Sentencia número veintiuno (21)



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Estos hechos produjeron un grave daño en la salud mental de la niña. Los actos llevados a cabo por el traído a proceso fueron abusivos, de desfogue sexual, objetivamente perversos y prematuros, aptos para torcer la personalidad sexual de S.N.M.M. y enviciar precozmente su conducta sexual. Sobre la existencia del daño, se expidió Beltramino en la pericia de fs. 350/354, cuyo extracto vale la pena reproducir por lo conclusivo: “... se evidencia en S. la existencia de una distorsión en la estructuración de su psiquismo compatible con la situación denunciada... Logra detectar como invasivo y nocivo para su integridad, el hecho que se investiga... lo oculta y lo niega de forma tan rígida que no hace más que confirmar su comprensión de una situación inadecuada...Esta confluencia de elementos determinarían la posibilidad de instalarse la estructura del daño psíquico. Los factores de mediación y atenuación del mismo estaría desdibujados y los de perpetración tomarían fuerza... ”. Por derivación de la SeNAF, desde marzo de 2015, la niña fue asistida en la Casa de Atención Interdisciplinaria para el Tratamiento de Víctimas. Ingresó directamente en una terapia de grupo creativo a cargo de la psicóloga Norma Cruceño, en la que expresan las emociones a través del arte y de la música. Esta mujer refirió que cuando la niña comenzó el tratamiento estaba muy angustiada, no sólo por el abuso sexual del que fue víctima, sino preocupada por su situación familiar, dado que había sido separada de su madre, las visitas eran por corto tiempo y sin espontaneidad por la mediación de otros familiares (fs. 605/606). Este cuadro se completa con los aportes de la maestra, Estela Coronel quien la describió como una niña retraída y con la mirada triste, tenía mal vínculo con los varones del curso, pero a su vez era una niña muy responsable y despierta; que los primeros días después del hecho denunciado notó un cambio positivo en la niña, tenía otro brillo en la mirada, pero con posterioridad volvió a ser la misma (retraída y triste, fs. 418/419).

En la ampliación de la pericia Beltramino se centra en la extensión del mismo. Allí, puntualmente revela que los hechos vivenciados por S. no han logrado un inicio de tramitación adecuada en su psiquismo, por lo que puede observarse la constitución de daño psíquico, de extensión grave, que amerita la continuidad de un tratamiento sostenido, basando esa afirmación en la observación sobre la modalidad conductual de la niña, donde ni siquiera puede significar lo que ha atravesado (fs. 412/413).

A ello se le suma el especial vínculo que mantenían ya que a pesar de ser el padrastro, ella lo llama “su papá H.A.P.D.V.”. El dolor de la niña, se exteriorizó cuando en el diálogo inicial con Zárate (fs. 13), al exponer que su padre le decía todos los días que cuando cumpla 10 le iba a meter el dedo en la cola ella le pedía que no lo haga “porque eso hace mal”, “me lastima en el alma, porque él me cuida desde los 4 años”, “Me lastimó que haga muchas de esas cosas, mi anterior papá no hacía esas cosas”.

De otro costado, de las conclusiones de la pericia psicológica de Pacheco, llevada a cabo por el Lic. Gustavo Marconi, extraigo: su personalidad narcisista que busca gratificaciones personales de manera activa y pasiva, para regular la obtención de placer y reducir el displacer; con predominio de características egocéntricas, escasa capacidad de autocrítica y de insight (reflexión); baja empatía emocional; labilidad en la autoimagen y autoestima inestable; con dificultad en el procesamiento afectivo-emocional, asociados a dificultad ocasional en el control de la impulsividad; la impulsividad latente con fallas parciales en la integración y control de los factores inhibitorios represivos que podrían expresarse en ocasionales conductas impulsivo-disvaliosas (fs. 342/344).

Entonces, el tormento por el que atravesó S. patentizado en su pericia psicológica, no fue únicamente por la conducta de su padrastro materializada en los tocamientos (hasta verlo eyacular); sino en la imposición de tener que guardar silencio porque sino éste mataría a su madre; el descreimiento, la falta de comprensión y contención de ésta en su afán de que el otro sea liberado y la presión que ejerció sobre la menor trasladándole la responsabilidad de lograr ese propósito; y cargar con la ruptura familiar.

En definitiva, todos los elementos probatorios señalados, valorados en forma conjunta, no hacen más que corroborar con el grado de certeza que se requiere en esta etapa del proceso, que el acusado H.A.P.D.V.debe responder como autor penalmente responsable de todos los hechos que se le enrostran.



  1. Por lo expuesto, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el C.P.P. art. 408, inc. 3°, tengo por acreditados los hechos en idénticos términos como fueron relatados en la pieza acusatoria de fs. 618/668, los que doy por reproducidos a los fines de la brevedad.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DRA. MARIA DE LOS ANGELES PALACIO DE ARATO, DIJO:

De acuerdo a lo resuelto en la cuestión precedente, corresponde calificar las conductas desplegadas por el acusado H.A.P.D.V., como autor responsable de los delitos de amenazas simples (arts. 45, 149 bis , primer párrafo, 1° supuesto del CP) -primer hecho-; abuso sexual agravado por su condición de guardador (arts. 45, 119 último párrafo, en función del 4° párrafo inciso letra "b" del CP) -segundo hecho-; y abuso sexual gravemente ultrajante agravado reiterado -dos hechos- por su condición de guardador y por el grave daño en la salud mental y promoción a la corrupción de menores agravada, en concurso ideal (arts. 45, 119, 4° párrafo inciso letra “b” y “a” en función del segundo párrafo 125, 3° párrafo y 54 del CP) -tercer hecho-; todo en concurso material (art. 55 CP) contendidos en la acusación de fs. 618/668.



Respecto del delito enrostrado en primer término, resulta indispensable que las amenazas sean idóneas para o capaces de crear en la víctima un estado de alarma o temor, quedando fuera de la tipicidad las que no resulten serias para originar tal estado. Las amenazas son tales en tanto, si se utilizan expresiones verbales, ellas tienen que contener objetivamente el anuncio de un mal con potencialidad para la finalidad lesiva de la libertad individual; por ello es que no puede prescindirse del contexto situacional en que son proferidas o del punto de vista de un ciudadano medio, factores que deben ingresar en la ponderación de la idoneidad. Las amenazas tienen que ser injustas, lo cual se da cuando el daño amenazado no tiene por qué ser soportado por el sujeto pasivo a raíz de una imposición jurídica; son injustas cuando el agente no tiene derecho a inferir el daño. Las amenazas tienen que ser graves lo que sucede cuando el mal amenazado tiene suficiente entidad para producir una efectiva vulneración de la libertad creando un estado de alarma o temor y eso ocurre cuando aquel puede afectar derechos o intereses jurídicamente protegidos de cierta relevancia. (T.S.J., Sala Penal, S. n° 371, 14/12/11, “Denuncia Formulada por Gómez Moisés Ingrid c/ Morcillo Silvia -Recurso de Casación-" (Expte. "D", 05/2011). Se ha ponderado exhaustivamente la prueba directa e indirecta obrante en autos. Se concluye, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, que

  1. A.P.D.V. todos los días en escondidas le decía que le iba a meter el dedo en la cola cuando cumpla los 10, desde que tenía 8 o 9 se lo decía. Este anuncio caló tan profundamente en el ánimo de S. que terminó por confesar que ella le pedía que no lo haga porque eso le lastimaba el alma. También se hizo referencia a la estrecha relación que mantenían ambos componentes, víctima y victimario, lo que indudablemente refleja la calidad de “injusto” del anuncio, además del impacto que ello produjo en la psiquis de la niña. Finalmente, no se debe pasar por alto que el acusado no trepidó en materializar lo que venía proclamando, justamente pasados unos pocos días del cumpleaños número “diez” de la pequeña. Respecto del abuso sexual gravemente ultrajante, explica la doctrina que “...Los actos sexuales pueden ser aproximaciones o contactos del cuerpo del agente con el de la víctima que en sí contengan un significado sexual, como es el tocamiento de las partes pudendas o los roces que normalmente tienen ese significado...sea que el mismo agente acceda con sus tocamientos o aproximaciones al cuerpo de la víctima, o que por su obra logre que sea la víctima la que actúe sobre el cuerpo del agente...”. Estas conductas fueron llevadas a cabo por Pacheco, quien manoseó en la zona de los genitales a su pequeña hijastra, le metió los dedos en la cola, le pasaba la “manguerita” y tiraba la “lechita” en el baño; aprovechó los momentos en que quedaban solos, y le exigió el silencio so pretexto de que matar a su madre. El TSJ, Sala Penal, en Sentencia Número 246/2010 en autos "Díaz, Juan Carlos p.s.a. abuso sexual sin acceso carnal, etc. -Recurso de Casación-" (Expte. "D", 30/2008), ha expresado "...Luce evidente que el accionar desplegado por el imputado tiene una connotación más relevante que aquél que caracteriza a un simple abuso sexual y conlleva un mayor ultraje a la dignidad e integridad sexual, moral y personal del niño, produciendo un daño cualitativamente más elevado...”. Entonces, lo primero a tener en cuenta es la entidad cualitativa del daño. Marca el fallo la desproporción entre el tipo básico y la conducta del imputado, lo que guarda intrínseca semejanza con el hecho en análisis. El hecho nominado Tercero se califica por el grave daño en la salud mental de S.N.M.M. (art. 119 -último párrafo, en función del 4° párrafo inc. a del C.P.), toda vez, que H.A.P.D.V., abusó sexualmente de la niña resultando de esos actos un grave e irreversible daño en su psiquis. La Sala Penal del Excmo. T.S.J., en Sentencia N° 21, dictada el 27/02/09 in re “Mendoza, Carlos Alberto p.s.a. abuso sexual sin acceso carnal, etc. -Recurso de Casación- (Expte. M, 54/2006)”, señaló que “...En este orden de ideas, hemos sostenido en varios precedentes que, cuando existe una pericia psicológica que se expide sobre la fiabilidad del relato de un menor de edad, la lectura de este último debe ir necesariamente acompañada -cual sombra al cuerpo- de la explicación experta, en tanto aquel extremo se encuentra dentro del ámbito de conocimientos especiales de los que carece el Juzgador (o que, disponiendo de ellos, no pueden motivar su decisión por no ser controlables a las partes) y que por ende no pueden motivar su decisión”. Dicho esto, conforme lo sostiene la doctrina “...Se trata de una agravante fundada en el resultado dañoso para a víctima... No debe darse a la expresión grave daño en la salud -física o mental- de la víctima un sentido y alcance restringido; por tales, debe entenderse aquellas lesiones que teniendo repercusión fisiológica, revisten alguna entidad o importancia para la salud de la persona, hablando en términos generales y no técnicos, es decir sin acotar el término grave daño a la salud al ámbito fijado en los arts. 90 y 91 del C.P... Es la interpretación que hace la mayor parte de la doctrina nacional, que se inclina por un concepto amplio que permite al juez con arreglo a las circunstancias de cada caso, calificar de grave daño en la salud, lesiones que en el Código Penal están fuera de la órbita de los arts. 90 y 91... ” (cfr. Laje Anaya, Justo y Enrique Alberto Gavier, Notas al Código Penal Argentino, Tomo Actualización, Ed. Lerner, Córdoba, 2000, pág. 359). En ese orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal exige que, para que pueda atribuirse la agravante por el resultado, es preciso “.que estas consecuencias dañosas se encuentren conectadas objetivamente con el abuso sexual, ya que la fórmula exige que resulten de éste;...el delito de abuso sexual agravado por el resultado exige la concurrencia de un nexo causal entre el abuso sexual de las características concretas desenvueltas por el autor y los resultados dañosos sufridos por la víctima...” (TSJ, Sala Penal, Sentencia N° 17 del 21/02/2011 dictada en autos “Alfaro, Antonio Jesús p.s.a. abuso sexual con acceso carnal, etc. -Recurso de Casación”). Estos elementos novedosos en la vida de S. se evidenciaron en los indicadores detectados por la psicóloga Beltramino. También se acreditó la extensión del daño, como grave: “... los hechos vivenciados no han logrado un inicio de tramitación adecuada en el psiquismo de S.... la niña, no puede significar lo que ha atravesado, se torna agresiva, busca la desconexión con el medio, el aislamiento, la paralización de las relaciones. Los abuelos refieren que todos los días la llevan a la escuela y deben acompañarla hasta el aula de clases porque la niña entra en estado de inmanejable temor si queda sin protección. Su ambivalencia y desequilibrio emocional la lleva por otros lado, en ciertos momentos, a rechazar el afecto de su entorno y desconocer el vínculo con su hermanito...”. (fs. 412/413). Además, es de considerar que los hechos se habrían producido por una figura de significación, de quien se esperaría cuidado y protección, la menor desplazó en el concubino de su madre la figura paterna. También corresponde agregar el impacto que la develación de los hechos habría tenido en la dinámica familiar: S. fue separada de su madre, vivió un tiempo con sus abuelos, hoy está bajo el cuidado de su padre biológico, asiste a otra escuela.

La corrupción de Menores en relación a S.N.M.M, se evidencia en razón de su edad: tenía diez años al momento del último ultraje y según sus dichos, los

tocamientos comenzaron en el 2014, previo habérselos anunciado desde que tenía 8 o 9, es decir desde el 2012. Además, se encuentra corroborado la amplia diferencia etaria con el inculpado, quien además es su referente paterno. Al respecto, entiende la doctrina: “... Son actos prematuros las prácticas llevadas a cabo precozmente con menores, que por su edad o desarrollo no alcanzaron aún el grado de madurez física y psíquica que según la naturaleza y la sociedad se requiere para mantener una vida sexual normal. Frontera que exigirá atender a las condiciones de cada víctima...” (“Notas al Código Penal Argentino” - Laje Anaya-Gavier, Actualización a la 1a Edición, Ed. Marcos Lerner, pg. 374/378). Esta postura se encuentra respaldada por la jurisprudencia de nuestros tribunales al afirmar: “... El interés protegido por esta ley involucra el más amplio ámbito de la sana e íntegra conformación de la personalidad en el área sexual, en base a la cual puede el adolescente discernir el verdadero sentido y naturaleza de la conducta, para prestar un consentimiento libre y consciente sobre aquellas acciones que puedan afectar dicha esfera vital. En consecuencia un menor de trece años no puede conformar un consentimiento válido para trato sexual de ninguna índole (art. 119, primer párrafo, CP)...” (Sent. N° 242/2007 en autos “AMAYA, Elio Rubén p.s.a Abuso Sexual, etc.” - Rec. De Casac.- 21/09/07). En autos se encuentra suficientemente probado que el encartado H.A.P.D.V. cometió actos evidentemente depravadores y tendientes a torcer el sano desarrollo de la sexualidad de la hija de su pareja a través de amenazas de matar a su madre, la menor S.M.M, que le provocaron un alto impacto emocional y le dejaron una evidente secuela psíquica deformante agravada por su incipiente personalidad en formación, muestra de ellos es su conducta sexualizada que da cuenta su hermano Y. en la cámara Gesell donde expresa que su hermana lo tocaba.

Los tres hechos se agravan por la condición de guardador. Por encargado de la guarda debe entenderse al que se ocupa del cuidado del menor, por delegación del titular o por cualquier situación de hecho, sin que sea necesario que ella sea excluyente de la patria potestad, tutela, curatela o, incluso, del “guardador” en el sentido del art. 72 C.P (T.S.J., Sala Penal, Sent. N° 96, 29/04/2008, en autos “RODRIGUEZ, Raúl Hermógenes p.s.a. abuso sexual, etc - Recurso de Casación-”, con cita a REINALDI, Víctor F., Los Delitos Sexuales en el Código Penal Argentino Ley 25087, 2° edición actualizada con doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, Marcos Lerner, Editora Córdoba, 2005, p. 123). En sintonía con ello, Pacheco, concubino de la madre de la menor, se ha comportado como un padre, se ocupa de sus hijos teniendo un rol preponderante en la familia, con un tiempo considerable conviviendo con M. V. M. y los hijos unilaterales de ésta, es la figura visible en el colegio supliendo incluso la presencia de la madre, los ayuda con la tarea, lleva y trae a la nena de danza; en definitiva, y para no ser reiterativa porque ya se ha desarrollado, el inculpado se comportó -dentro y fuera del hogar- como un padre.

Resulta ineludible señalar que nos encontramos ante un caso en el que se denuncia violencia doméstica y de género, en el que el varón aparece ejerciendo todo su poder en relación a una víctima niña y mujer a la que intimida y trata con violencia, en virtud de la relación vital en que se halla, tal como lo ha hecho notar el T.S.J. a través de la Sala Penal en numerosos fallos (“Agüero”, S. n° 266, 15/10/2010; “Ferrand”, S. n° 325; 3/11/2011, “Dávila”, S. n° 178, 25/07/2012; “Pérez”, S. n° 309, 20/11/2012; “Sánchez”, S. n° 84, 04/05/2012“Benítez, S. n° 25, 26/2/2013; entre otros). Vale hacer hincapié en que la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer tiene un amparo especial a nivel supranacional en la “Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (más conocida como la “Convención de Belém Do Pará”, aprobada por Ley 24.632). Esas directrices internacionales, a nivel nacional, se plasmaron en la Ley n° 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), que plantea como objetivos promover y garantizar el derecho a la mujer a vivir una vida sin violencia (art. 2), y específicamente a preservar su “integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial” (art. 3 inc. c). La normativa también impactó en la

Ley Provincial n° 9283. Además, una de las particularidades de este tipo de violencia, es el tiempo de victimización, porque a diferencia de otros delitos “aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agravada y de mayor riesgo”, caracterizada por su duración, multiplicidad y aumento de gravedad (MARCHIORI, Hilda, Los comportamientos paradojales de la Violencia Conyugal-Familiar, p.212, 213, Serie Victimología, n° 8, Violencia familiar/ conyugal, Encuentro Grupo Editor, Córdoba, 2010).

Es lo que ocurre en este caso, en el que la ofendida penal -de tan sólo diez años- se encuentra sometida a los ultrajes de su padrastro con quien convivía. Este contexto evidencia la asimetría existente entre víctima y victimario, en donde el sujeto activo se encuentra en la posición dominante y se aprovecha de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la niña para someterla sexualmente.

Téngase presente que, la Convención de los Derechos del Niño en su art. 19.1 dispone que “los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

En tal sentido, resulta prudente señalar que la Organización Mundial de la Salud, establece que el “abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono, trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder” (www.unicef.org.ar; Guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, Lic. Eliana Gricel Vásquez -Lic. Claudia Lajud, 2014) -el destacado es mío-. Es decir, la noción de maltrato alude a toda situación que perjudica la salud física y/o socioemocional, que pone en riesgo el desarrollo integral y constituye una grave vulneración de los derechos del niño (TSJ, S. n° 392, 03/09/15, “Lachat”). Teniendo en cuenta lo señalado puede concluirse que el caso bajo examen ingresa dentro de lo que se denomina malos tratos en contra de los niños, lo que resulta congruente con la doctrina de la Sala Penal (TSJ “Ponce”, S. n° 176, 25/07/12; “Pomba”, S. n° 20, 25/02/13 y “Perrone” S. n° 193, 13/06/14) y de la CSJN (G. 61. XLVIII., Recurso de Hecho, “Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa n° 14.092”, 23/04/2013).

Así voto.

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. MARIA DE LOS ANGELES PALACIO DE ARATO, DIJO:



  1. Corresponde ahora graduar la sanción aplicable a H.A.P.D.V. acuerdo a las pautas de mensuración de la pena previstas en el C.P., arts. 40 y 41, atento a los delitos atribuidos.

A favor, tengo en cuenta que es una persona relativamente joven (tiene 43 años de edad), lo que todavía hace creíble su readaptación social; que es padre de familia -tiene una hija en común con M. V. M.- con instrucción, pues tiene estudios secundarios completos, pertenece a una franja social media baja limitada, y que carece de antecedentes penales computables.

En su contra, valoro la modalidad comisiva de los hechos: que no trepidó en vulnerar su propio ámbito familiar; cómo lucubró la forma de los ataques, ocurrido el último en la vía pública y en una zona altamente peligrosa, de noche. El daño moral: hechos como el juzgado dejan una huella imborrable en la psiquis de toda mujer. En este sentido, valoro en contra el alto grado de vulnerabilidad e indefensión de la menor, quien merece toda la protección, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño; la relación asimétrica de poder con la niña, la cual se encontraba imposibilitada de pedir auxilio frente a una madre que no le cree y elige proteger al imputado y no a ella; la duración de los hechos que ocurrieron por el lapso de varios años; que le niña va a necesitar contención psicológica por un extenso período, lo que se infiere de su imposibilidad de asumir lo vivenciado como disvalioso y superarlo adecuadamente, por sentirse culpable del encarcelamiento de Pacheco y el mandato de tener que actuar de algún modo para que éste pueda volver al hogar, en un claro posicionamiento machista que desplaza la culpa de los hechos del imputado y la traslada a la víctima, inaceptable desde todas las luces; su incidencia en la ruptura familiar y el giro rotundo en la vida de la niña (la separación de su madre, adaptarse a la convivencia con sus abuelos, el cambio de colegio).

Cabe acotar, que los actos violentos ejercidos por H.A.P.D.V. lo fueron, sin dudas, en un contexto volitivo de menosprecio y cosificación en función del género femenino con pleno conocimiento y voluntad de las consecuencias de sus actos.

Por todo lo expuesto, estimo justo imponerle como justa pena a H.A.P.D.V. para su tratamiento penitenciario la pena de trece años de prisión, con adicionales de ley y costas (C.P., arts. 5, 9, 12, 40, 41; C.P.P., arts. 412, 550 y 551), integrando las costas la obligación de abonar la tasa de justicia en pesos equivalente a 20 jus (art. 103 inc. 18 le impositiva n° 10324 y art. 295 C Trib Provincial), más los intereses que correspondan, bajo apercibimiento de certificar la existencia de deuda y emitir el título a los fines de su remisión a la Oficina de la Tasa de Justicia del Área de Administración del poder judicial para su oportuna ejecución (art. 302 CTrib. Pcia, ley 6006) y régimen modificatorio.

Regular los honorarios profesionales del Sr. Asesor Letrado, Dr. José Manuel Lascano en la suma de pesos equivalente a Treinta (35) Jus (Código Arancelario, Ley Pcial. Nro. 9459, arts. 24, 3° párrafo, 32, 36, 39, 89, 2° párrafo, 90 y concordantes), los que deberán ser asignados al Fondo Especial del Poder Judicial, con la correspondiente notificación al Tribunal Superior de Justicia.

Oficiar al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (ley n° 9680).

Oficiar a la SeNAF a fin de que tome debida cuenta de lo aquí resuelto, a sus efectos; medida esta que se debe adoptar en protección de la niña para revertir toda asimetría y desigualdad.

Así voto.



Por lo expuesto, y normas legales citadas, el Tribunal;

RESUELVE: I.- Declarar a H.A.P.D.V., ya filiado, autor penalmente responsable del delito de amenazas simples (arts. 45, 149 bis , primer párrafo, 1° supuesto del CP) -primer hecho- autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por su condición de guardador (arts. 45, 119 último párrafo, en función del 4° párrafo inciso letra "b" del CP) -segundo hecho- y autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado reiterado -dos hechos- por su condición de guardador y por el grave daño en la salud mental y promoción a la corrupción de menores agravada, en concurso ideal (arts. 45, 119, 4° párrafo inciso letra “b” y “a” en función del segundo párrafo 125, 3° párrafo y 54 del CP) -tercer hecho- todo en concurso material (art. 55 CP) contendidos en la acusación de fs. 618/668, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de trece años de prisión, con adicionales de ley y costas (C.P., arts. 5, 9, 12, 40, 41; C.P.P., arts. 412, 550 y 551), integrando las costas la obligación de abonar la tasa de justicia en pesos equivalente a 20 jus (art. 103 inc. 18 ley impositiva n° 10324 y art. 295 C Trib Provincial) más los intereses que correspondan, bajo apercibimiento de certificar la existencia de deuda y emitir el título a los fines de su remisión a la Oficina de la Tasa de Justicia del Área de Administración del poder judicial para su oportuna ejecución (art. 302 CTrib. Pcia, ley 6006) y régimen modificatorio II Regular los honorarios profesionales del Sr. Asesor Letrado, Dr. Jose Manuel Lascano en la suma de pesos equivalente a Treinta (35) Jus (Código Arancelario, Ley Pcial. Nro. 9459, arts. 24, 3° párrafo, 32, 36, 39, 89, 2° párrafo, 90 y concordantes), los que deberán ser asignados al Fondo Especial del Poder

Judicial, con la correspondiente notificación al Tribunal Superior de Justicia. III. Oficiar al Registro Provincial de Personas Condenadas por delitos contra la integridad sexual (ley n° 9680). IV. Oficiar a la SeNAF a fin de que tome debida cuenta de lo aquí resuelto, a sus efectos; medida esta que se debe adoptar en protección de la niña para revertir toda asimetría y desigualdad. Protocolícese. Notifíquese


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