Sentencia t-408/15


El derecho a la vivienda digna



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El derecho a la vivienda digna.

El derecho a la vivienda está instituido en el artículo 51 de la Carta Política, según el cual “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.


Sin embargo, el derecho a la vivienda digna no solo está plasmado en el artículo 51 de la Constitución Política sino también en instrumentos de carácter internacional64, v. gr. la Declaración Universal de Derechos Humanos, numeral 1° del artículo 2565; Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículo 1166; Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 34; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2667; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2768; y el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, artículos 1469, 1670 y 1771, entre otros.
Para esta Corporación, pese a que la vivienda digna está ubicada dentro del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales72 y no esté expresamente señalada como fundamental, dicha categoría debe ser reconocida por su inminencia con el ser humano, particularmente en su dignidad.73 Sobre el particular, vale traer a colación lo dicho por este Tribunal en sentencia T-908 de 2012:
En este punto, reitérese que la vivienda digna es elemento trascendental para la efectividad de la dignidad humana, entendida como “el derecho de las personas a realizar sus capacidades y a llevar una existencia con sentido, en un ambiente libre de miedo frente a la carencia de lo materialmente necesario e indispensable para subsistir…”74.
En efecto, contar con un lugar digno de habitación permite a los seres humanos experimentar una existencia más agradable, con menos riesgos de peligros callejeros y de humillaciones, protegidos de la intemperie y teniendo la posibilidad de descansar en condiciones materiales adecuadas. Adicionalmente, fomenta el desarrollo de la persona humana, en cuanto le permite estrechar lazos familiares y sociales, que le posibiliten su desenvolvimiento social, otorgándoles un espacio propicio para su intimidad y añadiendo a su identidad el lugar donde se habita, como elemento de apacibilidad.
En este orden de ideas, el artículo 51 de la Carta y las bases expuestas ponen en cabeza de todos el derecho a la vivienda digna como fundamental, ratificando así el carácter universal de tal reconocimiento y su inescindible relación con la dignidad como elemento connatural a los seres humanos, pudiendo también predicar de él su carácter inalienable.
Así mismo, se dispuso en cabeza de las autoridades del Estado, sin distinción, el deber de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, disponiendo tres campos de regulación mínima, en lo concerniente a planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de programas de vivienda.
Pese a la dificultad que puede representar la redacción del artículo 51 para fijar a partir de allí todos los elementos que componen el ejercicio del derecho a la vivienda digna, la Corte considera que el contenido mínimo de tal derecho fundamental debe comprender la posibilidad real de gozar de un espacio material, en el que la persona y su familia puedan habitar, de manera tal que le sea posible llevar a cabo su proyecto de vida en condiciones que permitan su desarrollo como individuo digno, integrado a la sociedad.”
En suma, el derecho a la vivienda digna es de rango fundamental por la íntima relación que guarda con la dignidad humana, al estar ligado a la aspiración del ser humano a lograr la estabilidad propia y de su familia al obtener un lugar donde poder construir una vida, y en esa medida, su núcleo esencial comprende la posibilidad material de gozar de un espacio habitable.
Sin embargo, no significa que al catalogarse como fundamental el derecho a la vivienda digna este pierda su contenido prestacional75, cuya implementación está asociada a un criterio de progresividad, en virtud del cual, al Estado le corresponde implementar, promover políticas y planes que posibiliten su acceso.76
Para esos efectos, el Gobierno Nacional ha diseñado diferentes políticas para facilitar, entre otras cosas, la adquisición de vivienda a través de créditos hipotecarios con entidades del Estado.
Un ejemplo de esto es el Fondo Nacional del Ahorro - FNA-, creado a través del Decreto Extraordinario No. 3118 de 1968 y transformado con la Ley 432 de 1998 en una empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, que tiene por objeto administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda de los afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social77.
Según el artículo 41 del Decreto Reglamentario 1453 de 199878, el FNA tiene autorizadas operaciones de crédito para vivienda a sus afiliados, el cual debe ser garantizado con hipoteca de primer grado y pignoración de futuras cesantías.
Lo anterior implica que el trabajador ahorra durante su vida laboral para tener derecho a la adjudicación de un crédito y así tener una vivienda digna.
Para efectos de respaldar el crédito el obligado debe hipotecar el inmueble a favor del FNA y para las distintas contingencias que pueden ocurrirle al deudor del crédito que le impidan definitivamente honrar su obligación monetaria, el Fondo celebra contratos de seguro con empresas aseguradoras, que otorgan “pólizas grupo deudores”, específicamente para amparar contingencias como la muerte, incapacidad o enfermedad grave del obligado, a través de un amparo básico que cubre a los asegurados.
En ese orden, la Aseguradora se obliga a pagar, el valor no redimido del crédito ante la ocurrencia de cualquiera de los siniestros amparados que hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza, con sujeción a los términos, condiciones generales y particulares en ella contenidas.


  1. Precedente sobre la procedencia de la acción de tutela en la actividad aseguradora.

Este Tribunal en relación con la actividad aseguradora y la protección efectiva de los derechos constitucionales frente a ésta, ha manifestado lo siguiente:


En la sentencia T-1091 de 2005 decidió un conflicto surgido a partir de un contrato de seguro de vida que respaldaba una obligación hipotecaria, el asegurado sufrió una enfermedad grave que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 50.93%, solicitó hacer efectiva la póliza pero la entidad aseguradora se negó aduciendo mora en el pago de la prima. En esa oportunidad se hizo referencia a la posición dominante de las entidades aseguradoras y la inminencia del perjuicio irremediable79.
En sentencia T-152 de 2006, decidió el caso de un señor que adquirió una póliza de seguro familiar, un año después el médico tratante le ordenó practicarse una cirugía de varicocele izquierdo, pero fue negada por la aseguradora aduciendo que el tomador de la póliza actuó mala fe en la declaración de su estado de salud al momento de la suscripción del contrato, debido a que no registró el padecimiento de dicha enfermedad.
Al resolver el asunto se determinó que el demandante se encontraba en estado de indefensión para oponerse a la actitud de la entidad y se estableció que las aseguradoras deben dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de alguna cobertura al inicio del contrato, para evitar en un futuro ambigüedades en el texto que ellas mismas han elaborado; y se determinó que la carga de las preexistencia recae en cabeza de aseguradora.
En sentencia T-832 de 2010, se resolvió el caso de una señora de 54 años de edad, quien era madre cabeza de familia y había adquirido un crédito hipotecario que amparó con un contrato de seguro de vida grupo de deudores suscrito con una aseguradora. Posteriormente, fue dictaminada con una pérdida de la capacidad laboral del 77.5 % y no pudo seguir trabajando, por lo que solicitó hacer efectiva la póliza, pero fue negada al considerar que el siniestro había ocurrido antes de tomar el seguro de vida grupo de deudores.
Se estableció que si bien se trataba de una controversia contractual, esta podía llegar a lesionar los derechos fundamentales, por lo que admitir la posición de la entidad aseguradora acentuaba la condición de discapacidad de la actora, aumentando el riesgo de lesionar su mínimo vital, vivienda y vida digna80.
En sentencia T-1018 de 2010, se decidió una controversia surgida a propósito de la negativa de una aseguradora de hacer efectiva una póliza y a pesar de que se declaró la carencia actual de objeto, la Corte reiteró la subregla de los anteriores fallos, en el sentido de que a pesar de encontrarse frente a un asunto en el marco de una relación contractual, al tratarse de una persona en condición de invalidez, el resultado de esa controversia podía afectar los derechos fundamentales del asegurado.
En sentencia T-738 de 2011, este Tribunal reiteró el precedente previamente expuesto, al decidir el caso de un miembro del Ejército Nacional que resultó herido en combate y, como consecuencia se le dictaminó una invalidez del 75.08%. Posteriormente adquirió un crédito de libre consumo con una entidad bancaria, para lo cual suscribió una póliza de seguro de vida grupo de deudores el cual operaría por muerte o invalidez del asegurado.
Tiempo después, el actor solicitó a la aseguradora hacer efectiva la póliza porque había acaecido el siniestro de invalidez, sin embargo, la aseguradora se negó argumentando que para la fecha que había tomado el seguro, ya existía la invalidez (preexistencia).
La Corte concluyó que la aseguradora vulneró los derechos de una persona en estado de invalidez al negar el pago de la póliza argumentando la preexistencia del hecho asegurado. Se estableció que el hecho de tratarse de una persona discapacitada con más del 50%, eleva el riesgo de afectar su mínimo vital y se manifestó que en algunos casos la negativa de las aseguradoras puede ser injustificada o negligente, por lo que les corresponde ofrecer una respuesta con razones suficientes para negar el pago de la póliza.
En sentencia T-751 de 2012, se decidieron dos asuntos acumulados en los que las compañías aseguradoras se negaron a hacer efectivas las pólizas que amparaban un crédito aduciendo que se había presentado reticencia por parte de los asegurados, al haber afirmado que su estado de salud era normal cuando en realidad padecían diabetes mellitus. Este Tribunal Constitucional resaltó que al tratarse de una relación contractual basada en la buena fe, los reclamantes no pueden ocultar la información que conocen, no obstante, dicho conocimiento tiene que ser real y estar probado81.
En sentencia T-136 de 2013 se decidió el caso en el cual la aseguradora niega el pago de una póliza del seguro de vida grupo de deudores por incapacidad, argumentando que la fecha de estructuración de la incapacidad se dio después de la edad máxima de permanencia permitida en el contrato de seguro de 70 años. En esa oportunidad se dijo que la aseguradora había actuado con negligencia y su negativa se basó en razones que no demostró, ya que no aportó prueba de que efectivamente en el contrato estuviera estipulado que la fecha límite de ingreso fueran 69 años.
En sentencia T-662 de 2013, la Corte estudió un caso en que la demandante era una persona de la tercera edad con una discapacidad del 80.93%, quien no tiene medios económicos para subsistir, no puede trabajar y estaba a punto de perder su casa, a quien la compañía asegurador le negó la solicitud de cubrir su deuda al haber operado el fenómeno de la prescripción que trata el artículo 1081 del Código de Comercio.
Para decidir el caso, la Corte reiteró la jurisprudencia en el sentido de que por regla general, la acción de tutela no procede para discutir asuntos contractuales, sin embargo, en algunos eventos con características particulares, esas controversias adquieren relevancia constitucional que justifica la intervención del juez de tutela. En tal sentido señaló lo siguiente:
“En primer lugar (i) la Corte ha entendido que existe mayor probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales cuando el interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial. Para este Tribunal, las razones que tuvo el tutelante para adquirir el crédito, tienen profunda importancia. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, se presume que el interés que se persigue es el de obtener una vivienda que en muchos casos no solo beneficia al actor sino también a su núcleo familiar. Con los créditos de consumo, el análisis de la Corte fue mucho más riguroso. Si el accionante al no poder trabajar tomó ese crédito para su subsistencia, se presume que su interés no era simplemente patrimonial. Esta Sala considera que no es lo mismo tomar un crédito de consumo para utilizarlo en bienes de menor trascendencia, que adquirirlo para mantener a una familia.
En segundo lugar (ii), si la persona que solicita el amparo se encuentra en condición de discapacidad superior al 50%, este Tribunal ha considerado que existe un mayor riesgo de vulnerar sus derechos fundamentales. Un análisis riguroso de las sentencias, evidencia que ser sujeto de especial protección constitucional es una condición muy importante para que el juez de tutela tome la decisión. Sin embargo, la Corte ha aclarado que no siempre es suficiente para intervenir en esta clase de relaciones contractuales. Las Sentencias analizadas muestran casos en los que personas en condición de invalidez han perdido en alto porcentaje las posibilidades de obtener recursos económicos para pagar las cuotas de sus créditos, precisamente, porque no pueden trabajar. En algunos casos la Corte ha constatado que a pesar de la imposibilidad para trabajar, la persona cuenta con otros ingresos que le permiten cumplir su obligación crediticia sin atentar contra su mínimo vital. De allí el siguiente criterio.
En tercer lugar (iii), que carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar sus gastos. En los casos en que la Corte negó el amparo, las personas que solicitaron la tutela contaban con los recursos que les permitía continuar con el pago del crédito y de la prima del seguro. En esas sentencias, la Corte entendió que no se afectaban sus derechos pues evidentemente, al no estar en riesgo su derecho al mínimo vital, podían acudir a vías ordinarias para debatir el pago de la indemnización. Incluso, muchos de ellos, como consecuencia de su invalidez, recibieron pensiones que les permitía sufragar sus gastos.
Finalmente (iv), el juez debe verificar otros aspectos como las obligaciones familiares, o del grupo familiar del afectado, o la presencia de circunstancias adicionales de vulnerabilidad en el peticionario. Solo las circunstancias del caso concreto determinarán los aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta por el juez, siempre con el propósito de evaluar si las cargas procesales son o no excesivas para el peticionario.”
En sentencia T-398 de 2014, decidió el caso de una persona de 52 años de edad, que es madre cabeza de hogar y padece de una invalidez diagnosticada con el 73.63%, propensa a sufrir diversas afecciones a nivel cerebrovascular y no labora dado su alto grado de invalidez. La demandante tenía un crédito hipotecario y solicitó hacer efectiva la póliza, pero la aseguradora se negó aduciendo una preexistencia, ya que no informó que padecía hipertensión, incurriendo en reticencia.
Este Tribunal concedió el amparo invocado, concluyendo lo siguiente:
“Además, el hecho de que el crédito adquirido con el Banco BBVA sea hipotecario, aumenta las posibilidades de ver afectado su derecho al mínimo vital, vivienda y vida digna. Si bien es cierto que con otro tipo de créditos igual existe el riesgo de perder la vivienda y como tal afectarse el mínimo vital82, no es menos cierto que las garantías reales (especialmente la hipoteca que garantiza derechos reales sobre inmuebles), tienen la virtualidad de dejar en una situación penosa al dueño de la vivienda que, como en este caso, es una persona en situación de invalidez y sin condiciones económicas para pagar las cuotas del crédito bancario.
De acuerdo con lo anterior, estas circunstancias llevan a concluir a esta Sala que su condición de sujeto de especial protección constitucional al padecer de una invalidez diagnosticada con el 73.63%, aunado a ello hacerla acudir al proceso ordinario es obligarla a asumir cargas desproporcionadas que si bien son soportables para el común de la sociedad, para ella no lo son. Asistir a los estrados judiciales lleva consigo una serie de trámites (demanda, notificaciones, diligencias judiciales, práctica de pruebas, etc.) que la accionante no está en capacidad de cumplir en condiciones de igualdad. El solo hecho de tener que movilizarse ya es una situación tortuosa para ella y sus familiares.
De acuerdo con todo lo anterior, en el caso concreto, el mecanismo es idóneo pero no es eficaz para la señora Olivera Martínez en virtud de sus condiciones. En consecuencia, esta Sala encuentra que la acción de tutela sí es el mecanismo adecuado para proteger los derechos de la tutelante, al encontrarse en un estado de vulnerabilidad latente por padecer una discapacidad del 73.63% y aun así responder por su núcleo familiar. Nuevamente, estas características son las que impiden que pueda acudir a las vías regulares en igualdad de condiciones. Por ello, si bien el proceso ordinario, por regla general, es el conducto idóneo y eficaz, para este caso no lo es. En mérito de lo expuesto, esta Sala avocará conocimiento y decidirá el asunto de fondo al encontrar procedente el presente amparo constitucional.”


  1. Caso concreto.

La misión de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución otorgada por el constituyente a esta Corporación, opera también para el control de constitucionalidad concreto que ejerce en sede de revisión de tutela83 a fin de garantizar la eficacia material que debe tener el recurso de amparo y a su vez, evidenciar la hermenéutica acorde a la Carta Política de los temas planteados en el caso concreto, determinando las pautas a seguir para las demás autoridades administrativas y los jueces.


En ese orden, ante la solicitud de amparo constitucional le corresponde al juez de tutela: (i) encontrar a través de los hechos narrados en la acción de tutela, los informes rendidos por las autoridades demandadas y las pruebas que obran en el expediente, la verdadera cuestión material debatida y determinar si esta tiene naturaleza constitucional ius fundamental -por ejemplo el derecho a la vivienda digna- y si se trata de sujetos con protección constitucional especial -por ejemplo personas con enfermedades graves y catastróficas y menores de edad-; (ii) establecer la normativa inferior que rige dicha cuestión; y (iii) encontrar con base en el ordenamiento superior el bloque de herramientas constitucionales84 que permitan dar sentido y contenido al ordenamiento inferior para solucionar el asunto puesto a consideración85.
De este modo, debe la Sala señalar que la solución al problema jurídico pasa por lograr una interpretación conforme a la Carta Política (a) de los hechos que ilustran la presente acción, y (b) de las normas legales que rigen el asunto con los principios y valores superiores en el marco de la misión de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.
(i.a) Ateniendo a las pruebas que obran en el expediente y al desarrollo de los temas expuestos en acápites anteriores para la solución del problema jurídico, se tiene que la demandante en el año 2000 fue diagnosticada con VIH86, el 26 de mayo de 2002 adquirió el síndrome de inmunodeficiencia adquirida87, SIDA y, el 8 de junio de 2010 obtuvo un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro -FNA- para la compra de una vivienda amparada por una póliza de seguro que cubre la enfermedad grave o invalidez88.
El 3 de febrero de 2011 el Instituto de los Seguros Sociales declaró la pérdida de la capacidad laboral de la actora en un porcentaje equivalente al 72.75%, debido al progreso de su enfermedad diagnosticada en el año 2002, y pese a ello ésta continuó pagando las cuotas de su crédito con el Fondo Nacional del Ahorro hasta que se vio en la imposibilidad económica de seguir asumiendo esa carga, y acudió ante la entidad a hacer efectiva la mencionada póliza, con resultados negativos que dieron lugar a la presentación de esta acción de tutela.
La Sala debe contextualizar la situación de hecho objeto de análisis, dado que los jueces de tutela de instancia consideraron que la discusión planteada por la demandante es patrimonial y de naturaleza comercial, al asumir que lo que ella pretende es simplemente y en abstracto la aplicación de una póliza de seguro que ampara un crédito.
Esta Corporación no comparte la apreciación de los juzgadores de instancia porque si bien es cierto la afectación de la póliza de seguro que respalda el crédito que adquirió la demandante hace parte de la discusión jurídica, también lo es que tal premisa no es autónoma, sino que deriva y tiene su génesis en una discusión que involucra un aspecto material ius fundamental, esto es, el derecho al acceso a una vivienda digna que se ve en riesgo ante el acaecimiento de la invalidez por pérdida de capacidad laboral por el padecimiento de una enfermedad catastrófica -SIDA-, que en su evolución ha afectado considerablemente su vida en condiciones de dignidad y de su núcleo familiar integrado por una menor de edad.
Es esta situación la que genera en la demandante la disminución de sus ingresos, ya que tras la pérdida de capacidad laboral le fue reconocida el 25 de mayo de 2012 y solo de manera transitoria una pensión de invalidez correspondiente al salario mínimo, y de la calidad de sus condiciones de existencia, al punto que le impiden seguir honrando su obligación crediticia cuya cuota mensual es de $ 481.000, de la cual solo una parte es imputada a capital y el monto restante debe cubrir el valor del seguro –cuya exigencia reclama y que le fue negado- y el valor de los intereses89, siendo ese el contexto que la obliga a solicitar el cumplimiento de la póliza de seguro antes mencionada, sobre la cual los juzgadores de instancia solo prestaron su atención aislada y desprevenida.
Las anteriores situaciones ponen en riesgo no sólo el esfuerzo económico de la demandante reflejado en las cuotas que cumplidamente ya pagó de su crédito, sino también la vivienda adquirida que soporta el gravamen hipotecario impuesto por el fondo acreedor, puesto que ante la imposibilidad del pago de la totalidad de la deuda el Fondo Nacional del Ahorro debe ejecutar esa garantía a través de los procedimientos judiciales que el ordenamiento jurídico le otorga.
(ii.b) Atendiendo lo anterior, la cuestión material no radica en una simple discusión monetaria crediticia y comercial, sino en un asunto de vital importancia como es la materialización del derecho fundamental de acceso a una vivienda digna de un núcleo familiar integrado por una persona con una condición de salud grave y catastrófica, por demás con una invalidez por pérdida de la capacidad laboral y de su hija menor de edad, a través de mecanismos de créditos y de seguro otorgados por el ordenamiento jurídico.
De los hechos decantados por la Sala y el entendimiento científico del VIH y el SIDA, no es cierto como pretenden hacerlo ver las entidades, que la demandante no tenía derecho al amparo señalado en la póliza de seguro del crédito de vivienda otorgado por el FNA, porque a la fecha del desembolso del mismo (el 6 de junio de 2010) fuera portadora del VIH (2000) y diagnosticada con SIDA (el 26 de mayo de 2002).
Si bien el dictamen de la pérdida de capacidad laboral de 3 de febrero de 201190 señala que la demandante adquirió el síndrome en el año 2002, también indicó que dicha enfermedad al año 2011 “lleva 10 años de evolución con secuelas neurológicas, proceso de demencia de tres años de evolución” y “un cuadro generalizado de deterioro cognitivo, síndrome depresivo asociado”, aspectos estos que vistos desde la doctrina médica previamente referenciada en esta providencia permiten establecer claramente que se trata de una enfermedad grave y progresiva cuyo diagnóstico inicial en una fecha determinada no implica inmediata o automáticamente el deterioro de las capacidades laborales de la persona o el empleado, sino que de acuerdo a las circunstancias particulares del paciente, su evolución y deterioro psíquico y físico puede demorar incluso varios años.
En ese orden, interpretación de los hechos que surgen en el presente caso, atendiendo al dictamen médico de invalidez por pérdida de la capacidad laboral de la demandante y a la doctrina médica sobre el asunto, es que la referida invalidez cuyos factores de determinación son: i) la deficiencia, ii) la discapacidad y iii) la minusvalía91 -requisito sobre el cual por demás se estructura la exigibilidad de la póliza de seguro de crédito de vivienda-, fue determinada el 3 de febrero de 2011 por razón de:
a) El factor deficiencia, en razón del síndrome de inmunodeficiencia adquirida –SIDA-, diagnosticado a la actora el 26 de mayo de 2002, el cual, de acuerdo con los artículos 7 y 8 del Decreto 917 de 1999 otorga hasta un puntaje de 50 puntos en la sumatoria de la calificación de la pérdida de capacidad laboral; y,
b) Los factores de discapacidad y minusvalía, que en total ascendieron a 22,75 puntos, los cuales corresponden a la evolución de aspectos que con el paso del tiempo se deterioraron y afectaron de forma fulminante su estado de salud, tales como como b.1) la conducta; b.2) la comunicación; b.3) el cuidado de la persona; b.4) la locomoción; b.5) la disposición del cuerpo; b.6) la destreza; b.6) la situación; b.7) la orientación; b.8) la independencia física; b.9) el desplazamiento, b.10) la integración social, b.11) la autosuficiencia económica y b.12) aspectos relacionados con la edad.
Debe destacar la Sala que de acuerdo con el referido dictamen, las normas que rigen la determinación de la invalidez, la pérdida de la capacidad laboral y la doctrina médica, el diagnóstico de SIDA de la demandante en mayo 26 de 2002, estructuró el inicio de sus padecimientos y el comienzo de la configuración de la pérdida capacidad laboral, pero los padecimientos neurológicos y cognitivos que determinaron la configuración grave y catastrófica de su estado salud y, en consecuencia, a la invalidez por la pérdida de la capacidad laboral en un 72,75%, (2011), -elemento fundamental para la exigencia de la póliza de seguro que ampara el crédito de vivienda-, se desarrollaron tiempo después del diagnóstico del SIDA (2002) e incluso evolucionaron luego del otorgamiento del crédito (2010), por lo que en estrictos términos y en simple lógica no puede considerarse que en el presente caso el siniestro que ampara la póliza ocurrió con anterioridad a la misma ni al otorgamiento del crédito.
Una interpretación contraria a lo previamente señalado, como la realizada por las entidades demandadas, implicaría que una persona por el solo hecho de ser diagnosticada con el virus VIH o que, de acuerdo con la literatura médica haya evolucionado en SIDA no tendría derecho a sostener una relación laboral y a derivar mediante un trabajo remunerado los medios económicos para solventar dignamente sus condiciones de existencia92, lo cual no solo contradeciría el principio de la dignidad humana sino la abundante jurisprudencia de la Corte que no sólo ha defendido el derecho al trabajo de estas personas, sino aún más, su derecho a la estabilidad laboral reforzada93.
Es así como una interpretación de los hechos y de las normas que rigen el caso como la expuesta por las demandadas incluso podría llevar al absurdo de sostener que por esa misma situación de salud no se tendría derecho a procurar una vivienda digna mediante los mecanismos de crédito otorgados por entidades estatales como lo es el Fondo Nacional del Ahorro ni al amparo del mismo mediante una póliza de seguro que cubran la invalidez derivada de una enfermedad grave y catastrófica que ha llevado en su evolución al deterioro de la salud física y mental de la persona, lo cual no solo sería discriminatorio sino también violatorio de la dignidad humana.
De acuerdo con el precedente expuesto en la parte dogmática - en el capítulo denominado la pérdida de la capacidad laboral en el sistema jurídico colombiano-, particularmente en las sentencias T-661 de 2011 y T-998 de 2012, para efectos de determinar el estado de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita -como el VIH/SIDA que padece la actora- cuando la fecha de estructuración de la invalidez es anterior a la del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, debe analizarse en que época el afiliado perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, es decir, el momento a partir del cual no puede desarrollar una actividad económica que le permita subsistir, lo cual en el sub-lite ocurrió cuando se le reconoció a la actora la pensión de invalidez, el 25 de mayo de 2012.
En ese orden, la anterior sub-regla de interpretación sobre la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración de la invalidez en relación con la disminución real de las capacidades de la persona hasta el punto de impedirle realizar actividades productivas, debe ser valorada solo para efectos de la actividad aseguradora.
En consecuencia, mal podría tomarse como el momento de la invalidez la fecha de estructuración que determinó el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, porque en el caso particular, debido a la enfermedad degenerativa, grave e incurable que padece la actora, esto sucedió tiempo después. De este modo, no hay razón para que AXA COLPATRIA Seguros S.A. objete la afectación de la póliza de seguro de vida aduciendo que el siniestro es anterior al riesgo que ampara.


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