Sentencia t-240/18


Actuaciones en sede de revisión



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6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. El 18 de octubre de 2017, el representante legal de la ACFE radicó escrito en el que reiteró los argumentos defensivos de las actuaciones de la institución educativa66. Nuevamente explicó que no se presentó vulneración del derecho al debido proceso toda vez que el Liceo aplicó las normas vigentes (Reglamento Interno y Manual de Convivencia institucional) y aperturó todos los espacios posibles para que se dieran las explicaciones del caso y se solucionara de la mejor manera un conflicto que tuvo un impacto muy fuerte en los alumnos, los profesores y los padres. Así mismo, refirió que el derecho a la educación no es un derecho absoluto por lo que su ejercicio lleva implícito el cumplimiento de unos deberes de respeto de los derechos de los demás, y concluyó: “La decisión tomada por el Consejo de Disciplina del Liceo, claramente significa que (i) los comportamientos del alumno [CAJC] no son aceptados en esta comunidad y que, (ii) no hay garantía en que el acompañamiento de los padres permita el entendimiento del proceso de valoración y sanción de actos que vulneran los derechos de los otros67.
6.2. El 27 de octubre de 2017, la Secretaría General de la Corporación remitió al despacho del magistrado sustanciador el escrito firmado por AG y AS, padres de MS, quienes manifestaron su apoyo al fallo de segunda instancia proferido el 21 de julio de 2017 por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, y a las decisiones adoptadas por el Colegio. Además, expresaron que su hija “ha sufrido un gran estrés psicológico[,] desde ese entonces es seguida por una psiquiatra y un neurólogo, está tomando medicamentos que le proporcionan una cierta tranquilidad. || […] la presencia del adolescente [CAJC] no es apropiada, ni positiva para la comunidad de la [ACFE]68.
6.3. El magistrado sustanciador, con el fin de obtener elementos de juicio para adoptar una decisión más informada en el caso objeto de análisis, mediante auto del 6 de diciembre de 201769, decretó las siguientes pruebas:
6.3.1. Oficiar al rector del Colegio para que informara: (i) acerca de los procedimientos que ha adelantado contra estudiantes del plantel involucrados en los hechos narrados en la presente acción de tutela, aparte del adolescente CAJC, anexando copia de las todas las diligencias respectivas. Incluyendo, además, todas las actuaciones realizadas en el marco de la investigación iniciada contra CAJC; (ii) en qué casos se establece por reglamento la aplicación de la sanción de “exclusión definitiva” del plantel educativo, anexando la normativa respectiva; (iii) las actuaciones adelantadas en el marco del cumplimiento de la orden sexta de la sentencia del 7 de junio de 2017, emitida por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, y que fuera confirmada el 21 de julio de 2017, por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá; y, finalmente (iv) si conforme a la orden octava del fallo anunciado en el numeral anterior, la Policía de Infancia y Adolescencia ha dictado charlas en el Liceo en aras de ilustrar a los estudiantes acerca del impacto que tiene el uso indebido de las redes sociales, y la posible constitución de delitos de pornografía infantil.
6.3.2. Oficiar a la señora EMCG para que informara: (i) la situación actual de su hijo CAJC y si continuó con su proceso educativo; y (ii) las actuaciones adelantadas en el marco del cumplimiento de la orden quinta de la sentencia del 7 de junio de 2017, emitida por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, y que fuera confirmada el 21 de julio de 2017 por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
6.4. Dentro del término legal las respuestas obtenidas fueron las siguientes:
6.4.1. El 14 de diciembre de 2017, el representante legal de la ACFE remitió escrito en el que informó70:


  • Acatando la orden del Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Garantías de Bogotá, el Liceo reintegró al estudiante CAJC el 12 de junio de 2017; además, bajo esa misma premisa, indicó que la institución admitió que los padres del joven lo matricularan para el periodo escolar 2017-2018. Señaló que en la actualidad el alumno cursa 3ème.

  • Reiteró el impacto negativo que implicó el reintegro de CAJC en las tres alumnas que vieron circular sus fotos y sufrir maltrato por parte de sus pares a raíz de ese hecho, al punto que solicitaron autorización para dejar de asistir al Colegio. Informó que los padres de las alumnas las matricularon para el año escolar 2017-2018 y que en la actualidad cursan 3ème; sin embargo, que las jóvenes viven muy mal el hecho de que CAJC permanezca en el Liceo. También agregó que el Colegio presta soporte desde el área de psicología escolar y que alguna de las adolescentes implicadas asiste actualmente a terapias privadas71.

  • Sostuvo que la indefinición acerca de las medidas disciplinarias adoptadas por la institución, ha creado un ambiente insostenible de autoridad frente a los alumnos que se traduce en la creencia de que se pueden transgredir las normas y/o principios que rigen en el Liceo y salir indemnes, pues, una decisión del Consejo de Disciplina (órgano en el que están representadas todas las voces de la comunidad) que sanciona hechos graves es revocada y, con ello, se ve afectada la autoridad de las directivas.

  • Señaló que la decisión proferida en segunda instancia por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá reconoce que el Colegio actúo conforme a las reglas establecidas y que dejar sin efecto dicha decisión pondría en tela de juicio todo un sistema de autoridad que es fundamental que los menores de edad respeten.

  • Planteó que el tiempo que ha transcurrido desde el fallo de primera instancia hasta este momento, ha servido para evidenciar la valoración que hacen de la institución educativa tanto los estudiantes como los padres de familia, “y puede decirse que el alumno [CAJC] no valora esta segunda oportunidad de hacer parte de la comunidad del liceo, pues no muestra respeto por las instalaciones del colegio, no asume una actitud responsable frente a las niñas a quienes expuso su intimidad72.

  • Aclaró que el Colegio no llegó a adelantar ningún procedimiento disciplinario a otro alumno. Al respecto precisó: “En el escrito de tutela de la accionante se hace referencia y se adjuntan registros del hermano de una de las niñas afectadas. Vale señalar que el liceo sólo los conoció hasta ese momento. Sin embargo, el liceo sí conoció de la aproximación que realizó ese mismo alumno en instalaciones del liceo para reclamar y amenazar al alumno [CAJC] por la divulgación de las fotos de su hermana. El Consejero de Educación convocó [A UNA REUNIÓN] a los padres y al alumno […] que amenazó [a CAJC] en la que […] pidió disculpas de su proceder explicando que se sintió muy molesto por la situación en la que se encontraba su hermana tras la divulgación de las fotos. Al evidenciarse la concientización de que con agresiones y/o amenazas no se resuelven las cosas, el caso se cerró ahí. El joven que amenazó al alumno [CAJC] se retiró al finalizar el año escolar 2016-2017, por lo que actualmente no es alumno del Liceo73 (mayúsculas originales).

  • Explicó que conforme al artículo 5.1.9 del Manual de Convivencia la autoridad que decide la exclusión definitiva es el Consejo de Disciplina, una de cuyas atribuciones es servir de última instancia en el proceso de formación disciplinaria, por el incumplimiento de los comportamientos esperados de los alumnos según el Reglamento Interno de bachillerato, en donde, en todo caso, debe evaluarse la gravedad de los actos o las omisiones (se transcriben los artículos 19 al 30). Además, precisó que los castigos y sanciones están regulados en el capítulo 6, artículo 31, del mismo documento, el cual “es aceptado por padres y alumnos al momento de realizar las matrículas74.

  • En cuanto al informe de cumplimiento de la orden sexta del fallo de tutela proferido por el juez de primera instancia, precisó que el Liceo no adelantó ninguna denuncia por la presunta ocurrencia del delito de pornografía infantil; que en desarrollo de la investigación se evidenció la participación de otro alumno, pero que antes de iniciar el Consejo de Disciplina fue retirado del plantel y que, según comentarios que no llegaron a confirmarse, el joven se habría ido del país; igualmente, que no conocieron de las amenazas recibidas por el alumno CAJC sino hasta la remisión de la acción de tutela.

  • En cuanto al informe de cumplimiento de la orden octava del fallo de tutela proferido por el juez de primera instancia, señaló que miembros de la policía se presentaron en la institución en el mes de junio de 2017 y realizaron charlas de prevención y sensibilización de ciberacoso y pornografía infantil. Precisó que en marzo de 2017 ya habían invitado a miembros de la Dijin a realizar charlas de prevención en esos mismos temas, y que estas se realizan anualmente con la finalidad de prevenir la reproducción de actos que afecten la intimidad de las personas. Sin embargo, afirmó que “[l]a aplicación de sanciones y la asunción de las consecuencias de los actos son […] mucho más efectivas75, pues la labor de sensibilización en el respeto de los derechos ajenos no es suficiente si no hay una efectiva aplicación de sanciones.

6.4.2. El 14 de diciembre de 2017, EMCG informó que el joven continua estudiando en el Liceo, al cual reingresó después del fallo de tutela de primera instancia y que al finalizar el año académico anterior (junio de 2016) fue matriculado en el Centro Nacional de Educación a Distancia Francés (CNED) para que recuperara el tiempo perdido y validara francés y matemáticas76.


En relación con las actuaciones adelantadas en el marco del cumplimiento de la orden quinta de la sentencia del 7 de junio de 2017 emitida por el juez de tutela de primera instancia, señaló que el 21 de junio del mismo año fueron radicadas sendas denuncias penales en contra del joven SP, ante la Fiscalía para la Infancia y la Adolescencia, y en contra de la señora AM, madre de SP, ante la Fiscalía General de la Nación, por las amenazas recibidas77. Agregó que al mes siguiente recibieron comunicación de la Fiscalía 360 Local - Bienes, en la que se informaba el archivo de las diligencias adelantadas en el radicado 110016000050201725432, por amenazas de SP y otros, por conducta atípica, según Resolución del 5 de julio de 201778. También indicó que en septiembre de 2017, recibieron comunicación de la Fiscalía 45 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito en la que se informaba la decisión de archivo provisional de las diligencias realizadas en el radicado 11001600005020172445779.
En relación con las órdenes que implicaban a los padres del adolescente, agregó que fueron cumplidas estrictamente y que han apoyado a CAJC, quien se encuentra en tratamiento psicológico cubierto por ellos, para que pueda afrontar el incidente.
6.4.3. El 16 de enero de 2018, se radicó oficio suscrito por la Coordinadora Jefe de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales para Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación80. Informó que mediante oficio No. 792 del 7 de junio de 2017, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Garantías de Bogotá puso en conocimiento del ente fiscal los hechos que son objeto de la acción de tutela, asignándose como número de noticia criminal el 110016000020201725275, con los siguientes datos: presunto indiciado: CAJC; presuntas víctimas: IF y otras; delito: pornografía con menores, siendo asignada la carpeta a la Fiscalía 502 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes81.
Señaló que la Fiscalía 502 Delegada “acuciosamente, y con la prudencia necesaria que toda investigación amerita, de inmediato impartió órdenes a la Policía Judicial con el fin de adelantar la indagación y procurar de alguna manera aclarar los hechos denunciados, y lo más importante en este asunto, lograr la presencia de las presuntas víctimas quienes una vez escuchadas, aportarán suficientes, mayores y mejores elementos de juicio necesarios para que el señor Fiscal a cargo de la carpeta, pueda tomar la decisión que en estricto Derecho y Justicia corresponda82.
Agregó que el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia MEBOG, acatando la orden del Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Garantías de Bogotá, realizó una capacitación pedagógica acerca del buen uso de redes sociales con los estudiantes del grado séptimo del Liceo, en el marco del programa “Abre tus ojos”. Lo anterior, según información que fuera suministrada por el vicerrector de la institución educativa, GM, y el jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia MEBOG, capitán Luis Carlos Urrego Rodríguez83.
6.4.4. El 22 de enero de 2018, luego del traslado de las pruebas recaudadas en el trámite de revisión, la señora EMCG expuso las siguientes consideraciones84:


  • Desde el inicio de las actuaciones por parte del Colegio las niñas fueron catalogadas como “víctimas” y los niños como “victimarios” sin tener en cuenta la edad y el nivel de madurez emocional y psicológica de todos los jóvenes involucrados y sin comprender el tipo de relacionamiento que ellos tienen a través de las redes sociales, para entrar a generar entornos de apoyo y formación en el manejo de dichas redes y educación sexual.

  • En relación con el exhorto al Colegio para prevenir conductas de bullying contra CAJC contenido en el resolutivo séptimo del fallo de primera instancia, señaló que las directivas de la institución antes de proteger a su hijo, “lo han estigmatizado con acciones en las que ‘previenen’ a los auxiliares de educación, a los alumnos, profesores y padres de familia”, como si fuera un delincuente de alta peligrosidad frente a quien la institución educativa tiene que proteger a su comunidad, y no han tenido en cuenta que se trata de un adolescente que también requiere apoyo, como el que se les ha brindado a las estudiantes involucradas que sí han contado con orientación psicológica de parte de la institución educativa85.

  • Indicó que el único contacto que tuvo CAJC con la dependencia de psicología del Colegio, fue cuando la psicóloga de bachillerato lo citó antes del Consejo de Disciplina para conocerlo y dar un concepto sobre él con destino a dicho organismo.

  • Señaló que el Colegio jamás preguntó por la situación emocional del adolescente, quien desde la infancia fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad de tipo mixto y ha sido manejado por neuropediatría con methilfenidato de liberación prolongada (ritalina LA).

  • Sostuvo que desde enero de 2017, al observar algunos cambios en CAJC, se inició seguimiento con psiquiatría y psicología infantil para apoyarlo.

  • Señaló que la manera en que los jóvenes manejan su intimidad e información en las redes sociales constituye todo un reto para los adultos que, lejos de ser un lugar de juicio entre “niños malos” y “niños buenos”, reclama una nueva forma de aprendizaje.

  • Explicó que fueron muchas las fotos de niñas diferentes a las citadas en la acción de tutela que circularon en las redes sociales y que fueron enviadas por ellas mismas a sus compañeros y que, según lo comentó uno de los jóvenes, las imágenes eran intercambiadas “como las láminas de álbumes86. Y agregó que el caso de CAJC fue utilizado por la institución educativa para “dar una sanción ejemplarizante87.

  • En relación con la vulneración del debido proceso planteó: “el consejo de disciplina se desarrolló en francés, para lo cual necesitamos intérprete, somos hispanoparlantes, y estamos en Colombia donde el idioma oficial es el español, no pudimos ver ni controvertir las pruebas a las que nombraron como ‘nuevas informaciones’ incluyendo las declaraciones de niñas, que no fueron conocidas ni completadas o discutidas con nosotros, nuestro hijo fue tildado casi de delincuente por una conducta colectiva, sin conocer todos los elementos de la decisión y sin tener un defensor dentro de un contexto que más que un consejo de disciplina de colegio parecía un juzgado penal sin garantías. […]88.

  • Agregó: “[d]urante el Consejo nuestro hijo fue reprendido, acusado e inducido a confesar la conducta, estuvo sometido a tensión emocional, no nos fue permitido apoyarlo. No tuvimos acceso al acta levantada por el Consejo de Disciplina por ser información ‘confidencial’, simplemente recibimos un documento donde el colegio dicta ‘el veredicto y el castigo’. No hubo presencia durante el Consejo de Disciplina de un Psicólogo que orientara el interrogatorio, […], la protección especial de los niños fue violada; amparándose en la autoridad del colegio89.

  • Afirmó que el Colegio no tuvo un manejo adecuado para la problemática que afectó a varios alumnos y por la cual tuvo que responder solo CAJC, a quien le fue impuesta la sanción de exclusión definitiva, pese a que ni el Reglamento Interno ni el Manual de Convivencia son específicos “en la relación Acto-Sanción, ni en la graduación de las faltas y las sanciones90.

6.4.5. El 22 de enero de 2018, se radicó la respuesta del jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG91 en la que informa que el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia, en junio de 2017, realizó una capacitación pedagógica acerca del buen uso de las redes sociales y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006), con los estudiantes del grado séptimo del Liceo, en el marco del programa “Abre tus ojos”.


II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento de los problemas jurídicos
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿vulneró el Liceo el derecho al debido proceso del adolescente CAJC, con ocasión del procedimiento disciplinario adelantado por “uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”, y que culminó con la decisión del Consejo de Disciplina de la institución educativa de expulsarlo definitivamente a partir del 2 de mayo de 2017, en razón del desconocimiento de garantías procesales como el derecho de defensa y contradicción y el principio de legalidad de la falta y la sanción? Y, como consecuencia de lo anterior, ¿vulneró los derechos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre y la honra del joven CAJC?
Para resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar y el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, de subsidiariedad e inmediatez; (ii) recordará la línea jurisprudencial de la Corporación acerca de los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas, y, finalmente, (iii) resolverá el caso concreto.
3. Examen de procedencia de la acción de tutela
3.1. Legitimación en la causa
3.1.1. Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Además, el artículo 10 del Decreto 2591 de 199192 establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
En esta oportunidad, el adolescente CAJC, de 15 años, y la señora EMCG presentaron acción de tutela en contra del Colegio. La señora EMCG actúa en su calidad de representante legal del joven CAJC, por lo que se encuentra legitimada en la causa para actuar en el presente trámite.
En lo que tiene que ver con la legitimación para actuar del adolescente, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha planteado que cuando el artículo 86 constitucional señala que cualquier persona puede acudir a la acción de tutela, no hace diferenciación alguna sobre los titulares del mecanismo de amparo. En consecuencia, la edad no constituye un factor diferenciador ni limitante frente a su ejercicio, por cuanto no existe una exigencia expresa acerca de una mayoría de edad para presentarla, permitiéndose así que los niños, las niñas y los adolescentes tramiten sus pretensiones en defensa de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela sin que, para ello, requieran actuar a través de sus padres o representantes legales93. Sin embargo, como se dijo, en el caso concreto también intervino la madre del menor.
Así las cosas, los accionantes se encuentran legitimados en la causa para reclamar la protección de derechos fundamentales ante las actuaciones llevadas a cabo por la institución educativa demandada.
3.1.2. Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 86 de la Constitución Política define la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario que procede para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Frente a este segundo grupo, la norma precisa que procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
A su vez, el numeral 1º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares encargados de la prestación del servicio público de educación.
En el caso específico de los colegios, la Corte Constitucional cuenta con abundante jurisprudencia que explica cómo actos abusivos o abusos de poder de centros educativos privados, pueden también ser objeto de control por parte del juez constitucional. Por ejemplo, en la Sentencia T-390 de 2011 la Sala Quinta de Revisión resolvió la petición de amparo que unos padres presentaron contra la decisión de un colegio privado de expulsar a su hijo menor de edad. La Corte confirmó los fallos de instancia que ordenaron el reintegro del menor a la institución, por considerar que el procedimiento disciplinario aplicado desconoció el debido proceso. Igualmente, reiteró en esa oportunidad que el artículo 42, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991 expresamente señala que la tutela procede contra particulares que prestan el servicio público de educación.
Así las cosas, el mecanismo de amparo constitucional resulta procedente contra el Colegio accionado, ya que se trata de una institución educativa privada94.


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