Sentencia t-175/12



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Sentencia T-175/12

Referencia: expedientes T-2966006 y T-2973769 (acumulados)

Acciones de tutela presentadas por Hernando Murillo Murillo, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC,- Penitenciaria La Picota, y Caprecom EPS-S; y por Víctor Manuel Vargas Sandoval, Edwar Bastos Alfonso y Willinton Granda Rueda, quienes actúan en nombre propio y en representación de los internos de la torre 1 ala “B” del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC,- Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta.


Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA



Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

3.1. En múltiples oportunidades esta Corporación se ha referido a la relación de especial sujeción, para aludir al vínculo constitucional que existe entre el Estado colombiano y las personas privadas de su libertad. La sentencia hito en la materia es la T-158 de 1998.1 En esa providencia, la Corte estudió dos casos de hacinamiento en dos instituciones carcelarias del país. En el primero de ellos, un hombre recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín presentó acción de tutela contra el INPEC por el hacinamiento dentro de la institución, especialmente en las horas de la noche cuando estando todos los reclusos juntos el espacio para dormir resultaba insuficiente. En el segundo caso, un grupo de reclusos de la Cárcel Nacional Modelo presentó acción de tutela también contra el INPEC. Consideraron que las obras de remodelación de los pabellones 3, 4 y 5 de la cárcel, aumentaron la situación de hacinamiento de 2500 reclusos, tanto en las celdas como en los patios. En ese contexto, pesar de que la queja de los actores era por hacinamiento, al visitar las instituciones la Corte observó otros problemas que afectaban de forma general a la población carcelaria del país. Y al encontrar que la política carcelaria del Estado no estaba garantizando la protección de los derechos fundamentales de los reclusos, ni las condiciones mínima de existencia digna, declaró estado de cosas inconstitucional.2 Para llegar a esa decisión, la Corte primero aludió a la relación de especial sujeción. Las consecuencias de tal situación, en especial, aquellas referidas a sus derechos fundamentales, es un aspecto que en varias ocasiones ha sido abordado por la Corte. Al respecto, se ha establecido una doctrina constitucional ampliamente reiterada, que a continuación se expone en extenso:
Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.
De la existencia, identificación y régimen de las llamadas ‘relaciones especiales de sujeción3 entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.
De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación4 de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial5 (controles disciplinarios6 y administrativos7 especiales y [la] posibilidad de limitar8 el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado9 por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad10 del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales11 (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser12 especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar13 de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo14 en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo15 en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias16 que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización17 de los reclusos.
En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho.1819
3.2. Dentro de los deberes que surgen en cabeza del Estado como contrapartida al ejercicio del legítimo poder punitivo, la jurisprudencia ha resaltado que el respeto por la dignidad humana constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal,20 reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos, prevalentes en el orden interno (art. 93, CP).21 La jurisprudencia constitucional ha resaltado la importancia de la protección de la dignidad de toda persona privada de la libertad. Al respecto ha señalado,
Cuando se considera que se desconoce la ‘dignidad’ de las personas privadas de la libertad en las cárceles del país, suele hacerse en dos sentidos. Para hacer referencia al desconocimiento de las condiciones materiales de existencia mínima que se han de garantizar a toda persona, en tanto ser humano (‘vivir bien’), por un lado, y para referirse al haber sido privado de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral (‘vivir sin humillaciones’), por otro lado.22 Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de reclusión es temporal, la dignidad humana no sólo supone asegurar condiciones mínimas y básicas necesarias para la vida presente, sino también garantizar la posibilidad de regresar al seno de la sociedad mediante procesos adecuados de resocialización.2324
3.3. El valor constitucional de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad por el Estado es un aspecto que el juez de tutela debe tener en cuenta desde el momento mismo la recepción del caso, pues la especial protección de su dignidad y del goce efectivo de sus derechos impacta todos los momentos del proceso. En Las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos,25 las Naciones Unidas declaran que todos los reclusos de las instituciones penitencias y carcelarias de los Estados adoptantes, sin hacer diferencias de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera, tienen derecho a ciertas condiciones mínimas, que les permitan disfrutar de una vida verdaderamente digna y humana. En concreto, la declaración hace referencia a las condiciones mínimas en que se deben encontrar los espacios destinados para uso de los reclusos, especialmente, el espacio destinado para dormir y las instalaciones sanitarias; el acceso a ropa y ropa de cama; a una adecuada alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas; al agua potable para el consumo; a ejercitarse físicamente; a recibir servicios médico calificado; y al trabajo.
3.4. De las reglas resulta pertinente resaltar, de forma específica, aquellas que contienen las garantías mínimas que los peticionarios solicitan se les amparen por medio de esta acción: acceso a servicios de salud, acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias higiénicas. En lo que atañe a estos reclamos, la Reglas referidas disponen por una parte que “12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente”. Al mismo tiempo, establecen que “13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado”. Igualmente, consagran el derecho a que “14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios”. De otro lado, dicen que “20. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”. Finalmente, se refieren a que “22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado”.
3.5. Estas reglas deben ser consideradas en este caso, entre otras razones, porque los principios aludidos han sido reiterados por la jurisprudencia de esta Corporación, como se muestra a continuación:



3.5.1. Así, para empezar, lo que se refiere al acceso al agua potable de las personas privadas de la libertad, en la sentencia T- 639 de 200426 la Corte estudió el caso de los reclusos de la cárcel “Las Mercedes” de Cartago, Valle, quienes manifestaron que el suministro de agua en las horas de la mañana no satisfacía la demanda de los internos para bañarse y realizar sus necesidades fisiológicas. El escaso suministro de agua se debía a que la empresa de agua racionalizó el servicio porque la cárcel le adeudaba algunas facturas. En esa oportunidad, la Sala Quinta de Revisión manifestó que el deber de suministro de agua potable, en el marco de la relación de especial sujeción, exigía un suministro continúo del servicio público de agua potable, pues de ello dependía la satisfacción de otros derechos como la alimentación, el aseo personal, el mantenimiento de condiciones sanitarias higiénicas aceptables, etc., que a su vez repercutían en la dignidad de la población carcelaria. Por lo tanto, concluyó que las empresas de servicios públicos tenían derecho a ejercer los medios coactivos a su disposición, pero no podían suspender el suministro de agua.

3.5.2. Por otra parte, en la sentencia T-1134 de 2004,27 en un caso en el cual se debía decidir sobre la constitucionalidad del horario dispuesto para el suministro de agua potable dentro de la penitenciaria “Doña Juana” de La Dorada (Caldas), la Corte encontró que los intervalos eran insuficientes para suplir la demanda de agua potable de 10 pabellones con 1520 internos, y que en consecuencia los reclusos experimentaban una violación en sus derechos a la dotación y el suministro de agua, el cual podía generar problemas de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y enfermedades, entre otras circunstancias contrarias a la Constitución. El horario aproximado de provisión de agua potable era de 5:30 am a 6:00 am (10 minutos antes de salir de la celda); después de salir 10 minutos por patio – ducha; de 9:00 a 9:40 am (baños comunitarios); de 12:00 a 12:15 pm (15 minutos por pabellón – ducha) y de 4:00 a 4.15 pm (ducha por pabellón).28 La Corporación resolvió sobre el particular:
“(…) la insuficiencia de la dotación y el suministro de agua puede generar problemas de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y enfermedades, entre otras. || Por consiguiente, y en aras de proteger los derechos vulnerados del actor y de los demás internos, se ordenara al INPEC, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de esta providencia, inicie las gestiones necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien corresponda, la materialización de la obra de acometida adicional en tubería, para solucionar así el problema del suministro de agua presentado en la penitenciaria, para que de esta forma mejore su almacenamiento”.
3.5.3. Aparte de estos casos, en la sentencia T-317 de 200629 la Corte protegió el derecho al agua potable de los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, quienes se quejaron de la falta de suministro de agua para limpiar los sanitarios y, por lo mismo, de la consecuente proliferación de moscas y zancudos, así como de malos olores especialmente en los baño ubicados cerca de los comedores. En esa oportunidad, la Corporación sostuvo que el derecho a contar con unas condiciones mínimas de existencia también implicaba el derecho tener suficiente agua potable, no sólo para el consumo, sino también para disfrutar de un entorno higiénico. Incluso señaló la Sala que si el deber de mantener los sanitarios aseados le corresponde a un determinado grupo de reclusos, y los mismos no cumplen con ese deber, es la institución carcelaria la encargada de tomar los correctivos que correspondan con el fin de arreglar la situación.
3.5.4. En cuanto al acceso a los servicios de salud, la Corte ha reiterado que en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la relación de especial sujeción, la salud debe considerarse como un derecho que no puede suspenderse. En consecuencia, todos los reclusos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios tienen derecho a que el Estado les garantice el acceso a los servicios de salud que requieran, prestados bien sea por la unidad de sanidad dentro del establecimiento30 o por la entidad promotora de salud contratada para tales fines. En concreto, en la sentencia T-744 de 200931 se protegió el derecho a la salud de un recluso del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, que de acuerdo a dictamen de los médicos que lo atendieron en sanidad de la institución, sufría trastornos psiquiátricos y debía ser remitido a una unidad de salud mental por fuera del establecimiento, para recibir el tratamiento adecuado a su enfermedad. Reiteró en esa oportunidad la Sala Cuarta de Revisión, lo que aquí se ha sostenido y dijo:
“[s]iguiendo esa línea interpretativa, tal y como se expuso, existe un grupo de derechos de los reclusos que no están limitados, por causa de la privación de la libertad de la que son objeto. Tal es el caso del derecho a la salud, el cual, gracias a su estrecha relación con el derecho a la vida y a la dignidad humana, permanece incólume frente a su situación, lo que necesariamente implica que durante el periodo dentro del cual se prolongue la reclusión, le corresponde al Estado garantizar el acceso a los servicios que requieran los internos en la materia. […] De la lectura de las normas citadas, se puede concluir, que el Estado tiene la obligación de garantizar que los reclusos tengan acceso al servicio de salud cuando lo requieran, lo cual se explica en la imposibilidad en la que se encuentran, por cuenta de la privación de la libertad, para afiliarse a uno de los regímenes en salud previstos en el Sistema General de Seguridad Social, o para acudir a una institución médica de naturaleza pública o privada, en procura de la atención para sus enfermedades o dolores, razón por la cual, los internos dependen, única y exclusivamente, de los servicios de salud que, para ese efecto, el Sistema Penitenciario y Carcelario les proporcionen.”
3.5.5. Finalmente, la Corte también ha protegido el derecho de los reclusos a gozar de instalaciones sanitarias higiénicas por ejemplo en la sentencia T-690 de 2010.32 En esa providencia, la Corte resolvió la petición de amparo de varios reclusos del Establecimiento Penitenciario Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (EPCAMS Valledupar), quienes se quejaron, entre otras cosas, de la precaria situación de higiene de los sanitarios que, como ocurre en uno de los casos objeto de revisión, también se encontraban cerca del comedor. La Corte juzgó que las condiciones poco sanitarias de los baños ponían en riesgo la salud e integridad de los reclusos pues tenía la potencialidad real de propiciar la aparición de enfermedades, además de malos olores, y en general condiciones ambientales inadecuadas al interior de la institución
3.6. En suma, en virtud de la relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad, recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios del país, es deber del Estado garantizarles a los reclusos el goce efectivo de sus derechos a gozar efectivamente de una adecuada alimentación, a la salud, a contar con suficientes implementos de aseo personal, al suministro suficiente de agua potable, y a instalaciones de reclusión higiénicas. En consecuencia, pasa la Sala a resolver los casos concretos.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente


SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en única instancia, por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), dentro del proceso de tutela de Hernando Murillo Murillo, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC,- Penitenciaria La Picota y Caprecom EPS-S; y por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, el trece (13) de diciembre de dos mil diez (2010), dentro del proceso de tutela de Víctor Manuel Vargas Sandoval, Edwar Bastos Alfonso y Willinton Granda Rueda, quienes actúan en nombre propio y en representación de los internos de la torre 1 ala “B” del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC,- Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta.33
I. ANTECEDENTES
Los peticionarios de los expedientes de la referencia, presentaron acciones de tutela, en ambos casos, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC.- El señor Hernando Murillo Murillo presentó su acción, también, contra la Penitenciaria La Picota, y Caprecom EPS-S, por la presunta vulneración de su derecho a la vida y a la seguridad social. En el caso de los señores Víctor Manuel Vargas Sandoval, Edwar Bastos Alfonso y Willinton Granda Rueda, actuando en nombre propio y en representación de los internos de la torre 1 ala “B” del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, la acción también se dirigió contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la vida en condición dignas, que a su juicio, incluye una adecuada alimentación, instalaciones sanitaria higiénicas y agua potable.
Los hechos, la respuesta de las entidades accionadas y las sentencias objeto de revisión de cada una de estas acciones, son los siguientes:
1. Expediente T-2966006


    1. Hechos

El 28 de mayo de 2010, el señor Hernando Murillo Murillo fue diagnosticado con fractura con acuñamiento anterior del cuerpo vertebral L1, discopatía degenerativa en segmento L1, L2, L4, L5.34 Desde ese momento, solicitó a Caprecom EPS-S y a la penitenciaria La Picota, lugar en donde se encuentra recluido, autorizar una cita médica con un especialista en la enfermedad que padece. Caprecom EPS-S, al momento de la presentación de la acción, no había autorizado la cita.






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