -AXA COLPATRIA Seguros S.A.- y los Jueces de la República -jueces de instancia- no pueden desconocer, las cuales se traducen para el presente caso en que: la formula filosófica jurídica de Estado social y de derecho adoptada por el constituyente exige que las garantías, principios y derechos de las personas que los integran no son simples afirmaciones retóricas sino que por el contrario deben materializarse de forma real y efectiva.
Así derechos como el acceso a una vivienda digna y la igualdad real mediante la promoción de condiciones de igualdad y de protección especial a quienes están en condiciones de debilidad, deben ser vistos también en el caso concreto bajo los principios de solidaridad y de primacía de los derechos inalienables de la persona.
En ese orden, ante situaciones de hecho como las que en este evento conoce la Sala en las cuales: (i) por una parte obra una interpretación fáctica de la estructuración de la incapacidad e invalidez como anterior a la fecha del desembolso del crédito y una interpretación jurídica de las normas aplicables según la cual no es exigible la póliza que ampara el crédito de vivienda y, (ii) por otra, una interpretación que permite la efectividad de los derechos y principios constitucionales de acuerdo con la cual en enfermedades degenerativas, graves y catastróficas como el SIDA hay que distinguir la época de su diagnóstico de la época en que su desarrollo y evolución implican un deterioro significativo para la persona y una verdadera estructuración de la invalidez, debe escogerse esta última en la medida en que resulta coherente no sólo con la realidad científica sino con las normas constitucionales.
Adicionalmente, atendiendo a lo señalado en capítulo del contrato de seguro y especialmente lo señalado en la sentencia T-152 de 2006, dada su naturaleza adhesiva, quien presenta las condiciones del mismo es la aseguradora y en esa medida es a quien le corresponde asumir la carga de los defectos, omisiones o imprecisiones en los cuales haya incurrido en el clausulado del referido negocio jurídico, en la medida en que el tomador de la póliza se adhiere inexorablemente a los términos y condiciones allí establecidas, por lo que mal podrían trasladársele estas irregularidades. Máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia, la interpretación de los contratos de naturaleza adhesiva, debe favorecer a la parte más débil, es decir, al tomador.
En ese orden, dado que en el contrato de seguro de vida grupo deudores objeto de análisis en el sub examine, en el cual AXA COLPATRIA Seguros S.A. y el Fondo Nacional del Ahorro obraron como determinantes de las condiciones del mismo y la actora - parte adherente al contrato-, no se hizo referencia a obligación alguna relacionada con la imposibilidad de tomar el contrato ante el diagnóstico de VIH – virus asintomático diferente al desarrollo de la enfermedad SIDA- tal imprecisión no puede ser asumida por quien no puso las condiciones sino que simplemente se adhirió a ellas, y bajo esa lógica la parte dominante de la relación contractual no puede aducir su propia negligencia para sustentar la no afectación de la póliza.
Lo anterior guarda consonancia con la jurisprudencia analizada en capítulos anteriores – sentencias T-398 de 2014, T-738 de 2011, T-1018 de 2010, T-832 de 2010, T-490 de 2009 y T-152 de 2006-, según la cual, este Tribunal ha establecido que las aseguradoras tienen la carga de dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de alguna cobertura al inicio del contrato, sin embargo, como en el sub-lite, AXA COLPATRIA Seguros S.A. no demostró que se le hubiese practicado un examen de ingreso a la demandante o que se hubiese dejado constancia de ello, mal podría imponérsele a la actora esa carga y mucho menos aducir esa causal como razón de la negativa de afectación de la póliza.
En consecuencia, si la controversia se planteara desde el punto de vista de que la aseguradora AXA COLPATRIA Seguros S.A. objeta la afectación de la póliza porque existió reticencia por parte de la demandante, en aplicación de las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, prevalecería la vigencia de los derechos fundamentales de la demandante, quien se encuentra en una situación insostenible por razones de tipo económico y de salud.
Así las cosas atendiendo a lo previamente expuesto y reiterando el precedente de esta Corporación, concluye la Sala que le asiste la razón a la demandante en cuanto a que el Fondo Nacional del Ahorro – FNA- y AXA COLPATRIA Seguros S.A. vulneraron su derecho de acceso a la vivienda en condiciones dignas y de igualdad frente a su condición de debilidad manifiesta por su estado de salud, al negarle la exigibilidad de la póliza de seguro pactada por las partes y consagrada en el ordenamiento jurídico que ampara su crédito de vivienda otorgado por el Fondo Nacional del Ahorro frente a su condición de invalidez por pérdida de la capacidad laboral debido la enfermedad grave que padece, según el dictamen de 11 de febrero de 2011.
En consecuencia, la Sala de Revisión revocará las decisiones de tutela de instancia que declararon improcedente el amparo a fin de proteger los mencionados derechos fundamentales de la señora AA, y ordenará a las entidades que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, den inicio a los trámites administrativos respectivos para que se aplique en favor de la demandante la póliza de seguro que ampara el crédito hipotecario No. 52.132.067-02 y en todo caso, en el término de un (1) mes contado desde la notificación de esta sentencia, debe quedar extinguido el mencionado crédito y levantado el gravamen hipotecario que por tal concepto recae sobre el bien inmueble.
Para efectos de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por este Tribunal se solicitará el acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 25 de febrero de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el dictado el 5 de febrero del mismo año por el Juzgado 9º Civil de Circuito de la misma ciudad, que negó la solicitud de amparo invocada. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales de la señora AA de acceso a la vivienda digna e igualdad, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Fondo Nacional del Ahorro y AXA COLPATRIA Seguros S.A., por intermedio de sus representantes legales o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, den inicio a los trámites administrativos respectivos para que se aplique en favor de la demandante la póliza de seguro que ampara el crédito hipotecario No. 52.132.067-02, a fin de que quede extinguido totalmente el mismo, y en todo caso, en el término de un (1) mes contado desde la notificación de esta sentencia, debe quedar extinguido el mencionado crédito y levantado el gravamen hipotecario que por tal concepto recae sobre el bien inmueble.
TERCERO. SOLICITAR el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a la señora AA, durante los trámites que adelanten el Fondo Nacional del Ahorro y AXA COLPATRIA Seguros S.A. a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.
CUARTO. LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. 
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

ALBERTO ROJAS RIOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ



Secretaria General



1 De acuerdo con los hechos expuestos de la tutela, para esa época la demandante estaba infectada con el virus pero aún no desarrollaba los síntomas del síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA. Ver folios 14 a 19 del cuaderno original.

2 De conformidad con la contestación por parte del Jefe de División Administrativa del Fondo Nacional del Ahorro, el seguro de vida otorgado a la demandante se denomina “Póliza de Vida Grupo Deudores”, cuyo objeto es amparar a los afiliados beneficiarios de crédito contra cualquier riesgo de muerte por cualquier causa e invalidez total y permanente, y como cobertura adicional enfermedades graves. Ver folio 4.

3 Si bien es cierto que el Juzgado 9° Civil del Circuito de Bogotá negó la solicitud de tutela, también lo es que materialmente declaró improcedente la solicitud de amparo, argumentando que no procede la acción y no se acreditó un perjuicio irremediable.

4 En igual sentido, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del A quo con argumentos encaminados a demostrar la improcedencia de la solicitud de amparo, porque existen otros medios de defensa judiciales y no se acreditó un perjuicio irremediable.

5 Juzgado Veintidós del Circuito de Bogotá, sentencia de 25 de mayo de 2012.

6 En el parágrafo del acto administrativo mediante el cual el Seguro Social le reconoció la pensión de invalidez a la demandante, la pensión reconocida junto con el retroactivo sería ingresada en la nómina de octubre y pagada en noviembre de 2012.

7 Sentencia T-328A de 2012.

8 Sentencia T-640 de 2010, reiterada en sentencia T-398 de 2014.

9 Sentencia T-007 de 2015.

10 Es importante señalar que en algunas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la noción de servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la sentencia T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente, cuando el reclamo constitucional tiene que ver con la vulneración de los derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de una entidad bancaria, derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo a partir de una obligación que la actora afirma inexistente, la acción de tutela se torna procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de captar recursos económicos del público para administrarlos, intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior lo reglamenta el artículo 335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”

11 Reiterada en sentencia T-007 de 2015, cuando la Corte resolvió el caso en una persona que suscribió un contrato de “Seguro de Vida del Grupo Educadores de Colombia”, fue dictaminada con una pérdida de capacidad laboral del 95.45%, por padecer de laringofaringitis crónica, quiste en la laringe y disfonía, sin embargo la aseguradora se negó a hacer efectiva la póliza aduciendo que la incapacidad era parcial. En esa oportunidad esta Corporación protegió los derechos fundamentales y ordenó pagarle el seguro de vida a la peticionaria, aduciendo que dentro del proceso quedó plenamente demostrada la situación de invalidez superior al 50%.

12 Sentencia T-007 de 2015.

13 En la sentencia T-751 de 2012, sobre el estado de indefensión, la Corte sostuvo lo siguiente: “El estado de indefensión acaece o se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión del particular, sea éste persona jurídica o su representante, se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa, o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho fundamental”. Así, la indefensión "no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado, sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como la posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de los mismos.”

14 En sentencia T-277 de 1999, la Corte agrupó algunos criterios sobre situaciones de indefensión así: “3.4. El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. - sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.

15 En sentencia T-661 de 2001, esta Corporación resolvió la demanda de tutela promovida por un particular contra una entidad bancaria, de la cual era deudor y había solicitado información acerca del estado del crédito de vivienda que tenía, pero el Banco se negaba a entregarle la información completa y satisfactoria. En esa oportunidad la Corte manifestó que es un deber de los Jueces dentro del estado Social de Derecho proteger los derechos y garantías de las personas en situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el que tienen las entidades financieras, y en consecuencia, concedió el amparo del derecho de petición.

16 En sentencia T-136 de 2013 se dijo que “cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector”. Ahora bien, esta posición “no se predica en abstracto, sino que es una situación relacional intersubjetiva, en la que el demandante no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse efectivamente de una agresión injusta”.

17 Sentencias T-211 de 2009, T-336 de 2009, T-436 de 2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-123 de 2010, T-130 de 2010, T-136 de 2010, T-916 de 2012, T-024 de 2013, T-884 de 2013, T-066 de 2014, T-398 de 2014, T-458 de 2014, SU-377 de 2014.

18 En la sentencia SU-961 de 1999, se dijo que en todo caso “(…) el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”.

19 En la Sentencia T-1316 de 2001, este Tribunal decidió el caso de unos pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que reclamaban el reajuste de su mesada y acudieron a la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resolvía la demanda ordinaria interpuesta. Sin embargo, en aquella oportunidad se negó la solicitud de amparo porque se encontró que el mecanismo ordinario no resultaba “excesivamente gravoso en el caso específico” y por lo tanto no se estaba frente a un perjuicio irremediable.

20 Sentencias T-068/06, T-822/02, T-384/98, y T-414/92.

21 Ibídem.

22 Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.

23 Artículo 13 “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

24 Recientemente, la sentencia T-330 de 2014.

25 Resolución No. 5521 de 2013, “Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS).”

26 http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/

27 http://www.cruzroja.es/vih/

28 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hivaids.html

29 http://www.infosida.es/que-es-el-vih

30 http://www.infosida.es/que-es-el-vih#

31 Publicado en la Revista de la American Medical Association, disponible en file:///C:/Users/Invitado/Downloads/jpg120019_ES-US.pdf

http://www.msal.gov.ar/sida/index.php/informacion-general/vih-sida-its-y-hepatitis-virales/vih-sida

32 http://www.msal.gov.ar/sida/index.php/informacion-general/vih-sida-its-y-hepatitis-virales/vih-sida

33 http://www.sfaf.org/en-espanol/informaciondelvih/?referrer=https://www.google.com.co/

34 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000594.htm

35 http://www.gtt-vih.org/

36 Sentencias T-1316 de 2001 y T-330 de 2014.

37 La sentencia T-398 de 2014, trajo a colación la sentencia T-662 de 2013 y dijo que “No puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer (C.P. artículo 43)”.

38 Sentencias T-086 de 2012, T-196 de 2007, T-152 de 2006 y T-171 de 2003.

39 Esta Corporación de manera reiterada ha acogido esta postura desde la sentencia T-152 de 2006, cuando se resolvió el caso de una persona que adquirió una póliza de seguro familiar, pero un año después el asegurado requería que le practicaran una cirugía de varicocele izquierdo y la entidad se negó a cubrirla, argumentando que el tomador del seguro actuó de mala fe en la declaración de su estado de salud al momento de la suscripción del contrato, debido a que no registró el padecimiento de dicha enfermedad. En esa oportunidad se determinó que el demandante se encontraba en un estado de indefensión y no contaba con los recursos efectivos para oponerse de manera eficaz a la actitud de la aseguradora. Por lo anterior, se protegieron los derechos fundamentales del demandante.

La anterior tesis fue reiterada en sentencia T-832 de 2010, al decidir el caso de una señora a la que le fue negada la afectación de una póliza porque la enfermedad que padecía era anterior a la vigencia del contrato de seguro, no obstante lo anterior, la Corte encontró que la aseguradora no demostró haber practicado o exigido un examen médico para verificar su condición de salud, por lo que no puede alegar que el riesgo era anterior a la póliza. En consecuencia, se concedió el amparo de los derechos fundamentales de la actora.



40 Carta Política, artículo 1.

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”



41 Carta Política, artículo 333.

ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.”

42 Carta Política, artículo 335.

ARTICULO 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.

43 Sentencia T-832 de 2010, reiterado en la T-398 de 2014.

44 T-342 de 2013

45 Ley 100 de 1993, artículo 31.El régimen de prima media con prestación definida es aquél mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título.

Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.”

46 Esta Corporación en la sentencia T-662 de 2011, abordó el análisis de la invalidez y la evolución normativa de la pensión de invalidez de origen común.

47 Ley 100 de 1993, artículo 41, modificado por el artículo 52 de la ley 962 de 2005. Calificación del estado de invalidez. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral.”

48 Ley 100 de 1993, artículo 42, modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012. “Juntas regionales de calificación de invalidez. En las capitales de departamento y en aquellas ciudades en las cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se conformará una comisión interdisciplinaria que calificará en primera instancia la invalidez y determinará su origen.

(…)”.


49 Ley 100 de 1993, artículo 43, modificado por el artículo 19 de la Ley 1562 de 2012. “Junta nacional de calificación de invalidez. Créase la junta nacional para la calificación de los riesgos de invalidez con sede en la capital de la República, integrada por un número impar de miembros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esta junta, que será interdisciplinaria, tiene a su cargo la resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las juntas regionales o seccionales respectivas.

(…)”.

50 Artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por los artículos 11 de la Ley 797 de 2003 y 1° de la Ley 860 de 2003. “Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.




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