Sentencia t-240/18



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Sentencia T-240/18

Referencia: Expediente T-6.323.997


Acción de tutela presentada por CAJC y EMCG en contra de la ACFE
Magistrado ponente:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO



Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Colegios están facultados para sancionar a estudiantes que afecten el derecho a la intimidad en el uso de redes sociales.
4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia1
4.1. El derecho a la educación contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en instituciones educativas. Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación2, su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de procesos sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.
Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso, aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión.
4.2. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así, en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión; segundo, representan las reglas mínimas de convivencia escolar y, tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los estudiantes y sus padres de familia.
También, esta condición está reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 873 . Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. En repetidas ocasiones, la Corte ha amparado los derechos de estudiantes a los que les han impuesto sanciones a partir de cambios abruptos en dichos manuales. Por ejemplo, en la Sentencia T-688 de 2005 la Sala Quinta de Revisión amparó los derechos de una persona que fue enviada a la jornada nocturna de una institución educativa por el hecho de haber tenido un hijo. En esa oportunidad, indicó que cualquier cambio en el reglamento que no sea aprobado por la comunidad educativa es una imposición que no consulta los intereses, preocupaciones y visión de los llamados a cumplir con la normativa establecida en el manual, lo que resultaría incompatible con el debido proceso de los ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, los manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes por lo que son cartas de navegación que deben servir de guía ante la existencia de algún conflicto de cualquier índole. La Corte expresamente ha señalado que el reglamento es la base orientadora de la filosofía del Colegio. En la Sentencia T-694 de 2002, la Sala Novena de Revisión al analizar la regla de preservación de un cupo educativo por cursos aprobados, reconoció que sin este tipo de requisitos no sería posible mantener un nivel de excelencia, de disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación. Así, precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad académica, los educandos, los profesores y los padres de familia, en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad y de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
La Corte ha reconocido también que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta4, la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional sino que comporta deberes correlativos, por eso ha sido denominada como un derecho-deber5. De esta manera, en la Sentencia T-323 de 1994, la Sala Tercera de Revisión al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó que si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, también lo es que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones.
4.3. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de la Constitución6. En general, se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Como ejemplo se puede acudir a la Sentencia T-341 de 2003, que reconoció que una sanción impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin constitucionalmente legítimo7 .

Así las cosas, por una parte, la Corte Constitucional de manera reiterada ha insistido en que las sanciones que se impongan, por más justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al debido proceso. En la Sentencia T-917 de 2006 la Sala Tercera de Revisión recopiló las principales dimensiones del derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas8 en los siguientes términos:
“Las instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal […] regir sus relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia. Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación.
Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves.9 Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas)10 y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.11 Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo.12”.
4.4. Por otra parte, la Corte Constitucional ha señalado en jurisprudencia vigente que el debido proceso de los estudiantes tiene que garantizar el derecho de defensa. Así, en la Sentencia T-459 de 1997, en donde se analizó el caso de un estudiante a quien no se le renovó la matrícula debido a faltas injustificadas, retrasos y un supuesto hurto que había cometido en la institución educativa a la que pertenecía, la Sala Tercera de Revisión al amparar el derecho al debido proceso del joven, aseguró que los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas deben garantizar el derecho de defensa del estudiante a quien se le impute la comisión de una determinada falta, razón por la cual los manuales de convivencia deben contener como mínimo: (i) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción13.
Con respecto a lo primero, es decir, a la determinación de las faltas y las sanciones, este Tribunal ha establecido que la garantía del debido proceso exige que los manuales de convivencia describan con precisión razonable los elementos generales de la falta, distingan claramente su calificación (esto es si se trata de una falta grave o leve) y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la misma.
Así, en la Sentencia T-944 de 2000 la Sala Sexta de Revisión decidió una tutela acerca de una menor a la que no se le permitió matricularse al curso siguiente, por sus continuas faltas de indisciplina. En este caso manifestó que no era suficiente que una conducta apareciera claramente determinada como una falta, para concluir de manera inmediata que con eso se respetaba el principio de legalidad implícito en las garantías del debido proceso.
4.5. Son múltiples los casos en los que la jurisprudencia ha dejado sin efectos una sanción disciplinaria porque una institución educativa no ha cumplido con las reglas que establece su propia normativa interna, ya sea fijada en el manual de convivencia y/o en el reglamento interno. Por ejemplo, en la Sentencia T-243 de 1999 se ordenó revocar la sanción de matrícula condicional impuesta a una menor por la institución educativa (Colegio de La Presentación de Tunja) por cuanto los motivos que originaron tal correctivo no estaban señalados de manera expresa en el Manual de Convivencia institucional como faltas disciplinarias14. De forma similar se pronunció la Sentencia T-307 de 2000, en la que se resolvió dejar sin efecto una sanción impuesta y ordenar al centro educativo (Colegio Calasanz de Pereira) reiniciar, adelantar y terminar el proceso sancionatorio, respetando el Manual de Convivencia institucional15, y la Sentencia T-022 de 2003 que ordenó al Colegio (Instituto Técnico Tabora - jornada tarde) volver a iniciar el procedimiento adecuado de tramitación de la sanción de un joven estudiante, de acuerdo al Manual de Convivencia vigente16.
La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho al debido proceso incluso en aquellos casos en los que se ha demostrado que los estudiantes investigados y sancionados sí cometieron las faltas que les fueron endilgadas, eso sí, advirtiendo que el proceso se ha de repetir adecuadamente, teniendo en cuenta que no es solo una garantía para los estudiantes sancionados, sino también, para los estudiantes que sean víctimas, en los casos en los que ello ocurra. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-917 de 2006 se estudió el caso de un grupo de jóvenes que solicitaban que se les tutelara su derecho al debido proceso, porque se les había impuesto sanciones drásticas y graves sin el debido respeto de esa garantía constitucional. En efecto, los jóvenes habían sido gravemente sancionados por cometer un acto de humillación sexual contra un compañero17. Aunque la Sala Tercera de Revisión amparó el derecho al debido proceso de ese grupo de menores de edad por constatar que se presentaron varias irregularidades en el proceso disciplinario, también indicó claramente, que las normas del Manual de Convivencia institucional no aseguraban una reparación adecuada para la víctima de este tipo de intimidación. Por esa razón, la Sala tomó varias medidas tendientes a asegurar que se garantizaran los derechos a la intimidad y dignidad de la víctima, además, que las autoridades emprendieran acciones para protegerlo de la estigmatización pública que la agresión pudo haberle ocasionado18.
4.6. Como se dijo, dentro de las reglas del debido proceso se encuentra también la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, en función de la gravedad de la falta cometida, los bienes jurídicos afectados y el propósito pedagógico. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-651 de 2007 se estudió el caso de un estudiante universitario de mitad de carrera al que, luego de una riña, se le impuso la sanción de expulsión y prohibición de reingreso por 20 años que, a juicio de los jueces de instancia, era desproporcionada e irrazonablemente diferente a la que se le había impuesto a los demás estudiantes sancionados por los mismos hechos19.
Ahora bien, ello no quiere decir que no se puedan imponer sanciones fuertes y estrictas como una expulsión, o que se pretenda trasladar exigencias propias del formalismo procesal penal, afectando así el sentido pedagógico y formativo que tienen los procesos disciplinarios en el contexto educativo. Por ello, en la Sentencia T-263 de 2006, por ejemplo, la Sala Primera de Revisión revocó las decisiones de los jueces de instancia que habían tutelado los derechos de una estudiante, supuestamente porque una universidad (Los Andes) había desconocido su derecho al debido proceso y, en consecuencia, resolvió dejar en firme la sanción impuesta por la universidad consistente en la cancelación de la matrícula y prueba de conducta por dos semestres por haber cometido un fraude. Si bien los jueces de instancia consideraron que la apertura del proceso no había sido totalmente clara y precisa respecto a la acción que se le endilgaba y, además, que la sanción era desproporcionada y exagerada, la Sala estuvo en desacuerdo con tan elevado estándar de análisis de las actuaciones educativas, al constatar que las reglas básicas del debido proceso sancionatorio se habían cumplido y resolvió negar el amparo que se había concedido y dejar en firme la sanción que había sido impuesta.
4.7. De lo expuesto con anterioridad, se infiere que la sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo, no infringe sus derechos fundamentales siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) la observancia del derecho constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, en lo que tiene que ver con el procedimiento adoptado para la imposición de la sanción; (ii) que se comprueben los cargos atribuidos al estudiante; (iii) que el manual de convivencia o reglamento consagre la sanción impuesta; y (iv) que la sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la infracción cometida y con observancia del caso concreto del alumno20.
4.8. Adicionalmente, el Tribunal ha señalado estrictos límites sobre la potestad sancionatoria considerando que la misma se restringe a escenarios determinados. Así, la Sentencia T-918 de 2005 recordó que si bien hay ciertos ámbitos en los cuales un colegio no solo tiene la potestad sino el deber de sancionar el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, también existen otros, en donde esa facultad se ve restringida e incluso anulada por completo. De esta manera, la Corte distinguió tres posibles foros: (i) los educativos; (ii) los que tengan proyección académica e institucional; y (iii) los estrictamente privados.
Los primeros están conformados por las mismas sedes de las instituciones donde las conductas de los alumnos están sujetas a un control riguroso de la comunidad educativa pues son en estas, donde se desarrolla gran parte de su proceso formativo. El segundo tipo de foro lo constituyen escenarios de interacción educativa como actividades culturales y deportivas que se realizan por fuera del colegio. En estos casos, la Corte ha aceptado que la conducta de los estudiantes compromete no solo el nombre de una institución, sino que también refleja la formación impartida a sus alumnos, por lo que es razonable exigir la observancia de ciertas reglas de conducta y, llegado el caso, imponer sanciones ante el incumplimiento de tales reglas. Finalmente, en los foros estrictamente privados, como lo explicó la Sentencia T-491 de 2003, la conducta de los miembros de la comunidad educativa no interfiere ni entorpece la actividad académica, ni compromete el nombre de una institución, por lo que las conductas allí desplegadas no pueden ser objeto de ninguna clase de sanciones disciplinarias toda vez que hacen parte del desarrollo privado y autónomo del individuo.
4.9. Lo que pone de presente la jurisprudencia constitucional es que todo trámite sancionatorio debe seguir reglas de respeto al debido proceso que garantice que los estudiantes puedan participar activamente del mismo, fomentando un escenario de deliberación y conciliación de acuerdo a los principios generales del manual de convivencia y los derechos a la dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá el 7 de junio de 2017 y, en segunda instancia, por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá el 21 de julio de 2017, dentro del proceso iniciado por CAJC y EMCG en contra de la ACFE-LFLP de Bogotá.
El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho, mediante auto proferido el 25 de agosto de 2017 y notificado el 11 de septiembre de 2017.
Aclaración previa

 

En reconocimiento del derecho a la intimidad y los demás derechos fundamentales de los adolescentes y las familias involucradas en el presente proceso, la Sala Quinta de Revisión decidió ocultar sus nombres y los de sus familiares más cercanos, consignando solo sus iniciales, al igual que otros datos e información que permitan su identificación.


I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El adolescente CAJC y la señora EMCG, madre y representante legal del primero21, presentaron acción de tutela en contra de la ACFE-LFLP de Bogotá (en adelante el Colegio o el Liceo), con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales del joven a la educación, a la formación integral y al progreso, al libre de desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, al buen nombre y a la honra, al debido proceso, al derecho a la defensa, a la integridad física y a la salud mental. Lo anterior, debido a la decisión del Consejo de Disciplina de la institución accionada de expulsar definitivamente a CAJC del Colegio, a partir del 2 de mayo de 2017, en el marco de una investigación adelantada por “uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos [de algunas compañeras del colegio] con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”, supuestamente, sin respetar las reglas del debido proceso.
Solicitaron que se le ordene al Liceo revocar la decisión anterior e informar de ello a los padres de familia y profesores de la institución. Además, por conducto del rector y de la asociación de padres de familia, que se requiera a la señora AM y al joven SP, madre y hermano de MAP, alumna del Colegio, para que no continúen amenazando la vida de CAJC, ni su integridad física y moral, así como al señor LP, padre de otra alumna, para que no vuelva a alterar la tranquilidad de su hogar con llamadas amenazantes22.
A continuación se presentan los hechos más relevantes según fueron descritos en la demanda:
1.1. A principios del mes de diciembre de 2016, como era común entre los adolescentes de la edad de CAJC (13 años), este con su celular tomó una foto de sus abdominales y se la envió a un amigo del CLN. Ese amigo le envió la fotografía a MG, quien estudiaba en el curso y colegio de CAJC, y este a su vez la compartió con otros amigos y amigas. Se relató que un día estando CAJC en el Colegio en la fila de ingreso al salón, MG empezó a molestarlo por lo que se inició una riña entre los estudiantes, situación que le implicó una sanción consistente en una advertencia y un día de exclusión.
1.2. En el mismo mes y año, CAJC empezó a hablar con IF (normalmente por WhatsApp o Snapchat), una adolescente de su edad. Una noche el joven le pidió una fotografía con su torso desnudo, imagen que ella le envió y él guardó en su celular. Se narró que un amigo de CAJC tomó su celular y sin que este se diera cuenta compartió la foto de IF, que estaba guardada en el dispositivo, con otros compañeros de su clase.
1.3. Durante esas vacaciones de diciembre de 2016, CAJC también le pidió fotografías a MAP con el torso desnudo y semidesnudo, imágenes que ella le envió y él guardó en su dispositivo. Se relató que la adolescente le siguió enviando muchas más fotos que el joven no le había solicitado, las que también guardó, además que en febrero de 2017 compartió una de las imágenes (la primera que le fuera enviada y en donde aparecía sin brasier) con su amigo y compañero de clase S. Se planteó que en el curso en el cual estudiaba CAJC circulaban varias fotografías de MAP que este no había compartido.
1.4. En marzo de 2017, a través de la red, CAJC le pidió una foto con el torso desnudo a MS, imagen que ella le envió y él guardó en su celular. Se narró que unos días después, el joven compartió la imagen guardada con su amigo S. También se precisó que en el curso en el que se encontraba estudiando el adolescente circulaban varias fotografías de MS que este no había compartido.
1.5. En el mismo mes de marzo CAJC se enteró que MAP le había contado a su hermano mayor, SP, que quien había difundido todas las fotografías era él. Se relató que desde el 22 de ese mes empezaron a llegarle al joven amenazas de parte de SP, además, que la madre de la estudiante, AM, lo ultimó con hacerlo expulsar del Colegio. También se señaló que el 24 de marzo llegó el joven SP, en compañía de tres amigos, a la casa de CAJC exigiendo que saliera, pero que el hermano de este les indicó que no se encontraba en el lugar23. Desde ese entonces, según se narró, el adolescente y sus padres sienten mucha preocupación y temen por su seguridad.
1.6. El 29 de marzo de 2017, el vicerrector académico del Colegio, GM, una vez enterado de que los jóvenes de la clase 4e6 estaban compartiendo fotografías íntimas, envió a los padres de los 26 alumnos un correo electrónico en el que los alertaba acerca de los hechos24.
1.7. Mediante comunicación del 31 de marzo de 2017, CAJC fue citado con sus padres a una reunión con el rector y el vicerrector del Colegio, para el 3 de abril25. Se narró que en esa ocasión, el rector le recriminó al joven su conducta al enviar las fotografías y, sin permitirle dar explicaciones al respecto, les planteó a sus padres que “para no [llevar al estudiante] a juicio al Consejo de Disciplina, que [lo] retiraran inmediatamente del Colegio26. Igualmente, “[l]es dijo que se tenía como un hecho confirmado [su] responsabilidad directa en la difusión de fotos íntimas de las alumnas del liceo por redes sociales, [configurando] ello una falta muy grave, que daba motivo a [la] expulsión del colegio27.
1.8. Se indicó que como CAJC no había hecho nada distinto de lo que era común y frecuente entre sus compañeros y compañeras de clase, este no aceptó que sus padres lo retiraran del Colegio. Además, porque a otros de sus compañeros que también habían compartido fotografías íntimas, no se les había exigido su retiro sino que habían sido suspendidos por unos días sin pasar por el Consejo de Disciplina.
1.9. Luego de un mensaje que el 3 de abril de 2017 CAJC le enviara al vicerrector de la institución, a través del cual le solicitaba dispensarle un tratamiento menos riguroso que no implicara su expulsión28, el señor GM le indicó que debía llevar su caso ante el Consejo de Disciplina29.
1.10. Se narró que en abril de 2017 el rector del Colegio les comunicó a los padres de CAJC que el joven había sido convocado ante el Consejo de Disciplina que se reuniría el 2 de mayo de 2017 a las 9:30 horas, por lo que les solicitó su acompañamiento y les informó que el archivo estaría a su disposición en la secretaría de la institución, el cual tenía carácter reservado, y que su hijo podía defenderse y ser asistido por la persona que él escogiera. En dicha comunicación se leen como hechos que dieron lugar a la convocatoria: “Uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del liceo30.
1.11. Se señaló que el joven CAJC pidió perdón por sus actuaciones y que el 30 abril de 2017 entregó en los domicilios de MAP y MS sendas cartas dirigidas a sus padres en las que les ofrecía disculpas31.
1.12. Se refirió que el 2 de mayo de 2017 se llevó a cabo el Consejo de Disciplina32, al cual asistió CAJC junto con su madre, su padre y una traductora; asimismo, se hicieron presentes MAP, MS y sus respectivos padres. Se narró que en esa oportunidad fueron recaudadas y analizadas pruebas que no fueron conocidas, además que la actuación se adelantó en francés hasta que se solicitó cambiar el idioma al español. Al final la decisión fue la exclusión definitiva del adolescente de la institución educativa a partir del 2 de mayo33.
1.13. Se indicó que el 9 de mayo fue remitida la apelación ante el embajador de Francia34. En dicho documento se reiteró la solicitud de considerar que la sanción no fuera la exclusión definitiva del Colegio. Así mismo en esa fecha, se le solicitó al rector de la institución que le permitieran a CAJC continuar estudiando hasta que se resolviera el recurso. Esta última petición fue negada bajo el argumento de que la decisión del Consejo de Disciplina tenía que ser aplicada durante el transcurso de la apelación35.
1.14. Se relató que el 15 de mayo de 2017 la madre de CAJC recibió una llamada del señor LP, padre de MFP, en la que acusaba a CAJC de haberle escrito a su hija el 12 de mayo, pidiéndole fotos vía Instagram; además, le exigió que le prohibiera a su hijo comunicarse con la joven bajo la amenaza de darle aviso a la policía. Se relató que los anteriores hechos afirmados fueron negados por CAJC.
1.15. Se señaló que dado el modo en que se produjo la expulsión de CAJC y todos los comentarios y rumores que se generaron en el marco del procedimiento, los que lo señalan como “pervertido” y “acosador sexual”, y pese a que el Colegio emitió certificación que indica que el retiro se produjo libremente por haber tenido inconveniente con los compañeros de clase, es muy difícil que lo acepten en otra institución educativa ya que lo que se conoce es que fue “expulsado, después de un consejo de disciplina”. Situación que además afecta su dignidad y buen nombre y el de su familia.


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