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GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va Asamblea 3ra Sesión

Legislativa Ordinaria


SENADO DE PUERTO RICO
P. de la C. 1441

INFORME POSITIVO

19 de marzo de 2018



AL SENADO DE PUERTO RICO:


La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación con enmiendas del P. de la C. 1441.
ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1441, equivalente al P. del S. 825, tiene como objetivo establecer la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de fijar la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en el área de educación; revisar y desarrollar, mediante consenso y estudio crítico-reflexivo-investigativo, el nuevo marco filosófico, sociológico, psicológico y neurocientífico que fundamentará el sistema de enseñanza en Puerto Rico que atenderá las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad; reformular el sistema educativo en función del estudiante como centro y eje principal de la educación; establecer un presupuesto basado en el costo promedio por estudiante para garantizar que cada estudiante reciba la misma inversión de recursos en su educación; establecer las Escuelas Públicas Alianza para darle acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro que puedan fortalecer el currículo y la enseñanza, y permitir que las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan un rol más activo en la educación de sus hijos; establecer la Oficina Regional Educativa para descentralizar los servicios, tener una estructura más eficiente que responda a las necesidades de toda la comunidad escolar, reducir costos y eliminar la redundancia; establecer sistemas de evaluación y rendición de cuentas efectivos; establecer una política de transparencia digital en los procesos educativos; delegar mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes Regionales y Directores para atender los asuntos académicos y administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante la rendición de cuentas constante; reconocer y brindarle mayor participación al tercer sector para que tengan una colaboración directa y activa en el proceso de enseñanza con el Departamento de Educación; establecer el Programa de Libre Selección de Escuelas como una alternativa adicional para promover la igualdad en el acceso a una educación de calidad para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el cual promueve el subsidio directo a los padres mediante becas educativas; enmendar la definición del término “Empresa Pública” en el Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada; derogar la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”; derogar la Ley 71-1993, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas”; y para otros fines relacionados.


ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Surge de la Exposición de Motivos de la medida que el derecho fundamental a la educación trasciende los factores de enseñanza y aprendizaje e incide sobre otros derechos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y propiedad. Además, destaca la educación como la piedra angular de nuestra sociedad y un factor vital en el desarrollo del ser humano como futuro ciudadano. La misma se enfoca en proveer el conocimiento y las destrezas necesarias para que el estudiante adquiera las herramientas y capacidades que le permitan atender las exigencias de un mundo cambiante y en constante evolución.

Al presente, Puerto Rico atraviesa una de las peores crisis fiscales y económicas de su historia, y con ella una de las mayores migraciones de estudiantes a los Estados Unidos Continentales, ocasionada, entre otros factores, por las condiciones sociales de la Isla, los efectos adversos de los huracanes Irma y María, y el rezago académico que arrastra la educación pública de Puerto Rico. Inevitablemente, los factores socioeconómicos inciden sobre el proceso educativo y de aprendizaje de los estudiantes.

Ante este panorama, ahora más que nunca, se hace necesaria implementar una reforma de nuestro sistema de educación pública, que permita al Departamento de Educación, como ente del Estado, cumplir con su deber y obligación de promulgar la excelencia en la calidad de enseñanza que se imparte a nuestros estudiantes para que desarrollen los conocimientos, disciplinas y experiencias educativas que les motiven a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar estudios postsecundarios y que les permitan insertarse productivamente en la fuerza laboral.

La presente medida, por primera vez en la historia, pone los mejores intereses de los estudiantes por encima de todo, y reforma completamente todo el andamiaje administrativo, operacional y educativo del Departamento de Educación, haciendo justicia a todos sus componentes. Para cumplir este propósito, se instituye la Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa de Puerto Rico (CERFE-PR). Esta Comisión deberá rendir un Informe crítico-reflexivo recomendando el anclaje filosófico, sociológico, psicológico y neurocientífico que tendrá el sistema de educación puertorriqueño. También, revisará los postulados de visión y la misión actual, así como las metas y objetivos y recomendará sobre los cambios que representen estos postulados ante la nueva realidad del sistema educativo.

Entre los aspectos más sobresalientes de esta medida está la descentralización del poder de las oficinas centrales del sistema, mediante la creación de las Oficinas Regionales Educativas. Esta determinación es cónsona con lo establecido en el Plan para Puerto Rico donde se comprometieron a promover un sistema de apoyo ágil donde las decisiones se tomen lo más cercano al entorno donde serán implementadas. Con este sistema se consolidan las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura para lograr mayores eficiencias, reducción de costos, eliminar la redundancia, tener una respuesta más rápida y uniforme ante las necesidades de las comunidades escolares y, en general, mejorar la educación. Esta Oficina Regional tendrá un rol más activo en la toma de decisiones y ostentará mayor responsabilidad en la administración educativa y académica de las escuelas públicas elementales y secundarias de su región. Es meritorio aclarar que Puerto Rico es la única jurisdicción norteamericana que no cuenta con este tipo de organigrama regional que beneficie a la población estudiantil.

Por otro lado, se delegan de forma clara los deberes y responsabilidades a los directores de escuela y a los maestros del salón de clase para que respondan por sus funciones de proveer una educación de excelencia a nuestros niños. A su vez, se reconocen los derechos de los maestros para atender las preocupaciones y reclamos del magisterio. Se renueva el sistema de reclutamiento, incorporando el Registro de Elegibles y sus parámetros, para que el Departamento pueda incorporar y retener a los mejores profesionales. También se incorpora el establecimiento de un proceso riguroso de evaluación de desempeño del personal que resulte en la promoción, retención, determinación de permanencia, reconocimiento e incentivación de aquellos que cumplen o exceden las expectativas, así como en la consideración de imposición de medidas correctivas oportunas y adecuadas o hasta la terminación del empleo, cuando se detecte un reiterado bajo rendimiento. Por tanto, con la presente medida se permite establecer un sistema de rendición de cuentas y evaluación de personal más eficiente con métricas claras y precisas; cumpliéndose así con otro compromiso programático del Plan para Puerto Rico.

Promoviendo una política pública de transparencia y de rendición de cuentas, establece un sistema de divulgación de información claro, transparente, accesible y longitudinal que permitirá una identificación informada y clara de cuáles son los asuntos que deben atenderse con prioridad. Los datos serán el fundamento para darle prioridad a los asuntos a trabajar dentro del sistema.

La incorporación del modelo de Escuelas Públicas Alianza ha sido uno de los que ha levantado mayor preocupación entre los ciudadanos. En beneficio para la educación de nuestros niños se establece un programa piloto de Escuelas Alianza, las cuales serán públicas, gratuitas y no discriminatorias, conforme a los requerimientos constitucionales de nuestro Gobierno. Estas escuelas permitirán a los padres y comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de la educación de sus niños, conociendo las necesidades particulares de ellos y de sus comunidades. Las Escuelas Alianza deberán fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).

Por otro lado, la medida refuerza y mejora las funciones de los Consejos Escolares y se establece la obligatoria de establecer Consejos de Estudiantes para el desarrollo de liderato dentro de las escuelas. Se pretende que su participación sea real y efectiva, respondiendo a las necesidades de la escuela a la que representan, con la responsabilidad, entre otras, de fomentar la participación de los padres y la comunidad en la gestión educativa de la escuela y de proponer medidas que favorezcan la sana convivencia, igualdad y solución pacífica de conflictos.

Cónsono con la visión de enfocar el sistema educativo a los mejores intereses de los estudiantes se destina no menos del setenta por ciento (70%) del presupuesto para servicios directos al estudiante. De esta manera, se integra a la Ley una fórmula presupuestaria para cada escuela, tomando como base el costo promedio de cada estudiante y sus necesidades particulares. Con este sistema se asegura que el beneficiario principal de todo el andamiaje presupuestario billonario del Departamento de Educación lo sean los estudiantes y no la burocracia administrativa que ha asfixiado al sistema por toda su historia.

Promoviendo la integración de las comunidades al plantel escolar se crea el “Programa de Integración Comunitaria”, adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento, el cual tendrá como objetivo fomentar el trabajo voluntario, los acuerdos colaborativos y la participación de la comunidad en actividades curriculares y extracurriculares. De esta manera se refuerza el objetivo de las escuelas de la comunidad mediante la participación activa de todos sus componentes.

Finalmente, la presente medida integra el Programa de Libre Selección de Escuelas. El principio cardinal de esta legislación es que cada estudiante reciba la misma inversión de recursos en su educación. El Capítulo XIV de esta medida, se dedica a este programa que provee el mecanismo de otorgación de certificados equivalentes al tres por ciento (3%) del número de estudiantes del sistema, para que los mismos puedan escoger la escuela pública que deseen o que lo utilicen para asistir a una escuela privada de su preferencia. Con esta nueva política pública, esta administración reafirma que la educación y la igualdad en el acceso a la misma son un interés apremiante y un principio de justicia social para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En una retrospección a la memoria jurídica de Puerto Rico, específicamente en el 1994, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, lamentablemente invalidó un Programa de libre selección de escuelas indicando que el mismo violentaba la Constitución de Puerto Rico. Como es sabido, el Programa de Becas y Libre Selección de Escuelas en aquel entonces fue creado mediante la Ley 71-1993, la cual establecía de forma experimental, un programa de libre selección similar a que se propone en esta pieza legislativa. En aquella ocasión el propósito era:


1) ampliar las opciones de padres y estudiantes en lo referente a la selección de escuelas, permitiéndoles escoger entre planteles públicos y privados, lo mismo que entre planteles públicos radicados dentro o fuera de la demarcación escolar en que residen;

2) estimular a estudiantes talentosos a realizar un mayor esfuerzo intelectual y a iniciar estudios universitarios mientras cursan la escuela secundaria; y

3) ofrecer incentivos económicos para que las escuelas públicas mejoren sus ofrecimientos.

Ese desacierto histórico es cosa del pasado, la desigualdad y aspiración para que cada estudiante de nuestro país reciba la educación que merece y requiere, debe ser parte de las páginas de nuestra historia venidera. En ese pensamiento de cambio nos unimos a las palabras del Juez Negrón García en el 1994:

“las esperanzas de tantos niños en nuestro país que, por nacer en condiciones de pobreza económica, no tienen los mecanismos para alcanzar la igualdad social y, naturalmente, con sus padres, veían en estas becas la forma para educarse mejor y así alcanzar vindicación humana y social.” Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, en la pág. 605 (Opinión disidente del Juez Asociado Negrón García).
Así también, en esa misma opinión, muy acertadamente se indicó:

“El subsidio directo a los padres mediante las becas educativas es uno de los medios constitucionales del Estado para propiciar una igualdad relativa y, con ello, la posibilidad real de que todos, pobres y ricos, ejerzan la libertad de escoger la educación de sus hijos. Validándolo, liberamos la enseñanza privada de un elitismo que ha acentuado más la diferencia de clases en Puerto Rico. A la par, ponemos un paliativo a la pobreza económica que, en la práctica, representa uno de los obstáculos mayores en las posibilidades de acceso y que más ha contribuido a que surjan permanentemente unos ghettos educativos. El derecho constitucional a una educación de calidad no se implanta en un escritorio con loas a una libertad meramente documental o nominal.”

“El sustrato y contenido esencial del derecho constitucional a la educación—como condición necesaria para la consecución del más elevado ideal de libertad— significa la facultad de escoger dentro de un sistema pluralista de posibilidades. Cuando los fondos públicos se circunscriben a las escuelas públicas, en cierto modo se menoscaba sustancialmente, por no decir excluye, la libertad de enseñanza en el área de la educación primaria y secundaria, habida cuenta que la gratuidad configura un deber-derecho. Si los limitamos de manera absoluta a las escuelas públicas, estamos obligando a los padres de los niños pobres a elegir la enseñanza gratuita, sacrificando la posibilidad de acudir a una escuela privada conforme a sus preferencias o, en teoría, decidirse por ésta, renunciando a la gratuidad. Decimos en teoría, pues esta última sólo es opción para quienes tienen medios económicos; a los menos favorecidos se les está privando, como cuestión de hechos, de la posibilidad de ejercitarla, cometiéndolos a renunciar al derecho que tienen de escoger entre escuelas de diferente inspiración.”
Los pensamientos antes indicados, reflejan la posición que se debió haber adoptado hace 24 años en cuanto a la forma y manera de impartir la educación en Puerto Rico. Esa misma posición es la que impera en esta medida y ese es el propósito que se pretende alcanzar mediante esta legislación. Propósito con el cual esta Comisión está totalmente de acuerdo.

Hoy Puerto Rico vive una nueva realidad que merece los mayores esfuerzos de todos los sectores de nuestra sociedad para que nuestros niños y jóvenes puedan tener una educación de excelencia. Luego de más de dos décadas, las circunstancias que vive la Isla y los sectores más vulnerables como consecuencia de la grave situación económica de los últimos años y los daños causados por los huracanes Irma y María, producen retos aún mayores en todos los renglones de la sociedad incluyendo la educación. Las circunstancias históricas de la Isla han cambiado drásticamente en estos últimos 25 años y, más aun, considerando la devastación dejada por los dos huracanes que nos impactaron recientemente.

La realidad jurídica bajo la cual se decidió el caso de Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, supra, también ha sufrido cambios sustanciales, ante los recientes desarrollos históricos para atender un tema tan medular como el bienestar de los niños y jóvenes. Debemos revisitar este asunto a la luz de una detenida evaluación de todos los fundamentos en derecho, del desarrollo histórico a nivel local y jurisprudencial a nivel federal. Por tal razón, nos enfocamos en proveer alternativas adicionales a los participantes de este programa que les permita a los padres y madres tener herramientas adicionales para seleccionar a su discreción de forma privada e independiente el lugar donde estudiará su hijo o hija.

Sin lugar a duda, el acceso a la educación y a la información educativa es una prioridad y una responsabilidad con el pueblo. Mediante esta Ley se declara el compromiso de cumplir con la igualdad de oportunidades educativas de alta calidad a todos los estudiantes, desde el nivel preescolar, hasta el nivel postsecundario, y aquel dado a niños y jóvenes que se encuentran en instituciones juveniles y correccional de adultos; un sistema de apoyo ágil donde las decisiones se tomen lo más cercano al entorno donde se implementan y estén fundamentadas en el análisis de los datos recopilados; un sistema de evaluación atado a la rendición de cuentas y a la descentralización del sistema tradicional; un sistema que convierte al estudiante y al salón de clase en el objetivo principal hacia el cual apunten todos los recursos que el Estado destina a la educación; y que estimula la mayor participación de todos los integrantes de la comunidad en el proceso educativo y las decisiones que afectan la escuela.

Es el momento de poner la acción en la palabra y contribuir al desarrollo educativo de excelencia de nuestros estudiantes para proveerles las herramientas necesarias para triunfar en el futuro, y ser agentes de cambios positivos para Puerto Rico.

Esta medida recoge el propósito de la creación del Programa de Libre Selección de Escuelas del Departamento de Educación. Específicamente en su Artículo 14.01, la creación del Programa de Libre Selección de Escuelas busca que los padres y madres participantes en el Programa puedan seleccionar la escuela pública o privada de su preferencia y a su vez obtener a tales fines un certificado para facilitar la toma de esta decisión por parte del padre o madre. También, se establece que el Secretario/a creará la Oficina del Programa de Libre Selección de Escuelas y designará los recursos para atender todos los asuntos de la misma con relación a esa delegación. La Oficina tendrá los siguientes deberes y facultades:



  1. Implantar y administrar el Programa.

  2. Determinar la cantidad de Certificados a emitirse.

  3. Analizar y hacer recomendaciones para: identificar los fondos para este Programa; determinar la cantidad de dinero de cada certificado a distribuirse a la luz de los fondos disponibles; la distribución y entrega de los certificados. Dicho certificado no podrá ser mayor del setenta por ciento (70%) de la totalidad del presupuesto designado para un estudiante.

  4. Asesorar al Secretario sobre el establecimiento de criterios de evaluación y procesos de otorgación a utilizarse en el Programa a la luz de la política pública expresada en esta Ley.

  5. Evaluar el Programa por lo menos una vez al año y someter recomendaciones al Secretario sobre el desarrollo del Programa.

  6. Llevar a cabo cualesquiera otras funciones que le sean asignadas por el Secretario.

Por otra parte, se establecen los parámetros para determinar la elegibilidad al Programa. Esto lo encontramos en el Artículo 14.02 del Proyecto de ley que dispone claramente que:

Serán elegibles para los beneficios del Programa los estudiantes de escuelas públicas o Escuelas Alianza que soliciten admisión a una escuela privada o estudiantes de escuela privada que soliciten ingreso a una escuela pública bajo este programa radicadas en las jurisdicciones seleccionadas que cumplan los requisitos que se establecen en esta Ley y que se establezcan mediante reglamento para cada una de las modalidades del Programa. El Programa empezará a regir a partir del segundo grado y sus beneficios se concederán al comienzo de cada año escolar. En total, serán elegibles para dicho programa hasta un tres por ciento (3%) de los estudiantes del sistema para el año fiscal 2019-2020 y hasta un cinco por ciento (5%) de los estudiantes del sistema para los años subsiguientes.
Los Certificados para la libre selección de escuelas públicas, tanto por estudiantes de escuelas públicas como de escuelas privadas, podrán ser solicitados por los padres y madres de los estudiantes a las escuelas que formen parte del Programa y que a su vez seleccionen como parte de su ejercicio decisorio independiente. En caso de que el padre seleccione una escuela pública, el Certificado será cincuenta por ciento (50%) mayor que el Certificado que se otorgue en caso de que se seleccione una escuela privada.

El Programa constará de cinco (5) tipos o modalidades:



  1. libre selección de escuelas públicas por estudiantes de otras escuelas públicas;

  2. libre selección de escuelas públicas por estudiantes de escuelas privadas;

  3. acceso a escuelas privadas por estudiantes de escuelas públicas;

  4. adelanto educativo para estudiantes talentosos que tomen cursos universitarios acreditables tanto para programas universitarios como para programas de escuela secundaria.

  5. acceso a escuelas privadas para cumplir con la modificación razonable para un estudiante de educación especial a la cual el Departamento de Educación no le ha podido proveer una escuela pública o una escuela alianza lo necesario para sus logros académicos cumpliendo con todas las leyes estatales y federales.

De igual forma se dispone del procedimiento a seguir para la concesión de los certificados, se encuentra en el Artículo 14.03:

La concesión de los Certificados en años subsiguientes a que este se otorgue estará sujeta a la disponibilidad de fondos, a que el estudiante cumpla con los requisitos de aprovechamiento establecidos por la escuela, que en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos para los estudiantes no participantes del Programa y a que cumplan con el requisito de ingreso familiar que se disponga mediante reglamento. Se dispone además que los beneficiarios de los Certificados al menos hayan cursado estudios dos (2) años en cualquier escuela pública.
En cuanto al Artículo 14.04 se dispone en cuanto a los Certificados otorgados a estudiantes talentosos para adelantar sus estudios universitarios, los cuales se regirán por el Artículo 14.03, excepto en lo relativo al requisito referente al ingreso familiar. 

De igual manera esta Ley contempla tener cautela al momento de ejecutar este plan en Puerto Rico, por lo que en el Artículo 14.05, un Programa Piloto, el cual se establece que este programa se instituye con carácter experimental, y delega en el Secretario la facultad de determinar las áreas en que se ensayará y la forma en que podría ampliarse gradualmente. El propio texto de la Ley señala cuáles factores el Secretario ponderará para sus determinaciones. Los factores establecidos en este artículo son: la población estudiantil de las áreas, el número y la capacidad de las escuelas públicas y privadas en las mismas, así como otras variables que promuevan el mejor aprovechamiento de los recursos. También se establece que no se utilizará más del tres por ciento (3%) del equivalente al presupuesto asignado por el Departamento de Educación de acuerdo a la fórmula establecida por estudiante cada año fiscal, es decir, del setenta por ciento (70%) destinado a servicios directos al estudiante.

El Artículo 14.06 faculta al Secretario a emitir las órdenes, resoluciones o determinaciones que fueren necesarias para llevar a cabo los propósitos de este Capítulo y a efectuar auditorías fiscales y operacionales, cuando lo estime conveniente para el mejor funcionamiento del Programa. También, se faculta al Secretario para adoptar las reglas y reglamentos necesarios para implantar las disposiciones del mismo, asegurándose de que la reglamentación que adopte no interfiera o menoscabe en forma alguna la autonomía funcional y la libertad académica de las escuelas privadas y que sea conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 

De otra parte, el Departamento evaluará y recomendará los fondos necesarios para sufragar los gastos de implantación de este Capítulo, según dispuesto en el Artículo 14.07. Esta partida se consignará anualmente en el Presupuesto General de Gastos del Departamento, con el propósito de cubrir gastos administrativos del Programa, y expresamente dispone que no podrá utilizarse una cantidad en exceso del dos por ciento (2%) de los fondos asignados al mismo. Los fondos del Programa se distribuirán entre las cuatro modalidades del mismo con arreglo a la demanda que cada uno tenga. 


Según este mismo Artículo 14.07, la Oficina del Contralor podrá examinar, revisar, fiscalizar o auditar documentos, papeles o récords de las escuelas y universidades privadas que participen en el Programa para constatar que los recursos que les llegan por vía de los Certificados han sido utilizados conforme a lo establecido en este Capítulo.

En el Artículo 14.08, dispone de los criterios a seguir para la implementación del Programa estos son:

Se deberá utilizar los diferentes componentes para determinar la elegibilidad del certificado con prioridad:


  1. Criterio de bajos ingresos según las normas federales;

  2. Niños o niñas adoptados o en hogares sustitutos;

  3. Estudiantes víctimas de bullying o acoso sexual;

  4. Estudiantes dotados.

Disponiéndose que todo estudiante participante del Programa debe cumplir con un progreso académico satisfactorio y/o una mejoría considerable en sus destrezas cognitivas y metacognitivas para poder continuar siendo elegible al mismo.

El Artículo 14.09, establece las penalidades en el caso de que se violaren las disposiciones de este Capítulo.

Los nueve artículos que componen este capítulo establecen la convicción de que la educación de un país es el pilar de toda sociedad, y no importa las circunstancias sociales en las que viva una persona, como bien dispone la Constitución de Puerto Rico, se le debe garantizar el derecho a una tener una educación de calidad que la ayude a enfrentar los retos que implica vivir en una sociedad que se encuentra en constante desarrollo y que cada vez presenta nuevos retos. El subsidio directo a los padres mediante las becas educativas es uno de los medios constitucionales con los que cuenta el Estado para poder propiciar una igualdad relativa, y la posibilidad real para que todos sin importar condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas tengan la libertad real de escoger la educación de sus hijos. De esta forma, se libera la enseñanza privada de ese concepto de que la educación privada es solo para un grupo privilegiado. De igual forma se subsana la pobreza económica que enfrentan muchas familias puertorriqueñas, que, en la práctica, representa uno de los obstáculos mayores en las posibilidades de acceso a servicios de calidad.

El no proveerles a los padres y madres la libre selección de escuelas ya sean públicas o privadas, imposibilita a los padres pobres y a sus hijos aproximarse a los ideales de dignidad e igualdad humana encarnados en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Este principio supremo sería una burla sino se permitiera la libre selección de escuelas, convirtiendo esta aspiración de una educación superior deseada.

En lo pertinente, el Art. 2, Sec. 5 de la Constitución reconoce que:

"[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cuál será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria."
Es evidente que nuestra Constitución, cuya base es la libertad, quiere una sociedad libre y democrática, fundada en el pluralismo económico, político, personal y escolar. “La máxima de esta Sección es que la ignorancia es el mayor enemigo de la libertad, pues el ejercicio de los derechos políticos y el pleno desarrollo de la personalidad humana requieren el mayor grado de educación posible. Por imperativo implica la posibilidad real de que los padres puedan seleccionar la clase de escuela -pública, privada laica o privada sectaria-, que en conciencia prefieran para sus hijos. Y ese pluralismo escolar a su vez da virtualidad al derecho del niño a una educación que eventualmente le permita ser verdaderamente libre.” Op. Disidente del Juez Asociado señor Negrón García, Aso. De Maestros v. Srio. Educación, 137 DPR 528 (1994)
Con esta medida se da paso a la transformación del sistema educativo de Puerto Rico para proveer el conocimiento y las destrezas necesarias para que el estudiante adquiera las herramientas y capacidades que le permitan atender las exigencias de un mundo cambiante y en constante evolución. De igual forma, se empodera al estudiante a explotar sus capacidades al máximo con la utilización de más y mejores recursos para su educación, y se promueve la integración de la comunidad en los trabajos educativos y extracurriculares de los estudiantes. Se crea un sistema que logre la retención de nuestros recursos y evite la fuga de potencias que ayudarían a Puerto Rico en su obligación y propósito de convertirse en una mejor sociedad, más preparada y organizada.




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